Tiempos decisivos en la CGT: tres campamentos en pugna


El tratamiento de la reforma laboral podría acelerar las definiciones en la central sindical


Las diferencias quedaron expuestas con la reforma previsional. El Gobierno pretende debatir en febrero los cambios a la legislación laboral, lo que llevará al máximo las tensiones. Tres grupos en pugna.




En la CGT todos hablan de unidad. Todos hablan de cambiar, de mejorar y corregir pero unidos. Sin embargo, la visión de país que tienen los principales actores y de cómo incidir en pos de ese imaginario termina por dividirlos. La prueba es el formato que hace más de un año los principales dirigentes encontraron para construir una imagen de unidad y que se expresó a través del triunvirato.

La sanción de la reforma previsional dejó expuesta esa división interna y disparó una serie de reuniones entre diferentes sectores y dirigentes que piensan una central obrera que, a mediano plazo, sea dirigida por un solo secretario general. Sin embargo, los tiempos parecen acelerarse con el anuncio del Gobierno de buscar en febrero la aprobación de la reforma laboral. Esa ley fungirá a modo de mojón decisivo para la transformación que declaman tres grandes grupos, heterogéneos y factibles de modificaciones, dentro de la CGT. Tres fracciones que saben que si permiten que predominen los intereses sectoriales la unidad sólo será una palabra hueca.

Buena parte de los secretarios generales de los sindicatos que integran el Consejo Directivo de la central obrera coinciden en señalar que el triunvirato “cumplió su ciclo” sin conseguir los objetivos deseados. La lista de yerros puede ser más o menos extensas según el interlocutor sindical. Una nómina que a veces se relativiza cuando el que habla no forma parte del Consejo Directivo pero que al mismo tiempo puede ser considerada válida cuando ese mismo dirigente y sus dirigidos pusieron, por ejemplo, el cuerpo en las movilizaciones de diciembre y hasta en ese paro que se declaró más por el atropello de la coyuntura que por la convicción.

El triunvirato y los que los respaldan tienen ante la reforma laboral dos caminos posibles. Esto implica dejar de lado lo consensuado con el Gobierno. El histórico edificio de Azopardo 802 no soportará una nueva derrota y los triunviros Juan Carlos Schmid, Carlos Acuña y Héctor Daer lo saben tanto como el resto del universo sindical. Por ahora hay tres sectores que pretenden evitar esa declinación:

 La renuncia a la secretaría de Interior de la CGT por parte de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), representada por Francisco “Barba” Gutiérrez, desató un cúmulo de conversaciones entre ese gremio y dirigentes de otros sindicatos tal vez pequeños en cuanto a cantidad de afiliados pero que suman y que son parte del Consejo Directivo. Acá también aportan dos grupos que forman parte de la CGT mas no de su conducción, como la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) y algunos integrantes del Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), como Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza). Los unifica la crítica a la estrategia “exageradamente dialoguista” del triunvirato y la convicción de que al gobierno de Cambiemos no se le puede permitir que avance “ni un tranco e’pollo”.

CGT combativa. Aseguran no ser “destituyentes” ni con el Gobierno ni con la CGT porque si bien apuestan al diálogo no se le puede “temer” a las herramientas que garantiza la Constitución: el derecho a huelga y a manifestarse. Este grupo, como los otros dos, no se caracteriza por la homogeneidad que en sí no es un disvalor en tanto esa condición no conspire contra el objetivo liminar de una central obrera. También tienen otro punto en común con los otros grupos y que solos o separados le otorgarán el mejor escenario que desea un gobierno liberal como el de Cambiemos.
CGT dialoguista. Acá participan los triunviros Acuña y Schmid que tras el cimbronazo del fallido paro aceptaron la propuesta de uno de los referentes de los Independientes, Gerardo Martínez (Uocra), de resucitar a sus padrinos sindicales, José Luis Barrionuevo y Hugo Moyano, para oxigenarse. Los recibió en su gremio acompañado de otro independiente, Andrés Rodríguez (UPCN) y dos hombres fuertes de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Omar Maturano (La Fraternidad) y Roberto Fernández (UTA). Estos últimos con diferente actuación en el paro. El primero se unió con Sasia y el señalero Enrique Maigua para acatar la huelga. El otro hizo decir que sí para luego hacer mutis por el foro y ordenar a su gremio desconocer la medida de fuerza. La presencia de Maturano en esa reunión es tan llamativa como su acercamiento a Sasia porque está distanciado de Moyano y como tal pugna por reemplazar a Schmid en la CATT y la coincidencia con Unión Ferroviaria habla de los laxos límites que tiene cada grupo. Acá también se habla de unidad aunque hacia fuera reiteran el respaldo al trío conductor. “El triunvirato tiene cuatro años de mandato”, repiten en público pero por lo bajo consideran que a lo sumo le quedan seis meses antes de volver a colocar en la punta de la pirámide cegetista a un solo secretario general pero “propio”. Se muestran dialoguistas y lo sazonan con una tibia firmeza a la hora de las declaraciones. Esto provoca, por ejemplo, descreimiento y pérdida de respeto hacia la figura de Moyano, cuyo gremio estuvo ausente en los aciagos días de la reforma previsional.

CGT statu quo. Acá militan los gordos. Es el grupo de pertenencia de Héctor Daer que no participó de la reunión que hizo la Uocra porque no querían una foto con figuras del pasado. Los gordos tienen a Daer como un posible conductor de la central obrera pero por más fuertes que sean necesitan de alianzas. Por ahora se reunieron con las 62 Organizaciones, un sector  cercano al macrismo, y mantienen sus diferencias con el moyanismo y reniegan del perfil de la CFT con su relación con los movimientos sociales. Igual tendrán que negociar.

En Estados Unidos ya comparan el boom cannábico con los orígenes de Silicon Valley


Canadá y Estados Unidos ya lanzaron los primeros fondos de inversión de la industria cannabica.







La industria de la marihuana en los Estados Unidos (y las acciones de las compañías que la producen) impactan por su desempeño. La mayoría de las acciones de las empresas que se dedican a ese cultivo ha duplicado, o incluso triplicado, su valor en 2016 al haber aumentado las ventas legales en los Estados Unidos en un 34% llegándose a generar casi 7 mil millones de dólares de acuerdo a lo informado por la empresa ArcView.


No obstante, esto podría ser tan solo la punta del iceberg. La compañía en cuestión, que se especializa en investigaciones, inversiones y asesoría relacionada con la industria de la marihuana, pronostica un crecimiento anual de las ventas legales del 26% hasta el 2021. Esto representa una valor de mercado por casi 22 mil millones de dólares.

Dentro de los Estados Unidos, lo que ahora se necesitaría para terminar de estimular la actividad es que el gobierno federal decida reforzar la ley de responsabilidad con el fin permitir a los 29 estados que han legalizado el uso medicinal y a los ocho que han aprobado el uso recreativo impulsar sus respectivas industrias cannábicas.

ArcView, compañía especializada en inversiones en la industria de la marihuana, pronostica un crecimiento del 26 por ciento para el 2021, lo que representa un valor de mercado de 22 mil millones de dólares.

"Veo en la industria de la marihuana un parecido a los primeros días de la Internet donde muchas empresas fallaron mientras que unas pocas tuvieron éxito", señala Anthony Welch, presidente de Sarasota Capital Strategies

En cuanto a los interesados en invertir en estas empresas, hasta hace poco no tenían herramientas de diversificación para reducir el riesgo, como lo son los fondos especulativos de inversión (ETF).

Por ello la única opción solía ser la de comprar individualmente las acciones de cada compañía dedicada a la producción de marihuana, lo que resultaba complicado y engorroso por diversos motivos. Además invertir en acciones individuales en este mercado conlleva un riesgo muy grande. Afortunadamente esto ha cambiado.

Una oportunidad de diversificar el riesgo

A principios de este mismo año tuvo lugar el lanzamiento del primer ETF de acciones de empresas de marihuana medicinal del mundo. Este instrumento creó la posibilidad comprar una canasta de activos y le da la oportunidad a los inversores de diversificar sus tenencias sin tener que comprar cada una de las acciones de cada empresa por separado.

El fondo, denominado HMMJ (Horizons Medical Marijuana Life Sciences) realizó su debut en Toronto, Canadá, en abril y actualmente contiene 21 acciones de distintas empresas de marihuana medicinal. Desde su lanzamiento su valor se ha elevado un 19%. El fondo busco replicar el Índice Norteamericano de Marihuana.

Es preciso señalar que una de las razones por las que el HMMJ ha tenido tan buen desempeño encuentra su razón en que la mayoría de las tenencias del fondo se encuentran en empresas canadienses cultivadoras de Cannabis y, como en Canadá se está evaluando la legalización recreativa de la marihuana esto genera expectativas positivas.



Hasta hace poco los inversores estadounidenses se preguntaban cuando tendrían la oportunidad de invertir en un ETF de empresas de marihuana. Bueno el momento ha llegado. El 27 de octubre la empresa ETF Managers Group creó un nuevo ETF, el Alernative Agroscience, el cual imitará los más cercanamente posible a un índice que rastrea a las empresas cultivadoras, productoras y distribuidoras de productos cannábicos así como otros productos tales como el tabaco y fertilizantes.

En realidad, el fondo se basa en uno ya existente que poco tiene que ver con la marihuana. Lo que se hizo este 26 de diciembre es realizar cambios en la composición para que el mismo se transforme, precisamente, en un fondo que siga la evolución de las acciones cannábicas.

"Uno de los desafíos más grandes para crear este ETF ha sido que la mayoría de las acciones de estas empresas valen centavos lo que hará que el comportamiento del fondo sea muy volátil. No se suban abordo a menos que tengan el estómago para una montaña rusa", advirtió Ky Trang Ho, fundadora de Key Financial Media LLC.

