› LA POBREZA VOLVIO A CRECER EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SEGUN EL ULTIMO INFORME DEL CENTRO DE ESTUDIOS CEPA Seis meses de cambios, pero para peor
Por Laura Vales
La pobreza volvió a crecer en los meses de mayo y junio. Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) llega a un 33,91 por ciento, cuando en noviembre del año pasado estaba en el 19,82. Esta violenta caída de las condiciones de vida, producto de la suba de los precios y de la pérdida de puestos de trabajo fue más acentuada en el conglomerado del Gran Buenos Aires, donde según el estudio llega ya al 36,31 por ciento de la población, mientras que en la región Pampeana alcanza el 28,53 por ciento. Para hacer la medición, los investigadores tomaron a estas dos regiones que, sumadas, abarcan a 20 millones de personas, es decir que si bien no es una medición nacional se le acerca bastante.
En sus puntos principales, el relevamiento del centro de estudios que dirige Hernán Letcher, especialista en economía política y dirigente del FPV, describe que:
- Tras la abrupta caída de las condiciones de vida que se registró entre noviembre de 2015 y enero de 2016 entre la población de menores recursos, por la devaluación y su efecto en la suba de los precios, el deterioro social continuó de manera menos acelerada pero fue sostenida mes a mes.
- Los aumentos salariales acordados por los gremios en las negociaciones paritarias tuvieron un reflejo directo en la situación de las franjas vulnerables de la sociedad, ya que moderaron su avance.
- En el caso del Gran Buenos Aires, es decir donde se concentra la mayor cantidad de población del país, el número de pobres trepa a casi cinco millones de personas.
- El nivel de indigencia para la misma área también subió –está en el 8,73 por ciento– y tuvo un agravamiento en el mes de junio.
- Mientras que en junio en el GBA la pobreza creció, en la región Pampeana se desaceleró, porque la canasta básica de las provincias que la componen subió menos que la del GBA. Es decir que la evolución de los precios no está siendo uniforme en todo el país.
El trabajo midió tres escalones. El de indigencia es el de los hogares con ingresos inferiores a la canasta básica alimentaria (CBA), que en junio, para un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos niños, fue de 5.013 pesos. El de pobreza se refiere a los que no acceden a la canasta básica total (11.680 pesos para una familia tipo). La tercera categoría empleada fue la de personas en situación de vulnerabilidad, y se refiere a la población con ingresos sólo en un 10 por ciento por encima de la línea de pobreza.
Las dos regiones tomadas por los investigadores cubren el 74,5 de la población urbana objeto de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. El Gran Buenos Aires abarca la Capital Federal y 24 municipios del Conurbano, mientras que la región Pampeana incluye al resto de provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa. Pobreza
“Si cuando termine mi gobierno no reduje la pobreza, significará que fracasé. No hay excusas. Hoy se sabe cuál es la inflación y la pobreza. Soy un convencido de que vamos por el buen camino y estimo que vamos a volver a crecer”, dijo el presidente Mauricio Macri la semana pasada en un reportaje.
Sin embargo, el trabajo del CEPA desmiente estas afirmaciones.
“El aumento de la pobreza para el Gran Buenos Aires ha sido significativo: de 19,82 por ciento en noviembre de 2015 pasó a 29,23 por ciento en enero de 2016 y a 36,31 por ciento en junio”, indica sobre este rubro.
Los casi cinco millones de personas que hoy son pobres en el conurbano no son necesariamente desocupados. De hecho, un hogar tipo en el que el jefe o jefa de familia perciba el salario mínimo vital y móvil, que hoy es de 6.810 pesos, está lejos de poder sacar la cabeza por encima de la línea de pobreza, que requiere ingresos por 11.680 pesos. Es decir que el SMVM sólo alcanza para que una familia tipo no sea indigente, pero no para que no sea pobre.
La misma situación se plantea en la región Pampeana, aunque allí la Canasta Básica Total tiene un costo más bajo, de 10,570 pesos, por lo que el índice de pobreza es menor, del 28,53 por ciento de la población.
