Líneas paralelas
La victoria política del gobierno con la ley buitre es inocultable y obedece a las condiciones estructurales de la economía y a la asimetría entre la Nación y las provincias. Pero un proyecto de ley transversal a distintas fuerzas de la oposición sometería al Congreso todo nuevo endeudamiento. También podrían aprobarse proyectos de emergencia que detengan la oleada de despidos, que ya está impulsando un reagrupamiento sindical. El default se debe a De la Rúa y Cavallo, no a Rodríguez Saá.
Por Horacio Verbitsky
La aprobación por los dos tercios del Senado del acuerdo con los fondos buitre, que a su vez preanuncia un nuevo ciclo de endeudamiento externo, constituye una victoria política del gobierno del presidente Maurizio Macrì que es imposible exagerar. La interpretación que se promueve desde el gobierno la presenta como símbolo de una nueva política de diálogo y consensos, que vendría a sustituir doce años de verticalidad y autoritarismo, lo cual marcaría un precoz eclipse del liderazgo de la ex presidente CFK.
El estilo de un gobierno que tuvo mayoría en ambas cámaras del Congreso no puede ser igual al de otro que está en minoría en la Cámara de Diputados y tiene una representación minúscula en el Senado. Pero atribuir el resultado a un cambio de clima político o a la habilidad de un par de operadores, como el ministro de Obras Públicas Rogelio Frigerio (n) y el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, es una interpretación simplista que prescinde del análisis de algunos condicionamientos estructurales de la política argentina, cuyo centralismo no depende del temperamento de los gobernantes sino de la desigualdad de recursos entre la Nación y las Provincias. Por cierto hay votos de fuerte contenido ideológico, tanto a favor como en contra, pero la dependencia provincial del Tesoro es una motivación insoslayable en el resto de los casos. Esto puede no advertirse con claridad, debido a la homogeneidad política entre el Poder Ejecutivo Nacional y las jefaturas de gobierno de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, los dos distritos que menos necesitan del aporte de la Nación para financiar sus respectivos presupuestos. Los legisladores de PRO que responden a Horacio Rodríguez Larreta votaron a favor del acuerdo porque representa la política de su partido pero lo necesitaba mucho menos que cualquier otro gobernador, ya que financia con recursos propios el 81,68 por ciento de los gastos de la Ciudad Autónoma. Lo mismo puede decirse de María Eugenia Vidal, cuyos recursos propios llegan al 59,7 por ciento, bien por encima del promedio nacional del 42,69 por ciento. Formosa, Catamarca, La Rioja, Jujuy y Santiago del Estero reciben de la Nación nueve de cada diez pesos que gastan; Corrientes, Chaco y San Juan obtienen por esa vía en torno al 85 por ciento; Salta, el 79 por ciento; San Luis, La Pampa, Tucumán y Tierra del Fuego arañan el 75 por ciento, Tucumán y Entre Ríos el 72 por ciento, Misiones el 71 por ciento (Todos estos datos son oficiales de la Secretaría de Hacienda y corresponden al tercer trimestre de 2014, pero desde entonces no hubo cambios sustanciales salvo en los casos de Córdoba, San Luis y Santa Fe, beneficiadas por el fallo de la Corte Suprema que ordenó al Estado Nacional devolverles el descuento del 15 por ciento en la coparticipación, que cedieron por los pactos fiscales cuando se privatizó el sistema jubilatorio). No es de extrañar que los senadores de esas provincias hayan votado a pedido de sus gobernadores junto con el gobierno nacional, cualquiera fuera su bloque de pertenencia. Las pocas excepciones a esta regla se encuentran en Santa Cruz, gobernada por Alicia Kirchner, cuyos senadores del Frente para la Victoria se opusieron, igual que dos de La Rioja, uno del Chaco y uno de San Juan. El resto de los senadores del Frente para la Victoria que se pronunciaron en contra provienen de provincias gobernadas por la Alianza Cambiemos, como Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza o Corrientes, por fuerzas provinciales como el Movimiento Popular Neuquino o Juntos somos Río Negro, o por fracciones del Peornismo Opositor como San Luis y Chubut. Para medir el declive de las autonomías provinciales, basta recordar que a mediados del siglo pasado las provincias financiaban con recursos propios el 80 por ciento de su presupuesto. En las actuales condiciones los gobernadores serán transversales a cualquier gobierno nacional, con independencia de sus definiciones políticas. Los únicos que no lo consiguieron fueron los dos presidentes radicales: Alfonsín porque si no redistribuía a las provincias los puntos de coparticipación que le arrancó a su débil correligionario bonaerense Alejandro Armendáriz, no hubiera ni siquiera ingresado al último año de su mandato; Fernando de la Rúa porque nunca entendió cómo se ejerce el poder en este país despiadado. Los radicales de hoy se han encallecido, y el gobierno de Macrì tiene tantos peronistas como radicales en sus filas. Su habilidad estuvo en explotar al máximo esas asimetrías. Al plan canje que propuso el presidente del bloque mayoritario en el Senado, Miguel Pichetto (votos en el Congreso por transferencia de recursos de la Nación en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el reintegro del 15 por ciento detraído de la coparticipación cuando se privatizó el sistema previsional) el gobierno respondió con dureza: por un lado abrió una investigación en la ANSES sobre el desempeño del ex gerente financiero Juan Manuel Pichetto, quien fue el principal colaborador allí de Diego Bossio; por otro dejó ver que estaba en el interés de las provincias el recurso a los mercados voluntarios de deuda, imposible sin el pacto con los buitres y que quien torpedeara el acuerdo mejor fuera preparándose para una larga travesía del desierto.
La ley votada tiene graves deficiencias que fueron señaladas en las reuniones previas con especialistas y en el recinto. Contiene un cálculo impreciso del monto de los juicios perdidos que deben saldarse, con intereses descomunales y quitas de maquillaje; incluye el pago de honorarios por juicios ganados, como el de la fragata Libertad en el Tribunal del Mar; no previene contra futuros juicios y posibles fallos adversos, tanto por parte de los tenedores del 3,5 por ciento restante del total de bonos que cayeron en default hace quince años, como de aquellos que ingresaron en forma voluntaria a los canjes de 2005 y 2010 con la promesa de que no habría ofertas mejores en el futuro; ni siquiera queda claro si se va a pagar antes o después de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York levante las cautelares que impiden pagar a quienes reestructuraron su deuda hasta 2010, si es que se van a levantar. Pero además, el argumento central del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales que lo acompañaron es que esto permitirá volver a los mercados internacionales de crédito a tasas reducidas. Es difícil decir si lo peor de este razonamiento es su falsedad (las tasas para colocar estos primeros 12.500 millones de dólares del acuerdo siguen siendo el doble de las que paga Bolivia, por ejemplo) o su carácter perverso (ya que ni el déficit nacional ni los provinciales requieren dólares, sino pesos). Todos declaman que los créditos que se tramiten serán para proyectos de infraestructura, pero esto lleva años de trabajo de ingenieros, economistas y abogados antes de que comiencen los desembolsos, mientras las urgencias actuales están en la cuenta capital y en el déficit fiscal. El festival de cifras al que se entregan con fruición los operadores no tiene límites. Mientras Miguel Broda dice que se necesitan 40.000 millones de dólares, Adelmo Gabbi vaticina que ingresarán 30.000 por año. Pero las estimaciones de las empresas estadounidenses que durante la visita del presidente Barack Obama se reunieron en la Sociedad Rural fueron de 4.000 millones al año durante los cuatro del mandato macrista. Si el cálculo del presidente de la Bolsa debiera tomarse como algo más que una expresión de deseos, sólo podría aproximarse algo a la realidad sumando ingresos de capitales para comprar a precio vil empresas nacionales que no sobrevivan a este revival neoliberal o realizar ganancias fáciles con el subibaja de tasas y dólar, para retirarse luego sin haber creado un puesto de trabajo ni aumentado en nada la producción o el comercio. Peor aún, incluso las inversiones directas reales que no generaran aumento de exportaciones o reducción de importaciones por substitución con producción local, no ayudarían a enfrentar la restricción externa, que el último año redundó en el primer déficit comercial en lo que va del siglo, por la crisis mundial que golpea a los principales socios comerciales de la Argentina, con la desaceleración china, la crisis europea y la brutal recesión brasileña. La peor derrota del kirchnerismo no debe buscarse en una votación en el Congreso, que podrá revertirse mañana, sino en la perpetuación de esas dos fallas estructurales: la falta de autonomía de las provincias ante la Nación y de la Argentina en el mundo, sin las cuales no hubiera sido posible la regresión política que implica la Alianza Cambiemos. Ninguna de las políticas del nuevo gobierno aliviará esos problemas, sino que los volverá más graves. El soterramiento del ferrocarril del Oeste, a cargo de una empresa familiar del presidente, será una obra muy positiva para los pasajeros y el entorno urbano, mejorará la calidad de vida en su traza y permitirá buenos negocios inmobiliarios, pero no equilibrará en nada la balanza comercial. En el pasado, el grueso del nuevo endeudamiento financió la dolarización de activos dentro del país y la constitución de activos en el exterior. Los cálculos de Eduardo Basualdo, Matías Kulfas y Jorge Gaggero muestran que endeudamiento y fuga fueron entre 1974 y 2011 dos líneas paralelas. El gobierno cabalga en ambas: el presidente del Banco Central aún está procesado por el Megacanje de 2001 y el ministro de Hacienda, investigado por la fuga al exterior de parte del precio que Amalia Fortabat percibió por la desnacionalización de la cementera Loma Negra. Y los mismos bancos que colocan los bonos argentinos con buenas comisiones, facilitan la fuga de esos recursos. Un negocio redondo, pero no para el país. Con la intención de impedir que el futuro repita aquella historia nefasta, los senadores Juan Manuel Abal Medina, Rodolfo Urtibey, Omar Perotti y Liliana Negre de Alonso anunciaron la reforma del título III de la ley de administración financiera de modo que no pueda contraerse nueva deuda externa ni prorrogar la jurisdicción soberana sin previa autorización por ley especial del Congreso. La idea inicial había sido incluir esa reforma en la ley votada el miércoles o tratarla aparte en la misma sesión, pero por razones logísticas no se alcanzó el número de firmas necesarias en las comisiones que debían dictaminar. El próximo miércoles el proyecto se tratará en las comisiones de Economía y de Presupuesto y Hacienda y una semana después podría llegar al recinto. Ésa será la ocasión de ver si el bloque mayoritario del Frente para la Victoria impone su número o el gobierno vuelve a quebrarlo.
El mito del aguantadero
La semana pasada, el gobierno eliminó también las retenciones a las exportaciones de biodiesel (como ya había hecho con las cerealeras y mineras, salvo la soja que sólo redujo al 30 por ciento) y tratará de compensarlo con enormes aumentos de tarifas de gas, agua y transporte y con más despidos en la administración pública, donde la declamada reducción del déficit fiscal no se verifica. “El Estado no puede funcionar como un aguantadero de la política”, dijo Macrì, perfeccionando la boutade de Alfonso de Prat Gay sobre la grasa militante. El presidente llegó a estimar en un millón y medio la cantidad de personal sobrante en el Estado. El ministro de Modernización Andrés Ibarra dijo que los despedidos eran “personas que no aparecían en el lugar de trabajo, porque hacían una tarea política concreta y no de servicio público” y anunció que patrullaría hasta el último sector del Estado para confeccionar las nuevas listas de víctimas. Coincidió con él la musageta de la Alianza Cambiemos, Elisa Carrió. “Hay gente que se está quedando sin trabajo porque no trabajaba”, dijo. El último informe conjunto elaborado por el Area de Economía y Tecnología de FLACSO y por el centro de estudios de la CTA, CIFRA, sostiene que esas son excusas para encubrir una política dirigida a “revertir la participación de los asalariados en el ingreso”. En esta política confluyen “la discriminación ideológica y el intento de redimensionar el empleo estatal que implícitamente este gobierno considera que tuvo un crecimiento explosivo debido a la irresponsabilidad de los gobiernos kirchneristas. Asimismo, es consistente con la pérdida de funciones de un Estado con menor involucramiento en la economía y en las políticas sociales”, con cierre de programas y finalización de políticas públicas. Para verificar la evolución del empleo estatal y privado desde 2003, FLACSO-CIFRA utilizan la información sobre salarios registrados declarada por los empleadores al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), al momento de realizar los aportes y contribuciones sobre las remuneraciones. Incluye datos de todos los asalariados registrados del sector privado y de aquellos del sector público nacional y los de las provincias que efectivamente transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación. El estudio es ampliamente representativo aunque no contiene al resto de las provincias ni a los municipios, donde no hay indicios de que intervengan otros factores que contradigan la tendencia general.