Más allá de los posibles riesgos, los analistas concuerdan que este instrumento estimulará la inversión en la industria potenciando ésta última en forma contundente.

El ministro de Gobierno de México, Miguel Angel Osorio Chong, en el cierre de un encuentro sobre la legalización.

El crecimiento de la oferta de marihuana en los Estados Unidos producto de los cambios legales y las expectativas cada vez más optimistas de los inversores presenta un desafío económico, social y político para México.

Mientras Estados Unidos ha creado una oferta legal en constante crecimiento, en México la producción se persigue y está en manos de los traficantes.

Según un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad en 2012, antes de que comenzara la primera ola de legalizaciones en los Estados Unidos los traficantes ganaban más de dos mil millones de dólares al año con las exportaciones de marihuana hacia Norte América.

Pese a la baja calidad del producto, su menor precio les permitían representar entre un 40% y 67% del mercado norteamericano. A partir del boom cannábico en los Estados Unidos esto ha cambiado drásticamente.

Hasta hace poco los inversores norteamericanos se preguntaban cuando tendrían la oportunidad de invertir en un ETF de empresas de marihuana. El momento ha llegado.


Catalina Pérez Correa, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica ya había advertido que si la marihuana transitaba menos hacia los Estados Unidos, ésta permanecería en México, aumentándose la oferta local, bajándose el precio y subiéndose el consumo entre los mexicanos.

Según Zara Snapp, consultora sobre políticas de droga, México debería comenzar una política similar a la de su vecino del norte, no solo por la posibilidad de ayudar a los pequeños productores generando empleo y reduciendo la pobreza, sino para erradicar las terribles consecuencias sociales y delictivas de la ilegalidad.

Precisamente, según un estudio publicado sobre las cárceles federales por Pérez Correa en 2016, el 60% de los presos por delitos de drogas están en prisión por posesión de marihuana.

Habrá que ver si existe voluntad política para llevar a cabo las medidas necesarias y efectuarlas con eficiencia.

Irán bloquea Instagram y Telegram "para mantener la paz"


Protestas en Irán contra el costo de vida (foto: ANSA) Instagram y Telegram fueron bloqueados en Irán para "mantener la paz" durante las protestas, anunció la televisión de Estado iraní, después de que el director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, anunció vía Twitter el bloqueo de la app.

Según el vicegobernador de la provincia iraní de Lorestan, Habibollah Khojastepour, detrás de la protestas de la noche en Doroud -durante las cuales murieron dos personas- "está la mano de los servicios secretos extranjeros y grupos disidentes".

Según los datos oficiales, dos personas murieron y otras seis fueron heridas en las manifestaciones de protesta contra el costo de vida en todo Irán.
Fuentes no oficiales hablan en cambio de seis muertos.

Hablando con la agencia Irna, Khojastepour desmintió en forma categórica que el ejército o las fuentes de seguridad hayan disparado sobre los manifestantes.

2017 and the curious demise of Europe's centre-left

Across Europe this year, traditional centre-left parties lost out to new forces, of the left, the right and sometimes the centre. What’s behind this historic shift, and is Britain’s really immune? Jon Henley explains

So what happened to Europe’s centre-left?

The spectre that haunts Europe’s centre left has a name: Pasokification. In 2009, Greece’s once-great social democratic party won 43.9% of the national vote. Barely six years later, it could manage just 6.3%.

Atomised in France, all but wiped out in the Netherlands, humiliated in Germany, Europe’s mainstream centre left is in full retreat. Even in its one-time stronghold of Scandinavia, social democracy is now struggling.

There are many reasons. The embrace-the-market “Third Way” policies of leaders such as Tony Blair and Gerhard Schröder worked fine in the turn-of-the-century boom years but seem to offer little to today’s vulnerable centre-left voters.

The fallout from the 2008 financial crash – high unemployment, lower living standards, ongoing public spending cuts – has combined with long-term trends (globalisation, automation, immigration, changing class identities, declining union membership) to eat into the centre left’s core electorates.

Openly addressing those fears, populist far-right parties have attracted the votes of many who traditionally supported the centre left. The rise of a new anti-capitalist, anti-globalisation, anti-establishment far left has proved equally damaging.

The moderate European left that played such a fundamental part in rebuilding western Europe’s post-war democracy is not yet dead. But unless it can once more offer voters credible solutions to their present-day problems, it could be in terminal decline.
Where did all those votes go?

Although the centre-left’s decline was common, its beneficiaries differed from country to country; in France votes went to centrists and the harder left, in Germany to the extremes of left and right, and in the Netherlands to all points of the spectrum. The ramifications for each country’s government were varied too, with arguably the most serious consequences in the one country where the centre-left fared relatively well.
France
Centre-left party: Parti Socialiste (Socialist party)
Election: Presidential, first round, 23 April
Change in vote share from previous: down 22.2 percentage points

In 2012, François Hollande swept into the Elysée palace at the head of an all-conquering Socialist party that also controlled parliament, the senate and a majority of France’s regions.

Five years later, he became the Fifth Republic’s first head of state not to seek re-election; the party’s official presidential candidate, Benoît Hamon, finished fifth; and after parliamentary elections the Socialists slumped from 280 MPs to just 30.

Outflanked to the right by the reforming centrist Emmanuel Macron and to the left by the radical firebrand Jean-Luc Mélenchon, the party of François Mitterrand managed just 7.4% of the national vote in the parliamentary elections. It is now firing 60 of its 100 staff and selling its illustrious party HQ on the rue Solférino to raise money.


The Netherlands
Centre-left party: Partij van de Arbeid (Labour Party)

Election: Lower house, 15 March
Change in vote share from previous: down 19.1 percentage points

The headline story of this year’s Dutch legislative elections was the worse-than-expected result of the populist anti-Islam politician Geert Wilders and his PVV Freedom party. But the poll also marked a crushing defeat for the Dutch Labour party.

Punished for backing the liberal policies pursued by the outgoing centre-right led coalition of which it was a part, the PvdA saw its parliamentary party collapse from 38 MPs to nine after falling to just 5.7% of the vote.

It lost votes to several smaller parties in a now heavily fragmented Dutch political landscape but above all to the Green party of charismatic young Jesse Klaver (“the Jessiah”), which overtook it to become the largest party of the left.


Germany

Centre-left party: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (German Social-Democrat Party)

Election: Bundestag, 24 September
Change in vote share from previous: down 5.2 percentage points

Germany’s SPD also paid the price for four years as minority partner in a coalition led by a centre-right behemoth, namely Angela Merkel’s CDU. It slumped in September’s poll to a score of 20.5%, the party’s worst since the second world war.


The SPD enjoyed an early boost when it chose former European parliament president Martin Schulz as its candidate for chancellor, but that soon faded. It swore after the election to spend the next four years in opposition to win back lost core support.

After the collapse of three-way coalition talks between the CDU, pro-business FDP and Greens, however, the SPD – a buttress of the European left for 150 years – came under intense pressure to reconsider and is now in cooperation talks with Merkel’s party.


Centre-left party: Sozialdemokratische Partei Österreichs (Austrian Social-Democrat Party)

Election: Parliament, 15 October
Change in vote share from previous: up 0.1 percentage points

Austria’s SPÖ is an exception. Despite being in government since 2007, its share of the vote actually increased, by 0.1% to just under 27%, and it lost no MPs. Its respectable second place, however, had perhaps the biggest consequences.

Sharp swings from minor parties to the SPÖ’s main rivals – the centre-right ÖVP led by another charismatic young leader, Sebastian Kurz, and the far-right FPÖ – have left Austria the only country in western Europe with a far-right presence in government.


Labour sprung a big surprise in 2017, storming to a near 10% vote swing and increasing the size of its parliamentary party from 232 MPs to 262 – an achievement most experts considered impossible when the June election was called.

The party’s leader, Jeremy Corbyn, called the result “a victory for hope”. But is it a mainstream centre-left party? Moderates might argue that in its present incarnation, the party – in power from 1997 to 2010 – is closer to the radical, militant idealism of Greece’s Syriza or Spain’s Podemos than to France’s PS or Germany’s SPD.

China está primero en el ranking de fusiones y adquisiciones de empresas en Brasil




China está decidida a realizar compras en Brasil. No sólo el aumento de la cantidad total de las adquisiciones de empresas en el país, sino que lidera el ranking de compradores.

En el acumulado del año, las fusiones y adquisiciones de compañías chinas en el país ascendieron a u$s 5670 millones, según la consultora Dealogic y son casi la mitad del total de todas las del año 2016, cuando las operaciones totales de China en Brasil alcanzaron los u$s 11.920 millones, una cifra que ya era más del doble del año anterior.

China también encabezó las compras el año pasado entre los extranjeros y casi empató con Brasil en la cantidad de compras en el país. Entre los inversores extranjeros en este tipo de operaciones, los chinos se colocaron por delante de los EE.UU. con una baja del 13,2%.

La aceleración de las adquisiciones en el comienzo del año se lleva a cabo en paralelo con el aumento del superávit para Brasil en el comercio con China. Con el auge de las exportaciones de mineral de hierro y petróleo, combinado con el lento ritmo de la recuperación de las importaciones, el superávit comercial a favor de Brasil se elevó de u$s 1000 millones en el primer trimestre de 2016 a u$s 5500 millones en el mismo período de este año, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Servicios (MDIC).



La evolución de la inversión extranjera directa en China también es una buena indicación de cómo el país asiático se convirtió en un importante jugador a nivel mundial, dice Luis Afonso Lima, presidente de la Sociedad Brasileña de las Empresas Transnacionales y Globalización (SOBEET). La participación de China en la inversión extranjera directa aumentó del 0,1% en 2000 al 7,2% en 2015. "Para Brasil es importante ganar una parte de ese crecimiento de la inversión china", dice.