Indigencia
El promedio de las regiones relevadas muestra de la misma manera un aumento de la indigencia. Esta ascendió de 6,80 por ciento de la población en enero, a 8,29 por ciento en junio. Los investigadores apuntan que se dio así un incremento del 22 por ciento en seis meses.
En el Gran Buenos Aires, al finalizar el mandato del gobierno anterior la indigencia alcanzaba el 5,71 por ciento. Aumentó marcadamente entre aquel mes y enero, llegando a 7,15 por ciento. Luego se produjo cierta estabilización entre febrero y abril, pero volvió a aumentar en mayo y junio, alcanzando finalmente el 8,73 por ciento actual.
Por su parte, en la región Pampeana, la medición se acota al período enero-junio. El motivo es que los investigadores comenzaron a seguir sus precios recién a comienzos de este año. Desde entonces y hasta marzo, indican, la indigencia mostró un sensible incremento, manteniéndose estable desde entonces.
Los precios, detalla en informe en su parte metodológica, son relevados en comercios informantes constituidos por 30 por ciento en supermercados y 70 por ciento en otros establecimientos, conforme al comportamiento de los consumidores tal y como lo estableció la encuesta de ingreso y gasto de los hogares de 1985/1986 y fue confirmado en la encuesta de gastos de hogares de 2012 del Indec. Vulnerables
La población considerada en situación de vulnerabilidad es la que tiene ingresos apenas superiores a la línea de pobreza. Esta franja que cubre de manera apretada sus necesidades mínimas, ante la alta volatilidad de los precios, indica el CEPA, está sujeta a drásticos cambios en su situación.
El centro de estudios definió a la población vulnerable como la que perteneciente a hogares cuyos ingresos se ubican en sólo un 10 por ciento por encima de la línea de pobreza.
En el GBA hubo un fuerte aumento de las familias en situación de vulnerabilidad entre noviembre y enero, ya que prácticamente se duplicaron. Desde entonces su número tendió a estabilizarse. Actualmente representan el 4,48 por ciento de la población.
Si se considera la región pampeana, “esta situación ha sido más volátil”. “Del 0,69 por ciento de vulnerabilidad en enero trepó a 8,49 por ciento en abril para luego descender a 3,83 por ciento”. La interpretación que hacen de este dato los investigadores es que está relacionado con el cobro de los aumentos salariales acordados en las paritarias que cerraron a partir de abril, o de cuotas de acuerdos realizados en los primeros meses del año. Esto “muestra la dependencia a la volatilidad de los ingresos de este grupo de la población que se encuentra al límite de la pobreza”.
Como ejemplo, en el cuadro de la evolución de la población vulnerable se ve que el sector fue en aumento con un pico en abri, cuando se acumularon subas de precios pero los acuerdos paritarios no habían empezado a pagarse. A partir de entonces, en el caso de la región Pampeana, el número de hogares vulnerables se redujo.
Los nuevos datos sobre pobreza, indigencia y vulnerabilidad confirman el preocupante deterioro de la situación social. Si se suman las tres franjas, lo que se ve es que más del 40 por ciento de la población del Gran Buenos Aires está atravesando dificultades para sostener un piso mínimo de condiciones de vida. En la región pampeana, los afectados llegan al 32 por ciento. El promedio indica que están en condiciones de vulnerabilidad, pobreza o indigencia 38 de cada cien habitantes del país.
Titulada "It’s cold outside" ("Hace frío afuera") la revista británica The Economist pone de manifiesto la delicada situación política del Gobierno Nacional. Imprecisa al respecto de los datos, habla de 30% de inflación anual cuando es 42%, relata el trajín del Presidente Macri luego de aplicar la brutal suba de las tarifas de servicios públicos.
