sábado, 22 de julio de 2017

#votojoven: clivajes, luchas contra enemigos poderosos y reconocimiento de la tribu


Por Rubén Weinsteiner


       La identificación, apoyada en el clivaje autenticidad-impostura, clivajes, , lo autentico y lo artificial.
Los otros son la impostura, los que dicen una cosa pero son otra. Contra eso, se plantea un modelo normativo de autenticidad, sencillez y transparencia. No ser “careta”,  no ser “trucho”, ser o en realidad parecer verdadero y transparente.
El marco de referencia está afuera de la familia,  pero dentro del círculo tribal, y  esa figura referencial se consolida  por un cualidad específica.  Por ejemplo, el líder de la banda que más le gusta, pero además valida su autoridad con un discurso que se retrolegitima a través de los valores de la tribu,  y los proyecta hacia afuera.
             
La institucionalización de soluciones para problemas no legitimados.  

La política como herramienta de reconocimiento, legitimación y solución de problemas de los cuales los adultos “no se hacen cargo”  dejando a los jóvenes en un limbo.
Por ejemplo hoy,  el déficit habitacional. La casa como primer ordenador social, no es algo a lo que los jóvenes puedan acceder mediante el ahorro. Solo quien tiene padres con dinero puede comprarse  una vivienda.  ¿Cómo se supone que un joven puede comprarse una vivienda?  Instalado socialmente el mandato de formar parejas y familias, sin casa no hay familia, por un lado se plantea un modelo y por el otro se cierran los caminos para construir ese modelo.
Este tipo de situaciones , constituyen  aquellos problemas,  en los cuales  los jóvenes,  sienten que los adultos revelan una desidia banal.
Otro ejemplo:  ¿donde se orina en el espacio público en Buenos Aires, si baños públicos no hay?.
En la calle baños no existen, en los bares solo admiten clientes, lo cual obliga a mucha gente pedir un café para ir a un baño. ¿Donde se supone que orine una persona necesitada de hacerlo, estando en la calle?
El planteo de estas preguntas, la interpelación a los más viejos, y la búsqueda de respuestas conforman la demanda de institucionalización  que  conlleva una legitimación implícita  y demandada de valores, sentimientos, necesidades,  deseos y aspiraciones.
El clivaje prohibido-permitido.

 La tensión entre lo prohibido y lo permitido,  como el consumo de marihuana o el aborto.  O en otras épocas,  desde el divorcio,  hasta circular por el espacio público en pantalones cortos, plantea un  trade off que cliva y  divide la cancha entre los caretas y los propios, porque el joven pone en emergencia conductas “asociales” , que muchos viven y practican subterráneamente.

Es más importante lo que dicen otros jóvenes, dentro o fuera de  la tribu, por afirmación o por negación,  que lo que dicen los padres.

De esta manera gestionan el conflicto entre lo que está bien para los padres y lo que está bien para los pares, y así de esa manera,  responder a dos expectativas diferenciadas.
El súper yo y  la constitución del yo plasmados en  la contradicción de las construcción de las decisiones,  tiende a profundizar el conflicto. Esta contradicción genera tensiones interesantes en la conducta,  y en los mecanismos decisorios.
Si los jóvenes cumplen con lo que está bien para los padres, incumplen con lo que está bien para los pares y viceversa. “No tomes, no entables relación con gente peligrosa, estudiá mucho” consejos sobre la vida sexual,  las relaciones, el trabajo y finalmente la política.
El reconocimiento de la cultura que viene, más que como una contracultura.
Los jóvenes barometrizan el cambio, lo que hoy está no aceptado  o mal visto y mañana será normal.  Por eso   demandan  él cambio y lo anclan en el límite de lo socialmente aceptado.
La demanda implícita es  que sea aceptado lo  inaceptable dentro de las condiciones objetivas,  pero que como dice la marcha de la bronca de Pedro y Pablo,  “haré de cualquier modo” .
Planteo de luchas contra enemigos poderosos, con final abierto.
 
Muchos plantean que la 125 fue el ADN del Kirchnerismo.  Como esta batalla,  se trata de luchas difíciles,  enmarcadas en la épica de quien se sabe más débil y por lo tanto debe revelar mística, valor y coraje para dar una batalla, a priori perdida, pero decisiva e ineludible.
El enfrentamiento contra  poderes hasta el momento “intocables” e “invulnerables”,  le otorga vitalidad y dinamismo, al vínculo,  entre una fuerza y los jóvenes
Ese final abierto, esa asimetría desfavorable,  indignan, emocionan, convocan y construyen la bronca originaria y movilizadora  y la alegría de la acción y compromiso colectivos.
Nuevos formatos  de participación política.

Twitter, Facebook y  las herramientas 2.0 y 3.0,  donde los jóvenes juegan de local, como nativos digitales, frente a migrantes digitales como sus padres, maestros y profesores, para desplegar nuevas formas de adhesión, militancia y compromiso.  La posibilidad de generar acciones,  publicar, interactuar, militar,  comunicar y llegar en forma simétrica a cualquier persona, segmento, audiencia u estamento.

Sarah Huckabee Sanders, la mujer con el trabajo más difícil de Washington

De 34 años e hija de un exgobernador conservador, sustituye al dimitido Spicer como portavoz de Trump


Sarah Huckabee Sanders, este viernes en la Casa Blanca


En marzo, Sarah Huckabee Sanders frenaba la especulación sobre si algún día podría convertirse en secretaria de prensa y portavoz de la Casa Blanca. Lo hacía fiel a su estilo: a la defensiva. “¿Cuándo Eric Schultz salía en televisión alguien decía que John Earnest iba a ser despedido? ¿Se escribió alguna vez esa historia?”, dijo en referencia al portavoz y su adjunto durante la fase final de la presidencia de Barack Obama.



Cuatro meses después, la especulación se ha convertido en realidad. Sean Spicer no ha sido despedido. Ha dimitido después de que Donald Trump nombrara al financiero Anthony Scaramucci como jefe de comunicación de la Casa Blanca, el encargado de supervisar al portavoz y toda la estrategia con los medios. En señal de protesta, Spicer se ha marchado y el presidente ha decidido que Sanders pase de adjunta a portavoz oficial.

La designación culmina el meteórico ascenso de esta mujer de 34 años y madre de tres hijos. Ha pasado de ser una asesora en la sombra de su padre, el exgobernador republicano de Arkansas Mike Huckabee, a tener el trabajo más difícil de Washington. Ser la cara visible de un presidente que no tiene reparos en contradecir a sus colaboradores, que considera a los medios de comunicación el “enemigo del pueblo” y que desata incendios con sus mensajes en Twitter.

Será una transición sencilla para Sanders. Desde finales de mayo, ya era la portavoz de facto de la Casa Blanca. Señalado por Trump, Spicer dio un paso al lado. Sus choques constantes con la prensa y sus meteduras de pata lo habían convertido en demasiado protagonista para un presidente que rechaza verse eclipsado. Las ruedas de prensa diarias del portavoz, que eran un espectáculo de confrontación, fueron sustituidas por encuentros sin cámaras con periodistas. Y en la mayoría de ellos, quién habló fue Sanders.

Comparten con Spicer el estilo agresivo y desafiante, pero Sanders tiene una actitud menos condescendiente y sobre todo pierde menos la paciencia. “Seré tan abierta y transparente como sea posible humanamente”, dijo este viernes en su estreno como portavoz oficial en la sala de prensa.

Lo que no se espera es un viraje radical. Como Spicer y Trump, Sanders ataca sin piedad a los medios que considera críticos y se suma a la cruzada contra las supuestas “noticias falsas” que en el universo del presidente se traduce en cualquier información de su desagrado. En junio, protagonizó un encendido choque con un periodista que la interrumpió durante una rueda de prensa después de que ella acusara a los medios de no tolerar el más mínimo error de la Administración y esconder los errores de periodistas.

Pero, a diferencia de su predecesor, la nueva portavoz tiene más músculo político. Es el mundo en el que ha vivido desde pequeña gracias a su padre. “Siempre digo que cuando la mayoría de niños de siete u ocho años estaban fuera saltando a la cuerda, ella estaba sentada en una mesa en la cocina escuchando análisis de resultados de encuestas”, dijo en mayo Mike Huckabee, que fue gobernador de Arkansas entre 1996 y 2007 y que integra la corriente más religiosa de los conservadores.

Huckabee y su hija nacieron en Hope (Arkansas), el mismo pueblo en que lo hizo Bill Clinton, que fue gobernador del Estado antes de alcanzar la Casa Blanca. En cambio, Huckabee nunca logró cumplir su sueño presidencial. Lo intentó en 2008 y 2016, pero se retiró tras las primarias iniciales. A su lado, siempre estaba su hija Sarah.

Tras la suspensión de la candidatura de su padre, que aspiraba a la nominación republicana, ella se unió a la campaña de Trump. Trabajó como asesora del magnate inmobiliario el resto de la campaña y se ganó su confianza. Le atrajeron los paralelismos con el exgobernador. “Una de las grandes cosas que promovía mi padre era cambiar Washington, romper ese ciclo”, dijo. “Pensé que el componente de outsider [de Trump] era importante y pensé que tenía la habilidad de ganar y vencer a Hillary [Clinton]”.

Sanders empezó sus andaduras oficiales en política en 2004 al trabajar para la campaña de reelección de George W. Bush. Luego se mudó a Washington y trabajó para el Departamento de Educación durante la etapa del republicano. Y desde entonces ha permanecido en el universo político de la capital excepto para ayudar a su padre en sus aventuras presidenciales. Creó con su marido una consultora para asesorar a políticos en campañas electorales, lo que la ayudó a conocer la maquinaria y trastienda del poder.

Su papel en la campaña de su padre le valió que la revista Time la incluyera en 2010 en su lista de personajes influyentes con menos de 40 años. Entonces explicó que su héroe era su padre, con el que suele hablar cada día antes de las 6 de la mañana. “Me desafía cada día a ser una mejor persona y siempre le estaré agradecido por ello”, dijo.