"¡Muerte al dictador!": los cantos de los iraníes en las mayores protestas desde 2009

Se cumple el cuarto día de protestas en al menos 40 localidades del país. Donald Trump advirtió que "Estados Unidos está mirando" por posibles violaciones a los derechos humanos



La situación en Irán se recrudece minuto a minuto cuando se cumple el cuatro día de protestas en al menos 40 localidades por los bajos salarios y la pérdida de poder adquisitivo en las clases bajas, y que anoche dejaron al menos dos muertos en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.



"¡Muerte al Dictador!", "¡Muerte a Rohani!" fueron las consignas que se alzaron en las últimas horas contra el líder del país, el ayatollah Ali Khamenei.



Se trata de la protesta más grande desde las de 2009, cuando denuncias de fraude desembocaron en grandes manifestaciones en distintas localidades y también en la capital, Teherán.


Esta mañana, el régimen iraní, a través del ministro del interior Abdolrahman Rahmani Fazli, advirtió que "quienes dañen la propiedad pública, interrumpan el orden y violen la ley deben ser responsables de su comportamiento y pagar el precio".



En tanto, Donald Trump publicó en su cuenta de Twitter un mensaje donde advierte al dirigente iraní que Estados Unidos "está mirando de cerca". El presidente norteamericano ya se había expresado ayer en la red social desde donde criticó la "opresión del régimen".



(@realDonaldTrump)



Las primeras víctimas que se registraron en los disturbios en la ciudad de Doroud, luego de que la policía antidisturbios abriera fuego contra un grupo de personas para contener a los manifestantes que, según indicaron desde esa fuerza, intentaban ocupar la oficina del gobernador local.



"El sábado por la noche hubo una protesta ilegal en Dorud y varias personas salieron a las calles respondiendo al llamamiento de grupos hostiles, lo que provocó enfrentamientos", explicó Habibollah Khojastehpour a la televisión oficial, aunque no explicó las circunstancias las circunstanicas de las muertes.

Se fue el ministro de los despidos en Brasil

Renunció Ricardo Nogueira a la cartera de Trabajo cuando las cesantías superan a los nuevos empleos

Desde la entrada en vigor en noviembre de la reforma laboral del gobierno de Michel Temer, que legalizó el empleo irregular y redujo el costo de las indemnizaciones, hubo 12 mil despidos más que nuevas contrataciones en Brasil.


El gobierno argumentó motivos personales al presentar la dimisión de Ronaldo Nogueira, pero los números no lo ayudaron.


El ministro de Trabajo de Brasil, Ronaldo Nogueira, renunció ayer al cargo, horas después de que datos oficiales revelaran que los despidos superaron a las contrataciones en noviembre en 12.000 puestos, tras la entrada en vigor de la reforma laboral del gobierno de Michel Temer, que legalizó el empleo intermitente y redujo el costo de la indemnizaciones.

En un comunicado oficial, enviado, el gobierno informó que Nogueira, quien pertenece al conservador Partido Laborista Brasileño (PTB), argumentó motivos personales al presentar su dimisión. El PTB, aliado del presidente Temer en el gobierno, anunció que el diputado por el estado de Maranhao Pedro Fernandes, un aliado del ex presidente José Sarney, asumirá el cargo en Trabajo, y aseguró a través de su presidente, Jovair Arantes, que Nogueira deja el ministerio para disputar su reelección como diputado en los comicios de octubre.

La dimisión se conoció horas después de la difusión de las mediciones del mercado laboral tras el primer mes en vigencia de la reforma que impulsó el gobierno. En noviembre se rompió una racha positiva de creación de empleo de siete meses consecutivos, debido a que 12.292 puestos de trabajo fueron cerrados en Brasil, resultado de la ecuación entre las contrataciones, que fueron 1.111.798 y los despidos, que sumaron 1.124.090, según datos del Ministerio de Trabajo.

El número quedó lejos de una visión positiva que esperaban los analistas del mercado financiero, que pronosticaron la creación de 26.600 puestos de trabajo con la reforma laboral, según el diario económico Valor.

En la comparación con años anteriores, el saldo negativo de noviembre de 2017 es mejor que el del mismo mes de 2016 y 2015, cuando se perdieron 116.747 y 130.629 trabajos formales, respectivamente, en medio de una profunda recesión económica, indicó el Registro General de Empleados y Desempleados (Caged) del Ministerio de Trabajo.

En esos dos años, el Producto Bruto Interno de Brasil se encogió más del siete por ciento, algo que no ocurría desde la década de 1930.

Esta base no mide el desempleo, algo que registra el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), que indicó en octubre una desocupación del 12,5% de la población económicamente activa.

Según el Ministerio de Trabajo, siete de ocho sectores de actividad económica tuvieron eliminación de puestos de trabajo en noviembre, siendo el comercio, apenas, empujado por el furor del Black Friday, el único segmento que tuvo más contrataciones que despidos. La nueva ley laboral permitió, informó el Ministerio de Trabajo, la contratación de 3.067 empleados vía contratos intermitentes (por horas, apenas cuando el empleador requiera) y 231 mediante contratos a tiempo parcial.

El resultado fue el peor desde marzo pero para el ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira, “no significa la interrupción del proceso de recuperación del crecimiento económico del país”.

En el acumulado del año, fueron generados 299.635 empleos como saldo de la ecuación entre despidos y contrataciones. Pero, en la comparación interanual, había en noviembre de 2016 (38,79 millones) más empleados registrados que el mes pasado (38,62). “Los resultados de la reforma laboral serán recogidos en 2018”, dijo el ministro Nogueira, que citó la perspectiva de economistas y del gobierno de un crecimiento del PBI el año próximo año de entre 3% y 3,5%.

La reforma laboral, que quebró la legislación de 1943, fue la gran conquista del oficialismo en la agenda parlamentaria de 2017. La nueva ley entró en vigor el 11 de noviembre y recibió el aliento de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp), la entidad cuyo presidente, Paulo Skaf, es dirigente del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB), el partido de Temer.

El gobierno se encuentra negociando los apoyos para otra reforma para la cual necesita modificar la Constitución, la previsional, con sesión marcada en la cámara baja para el 19 de febrero. La reforma necesita de 308 votos de los 513 de la Cámara de Diputados y hasta este fin de año el gobierno no llegaba a ese número.

El ministro de la Secretaría de Gobierno (Articulación Política), diputado Carlos Marún, dijo que los gobernadores que busquen financiación de los bancos públicos deberán ordenar a los parlamentarios de sus estados a votar la reforma previsional.”El gobierno espera que aquellos gobernadores que tienen recursos liberados actúen con reciprocidad con la ley jubilatoria. Esto es una cuestión de vida o muerte para el país”, dijo Marún. Ante el alboroto de la declaración, el ministro negociador aclaró: “No entiendo que sea chantaje trabajar a favor de algo tan importante como la modernización del sistema previsional”.

En el top 50 de las cotizadas del mundo, Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook son las cinco compañías más valiosas

EL TOP 50 DE LA BOLSA

Las grandes tecnológicas agigantan su poder a través de la Bolsa.


No hay quien mueva en la Bolsa a los titanes tecnológicos de Estados Unidos. Copan todos los primeros puestos del listado de las 50 compañías más valiosas del mundo al terminar 2017. Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook han visto subir a doble dígito su valor en el mercado en un ejercicio marcado por una euforia en Wall Street que las ha hecho todavía más poderosas. Lejos quedan los años en los que el oro negro y las materias primas movían los parqués del mundo. Algunas petroleras resisten todavía entre el medio centenar de gigantes. Pero el mundo de las finanzas y de la tecnología copan el ranking.

Un grupo de fotógrafos en el lanzamiento de productos de Apple Marcio Jose Sanchez AP

Entre las cinco primeras posiciones del top 50, el año pasado todavía se coló un fondo y una petrolera. Este año no hubo hueco. La tecnología es la mano que mece las Bolsas mundiales. Y el quinteto más poderoso tiene pasaporte estadounidense: Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook. Ese es el podio que queda tras un ejercicio marcado en Estados Unidos por la ausencia de sustos y los récords en la Bolsa. El Dow Jones, el selectivo con más solera del parqué neoyorkino, se ha revalorizado en el año el 25% y ha cerrado 71 días batiendo récord. El Nasaq, que agrupa sobre todo compañías tecnológicas, ha subido el 30%. Wall Street despidió en conjunto su mejor ejercicio desde 2013 y a poco se quedó de rebasar la marca de 1995.
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Las empresas estadounidenses, que ya eran las más poderosas también en 2016, han sacado partido de este rally agigantando su dominio. En total, entre las 50 compañías cotizadas más valiosas del mundo, 31 son de EE UU. Solo China es capaz de hacerle algo de sombra: coloca siete en el ranking, y dos más si se suman a su órbita las que tienen sede en Hong Kong y Taiwán. Europa deja poca marca: tres suizas, una belga, una holandesa, una británica y otra angloholandesa. De España, Francia, Alemania o Italia, en el top 50, ni rastro.

Apple repite en 2017 al terminar el año como la compañía cotizada que más vale del mundo. Sus acciones en conjunto suman 860.822 millones de dólares (717.065 millones de euros al cambio de ayer). El precio de sus acciones se ha disparado un 46,11% este año y cada título vale ya 169,2 dólares. Y eso, a pesar de que, ya a finales de año, le han costado algunas sesiones en rojo algunos problemas con las baterías de sus móviles antiguos y los rumores de que la venta de su nuevo teléfono —este año lanzó el iPhone X en honor al décimo aniversario de su producto estrella— es más débil de lo esperado. Pero han sido solo unos pequeños baches en un año excepcional.