Mauricio Macri ilustrado por The Economist: abrigado con manifestantes a su espalda Mauricio Macri ilustrado por The Economist: abrigado con manifestantes a su espalda. Foto: Peter Schrank / The Economist
The Economist en una nota publicada en su edición online asegura que la "luna de miel" que caracteriza la primera etapa de las gestiones presidenciales, en este caso la de Mauricio Macri, "está llegando a su fin" tras un "torpe manejo" de la subas en las tarifas de los servicios públicos. Los ruidazos y las dos pizzas recorren el mundo mientras 6 de los 9 meses de gestión son atravesados por la batalla de las tarifas entre la administración de los CEOs y la sociedad orrganizada en multisectoriales a lo largo y ancho del país.
A 15 días de la Marcha Federal organizada por los sindicatos de la CTA pero a la cual están adhiriendo masivamente las organizaciónes sociales Agosto promete ser un mes de elevada tensión política. La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la posibilidad de poner en orden "el condado" y mandar al presidente a hacer la tarea (audiencias públicas) y con ello bajar el nivel de conflictividad social reinante pero también puede darle un guiño político al Presidente lo que haría que el Presidente de la CSJN Ricardo Lorenzetti se convierta en el responsable político de la medida más anti popular que alla impulsado la administración de CEOs hasta el momento.
Sin ningún lugar a dudas el Congreso de la Nación con su acto fallido, y tardío, de ponerle coto al tema de las tarifas y las movilizaciones populares inclinan la balanza política sobre este tema que está con final abierto.
Aquí la nota
It’s cold outside A battle over utility bills is Mauricio Macri’s first big crisis
The most populous parts of Argentina are stifling in summer and bone-chilling in winter. The Kirchner family, which ruled for a dozen years until 2015, kept the cost of comfort low. An earlier government had fixed the price of electricity and natural gas in 2002 to help the economy out of a slump; the Kirchners barely raised it. As a result, Argentines pay a fraction of what their neighbours do for energy (see chart).
But they have paid in other ways. Energy subsidies jumped from 1.5% of government spending in 2005 to 12.3% in 2014. Partly because of such largesse, the budget deficit was a worrying 5.4% of GDP last year. Because energy is cheap, consumers use it with abandon; utilities lack cash for investment. Summer blackouts can last for hours. Mauricio Macri, who succeeded Cristina Fernández de Kirchner as president in December, said the energy crisis was the most complex of the “many bombs” she had left for him. Defusing it is proving to be perilous.
Soon after Mr Macri took office the energy minister, Juan José Aranguren, said he would chop the $16 billion subsidy bill in half. Gas tariffs would quadruple for most consumers; those for electricity would increase sixfold. The higher bills landed in consumers’ post boxes in June, during Argentina’s coldest autumn in 60 years. A backlash followed. Pot-banging protests, called ruidazos, took place across the country on August 4th. A few days later thousands of pot-bangers marched to the Casa Rosada, the presidential palace. Two courts have blocked the tariff rises.
The final decision now rests with the supreme court. The government cannot afford to lose. The price increases are a vital part of Mr Macri’s plan to restore confidence in an economy undermined by years of reckless spending, self-defeating price and regulatory controls, and economic nationalism. He began his presidency by allowing the peso to devalue, removing taxes on food exports and striking a deal with holders of debt on which Argentina had defaulted.
Unsurprisingly, the remedy has been painful. The peso’s drop pushed the inflation rate to more than 30% even before utility bills went up. Growth, private employment and manufacturing have fallen since Mr Macri came to office. The IMF expects the economy to shrink by 1.5% this year. Argentina’s deal with bondholders has yet to trigger the surge in foreign investment that the president promised would follow.
The government’s clumsy handling of the price rises made the backlash worse. Alfonso Prat-Gay, the finance minister, airily dismissed them as “the cost of two pizzas”. Mr Macri upbraided energy gluttons. “If you’re in a T-shirt and bare feet around the house, you’re using too much,” he lectured. On Twitter, indignant Argentines posted videos of themselves listening to his speech dressed for Arctic conditions.