Admitió sus diferencias ideológicas con el demócrata Obama, pero le elogió por poner en el foco la necesidad de ayudar a las familias monoparentales. Y cuando se le preguntó dónde se veía en cinco años, contestó: “No sé ni dónde estaré en cinco semanas, menos en cinco años. Pero si estoy todavía involucrada en política espero que nunca pierda de vista por qué me involucré en primer lugar”.

Un ejecutivo de Wall Street para la propaganda de la Casa Blanca

Anthony Scaramucci, de 53 años, fue donante de las candidaturas de Barack Obama y Hillary Clinton y criticó con dureza a Donald Trump


El nuevo director de comunicación de la Casa Blanca JONATHAN ERNST


El nuevo responsable de dirigir la maquinaria propagandística de la Casa Blanca es un hombre con tres décadas de carrera en Wall Street. Anthony Scaramucci empezó trabajando para Goldman Sachs, el banco de inversión más influyente en el mundo de las finanzas, y es el fundador del fondo especulativo SkyBridge Capital, que está en proceso de vender desde que entró en el equipo del presidente Donald Trump.


Scaramucci se puso el mes pasado al frente del US Export-Import Bank, una agencia que asiste a las empresas que tienen operaciones en el exterior. Durante el proceso de traspaso de poderes de la Administración Obama y la futura de Trump fue una figura permanente en la Torre Trump, donde el también conocido como "The Mooch" -el birla- se encargaba ya de mantener una comunicación directa con los medios que se instalaron en la entrada.

La política, sin embargo, tiene sus matices. Antes dejar el mundo de las finanzas para ponerse al servicio de Donald Trump, apoyó con su fortuna y sus contactos las candidaturas de Jeb Bush y de Scott Walker. Y también realizó diferentes donaciones a las campañas de políticos demócratas, como Barack Obama, John Kerry y la propia Hillary Clinton. Su cuenta en Twitter estaba, además, plagada de comentarios favorables a los demócratas y críticos con el magnate..

Anthony Scaramucci, que se muestra muy confiado ante las cámaras, empezó a trabajar para Goldman Sachs al graduarse de la Escuela de Derecho de Harvard. Le echaron del banco y volvieron a contratarle. El abogado fundó SkyBridge Capital en 2005. Es un hedge fund que invierte fondos de clientes que no cuentan con el patrimonio suficiente para entrar en las grandes firmas y que vendió a la filial del conglomerado chino HNA Group, por unos 200 millones.

También es el fundador de SALT, una conferencia que cada año reúne a gestores de fondos en el hotel Bellagio de Las Vegas. Pero sobretodo era conocido en los círculos financieros porque le encantaba atraer la atención de la prensa y utilizaba sus apariciones en televisión para promocionarse. Como él mismo admitió en un evento público, siempre tuvo claro que quería ser un vendedor.
Comentarista

La imagen de Scaramucci en la Casa Blanca, de hecho, es surrealista vista desde el parqué neoyorquino, donde estaban más acostumbrados a escuchar sus opiniones de inversión en programas que asesoran a la audiencias, como Fast Money de la cadena CNBC o en el programa que el mismo dirigía en Fox Business. Poco a poco se fue introduciendo en el mundo de la política con sus comentarios.

Su figura fue objeto de controversia a raíz de una información de la cadena CNN en la que aseguraba que el ejecutivo estuvo en contacto con el Kremlin días antes de las elecciones. La historia resultó ser falsa y los tres periodistas fueron despedidos. El desliz dio nuevos argumentos a Trump para atacar la prensa. Pero el nuevo director de comunicación llega con la mano tendida para rebajar la tensión.

Anthony Scaramucci, de 53 años de edad, conoció al presidente cuando trabajaba para Goldman Sachs. Coincidió un par de veces con el empresario en eventos. Pero establecieron un contacto más estrecho cuando el financiero participaba en el equipo que recaudaba fondos para la campaña presidencial de Mitt Romney. Organizaron varios eventos en la residencia de Donald Trump en Manhattan.
Críticas a Trump

“Quiero al presidente”, dijo en varias ocasiones durante la rueda de prensa en la que se presentó como nuevo director de comunicación de la Casa Blanca. También destacó su capacidad para llegar al público con su mensaje y la maestría con la que maneja los medios sociales. Pero no siempre fue así. Scaramucci llegó a acusar durante la campaña a Trump de ser “antiamericano” por la división que estaba creado con su retórica y un “hacker político”.

El financiero hizo estos comentarios en la cadena conservadora Fox Business. Se defendía del ataque que hizo el entonces candidato contra los gestores de fondos. “Quizás va a nombrar a Elizabeth Warren para que le acompañe en la campaña como vicepresidente”, comentó. La senadora demócrata es de lejos la que más carga contra las prácticas de las firmas financieras. En las horas sucesivas a su nombramiento, limpió debidamente su cuenta en Twitter.

Alarma en el Gobierno porque Randazzo le saca más votos a Cambiemos que a Cristina

La apuesta a levantar entre agosto y octubre genera dudas. El riesgo del voto racional.


María Eugenia Vidal visitó la quinta de Olivos en enero con un diagnóstico claro: sin una tercera lista peronista, no sería fácil ganar en la provincia de Buenos Aires.

La escuchaban radicales espantados, molestos por cualquier roce con sus rivales históricos. Y Mauricio Macri, que se tomó en serio el consejo, al menos para no evitar que Florencio Randazzo se convierta en esa tercer boleta con orígenes en el PJ.

Pero las primeras encuestas que llegaron a los laboratorios de campaña del Gobierno no son muy alentadoras, porque los no más de 5 puntos que mide Randazzo no los habría captado de su ex jefa.

"Si no se pega a Cristina, lo pagaremos nosotros", se escuchó en los arquitectos de campaña del PRO. Los mayores reproches recaen sobre Federico Salvai, tal vez porque sabe cómo llegar al ex ministro.

La sesión para expulsar a De Vido también buscaba exponerlo, pero Randazzo se cubrió y le pidió la renuncia. Oscar Romero, diputado y candidato a reelegir por su lista, pediría la remoción de su par del FPV, en sintonía con su nuevo jefe.


Una de las zonas donde cosecha algunos puntos es en la primera sección y en el Gobierno detectaron que le reconocen su gestión ferroviaria.


Son votantes de sectores medios, "pensantes" y no del todo conformes con la gestión de Macri. Los mismos que Cambiemos busca persuadir para desnivelar en octubre, con el fantasma de la vuelta del kirchnerismo.


En sus entrevistas, Esteban Bullrich comenzó a hablar del 22 de octubre como fecha de elección real, o sea, en agosto será sólo un ensayo.

Según esa lectura, perder no sería tan grave si despierta a la gente que optó por Massa y Randazzo a votar Cambiemos en octubre.

Pero hay voces de Cambiemos que se animan a confiarse tanto, porque rara vez los bonaerenses votan en la general para levantar a un derrotado.


En el Frente Renovador también descreen de esa tesis, porque el votante pensante, molesto con el Gobierno, es el menos emocional. Y por lo tanto más difícil de hacerlo cambiar de idea.

Las recorridas de Macri por el Conurbano y sus repentinos planes de créditos populares denotan un problema casi irresoluble: sigue sin hacer pie en los sectores bajos, donde Cristina manda cómoda.

Tanto, que en el massismo ya le empezaron a pedir a su líder más estrategias para pelear ese voto.

"El bajemos los precios, es para la clase media", diferenciaron. Su visita a La Matanza de este jueves, buscó contentarlos.

Como a Randazzo, para robarle votos el Gobierno quieren emparentar a Massa con el kirchnerismo tras las primarias y jugar a fondo la grieta.

Ya intentó hacerlo durante el debate de la ley de responsabilidad penal empresaria y en el proceso para remover a De Vido.
En ambos debates, Nicolás Massot recordó siempre que pudo el paso de Massa por el Gabinete de Cristina Kirchner. Pero antes tienen que impedir que crezca Randazzo. O que no le robe votos.

El derecho laboral a desconectarse de la web


La aseguradora Axa ha sido la primera empresa española en incluir el derecho de su plantilla a no responder llamadas o correos fuera del horario laboral

"El horario es el que es y nos pagan por esas horas. No se puede tolerar que haya gente que te mande un correo o te llame a horas intempestivas o en fin de semana", dice Nieves del Moral, que negoció el convenio por parte de CCOO

UGT pide incluir este derecho en el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Prevención de Riesgos para evitar riesgos psicosociales



El derecho a la desconexión digital llega a España.

Entrar a la oficina a las diez de la mañana, pero responder un mail a las nueve. Salir a las siete, pero atender una llamada a las siete y media y un mensaje a las ocho. Las nuevas formas de estar conectado han hecho que el comienzo y el final de la jornada laboral sean más difusos que nunca. Por primera vez, una empresa en España ha regulado el derecho a la desconexión de sus empleados: la aseguradora Axa ha incluido en su convenio colectivo el derecho de la plantilla a no responder a mensajes o llamadas fuera de su horario laboral.

Como país, Francia ha sido pionero en regular este derecho en su última reforma laboral. Desde el pasado 1 de enero, las empresas de más de cincuenta trabajadores tienen que negociar con sus trabajadores una especie de código de desconexión. En España, el Ministerio de Empleo ha mencionado en varias ocasiones la posibilidad de regular este derecho, pero sin ninguna concreción.

El nuevo convenio firmado entre Axa y Comisiones Obreras explicita que "salvo causa de fuerza mayor o circunstancias excepcionales", la aseguradora reconoce el derecho de los trabajadores "a no responder a los mails o mensajes profesionales fuera de su horario de trabajo". El grupo señala que siempre han tratado de ser un referente y crear "el mejor ambiente posible" y que este convenio da un paso más en ese sentido.

Nieves del Moral es secretaria de CCOO en Axa y una de las negociadoras del convenio. El derecho a la desconexión era una de sus prioridades cuando comenzaron el diálogo con la empresa: "Los sitios de trabajo cambian, tenemos el teletrabajo regulado, somos cada más más digitales, hay otras formas de comunicación y eso puede afectar a la vida privada y la conciliación. La empresa mostró sensibilidad a todo esto".