En 2018, Apple seguirá centrada en desarrollar productos para conquistar el hogar, en desarrollar la inteligencia artificial y espera lanzar al mercado el iMac Pro, el ordenador más potente que han hecho nunca. En Bruselas también tiene todavía deberes pendientes: le condenaron a devolver a Irlanda 13.000 millones de euros ahorrados en impuestos con un trato fiscal demasiado ventajoso. El pago sigue pendiente.

Google, que cotiza a través de su matriz Alphabet, no ha logrado alcanzar a su rival. Pero el gigante de Internet tampoco puede quejarse en 2017: sus títulos se han revalorizado un 32% y ya valen 1.053 dólares. Vale en Bolsa 729.294 millones de dólares (607.502 millones de euros). En 2018 la compañía vivirá un cambio corporativo importante: Eric Schmidt deja en enero la presidencia y asume un papel solo de asesor técnico. El gran mentor y embajador de la marca, que fue 10 años consejero delegado, se aparta por completo de la cabeza ejecutiva de la matriz Alphabet.

Microsoft, la más veterana de las tecnológicas poderosas (fue fundada en 1975), sigue al pie del cañón. Defiende su tercer puesto de nuevo, con una capitalización bursátil de 659.906 millones de dólares (549.702 millones de euros). Sus títulos también han vivido una potente revalorización de casi el 37% en el año.

Amazon es la cuarta empresa más valiosa del mundo y, en su caso, sí supone una novedad. El gigante del comercio electrónico gana dos puestos en un año y se cuela así en el grupo ganador, con una subida en Bolsa de récord: 56%. La empresa fundada por Jeff Bezos ya no solo vende de todo por Internet: también almacena millones de datos en sus servidores, tiene un periódico y es dueña de una cadena de supermercados que compró este año (Whole Foods, por los que pagó 13.700 millones).

El quinteto del poder tecnológico lo cierra Facebook, la red social que fundó Mark Zuckerberg y que basa su negocio en la publicidad. Gana también dos posiciones en el ranking, porque sus acciones suben un 53,4%.
China defiende su poder, Europa a la cola

En el top 10 de las más valiosas del mundo todavía hay espacio para dos tecnológicas más, pero en este caso, llegadas de China. Tencent protagoniza otro de los estirones más llamativos del año: es una empresa de telecomunicaciones e Internet y sus acciones se han disparado más del 100%. Eso le ha hecho escalar en un año del puesto 14 al seis. Llegó incluso a desbancar a Facebook en noviembre. Dos escalones más abajo se coloca Alibaba, el gran bazar virtual, un Amazon en versión china que ha dado el salto de la posición 21 a la octava.

Tras la tecnología, el sector con más representación en el ranking de los 50 más poderosos, es el financiero. Aquí el poder está algo más repartido: China sitúa cuatro grandes bancos (ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China y Bank of China) y una aseguradora (Ping An). Estados Unidos, otros cuatro bancos de inversión (JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo y Citigroup). La aportación del Viejo Continente es la del HSBC, con sede en Reino Unido. Europa limita su presencia en el resto de sectores a dos farmacéuticas, tres firmas de consumo y una petrolera.

Por el bajo precio del petróleo, Arabia Saudita y Emiratos estrenan por primera vez el IVA el 1 de enero

Los bajos precios del petróleo han obligado a los Estados del Golfo a buscar fuentes alternativas de ingresos

Una mujer mira joyas en Jeddah, en Arabia Saudí.


“Última oportunidad antes del IVA”. Grandes almacenes, cadenas de electrodomésticos, e incluso el gimnasio del barrio, intentan animar el negocio en este final de año con el reclamo de que pronto tendrán que cargar el correspondiente impuesto. A partir del 1 de enero, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudí empiezan a aplicar un 5 % de IVA (impuesto sobre el valor añadido) a bienes y servicios. Aunque la tasa está en la franja baja, los comerciantes temen que afecte al consumo. La caída de los precios del petróleo a partir de 2014 ha obligado a las petromonarquías árabes a replantearse sus fuentes de ingresos.

El IVA es parte de los planes de esos países para reducir su dependencia del crudo y asegurarse entradas adicionales. Los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) se comprometieron en 2015 con el Acuerdo Unificado para el Impuesto sobre el Valor Añadido. Pero sólo los dos citados han cumplido el plazo. El resto, es decir, Kuwait, Qatar, Bahréin y Omán, aún no han puesto en marcha los mecanismos para ello.

Una tasa del 5 % de IVA se espera que genere ingresos adicionales de entre el 1,5 y 3,0 puntos porcentuales del PIB (excluido el petróleo), según el Fondo Monetario Internacional (FMI), que está facilitando asistencia técnica con el impuesto a los Estados del Golfo. La recaudación media por tributos en los países exportadores de crudo de Oriente Próximo y el Norte de África apenas representa un 7 % del PIB, que es la mitad de lo que obtienen los países importadores de esa región, según explicó recientemente Abdelhak Senhadji, vicedirector de asuntos fiscales de ese organismo.

Más allá de la lógica que sustenta el sistema impositivo, la decisión tiene en las petromonarquías un alto componente psicológico. Muchos empresarios, inversores e incluso profesionales extranjeros las han elegido como residencia o base de operaciones precisamente por ser libres de impuestos.

“La aplicación del IVA no va a afectar a la competitividad del país porque se trata de uno de los más bajos del mundo”, defiende Khalid Ali al Bustani, director general del Departamento Federal de Tributos de Emiratos.

Nadie niega sin embargo que van a subir los precios. El IVA es un impuesto que paga el consumidor final. Por lo tanto, si no aumentan los sueldos, y al menos en EAU el ministro de Estado para Asuntos Económicos, Obaid Humaid Al Tayer, ya ha dicho que no van a variar, se perderá poder adquisitivo. Las autoridades confían sin embargo que el efecto no sea excesivo, ya que el 5 % es relativamente bajo (en la UE supera el 20 %) y se han excluido alimentos básicos, servicios sanitarios, educación, transporte local y alquiler de viviendas.

“El impacto social del IVA en el primer año será de 1,42 % y variará de una persona a otra, dependiendo de sus gastos. Para quienes gastan 5.000 dirhams [unos 1.200 euros] al mes apenas supondrá 70 dirhams [16,7 euros], mientras que quienes gasten 10.000 pagarán 140 dirhams como resultado del impuesto”, ha declarado Al Tayer.

A los autónomos y pequeños empresarios les preocupa también el coste adicional que genera el cumplimiento de la recaudación y presentación del impuesto. En EAU, están obligados a ello todos aquellos negocios con ingresos superiores a 375.000 dirhams anuales (89.300 euros). Pero además de cambiar sus sistemas contables, algunos pueden necesitar la ayuda de expertos fiscales. Algunos portales de empleo ya se han hecho eco de un aumento de la demanda de estos profesionales.
Impuestos indirectos para las 'petromonarquías'

En Arabia Saudí, donde la introducción del IVA llega en medio de una reestructuración económica más amplia que incluye el recorte de subsidios y la subida de los precios de la energía, el Gobierno ha puesto en marcha un sistema de ayudas directas para compensar a las familias de bajos ingresos. En total, cerca de un millón y medio de hogares (unos diez millones de saudíes) van a recibir transferencias mensuales de entre 300 y 1.000 riales (entre 75 y 250 euros) en función de sus rentas.

Es la primera vez que las petromonarquías introducen impuestos indirectos. El pasado junio Arabia Saudí abrió la veda con un impuesto al consumo del 100 % sobre el tabaco y las bebidas energéticas, y del 50 % sobre los refrescos azucarados. EAU le siguió en octubre con las mismas tarifas. Además, Riad ha empezado a cobrar este año un canon mensual a los familiares de los trabajadores extranjeros. Dubái, por su parte, empezó a cobrar en 2014 una tasa de 15 dirhams (3,6 euros) por habitación y noche para financiar las obras de la Expo. Tanto este emirato como el vecino Abu Dhabi gravan los alquileres con un 5 % y un 3 %, respectivamente.

“Eventualmente, considero que será necesario introducir impuestos sobre los rendimientos del trabajo, dependiendo de cómo evolucione el petróleo, el resultado que tengan las reformas y cómo se presente el conjunto del presupuesto”, estimaba Senhadji. El FMI también ha aconsejado que se tase el sector inmobiliario.

Estado Islámico reivindicó el atentado en un centro comercial de San Petersburgo





La organización terrorista Estado Islámico se declaró responsable del ataque con bomba perpetrado el miércoles pasado en el centro comercial Gigant Hall de la ciudad rusa de San Petersburgo.

El ataque con bomba dejó heridas a 18 personas y según Site, el portal estadounidense que monitorea la información fundamentalista publicada en Internet, los yihadistas dijeron que una de sus células plasmó la acción.

En el centro comercial se explotó una bomba casera que equivalía a unos 200 gramos de TNT.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que la acción fue un ataque terrorista y pidió a las fuerzas de seguridad a matar a los responsables de terrorismo cuando haya riesgo de vida para uniformados o inocentes.

"Ordené al director del FSB (Vladimir Bortnikov) que la detención de esos sujetos se haga con apego a derecho, con pleno respeto de las leyes. Pero si surge el más mínimo riesgo para la vida de nuestros efectivos, de nuestros oficiales, actuar de la manera más decidida y no detener a nadie: matar a esos bandidos sin contemplaciones", dijo Putin.

Lo hizo en un acto en el que condecoró a un grupo de militares rusos que regresaron de Siria.