The government has tried to placate voters without abandoning its policies. “We got it wrong,” admitted the interior minister, Rogelio Frigerio. A chastened president installed a solar-powered hot-water tank on the roof of the Quinta de Olivos, his official residence. “I am on a campaign to save energy,” he joked during a visit to Casa Rosada by the Mexican president, Enrique Peña Nieto. “If you’re cold, now you know why.” On June 7th the government said it would cap the rise in gas prices and increase the amount of electricity sold at concessionary rates to small consumers in some provinces.
Mr Macri has reservoirs of political strength and popular goodwill to draw on. Though Argentines are angry, most still blame the Kirchners for their hardship. Allegations of corruption have enfeebled Ms Fernández as a political force. A new generation of politicians is competing to become the next presidential candidate of her Peronist party, weakening its ability to provide opposition to the government.
But Mr Macri’s honeymoon is coming to an end (see chart). With legislative elections due in October 2017, “the government needs to show some economic results in the first quarter of next year,” argues Juan Cruz Díaz of Cefeidas Group, an advisory firm. The IMF thinks the economy will rebound in 2017; it forecasts growth of 2.8%.
The row over tariffs could slow the recovery. The courts’ injunction against the price increase has shaken foreign investors’ confidence in the legal system. No one is sure whether the supreme court will reverse it. Two of its five judges were recently appointed (by Mr Macri), which makes the decision hard to predict, says Mr Díaz. Until it acts, firms will continue to face the threat of output-disrupting power cuts.
Mr Macri has little choice but to hope that the supreme court rules in his favour, persist with price rises and pay the political cost. “To find tariffs both attractive enough for investment and acceptable to society—without impacting inflation—is impossible in the short term,” says Carlos Marcelo Belloni of IAE Business School in Buenos Aires. Like chilly consumers, Mr Macri is waiting for balmier weather.
Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad, una de las ONG que promovió las resoluciones judiciales que terminaron suspendiendo y hasta anulando los tarifazos, denunció que el 200% del aumento “está destinado a las arcas de las empresas petroleras, sin justificación válida”. Imágenes
El CEPIS, una de las ONG que patrocinó las presentaciones judiciales que terminaron suspendiendo y hasta en algunos casos -como el del gas-, anulando las resoluciones ministeriales que dispusieron los tarifazos, salió a denunciar un negocio redondo para las petroleras y las mentiras del Gobierno de Mauricio Macri para justificarlos.
A través de un documento difundido hoy, el CEPIS desnudó en cinco ítems “las mentiras del gobierno para defender el tarifazo”. Allí, enumeró, por ejemplo, que “no es cierto que la actual fórmula de política tarifaria esté destinada a eliminar subsidios, en lo referente al servicio de gas”, sino que, por el contrario, “solamente sirve para quitar en transporte y distribución parte del subsidio existente, ya que en 2014 se lo había disminuido sustancialmente”.
En ese sentido, marcó que “la diferencia en dólares que representa cerca de un 200% de aumento en pesos en la factura, está destinado a las arcas de las empresas petroleras, sin ninguna justificación válida” y que “el Estado seguirá pagando el gas importado, no habrá disminuido esa importante erogación, y las empresas seguirán cobrando esa dádiva de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares anuales, que pagaremos los usuarios”.
También denunció que no es cierto que los incrementos decididos en la Res. 28 del Ministro Aranguren sirvan para asegurar inversiones en exploración y explotación de gas, y que tampoco es cierto que las Audiencias Públicas deban realizarse solamente para debatir el transporte y la distribución en los servicios de gas y electricidad.
Otro de los ítems desenmascarados afirma que “no es cierto que la producción no pueda debatirse en las audiencias con el pretexto que su determinación es facultad del Poder Ejecutivo y que no está regulado” y, por último, que “no es cierto que la facultad del Poder Ejecutivo para actualizar las tarifas, que le pertenece, pueda ser ejercida sin los límites que impone todo acto público, y
las especiales restricciones que ha desarrolado la doctrina y jurisprudencia”.