Si hay voluntad, dice Del Moral, el derecho a la desconexión puede extenderse a otras empresas. "A todos nos pagan por trabajar, el horario es el que es y nos pagan por esas horas. No se puede tolerar que haya gente que te mande un correo o te llame a horas intempestivas o en fin de semana. ¿Dónde está el descanso", afirma.
Regular el derecho

¿Es necesaria una regulación que garantice este derecho? Para UGT, sí. La aparición de las nuevas tecnologías y la economía digital están haciendo que se difuminen las fronteras entre vida profesional y personal, dice el sindicato. Por eso propone que, a través de la negociación entre sindicatos y patronal, se introduzca este derecho en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el Estatuto de los Trabajadores. Es el Estatuto el que regula la ordenación del tiempo de trabajo.

Desde la secretaría de Salud Laboral de UGT alertan de que los riesgos psicosociales se han convertido en una "importante fuente de siniestralidad laboral" y señalan que el derecho a la desconexión serviría para garantizar el descanso y el respeto a una jornada laboral que actualmente se alarga de muchas maneras diferentes.

El abogado laboralista Fabián Valero, de Zeres Abogados, cree que la regulación actual ya fija una jornada laboral que debe cumplirse. "Cuando tú suscribes un contrato estás suscribiendo una jornada concreta de trabajo. Ese es el tiempo que estás a disposición de la empresa, no más", dice. Las profesiones en las que hay guardias u otro tipo de disposición deben contar con acuerdos y con un plus de disponibilidad.

No obstante, señala Valero, la norma actual está pensada para otro tipo de empresa: "Quizá estaría bien ampliarla, al menos, darle una vuelta". La clave, apunta, estaría sobre todo en la negociación colectiva para que cada sector o empresa pueda adaptar ese derecho a sus condiciones concretas.



Cuando no contestar un whatsapp del jefe es un derecho laboral


Regular el derecho del trabajador a desconectar puede quedar en papel mojado y los sindicatos abogan para que se haga en la negociación colectiva

"Una cosa es la ley, otra la realidad", dice un abogado laboralista, que recuerda que las horas de jornada laboral establecidas en el contrato ya marcan cuándo debe trabajar un empleado y cuándo no

Lo que no queremos como trabajadores en muchas ocasiones lo exigimos como clientes o consumidores en una de ley del embudo.


La escena será habitual para muchos. Sales de la oficina por la tarde, con la jornada laboral concluida. Y apenas te has sentado en el sofá o en una terraza, te llega un mensaje del jefe. Se le ha olvidado preguntarte algo, no encuentra un dato en ese informe que le has entregado para la reunión del día siguiente. La jornada laboral no está tan concluida como pensabas.

Whatsapps tardíos del jefe, una petición de última hora de un cliente a través del email, la angustia de saber, en algunos casos, que el doble tick azul delata que hemos visto un mensaje de la oficina o de estar esperando un correo del que alguien quiere una respuesta, sean las ocho de la tarde de un martes o la una del mediodía del sábado.



Son situaciones recurrentes y con un agravante reciente. Pasada la época de las vacas gordas, cuando firmar un contrato y que la empresa te diera un móvil era prácticamente uno, las compañías tiran de los móviles particulares de sus empleados. El teléfono de la oficina, a malas, se podía apagar. Quedarse sin el móvil propio para evitar al jefe parece más complicado.

Vivimos enganchados al trabajo. Los teléfonos móviles e internet trajeron consigo (en pocos casos, pero algunos) el teletrabajo. Pero también el trabajo constante. Las líneas entre tiempo laboral y de ocio son difusas por la perenne presencia de los smartphones en nuestras vidas y lo fácil y rápido que resulta contactarnos y pedirnos algo muy concreto. Puede ser una conversación de 20 segundos, una pregunta que no cuesta nada contestar. Estamos ahí, al otro lado de la pantalla, y caemos en ello, total, son 20 segundos. Solo es una más entre las casi 100 veces al día que, de media, desbloqueamos el teléfono para mirar algo.

El problema es que, mentalmente, nos impide olvidarnos del trabajo. En España, tres de cada diez trabajadores reconocen que no son capaces de desconectar durante sus vacaciones, según un estudio de Randstad. Además, un 39% de las personas se mantiene conectada por iniciativa propia y un 56% admite que su responsable laboral espera de él o ella que esté disponible por teléfono o correo electrónico durante los periodos de descanso.

Para evitar estas situaciones, Francia ha incluido en su última reforma laboral lo que han venido a llamar "el derecho a la desconexión". Con esta medida, las empresas de más de 50 empleados tienen que negociar con la plantilla en qué horarios los trabajadores tienen derecho a apagar el móvil y no ser molestados.

La medida es innovadora a nivel estatal, pero no pionera. En Alemania, por ejemplo, Volkswagen directamente bloquea el acceso al correo en el móvil entre 18.15 y 7.00 del día siguiente.


La patronal en España y Francia ya ha advertido de que hay sectores donde no es posible la desconexión.

El problema es cómo regular esto. Los sindicatos creen que legislar sería positivo, pero si se hace a la francesa no funcionará. "La ley francesa se enmarca en una situación de ambigüedad y queda en manos de lo que plantee la empresa", opina Ramón Górriz, secretario de Acción Sindical de CCOO. "Tiene que hacerse en la negociación colectiva, porque depende de los sectores. Si no, pasará como con la Ley de Igualdad, que está muy bien, pero luego no se aplica", argumenta.

Górriz abre el arco y explica que "ya existen unos derechos laborales recogidos en el Estatuto de los Trabajadores, pero también existen una precariedad, y eso presiona a cualquier trabajador a tirar sus condiciones para abajo".
Ya existe la jornada laboral como referente

Actualmente, en España no hay ninguna legislación específica sobre la desconexión, pero sí hay una que dice que cualquier trabajador pacta con su empresa las horas laborales (40 a la semana, por ejemplo) y no tiene ninguna obligación más allá de eso. "Las horas extraordinarias son voluntarias, nadie tiene la obligación de realizarlas salvo causa de fuerza mayor, como que se inunde una nave, por ejemplo", explica Juan Luis Ballesteros, abogado laboralista de Red Laboris.

Pero luego está la realidad. A ver quién le dice al jefe que no se queda a hacer horas extra o que pasa del sábado de convivencia. "Hay una prohibición de realizar horas extraordinarias habitualmente y, si se hacen, deben remunerarse", explica Ballesteros. "Pero cada poco salen informaciones sobre las horas extra que no se pagan".

¿Tendríamos derecho a negarnos? ¿Tenemos derecho a no contestar a ese email del jefe a las 21.00? ¿A salirnos de un grupo de Whatsapp del trabajo en el que nos han metido sin preguntar? "Sería [de producirse] un despido improcedente", responde el abogado. "Pero el patrón tiene muchos currículums esperando", añade Górriz. "Vete a juicio, que mientras estás en la calle y sin que te paguen".
La ley del embudo

Otro problema con la desconexión es que lo que no queremos como trabajadores en muchas ocasiones lo exigimos como clientes o consumidores, en una especie de ley del embudo que mezcla desconexión y conciliación laboral y familiar. "El español piensa que a las 7 de la tarde su abogado o arquitecto tiene que estar disponible. O el que sale a esa hora del trabajo, si va a una tienda y está cerrada, no vuelve. Es un problema de empresarios, pero también de la sociedad", sostiene Ballesteros.

¿Lo va a solucionar una ley? "Las leyes van haciendo mella. No de primeras, pero con el tiempo se iría asumiendo. Pero tengo dudas con su aplicación práctica", plantea el abogado. "No se puede prohibir a una empresa entregar un móvil a un empleado. ¿Qué va a decir entonces la ley? ¿Que no se puede enviar un email a partir de cierta hora? Dirá que no se puede obligar al trabajador a llevarse el teléfono a casa", se autorresponde. No lo dice abiertamente, pero en su reflexión flota la idea inicial: eso ya existe. Como el hecho de que no hay obligación de trabajar fuera del horario laboral, ni presencialmente ni a distancia.

Mientras llega la ley, o no, seguiremos recibiendo mensajes a deshora. De la comprensión de los jefes o clientes y de la posición de fuerza que tenga el empleado en la empresa dependerá que cada uno se vea más o menos obligado a contestarlos. La realidad es que un 12% de los trabajadores está quemado en el trabajo (síndrome del burnout) y, aunque no tenga por qué ser debido a la conexión permanente, vivir pendiente de que te pidan algo del trabajo en cualquier momento del día seguro que no ayuda.

La larga marcha de los campesinos paraguayos

En Paraguay, los campesinos se movilizan desde hace once días. Rechazan la concentración de la tierra y las políticas de ajuste del gobierno. Piden la condonación de deudas contraídas con el Estado. Hasta ahora, las autoridades parecen no escuchar.

Por Ignacio González Bozzolasco


Desde el pasado 10 de julio, miles de campesinos de diferentes gremios acampan en las plazas céntricas frente al Congreso paraguayo, en reclamo de un mayor apoyo por parte del Estado. fParaguay es uno de los países con mayor desigualdad en la tenencia de tierra de la región, donde sólo un 2,6% de la población concentra el 84,8% de las tierras. Mientras tanto, los pequeños agricultores campesinos que forman parte del 91,4% del total de propietarios rurales del país, solo ocupan el 6,3% de la superficie nacional. Esta situación es el obscuro trasfondo de las últimas movilizaciones de los gremios campesinos articulados en la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y que en la actualidad acampan en el microcentro de la capital del país.

Los antecedentes inmediatos de esta movilización se remontan al mes de abril del año pasado, cuando una alianza de gremios campesinos y cooperativistas se mantuvo movilizada en Asunción durante 23 días, generando importantes dificultades en el tránsito vehicular. Los últimos reclamaban la suspensión de una nueva medida que obligaba al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las cooperativas de ahorro y crédito, a la vez que los primeros reclamaban la condonación de deudas contraídas con entes públicos y privados debido a un fallido plan productivo asesorado desde el propio Estado. En esa ocasión, la movilización campesina fue levantada tras el compromiso de una reestructuración de la deuda y la conformación de una mesa de diálogo con las autoridades. Pero meses después, en setiembre del mismo año, los mismos gremios asociados en la CNI emprendieron un nuevo ciclo de protestas en diferentes puntos del país, debido al incumplimiento de los acuerdos por parte de las autoridades.

