No hay muchas instituciones lo suficientemente poderosas que
pongan de rodillas a una nación soberana. La mayoría de éstas, ejercen
su poder con sumo cuidado; el resto, son peligrosas fundamentalistas. La
semana pasada, cuando se negó a aceptar una apelación presentada por la
Argentina, contra la decisión de un tribunal inferior, la
Corte Suprema de EE.UU.
se puso a sí misma- y al resto del sistema judicial de los EE.UU.- de
lleno dentro del segundo. Determinadamente, las consecuencias van a ser
terribles para Argentina. En términos más generales, el fallo hará más
difícil que los países se liberen de la carga de sobre-endeudamiento, lo
que será muy negativo para el mercado financiero internacional. Ah…y lo
que disminuirá la soberanía nacional de los mismos.
El caso involucra a la Argentina y a un grupo de los denominados
Fondos buitres, liderado por el adinerado y altamente litigante fondo de
especulación,
Elliott Associates, el cual exige el
reembolso total de la antigua deuda argentina. Elliott apareció
públicamente por primera vez en el 2000, cuando llevó a cabo- y ganó -
un caso similar contra Perú. Esa victoria sin precedentes en contra de
un gobierno soberano, -con la que Elliot sólo consiguió unos meros US$90
millones-, conmocionó tan profundamente a la comunidad financiera
internacional, que impulsó al
Fondo Monetario Internacional
a llevar a cabo un desordenado y prolongado intento para crear una
original Corte de Bancarrota para países soberanos. El caso de Argentina
es muchísimo más grande -Argentina le debe al fondo Elliott, más de mil
millones de dólares. La cantidad total que debe a los acreedores
‘Holdouts’, conocidos formalmente como Fondos buitre, gira alrededor de
los US$15 mil millones. Dado que otros ‘Holdouts’ exigirán
inmediatamente cualquiera de los términos concedidos a Elliott,
Argentina no está mintiendo cuando dice que simplemente no puede
permitirse el lujo, de hacer lo que los tribunales de Estados Unidos
están exigiendo de ella, -pagar a todos los ‘Holdouts’ en su totalidad.
Por supuesto tampoco lo quiere hacer. Argentina dejó de pagar
–‘defaulteó’- la totalidad de sus bonos extranjeros en 2002, al final de
una depresión en la que vio a su economía contraerse en un 28%, a su
moneda devaluarse enormemente, y a millones de sus ciudadanos sin
trabajo y pasando hambre. En ese momento, fue el mayor default de deuda,
visto por el mundo, (Lehman Brothers eventualmente podría romper ese
récord). La
deuda externa de Argentina permaneció
impaga hasta el año 2005, cuando el país ofreció a sus acreedores un
trato: ‘Dennos sus bonos en default viejos, que les daremos nuevos bonos
a cambio, con un valor nominal inferior. Usted debe hacer eso, porque
en realidad vamos a pagar el dinero que le debemos con los nuevos
bonos’, (lo que dio a entender que permanecería en incumplimiento de los
viejos bonos.)
No hay muchas instituciones lo suficientemente poderosas que pongan de rodillas a una nación soberana
Argentina fue fiel a su palabra, y después de un segundo canje de
bonos, que terminó en 2010, cerca del 93% de los tenedores de deuda
original, había cambiado sus bonos por los ‘bonos de cambio’. El canje
fue coercitivo, para ser certeros, los tenedores de bonos no tenían
mucho que decir al respecto, más allá de la elección de participar del
mismo, o no. Pero esa es la forma en que la deuda soberana actúa. Si una
deuda soberana entra en default, no hay mucho que los
acreedores pueden hacer para obligar a un país a pagar, eso es lo que
significa "soberana". Tradicionalmente, la mayoría de los tenedores de
bonos simplemente han aceptado cualquier oferta de canje brindada; y a
su vez, estos intercambios se han convertido en un medio establecido,
por el cual los países reestructuran sus deudas para evitar permanecer
en default indefinidamente.
El caso en Nueva York - el que hizo todo el camino hasta la Corte
Suprema-, fue llevado a cabo por los tenedores de bonos que no
participaron en el intercambio, quienes originalmente compraron su deuda
con un gran descuento, sabiendo la manera de aplicar cálculos
compuestos de interés, para que el valor nominal de la deuda en default
se inflara en mil millones de dólares. Sabían que no iba a ser fácil
recibir el pago en su totalidad, pero si lo lograban, anotaban uno de
los más grandes de jonrones en la historia de los fondos especulativos.