En el conjunto del período 2003-2014 no hubo ningún crecimiento explosivo del empleo estatal, que representó el mismo porcentaje de la ocupación en el primer y el último año: poco más del 19 por ciento contra más del 80 por ciento del empleo privado. Su tasa de crecimiento fue menor que la del Producto Interno Bruto (5,4 por ciento) y que la recaudación fiscal en términos reales, deflactada por el índice de precios implícitos del PIB. Los recursos tributarios totales nacionales se expandieron a una tasa anual acumulativa de 10,4 por ciento, casi el doble que la del empleo. También en este caso, el empleo público y el privado describen dos curvas paralelas. Esto desmonta los argumentos del ministro Ibarra, en cuyo caso la excusa es manifiesta: si creyera en su propio discurso no hubiera consentido la designación de su esposa, Carla Piccolomini, en un alto cargo ajeno a su especialidad en la gerencia de Radio y Televisión Argentina, cosa que replican otros ministros y altos funcionarios del gobierno con esposas, hijos, yernos, primos y novias, como Oscar Aguad, Jorge Triacca, Federico Sturzenegger, Pablo Avelluto, Gabriela Michetti, Ricardo Buryaile, Federico Pinero, Mario Cimadevilla, Iván Pavlovsky, Emilio Basavilbaso o Gustavo Santos, quienes tienen muy buen ojo para detectar la paja en el ojo ajeno.
La hora del desbarajuste
Triunfo político oficialista y tarifazos a mansalva. Despidos en el Estado, falacias y contabilidad social. Maltrato a los trabajadores, ninguneo al impacto del ajuste tarifario. El semestre perdido para las mayorías. La vida en el presente, las virtualidades del futuro.
Por Mario Wainfeld
El oficialismo tuvo la delicadeza de no celebrar en el recinto la goleada en la votación de la Ley Buitre. Agrandado por el cambio colosal en la correlación de fuerzas, avanzó a su manera: despidos sin justificación ni reglas claras, tarifazos en servicios públicos esenciales y en transportes. Los condimentó con declaraciones peyorativas sobre trabajadoras o trabajadores cesanteados y agredidos.
Hay augurios transversales de una inflación galopante, que rozará o superará en el primer semestre el 25 por ciento que, según el presidente Mauricio Macri, iba a ser su marca anual.
La asimetría entre los avances políticos del macrismo y el desquicio económico social que provoca adrede signará este año y el próximo, solo para empezar. Los beneficios concedidos a la banca, los grandes exportadores, las patronales agropecuarias, las mineras, los usureros de las finanzas internacionales son fabulosos e irrevocables en el corto plazo. Algunos ya son más ricos, lo serán por décadas.
Otras personas, argentinos, son más pobres o desamparados. Para ellos, el macrismo revierte la máxima peronista: mejor que realizar es prometer. No hay medidas favorables pero sí promesas para cuando lluevan dólares e inversiones. El que apuesta a la lluvia equitativa de dólares venidos de afuera pierde, según corrobora la historia argentina desde el siglo XIX hasta el cierre de esta nota.
Cambiemos avizora otro porvenir, sin precedentes. El endeudamiento es su apuesta para revertir la caída general de producción, empleo y PBI. Ajústense los cinturones, quienes no vuelen en helicópteros privados.
Tómbola perversa: La escena se repitió en reparticiones públicas de todo el país. Los empleados llegan a su lugar de trabajo, se identifican para ingresar. En muchas hay sistemas de control accionables con impresión digital o credencial. La máquina dictamina: “ingreso permitido” o lo deniega. Lo usual ha sido que no les hayan llegado telegramas o cartas documento informándoles el despido. El gobierno de la transparencia y la comunicación on line no movió un dedo para informarlo antes, en reuniones cara a cara o en soportes accesibles y públicos.
Las decisiones se notifican de prepo, en edificios plagados por policías. Ante la protesta general, se cierran puertas de acceso provocando una situación riesgosa en caso de desbande.
La falta de reglas de juego agrava la movida. El “derecho de admisión” es como la Lotería de Babilonia de Borges, que repartía bienes o castigos no estipulados aun a quien no hubiera comprado un billete.
El bloqueo a la entrada le puede caer sin anestesia a un contratado flamante o a un empleado añoso. No hay parámetros expresos ni implícitos. Perversión adicional que propaga el miedo y el estrés.
Fantaseemos, por el absurdo, que Macri hubiera dispuesto echar a las mujeres que pesaran más de 60 kilos o a los hombres que midieran más de 1,75 metros. Sería un poco más arbitrario el método pero “al menos” cada cual sabría a qué atenerse. Es un sarcasmo, no lo propugnamos, se entiende... pero aspiramos a que se sopese cuán brutal es el abuso del enigma.
Tarjeta roja fácil: Se encoge la lista de dirigentes de Cambiemos que porfíen en que las personas cesanteadas son ñoquis. Ese trabajo sucio queda en manos de periodistas de medios dominantes, que sazonan su ruindad con burlas.
La casuística comprueba que se han dejado en la calle a gentes del común con años de antigüedad, con presentismo acreditado, fácil de corroborar. Para matizar también hay casos de embarazadas, personas licenciadas por enfermedad, discapacitadas. La tutela en esas situaciones es absoluta: prohibido despedir. Cuando las denuncias los jaquean los funcionarios macristas vuelven atrás, auto elogian su capacidad de rectificación. Autoestima sorprendente y piel dura, insensible a las secuelas irreparables o duraderas.
Un caso real, no excepcional: Ana Suárez trabaja desde hace años en la Municipalidad de La Plata. Antes fue empleada doméstica y también personal de comercio. Fue despedida por el intendente oficialista Julio Garro, casi concomitantemente con la asunción. Fue a protestar pacíficamente, se movilizó por primera vez en su vida. La Policía regó con balas de goma su nuca, su espalda, la cola. Suárez había concurrido con una hija adolescente descontando que acompañaba una protesta tranqui. Su foto fue publicada en muchos diarios, se hizo conocida. Fue reporteada en el programa Gente de a pie, que se emite por Radio Nacional. Ahí narró su biografía y comentó que había sido reincorporada. Contra el relato oficial: no todo está como era entonces. La víctima tardó semanas en recobrarse físicamente y sigue en tratamiento psiquiátrico. Se le concedió licencia médica. La retractación no borra el daño.
Quienquiera haya sufrido en carne propia la experiencia del despido, la agresión policial o estar desempleado, así sea episódicamente, sabe que, con variantes, su padecer se multiplicará por miles.
Laberintos y tómbolas: El régimen de la función pública está emparchado, necesitado de regularizaciones y supresión de condiciones fraudulentas.
Según el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) y los convenios colectivos hay dos categorías estrictamente legales. La primera es la Planta Permanente cuyos empleados gozan de estabilidad propia: no se los puede despedir. La segunda es la Planta Transitoria para tareas temporarias o programa que duran un tiempo fijo u otras variantes. Los trabajadores aportan al sistema de seguridad social, tienen derecho a vacaciones y aguinaldo, cobertura de obra social pero se pueden cesar sus servicios cuando vence el plazo. Las tareas transitorias deben corresponder a necesidades reales del Estado. Es habitual que bajo ese velo se encubran relaciones permanentes, es una forma de burlar la ley. Hay otras modalidades de contratación que dejan inerme al empleado público.
En 2003 el porcentaje de contrataciones irregulares era altísimo. El kirchnerismo resolvió muchas situaciones, llamó a concursos... Mejoró el porcentaje de situaciones regularizadas sin poner fin a la dispersión y a la supervivencia de variantes de fraude laboral. Una mirada atenta y necesaria demostraría que el desempeño fuer dispar en diferentes áreas del Estado.
Mejorar la situación es necesario. La praxis macrista va en el sentido inverso, desbaratando lo que hay, perfectible por cierto. No eleva el umbral, arrasa derechos.
Altas por arriba y bajas en otro nivel: El oficialismo creó cuatro nuevos ministerios, 15 Secretarías, 35 subsecretarías. Los nombramientos van en consonancia. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, lleva la batuta de los despidos en todas las carteras. La suya es flamante, superpoblada de cargos altísimos. El macrismo es magnánimo al engrosar los rangos más empinados del escalafón. Las bajas recaen en categorías menos favorecidas, en grandes números y en general. Dicho como ejemplo tomado del Boletín Oficial: si se dan de baja 6 empleados que ganan 15000 pesos por mes y entran otros tantos que ganan 50.000 el gasto social crece, pari passu con el desempleo.
Imposible hacer la contabilidad minuciosa, a falta de data proporcionada por el oficialismo. En el ínterin crecen las dudas acerca del ahorro. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denuncia que no lo hay, el gobierno calla. Suena una sola de las dos campanas, queremos preguntar.
Sin reparos: El estado o los patrones privados disponen de facultades para rescindir ciertos contratos laborales. Los requisitos y contraprestaciones exigidos son mayores que la media mundial o la regional.
Es una constante (espasmódica, ya explicaremos el oxímoron) de la legislación nacional, diferente a las de otros países. Los nac & pop o la izquierda las juzgamos positivas, algunos hasta piden mayor protección. Para los neo conservadores la falta de “flexibilidad” nubla el clima de negocios, atenta contra la competitividad, una de cuyas patas es la explotación (más) intensa.
Como fuera, existen principios institucionales, incluidos en la Constitución o en leyes. Los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa desbarataron o avasallaron conquistas consecuencia de la lucha popular. El kirchnerismo construyó una legislación reparadora que restituyó derechos añejos y añadió nuevos. Sectores relegados por años fueron objeto de atención y cobertura: los peones rurales, las trabajadoras de casas particulares o a domicilio solo para empezar.
Despedir no es una prerrogativa monárquica. Es forzoso notificar las cesantías con recaudos precisos, por escrito, fundamentando. Es el imperio de los “derechos humanos del presente”, que tanto clamor levantan. La dignidad debe mantenerse incólume: los dueños o funcionarios carecen de atribuciones para maltratar a sus empleados. Internalizarlo es difícil para patrones de estancia o CEOs de grandes empresas.
Lanzar al desempleo es de por sí terrible daño; no abre puertas al sadismo o la desconsideración que en la práctica están separados por líneas muy tenues.
Los anuncios del miedo: Los aumentos de luz, gas, combustibles y transportes anunciados en combo garantizan traslaciones a precios, merma del poder adquisitivo de clases medias y proletarias, enfriamiento de la actividad económica. Su impacto y magnitud serán analizadas por periodistas o académicos más calificados. La Vulgata mediática macrista se resigna a decir “ajuste”.
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, debió mudarse del Ministerio de Economía a la Casa Rosada para su respectiva conferencia de prensa. Una protesta de trabajadores lo indujo, un signo de la etapa.
Dietrich es un empresario próspero, vende muchos autos aunque en la ciudad prefiere desplazarse en motos o bicicletas de primera. Es más expeditivo, cuenta. Tal vez por eso subestime lo que pesarán las subas en el bolsillo de quienes andan en subte, tren o bondi.
Comunicar medidas impopulares (o anti, usted sabrá) siempre es desdichado, motivo sobrado para hacerlo con recato y respeto. Dietrich subestimó el impacto en el bolsillo de los usuarios: “en plata es poco”. A título de ironía o de humor negro: si quiere ser más cínico todavía puede argumentar que quienes se queden sin trabajo ahorrarán más en transporte.
Prometió “tarifa social” para mitigar la carga a varios conjuntos de usuarios. La tarifa cubre a 2.200.000 usuarios, confesó. Como la “SUBE”: es herencia del gobierno kirchnerista. Prestaciones del estado fofo, grasoso, bobo... en fin.
Dietrich ve en el horizonte la ampliación de la tarifa a seis millones de personas. Los boletos ya están en la estratósfera, las coberturas son virtuales. Hay dos velocidades de la acción pública. Los aumentos llegan “de una”, para los paliativos habrá que confiar en la eficacia comprobada de los sistemas creados por el kirchnerismo y en la hipotética eficiencia de los funcionarios macristas.
Aumentarán los importes de las tarifas sociales, ya mismo.
Centrales unidas ¡uia!: ATE y las dos CTA sostienen la resistencia y la defensa de los estatales, día tras día, en los lugares de trabajo. Son hoy la mejor representación de la clase trabajadora, una señal de alerta para el kirchnerismo que las relegó. Y para las dos CGT que se manejaban hasta fin de marzo con parsimonia que comenzaron a rectificar. Las cuatro centrales se reunieron con diputados (ninguno del oficialismo) y lo harán con senadores la semana próxima.
Delegados de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) comenzaron a dar la cara en conflictos. Alguno habló en los habituales actos de fin de semana en las plazas. La recepción fue dura, lo que puede eventualmente ser injusto con alguno pero refleja una valoración acertada sobre el desempeño de la conducción del gremio.
Una máxima del gremialismo peronista aconseja replegarse a las “organizaciones” en tiempos difíciles. Aun a costa de desamparar un cachito (o un muchito, según) a los compañeros a fin de preservar al sindicato para tiempos más propicios. Siempre fue discutible, sobre todo por la muy desigual libido destinada a cada objetivo. Sería entre un disparate y una canallada apelar a la táctica defensiva en este momento, con la población avispada y consciente de sus derechos frente a un gobierno que ansía conservar legitimidad electoral y consenso masivo.
La cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) recibió al ministro de Producción, Francisco Cabrera. El cónclave fue amable en los modales pero el paquete de temores y vaticinios de los hombres de negocios mete pavor.