En la actualidad, los pequeños productores marchan de nuevo a la capital en un contexto marcado por la carrera electoral, de cara a los comicios presidenciales de abril de 2018. El primer hito de este camino será el de las elecciones primarias de todos los partidos, las cuales se realizarán de forma simultánea el 17 de diciembre del corriente año. En el Partido Colorado la puja se dirimirá entre dos candidatos: el exministro de hacienda, Santiago Peña, candidato del presidente Horacio Cartes, y el actual senador Mario Abdo Benítez, principal referente de la oposición colorada al presidente Cartes. Mientras que, en el campo de la oposición, la polarización no parece ser menor. El Partido Liberal tiene en la actualidad dos candidaturas en marcha, la de los exsenadores, Efraín Alegre y Carlos Mateo Balmelli, a la par que la izquierda continua en la incertidumbre y sin claras figuras en competencia.

En este contexto, los gremios campesinos ocupan las calles de Asunción reclamando la condonación de las deudas contraídas con el Estado y entes privados, como también demandando mayor asistencia técnica por parte de las autoridades. Sin lugar dudas, la coyuntura electoral le imprime una dinámica particular a la actual movilización, con la intervención a favor y en contra de diferentes actores en el proceso. Sectores particulares de la prensa, que en otras situaciones esbozaron crudas críticas hacia los pedidos de los gremios campesino, en la actualidad presentan posiciones más favorables, motivados quizás por su abierta confrontación con el gobierno tras la crisis generada en torno a la enmienda presidencial. Al mismo tiempo, parlamentarios de diferentes sectores se posicionan tanto a favor como en contra del pedido de los labriegos, colocando el reclamo campesino en un lugar prioritario de la agenda legislativa.

Además, las movilizaciones coinciden igualmente con un contexto socioeconómico adverso para los sectores más desfavorecidos del país. A la par de que se registra un aumento de la pobreza, que afecta al 28,86% de la población paraguaya en general y a un 39,72% de la población rural en particular, las cifras oficiales dan cuenta a la vez de un aumento del desempleo en la capital y las amplias zonas metropolitanas que la circunda, alcanzando a un 8,4% de la población económicamente activa.

Días atrás, los representantes de la CNI presentaron al actual presidente del Congreso, el senador Fernando Lugo, un proyecto de ley que propone condonar la deuda de los labriegos con entidades públicas y privadas. Con dicho proyecto las organizaciones campesinas solicitan la condonación de la deuda de unos 16.898 campesinos, la cual ronda los 34,7 millones de dólares americanos. Además, el proyecto incluye la declaración de emergencia nacional para la reactivación productiva de la agricultura familiar campesina, así como la regularización y legalización de todos los asentamientos campesinos con problemas de tierra en un plazo no mayor de seis meses.

Si bien la movilización supera ya los once días de lucha, la situación general no muestra señales de pronta respuesta a las demandas campesinas por parte del gobierno. A la vez que las autoridades arguyen la imposibilidad financiera del Estado de subsidiar a un volumen tan grande de productores con elevados montos, los críticos recuerdan los multimillonarios subsidios a empresarios transportistas e industriales, así como las facilidades crediticias y amplias exenciones tributarias con las que gozan los grandes productores de soja del país. Más allá de los debates coyunturales y las puntuales confrontaciones, no caben dudas de que las mencionadas demandas y reivindicaciones tienen lugar en una sociedad profundamente desigual. Sin embargo, esta condición continúa siendo ignorada al momento crucial de las grandes decisiones políticas en Paraguay.

Voto y alianzas electorales en Corrientes






Por Pablo Garibaldi

Ya está la fecha. El 8 de octubre se llevarán adelante las elecciones a cargos ejecutivo y legislativos provinciales en Corrientes. Para que esa jornada corone un gobernador electo, alguna de las ofertas debe obtener el 45% de los votos o el 40% más diez puntos porcentuales de diferencia con la segunda fuerza. Si ninguna oferta logra cumplir con uno de esos dos requisitos, los correntinos sumarán una segunda ronda entre la primera y segunda opción más votada, a celebrarse el 21 de octubre, como nueva cita a su exigente calendario electoral. De todos modos, el primer domingo de octubre de 2017 nos asegura certezas: sabremos cómo se repartirán las cinco bancas de senadores y las quince de diputados de la legislatura provincial. Todos estos cargos legislativos se distribuyen de acuerdo a una fórmula proporcional en distrito único.

Esta elección tendrá lugar después de dos sucesos relevantes. Por un lado, en los primeros días de junio de este año, una coalición liderada por el radicalismo recuperó la intendencia capitalina que se encuentra en manos del peronismo y sus aliados. Las alianzas allí enfrentadas se presumen similares a las que disputarán la pelea por la gobernación, aun no confirmadas. Más adelante retomaremos este punto. En segundo lugar, las Primarias, Abiertas, Simultáneas, y Obligatorias proveerán información sobre las preferencias de los correntinos a la hora de optar por su representación en el Congreso de la Nación. Los espacios que pican en punta para llevarse una o más de las tres bancas pertenecientes a la cámara baja, la magnitud efectiva de este turno, son ECO+Cambiemos, Juntos Podemos Más y 1País. La primera oferta es la coalición liderada por el radicalismo que cuenta con un recurrente socio local pero ahora muy fortalecido, el PRO. Hasta hace poco, el partido del Presidente era un jugador fragilísimo en la política correntina. ¿Cuánto rindió para el PRO la Casa Rosada en la negociación con el ejecutivo provincial por la conformación de la boleta? Los primeros tres lugares de la lista única responde con la secuencia UCR (Estela Regidor) – PRO (Sofía Brambilla) – Encuentro Liberal (Alfredo Revidatti). Las elites peronistas más rentables electoralmente y que tendieron a jugar integradas en el Frente para la Victoria hasta 2015 se alinearon en Juntos Podemos Más. Los juntados se revolverán entre siete listas en las primarias de agosto. El espacio 1País adelanta una única propuesta, cuyo primer lugar corresponde a Eugenio “Nito” Artaza, con la expectativa de terciar con éxito. Este sistema electoral de partidos de tercios desiguales se instaló en 2013 a partir de la aparición de un frente referenciado con Sergio Massa a nivel nacional y protagonizado por Artaza a nivel provincial. Los votos correntinos en las categorías de intendente capitalino y de diputado nacional, sin embargo, no solo son predictores poco confiables del ganador en la pelea por la gobernación sino que además resultan altamente insuficientes para abordar la política correntina.

El voto correntino

En 2001, 2005, 2009 y 2013, los ciudadanos correntinos apoyaron mayoritariamente a las distintas coaliciones electorales que lideró la Unión Cívica Radical en las elecciones a gobernador y vicegobernador de la provincia. En el mismo período, sin embargo, sostenidos respaldos se inclinaron hacia opciones peronistas cuando la presidencia estaba en juego. En 2003, la fórmula Menem – Romero obtuvo 35,02% de los votos mientras que la de Kirchner – Scioli alcanzó el segundo lugar con 26,39%. Posteriormente, el Frente para la Victoria – FPV logró, siempre en las elecciones presidenciales, 54,13% en 2007, 68,04% en 2011, y 50,26% y 55,36% de los votos en la primera y segunda vuelta de 2015. El ganador correntino coincidió con el ganador nacional en todas estas querellas menos en el ballotage de 2015. Como es de prever, las sólidas mayorías en la categoría presidencial se tradujeron en la arena legislativa nacional. Cuando hay concurrencia, entonces, la propuesta peronista gana la pelea por las bancas de diputados y senadores. Por esta dinámica, Carlos “Camau” Espínola, actual candidato a gobernador por el peronismo, asumió una de las dos senadurías capturadas por el FPV. En síntesis, las ofertas lideradas por el peronismo obtuvieron un extendido apoyo en las elecciones concurrentes mencionadas mientras que la propuesta respaldada por el radicalismo correntino fue relegada. En los turnos electorales que solo dirimieron cargos legislativos nacionales, se registran resultados parejos aunque inclinados hacia el radicalismo: una coalición radical-justicialista logró el primer lugar en 2003 y 2005 mientras que ajustados triunfos en 2009 y 2013 permitieron a la UCR y a sus socios derrotar al peronismo.



Si abordamos las últimas elecciones a gobernador, las bases territoriales de apoyo exhiben ciertas tendencias interesantes. El peronismo correntino ha mostrado desempeños competitivos en los dos principales municipios de Corrientes: la capital provincial y Goya. La tercera ciudad en términos de su caudal de votantes es un bastión radical: Paso de los Libres. De allí proviene uno de los posibles candidatos a gobernador, el ex intendente y actual Ministro de Coordinación y Planificación Eduardo Vischi. Observando las elecciones de 2013, los márgenes de victorias que le permitieron al radicalismo mantener el poder surgen más significativamente, además del infatigable aporte libreño, de ciudades medias -Mercedes, Monte Caseros, Virasoro, Bella Vista- y chicas -La Cruz, San Cosme, Itá Ibaté, Mburucuyá, Mocoretá, Juan Pujol, entre otras-.

La oferta electoral provincial

El radicalismo venció una y otra vez a sus adversarios en las elecciones a gobernador en la provincia de Corrientes entre 2001 y 2013. No lo hizo solo. En todas las disputas disfrutó de la contribución de socios menores pero decisivos. Sin embargo, no puede hablarse de una misma coalición en todo el período radical debido a que existe variación en términos de la composición y del número de integrantes. Este mayor número de socios no se relaciona directamente con un mayor apoyo ciudadano. En 2005, una alianza de 8 partidos obtuvo el 60,56% de los votos y ganó la elección. Acompañado de 18 fuerzas, entre las cuales se destacan al Partido Nuevo y Proyecto Corrientes, el radicalismo obtuvo 50,78% de los votos en 2013 y consagró en primera vuelta la reelección de Ricardo Colombi. En 2005, el aliado principal era el peronismo. En 2013, el peronismo era el desafiante a vencer.