Argentina quiere pagar a los tenedores de bonos de cambio, pero no puede
Entonces fue cuando el juego del gato y el ratón, entre Elliott y la
Argentina comenzó: Elliott trataría de aprovechar los activos de
Argentina, y Argentina intentaría de mantenerlos fuera del alcance de
Elliott. En un momento dado, la fragata argentina, la ‘Libertad’, fue
confiscada en Ghana,
por las autoridades locales, con la intención de que sea entregado a
Elliott. El buque fue liberado sólo después de un fallo del Tribunal
Internacional del Derecho del Mar.
Pero detrás de todos los chanchullos legales, se estableció un serio
debate en torno a la quiebra soberana, o más bien, en torno al hecho de
que no existe tal cosa, como la quiebra soberana.
Los países no entran en cesación de pagos a la ligera:
hacerlo, casi siempre concluye en la caída del gobierno, y en el país
imposibilitado de pedir dinero prestado en el extranjero, durante muchos
años. Como la mayoría de los países tienen déficit, ser capaz de pedir
préstamos, es muy importante.
Si un país cesa de pagar sus deudas, necesita una manera para
reponerse del default, volver a entrar en el sistema financiero
internacional, y la capacidad de financiarse a sí mismo y a sus
empresas, con deuda. Dado que los países no pueden declararse en
quiebra, las ofertas de intercambio constituyen la mejor manera de
hacerlo.
Un país deudor necesita ser capaz de poder
pagarles a los tenedores de bonos que entran en el canje, sin tener que
pagar los Holdouts, de lo contrario, nadie volverá a participar en un
intercambio, y ningún país jamás podrá reestructurar sus deudas.
Esta es la razón por la cual Brasil, Francia, México y Estados Unidos
apoyaron a Argentina en el caso Elliott. Ninguno de estos tiene mucha
simpatía por Argentina, o por su gobierno, pero sí poseen un interés
investido por sostener el derecho de un soberano a pagar a un grupo de
acreedores,
sin tener que pagar a otro. De hecho, es
algo que cualquiera que se encuentre en una situación similar haría: por
ejemplo, uno podría optar por pagar el alquiler, incluso si esto
significase atrasarse con el pago de la tarjeta de crédito. Pero aquí es
donde los tribunales estadounidenses comenzaron a ponerse creativos.
Durante años, el Juez Thomas Griesa aplicó sentencias cada vez más
estrictas contra la Argentina, las cuales fueron ignoradas por el país.
Después de muchos años de infructuoso litigio, Griesa aplicó una opción
nuclear: atrapó a la Argentina en una nueva violación, incrustada en
algo que se llama, cláusula pari passu. La cláusula
pari passu es una pieza canosa del modelo financiero,
que no significa absolutamente nada en un contexto soberano. La
cláusula, que indica que los bonos argentinos tendrán “al menos un rango
igual” al de sus otras deudas, sólo tiene sentido para los deudores que
pueden declararse en quiebra. Sin embargo, Griesa dictaminó que
Argentina estaba en violación de la misma. Dicha sentencia, en sí misma,
no es gran cosa: Argentina viola cientos, si no miles, de obligaciones
contractuales, y una más, no va a hacer mucha diferencia. Pero en este
caso, a Griesa se le ocurrió un remedio nuevo para subsanar la violación
recién descubierta, y es este remedio, mucho más que la violación de la
pari passu en sí, lo que acabará por transformar el mundo de la deuda
soberana.
Normalmente, cuando un prestamista viola una obligación contractual,
el juez dictaminará en contra del mismo. Sin embargo, en este caso
Griesa dictaminó en contra de los tenedores de bonos
que habían aceptado US$30 ctvs., por dólar, por la deuda argentina
reestructurada, les dijo a todos los demás agentes de la cadena de
pagos, incluyendo al fiduciario para el canje de los bonistas, que a la
Argentina no se le permitiría pagar hasta no saldar en su totalidad su
deuda con Elliot. Si el fiduciario, o cualquier otro, ayudaran a la
Argentina a pagar a aquellos bonistas que ingresaron en el canje,
entonces Griesa los declararía en desacato judicial, asumiendo que la
deuda con Elliott permanece impaga.
Esa orden quedó suspendida, pendiente de apelación, pero ahora está
en plena vigencia. No nos equivoquemos: los inocentes están siendo
castigados.