Todo discurso sectorial es sesgado: seguro que parte del diagnóstico busca allanar terreno para las paritarias y para procurar franquicias del estado. Desagiando ese componente, truena la advertencia de Juan Carlos Sacco, secretario de la entidad, vertida en los oídos de Cabrera y en declaraciones a la prensa. Ponderó que “si no hay algunas medidas rápidas, se pueden perder entre 100 y 200 mil puestos de trabajo” y apuntó que el gobierno “se quiere suicidar” con los incrementos de tarifas. Quienes alertan son compañeros de ruta, que celebraron eufóricos el cambio de gobierno.
Semestre de miedo: La herencia del Estado populista cede paso a una versión aggiornada pero no tan novedosa del estado de malestar de la derecha.
La realidad es dialéctica, los vasos comunicantes son más descriptivos que los compartimentos estancos. El golpe ¿blando? en Brasil, tan ansiado por el establishment local, seguramente causaría un colapso económico con repercusiones tremendas en estas pampas. Derogar o restringir el “impuesto al trabajo”, la demanda laboral más intensa de las CGT y el Frente Renovador, empiojaría la ecuación financiera de los gobernadores, que tan gozosamente aúpan a Macri.
El verano macrista fue arduo para las mayorías sociales, en plena luna de miel. El invierno se insinúa crudo, frío al mango. La fecha del rebote económico M se trasladó al segundo semestre en el cual el gobierno promete “agenda social”, inversiones extranjeras, creación de fuentes genuinas de trabajo en el sector privado. Tendrán que remontar la cuesta abajo: el desempleo creciente, la inflación acumulada, la recesión que ya se percibe.
Las historias de vida de los despedidos o los que sufren ataques al bolsillo se transforman en indicadores sociales. Vale preguntarse cuántas personas padecen emocional o económicamente en forma directa. Y cómo incide la merma de ingresos de las clases populares en la economía general.
El kirchnerismo dejó su herencia, que debe leer en clave de película y no de foto. Niveles de empleo, de informalidad, de consumo popular, de inflación tangibles y estables. Algunos son virtuosos, otros no, el “trabajo en negro” se amesetó en exceso en los años recientes. El gobierno empeoró todos... y va por más.
Las personas normales viven en el presente, quieren (tienen derecho a) comer su porción de la torta ahora y no cuando virtualmente crezca, beber de la copa antes de que derrame.
El macrismo promete un futuro venturoso con inversiones jamás vistas. Es porvenir, incierto por definición En esta semana empeoró el cotidiano de millones de argentinos. Para redondear, ninguneó el impacto y maltrató a trabajadores. Algunos llaman a eso “remedio necesario” o imaginerías parecidas. Otros podemos creer que es defensa de intereses, empecinamiento ideológico. Mal gestionado, además.
Tarifazo: los que menos consuman, pagarán más
El brutal ajuste de la tarifa de transporte público golpeará de lleno en el bolsillo de los trabajadores. Los mayores aumentos del gas recaen en los menores consumos. Menos del 5 por ciento de usuarios accederá a la tarifa social.
Por Raúl Dellatorre
“Sinceramente lo lamento por ustedes, muchachos, pero de la retribución extra de 800 pesos que acordamos por tres meses, el aumento que acaban de anunciar en el transporte ya les comió la mitad”. Así arrancó una reunión entre dirigentes empresarios y sindicales del sector textil este viernes, a pocas horas de que Guillermo Dietrich diera a conocer los nuevos valores del boleto en el autotransporte de pasajero y en los trenes, con aumentos del orden del 100 por ciento. La voz del sector patronal que presentaba su lamento se refería a un pago a cuenta del aumento de paritarias que se resuelva para este año en el mes de junio. Es un ejemplo de los tantos que hay de cómo afecta el tarifazo en el transporte a los trabajadores que deben moverse diariamente entre el segundo o tercer cordón y la Ciudad de Buenos Aires, que pese a no tener otra posibilidad ni opción que viajar diariamente, no podrán gozar de los beneficios de una tarifa social. En el caso del transporte, la tarifa social no contempla a aquellos usuarios cuyos ingresos no superen el doble de un salario mínimo, como en el caso de la luz y el gas. La tarifa social del transporte sólo incluye a jubilados y pensionados con haber mínimo, beneficiarios de planes sociales, empleadas domésticas y ex combatientes de Malvinas.
Los economistas que trabajan para distintas consultoras en la city porteña empiezan a ajustar las proyecciones de inflación en función del impacto que se espera que tenga esta corrección masiva de los precios relativos de los servicios básicos. De forma aun moderada, nadie arriesga una inflación proyectada para el año menor a un rango del 35 al 40 por ciento. Todos creen, pero ninguno lo confiesa en público, que es más probable que se acerque a 50. El aumento del transporte y del gas anunciado el viernes le pondría un piso de siete puntos a la inflación de este mes, por la incidencia de casi cinco puntos que le aportaría el aumento de tarifas. De ese modo, la suba acumulada en los índices de precios al consumidor del cuatrimestre alcanzaría un nivel del 18 a 20 por ciento (aun cuando marzo, que todavía no se conoce, hubiera dado una variación relativamente baja, del tres al tres y medio por ciento). Es decir que el primer semestre se estaría devorando largamente la proyección oficial de inflación para todo el año (20 a 25 por ciento). No son pocos los economistas cercanos al Gobierno –pero distantes del equipo económico de Prat-Gay– que ya advierten la ausencia de una política de contención de las subas, por no hablar de un más pretencioso rótulo de “plan antiinflacionario”.
Uno de los agravantes de esta situación es que la suba de las tarifas de los servicios públicos está afectando en medida mucho mayor a los hogares de menores recursos relativos que al resto de la población. Una inequidad que el mecanismo de tarifa social está mostrando que apenas sirve como leve atenuante, pero que de ninguna manera compensa la desigualdad provocada. Ya se mencionó más arriba la ausencia del plan de tarifa social sobre la masa de trabajadores que deberá pagar diariamente el doble por sus traslados de ida y vuelta a sus labores. Pero el caso del gas es otro ejemplo de ineficacia de la tarifa social como mecanismo compensador.
Como ocurrió con las tarifas eléctricas a partir de febrero, también en el caso del gas los hogares de menor consumo serán los que paguen mayores aumentos, tal como recordó un análisis del portal especializado El Inversor.com este viernes. Allí se puntualiza que las categorías de usuarios R1 y R2 (con consumos anuales de hasta 500 metros cúbicos en el primer caso, y de 500 a 1000 metros cúbicos en el segundo) pagarán por el gas un 525 por ciento más. Los usuarios de la categoría R3 (que consumen más de 1000 metros cúbicos anuales) sufrirán subas que oscilan entre 178 y 375 por ciento, siempre según el mismo estudio. En esas tres categorías se encuentran abarcados prácticamente la totalidad de usuarios residenciales de gas por redes. Un informe que, pocas horas después, dio a conocer el Ministerio de Energía y Minería señala que el total de usuarios residenciales y comerciales abastecidos por la red de gas natural del país es de 8 millones 240 mil hogares o establecimientos. De ese total, el propio Ministerio estimó que serán 350 mil los hogares alcanzados por la tarifa social: apenas el 4,5 por ciento del total. Una proporción marcadamente menor a la que tendrá que afrontar los megaincrementos de 375 a 525 por ciento en la factura del gas por estar en el escalón de hogares con bajos consumos.
Se observa, así, que pese a la magnitud del tarifazo, el gobierno nacional no promovió un mayor alcance de la tarifa social más allá de los alcances que ya tenía durante la gestión de gobierno anterior. En el caso del transporte, apenas le “otorgó”, como “beneficio”, un aumento menor al que aplicó a los boletos en general. El pasaje en el autotransporte, para los beneficiarios de tarifa social, pasó de 1,80 pesos a 2,70 pesos en los tramos más cortos. Es decir, un aumento del 50 por ciento para quienes el gobierno reconoce como “sectores más vulnerables”. En las tarifas de gas, pese al tremendo aumento para los hogares de menor consumo, los beneficiarios de tarifa social apenas se ampliarán en 80 mil hogares, según el cálculo del propio Ministerio encabezado por el ex Shell Juan José Aranguren: de 270 mil beneficiarios, “saltarán” a 350 mil.
Uno de los diversos estudios realizados en el sector privado para medir la incidencia de los incrementos de las tarifas es el de Instituto de Estudios de Consumo Masivo, ligado a una de las entidades representantes de los supermercadistas chinos. Según ese trabajo, difundido ayer, destaca que los incrementos en las tarifas de agua, gas, transporte público y combustibles previstos para abril, generarán pérdidas en los salarios del 5,3 al 15,4 por ciento entre distintos segmentos socioeconómicos de la población. Miguel Calvete, presidente de la entidad, explicó que las subas en los precios de la canasta escolar (29,5 por ciento en promedio), los incrementos en la canasta de Pascua (24,8 por ciento) y en las tarifas de energía incidieron notablemente en la inflación ponderada para el mes de marzo, que el instituto estimó en el 3,9 por ciento.
Un problema adicional que surge en cada uno de esos estudios de las consultoras privadas es que no hay certeza de que una situación recesiva vaya a ponerle freno a los ajustes de precios. “Los empresarios siguen mirando la tasa de rentabilidad entre sus precios y sus costos antes que sus ventas, entonces aumentan los precios cuando ven que hay tendencia inflacionaria para no perder margen de rentabilidad, según la explicación que usualmente se escucha, aunque el mercado esté parado. ¿Cómo se explica, si no, que los precios de algunos modelos de autos hayan aumentado un 8 por ciento este primero de abril, en un momento crítico para el sector como el actual?”, señaló un consultor con trato diario con empresarios manufactureros.
Pero no se trata sólo del precio de los autos. La suba en febrero de la electricidad y ahora del gas terminó abarcando al conjunto del sector industrial, cualquiera sea su fuente de energía. Esta semana, la Unión Industrial Argentina le llevó al gobierno la preocupación por más de siete mil establecimientos en situación crítica por el fuerte impacto de la suba en la factura de energía en su presupuesto, al punto de poner en riesgo su continuidad. El gobierno nacional prometió dar una respuesta y atención al problema. Pero la misma receptividad habían tenido representantes de sector pyme semanas atrás, al entrevistarse con Francisco Cabrera, ministro de Producción, y la respuesta o solución jamás llegó. El deja vu es inevitable: los más veteranos ya recuerdan haber pasado por instancias similares, con Martínez de Hoz en dictadura o con Cavallo en democracia. Lo que hoy es pérdida de mercados por caída de poder adquisitivo y achicamiento de empresas por imposibilidad de afrontar la suba de costos, muy pronto se transforma en cierres de plantas y desocupación. La historia, y una política económica repetida, así lo indica.
02 de abril de 1976: Modelo de Valorización Financiera
Un día como hoy, pero hace 40 años, el entonces Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz lanzó el plan económico correspondiente al modelo de valorización financiera. El mismo significó, para la Argentina, el inicio de una oscura etapa de su historia, protagonizada por el congelamiento de salarios –bajo el discurso de la supuesta necesariedad de mantener un bajo costo laboral-, la eliminación de restricción a las importaciones, la sobrevaluación de la moneda, la desregulación de los mercados financieros. En particular, durante el discurso inaugural del plan, Martínez de Hoz anunció la “liberalización de los precios, el aumento del 30% para los combustibles y el avance de las empresas privadas en la explotación de petróleo” (1).
La puesta en marcha del proyecto resultó de la conjunción de intereses entre el establishment internacional y el local: ellos fueron los “doctores Frankestein” de la criatura “valorización financiera”, la cual centralizó la acumulación del capital no en la actividad productiva sino en la mera especulación. Desde afuera, se quería encontrar dónde volcar la alta liquidez, producto de cuantiosos depósitos de “petrodólares” en bancos norteamericanos. Desde adentro, las elites miraban con buenos ojos a todo negocio financiero que aportara importantes márgenes de rentabilidad.
¿Por qué la implantación del nuevo modelo económico generó un incremento de la deuda externa? Los componentes del plan causaron la enorme fuga de capitales del período la cual desembocó en un crecimiento jamás antes registrado del endeudamiento de Argentina. La máxima expresión de esa fuga resultó ser la tristemente célebre “bicicleta financiera”, práctica que comenzaba con la compra de dólares baratos en el exterior, para luego cambiarlos por pesos y colocarlos en el país. A partir de aprovechar las bondadosas altas tasas de nuestro país, retiraban el dinero, lo transformaban en dólares, reintegraban el crédito pedido en el extranjero y percibían una suculenta ganancia, fugada al exterior. Las altas tasas argentinas nacieron de la “Ley de Entidades Financieras”, la cual eliminó todo tipo de regulación de los mercados financieros.
Los movimientos constitutivos de la “bicicleta” eran facilitados tanto por la libertad de movilidad del capital como por su socia, la “tablita cambiaria”. La misma aseguraba un dólar barato, al dar a conocer en forma previa las futuras devaluaciones del peso respecto del dólar. Otras modalidades de endeudamiento fueron los préstamos en dólares que ingresaban a la Argentina o “fondos negros”, los cuales posibilitaron el juego especulativo descripto; y el endeudamiento por parte de empresas públicas, las cuales tomaban préstamos formalmente, mientras que los dólares ingresados quedaban en el Banco Central y la empresa recibía el equivalente en pesos.