El escenario de 2013, protagonizado por una coalición liderada por el radicalismo y otra por el peronismo, parece reeditarse este año con algunas novedades ineludibles. Pasemos a mencionarlas. Por un lado, Encuentro por Corrientes – ECO prepara y sufre la sucesión de Ricardo Colombi. Sin posibilidad de reelegir al líder, varios radicales sueñan con heredar la Casa de Gobierno: Gustavo Valdez, Sergio Flinta, Carlos Vignolo y Eduardo Vischi. El PRO es ahora un jugador fortalecido y ha intentado posicionar a Ingrid Jetter, titular de la gerencia regional NEA Región V de Vialidad Nacional, como candidata a la gobernación. Hoy, ese movimiento puede ser mejor leído como una jugada orientada a incrementar el poder de negociación en la arena electoral multinivel antes que como una apuesta estratégica en sí misma. El cargo a la vicegobernación de ECO suele corresponder al líder de uno de los partidos asociados más relevantes. En 2009, ese puesto fue asignado a Pedro Braillard Poccard del Partido Nuevo – PaNu y en 2013 a Gustavo Canteros de Proyecto Corrientes. Nuevamente, Braillard Poccard suena fuerte como el posible vice. El 14 de julio se disiparán las dudas.

Por el lado del peronismo, novedades emergen como consecuencia de la derrota del FPV en la carrera presidencial: restricción de recursos y extinción de la presidencia como un jugador con incidencia en la confección de la coalición. Asimismo, un mal desempeño del peronismo correntino en las elecciones a gobernador y a intendentes puede profundizar el debilitamiento de su “partido en las instituciones públicas”. Sin la presidencia de la nación y sin la capital provincial, una derrota en la elección a gobernador y a intendentes en Goya y Mercedes repercutirán en interesantes realineamiento internos. Por último, existen negociaciones para integrar a Cambio Popular, el espacio liderado localmente por Artaza, y el Partido Renovador Federal, conducido por Germán Braillard Poccard, a la coalición peronista que de prosperar pueden consolidar en la primera vuelta un nivel de concentración del voto entre la primera y segunda fuerza que agregue más del 90% de las preferencias ciudadanas.

Muy recientemente, Carlos Vignolo, Secretario General de la gobernación, afirmó públicamente: “Va a ser la primera vez que tendremos la oportunidad de insertar a Corrientes en un circuito Nación-Provincia-Municipio”. La política electoral es un vínculo que comunica este circuito. Pero no es el único. Las administraciones y dirigentes radicales en Corrientes piensan y esperan una mesa intergubernamental abierta a un menú de políticas bastante más amplio.

Que sostiene a Maduro en el poder?



Venezuela: ¿por qué no «bajan» de los cerros?


En entrevista exclusiva, el investigador Alejandro Velasco analiza el papel de los sectores populares en las protestas de Venezuela, que ya llevan más de 70 días, con muertos y heridos, en el marco de una multiplicidad de crisis.





Mucho se habla, y se escribe, sobre la crisis venezolana pero faltan algunos eslabones. Entre ellos está la pregunta por los sectores populares: ¿participan de las protestas?, ¿cuál es su relación con la oposición?, ¿y con el gobierno de Nicolás Maduro?, ¿quiénes son y cómo operan los famosos «colectivos»? Alejandro Velasco, autor de Barrio Rising. Urban Popular Politics and the Making of Modern Venezuela (2015), responde a algunos de estos interrogantes.





Una de las dudas que aparecen al leer sobre la crisis venezolana es qué factores sostienen a Nicolás Maduro en el poder. Siempre parece estar por caer y no cae, mientras la crisis se agrava. ¿Cuál es su interpretación?

Se combinan varios elementos. Por una parte, está el aparato estatal y la elite chavista. En la medida que vienen cerrándose espacios de maniobra en el plano doméstico e internacional, y tiene que recurrir más y más al autoritarismo, las figuras centrales del gobierno van atrincherándose al percibir una amenaza no solo a su permanencia en el poder sino verdaderamente existencial. Para algunos, es cuestión de principios: ante una oposición envalentonada y con amplio apoyo en el país y en particular en el extranjero, lo que está en juego es el legado de Hugo Chávez, en particular el avance hacia el estado comunal. Más allá de la oposición misma, esto siempre iba a significar una batalla contra la propia Constitución de 1999 –redactada en los comienzos de Chávez–, y con sectores internos del chavismo menos dados a la corriente socialista que a la de democracia participativa, base de esta Carta. De modo que, para los sectores más radicales, de cierta manera es un conflicto bienvenido aunque muy demorado, quizás demasiado para ser exitoso, pero darán la batalla de todas formas. Para otros, no obstante, el interés es más prosaico: los lazos de cuadros claves del chavismo con la corrupción desmedida –sea vinculada con el dólar preferencial o en algunos casos, con el narcotráfico– hace que cualquier salida del poder implique la cárcel, en Venezuela o en el exterior. De modo que la crispación del conflicto, vista en términos existenciales, tiende a cerrar filas, aunque por motivos muy diferentes.

Claro, hemos visto fisuras importantes en el chavismo, con gente que se ha desmarcado, como es el caso de la fiscal general Luisa Ortega Díaz. La fiscal ha mantenido una posición muy crítica frente a los dictámenes del Tribunal Supremo que invalidaban a la Asamblea Nacional, así como ante la convocatoria a la Constituyente y la represión de protestas. Pero por ahora no se han visto quiebres sustanciales. De cierta manera, incluso, las críticas de la fiscal, que por más duras que sean tienen poco peso jurídico más allá de palabras, benefician en parte al gobierno en el sentido de que demuestran cierta disposición a darle espacio a voces distintas dentro del aparato estatal. Pero es posible que la presión a la que se ha visto sujeta, especialmente en medios de comunicación del Estado, tenga mayores consecuencias, o bien que su ejemplo inspire más críticas e incluso quiebres claves. Por ahora, no obstante, son pocos esos ejemplos.

Por su parte, la oposición –aunque más unida que en años previos– peca como en otras oportunidades de exceso de confianza y cortoplacismo, en base su certeza de una victoria inminente. En esta oportunidad, esta dinámica ha sido alentada de manera acentuada y –estoy convencido– irresponsable, por voces como la del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, cuyas declaraciones llegan a sonar más fuertes que las de la propia oposición. El acercamiento opositor al gobierno de Donald Trump, la emergencia de gobiernos de derecha en Brasil y Argentina, y los intentos de diálogo carentes de sinceridad por parte del gobierno debilitan cualquier incentivo tendiente a moderar posiciones y buscar espacios para negociar. Ante este escenario, el atrincheramiento por parte del gobierno tiene su espejo en la actitud, también atrincherada, del liderazgo opositor, del cual, de hecho, se nutre.

Por último, está el «factor pueblo». Como en otras oportunidades, las manifestaciones opositoras han sido multitudinarias. Pero a diferencia de otros momentos, estas han logrado mantener día tras día, durante mucho tiempo, niveles de participación importante. También tienden a incorporar sectores sociales más diversos que en el pasado, aunque resultaría exagerado decir que hay un verdadero cruce de clases. De hecho, la brecha entre sectores populares y la oposición se mantiene y se manifiesta en las calles. La oposición lo atribuye a temor o control social de los barrios, sea por el Estado en su función de distribuidor de recursos –los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)– o por los llamados «colectivos». De eso hay algo, pero está sobredimensionado, y creo que obedece más bien a una falta de capacidad de autocrítica por parte de sectores de oposición para entender por qué, luego de dieciocho años, y a pesar de la crisis severa, aún no han logrado encausar un mensaje que atienda a la enorme desconfianza por parte de sectores que no creen que la oposición reunida en la MUD abogue por sus intereses a futuro. Ante esa enorme falla, resulta mucho más fácil atribuir la falta de participación masiva de los sectores populares a un aparato coactivo.

Esto no solo se remonta a la polarización en la era chavista. La desconfianza por parte de sectores populares se extiende más allá, hacia sectores de clase media y alta cuyo discurso sobre derechos humanos y democracia tiende siempre a enfocarse en los derechos civiles y políticos más que los económicos y sociales. Pero incluso existe una deuda moral de la oposición vinculada a lo que fue la represión no solo durante el golpe de 2002, sino bajo el Caracazo de 1989, además de varias masacres en los años 80 y 90 que ponen en entredicho el apego real de sectores antichavistas hacia los principios democráticos que enarbolan. Todo eso impide una revuelta masiva por parte de sectores populares, lo cual tiende a darle márgenes de maniobra al gobierno.

Vinculada a esta descripción que hace de los sectores populares, ¿por qué finalmente no «bajan» de los cerros, como suele decirse, dadas las privaciones crecientes provocadas por el descontrol económico?

Primero es importante entender que así como la oposición es heterogénea y en el chavismo hay diferencias importantes en su interior, los sectores populares son un actor complejo y a veces contradictorio. Dos ejemplos solo en Caracas: en 2015 la parroquia 23 de Enero, vista como un bastión de la revolución, votó mayoritariamente por la oposición en las elecciones parlamentarias. Y en el municipio Sucre, que abarca el barrio más grande de América Latina – Petare– gobierna la oposición desde 2008, aunque también allí operan consejos comunales muy afines al gobierno. Como esos hay muchos otros ejemplos importantes de zonas populares con representación política mixta, lo cual permite matizar sus repuestas ante la crisis, que de hecho son diversas.

Por ejemplo, si bien es cierto que no hemos visto participación masiva de parte de aquellos sectores más afectados por la severa crisis, sin duda sí hay protestas en los barrios. Tienden a verse más y más saqueos, sea de comercios o de camiones de abastecimiento. Esto ocurre de manera particular en el interior del país, donde el aparato de seguridad del Estado es más tenue que en las grandes ciudades. Además, se reportan disturbios en zonas del oeste de Caracas, de corte más popular, toda vez que el sistema de abastecimiento de comida en los barrios –los CLAP– presenta fallas y retrasos.

