El Council on Foreign Relations dice que el fallo de Griesa es peligroso

El Council on Foreign Relations sostuvo que el máximo tribunal tomó una posición "peligrosa", cuando se negó a aceptar la apelación presentada por Argentina en el caso contra los fondos buitre.



No hay muchas instituciones lo suficientemente poderosas que pongan de rodillas a una nación soberana. La mayoría de éstas, ejercen su poder con sumo cuidado; el resto, son peligrosas fundamentalistas. La semana pasada, cuando se negó a aceptar una apelación presentada por la Argentina, contra la decisión de un tribunal inferior, la Corte Suprema de EE.UU. se puso a sí misma- y al resto del sistema judicial de los EE.UU.- de lleno dentro del segundo. Determinadamente, las consecuencias van a ser terribles para Argentina. En términos más generales, el fallo hará más difícil que los países se liberen de la carga de sobre-endeudamiento, lo que será muy negativo para el mercado financiero internacional. Ah…y lo que disminuirá la soberanía nacional de los mismos.
El caso involucra a la Argentina y a un grupo de los denominados Fondos buitres, liderado por el adinerado y altamente litigante fondo de especulación, Elliott Associates, el cual exige el reembolso total de la antigua deuda argentina. Elliott apareció públicamente por primera vez en el 2000, cuando llevó a cabo- y ganó - un caso similar contra Perú. Esa victoria sin precedentes en contra de un gobierno soberano, -con la que Elliot sólo consiguió unos meros US$90 millones-, conmocionó tan profundamente a la comunidad financiera internacional, que impulsó al Fondo Monetario Internacional a llevar a cabo un desordenado y prolongado intento para crear una original Corte de Bancarrota para países soberanos. El caso de Argentina es muchísimo más grande -Argentina le debe al fondo Elliott, más de mil millones de dólares. La cantidad total que debe a los acreedores ‘Holdouts’, conocidos formalmente como Fondos buitre, gira alrededor de los US$15 mil millones. Dado que otros ‘Holdouts’ exigirán inmediatamente cualquiera de los términos concedidos a Elliott, Argentina no está mintiendo cuando dice que simplemente no puede permitirse el lujo, de hacer lo que los tribunales de Estados Unidos están exigiendo de ella, -pagar a todos los ‘Holdouts’ en su totalidad.
Por supuesto tampoco lo quiere hacer. Argentina dejó de pagar –‘defaulteó’- la totalidad de sus bonos extranjeros en 2002, al final de una depresión en la que vio a su economía contraerse en un 28%, a su moneda devaluarse enormemente, y a millones de sus ciudadanos sin trabajo y pasando hambre. En ese momento, fue el mayor default de deuda, visto por el mundo, (Lehman Brothers eventualmente podría romper ese récord). La deuda externa de Argentina permaneció impaga hasta el año 2005, cuando el país ofreció a sus acreedores un trato: ‘Dennos sus bonos en default viejos, que les daremos nuevos bonos a cambio, con un valor nominal inferior. Usted debe hacer eso, porque en realidad vamos a pagar el dinero que le debemos con los nuevos bonos’, (lo que dio a entender que permanecería en incumplimiento de los viejos bonos.)
No hay muchas instituciones lo suficientemente poderosas que pongan de rodillas a una nación soberana
Argentina fue fiel a su palabra, y después de un segundo canje de bonos, que terminó en 2010, cerca del 93% de los tenedores de deuda original, había cambiado sus bonos por los ‘bonos de cambio’. El canje fue coercitivo, para ser certeros, los tenedores de bonos no tenían mucho que decir al respecto, más allá de la elección de participar del mismo, o no. Pero esa es la forma en que la deuda soberana actúa. Si una deuda soberana entra en default, no hay mucho que los acreedores pueden hacer para obligar a un país a pagar, eso es lo que significa "soberana". Tradicionalmente, la mayoría de los tenedores de bonos simplemente han aceptado cualquier oferta de canje brindada; y a su vez, estos intercambios se han convertido en un medio establecido, por el cual los países reestructuran sus deudas para evitar permanecer en default indefinidamente.