Gracias a los negocios derivados de la “creatividad” de ciertos argentinos adherentes al modelo, la deuda externa se triplicó en cinco años: de 9.149 millones de dólares, en 1975, a 27.162 millones de dólares para 1980.
Según EL PAíS; Argentina tiene 1,4 millones de nuevos pobres desde que gobierna Macri
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Una de cada tres personas vive bajo el umbral de la pobreza, según la Universidad Católica Argentina
Mar Centenera
FUENTE EL PAíS
Mauricio Macri llegó a la Presidencia de Argentina con la "pobreza cero" entre sus prioridades, pero el arranque de su gestión avanza de momento en dirección contraria. En los tres primeros meses del año, Argentina sumó 1,4 millones de nuevos pobres, 5,5 puntos, según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). A falta de cifras oficiales, este organismo, muy respetado en este asunto incluso por los macristas, asegura que a mediados de marzo cerca de 13 millones de personas no tenían ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, el 34,5% del total de los argentinos.
La causa principal es la fuerte subida de precios, en especial los alimentos, que se dispararon un 10% en los tres primeros meses del año. Se trata del índice de pobreza "más alto de los últimos siete años", ha dicho el director del observatorio, Agustín Salvia, en rueda de prensa. Salvia ha expresado su preocupación por la "complicada" situación económica que atraviesa Argentina debido al rápido aumento del costo de la vida y por las consecuencias que tiene sobre los más desprotegidos.
El organismo prevé que la pobreza se reducirá levemente este mes, hasta el 32,6%, gracias a la ampliación de las ayudas sociales aprobadas por el Gobierno para los hogares con menores ingresos. Estas familias se benefician de un aumento de las jubilaciones y de las ayudas por hijo y tendrán también tarifas reducidas en el transporte público y en las facturas de agua, luz y electricidad. Aún así, Salvia opina que los planes sociales no son suficientes para cubrir el brusco aumento del costo de vida registrado este año.
"Estas proyecciones no toman en cuenta las pérdidas de empleo ocurridas en el marco de una economía inflacionaria y afectada por ajustes macroeconómicos, ni los recientes anuncios de incremento en materia de transporte y servicios domiciliarios", ha advertido el experto, quien cree que los datos finales serán aún peores.
El plan oficial de aumentos se inició en febrero, a poco más de un mes de asumir Macri el poder, con la electricidad, con aumentos medios del 250% y, en casos puntuales, de hasta 700%. Ayer se duplicaron los valores de los billetes de autobuses urbanos y ferrocarriles. Y hoy ha sido el turno del gas y el agua, los dos servicios públicos que restaban, con aumentos que rondan el 300 %. El impacto de las subidas se sentirá en los primeros días de mayo, cuando llegarán las primeras facturas.
Los combustibles, en tanto, han sufrido subidas menos espectaculares, 15% en promedio, pero a diferencia del agua, la luz y el gas, ya estaban altos. El de hoy ha sido el tercer aumento desde que Macri llegó al poder en diciembre y sólo desde enero las estaciones de servicio han acomodado sus valores un 12%. Las petroleras, con la estatal YPF a la cabeza, han justificado los incrementos con la devaluación del 40% del peso, anunciada por Macri apenas inició su mandato para liberar las restricciones cambiarias.
El Gobierno insiste que es necesario un "sinceramiento tarifario" tras más de una década de tarifas de servicios hipersubvencionadas, pero cada vez son más las voces que piden reducir el ritmo del ajuste, ya que otros bienes básicos como los alimentos o la vestimenta tienen precios ya muy elevados que perjudican el presupuesto familiar.
La pobreza ya se convirtió en una piedra en el zapato para la anterior mandataria, Cristina Fernández (2007-2015), en especial a partir de 2014, cuando una fuerte devaluación revirtió los progresos realizados en años anteriores.
En 2013, el organismo oficial de estadísticas dejó de publicar los cuestionados datos oficiales -para los que solo el 5% de la población estaba en la pobreza- y el apagón informativo se mantiene en los primeros meses de la nueva gestión, que ha decidido rehacer los índices desde cero.
La pobreza fue uno de los asuntos con los que más golpeó Macri al Gobierno cuando estaba en la oposición. El Ejecutivo de Fernández de Kirchner negaba los datos de la Universidad Católica mientras Macri los defendía. El jefe de Gabinete de entonces, Aníbal Fernández, llegó a decir que Argentina estaba mejor que Alemania, que tiene un 8% de ciudadanos bajo la pobreza. La tensión fue enorme y el macrismo logró hacer mella pero ahora esos datos se le vuelven en contra. El Gobierno insiste en que necesita más tiempo, que ahora está trabajando para volver a la normalidad, pero de momento los primeros meses están siendo incluso más duros de lo esperado.
Mar Centenera
FUENTE EL PAíS
Mauricio Macri llegó a la Presidencia de Argentina con la "pobreza cero" entre sus prioridades, pero el arranque de su gestión avanza de momento en dirección contraria. En los tres primeros meses del año, Argentina sumó 1,4 millones de nuevos pobres, 5,5 puntos, según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). A falta de cifras oficiales, este organismo, muy respetado en este asunto incluso por los macristas, asegura que a mediados de marzo cerca de 13 millones de personas no tenían ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, el 34,5% del total de los argentinos.
La causa principal es la fuerte subida de precios, en especial los alimentos, que se dispararon un 10% en los tres primeros meses del año. Se trata del índice de pobreza "más alto de los últimos siete años", ha dicho el director del observatorio, Agustín Salvia, en rueda de prensa. Salvia ha expresado su preocupación por la "complicada" situación económica que atraviesa Argentina debido al rápido aumento del costo de la vida y por las consecuencias que tiene sobre los más desprotegidos.
El organismo prevé que la pobreza se reducirá levemente este mes, hasta el 32,6%, gracias a la ampliación de las ayudas sociales aprobadas por el Gobierno para los hogares con menores ingresos. Estas familias se benefician de un aumento de las jubilaciones y de las ayudas por hijo y tendrán también tarifas reducidas en el transporte público y en las facturas de agua, luz y electricidad. Aún así, Salvia opina que los planes sociales no son suficientes para cubrir el brusco aumento del costo de vida registrado este año.
"Estas proyecciones no toman en cuenta las pérdidas de empleo ocurridas en el marco de una economía inflacionaria y afectada por ajustes macroeconómicos, ni los recientes anuncios de incremento en materia de transporte y servicios domiciliarios", ha advertido el experto, quien cree que los datos finales serán aún peores.
El plan oficial de aumentos se inició en febrero, a poco más de un mes de asumir Macri el poder, con la electricidad, con aumentos medios del 250% y, en casos puntuales, de hasta 700%. Ayer se duplicaron los valores de los billetes de autobuses urbanos y ferrocarriles. Y hoy ha sido el turno del gas y el agua, los dos servicios públicos que restaban, con aumentos que rondan el 300 %. El impacto de las subidas se sentirá en los primeros días de mayo, cuando llegarán las primeras facturas.
Los combustibles, en tanto, han sufrido subidas menos espectaculares, 15% en promedio, pero a diferencia del agua, la luz y el gas, ya estaban altos. El de hoy ha sido el tercer aumento desde que Macri llegó al poder en diciembre y sólo desde enero las estaciones de servicio han acomodado sus valores un 12%. Las petroleras, con la estatal YPF a la cabeza, han justificado los incrementos con la devaluación del 40% del peso, anunciada por Macri apenas inició su mandato para liberar las restricciones cambiarias.
El Gobierno insiste que es necesario un "sinceramiento tarifario" tras más de una década de tarifas de servicios hipersubvencionadas, pero cada vez son más las voces que piden reducir el ritmo del ajuste, ya que otros bienes básicos como los alimentos o la vestimenta tienen precios ya muy elevados que perjudican el presupuesto familiar.
La pobreza ya se convirtió en una piedra en el zapato para la anterior mandataria, Cristina Fernández (2007-2015), en especial a partir de 2014, cuando una fuerte devaluación revirtió los progresos realizados en años anteriores.
En 2013, el organismo oficial de estadísticas dejó de publicar los cuestionados datos oficiales -para los que solo el 5% de la población estaba en la pobreza- y el apagón informativo se mantiene en los primeros meses de la nueva gestión, que ha decidido rehacer los índices desde cero.
La pobreza fue uno de los asuntos con los que más golpeó Macri al Gobierno cuando estaba en la oposición. El Ejecutivo de Fernández de Kirchner negaba los datos de la Universidad Católica mientras Macri los defendía. El jefe de Gabinete de entonces, Aníbal Fernández, llegó a decir que Argentina estaba mejor que Alemania, que tiene un 8% de ciudadanos bajo la pobreza. La tensión fue enorme y el macrismo logró hacer mella pero ahora esos datos se le vuelven en contra. El Gobierno insiste en que necesita más tiempo, que ahora está trabajando para volver a la normalidad, pero de momento los primeros meses están siendo incluso más duros de lo esperado.
Para la cámara de súper chinos, el útltimo tarifazo provocará una caída de 15 puntos en el salario real
Miguel Calvete, titular de la cámara que agrupa a los supermercados chinos, explicó que las subas en los precios de la canasta escolar (29,5 % promedio), los incrementos desmedidos de la canasta de Pascua (24,8%) y la estampida en los valores de la tarifa de energía incidieron notablemente en el aumento porcentual de la inflación promedio ponderada del mes de marzo.
Según un estudio de INDECOM (Instituto de Estudios de Consumo masivo), también señala que durante ese lapso se mantuvo la caída del consumo,que se viene produciendo de igual modo desde noviembre del 2015, registrando una disminución en las compras que se ubica en el 4,6%.
La medición se realizó sobre un total de 91.871 tickets de compras realizadas desde el 1 de marzo hasta el 31 de ese mes en cadenas de grandes supermercados, almacenes, bocas de proximidad y autoservicios chinos, evaluando el movimiento de precios de 253 productos de la canasta básica, incluyendo alimentos, bebidas, higiene personal y artículos de limpieza.
El trabajo se llevó a cabo en el ámbito geográfico de la Ciudad de Bs As, Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata, recabando muestras físicas de facturación sobre distintos puntos de venta mayoristas y minoristas. También se implementó un software online que ha ido procesando estadísticamente los valores expresados en las páginas webs de los diferentes espacios de comercialización.
El directivo detalló que "los aumentos de precios en los productos de la canasta básica, sumados a las subas en las tarifas de los servicios públicos ya permiten proyectar una merma de entre el 5,3 % y el 7,8 % en el rendimiento de los salarios del segmento C3D, (conformado por el 75 % de los asalariados del país, con ingresos de entre 12 y 20 mil pesos mensuales) y casi se duplica en la base de la pirámide (que incluye a los sectores de menores recursos), mostrando allí una incidencia negativa de entre el 11,3 % y el 15,4 %.
Finalmente, en referencia a las proyecciones de cara al primer semestre de 2016, Calvete consideró que "los salarios deberían tender a recuperarse a medida que se vayan cerrando los acuerdos paritarios", pero agregó que todo dependerá, fundamentalmente, "de la decisión que tome el Gobierno Nacional para la aplicación de sus políticas de ajuste y de los mecanismos que implemente para actuar sobre las causas de la inflación y no sobre sus consecuencias".
Para Aranguren, las subas de tarifas son “gradualistas, todavía falta”
El ministro señaló que, pese a las subas, no recuperan los costos de producir energía eléctrica, gas o petróleo. Beneficios a los que ahorren.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, consideró que el gobierno está aplicando “una implementación gradualista” de las subas tarifarias, que en el caso del gas alcanzará al 300 por ciento para el 72 por ciento de los usuarios.
“Más allá de que a mucha gente le haya parecido un shock, esto ha sido una implementación gradualista. Nosotros todavía no estamos recuperando el costo de producir energía eléctrica y o el costo de generar gas y petróleo en la Argentina”, afirmó el ministro.
También precisó que el aumento de gas para “el consumidor residencial es del orden del 210 por ciento y a nivel de los consumidores comerciales e industriales, del 174 por ciento”.
Al respecto, el ministro de Energía precisó que “va a haber un incentivo para los que tengan bajos recursos”, quienes ahorran en el consumo “van a poder tener un disminución de hasta el 50 por ciento” en la tarifa.
Además, señaló que la facturación va a seguir siendo bimestral, pero, como ya ocurrió con la luz, el consumidor podrá dividir el pago en dos cuotas mensuales.
Según surge del cuadro tarifario distribuido hoy por el Ministerio de Energía, el 72 por ciento de los usuarios, que consumen 34 metros cúbicos por mes, tendrán un incremento de alrededor del 300 por ciento, ya que la tarifa pasará de 63 a 253 pesos.
Ese grupo pagaba mensualmente 63 pesos, de los cuales 19 correspondían a impuestos y desde hoy pasarán a pagar 253 pesos, de los cuales 75 son tributos.
Dentro del sector que paga tarifa plena, es decir que no tiene tarifa social, y que suman 8,24 millones entre residenciales y comerciales, el 15 por ciento tendrá un ahorro por cumplimiento.
La información también destaca que unos 2,8 millones de hogares no tienen acceso al gas natural y están comprendidos en el denominado Plan Hogar, que distribuye garrafas de gas licuado.