Después del categórico anuncio de Putin, la vocera del Comité de Instrucción declaró que se manejan varias hipótesis con su respectiva línea de investigación, entre ellas la de un "atentado terrorista", aunque inicialmente se habló sólo de "un intento de asesinato de dos o más personas".

Putin’s Medieval Dreams




DINA KHAPAEVA

As much of the world makes amends for social and political injustices of the past, Russia is lionizing its despots, raising statues to the worst of them. Behind this phenomenon is an ultra-nationalist brand of conservatism that seeks to take Russian politics back to the Middle Ages.
 While much of the world is busy dismantling monuments to oppressors, Russians are moving in the opposite direction, erecting statues to medieval warlords who were famous for their despotism. Understanding this revival can shed light on the direction of Russia’s politics.




In October 2016, with the endorsement of Russia’s culture minister, Vladimir Medinsky, the country’s first-ever monument to Ivan the Terrible was unveiled in the city of Orel. A half-year later, President Vladimir Putin christened Moscow’s own tribute to the tyrant, declaring, erroneously, that “most likely, Ivan the Terrible never killed anyone, not even his son.” And a month ago, Vladimir Zhirinovsky, the leader of the ultra-nationalist Liberal Democratic Party of Russia, called for Lenin Avenue in Moscow to be renamed Ivan the Terrible Highway

Most historians agree that Ivan lived up to his name; not only did he kill his son and other relatives, he also ordered the oprichnina, the state-led purges that terrorized Russia from 1565 to 1572. He also presided over Russia’s defeat in the Livonian War, and his misrule contributed to the Time of Troubles and the state’s devastating depopulation.

Joseph Stalin initiated the modern cult of Ivan the Terrible. But, since the mid-2000s, Russia’s Eurasia Party – a political movement led by the pro-fascist mystic Alexander Dugin – has moved to position Ivan as the best incarnation of an “authentic” Russian tradition: authoritarian monarchy.

Dugin’s brand of “Eurasianism” advocates the embrace of a “new Middle Ages,” where what little remains of Russian democracy is replaced by an absolute autocrat. In Dugin’s ideal future, a medieval social order would return, the empire would be restored, and the Orthodox church would assume control over culture and education.

Eurasianism, which was marginal in the 1990s, has gained considerable popularity in recent years by contributing to the formation of the so-called Izborsky Club, which unites the Russian far right. On several occasions, Putin has referred to Eurasianism as an important part of Russian ideology; he has even invoked it as a founding principle of the “Eurasian Economic Union,” a burgeoning trade area of former Soviet states.


Eurasianism has given ultra-nationalist groups common ground around which to unite. It has also given symbols of totalitarianism, like Ivan the Terrible and Stalin, new legions of support.

Chief among them are members of the Eurasia Party, who consider political terror the most effective tool of governance and call for a “new oprichnina” – a staunchly anti-Western Eurasian conservative revolution. According to Mikhail Yuriev, a member of the political council of the Eurasia Partyand author of the utopian novel The Third Empire, the oprichniks should be the only political class, and they should rule by fear.

Ivan the Terrible is not the only medieval vestige being revived in Russia. Cultural vocabulary is also reverting. For example, the word kholop, which means “serf,” is returning to the vernacular, a linguistic devolution that parallels a troubling rise in Russia’s modern slavery. Data from the Global Slavery Index show that more than one million Russians are currently enslaved in the construction industry, the military, agriculture, and the sex trade. Moreover, serf “owners” are also happily identifying themselves as modern-day barins.

Even Russian officials speak approvingly of modern slavery. Valery Zorkin, who chairs the Constitutional Court, wrote in Rossiyskaya Gazeta, the official government newspaper, that serfdom has long been a “social glue” for Russia. And another medieval term – lydi gosudarevy, which translates to “servants of his majesty” – has returned to favor among high-ranking bureaucrats.

Nostalgia for serfdom compliments the desire for a return to autocracy. Prominent Russian intellectuals – including the filmmaker Nikita Mikhalkov, journalist Maksim Sokolov, and Vsevolod Chaplin, a Russian Orthodox cleric – call for the coronation of Putin, and petitions of support are gaining signatures online. Significantly, the protests against Putin’s regime in 2012 have since been interpreted not as a protest against Putin himself, but rather against the social order to which Eurasianism aspires.

Putin’s tacit support for the Eurasian vision of a neo-medieval Russia invokes the historical memory of Stalinism. According to Dugin, “Stalin created the Soviet Empire,” and, like Ivan the Terrible, expresses “the spirit of the Soviet society and the Soviet people.” No wonder, then, that monuments to Stalin, too, are multiplying in Russian cities.

Neo-medievalism is rooted in nostalgia for a social order based on inequality, caste, and clan, enforced by terror. The lionization of historical despots reflects the contemporary embrace of such pre-modern, radically anti-democratic and unjust values. For Ivan’s contemporary champions, the past is prologue.

AFL-CIO calls for a break with “lesser of two evils” politics

By John Wojcik And Mark Gruenberg



Lee Saunders, Randi Weingarten, and Mark Dimondstein. | Credit: AFL-CIO and APWU

ST. LOUIS – The AFL-CIO convention here passed yesterday a political resolution that calls for a break with “lesser of two evil politics” but came up short when it comes to projecting a clear path to how that will be accomplished.

“The time has passed when we can passively settle for the lesser of two evils,” reads the main political resolution passed Tuesday by the AFL-CIO convention delegates. Lee Saunders, chair of the AFL-CIO’s political committee and president of AFSCME, and Randi Weingarten, president of the American Federation of Teachers, introduced the resolution. They lead the labor federation’s two largest unions. Convention managers yoked the resolution to another measure it also approved discussing a labor party, though not by name.

“For decades the political system has failed working people,” Weingarten said. “Acting on behalf of corporations and the rich and powerful, the political system has been taking away, one after another, the pillars that support working people’s right to good jobs and secure benefits.”

The two measures, adopted October 24, followed a late Monday-evening meeting of supporters of reviving the Labor Party idea. It attracted about 50 delegates to an upstairs meeting room at the convention’s lead hotel. Their contention: Both the Democrats and the Republicans are under corporate domination.
The prime mover of a Labor Party motion at the convention, Postal Workers President Mark Dimondstein, has been calling for such a new formation since the passage of NAFTA in 1993, which he said showed both Democrats and Republicans were in the pockets of the corporate class.

Dimondstein made many of the same arguments for a Labor Party on the convention floor that he voiced in the meeting the night before, when Baldemar Velasquez of the Farm Labor Organizing Committee, Mark Dudzic of Labor’s Committee for Single Payer, and Donna DeWitt, former president of the South Carolina AFL-CIO, joined him.

Meeting participants differed over whether the nascent party should first build an organization and concentrate on issues, or get into political races, running the risk of becoming “spoilers” in the current political system, rigged in favor of the two existing parties.

“We had a vision to build a party of the working class. You have to have the labor movement at the table from the beginning,” of the effort, “or you’re building sand castles,” Dudzic explained. He was a leader in the original Labor Party effort of the late 1990s and early 2000s. Participants in the meeting agreed. “We cannot build a party of labor when the working class is in retreat,” he added. The question was how to move forward.

“We have to crawl before we walk, we have to walk before we run and we have to run before we sprint,” one attendee, Professional and Technical Engineers President Greg Junemann, said.

Velasquez contended pro-Labor Party members should participate in electoral politics, but starting at the local and state levels. But all agreed, as he put it, the Democrats “are not doing us any favors, never have and never will.”

Several unions meanwhile drew delegates to another meeting off the main convention floor – a meeting of Labor for Our Revolution. Seven national unions called on their member delegates to attend that meeting Monday, across the street from the convention hall to, in their words, continue the movement that grew out of the Sanders challenge in last year’s Democratic primaries.

The unions that called that meeting were the Amalgamated Transit Union, the American Postal Workers Union, the Brotherhood of Maintenance Way Employees, the Communications Workers of America, the International Longshore and Warehouse Union, National Nurses United, and the United Electrical Workers. They were joined by the Massachusetts and South Carolina AFL-CIOs.

The Our Revolution organization they are backing claims more than 300 local chapters in the US and four state-wide chapters in Texas, Massachusetts, Wisconsin, and Maryland.

Communications Workers of America previous president Larry Cohen is the chair of Our Revolution and has been asking union leaders to become part of the local groups.

Rand Wilson, a leader in SEIU’s Local 888, is a steering committee member for Labor for Our Revolution. He explained at the group’s meeting here that unions getting involved in Our Revolution gives labor the ability to influence it so it has significant focus on the working class. “It also gives us the opportunity to organize our own members around broad, working class issues,” he said.

The group is pushing a number of bills in Congress including Medicare for All and Free College tuition.

The AFL-CIO is not actually pulling the plug on the Democrats, although their politics resolution, which doesn’t mention the party by name, is a clear warning to Democrats that labor support will not be taken for granted. The labor leaders who introduced the independent politics resolution, Saunders and Weingarten, are both members of the Democratic National Committee. The main resolution declared that for the 2018 elections labor would “define a pro-worker agenda…to hold as a joint standard for all officials, regardless of party.”

That resolution also commits the federation to establish a communications framework to send the agenda to unions and their allies, “prioritize year-round member-to-member communication” and greater internal organizing, mobilizing non-union workers and opposing suppression of union, young, old, female and minority-group voters. AFL-CIO convention delegates went out into St. Louis neighborhoods to door-knock for a Right to Work education campaign. | AFL-CIO

The Labor Party supporters at the convention made the argument that the massive grassroots mobilization for the Democratic presidential primary candidacy of Sen. Bernie Sanders, Ind-Vt., and the later GOP triumph of Donald Trump – powered in part by defecting working class voters in key Great Lakes states – “showed the working class is done with the status quo.” Dimondstein made that point in both the upstairs session and on the convention floor. Sanders drew tens of thousands of union volunteers and many more union voters.