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De acuerdo a una consultora, las compras de los bienes esenciales volvieron a bajar en julio y acumulan un retroceso del 3,9% en el año.
Durante julio, las ventas de productos de la canasta básica sufrieron la sexta baja del año, con lo que acumula un retroceso del 3,9% en lo que va de 2016.
Las ventas habían tocado un piso en mayo, cuando se derrumbaron un 7,7%, en junio la baja fue algo menor (-6,4%) y esta tendencia se conservo en julio, con un descenso del 5,4% en volumen.
Los datos corresponden a un relevamiento de la consultora Scentia publicado en La Nación, sobre la base de los datos aportados por las cadenas de supermercados, autoservicios chinos, mayoristas y el llamado canal tradicional (almacenes, quioscos y pequeños autoservicios).
"Transcurrido el 60% del año tenemos una disminución del 3,9% en las compras, y para que el mercado termine el año estable, es decir, con un crecimiento del 0% frente a 2015, deberíamos crecer en lo que resta del año un 5,4%", advirtió José Amodei, director de la consultora.
El año pasado, la participación llegó a ser del 14 por ciento
Mientras el Gobierno definirá con la industria alimenticia en lo que resta del mes la nueva canasta, el plan de Precios Cuidados no mejora en su inserción y representa solamente el 5% mensual de las ventas de los hipermercados, debido a la mala provisión y la escasa señalización en las góndolas.
Fuentes de las grandes cadenas señalaron que la participación de los Precios Cuidados en la masa general de las operaciones mensuales "no pasa del 5 por ciento, cuando por la actual situación debería ser más del 15% ó 20% de las ventas". Consultadas sobre las causas, desde las empresas indicaron que "los proveedores siguen entregando cuando quieren, con la frecuencia que se les ocurre y esto nos perjudica de lleno. Aparte nosotros hemos pasado a tener una mercado muy importante para la facturación que representa el plan".
Asimismo, hubo un mea culpa en el sentido de que "algunas compañías tampoco ayudan con la poca o mala señalización en góndola". Actualmente, la brecha entre el valor de un bien no controlado y uno ‘cuidado’ ya es de 50% promedio, y la participación en las ventas de los hipermercados del plan Precios Cuidados cayó de 14% que llegó a tener el año pasado a un muy bajo 5%, en volumen, producto de las maniobras de desabastecimiento de la industria y la desidia de las grandes superficies comerciales.
Con la recesión, Precios Cuidados debería ser más del 15% o 20% de las ventas
Las fuentes indicaron que "la reposición de los productos es mucho menor a la que había con el anterior gobierno por la desidia de los proveedores, y también el retail pone lo suyo, no respetando la señalética y compitiendo cada vez más fuerte con las marcas propias". Respecto de la brecha en los precios de los productos que están dentro y fuera del plan oficial, "era del 20% en noviembre y hoy está en el 50% promedio, con picos del 70% en el rubro lácteo".
Sobre la participación del Gobierno en esta coyuntura, desde los hipermercados señalaron que ‘debería haber inspecciones constantes. Hay muy pocas. El problema viene por haberle soltado la mano a las alimenticias, a las empresas de limpieza, higiene que pasan listados nuevos todo el tiempo. Y seguro que hay "avivadas" de los dueños de las cadenas, que están dejando morir a Precios Cuidados’.
La brecha entre Precios Cuidados y los valores de los productos no incluidos en el programa gubernamental se fue agigantando, de acuerdo con los datos que reconocen en las grandes cadenas de hipermercados, los que a su vez apuntan a las alimenticias por este crecimiento. "No vemos un cambio de actitud del Gobierno para frenar aumentos", finalizaron las fuentes.