Respecto de la tarifa social, la información indica que accederán los titulares del servicio que sean “beneficiarios de programas sociales; jubilados y pensionados que perciban haberes mensuales brutos por un total menor o igual a dos veces la jubilación mínima nacional, que es de 9.918 pesos”.
También lo harán los “trabajadores con remuneraciones mensuales brutas por un total menor o igual a dos Salarios Mínimos, vitales y Móviles, que es de 12.120 pesos; las personas con discapacidad; las inscriptas en el Monotributo Social; las empleadas del servicio doméstico y las personas que cobren Seguro de Desempleo”.
No obstante, se precisa que quedarán excluidos de ese beneficio quienes “sean propietarios de más de un inmueble, posean un vehículo de hasta 15 años de antigüedad o tengan aeronaves o embarcaciones de lujo”.
Por otra parte y en lo que respecta al Gas Natural Comprimido (GNC), el precio al estacionero pasará de un peso por metro cúbico a 3,2 pesos por metro cúbico, es decir un incremento del 220 por ciento
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, consideró que el gobierno está aplicando “una implementación gradualista” de las subas tarifarias, que en el caso del gas alcanzará al 300 por ciento para el 72 por ciento de los usuarios.
“Más allá de que a mucha gente le haya parecido un shock, esto ha sido una implementación gradualista. Nosotros todavía no estamos recuperando el costo de producir energía eléctrica y o el costo de generar gas y petróleo en la Argentina”, afirmó el ministro.
También precisó que el aumento de gas para “el consumidor residencial es del orden del 210 por ciento y a nivel de los consumidores comerciales e industriales, del 174 por ciento”.
Al respecto, el ministro de Energía precisó que “va a haber un incentivo para los que tengan bajos recursos”, quienes ahorran en el consumo “van a poder tener un disminución de hasta el 50 por ciento” en la tarifa.
Además, señaló que la facturación va a seguir siendo bimestral, pero, como ya ocurrió con la luz, el consumidor podrá dividir el pago en dos cuotas mensuales.
Según surge del cuadro tarifario distribuido hoy por el Ministerio de Energía, el 72 por ciento de los usuarios, que consumen 34 metros cúbicos por mes, tendrán un incremento de alrededor del 300 por ciento, ya que la tarifa pasará de 63 a 253 pesos.
Ese grupo pagaba mensualmente 63 pesos, de los cuales 19 correspondían a impuestos y desde hoy pasarán a pagar 253 pesos, de los cuales 75 son tributos.
Dentro del sector que paga tarifa plena, es decir que no tiene tarifa social, y que suman 8,24 millones entre residenciales y comerciales, el 15 por ciento tendrá un ahorro por cumplimiento.
La información también destaca que unos 2,8 millones de hogares no tienen acceso al gas natural y están comprendidos en el denominado Plan Hogar, que distribuye garrafas de gas licuado.
Respecto de la tarifa social, la información indica que accederán los titulares del servicio que sean “beneficiarios de programas sociales; jubilados y pensionados que perciban haberes mensuales brutos por un total menor o igual a dos veces la jubilación mínima nacional, que es de 9.918 pesos”.
También lo harán los “trabajadores con remuneraciones mensuales brutas por un total menor o igual a dos Salarios Mínimos, vitales y Móviles, que es de 12.120 pesos; las personas con discapacidad; las inscriptas en el Monotributo Social; las empleadas del servicio doméstico y las personas que cobren Seguro de Desempleo”.
No obstante, se precisa que quedarán excluidos de ese beneficio quienes “sean propietarios de más de un inmueble, posean un vehículo de hasta 15 años de antigüedad o tengan aeronaves o embarcaciones de lujo”.
Por otra parte y en lo que respecta al Gas Natural Comprimido (GNC), el precio al estacionero pasará de un peso por metro cúbico a 3,2 pesos por metro cúbico, es decir un incremento del 220 por ciento
Segundo tarifazo en dos meses: ¿La estanflación pro es un efecto colateral o es parte del modelo?
Alejandro Robba - Emiliano Colombo
En conjunto, si se toma en cuenta también el ajuste en las tarifas de
electricidad -que adicionaron 2 puntos porcentuales a la inflación-, el
incremento total por ambos tarifazos adicionaría 6,3% a la inflación,
por lo que determinaríaun piso del34% para todo el año.
La ola de aumentos
El gobierno acaba de anunciar los incrementos en el transporte público
de pasajeros. En impacto del ajuste en el boleto del tren, subte y
colectivo adicionará 0,81% a la inflación anual. Pero si mensuramos
efectivamente dicho impacto al bolsillo de un trabajador del conurbano
–por ejemplo- que tiene que tomarse colectivo, tren y subte para llegar a
su trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, surge que de destinarle $
5.040 anuales al transporte público (6,9% de un Salario Mínimo Vital y
Móvil–SMVyM-), con las nuevas tarifas le destinará $8.400 al año (11,6%
del SMVyM)significando un incremento del 66,7% a los gastos de
transporte. El trabajador deberá destinar entonces con los ajustes en
marcha $3.360 adicionales en el año para movilizarse a su trabajo, lo
que representa más de la mitad (55%) de un SMVyM ($6.060)
Estimamos que el total de los trabajadores destinarán $5.400 millones
anuales más al transporte público, lo que se traducirá en una caída del
ingreso disponible y en una reducción en el consumo en otros bienes.
Fuente CNRT
Por su parte, los ajustes previstos en el valor del gas en boca de pozo
(u$s 2 a u$s 4) sería trasladado automáticamente al consumidor,
aportando 1,44% a la inflación.En el caso del servicio de agua potable
prestado por la empresa estatal AYSA en la zona metropolitana de Bs.
As., la suba propuesta alcanzaría un incremento del 455% (factura de $90
a $500), cuyo efectos sobre la inflación seria de 1,04% adicional.Las
empresas de telefonía están proponiendo un incremento en el abono básico
de $13 a $40, representando un aumento del 207% cuyo impacto
inflacionario sería de 0,39% en la inflación mensual.
En el caso de la educación privada bonaerense, se anunció un ajuste en
las cuotas mensuales del 24,7% retroactivo a marzo, lo que añadirá 0,54%
a la inflación. Por último se añade un nuevo aumento en el precio del
litro de nafta (6%) que adicionará 0,14% más de inflación.
Tamaño ajuste en los bolsillos de los hogares, empresas y trabajadores,
merece algunas observaciones. En primer lugar, deberíanhaberse aplicado
en forma gradual a lo largo del año para mitigar los efectos sobre todos
los precios de la economía. A su vez, sumársele el criterio de Tarifa
Social (TS) amplio (no como en el caso de la luz, cuyo impacto es
bajísimo) para dejar fuera del ajuste a las familias de ingresos bajos,
jubilados y desempleados. Por supuesto que el padrón para acogerse a
estos derechos debería quedar abierto, habida cuenta la política estatal
y privada de recurrir a despidos masivos como los observados en los
últimos meses
La recesión como política anti-inflacionaria
Eliminadas las anclas anti-inflacionarias con las que contaba el
gobierno anterior –tarifas y tipo de cambio- y que colaboraron, a su
vez, para que en 2015 la economía creciera un 2,1%, según el INDEC, el
único ancla que el macrismo alienta es el salarial, es decir paritarias
del orden del 25% con una inflación que rondaráun piso del 34%.Es por
ello que la estrategia actual es bajar la inflación con recesión (caída
del consumo interno por baja del salario real y desempleo, y tasas de
interés altísimas). Para los próximos meses se plantea volver al ancla
cambiaria en torno a un dólar de $15,5contenido por laactual tasa de
interés (38%)e intentando que los sectores exportadores cumplan los
acuerdos de liquidar la cosecha para proveer divisas al mercado
cambiario.
El pacto con los fondos buitre que se acaba de aprobar, intentará que si
los exportadores son remisos a liquidar (porque no aprueban el nivel
del tipo de cambio estable), sean dólares financieros los que refuercen
las reservas del BCRA. Ése es el verdadero objetivo del acuerdo, no las
inversiones que se les prometen a los legisladores y gobernadores a
cambio de su apoyo.
A través de González Fraga, Prat Gay atribuye el fracaso del ajuste, a la mala comunicación de Peña
Vía González Fraga, Prat Gay sale a cuestionar la comunicación del Gobierno
El economista, padrino político del ministro, cuestionó en público la comunicación de Macri.
La interna entre Marcos Peña y Alfonso Prat Gay dentro del gabinete de Mauricio Macri tuvieron esta semana otro episodio de fricción cuando el economista Javier González Fraga cuestionó en público la política comunicacional del Jefe de Gabinete.
En las jornadas ‘Experiencia Forrajera’ organizadas por CLAAS Argentina, González Fraga, padrino político del ministro de Hacienda, cuestionó -sin mencionarlo- a Peña por la comunicación del gobierno respecto de las políticas de importaciones.
“Yo dije que era crítico del gobierno y esta es una de las cosas principales cosas en las que soy crítico. Y que no tiene tanto que ver con el gobierno, sino con la comunicación del gobierno”, dijo el economista radical (Ver minuto 42:15 del video).
“Siguen existiendo los permisos previos de importación o las declaraciones no automáticas. Hoy no se puede importar cualquier cosa si el gobierno no lo autoriza. El gobierno mantuvo las restricciones. Por eso yo lo que critico es que no lo ha sabido comunicar”, agregó.
Pero incluso fue más allá. “Lo critico al gobierno porque no ha sido claro en su política. No estamos volviendo a los ‘90. Conozco bien a Prat Gay y a todo su equipo. Esto es un tema donde el gobierno debería tener un discurso mucho más claro. Yo tengo confianza que esto es un error de comunicación”.
González Fraga no está sólo en la crítica, que incluso se escucha cada vez mas fuerte puertas adentro del gabinete. De hecho, atribuir a la mala comunicación del Gobierno los evidentes desajustes políticos a la hora de coordinar el ajuste, empieza a ganar consenso, incluso entre aquellos que acompañar el rumbo de manera más o menos general, como el economista Roberto Cachanosky.
Como sea, las tensiones entre Prat Gay y Marcos Peña se visibilizaron a mediados de enero, cuando el ministro convocó por las suyas a una conferencia de prensa para anticipar todo el programa de gobierno sin estar acompañado de Macri.
La jugada envenenó a Peña, que se encargó una semana más tarde de invisibilizarlo de la gira junto a Macri por el Foro Económico de Davos. El ministro de Hacienda no apareció en ninguna de las fotos oficiales. Para el gobierno, Prat Gay no había participado de la gira.
El propio González Fraga se había encargado de exponer las tensiones en el área económica del gobierno blanqueando las críticas a al ala ortodoxa del gobierno representada por Federico Sturzenegger. "Juegan a la ortodoxia, a no intervenir, pero hay que hacerle sentir en la billetera la posibilidad de perder a quien especula", afirmó el economista que pondera un dólar que no sobrepase los $15.
El economista, padrino político del ministro, cuestionó en público la comunicación de Macri.
La interna entre Marcos Peña y Alfonso Prat Gay dentro del gabinete de Mauricio Macri tuvieron esta semana otro episodio de fricción cuando el economista Javier González Fraga cuestionó en público la política comunicacional del Jefe de Gabinete.
En las jornadas ‘Experiencia Forrajera’ organizadas por CLAAS Argentina, González Fraga, padrino político del ministro de Hacienda, cuestionó -sin mencionarlo- a Peña por la comunicación del gobierno respecto de las políticas de importaciones.
“Yo dije que era crítico del gobierno y esta es una de las cosas principales cosas en las que soy crítico. Y que no tiene tanto que ver con el gobierno, sino con la comunicación del gobierno”, dijo el economista radical (Ver minuto 42:15 del video).
“Siguen existiendo los permisos previos de importación o las declaraciones no automáticas. Hoy no se puede importar cualquier cosa si el gobierno no lo autoriza. El gobierno mantuvo las restricciones. Por eso yo lo que critico es que no lo ha sabido comunicar”, agregó.
Pero incluso fue más allá. “Lo critico al gobierno porque no ha sido claro en su política. No estamos volviendo a los ‘90. Conozco bien a Prat Gay y a todo su equipo. Esto es un tema donde el gobierno debería tener un discurso mucho más claro. Yo tengo confianza que esto es un error de comunicación”.
González Fraga no está sólo en la crítica, que incluso se escucha cada vez mas fuerte puertas adentro del gabinete. De hecho, atribuir a la mala comunicación del Gobierno los evidentes desajustes políticos a la hora de coordinar el ajuste, empieza a ganar consenso, incluso entre aquellos que acompañar el rumbo de manera más o menos general, como el economista Roberto Cachanosky.
Como sea, las tensiones entre Prat Gay y Marcos Peña se visibilizaron a mediados de enero, cuando el ministro convocó por las suyas a una conferencia de prensa para anticipar todo el programa de gobierno sin estar acompañado de Macri.
La jugada envenenó a Peña, que se encargó una semana más tarde de invisibilizarlo de la gira junto a Macri por el Foro Económico de Davos. El ministro de Hacienda no apareció en ninguna de las fotos oficiales. Para el gobierno, Prat Gay no había participado de la gira.