“We can’t take half a loaf, a quarter of a loaf, an eighth of a loaf, or even crumbs,” Dimondstein added.

He received applause when he pointed out on the convention floor that even when the Democrats gained total control of the presidency and Congress, in the 2008 election, they not only didn’t follow through on labor law reform and other top progressive and worker priorities, but instead produced the Trans-Pacific Partnership “free trade” pact and similar measures. “The Democratic Party was not delivering anything,” he said, “even when it had control of the White House, the Congress and the Senate.”

The Republicans entrenched union-busting, Democratic President Bill Clinton deregulated Wall Street, and Democratic President Jimmy Carter deregulated trucking, Dimondstein said.

Constructing a Labor Party, Dimondstein admitted, will be a long-range project and needs both community and labor support. “What would be wrong would be to confine this movement” for a Labor Party “to the institution of the two-party system.”

“Continuing to follow the same model, expecting a different result, is not a solution,” a delegate from Vermont said in the meeting.

Erdogan llamó al Papa para hablar de Jerusalén



Erdogan llama al papa Francisco

El presidente turco, Recep Tayyp Erdogan, llamó esta mañana por teléfono al papa Francisco.
Según los medios turcos, Erdogan expresó sus preocupaciones por la decisión estadounidense sobre Jerusalén, que está causando nuevas tensiones en todo Medio Oriente.
La vicedirectora de la sala de prensa vaticana, Paloma Ovejero, confirmó el coloquio entre el Papa y Erdogan.
"La conversación tuvo lugar -dijo- por iniciativa del presidente turco". El Vaticano en cambio no dio indicaciones sobre el contenido de la conversación.

Con un enorme presupuesto de publicidad, el gobierno mexicano tiene un control absoluto de los medios de comunicación

Por AZAM AHMED

Una conferencia de prensa en Ciudad de México. En los últimos cinco años, el presidente Enrique Peña Nieto gastó casi 2000 millones de dólares en publicidad.


 Dirigir un periódico, una estación de radio o un canal de televisión en México generalmente significa confiar en un cliente único y poderoso que gasta sumas exorbitantes en publicidad con una simple advertencia: “No te pago para criticarme”.

Ese cliente es el gobierno mexicano.

La gestión del presidente Enrique Peña Nieto ha gastado cientos de millones de dólares anuales de los fondos gubernamentales en publicidad, creando lo que muchos propietarios, ejecutivos y periodistas mexicanos definen como una gigantesca marca presidencial que puede suprimir artículos de investigación, escoger portadas e intimidar a las salas de redacción que la desafían.

A pesar de su promesa de regular la publicidad gubernamental, Peña Nieto ha gastado más dinero en publicidad que ningún otro presidente en la historia de México, casi 2000 millones de dólares en los últimos cinco años, según datos del gobierno recopilados por Fundar, un centro de análisis de transparencia. Esa organización reveló que la actual presidencia gastó más del doble del generoso presupuesto de medios que los legisladores mexicanos le aprobaron para 2016.

Y eso solo es el dinero federal.

Cada año los líderes de todos los partidos políticos recaudan cientos de millones de dólares en dinero estatal para publicidad, unos recursos que distribuyen entre sus medios de comunicación favoritos, según calcula Fundar. Según los ejecutivos y editores involucrados en las negociaciones, algunos secretarios de prensa del gobierno les exigen abiertamente una cobertura positiva antes de firmar un contrato publicitario.

El resultado es un panorama mediático en el que los funcionarios federales y estatales dictan las noticias de forma rutinaria, exigiéndole a los medios qué es lo que deberían y lo que no deberían informar, según docenas de entrevistas con ejecutivos, editores y periodistas. Los reportajes contundentes a menudo son suavizados o se posponen indefinidamente, si es que llegan a investigarse. Dos tercios de los periodistas mexicanos admiten que se censuran.Continue reading the main storyFoto
El presidente Enrique Peña Nieto durante la presentación de su informe anual en septiembre. Su equipo propuso el diseño de un plan que regulara el gasto público en los medios, pero el proyecto no se realizó.

“Si un reportero profesional quiere cubrir los elementos sucios de lo que está sucediendo en el país, ni el gobierno ni las empresas privadas le darán un centavo”, dijo Enrique Krauze, un historiador que dirige Letras Libres, una revista mexicana que, entre sus anunciantes, también recibe algo de dinero del gobierno. “Ese es uno de los mayores defectos de la democracia mexicana”.

El partido de Peña Nieto, el PRI, fue pionero en la implantación de este sistema durante sus 70 años en el poder. El expresidente José López Portillo expuso explícitamente las expectativas del gobierno hace décadas, incluso fue citado diciendo que no le pagaba a los medios para que lo atacaran, y la práctica continuó cuando la oposición ganó la presidencia en 2000, y nuevamente en 2006.

Pero la influencia del gobierno sobre los medios va más allá del aspecto publicitario y, a veces, los funcionarios recurren al soborno directo. En Chihuahua, el exgobernador gastó más de 50 millones de dólares en publicidad, según los funcionarios, dejando al estado con enormes deudas públicas. Sin embargo, esa es la cifra que se manejó oficialmente.

Los fiscales también han conseguido recibos firmados con sobornos a periodistas locales, pagos tan comunes que incluso algunos reporteros fueron incluidos como contratistas del gobierno, según los documentos. Los fiscales sostienen que, con tanta cantidad de dinero oficial circulando, surgieron sitios web de noticias con el único propósito de apoyar la agenda del exgobernador.

“La relación entre los medios y el poder es uno de los problemas más graves de México”, dijo Javier Corral, el nuevo gobernador de Chihuahua. “Existe una colusión, un acuerdo, en términos de cómo se gestionan los recursos públicos para recompensar o castigar a los medios. Es una zanahoria y el palo: ‘Compórtate bien y te daré mucho dinero y publicidad. Actúa mal y te los quitaré'”.
Dependencia de la publicidad pública
Trabajadores de La Jornada durante una huelga. El gobierno apoyó a ese diario con más de un millón de dólares en publicidad oficial durante una grave crisis financiera. Los críticos dicen que el periódico perdió independencia editorial.

Lea un periódico, sintonice una estación de radio o encienda la televisión en México y recibirá una avalancha de publicidad oficial. En algunos diarios, casi cualquier página es usada para publicar avisos que promueven alguna secretaría gubernamental. A veces, se destina tanto tiempo al aire a alabar el trabajo del gobierno como a cubrir las noticias.

Este gasto extraordinario se produce en un momento en que el gobierno mexicano está recortando los presupuestos en general, incluidos los de salud, educación y servicios sociales. El gobierno federal gastó tanto dinero en publicidad el año pasado, alrededor de 500 millones de dólares, como lo hizo para apoyar a los estudiantes de su principal programa de becas para las universidades públicas.

Según los historiadores, la cooptación de los medios de comunicación es más importante que el gasto de cualquier otro gobierno en promoción. Refleja la ausencia del pacto básico que la prensa libre establece con sus lectores en una democracia, un compromiso en el que responsabilizar a los poderosos forma parte de su misión.

“Es un problema común en el mundo en desarrollo pero el problema es mucho, mucho más grave en México”, dijo David Kaye, representante especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión. “Es notable lo que gasta el gobierno”.

El estado actual de los medios mexicanos, y su estrecha relación de dependencia con los fondos gubernamentales, no es una rareza en América Latina. Desde hace varios años, diversas organizaciones como la Unesco y la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la CIDH han alertado sobre el uso de la publicidad estatal para recompensar o castigar las líneas editoriales.

Casos como el de Venezuela, país en el que desde la llegada de Hugo Chávez al poder se han suscitado denuncias por el uso de la pauta oficial para presionar a los medios y donde solo este año, en la gestión de Nicolás Maduro, cerraron 49 medios de comunicación; Ecuador durante los mandatos de Rafael Correa, quien demandó a diversos medios de comunicación y llegó a prohibir que se otorgara publicidad estatal a los medios privados, o Evo Morales, quien gobierna Bolivia desde 2006 y aspira a la reelección. Este año, ante las repetidas denuncias de asfixia económica por parte de los medios locales que no reciben publicidad oficial, Morales escribió en su cuenta de Twitter: “Medios que no reciben publicidad del Estado son los que mienten, insultan, difaman y desprestigian autoridades”.

La mayoría de los medios mexicanos han dependido de la publicidad pública durante tanto tiempo que no sobrevivirían sin los aportes del gobierno, lo que le otorga a los funcionarios una gran influencia para presionar sobre la cobertura de ciertas noticias y dejar a un lado otras informaciones, dicen los analistas, reporteros y dueños de medios.

“Este es un problema económico”, dijo Carlos Puig, columnista del periódico Milenio, un diario que recibe fondos del gobierno sustanciales. “El modelo estadounidense clásico no existe aquí”.

El año pasado, estalló una protesta pública luego de que un alto funcionario del gobierno fue a las oficinas de Milenio para quejarse por una noticia. El artículo, que criticaba una iniciativa nacional contra el hambre, fue retirado del sitio web del periódico inmediatamente después de la visita.

La noticia volvió a ser publicada más tarde, con un titular mucho menos negativo. El periódico dijo que la razón era simple: el artículo era “deplorable”, un intento inexacto y “vulgar” de difamar a un funcionario por lo que se disculpaban con sus lectores. Pero los periodistas y defensores de la democracia, citando el poder de la publicidad del gobierno, se quejaron y el periodista renunció en señal de protesta, alegando que había sido censurado. Finalmente, el título original fue restaurado.