Los tenedores de bonos de cambio no han hecho nada malo,
y no hay manera de que vayan a obtener a tiempo, el pago en su
totalidad, como la Argentina desea. Pero la sentencia va más allá de
castigar a los inocentes, ya que también pone al orden natural de la
deuda de cabeza. Anteriormente poseer un bono era bueno, mientras llevar
a cabo un juicio era aún mejor; ahora sin embargo, es al revés: los
juicios no te llevarán a ninguna parte, mientras que los bonos, si
tienen una cláusula pari passu, pueden hacerte todopoderoso.
Asimismo, no hay ninguna lógica, sobre cómo debe implementarse este
nuevo sistema jurisprudencial. El remedio parece estar disponible, más o
menos al azar, para los tenedores de bonos, con una cierta cláusula en
sus contratos. Peor aún, en realidad
esto desalienta a los países a pagar en absoluto,
incluso si los dos están dispuestos y son capaces de hacerlo, a menos
que puedan hacer todos los pagos que están obligados a hacer.
El fallo de Griesa fue el acto de un juez exasperado, al límite de
sus fuerzas, y en verdad, se merece una cierta simpatía: en la última
década
ha tenido la horrible tarea ingrata de
supervisar decenas de demandas contra Argentina, pero una vez que
pronunció, el trabajo de lidiar con lo que había hecho y pensar
seriamente en las implicaciones, fue de los tribunales de apelación - en
primer lugar el Segundo Circuito, y luego la Corte Suprema-.
Pero ambos esquivaron esas preguntas, expresando que Griesa, estaba
en su derecho de dictaminar como lo había hecho- bastante cierto-, y que
la Argentina debía ser exigida, de acuerdo a la ley de
Nueva York,
a pagar sus deudas– eso también es cierto. Pero a su vez, deja abierta
la cuestión en torno a la inmunidad soberana, al futuro de la
reestructuración de la deuda soberana, y al futuro de Nueva York como
centro financiero.
Aquí es donde ingresa el fallo de la Corte Suprema. El 16 de junio,
dictó una sentencia de 16 páginas, paralelamente a un caso mucho menos
importante, también en contra de la Argentina. En esa sentencia, el juez
Antonin Scalia explicitó que, ‘érase una vez, una Corte Suprema que
aplazaría al Poder Ejecutivo siempre que llegara el momento de tomar
decisiones que involucrasen al Poder Judicial sobre los Estados
soberanos, e invariablemente el Ejecutivo trataría de mantener a los
soberanos extranjeros a resguardo de los procedimientos judiciales de
Estados Unidos’. El resultado, expresó Scalia, era "un caos", el cual
se "calmó" gracias a la aprobación de la
Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera en 1976.
Durante los últimos 38 años, estas cuestiones no han llegado hasta el
Departamento de Estado de EE.UU., o incluso al Presidente; sino han
estado totalmente bajo la competencia de los tribunales. "Cualquier tipo
de defensa de inmunidad hecha por un soberano extranjero en un tribunal
estadounidense, debe permanecer bajo el texto de la Ley," escribe, "o
de lo contrario debe caer."
Argentina estaría consolidando su situación como un mercado financiero intocable
Lo que está diciendo Scalia, es que no es su trabajo preocuparse por
el destino de los mercados internacionales de bonos, o por la santidad
de conceptos tales como la inmunidad soberana, ya que sólo puede buscar
dentro de las cuatro esquinas de un documento legal y ver lo que
encuentra allí. Nada más importa, que es lo que básicamente dijo el
Segundo Circuito, a pesar de que podría haber no evadido enteramente la
cuestión sobre la inmunidad soberana, -este expresó que, "más allá de la
orientación de la Corte Suprema", podría resolver esta cuestión de
manera más decisiva. Sin embargo, hasta el momento, el Tribunal Supremo
ha mantenido en silencio. El resultado es, para usar el término de
Scalia, un manicomio.
Argentina quiere pagar a los tenedores de bonos de cambio, pero no puede.
La Argentina no quiere pagar a Elliott, pero tiene que hacerlo. Se
metió en una disyuntiva, en donde cada curso de acción posible es malo.
Entonces,
¿qué es lo que Argentina debe hacer? Se ha
dicho que negociará con Elliott, pero teniendo en cuenta la terquedad
de ambas partes, sería sorprendente que negociaciones puedan dar fruto.