El propio González Fraga se había encargado de exponer las tensiones en el área económica del gobierno blanqueando las críticas a al ala ortodoxa del gobierno representada por Federico Sturzenegger. "Juegan a la ortodoxia, a no intervenir, pero hay que hacerle sentir en la billetera la posibilidad de perder a quien especula", afirmó el economista que pondera un dólar que no sobrepase los $15.
Feliz cumpleaños, Laurita: El insólito tuit de Alonso en el que se quejaba de la inflación
Casi exactamente un año atrás, la titular de la oficina Anticorrupción se quejaba de la inacción del Gobierno ante la inflación. Leé el insólito mensaje en la red social Twitter.
Mientras el Gobierno anuncia tarifazos para servicios básicos como luz, gas, agua y transporte, un memorioso rescató del arcón de los recuerdos un tuit que revela, cuanto menos, un doble estándar en una de las “figuritas” del PRO: Laura Alonso.
Las redes sociales lo confirman: hace casi exactamente un año, la titular de la Oficina Anticorrupción –que deberá investigar si el presidente Mauricio Macri recibió “dádivas” del magnate robalagos Joe Lewis-, se quejaba por la supuesta inacción del gobierno de Cristina Kirchner ante la inflación.
“Si la leche está cara, no compren. Si todo está caro, no coman, no se vistan, no respiren. El gobierno frente a la inflación? Bien, gracias”, escribía un 4 de abril la por entonces diputada nacional del PRO.
A casi un año de esa declaración, el archivo le da una valiosa lección a la funcionaria de Cambiemos: Que los tiempos cambian vertiginosamente, pero la memoria permanece.
Vidal volvió a poner dólares para salvar al Central y enfureció a los intendentes
El Banco Provincia hizo su aporte, junto al Central y al Nación, para contener la suba del dólar. Hace 15 días Economía liquidó sus dólares en función de la estrategia de Sturzenegger. Hay enojo en intendentes massistas.
A pesar de haber declarado que la Provincia está en bancarrota, la administración de María Eugenia Vidal sigue invirtiendo en función de las necesidades del Banco Central. En las últimas horas, el Banco Provincia hizo su aporte a una bolsa de 400 millones de dólares, junto al Central y al Nación, para evitar una disparada de la divisa estadounidense.
El matutino Ámbito Financiero remarcó que volvieron a "aparecer órdenes de venta del Banco Provincia, que prácticamente abastecieron y equilibraron el mercado ya que la oferta de exportadores sigue siendo escasa para la demanda de bancos y empresas".
La jugada no es nueva. El 16 de marzo, la Provincia vendió al central una parte de los 1.250 millones que ingresaron vía endeudamiento, por el cual se pagará una tasa de 9.125 por ciento. Esa vez fueron unos 500 millones que Buenos Aires vendió barato y el central vendió caro más tarde, lo cual le permitió equilibrar el precio del dólar, en esa oportunidad para que subiera.
Estos malabares financieros de la Provincia empiezan a hacer mella en la relación con los intendentes, que esperan tomar una tajada de los intereses y ganancias que obtiene. Ayer, la plana mayor del Frente Renovador puso el foco en esa operatoria.
El intendente de San Fernando exigió “a Provincia la plata de los Municipios que se destinó en el presupuesto bonaerense a las obras públicas ya que vemos que parte del dinero que llegó se puso en Letras del Banco Central (Lebac) y plazos fijos. El interés que se genera es de los Municipios”.
Stiglitz: "el acuerdo de Argentina con los buitres es una noticia terrible para el mundo"
STIGLITZ Y GUZMAN ANALIZARON LAS IMPLICANCIAS DEL ACUERDO BUITRE
“Es una noticia terrible”
El investigador argentino y el ganador del Premio Nobel de Economía de 2001 advirtieron en un artículo de The New York Times que el pago a los fondos buitre pone en riesgo futuros procesos de reestructuración de deuda soberana.
“La resolución del juicio más complejo de la historia entre un país, Argentina, y sus acreedores, los fondos buitre, es una noticia excelente para un grupo de inversores muy bien conectados y terrible para el resto del mundo, especialmente, aquellos países que enfrenten crisis de deuda en el futuro”, sentenciaron los economistas Martín Guzmán y Joseph Stiglitz. El investigador argentino y el ganador del premio Nobel de 2001 advirtieron en un articulo de opinión publicado en el diario The New York Times que el pago a los fondos buitres pone en riesgo futuros procesos de reestructuración de deuda soberana: “¿Por qué un tenedor de bonos aceptaría una quita si pueden esperar y obtener retornos exorbitantes por una pequeña inversión?”, señalaron en el texto publicado ayer en Estados Unidos. Reclamaron retomar en Naciones Unidas la discusión consagrada el año pasado con la aprobación de los nueve principios básicos sobre reestructuraciones de deuda soberana y avanzar en el diseño de un marco internacional que regule esos procesos.
En “Cómo chantajearon a la Argentina los hedge funds”, Guzmán y Stiglitz ponderan la dura negociación que permitió normalizar el 92,4 por ciento de los pasivos y destacan que esa decisión le permitió al país recuperar un sendero de crecimiento económico. “En cierta forma, Argentina es un caso aparte. El país negoció agresivamente preparando el escenario para una recuperación espectacular: entre 2008 y 2008, hasta que estalló la crisis financiera global, el país creció al 8 por ciento anual en promedio mientras que el desempleo cayó al 7,8 por ciento desde más del 20 por ciento”, señalan los economistas.
A lo largo del artículo no cuestionan el acuerdo donde el gobierno de Mauricio Macri reconoció a los buitres una rentabilidad que estimaron del 1180 por ciento, “algo similar a los términos que estableció el juez Thomas Griesa”, pero sí lamentan las implicancias globales de esa resolución. “El pago de Argentina a los buitres implicará un precio muy elevado para el sistema financiero internacional ya que alentará a otros fondos a convertirse en holdouts volviendo virtualmente imposibles la reestructuraciones de deuda”, explican los profesores de la universidad de Columbia en Nueva York.
En ese sentido, recurren a la experiencia histórica para evidenciar que, a la hora de renegociar, “con consecuencias devastadoras, la mayoría de los países se ven intimidados por sus acreedores y aceptan lo que les demandan”. De acuerdo a las cifras presentadas por Guzmán y Stiglitz, el 52 por ciento de las reestructuraciones de deuda soberana desde 1980 fueron seguidas por una segunda reestructuración o, directamente, un default a los cinco años. El ejemplo más reciente que citan es Grecia: “Reestructuró su deuda en 2012 y a los pocos años necesita desesperadamente un nuevo alivio”, sostienen al referirse a la experiencia helénica.
Los investigadores acuñaron el año pasado el término Griesafault para referirse, con mayor precisión, a la situación de tensión creada por las decisiones del magistrado neoyorquino Thomas Griesa a mediados de 2014 ya que entendían que el país era forzado a incumplir con sus obligaciones. “El juez les dio a los buitres el arma que necesitaban: o bien Argentina les pagaba o el país incumplía con sus acreedores, arruinando el acceso al crédito en el futuro y amenazando su recuperación”, sostienen Stiglitz y Guzmán.
Los nueve principios básicos aprobados en septiembre de 2015 en las Naciones Unidas fortalecieron la línea de defensa de los países y sus acreedores genuinos contra el agujero negro existente en materia de resolución sustentable de las crisis de deuda. Fue el puntapié inicial para un extenso proceso impulsado por Argentina y los miembros del G77 más China que buscaba restringir el margen de maniobra para los fondos buitre, legitimar el derecho de los países para encarar reestructuraciones de deuda que les permitan volver a crecer y seguir pagando sus obligaciones y garantizar que los inversores de buena fe no se vean afectados por el accionar carroñero del sistema financiero internacional. Con esos lineamientos, la meta es crear un marco jurídico global que ofrezca reglas claras para resolver los problemas asociados al endeudamiento excesivo.
La propuesta se aprobó con 136 votos a favor, 6 negativos y 41 abstenciones. Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, Israel y Canadá son los miembros de del poderoso pero reducido bloque opositor. “Como son las principales jurisdicciones para la colocación de deuda soberana los principios no serán muy efectivos”, advierten Stiglitz y Guzmán. “Muchos países tienen leyes de quiebras pero no existe un marco equivalente para las quiebras soberanas, ni siquiera algo remotamente parecido. Las Naciones Unicas tomaron la delantera para llenar este vacío”, destacan el ganador del premio Nobel y el economista argentino, ambos activos miembros de los equipos de especialistas que acompañaron la discusión en la ONU.
“Es común escuchar la frase ‘riesgo moral’ cuando se analiza a los países con crisis de deuda como Grecia o Argentina. Riesgo moral refiere a la idea que permitirle a los países (o compañías o personas) que renegocien y reduzcan sus deudas solo refuerza el comportamiento derrochador que los llevó a endeudarse en primer lugar. Es mejor que el deudor enfrente la desaprobación y duras consecuencias”, explican los economistas al referirse a la visión dominante del establishment financiero contra las reestructuraciones exitosas como la argentina. Sin embargo, Guzmán y Stiglitz advierten que “el acuerdo de Argentina revirtió el riesgo moral recompensando a inversores por pequeñas apuestas y cosechar enormes beneficios”.
AGUA 375% GAS 300% y siguen
Espere las facturas con la chequera a mano
El fuerte ajuste tarifario, que empezó con la electricidad, les tocó ayer al gas y el agua, con subas superiores al 300 por ciento. En los consumos más bajos de gas el incremento puede llegar a superar el 500 por ciento.
El Ministerio de Energía y Minería oficializó el incremento de las tarifas del servicio de gas domiciliario distribuido por redes, que promediará un 300 por ciento para los usuarios residenciales y llegaría al 1700 por ciento para las pequeñas y medianas empresas, con vigencia a partir de ayer. A su vez, el director general de AySA, Martín Heinrich, confirmó ayer que el aumento tarifario en el servicio de agua para su área de prestación (Ciudad Autónoma y conurbano) será del “216,6 por ciento en general”, con un máximo del 375 por ciento. En ambos casos se contempla la aplicación de una “tarifa social” para sectores de menores ingresos o con mayor grado de vulnerabilidad: jubilados o pensionados con ingresos de hasta dos veces el haber mínimo; empleados que perciben una remuneración bruta de hasta dos salarios mínimos; los titulares de programas sociales y quienes estén inscriptos en el régimen de monotributo social.
El fuerte incremento de las tarifas de gas y de aguas sucede al ya contundente aumento de las tarifas de electricidad a principios de año (vigente desde el 1º de febrero). En todos los casos, la consideración hecha por el gobierno nacional es la necesidad de reducir los subsidios a cargo de fondos fiscales y que estas tarifas han permanecido congeladas durante largos años. Por eso, en vez de tarifazo, los funcionarios hablan de “normalización” de los valores. Sin embargo, el impacto de estos aumentos, sumados a los del transporte, sobre los hogares más humilde es significativo.
Al igual de lo que en su momento se resolvió para el servicio eléctrico residencial, la facturación del suministro de gas seguirá siendo bimestral, pero los usuarios del servicio podrán optar por hacer el pago a la distribuidora en forma mensual. La decisión de mover los precios del gas para los tres segmentos del sistema (producción, transporte y distribución) se implementó a través de tres resoluciones, una de las cuales (la 31/2016) instruye al Enargas para que “efectúe una adecuación transitoria” en el marco de la denominada “revisión tarifaria integral”. La Resolución 28/2016, a su vez, señala en sus considerandos que “para promover inversiones en exploración y explotación de gas natural, a fin de garantizar su abastecimiento y de emitir señales económicas claras y razonables, resulta necesario implementar un nuevo esquema de precios del gas natural” por cuenca, para el fluido “de uso exclusivo para consumo residencial y comercial”, Por último, la Resolución 34/2016 establece los nuevos precios “en punto de ingreso al sistema de transporte, por cuenca de origen”, al gas natural para abastecimiento de las estaciones de servicio proveedoras de GNC (ver nota aparte). Las tres resoluciones mencionadas fueron publicadas en el Boletín Oficial de ayer.
Aunque los nuevos cuadros tarifarios serán dados a conocer y publicados por el Enargas, las autoridades del sector estimaron que el aumento promedio rondará el 300 por ciento. En medios especializados, en tanto, se estimó que en algunos sectores en particular la incidencia será muy superior. En un artículo publicado ayer por el portal El Inversor Online, se señala que los usuarios R1 (consumos inferiores a 500 metros cúbicos anuales) y R2, que consumen entre 500 y 1000 metros cúbicos al año, “pagarán por el gas 525 por ciento más”. El mismo informe recuerda que, “a diferencia del agua, la categoría de usuarios para el gas no se da por la zona (de residencia), sino por el nivel de consumo anual”. Así, para los usuarios de la categoría R3 (consumo anual de más de 1000 metros cúbicos), se calcula que “la suba del gas oscilará entre el 178 y 375 por ciento”.