El caso en Nueva York - el que hizo todo el camino hasta la Corte Suprema-, fue llevado a cabo por los tenedores de bonos que no participaron en el intercambio, quienes originalmente compraron su deuda con un gran descuento, sabiendo la manera de aplicar cálculos compuestos de interés, para que el valor nominal de la deuda en default se inflara en mil millones de dólares. Sabían que no iba a ser fácil recibir el pago en su totalidad, pero si lo lograban, anotaban uno de los más grandes de jonrones en la historia de los fondos especulativos.
Argentina quiere pagar a los tenedores de bonos de cambio, pero no puede
Entonces fue cuando el juego del gato y el ratón, entre Elliott y la Argentina comenzó: Elliott trataría de aprovechar los activos de Argentina, y Argentina intentaría de mantenerlos fuera del alcance de Elliott. En un momento dado, la fragata argentina, la ‘Libertad’, fue confiscada en Ghana, por las autoridades locales, con la intención de que sea entregado a Elliott. El buque fue liberado sólo después de un fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Pero detrás de todos los chanchullos legales, se estableció un serio debate en torno a la quiebra soberana, o más bien, en torno al hecho de que no existe tal cosa, como la quiebra soberana. Los países no entran en cesación de pagos a la ligera: hacerlo, casi siempre concluye en la caída del gobierno, y en el país imposibilitado de pedir dinero prestado en el extranjero, durante muchos años. Como la mayoría de los países tienen déficit, ser capaz de pedir préstamos, es muy importante.
Si un país cesa de pagar sus deudas, necesita una manera para reponerse del default, volver a entrar en el sistema financiero internacional, y la capacidad de financiarse a sí mismo y a sus empresas, con deuda. Dado que los países no pueden declararse en quiebra, las ofertas de intercambio constituyen la mejor manera de hacerlo. Un país deudor necesita ser capaz de poder pagarles a los tenedores de bonos que entran en el canje, sin tener que pagar los Holdouts, de lo contrario, nadie volverá a participar en un intercambio, y ningún país jamás podrá reestructurar sus deudas.
Esta es la razón por la cual Brasil, Francia, México y Estados Unidos apoyaron a Argentina en el caso Elliott. Ninguno de estos tiene mucha simpatía por Argentina, o por su gobierno, pero sí poseen un interés investido por sostener el derecho de un soberano a pagar a un grupo de acreedores, sin tener que pagar a otro. De hecho, es algo que cualquiera que se encuentre en una situación similar haría: por ejemplo, uno podría optar por pagar el alquiler, incluso si esto significase atrasarse con el pago de la tarjeta de crédito. Pero aquí es donde los tribunales estadounidenses comenzaron a ponerse creativos.
Durante años, el Juez Thomas Griesa aplicó sentencias cada vez más estrictas contra la Argentina, las cuales fueron ignoradas por el país. Después de muchos años de infructuoso litigio, Griesa aplicó una opción nuclear: atrapó a la Argentina en una nueva violación, incrustada en algo que se llama, cláusula pari passu. La cláusula pari passu es una pieza canosa del modelo financiero, que no significa absolutamente nada en un contexto soberano. La cláusula, que indica que los bonos argentinos tendrán “al menos un rango igual” al de sus otras deudas, sólo tiene sentido para los deudores que pueden declararse en quiebra. Sin embargo, Griesa dictaminó que Argentina estaba en violación de la misma. Dicha sentencia, en sí misma, no es gran cosa: Argentina viola cientos, si no miles, de obligaciones contractuales, y una más, no va a hacer mucha diferencia. Pero en este caso, a Griesa se le ocurrió un remedio nuevo para subsanar la violación recién descubierta, y es este remedio, mucho más que la violación de la pari passu en sí, lo que acabará por transformar el mundo de la deuda soberana.
Normalmente, cuando un prestamista viola una obligación contractual, el juez dictaminará en contra del mismo. Sin embargo, en este caso Griesa dictaminó en contra de los tenedores de bonos que habían aceptado US$30 ctvs., por dólar, por la deuda argentina reestructurada, les dijo a todos los demás agentes de la cadena de pagos, incluyendo al fiduciario para el canje de los bonistas, que a la Argentina no se le permitiría pagar hasta no saldar en su totalidad su deuda con Elliot. Si el fiduciario, o cualquier otro, ayudaran a la Argentina a pagar a aquellos bonistas que ingresaron en el canje, entonces Griesa los declararía en desacato judicial, asumiendo que la deuda con Elliott permanece impaga.