La interferencia gubernamental directa, a menudo es innecesaria. Un 68 por ciento de los periodistas mexicanos dijeron que se censuraban, no solo para evitar ser asesinados, sino también por la presión de los anunciantes y el impacto en los ingresos de los medios, según un estudio realizado a lo largo de tres años por académicos mexicanos y estadounidenses.
El funeral de Javier Valdez Cárdenas, un periodista premiado que fue asesinado a balazos en mayo. En México, la violencia contra la prensa es generalizada.


Francisco Pazos trabajó durante varios años en Excélsior, uno de los periódicos más grandes y antiguos de México. Cuenta que uno de los momentos más frustrantes de su carrera sucedió a fines de 2013, cuando el gobierno estaba en medio de una lucha para aumentar el costo del pasaje en el transporte público.

Pazos dijo que trató de explorar en detalle la ira de los pasajeros, hasta que un editor lo detuvo, diciéndole que el periódico ya no cubriría la controversia.

“Llegué a entender que había temas que simplemente no podía cubrir”, dijo Pazos. “Y, finalmente, dejé de buscar ese tipo de noticias. Finalmente, tú mismo te conviertes en parte de la censura”.

Muchos propietarios y directores de medios dicen que tienen tan pocas fuentes independientes de ingresos aparte del gobierno que se enfrentan a una dura elección: asfixiarse por la falta de recursos o sobrevivir como cómplices de su propia manipulación.

“Por supuesto, el uso del dinero público limita la libertad de expresión, pero sin ese dinero público no habría medios en México”, dijo Marco Levario, director de la revista Etcétera. “Todos somos cómplices en eso”.

El modelo significa que algunos medios de comunicación apenas pueden permitirse mantener sus propios principios. Hace veinte años, el diario La Jornada era uno de los más apreciados en el país, una voz crítica y una lectura obligada para los intelectuales y activistas que caminaban por la ciudad con el periódico bajo el brazo.

Pero los años no han sido amables con ese diario. Hace unos años, estaba muy cerca de la ruina financiera. Luego, el gobierno intervino rescatando la publicación con más de 1 millón de dólares en publicidad oficial y, según los críticos, afectando en el proceso la independencia editorial.

“Ahora se adueñaron de ellos”, dijo Levario. “El periódico ha sido como un portavoz del presidente”.

Otros vínculos comerciales unen a los medios de comunicación con el gobierno. Muchas empresas de medios forman parte de conglomerados más grandes que construyen carreteras u otros proyectos públicos. La misma persona propietaria de Grupo Imagen —una organización que tiene estaciones de radio, canales de televisión y varios medios impresos— también es propietaria de Prodemex, una importante empresa de construcción. Ha ganado más de 200 millones de dólares en los últimos cinco años con la construcción de instalaciones gubernamentales y desempeñará un papel importante en la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México.

Tanto La Jornada como Grupo Imagen, que es la empresa matriz de Excélsior, no respondieron a las repetidas solicitudes de entrevistas para este trabajo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó recientemente el tema de la publicidad oficial al dictaminar en noviembre que el gobierno debe cumplir con la promesa del presidente de regular el flujo de dineros públicos de una manera imparcial.

“La ausencia de regulación en la publicidad oficial permite el uso arbitrario de los presupuestos de comunicación, lo que indirectamente restringe la libertad de expresión”, dijo Arturo Zaldívar, un juez de la Suprema Corte.

En un comunicado, la oficina del presidente se refirió a la publicidad oficial como una forma de promoción con respaldo constitucional que le permite informar y educar al público sobre sus labores. Pero rechaza la afirmación de que ese gasto distorsiona la cobertura de los medios de asuntos importantes o asfixia la libertad de expresión de cualquier manera.

“Todos los días los periodistas de México cuestionan, con absoluta libertad, las acciones del gobierno y las de nuestros representantes, incluido el presidente”, se lee en el comunicado. “Hay una crítica permanente de los periodistas mexicanos hacia el gobierno. Con solo abrir cualquier periódico, encender la televisión e ir a las redes sociales, eso puede verificarse”.

Poco después de su elección, el equipo de Peña Nieto ideó un plan para regular el gasto de los medios, según tres personas familiarizadas con la propuesta.

Pero Aurelio Nuño, el exjefe de gabinete del presidente y exsecretario de Educación Pública, dijo que la propuesta nunca avanzó lo suficiente como para convertirse en el borrador de una ley que pudiera cambiar esa situación. El esfuerzo fue subsumido por otras promesas de campaña y se quedó atrás, dijo.
‘Calentar’ a los políticos
La mayoría de los medios de comunicación han dependido de la publicidad oficial durante tanto tiempo que no sobrevivirían sin los aportes del gobierno.

Como jefa de reclutamiento en el periódico Reforma, Diana Álvarez se ha acostumbrado a la definición flexible del periodismo en México.

Ella cuenta que hace unos años entrevistó a una joven que trabajaba en un gran periódico de Ciudad de México. La mujer, que tenía una maestría en periodismo, dijo que su trabajo en el periódico consistía en crear archivos de recortes de prensa negativos sobre los gobernadores de todo el país.

Esos archivos se le entregaban al departamento de ventas del periódico que luego se acercaba a los gobernadores para venderles “planes de cobertura” para mejorar su imagen pública, explicó la joven.

Álvarez citó más ejemplos. Un candidato a editor se jactó de que sabía cómo trabajar sus relaciones con los políticos para obtener más dinero publicitario.

Lo definía como “calentarlos”, lo que implicaba mostrarle a los políticos una noticia crítica que su periódico planeaba publicar. Luego, como le explicó a Álvarez, un contrato publicitario con su periódico que le ayudaría a “apagar el fuego”.

Sin embargo, otro solicitante, un exempleado del gobierno, dijo que sabía cómo “tratar a la prensa”, recordó Álvarez. Le contó cómo había estado a cargo de distribuir sobres llenos de efectivo para los periodistas.

“Me gustaría poder decir que estos son casos aislados, o solo algunos, pero no es así”, dijo Álvarez. “Hay muchos como ellos que hablan de esas prácticas de una forma en la que te percatas de que las han normalizado”.

Daniel Moreno, director de la publicación digital Animal Político, dice que no recibe casi nada de dinero del gobierno federal, y cantidades relativamente pequeñas de los gobernadores estatales.

No es porque no quiera el dinero, dice Moreno. Es solo que el tipo de cobertura crítica que su equipo de noticias hace no es recompensado con contratos gubernamentales, sostiene.

Recientemente, Moreno dijo que recibió una llamada de funcionarios del estado de Morelos —que invierte cerca de 3000 dólares al mes en publicidad en su medio—. La esposa del gobernador estaba atravesando un momento complicado por las afirmaciones de que estaba politizando la ayuda para las víctimas del terremoto, una acusación que ella rechazó, por lo que un funcionario estatal sugirió que Animal Político debía hacer algunas noticias positivas.

Moreno rechazó cortésmente la propuesta. “Estaban bastante ofendidos”, dijo encogiéndose de hombros. “Y estoy seguro de que el dinero se ha ido”.

Aún así, les fue mejor que con la mayoría de los estados, dijo Moreno. Como política, Animal Político despliega una notificación en las piezas que se pagan por publicidad, por lo que los lectores saben que el trabajo no es periodismo independiente, dijo.

Pero funcionarios de los estados de Chiapas, Oaxaca y Sonora se han negado a pagar por el contenido a menos de que se publique sin la advertencia, dijo. Y Moreno se ha negado. “He perdido más dinero de esa manera del que he ganado”, dijo entre risas.

Este mes, las organizaciones de noticias se unieron para denunciar la violencia contra la prensa en México, donde los asesinatos de periodistas alcanzaron un récord este año. Un total de 39 grupos de medios firmaron un comunicado.

Pero algunos medios, como Animal Político, no se unieron porque insistieron en agregarle al mensaje algunas líneas adicionales sobre el daño que la publicidad oficial le hace a la libertad de expresión.

Se produjo un pequeño alboroto, dijeron. Algunos grandes periódicos que dependen en gran medida del dinero del gobierno se opusieron.

Finalmente, la carta fue enviada sin las líneas, y sin la firma de Moreno y sus colaboradores. Aparentemente, los medios noticiosos no estaban dispuestos a desafiar su sustento.
Una revelación que plantea preguntas
Ricardo Anaya, candidato presidencial del Partido Acción Nacional: "No se puede competir con un gobierno que le paga 500 millones de dólares al año a los medios".

El 23 de agosto, Ricardo Anaya, presidente del opositor Partido Acción Nacional (PAN) y ahora candidato a la presidencia en las elecciones del próximo año, se despertó con la noticia de que su nombre y su familia estaban en la portada de El Universal, un importante periódico del país.

La noticia entraba en detalles sobre el imperio de bienes raíces de su suegro y, más específicamente, las formas en que la carrera política de Anaya había ayudado a impulsar esa fortuna.

El relato era familiar en México: un líder político que había utilizado su influencia para enriquecerse a sí mismo y a su familia. El Universal expuso las direcciones y los valores de las diversas propiedades, e incluso publicó fotos de su familia extendida, 14 personas en total. Los medios de comunicación de todo el país divulgaron la historia.

Lo único que le faltó al reportaje, según dictaminó un tribunal, fue precisión. Anaya logró demostrar que gran parte de la información era errada, sesgada o simplemente incorrecta. Mientras que sus suegros poseían claramente una serie de propiedades, muchas de ellas habían sido adquiridas antes de que comenzara su carrera política, según demostraron los registros públicos.

Según Anaya, lo más desconcertante eran las fotografías de su familia. Por lo que la familia sabía, nunca habían sido publicadas. De hecho, se parecían bastante a fotos de pasaporte.