Por varios motivos, tales eventos no suelen contabilizarse como protestas. Uno, porque la oposición tiene interés en proyectar una imagen, sobre todo en el exterior, de organización, no-violenta, centrada en reclamos de tipo político: elecciones generales, libertad de los presos políticos, recuperación de poderes para la Asamblea Nacional. Son reclamos fácilmente entendidos como violación de derechos humanos en el ámbito internacional, por tratarse se derechos civiles y políticos más que económicos y sociales. Ante esto, si bien es claro que una rebelión popular masiva y multisectorial sería bienvenida por la oposición, también sería difícil situarla y canalizarla dentro de los marcos discursivos y estratégicos que se han trazado. De modo que esas protestas están latentes, pero aún circunscriptas a los márgenes.

Luego está el hecho que la idea de barrios que «bajan» está muy atada a lo que fue el Caracazo de 1989 y tiende a limitar lo que se imagina como protesta popular en Venezuela. Se piensa en términos de explosiones sociales masivas y repentinas, no como han venido trascurriendo en sectores populares propiamente identificados con los reclamos de la oposición: a cuenta gotas. Hoy, el tipo de protesta popular que se ve en sectores populares suele tener un carácter reivindicativo más que político partidista. Pero las cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social muestran protestas continuas y a escala nacional; protestas barriales contra los efectos de la escasez, la inflación, el colapso de servicios públicos, etc. De modo que los barrios han venido protestando y seguirán haciéndolo.

Pero, y esto es clave, una cosa es la protesta ante el gobierno, y otra la protesta anti-gobierno. En el pasado reciente, cuando la oposición logró una incidencia importante en sectores populares, lo consiguió enfocando su mensaje precisamente en aquellos reclamos que tienen eco en los barrios. Pero tiende a perder terreno cuando se aleja de estos y se enfoca en demandas de corte más político: cambio inmediato del gobierno, cese de la represión y violencia del Estado, ausencia de representación política. No es que estos sean temas que no importen en sectores populares. Todo lo contrario: precisamente estas fueron las bases sobre las cuales Chávez en su discurso y, por un tiempo en la práctica, logró el apoyo de estos sectores otrora marginados por las elites políticas y sociales. Pero hoy, el foco en la condena hacia el Estado por su represión de la oposición –sin duda correcto en principio– luce en los barrios como privilegio de clase, ya que la violencia y el abuso policial es pan de cada día en los sectores populares. Y ante ese escenario vemos el repliegue de las protestas puntuales en estos sectores, ya que, por más grave que sea la crisis, no van a apostar a un cambio de gobierno sin alguna señal más o menos concreta sobre lo que vendría, y encima con gente al mando que por décadas ha demostrado poca voluntad de acercamiento y menos aún de comprensión de las exigencias de los sectores populares; que no se esforzó en entender por qué Chávez logro cautivar los sueños de tantos venezolanos, lo que no ocurrió por meras dádivas, por carecer sofisticación ni por ser «enchufados».

Esto es lo que subyace lo que refería arriba: la desconfianza. Sin duda, en los barrios, el gobierno no solo está debilitado, sino desprestigiado, incluso entre los chavistas más comprometidos, para quienes el gobierno reacciona con timidez e incoherencia ante lo que perciben como una oposición violenta. Pero las encuestas demuestran que la oposición cuenta con una clara mayoría de aproximadamente 55% de apoyo contra un 15-20% del gobierno. Significa que a pesar de la crisis, una parte de la población otrora simpatizante del chavismo y hoy decepcionados con el gobierno, aun no se decide a apoyar a la oposición. Y ciertamente, van a pensarlo muy bien en el marco de protestas que se tornan más y más violentas, de manera particular en momentos como el actual en el que las protestas van dirigidas a cambiar el gobierno sin una idea más clara del futuro.

¿Hasta qué punto funcionan los CLAP y los colectivos como mecanismos de disciplinamiento social?

Sin duda existen esos mecanismos pero su impacto, en particular el de los llamados «colectivos», está sobredimensionado en el discurso y en el imaginario opositor y en sus ecos en el exterior. Unos días atrás, por ejemplo, un dirigente opositor tildó a la Guardia Nacional de «colectivos», mientras que hace unas semanas corría una cifra, en reconocidos medios internacionales, que indicaba que los colectivos «controlan» el 10% del país. Más allá de grandes interrogantes no solo sobre cómo se llega a ese porcentaje, sino lo que se define por «control» –territorial, demográfico, operativo– este tipo de análisis también apunta a un sujeto homogéneo que no se ajusta a la realidad. Aunque comparten características –entre ellas la más destacada, claro está, es el uso de armas de manera para-estatal– lo cierto es que existe gran variedad entre grupos que se autodenominan «colectivos» o así son conocidos. En su mayoría, se identifican con el gobierno, pero difieren tanto en su nivel de apoyo como en los motivos por cuales lo hacen, especialmente en momentos de abierto conflicto como el actual.

En términos muy generales, podemos hablar de tres tipos de colectivos: un grupo es de larga data, con orígenes anteriores al del chavismo. Tanto en ideología revolucionaria como en disciplina táctica están muy bien formados, y se remontan a la experiencia de las guerrillas de los años 60 de la que toman inspiración. También llevan adelante un trabajo social importante, además del de vigilancia contra bandas delictivas en los espacios donde operan, lo que les da legitimidad entre sus vecindarios, con excepciones, claro está. Estos grupos han chocado con el aparato estatal chavista, incluso con Chávez en su momento, toda vez que critican la falta de compromiso ideológico de la elite gubernamental en el marco de la corrupción galopante, porque reivindican su autonomía respecto del orden jerárquico del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y porque sobrepasan el control sobre las armas que Chávez quería canalizar, sin éxito, hacia las fuerzas armadas. De hecho, si bien otros componentes del aparato represivo del Estado tienen vínculos cercanos con colectivos, las fuerzas armadas por lo general los ven negativamente. Esto explica la dinámica que los hace salir y tomar acciones durante momentos de alto conflicto: menos en apoyo a Maduro que en defensa de lo que entienden que es una campaña militar sin cuartel para neutralizarlos en un contexto de transición.

Otro grupo surge entre 2007 y 2012, en pleno auge chavista. Toman como modelo al grupo anterior y desarrollan ciertas funciones similares de defensa en espacios muy reducidos junto a un trabajo social donde operan, pero su posicionamiento ideológico es mucho más comprometido con el «socialismo del siglo XXI»; es decir, mucho más allegados al chavismo y menos autónomos. Muchos están compuestos por gente más joven que los primeros colectivos, con menos trayectoria de lucha social en sus comunidades, pero dispuestos a desarrollarla en el marco de lo que fue la bonanza de recursos de esos años. A medida que esos recursos han escaseado bajo el gobierno de Maduro (e incluso antes), y por carecer de una base ideológica fuerte e independiente, algunos han ido pasando a actividades delictivas, haciendo uso de sus contactos en el gobierno, de su armamento y de su control de espacios reducidos.

Por último están lo que podemos llamar colectivos disfrazados. Surgen con la implementación del llamado Operativo para la Liberación del Pueblo (OLP), bajo el cual fuerzas especiales entran en barrios para desarticular supuestas bandas criminales, y a menudo sus acciones terminan en matanzas. En el marco de estos OLP, sectores de la policía han tenido contacto con colectivos en zonas donde operan, en principio para tratar de evitar enfrentamientos, pero en ese contexto, han ido también apropiándose de tácticas y accionarios de paravigilancia que utilizan los colectivos, pero ya con un fin netamente represivo. Además, con sus acciones ya no solo de intimidación sino de choque e incluso de intimidación de zonas opositoras confirman el imaginario extendido sobre los colectivos: el monstruo latente bajo la cama. A partir del ciclo de protestas de 2014, comenzamos ver a estos grupos, propiamente parte del gobierno pero que se arropan en la nomenclatura y accionar de grupos civiles armados, vestidos de civil y rodando en grupos de motorizados.

En este momento de crispación, los tres grupos están activos, pero su función es más bien de choque. De hecho, si las elites chavistas se aferran aún más al poder en la medida que el conflicto se torna más crítico, para aquellos percibidos como «colectivos» la dinámica de vida o muerte es aún más férrea, aunque difieran en sus motivos para actuar. La confusión sobre quién o qué son verdaderamente colectivos deja entrever que, en un contexto de transición, las fuerzas armadas –cuya relación con los ellos de por sí es tumultuosa ya que los ven como usurpadores de sus funciones– tendrían amplio espacio de maniobra para neutralizar cualquier cosa considerada bajo ese nombre. Esto, claro, tiende a profundizar aún más la sensación de defensa existencial por partes de colectivos que no obstante tienen numerosas críticas a Maduro y la cúpula chavista, sea por corrupción o por falta de compromiso revolucionario.

Más allá de esto, pensar que miles o millones de personas en los barrios no protestan aun cuando quieren hacerlo por estar atemorizados resulta más bien una manera de postergar, de nuevo, la pregunta acerca de por qué, a pesar de la crisis, y luego de más de tres lustros, la oposición no logra motivar a sectores populares decepcionados con el chavismo para que se arriesguen en las calles, así como lo han hecho en muchas oportunidades. Y así, resulta más fácil imaginar que debe ser o por estupidez o por miedo que no salen de manera masiva. El miedo, en particular, no ha sido un factor limitante en otras protestas previas. Para entender esto basta, de nuevo, ver los niveles de protesta reivindicativa, por lo demás altísimos, así como el día a día de violencia y represión policial en los barrios, las cuales no concitan ni una mínima parte de las críticas que Almagro, Human Rights Watch, Amnesty International o un sin fin de otras organizaciones le reserva a la oposición movilizada en las calles.

¿Y los CLAP?

Los CLAP ejercen esa función de control social de manera más clara y con mayor impacto, ya que cubren mucho más territorio y, además, implican ayuda que se torna más crítica y necesaria en la medida que la crisis empeora. No por nada hubo un repunte importante en la aprobación de Maduro a principios de año, que coincidió con un operativo masivo y exitoso de distribución de los CLAP. Pero también es un mecanismo de doble filo. Mientras más se crea en los CLAP una expectativa de ayuda crítica y puntual, más precisa el gobierno darle un seguimiento oportuno. En la medida en que no lo hace, se vuelve no solo posible sino probable que este vínculo con el gobierno se deshaga y la gente salga a protestar. De hecho, ya hay reportes de sectores populares que protestan por las fallas en la distribución de los CLAP que se van entrelazando con las protestas de corte más cívico y político. Si persisten las fallas, y se derrumba la expectativa de ayuda, ese control que vienen ejerciendo los CLAP se esfumará.