Esa orden quedó suspendida, pendiente de apelación, pero ahora está en plena vigencia. No nos equivoquemos: los inocentes están siendo castigados. Los tenedores de bonos de cambio no han hecho nada malo, y no hay manera de que vayan a obtener a tiempo, el pago en su totalidad, como la Argentina desea. Pero la sentencia va más allá de castigar a los inocentes, ya que también pone al orden natural de la deuda de cabeza. Anteriormente poseer un bono era bueno, mientras llevar a cabo un juicio era aún mejor; ahora sin embargo, es al revés: los juicios no te llevarán a ninguna parte, mientras que los bonos, si tienen una cláusula pari passu, pueden hacerte todopoderoso.
Asimismo, no hay ninguna lógica, sobre cómo debe implementarse este nuevo sistema jurisprudencial. El remedio parece estar disponible, más o menos al azar, para los tenedores de bonos, con una cierta cláusula en sus contratos. Peor aún, en realidad esto desalienta a los países a pagar en absoluto, incluso si los dos están dispuestos y son capaces de hacerlo, a menos que puedan hacer todos los pagos que están obligados a hacer.
El fallo de Griesa fue el acto de un juez exasperado, al límite de sus fuerzas, y en verdad, se merece una cierta simpatía: en la última década ha tenido la horrible tarea ingrata de supervisar decenas de demandas contra Argentina, pero una vez que pronunció, el trabajo de lidiar con lo que había hecho y pensar seriamente en las implicaciones, fue de los tribunales de apelación - en primer lugar el Segundo Circuito, y luego la Corte Suprema-.
Pero ambos esquivaron esas preguntas, expresando que Griesa, estaba en su derecho de dictaminar como lo había hecho- bastante cierto-, y que la Argentina debía ser exigida, de acuerdo a la ley de Nueva York, a pagar sus deudas– eso también es cierto. Pero a su vez, deja abierta la cuestión en torno a la inmunidad soberana, al futuro de la reestructuración de la deuda soberana, y al futuro de Nueva York como centro financiero.
Aquí es donde ingresa el fallo de la Corte Suprema. El 16 de junio, dictó una sentencia de 16 páginas, paralelamente a un caso mucho menos importante, también en contra de la Argentina. En esa sentencia, el juez Antonin Scalia explicitó que, ‘érase una vez, una Corte Suprema que aplazaría al Poder Ejecutivo siempre que llegara el momento de tomar decisiones que involucrasen al Poder Judicial sobre los Estados soberanos, e invariablemente el Ejecutivo trataría de mantener a los soberanos extranjeros a resguardo de los procedimientos judiciales de Estados Unidos’. El resultado, expresó  Scalia, era "un caos", el cual se "calmó" gracias a la aprobación de la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera en 1976. Durante los últimos 38 años, estas cuestiones no han llegado hasta el Departamento de Estado de EE.UU., o incluso al Presidente; sino han estado totalmente bajo la competencia de los tribunales. "Cualquier tipo de defensa de inmunidad hecha por un soberano extranjero en un tribunal estadounidense, debe permanecer bajo el texto de la Ley," escribe, "o de lo contrario debe caer."
Argentina estaría consolidando su situación como un mercado financiero intocable
Lo que está diciendo Scalia, es que no es su trabajo preocuparse por el destino de los mercados internacionales de bonos, o por la santidad de conceptos tales como la inmunidad soberana, ya que sólo puede buscar dentro de las cuatro esquinas de un documento legal y ver lo que encuentra allí. Nada más importa, que es lo que básicamente dijo el Segundo Circuito, a pesar de que podría haber no evadido enteramente la cuestión sobre la inmunidad soberana, -este expresó que, "más allá de la orientación de la Corte Suprema", podría resolver esta cuestión de manera más decisiva. Sin embargo, hasta el momento, el Tribunal Supremo ha mantenido en silencio. El resultado es, para usar el término de Scalia, un manicomio. Argentina quiere pagar a los tenedores de bonos de cambio, pero no puede. La Argentina no quiere pagar a Elliott, pero tiene que hacerlo. Se metió en una disyuntiva, en donde cada curso de acción posible es malo.