Agrega la publicación que las pequeñas y medianas empresas que permanecen bajo el régimen de suministro por distribuidora, en la categoría SGP 1, 2 y 3) son las más afectadas por el aumento, ya que la suba del precio del gas que deberán afrontar alcanza hasta el 1700 por ciento (multiplica el valor de la factura por 18). El nuevo cuadro de tarifas a nivel de cuencas contempla, sin embargo, un régimen de premios para aquéllos que reduzcan su consumo respecto del mismo período del año anterior. Así, se fijan valores inferiores para quienes presenten un ahorro de consumo entre el 5 y el 20 por ciento, o de más del 20 por ciento, siempre comparando el último bimestre que se considere con el mismo período del año anterior. Los descuentos sobre el valor producto puede alcanzar hasta el 50 por ciento del valor del mismo. Vale recordar que el costo del gas en sí constituye una porción menor del total de la factura. Por lo tanto, la incidencia de aquel descuento en muy inferior.
En lo que se refiere a la tarifa del agua corriente, Heinrich, de AySA, eludió dar mayores precisiones dado que “el sistema tarifario es bastante complejo, porque está asociado con el tamaño de la propiedad”, Sin embargo, admitió que el aumento máximo puede alcanzar al 375 por ciento. “Lo importante es señalar que esto, más que un aumento, es un proceso de normalización tarifaria: hoy Buenos Aires (área metropolitana) paga una cuarta parte de lo que se paga en el resto del país”, indicó, reiterando el concepto que intenta imponer el gobierno nacional para evitar la alusión a un tarifazo.
El director general de AySA subrayó que “la propuesta de sistema de tarifa social” que se pondrá en marcha en esta oportunidad, destacando que “es un sistema automático de subsidio a quien no lo puede pagar, a la persona y no al hogar, en función de su real capacidad de pago, en función de un ingreso familiar de dos haberes mínimos”. Agregó Heinrich que “el sistema va a ser muy sencillo, con la primera factura ya va a estar disponible el sistema en Internet”.
Sergio Massa, sobre los tarifazos: "Entraron al quirófano con una motosierra"
El diputado y líder del Frente Renovador cuestionó los aumentos en agua, gas y transporte de más del 100 por ciento
El diputado nacional y líder del Frente Renovador Sergio Massa sostuvo hoy que con los recientes aumentos de tarifas en servicios públicos y transporte, lo que hizo el Gobierno fue "entrar a un quirófano con una motosierra".
Massa señaló que "se está afectando el poder de compra de la gente" con los aumentos anunciados, lo que implica –según consideró– que "tenemos salarios viejos con precios nuevos". En declaraciones periodísticas, el diputado nacional indicó también que "es el bolsillo de cada argentino el que sostiene nuestra economía. Lo que hicieron con este aumento de tarifas fue entrar a un quirófano con una motosierra".
Además, destacó que "el aumento de tarifas lo sufre el bolsillo del trabajador, no es la forma y genera más inflación". Massa advirtió que "irrita al trabajador que haya tanta tensión para resolverle el impuestos a las ganancias y después a las minerías se les saquen las retenciones. Hay que cuidar el trabajo y hay que mejorar los salarios".
Por ello exhortó a que "controlemos a los empresarios que son formadores de precios, si no, siempre termina pagando el laburante. El Gobierno tiene que saber que en nosotros va a tener el apoyo
para controlar estos sectores".
El diputado nacional y líder del Frente Renovador Sergio Massa sostuvo hoy que con los recientes aumentos de tarifas en servicios públicos y transporte, lo que hizo el Gobierno fue "entrar a un quirófano con una motosierra".
Massa señaló que "se está afectando el poder de compra de la gente" con los aumentos anunciados, lo que implica –según consideró– que "tenemos salarios viejos con precios nuevos". En declaraciones periodísticas, el diputado nacional indicó también que "es el bolsillo de cada argentino el que sostiene nuestra economía. Lo que hicieron con este aumento de tarifas fue entrar a un quirófano con una motosierra".
Además, destacó que "el aumento de tarifas lo sufre el bolsillo del trabajador, no es la forma y genera más inflación". Massa advirtió que "irrita al trabajador que haya tanta tensión para resolverle el impuestos a las ganancias y después a las minerías se les saquen las retenciones. Hay que cuidar el trabajo y hay que mejorar los salarios".
Por ello exhortó a que "controlemos a los empresarios que son formadores de precios, si no, siempre termina pagando el laburante. El Gobierno tiene que saber que en nosotros va a tener el apoyo
para controlar estos sectores".
Micheli: “El único camino ante estos ajustes brutales es estar unidos”
El secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos autónoma (CTA), Pablo Micheli, dijo hoy que “el único camino ante estos ajustes brutales es estar unidos” en referencia a la reunificación de las centrales sindicales y las subas de tarifas anunciadas esta semana.
“Estar unidos es el único camino frente a los despidos y los tarifazos brutales que afectan al bolsillo de los trabajadores, además de los incumplimientos de promesas de campaña”, especificó el dirigente en declaraciones a radio Diez.
Micheli ejemplificó con “la situación de los jubilados que tienen ingresos miserables sin que se concrete el 82 por ciento móvil” y la “no mejora de las escalas en Ganancias”. “Nosotros vimos lo que iba a suceder, algunos otros compañeros no lo habían visto y lo están viendo ahora, así que estamos unidos buscando respuestas y no vamos a abandonar la calle en esta búsqueda”, advirtió Micheli.
El dirigente evaluó que “vamos camino a un conflicto social” y que el movimiento obrero está “pensando en realizar acciones sociales” junto con asociaciones de consumidores como la prevista para el próximo 7 de abril donde convocaron a “no comprar ningún producto en los hipermercados con el fin de poner un freno a los formadores de precios y demostrar al gobierno que hay jornadas de protesta”. Asimismo, recordó que “el 15 de abril estamos pensando en una acción movilizatoria contra los despidos, camino a otra acción que se hará antes de fines de abril”, finalizó Micheli.
Toty Flores: "el conflicto social puede llegar a ser violento"
Ex aliado de Carrió alerta que "el conflicto social puede llegar a ser violento"
Flores afirmó que está "preocupado".
El excandidato a vicepresidente de Elisa Carrió y dirigente social en La Matanza, Héctor "Toty" Flores dijo que estar "muy preocupado porque los ajustes" y advirtió que "el conflicto social puede llegar a ser violento".
En diálogo con el programa "Levantado de 10" por Radio 10, el exaliado de Carrió consideró que el ajuste tarifario se está haciendo de un modo "brutal". Con relación a los aumentos, recordó que el Gobierno había dicho "que esto no iba a pasar".
"Estoy muy preocupado porque los ajustes que eran necesarios se está haciendo de una manera brutal", sostuvo Flores y agregó que "genera muchísima angustia en la gente".
"Quienes creyeron que esto no iba a suceder ahora se pueden sentir traicionados", enfatizó Flores sobre la posibilidad de un conflicto social y sostuvo que "la forma de hacer los aumentos ha sido equivocada".
"La idea de que lleguen las inversiones genera muchas dudas", analizó respecto a la hipótesis del Gobierno de que una vez que se "sincere" la economía van a venir los desembolsos en el sector privado.
Flores afirmó que está "preocupado".
El excandidato a vicepresidente de Elisa Carrió y dirigente social en La Matanza, Héctor "Toty" Flores dijo que estar "muy preocupado porque los ajustes" y advirtió que "el conflicto social puede llegar a ser violento".
En diálogo con el programa "Levantado de 10" por Radio 10, el exaliado de Carrió consideró que el ajuste tarifario se está haciendo de un modo "brutal". Con relación a los aumentos, recordó que el Gobierno había dicho "que esto no iba a pasar".
"Estoy muy preocupado porque los ajustes que eran necesarios se está haciendo de una manera brutal", sostuvo Flores y agregó que "genera muchísima angustia en la gente".
"Quienes creyeron que esto no iba a suceder ahora se pueden sentir traicionados", enfatizó Flores sobre la posibilidad de un conflicto social y sostuvo que "la forma de hacer los aumentos ha sido equivocada".
"La idea de que lleguen las inversiones genera muchas dudas", analizó respecto a la hipótesis del Gobierno de que una vez que se "sincere" la economía van a venir los desembolsos en el sector privado.
Se oficializó el aumento en la tarifa de gas con subas de 300 por ciento
El ministro de Energía justificó la decisión por la "tarifa baja" establecida en el Gobierno anterior. Aseguró que aumentó la demanda y se no puede cubrir "con producción local".
El Gobierno nacional oficializó hoy la suba en las tarifas de gas que alcanzan el 300 por ciento promedio y aseguró que la decisión se tomó porque "era baja" durante el Gobierno anterior y se refirió a la "herencia" del kirchnerismo.
La medida incluye la tarifa social, descuentos para quienes ahorren el 15 por ciento de su consumo y habilita el pago mensual de las boletas aunque la facturación continuará siendo bimestral. La resolución 34/2016 del Ministerio de Energía y Minería, fue publicada hoy en el Boletín Oficial, con la frma del ministro Juan José Aranguren.
"Debido a que la tarifa ha sido baja, ha aumentado la demanda y hoy no la podemos satisfacer con producción local", justificó el funcionario en declaraciones a radio Mitre y aludió a "la herencia" que dejó el anterior gobierno.
El Gobierno nacional oficializó hoy la suba en las tarifas de gas que alcanzan el 300 por ciento promedio y aseguró que la decisión se tomó porque "era baja" durante el Gobierno anterior y se refirió a la "herencia" del kirchnerismo.
La medida incluye la tarifa social, descuentos para quienes ahorren el 15 por ciento de su consumo y habilita el pago mensual de las boletas aunque la facturación continuará siendo bimestral. La resolución 34/2016 del Ministerio de Energía y Minería, fue publicada hoy en el Boletín Oficial, con la frma del ministro Juan José Aranguren.
"Debido a que la tarifa ha sido baja, ha aumentado la demanda y hoy no la podemos satisfacer con producción local", justificó el funcionario en declaraciones a radio Mitre y aludió a "la herencia" que dejó el anterior gobierno.
Industriales advierten que se perderán "200 mil empleos" si no se toman "medidas urgentes"
Lo dijo el secretario de la UIA y aseguró que en el Ministerio de Energía "se quieren suicidar" con los recientes incrementos de tarifas. Reclaman medidas "rápidas" y sostienen que en este semestre la tendencia "es muy dura".
El sector industrial advirtió hoy al Gobierno nacional que si no se toman "medidas rápidas" se pueden perder hasta "200 mil puestos de trabajo" y aseguró que la tendencia para este semestre "es muy dura".
"Si no hay algunas medidas rápidas, las pérdidas (de empleo) en el sector industrial van a ocurrir. Se pueden perder muy rápidamente entre 100 y 200 mil puestos de trabajo", aseguró el ecretario de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Sacco. El dirigente opinó, además, que en el Ministerio de Energía, "se quieren suicidar", por la cantidad de aumentos a las tarifas.
Tras la reunión de ayer de UIA con el ministro de Producción, Francisco Cabrera, al que le plantearon su situación, explicaron que el sector viene en caída desde 2011 y que la tendencia para este primer semestre del año "es muy dura". Muchas empresas "están entrando en situación de crisis por el impacto de esos aumentos y por la caída de la producción, que se están dando a la vez", agregó Sacco en declaraciones a Radio 10.
“Hay que parar este ajuste”
El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, dijo que habrá “una reacción del movimiento sindical en su conjunto” si el presidente Mauricio Macri planea seguir con “este ajuste a garrotazos y sin anestesia”. El docente se mostró preocupado por los despidos y aseguró que el problema es “gravísimo” ya que “si no hay trabajo, todo lo demás se cae”.
Yasky indicó que hay acuerdo de las cinco centrales obreras para buscar la sanción de “la emergencia ocupacional” y “que se prohíban por un lapso de tiempo los despidos” a través de un mecanismo legal.
“Hay que pararlo porque está produciendo un daño social enorme y si la idea es seguir aplicando este ajuste a los garrotazos y sin anestesia, va a tener una reacción del movimiento sindical en su conjunto”, agregó el dirigente sindical que formó parte de la mesa que esta semana se reunió con diputados de la oposición y la semana que viene hará lo propio en la Cámara de Senadores.
Además, cuestionó que “está habiendo un ingreso selectivo que tiene que ver con la decisión del Gobierno de echar a los que ellos suponen que no los votaron y utilizan al Estado para ingresar partidarios propios”. Finalmente, al ser consultado por la posibilidad de que los dos sectores que se escindieron de la CTA vuelvan a unirse, aseguró: “Estamos caminando paulatinamente hacia eso”.
El final de la luna de miel
Los dirigentes de las tres CGT y las dos CTA llevarán la próxima semana a la Cámara alta los proyectos para frenar los despidos y modificar Ganancias que anteayer presentaron en Diputados. Los Moyano salieron ayer a marcar diferencias con el Gobierno.
La luna de miel entre Mauricio Macri y los sindicatos que acompañaron su postulación a presidente parece estar llegando a su fin. El último miércolos los dirigentes de las cinco centrales sindicales coincidieron con todos los sectores de la oposición en la Cámara de Diputados, una imagen que se repetirá la semana que viene en el Senado. La invitación a los líderes de las tres CGT y las dos CTA a que expongan ante los senadores sus iniciativas para frenar los despidos y modificar el impuesto a las Ganancias se da en medio de una escalada verbal de dirigentes gremiales de todo el espectro político que registra niveles inéditos desde la llegada de Macri al Gobierno.