¿Qué perspectivas imagina para la coyuntura venezolana actual?



Todo apunta a un escenario de más confrontación, lo cual, de hecho, marca un hito en la trama reciente de Venezuela. Lo que se comenta poco es que, dada la intensidad de la polarización, protesta y conflicto que ha vivido el país en las últimas dos décadas (e incluso antes), a lo cual se le suma el número descomunal de armas en la calle y los altísimos índices de violencia delictiva, resulta insólito que la tensión social y política no haya pasado a mayores, incluso a una guerra civil. Lo cierto es que en momentos en los que también se hablaba en términos del todo o nada, del fin del mundo, de un desenlace final ante un tablero cerrado –como en 2002, 2007 o 2014 – Venezuela y su gente, a pesar de todo, encontraron cómo frenar en el barranco.

Hoy estamos ante una coyuntura muy diferente de instancias previas de crispación, protesta y violencia. El gobierno no solamente está débil en cuanto a apoyo popular sino ante un panorama geopolítico completamente adverso, y con muchos de sus cuadros inmersos en la corrupción, lo cual reduce la posibilidad de inmunidad ante un contexto de transición. El gobierno se muestra arrinconado y sin ningún interés en negociar de buena fe, ya que lo que está en juego es el todo. Por eso hace uso de todas las piezas que controla en el aparato institucional para intentar frenar esa debacle total, aceptando los costos de legitimidad que esto conlleva en el ámbito doméstico e internacional. Claro, de parte de la oposición, con más apoyo que nunca dentro y fuera de Venezuela, tampoco hay voluntad alguna de negociar. Primero por cuestiones de principios –del tipo «la democracia no se negocia», aunque qué entienden por democracia está en entredicho– pero más que todo, por sentirse próximos a la victoria final.

No obstante, también es cierto, aunque resulte difícil aceptarlo, que, como mencionamos, ni la oposición ni el gobierno cuentan con el poder abrumador para salir victorioso. Por eso se estancan en una brutal lucha de trincheras sin un desenlace claro. El gobierno juega al desgaste opositor. La oposición a un quiebre decisivo dentro del gobierno –por ejemplo de fichas claves, especialmente en las fuerzas armadas– y al aumento de las protestas en sectores populares que obliguen a reprimirlas tal como se ha venido haciendo con las protestas más convencionalmente asociadas con la oposición. Eso le restaría muchísima credibilidad entre sectores que si bien mantienen serias críticas y desilusión, aun no se deciden del todo a apostar por una alternativa de gobierno opositora.

El comodín es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Más y más resulta evidente y conocido, no solo a escala internacional sino en la propia Venezuela, sobre todo entre aquellos que simpatizan o simpatizaron con el gobierno, que sus cúpulas están metidas de pleno en actos de corrupción, especialmente en el tráfico de alimentos y de divisas que afecta de manera más directa a sectores populares. Pero al contrario de las elites civiles chavistas, los militares saben que son una ficha de negociación precisamente por controlar las armas del Estado y estar en la posición, en un momento dado, de dirigir esas armas en función de una «pacificación» de sectores, por ejemplo los colectivos, que se opongan de manera violenta a una transición. De hecho, la oposición mantiene lazos con la jerarquía militar y pide públicamente que se manifieste abiertamente contra el gobierno. Y puede que lo haga, pero más allá de la paradoja de una oposición que por años ha criticado al componente militar por sobreponerse al civil, quienes sufrirán las consecuencias son esos mismos sectores populares de los que tanto se habla. Vale recordar las palabras que el entonces flamante presidente Carlos Andrés Pérez, en vísperas de lo que sería el Caracazo de 1989, le apuntó a un dirigente de Acción Democrática: «Cuando el ejército sale a la calle, es a matar gente». De modo que no sirve hablar de ángeles y demonios en Venezuela. Quienes ayer enarbolaban los derechos humanos hoy los violan, y viceversa. Y el precio siempre lo pagan de manera marcada esos barrios de los que tanto se habla, y a los que tan poco se escucha, y menos aún, se entiende. Esto es, en resumidas cuentas, el nudo y tamaño de nuestra crisis.




Alejandro Velasco es historiador y profesor en la Universidad de Nueva York (NYU). Es editor ejecutivo de NACLA Report on the Americas.

Vidal acorrala al intendente de Mar del Plata, donde necesita ganar o ganar





La gobernadora María Eugenia Vidal consideró hoy “inaceptable” la muerte de personas en situación de calle en distritos de la provincia y le pidió respuestas, en este sentido, al intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, sobre las polémicas declaraciones de su secretario de Salud, quien comparó a quienes duermen en las plazas con “perritos”.

La mandataria se refirió al tema en la conferencia de prensa que brindó en La Plata junto a la diputada nacional, Elisa Carrió y los candidatos Esteban Bullrich, Héctor Flores y Carolina Piparo. “Cada muerte duele y para mí es inaceptable, y mucho más inaceptables son las declaraciones del secretario de Salud del Municipio de Mar del Plata y espero la respuesta del intendente frente a lo que dijo”, dijo apuntándole directo al jefe comunal de Cambiemos que no logra hacer pie desde que arrancó su gestión, en diciembre de 2015.

Las declaraciones que provocaron el repudio generalizado en todos los ámbitos fueron realizadas por Gustavo Blanco, actual secretario de Salud de La Feliz. Tras la muerte de un hombre de 54 años en situación de calle, Blanco intentó deslindar responsabilidad municipal al advertir que muchos indigentes no logran ser llevados al refugio que tiene la comuna y puso el ejemplo de una mujer que duerme en una plaza céntrica a quien comparó con “un perrito”. “Hemos ido 17 veces a buscarla. La dejamos en el hospital y vuelve. Es como un perrito, vuelve al lugar donde se siente cómoda”, dijo y recibió una catarata de críticas y repudios. Hoy finalmente pidió perdón en una entrevista radial.

El pedido de respuesta pública a Arroyo deja al descubierto el creciente malestar de la gobernadora con la gestión que lleva adelante el intendente de ese distrito que a Cambiemos le interesa cuidar especialmente por el caudal electoral y por el apoyo que consiguieron ella y el presidente Mauricio Macri en 2015, y que buscan repetir este año en las urnas. Para apuntalar al intendente, Vidal envió en diciembre al ministro de Gobierno, Joaquín De la Torre, quien ofició de “interventor” para intentar solucionar los problemas administrativos, económicos y también políticos que golpean a Arroyo.

Vidal dejó en claro hoy la responsabilidad que le cabe al intendente. “La atención de personas en situación de calle es responsabilidad de los municipios, de hecho nosotros en la ciudad de Buenos Aires trabajamos mucho este tema. Yo salía personalmente con todo mi equipo y todo el gabinete del Gobierno de la Ciudad a atender a situaciones en situación de calle”, remarcó Vidal. No obstante, negó que haya crecido la cantidad de gente en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, como aseguran las organizaciones sociales, y dijo que la cifra “se ha mantenido estable”.

Marcuse, #votojoven y #marcaspolíticas que acumulan promoviendo el disenso formal activo






Rubén Weinsteiner


"El hecho de que la mayoría de la población acepte

–y sea obligada a aceptar- esta sociedad,

no la hace menos irracional ni menos reprobable"



Herbert Marcuse



“Seamos realistas pidamos lo imposible” fue el slogan de Herbert Marcuse que hicieron suyos los jóvenes del mayo francés.



Estos jóvenes que se lanzaban a la calle no lo hacían ya tanto por mejorar su propia situación objetiva, no eran pobres, tenían un novel de vida de medio para arriba, sino que el foco estaba en introducir cambios profundos en la organización general de la sociedad y la política. Se trataba además en gran medida, como observaría Raymond Aron, de "hijos de papá tocados por la gracia", de estudiantes inquietos de las clases medias en ascenso que no se daban por satisfechos con el "represivo" orden de sus padres. Frente al crecimiento puramente cuantitativo y el despilfarro de la "sociedad opulenta" (Galbraith) reclamaron una nueva e imprescindible valoración de los elementos cualitativos que estaban siendo negados por un sistema únicamente atento al beneficio y la "productividad". El enemigo a enfrentar era la autoridad, una autoridad a la que había que oponerse casi por principio para liberar lo obturado; aquello que ansiamos pero que se nos impide imaginar como realizable (Marcuse). De ahí que su slogan de seamos realistas, pidamos lo imposible acabara siendo literalmente cierto.



Jürgen Habermas calificó a Herbert Marcuse como “el filósofo de la rebelión juvenil”



La rebelión, la contestación, la demanda de cambios, la búsqueda de la autenticidad, y la lucha contra poderes grandes con final abierto, son ejes constructivos claves de la adhesión de los segmentos jóvenes.

Marcuse modeló esa rebelión de la que hablaba Habermas, sobre un formato de contestación positiva, imponiendo el cambio como condición homeostática indispensable, dentro del sistema y con sus reglas, aspirando a sustituirlas y legitimando demandas que el sistema no reconocía.



Roberto Brito Lemus plantea que la juventud, comienza cuando se desarrolla la capacidad de reproducir la especie humana, y termina cuando se desarrolla la capacidad de reproducir el orden social.



Se es joven mientras se cuestiona, contesta y demanda cambios y se evita reproducir el orden social tal cual está planteado. Cuando se evita “transar”, cuando se quieren transponer límites, cuando se quiere forzar la realidad y enfrentar poderes constituidos y poderosos que frenan los cambios.



Marcuse planteaba la demanda como anclaje de la realidad, esa misma demandas que articulan segmentos, que se convierten en consignas y el “para qué” del compromiso político,



Marcuse plantea un diagnóstico donde la sociedad que nos sitúa en cierta opulencia, o por lo menos en la satisfacción a través de la adquisición de bienes y servicios cada vez más sofisticados, celulares, Smart tv, notebooks, autos, ipods etc, nos obtura y anula la necesidad biológica natural de los jóvenes de demandar el cambio, un cambio significativo y profundo, no un slogan vacío.