Entonces, ¿qué es lo que Argentina debe hacer? Se ha dicho que negociará con Elliott, pero teniendo en cuenta la terquedad de ambas partes, sería sorprendente que negociaciones puedan dar fruto. Argentina también ha dicho que no va a entrar en cesación de pagos con los tenedores de bonos de cambio, - en el caso de que se hiciera una simple licitación de pago al Banco de Nueva York, incluso si ese pago se rechaza, es técnicamente suficiente para evitar el default, (lo cual, por supuesto, sería de gran consuelo para los tenedores de bonos pendientes de pago.)
También se ha hablado de tratar de hacer algún nuevo tipo de canje de bonos, mediante el cual los tenedores de bonos de cambio podrían cambiar sus bonos por nuevos bonos emitidos en Argentina, lejos del alcance de los tribunales estadounidenses. Lo que parece muy poco probable que suceda, ya que sólo el fiduciario puede identificar con fiabilidad quienes son los tenedores de bonos, y éste nunca cooperará con este tipo de plan, sin el permiso de Griesa.
Hay otra posibilidad, que no es una agradable - no para los tenedores de bonos de cambio, no para la Argentina, no para Griesa, y desde luego, no para Elliott. Pero podría ser la opción menos desagradable.
En el mundo de las corporaciones públicas, se ha hecho muy popular recomprar acciones en lugar de emitir un dividendo: los accionistas tienen a menudo razones fiscales para preferir la recompra a los dividendos, y las empresas están siguiendo sus preferencias. Los emisores de bonos no tienen esa opción: están contractualmente obligados a realizar cupones de pagos. Pero una vez que un bono ha sido ‘defaulteado’, es posible ser un poco más imaginativo, y si Argentina quiere canalizar dinero hacia los tenedores de bonos de cambio, una forma de hacerlo de manera eficaz, sería la de comprar simplemente esos bonos en el mercado secundario. Argentina podría simplemente tomar el dinero que de otro modo se habría gastado en la emisión de cupones, y gastarlo en la compra de los bonos de cambio incumplidos recientemente.
O podría ir más allá, e intentar algún tipo de intercambio de bonos de facto, de manera hecha y derecha. Argentina, seguramente seguirá emitiendo deuda local, incluyendo bonos locales vinculados al dólar, tal como lo ha hecho durante muchos años. Así que tal vez podría acelerar la emisión de deuda local, y empezar a utilizar las ganancias para recomprar sus bonos de cambio en default. El endeudamiento total del país no subiría; en todo caso, gracias a los bonos en default, que cotizan a un descuento, bien podría bajar. Pero cuanto más tarde Argentina en llevar a cabo la transacción, - cuanta más deuda local emita, y a mayor cantidad de bonos de cambio comprados en el mercado secundario – estará más cerca de llegar al mismo resultado que si simplemente hubiera intercambiado los bonos de cambio, por bonos locales, en una gran oferta de intercambio formal.
No habría serios costos sobre dicha estrategia. Por un lado, Argentina estaría consolidando su situación como un mercado financiero intocable: sería ir hacia atrás y no hacia delante, pero al menos no tendría que tomar la decisión políticamente desastrosa, de pagar a Elliott - y a los demás Holdouts-, miles de millones de dólares, situación que no puede permitirse el lujo.
@TD@
Y si alguien comenzó criticando al país por estar en default con los bonos de cambio, Argentina siempre puede decir, con toda sinceridad, que tiene la capacidad y la disposición a pagar, - y que la única razón por la cual no se les paga, es que los tribunales estadounidenses no se lo permite. Tanto el Segundo Circuito, como el Tribunal Supremo, tuvieron todas las oportunidades para evitar este desastre, las cuales en su lugar fueron despejadas. Ellos son los que deben ser considerados responsables por las consecuencias.