Argentina también ha dicho que no va a entrar en cesación de pagos con
los tenedores de bonos de cambio, - en el caso de que se hiciera una
simple licitación de pago al Banco de Nueva York, incluso si ese pago se
rechaza, es técnicamente suficiente para evitar el default, (lo cual,
por supuesto, sería de gran consuelo para los tenedores de bonos
pendientes de pago.)
También se ha hablado de tratar de hacer algún nuevo tipo de canje de
bonos, mediante el cual los tenedores de bonos de cambio podrían
cambiar sus bonos por nuevos bonos emitidos en Argentina, lejos del
alcance de los tribunales estadounidenses. Lo que parece muy poco
probable que suceda, ya que sólo el fiduciario puede identificar con
fiabilidad quienes son los tenedores de bonos, y éste
nunca cooperará con este tipo de plan, sin el permiso de Griesa.
Hay otra posibilidad, que no es una agradable - no para los tenedores
de bonos de cambio, no para la Argentina, no para Griesa, y desde
luego, no para Elliott. Pero podría ser
la opción menos desagradable.
En el mundo de las corporaciones públicas, se ha hecho muy popular
recomprar acciones en lugar de emitir un dividendo: los accionistas
tienen a menudo razones fiscales para preferir la recompra a los
dividendos, y las empresas están siguiendo sus preferencias.
Los emisores de bonos no tienen esa opción:
están contractualmente obligados a realizar cupones de pagos. Pero una
vez que un bono ha sido ‘defaulteado’, es posible ser un poco más
imaginativo, y si Argentina quiere canalizar dinero hacia los tenedores
de bonos de cambio, una forma de hacerlo de manera eficaz, sería la de
comprar simplemente esos bonos en el mercado secundario. Argentina
podría simplemente tomar el dinero que de otro modo se habría gastado en
la emisión de cupones, y gastarlo en la compra de los bonos de cambio
incumplidos recientemente.
O podría ir más allá, e intentar algún tipo de intercambio de bonos
de facto, de manera hecha y derecha. Argentina, seguramente seguirá
emitiendo deuda local, incluyendo bonos locales vinculados al dólar, tal
como lo ha hecho durante muchos años. Así que tal vez podría acelerar
la emisión de deuda local, y empezar a utilizar las ganancias para
recomprar sus bonos de cambio en default.
El endeudamiento total del país no subiría;
en todo caso, gracias a los bonos en default, que cotizan a un
descuento, bien podría bajar. Pero cuanto más tarde Argentina en llevar a
cabo la transacción, - cuanta más deuda local emita, y a mayor cantidad
de bonos de cambio comprados en el mercado secundario – estará más
cerca de llegar al mismo resultado que si simplemente hubiera
intercambiado los bonos de cambio, por bonos locales, en una gran oferta
de intercambio formal.
No habría serios costos sobre dicha estrategia. Por un lado,
Argentina estaría consolidando su situación como un mercado financiero intocable:
sería ir hacia atrás y no hacia delante, pero al menos no tendría que
tomar la decisión políticamente desastrosa, de pagar a Elliott - y a los
demás Holdouts-, miles de millones de dólares, situación que no puede
permitirse el lujo.
@TD@
Y si alguien comenzó criticando al país por estar en default con los bonos de cambio,
Argentina siempre puede decir, con toda sinceridad, que tiene la capacidad y la disposición a pagar,
- y que la única razón por la cual no se les paga, es que los
tribunales estadounidenses no se lo permite. Tanto el Segundo Circuito,
como el Tribunal Supremo, tuvieron todas las oportunidades para evitar
este desastre, las cuales en su lugar fueron despejadas. Ellos son los
que deben ser considerados responsables por las consecuencias.
El
intendente platense Pablo Bruera está sindicado como el inversor
millonario que se esconde detrás un barrio privado que se levanta en un
lote de 3.600 hectáreas en Chascomús, de donde es oriunda su mujer,
Susana Perrone, se denunció.
Axel
Kicillof realizó el anuncio junto a Jorge Capitanich; el secretario
Legal, Carlos Zannini, y la procuradora, Angelina Abbona.
El acoso escolar en México está por encima del promedio de los países
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), según la percepción de los propios profesores, quienes señalan
que por lo menos una vez a la semana detectan actos violentos entre
estudiantes, uso o posesión de drogas y lesiones físicas entre pares.