Marcuse no llama a la violencia, por el contrario señala quela violencia ya existe y se manifiesta mediante todos los ritos represivos de la sociedad que insiste en perpetuarse y reproducir los formatos sociales existentes y arrastra a los jóvenes en su caída.



Marcuse se detiene ahí e invita a los jóvenes con un desafío a la imaginación para que encarnen el cambio y la transmutación del sistema que limita y ahoga a los jóvenes.



Marcuse les habla a los jóvenes, no les dice que todo es posible, pero les dice que tienen que demandar el cambio y actuar, que nadie lo va a hacer por ellos. Marcuse les habla de proponer alternativas y si esas alternativas no existen hay que crearlas.



Marcuse le propone a los jóvenes desarrollar potencialidades ocultas, resistir la mutilación de parte del sistema, tomar la vida como un fin en si mismo, estimular el cambio cualitativo, alentar el crecimiento de un nuevo tipo de hombre, dinamizar la dimensión profunda de los jóvenes, iluminar, educar, desenvolver una conciencia revolucionaria.



Marcuse le dice a los jóvenes que la sociedad sacia los estómagos (en algunos casos no) pero aniquila los espíritus y bloquea la dinámica de cambio que la entropía impone.

Marcuse invita a la negación positiva, a la contestación social frente a lo establecido. Habla de un rechazo germinador.

Este cambio según Marcuse requiere de una preparación y fundamentalmente de una convicción, de no querer ser parte de lo que genera tanta exclusión. Pero invita a hacerlo dentro del sistema.



Marcuse advierte que el sistema se defenderá, y tildará a cualquiera que encarne ese cambio con valoraciones negativas y descalificadoras, pero los líderes y los jóvenes en general deben estar preparados para presentar una narrativa convincente que desactive estas acciones.



La pregunta aquí es, ¿como se hace para movilizar emocionalmente a los jóvenes, si no se comparte los mismo códigos, si los jóvenes procuran hablar sobre realidades, demandas, problemas, o propuestas normativas nuevas, disruptivas, “revolucionarias” y que pertenecen a escenarios fronterizos del marco político, social y económico vigente?



¿Donde ponerse en el discurso?



En los limites. Hay que forzar la realidad. Todo discurso significativo que pretenda interpelar al voto joven, tiene sentido solo si transita los límites, es crítico y se apoya en el cambio como paradigma. Si se refiere a conflictos, utopías, incumplimiento de las normas, forzado de la realidad y convocatorias a luchas contra poderes enormes con final abierto.





El enfrentamiento para lograr los cambios, contra poderes hasta el momento “intocables” e “invulnerables”, le otorga vitalidad y dinamismo al vínculo, entre una marca política y los jóvenes. Ese final abierto, esa asimetría desfavorable, indignan, emocionan, convocan y le dan sentido a la bronca originaria y movilizadora, y la alegría de la acción y compromiso colectivos.



Disenso formal activo



Los sujetos de elección jóvenes, más que leer o escuchar a las marcas políticas, las viven, las sienten y se conectan con ellas dentro de un esquema de conexión permanente en su sistema de relaciones, a través de la Web social, y fundamentalmente a través de una conexión emocional potente que convoque al disenso formal activo, a asumir una mirada crítica, a querer cambiar las cosas, al reconocimiento tribal y a dar batallas contra enemigos poderosos y con final abierto.



El discurso en el voto joven, debe quebrar el punto de vista, construido por los procesos de standarización, limites y estereotipia de los mensajes de los medios, estructurados siempre con mecanismos repetitivos, que en realidad se constituyen como un control destinado a evitar la irrupción de mensajes nuevos y disruptivos.



La transposición de limites y la expresión de lo asistemático es lo significativo, en el voto joven. Lo que no tensiona o fuerza la realidad, en el marco epistémico joven, debería ser utilizado solo como tecnicismo, para rodear el corpus del mensaje, y estrictamente, para resaltar los aspectos no sistémicos del discurso.

Rubén Weinsteiner

Medios, web 3.0, lenguaje y credibilidad en el #votojoven






Rubén Weinsteiner



La función del lenguaje mediático hoy es sin duda la referencial, como ya lo señalara Jakobson en 1960.

Uno busca en los medios, información, noticias, novedades, hechos que no forman parte del día a día del común de la gente, pero que se suponen “verdaderos”. Opiniones que supuestamente se hacen desde el “saber” y la “imparcialidad”.



Críticas morales que son una crítica al ser, no al hacer. vos SOS corrupto, no es que tenes prácticas corruptas, porque al medio no le preocupa que se robe, sino quien robe. Porque la queja moral es una herramienta de marketing político, para promover las agendas mediáticas.



Los medios y los periodistas han perdido credibilidad, se ha corrido el velo de esterilidad y santidad que tenían. Los jóvenes, se preguntan: para quien juega este medio, o este periodista? La duda y la desconfianza son activos valiosos y funcionales del capital intelectual joven, a la hora de consumir medios.



En los talleres para jóvenes que damos sobre marca política, aparecen estos temas, y un joven se preguntaba si existían periodistas independientes, la respuesta del grupo fue: no, si trabaja en una empresa depende de la agenda que promueva esa empresa. Uno de los jóvenes dijo, “pero si un peridista está desocupado entonces si puede ser independiente”.





Junto con esta característica referencial de los medios, encontramos la función apelativa propiamente dicha, es decir la publicidad abierta de candidatos, productos, ideas, etc.



Parte del contrato de lectura entre el medio y sus públicos, consiste en que exista una línea divisoria, entre información y publicidad. Línea divisoria ficticia, porque el medio es el mensaje y los medios son empresas que corporizan agendas de negocios políticos y empresariales.

Esta ficción se vuelve imprescindible como cuando uno mira una novela y asume como verdadero que la joven rica hija del mega millonario se casara con la el repositor del supermercado.



Este formato adquiere otra dinámica en la Web social, siguen los periodistas twiits stars conservando influencia, siguen los medios grandes manejando pautas enormes, y ocupando lugares relevantes en la red social, pero se atomizan los emisores y las lecturas.



Los jóvenes no leen los diarios de papel, y tampco entran a los portales, llegan a ellos a través de links de la Web 3.0. y no se sientan pasivamente como nuestras abuelas a mirar el cable, ni escuchan programas enteros de radio.



El desafío de los creadores de contenidos de TV, de los programadores, los medidores de audiencia y fundamentalmente de los anunciantes, pasa por poder acompañar y asumir este cambio de paradigma en las nuevas formas de consumir por parte del público.



Diego Capussotto se quejaba con humor de su jefe el Sr You Tube, lo cierto es que el programa del genial humorista, nunca levantó en el rating de Ibope, pero sus videos tienen uno de los ratings mas altos en You tube en materia de contenidos Argentinos.

Esta nueva forma de ver televisión, deja atrás lo que llamábamos brodcasting, la emisora que emite contenidos y el público que sentado frente al televisor consume en el horario que el programa sale al aire. Esta forma de consumir aceptada por los Baby boomers( explosión demográfica post segunda guerra mundial), aquellos que nacieron entre el 45 y el 62, choca contra los hábitos de la generación Y (80-90) y por supuesto con la generación Google (90 en adelante)que en lugar de esperar el brodcasting, hacen su pull (tirar) casting.

Estos grupos no tienen ni paciencia ni ganas de sentarse frente a la TV a esperar que luego del corte…, ellos quieren ver lo que ellos quieren, y no les que les prometen y luego cumplen a medias animadores truchos.

Los jóvenes escuchan los segmentos de radio a través de un corte de radiocut, que les llega a través de un twitt, o un video de you tube a través de Facebook, o de Whats app.



Y la segunda variable fundamental del nuevo paradigma es el cuando.



Los contenidos se socializan y viralizan, y cada joven es su propio gerente de programación



La atomización del rating a favor del cable de los 90, hoy atraviesa una segunda atomización a favor de la Web social, lo que ha cambiado es la forma de consumir, lo que plantea un nuevo escenario para los creadores de contenidos, programadores, empresas de medición y fundamentalmente anunciantes.



Es más difícil dominar la agenda, es más difícil, ocultar, operar y que no se note, y es más difícil blindar, básicamente el core bussines de los medios.



Informar y vender en los medios es parte de un mismo proceso, aún cuando el marketing marcario del medio base su capital simbólico en afirmar lo contrario.



Tomemos la definición de Reardon de Publicidad (1981) : persuadir por diversos medios para obtener un cambio de parte del destinatario del mensaje, ya sea un cambio de conductas, de creencias o de actitudes. A la luz de esta mirada, no existe diferencia funcional entre la “información” los recortes de la realidad modulados y transformados en agenda y “las noticias” y la “publicidad” .



Todo es publicidad? Política, empresarial o comercial?

Cuando desde un medio, la conductora del programa habla de por ejemplo, las ventajas de no quedarse muchos años en un trabajo, uno puede pensar que realmente hay un informe que señala eso, o que producto de el desempleo creciente, la conductora “milita la coyuntura” para el gobierno. Si un periodista habla de la nueva tendencia de que la movida de los jóvenes para por ir a tomar un cerveza a una estación de servicio, uno puede pensar que esa data es el producto de la percepción de una tendencia o que un empresario de bares de estaciones de servicio puso plata para promocionar la tendencia.

La realidad es que, si tomamos a Reardon, el objeto de los medios es la primera opción. Y si en algún caso la función fuera puramente informativa, será para adornar otra “noticia” más importante, donde la primera opción será la verdadera.


El medio o el periodista, se presenta como un dispositivo enunciador complejo, despersonalizado por definición, se construye como observador y relator de una “totalidad” (recortada) que por su complejidad, solo él, es capaz de captar, internalizar y narrar.

Cada vez más la atomización, el pullcasting, el ida y vuelta, el carácter prosumidor (productor y consumidor de información) de los jóvenes, y la pérdida de credibilidad de medios y periodistas, hace que los medios que median en los humores sociales, todavía puedan decirte en que pensar, pero ya no que pensar.

Rubén Weinsteiner