Como esas fotos estaban en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que emite los pasaportes, Anaya sospechaba que sus rivales en el gobierno le habían filtrado las fotos al periódico.

“Están tratando de destruir mi carrera política con esta campaña”, afirmó. “No se puede competir con un gobierno que le paga 500 millones de dólares al año a los medios”.

Durante los siguientes dos meses, el periódico le dedicó más de 20 portadas a Anaya, acusándolo de malversar fondos públicos, beneficiarse financieramente de su posición y dividir a su partido.

Anaya presentó una demanda. En octubre, el tribunal determinó que El Universal había tergiversado la riqueza de sus suegros y acusó erróneamente a Anaya de utilizar su cargo para beneficiarlos.

El Universal afirmó que tenía derecho a publicar la noticia amparándose en la libertad de expresión, un argumento que el juez cuestionó porque el periódico “no había basado su investigación en hechos”. El diario apeló la decisión del tribunal.

Este caso plantea preguntas sobre la confianza en los medios de comunicación, en un país en el que reciben tanto dinero de la publicidad gubernamental.

El Universal recibe más publicidad gubernamental que cualquier otro periódico de la nación, alrededor de 10 millones de dólares el año pasado, reveló Fundar. Los críticos argumentan que el diario se ha convertido en algo así como un perro de ataque del gobierno para las elecciones presidenciales del próximo año.

Según el periódico, esa sugerencia es “falsa y ofensiva”. La publicidad oficial “no afecta de ninguna manera la línea editorial del periódico”, dicen los voceros del medio y agregan que “los pensadores de todos los partidos políticos” están representados en sus páginas.

No todos sus periodistas están de acuerdo. En julio, media docena de columnistas anunciaron sus renuncias en protesta por lo que calificaron como cobertura parcial, diciendo que los propietarios habían destruido la credibilidad de la institución.
José Antonio Meade, candidato del PRI a la presidencia. El editor de investigaciones de El Universal renunció porque cree que el periódico está demasiado cerca de ese partido, dicen sus colegas.

Salvador Frausto, un exeditor de investigación que ganó muchos premios en el periódico, también se marchó. Sus colegas dijeron que estaba claramente incómodo con lo cerca que estaba el periódico del PRI y su nuevo candidato presidencial, José Antonio Meade.

La persona que remplazó a Frausto como el nuevo editor de investigación fue recientemente un funcionario de prensa en la Secretaría de Relaciones Exteriores, según su perfil de LinkedIn.

Y el director de noticias de El Universal tiene vínculos estrechos con el nuevo candidato: su esposa era la jefa de prensa internacional de Meade en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México.

El diario dice que no hay conflicto de intereses y que no tolera la cobertura parcial de ningún tipo.

Pero no es la primera vez que los reporteros del periódico cuestionan su independencia. Los periodistas contaron que en 2012, cuando Peña Nieto se postulaba para su cargo actual, los editores y directores de noticias comenzaron a cambiar las columnas que eran críticas con el candidato sin advertirles, a veces en el último momento.

“La razón por la que terminé renunciando al periódico es que ya no sentía que tenía garantizado un espacio libre”, escribió Andrés Lajous, un estudiante de doctorado de la Universidad de Princeton, en un artículo que relata lo sucedido.
‘Fueron los federales’
Una vigilia por las personas que murieron en enfrentamientos con la policía federal en el estado de Michoacán.

Los testigos lo definieron como una ejecución. En enero de 2015, Laura Castellanos, una periodista premiada, fue enviada por los editores de El Universal a cubrir un par de tiroteos en los que estaba involucrada la policía federal.

En ese momento, los grupos de autodefensa habían tomado las armas para luchar contra el crimen organizado y Castellanos, que había escrito extensamente sobre el tema, era considerada una experta.

Pasó 10 días reporteando la noticia contactando a sus viejas fuentes y entrevistando a los testigos en el estado de Michoacán, donde murieron 16 personas y docenas resultaron heridas.

El tema fue especialmente delicado porque un aliado cercano del presidente, Alfredo Castillo, que había sido designado para supervisar la situación de seguridad en Michoacán, afirmó que las muertes se produjeron en un tiroteo con asaltantes armados.

Castellanos dijo que grabó entrevistas con 39 personas —víctimas, transeúntes, trabajadores de hospitales— y llegó a una conclusión distinta. La policía federal ejecutó sumariamente a sospechosos desarmados, incluidos algunos que se rindieron de rodillas y con los brazos arriba, según lo que refleja su investigación.

Después de días de edición y verificación de datos, dijo que el reportaje estaba listo para publicarse. Pero eso no sucedió.

Castellanos y sus editores no se sorprendieron. Peña Nieto ya estaba bajo una fuerte presión pública por su manejo de la desaparición de los 43 estudiantes universitarios, así como por la compra que hizo su esposa de una casa multimillonaria a un importante contratista del gobierno.

Pero después de dos meses y medio —durante los cuales una de sus fuentes fue torturada y asesinada, según contó la reportera— Castellanos comenzó a preocuparse porque su reportaje nunca se publicara.

Al consultar con abogados dijo que descubrió una laguna en su contrato que le permitió publicar el material en otra parte.

Uno de los pocos medios dispuestos a contar esa historia fue el sitio web fundado por Carmen Aristegui, otra periodista galardonada, que perdió su trabajo en una estación de radio después de revelar el caso de la casa de la esposa del presidente.
La periodista Carmen Aristegui aceptó publicar un reportaje de investigación que otros medios no quisieron divulgar. El día de la publicación su sitio web dejó de funcionar.

Pero en la mañana en la que se programó la publicación del reportaje de Michoacán, con el titular “Fueron los federales”, el sitio web de Aristegui dejó de funcionar.

Eventualmente, descubrieron lo que sucedió: el sitio web fue intervenido.

Finalmente el reportaje se publicó, pero es un caso que suscita preguntas sobre la independencia editorial en un país inundado de publicidad gubernamental.

Ni los asesinatos ni el hackeo se resolvieron por completo. El Universal dijo que no había publicado el trabajo de Castellanos porque no cumplía con los estándares del periódico.

Al año siguiente, el reportaje de Castellanos fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de periodismo de investigación, uno de los galardones más prestigiosos del país.

Los gremios quieren paritarias con un piso del 20%




Tras el anuncio del gabinete económico del Gobierno, el sindicalismo endurece su postura ante la discusión salarial.




El ministro de Trabajo Jorge Triaca recibió a la cúpula de la CGT.



Los cambios en las metas económicas que anunció ayer el Gobierno tuvieron varias consecuencias casi inmediatas. La primera fue que el dólar experimentó una nueva suba y superó los 19 pesos. Otra es que algunos gremios decidieron recalibrar sus estimaciones para las paritarias de 2018.

Ayer el Jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña; el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; y de Finanzas, Luis Caputo, brindaron una conferencia de prensa en la Casa Rosada en la que anunciaron que el Gobierno decidió "recalibrar" las metas de inflación y según los pronósticos en 2018 será del 15% y alcanzará un dígito recién en 2020.

A eso se le suma el aumento en el transporte. Los nuevos cuadros tarifarios de colectivos y trenes comenzarán a regir desde febrero próximo y serán anunciados por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la semana que viene. Por lo que se anticipó, la suba será gradual.

Ante esta situación, los gremios quieren un 20% de aumento, más una cláusula gatillo, parámetros que chocan con las pretensiones que tiene el Gobierno.

El Ejecutivo tiene la intención de establecer un techo del 16%. Además, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, expresó en reiteradas ocasiones la voluntad del Gobierno de dejar de usar la variable de la cláusula gatillo que se tomó como costumbre en las negociaciones en los últimos años. Por lo que se estima que la discusión paritaria para el año que viene podría ser tensa.


Los sindicatos argumentan que luego de que las estimaciones oficiales con respecto a los cálculos de la economía de los últimos dos años fueran erróneos, será difícil que acepten acuerdos sin el salvoconducto de la cláusula gatillo.

La American Psychological Association estudió la correlación entre la percepción de felicidad y el nivel socioeconómico


Científicos revelan como experimentan la felicidad ricos y pobres


Una investigación realizada en Estados Unidos ha revelado que las emociones positivas que experimentan las personas adineradas tiene un carácter más egocéntrico.



Los ricos son diferentes del resto de la población, y esa diferencia incluye la forma en cómo experimentan la felicidad.

En lugar de sentir emociones positivas que involucran conexiones con otras personas, su felicidad se expresa con más frecuencia en forma de sentimientos que se enfocan hacia sí mismos, según muestra una nueva investigación publicada por American Psychological Association.

Sin embargo, esta diferencia no significa necesariamente que las personas de altos ingresos sientan una felicidad más total que las personas que ganan menos, según el estudio publicado la semana pasada en la revista Emotion.

Los autores de la investigación concluyeron que las personas adineradas están más aisladas de las amenazas sociales y ambientales, lo que les permite poder centrarse en sus propios "estados y metas internas", en lugar de tener que preocuparse por otras personas.


Por otro lado, aquellos que pertenecen a clases más desfavorecidas económicamente son más vulnerables a la delincuencia o a verse obligados a enviar a sus hijos a escuelas con fondos insuficientes. En sus casos, sugieren los investigadores, la mejor estrategia de afrontar las dificultades de la vida es atravesarlas en compañía, buscando el apoyo de otros.

Esto requiere que se centren en otras personas en lugar de solo en sí mismas. Para ver cómo la clase social influye en la felicidad, Paul Piff y Jake Moskowitz, de la Universidad de California Irvine examinaron datos de encuestas de 1.519 estadounidenses que respondieron a preguntas sobre los ingresos de su hogar y su estado emocional.