Veinticuatro horas después de que Hugo Moyano, Antonio Caló, Luis Barrionuevo, Hugo Yasky y Pablo Micheli asistieran a la Cámara de Diputados para plantearle a todas las bancadas de la oposición proyectos para prevenir despidos y modificar la escala del impuesto a las Ganancias, los cinco fueron convocados por la comisión de Trabajo y Previsión de la Cámara alta para que el próximo miércoles expongan sus iniciativas ante los senadores.
En los últimos días, además, el clima de cooperación entre el Gobierno nacional y los sindicatos se deterioró súbitamente, incluso con aquellos sectores gremiales que apoyaron la campaña de Mauricio Macri y tuvieron buena relación con el Presidente hasta hace pocas semanas. Todo el arco sindical, desde los Moyano hasta Hugo Yasky, se puso en guardia ante los aumentos de tarifas, la demora en el cierre de paritarias y el recrudecimiento de los despidos.
El encuentro en el Senado fue organizado por el titular de la comisión de Trabajo y Previsión el pampeano Daniel Lovera (PJ) y tendrá lugar el miércoles desde las cuatro de la tarde en el Salón Illia del Congreso. Allí fueron invitados nuevamente Moyano, Caló, Barrionuevo, Yasky y Micheli para plantear los proyectos que lograron consensuar y que esta semana ya presentaron ante los diputados: una de “emergencia laboral” para evitar más despidos en los sectores públicos y privado, a la luz de los más de cien mil puestos de trabajo recortados en los últimos meses; y otra para afrontar una reforma de fondo a la estructura de alícuotas del impuesto a las ganancias.
En paralelo, la relación entre el movimiento sindical y el gobierano se sigue erosionando. Ayer el diputado del Frente Renovador Facundo Moyano, y su hermano Pablo, secretario adjunto del gremio de Camioneros, apuntaron simultáneamente contra la administración PRO, advirtiendo el fin de la luna de miel con las nuevas autoridades del país, a cuatro meses de haber asumido. “Con la mayoría de los gremios entrando en paritarias, va a haber movilizaciones, paros, protestas callejeras. Con la inflación, el impuesto a las Ganancias, y ahora con el anuncio del aumento del transporte, va a haber más bronca de la gente”, dijo Pablo Moyano.
El dirigente de Camioneros –que ayer se movilizó por un conflicto con una cadena de supermercados– aseguró que ve con “suma preocupación” la situación de los despidos en los sectores público y privado y que “sumado a la inflación, y que el Gobierno no ha decidido todavía el tema del impuesto a las Ganancias, creo que va a haber reacciones de los distintos gremios”, aseguró. “Por eso la necesidad de la unidad” de la CGT “para el mes de agosto”, cuando se renueven las autoridades de la central, “para de una vez por todas zanjar las diferencias, y salir a la calle a defender todo esto que estamos diciendo”, agregó.
Por su parte, su hermano Facundo criticó al Gobierno por sostener “una agenda que privilegia a los sectores más concentrados de la economía”. El legislador massista dijo que seguirá marcando sus diferencias con el Gobierno “en la medida que sigan tomando medidas contra los sectores más postergados y sigan beneficiando a los pudientes de la economía”.
Intendentes del PJ advierten signos de conflictividad social
Héctor Medina
Los dichos de Espinoza levantaron polvareda dentro y fuera del PJ.
La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal cuestionó las declaraciones del presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Fernando Espinoza, quien afirmó que “si explota el Conurbano, salta (el presidente, Mauricio) Macri y a la gobernadora le va a costar”, y aseguró que ese mensaje “no es lo que recibo de la inmensa mayoría de los intendentes del Frente para la Victoria”.
“Si quiso ser una amenaza no tuvo ninguna efectividad, yo estoy convencida del camino que tomamos, que es un camino que apuesta a la dignidad de la gente” dijo Vidal en una entrevista con Canal 13, en referencia a las declaraciones del ex intendente de La Matanza en una reunión de intendentes peronistas en el municipio de Bolívar, del que participó en su carácter de máxima autoridad del PJ bonaerense.
Pero Espinoza redobló la apuesta y en un comunicado aseguró que “en muchos lugares del conurbano hay gente que ya está pidiendo comida, cosa que no se veía desde el 2005”.
En este sentido, recalcó que si lo que dijo “suena fuerte, más fuerte es la realidad de lo que pasa en el conurbano” y sostuvo que como dirigente político su deber “es advertir lo que va a pasar si no se corrige el modelo económico”.
“El gobierno debe retrotraer los tarifazos en la luz, el gas, el transporte y los combustibles y en los despidos”, dijo y resaltó que la “socia” de Cambiemos, Elisa Carrió “coincidió conmigo y no comparte el ajuste que está llevando a cabo el gobierno al que los llama brutales”.
Fuentes que participaron del encuentro de intendentes aseguraron a BAE Negocios que la mayor parte de los jefes comunales no estaba de acuerdo con la frase de Espinoza. Como el intendente de Carmen de Areco, Francisco Duranona, que recalcó que “los intendentes tenemos que garantizar la gobernabilidad, nos guste o no nos guste”. Y cuestionaron que tras la frase del matancero pasó desapercibido el hecho de que fue la primera reunión de intendentes que congregó a representantes de todas las líneas internas del PJ. Encuentro que se repetirá el mes próximo posiblemente en la localidad de Roque Pérez.
Pero en cambio sí coincidían en la aparición de signos preocupantes en distintos distritos: vecinos que acuden a las sedes municipales a pedir guardapolvos, útiles escolares o leche, reclamos que hace diez años no se veían. Y recalcaban que la ola de despidos empieza a hacerse sentir: “cuando la gente pierde el trabajo lo primero que deja de pagar son las contribuciones municipales; además, al perder la obra social van a parar al hospital de la zona, con lo que aumenta la presión sobre el municipio, que además debe afrontar la suba de la electricidad, el combustible, los servicios”.
Ayer, la actual intendenta de La Matanza, Verónica Magario, puso blanco sobre negro el diagnóstico. “Estamos viendo una situación social compleja, en La Matanza no hay obras o están paradas y tendremos hacia fin de año una pérdida del 33% de los puestos de trabajo”, subrayó en una entrevista radial.
Por su parte, el jefe comunal de Berazategui, Patricio Mussi, alertó que “empezamos a tener una baja en la recaudación y nos puede traer un problema para pagar los sueldos. Si pasa eso, el Gobierno nacional va a tener un gravísimo problema en dos o tres meses cuando directamente no se pueda sostener el estallido social de más abajo”.
El problema de Macri y su doctrina del shock: la crisis anterior que no fue
Por Alejandro Bercovich
A los polleros los costos locales subieron 270% y por eso volvieron a importar carne aviar.
-Yo soy un técnico, no un político. Este tipo de inquietudes son para el Presidente. Lo que puedo hacer es preguntarle a él y responderles.
Anochecía el lunes en la City porteña. Un parco y algo irritado Juan José Aranguren cortó en seco con esa frase al gobernador santafesino Miguel Lifschitz apenas terminó de explicarle la crisis que sacude a la industria de su provincia tras el tarifazo eléctrico mayorista que la compañía EPE debió trasladar a los usuarios.
Ingeniero como él, Lifschitz llevaba consigo copias de las facturas que llegaron a la fábrica de herramientas Bahco, que pasó de pagar $228.000 a $612.000 bimestrales tras el aumento, de la usina láctea Milkaut, cuya boleta saltó de $1,8 millón a $5,1 millones, y del frigorífico Recreo, que vio trepar su costo eléctrico de $298.000 a $944.000. Para evitar despidos y suspensiones masivas, el mandatario venía a proponerle que la Nación le devuelva a Santa Fe los $953 millones que invirtió la EPE en obras en los últimos años, para financiar con esos fondos un traslado gradual de los incrementos.
El ministro de Energía ya había escuchado una semana antes un planteo similar del presidente de la Unión Industrial, Adrián Kaufmann, para el que tampoco tuvo respuesta. Ayer, en un amable almuerzo en su sede con todo el equipo de Pancho Cabrera, la cúpula de la UIA en pleno se despachó a gusto contra el “ministro del Petróleo”, como llaman allí con sorna al exCEO de Shell, exponente del ala del gabinete que impuso el shock frente al gradualismo a la hora de aplicar el ajuste. Una página de la presentación desplegada en una pantalla gigante levantó un murmullo en el salón: si el tarifazo no se atenúa, corren peligro 39 mil empleos directos fabriles y 95 mil si se incluyen los de empresas de servicios asociados.
Al retirarse del viejo edificio de Avenida de Mayo y Lima, uno de los secretarios de Estado que acompañaron a Cabrera se arrimó a Kaufmann y le dijo en voz baja: “Ese cálculo de posible pérdida de empleos es conservador. A nosotros nos da un poco más”. Un dato preocupante tras los 100 mil empleos destruidos sólo en el primer trimestre del año y mientras el gremialismo avisa que “se terminó la luna de miel”, como hizo ayer el camionero Pablo Moyano.
El entrerriano Héctor Motta, dueño de una de las mayores feanadoras avícolas del país en pie tras el cierre de Cresta Roja, aprovechó el mismo almuerzo para advertir que sus galpones también corren riesgo tras el sinceramiento de precios relativos que favoreció a los productores de granos y cereales frente al resto de la economía. A los polleros y chancheros, eslabones iniciales de la agregación de valor agroindustrial, no sólo les subió la electricidad sino también el maíz, que ahora ya no paga retenciones. Sus costos locales subieron 270% y por eso volvieron a importar carne aviar de Brasil.
Modelos y modales
Si bien el establishment sigue encantado con los modales dialoguistas y la retórica modernizante de la administración Cambiemos, el embelesamiento empieza a ceder frente a realidades más acuciantes. Con los pagos de obras públicas paralizadas, cientos de industriales metalúrgicos dejaron de cobrar sus facturas a contratistas hace ya 120 días y no saben si en junio se prorrogará el reintegro del 14% para quienes producen bienes de capital. Sus costos energéticos saltaron de 4 a 9 centavos de dólar por kilowatt y ahora duplican a los de Estados Unidos o Brasil.
Por la crisis brasileña, para peor, las exportaciones industriales cayeron 40% en los últimos dos años. Pero el empleo se mantuvo, sostenido por el consumo interno y un gasto público que ahora empezó a recortarse con mucho pretendido gradualismo en los discursos pero bastante shock en las planillas. El nuevo problema, además de la aspiradora de pesos del Banco Central que jaquea al consumo y penaliza la inversión productiva con intereses del 40% anual, son los saldos que quedan sin vender al otro lado de la frontera, donde se producen siete veces más aluminio y cinco veces más automóviles que acá.
Las grandes empresas locales aún confían en que la astringencia monetaria es temporaria y creen que Federico Sturzenegger irá apagando la aspiradora apenas la recesión empiece a hacer el trabajo sucio de frenar la inflación, sobre fin de año. Se esperanzan también con financiarse más barato en el exterior luego del espaldarazo inapelable que recibió el pago a los fondos buitre en el Senado. En definitiva, es lo que les promete el Gobierno, del mismo modo que Marcos Peña les prometía en campaña que si ganaba Macri, el peronismo se dividiría.
Ser y parecer
El problema del macrismo para hacer pasar un shock de ajuste es la ausencia de una crisis previa. No de un estancamiento o una desaceleración como los registrados en la Argentina post-2011, sino de un estallido como el Rodrigazo, la hiperinflación o el 2001. Pablo Gerchunoff, antiguo asesor de Juan Vital Sourrouille y de José Luis Machinea, lo sintetizó esta semana con la claridad a la que obligan los 140 caracteres de Twitter: “En democracia plena nunca se pudo hacer con éxito un ajuste programado. Siempre se ajustó por caos. Siempre”.
Detallista historiador de la economía argentina y coautor de un libro de referencia en la materia junto al vice del Central, Lucas Llach, Gerchunoff dio en la tecla al manifestar su escepticismo respecto del plan de ajuste actual. A Macri le faltó el Rodrigazo que hizo digerible el “sinceramiento” de Martínez de Hoz, mientras la represión ilegal acallaba las protestas que no ahogaba el hartazgo por aquel descalabro económico previo.
Si el caos previo no existió esta vez, la única alternativa a mano es fabricarlo. Y si los números del propio INDEC patean en contra, como ocurrió esta semana con la admisión oficial de que la economía creció un 2,1% en 2015, lo que queda es agigantar otros defectos reprochables del predecesor, como la corrupción. Por eso no extraña que el joven Llach haya reproducido en su propia cuenta de Twitter un exabrupto de la Doctora Pignata (@drapignata), un personaje humorístico que anima desde las sombras otro joven, Pablo Pérez Correa, vocero del ministro Hernán Lombardi. “Que nunca más nos metan el verso de los derechos humanos para llevársela toda”, escribió la ‘Doctora’ junto a una imagen del hijo de Lázaro Báez contando fajos de billetes en la Rosadita. Una banalización del horror que quizá pueda permitirse un anónimo pero no alguien de la investidura de Llach.
Es el problema de la red social del pajarito: del mismo modo que vehiculiza epifanías como la de Gerchunoff, desnuda el pensamiento más íntimo de funcionarios que luego lamentan sus impulsos y borran esas expresiones que, en una democracia plena como la que disfrutamos, deberían costarle el puesto.
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