En la negociación para la nueva etapa del programa, desde el próximo 7 de septiembre hasta el 31 de diciembre, se establecerá una suba autorizada promedio de 4 a 5 por ciento, con algunos picos que llegarán al 8 por ciento. Aún persisten las dudas en torno a la continuidad del plan en el 2017, ya que el Gobierno no ha dado una certeza al respecto. Dado el estado del consumo masivo, sería un serio riesgo dejar Precios Cuidados sin efecto.
Los gobernadores necesitados de fondos, con sus provincias en rojo y con la recesión fuerte en el interior golpenado, con un consumo cada vez más caído, un desempleo creciente y los índices de pobreza que aumentan mes a mes, volverán a respaldar el tarifazo en el gas en los próximos días, a partir de un pedido del presidente Mauricio Macri, quien de esta manera busca presionar a la Corte Suprema para que falle a favor de los aumentos, suspendidos por orden de la Cámara Federal de La Plata. Desde el jueves pasado, unos trece mandatarios provinciales se pronunciaron a favor de los ajustes en los servicios público.
La jugada de Macri con los gobernadores se da en el marco del lanzamiento del “Acuerdo federal energético” anunciado en conjunto con un consejo consultivo de siete ex secretarios de Energía que colaborarán junto al ministro del área, Juan José Aranguren, “para trabajar en la búsqueda de los consensos necesarios para el establecimiento de políticas energéticas de mediano y largo plazo”.
El presidente quiere mostrarle a la Corte que el tarifazo tiene apoyo político, bajo el argumento de que las subas se aplicaron en numerosos distritos del país por disposición de los mandatarios, y que la mayoría de los usuarios no tuvieron problemas en pagar las boletas con los nuevos valores. Fuentes de Metrogas explicaron a BAE Negocios que más del 80% de los clientes abonaron las nuevas facturas, de las que el 87% tuvieron valores menores a $500 y sólo el 10% superaron los $3.000.
El máximo tribunal está a la espera del dictamen de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, quien ya se había expedido a favor de incrementos en el gas en el 2014. Gils Carbó tiene tiempo hasta el jueves para presentarlo, ya que es el plazo límite que le fijó la Corte para poder tratarlo en su acordada del jueves, por lo que se especula con una definición sobre el tarifazo del gas para esta semana. Fuentes del mundo judicial le dijeron a este diario que podría ser “un fallo de consenso” que además sirva de precedente para otros servicios como la luz, cuyas subas también fueron frenadas por el poder judicial.
El riojano Sergio Casas podría sumarse a apoyar públicamente los ajustes
Mientras tanto, Aranguren se prepara para exponer el martes en Diputados en un plenario de cuatro comisiones, que el oficialismo pactó con la oposición para evitar la interpelación del funcionario. La visita del ministro al Congreso le sirvió de excusa para cancelar las audiencias “informativas” convocadas tan sólo la semana pasada, en las que iba a justificar el incremento en el precio de generación de la luz y en el gas en boca de pozo, los dos tramos de la cadena energética que según el Gobierno no requieren la convocatoria a audiencias públicas, a diferencia del transporte o la distribución.
“El plenario del martes es una cuasi audiencia pública”, argumentó el ex CEO de Shell al diario Página 12.
Actualmente el gas en boca de pozo se paga entre u$s4,5 y u$s5 el millón de BTU, el doble que en Estados Unidos, pero para Jorge Lapeña, uno de los ex secretarios que forma parte del consejo consultivo, debería “estudiarse minuciosamente, si debe subir y en cuánto”. “Esta cuestión no ha sido analizada todavía en la Argentina con minuciosidad”, apuntó.
A la espera de la resolución de la Corte Metrogas no emite facturas desde hace 35 días La distribuidora Metrogas no emite facturas desde hace 35 días, a la espera del fallo de la Corte Suprema que clarifique el panorama de las tarifas, contaron a BAE Negocios voceros de la compañía.
“Somos una empresa que está regulada por lo tanto esperamos la resolución que nos indique lo que tenemos que hacer con las boletas”, puntualizaron las fuentes.
Hasta ahora, no hubo ninguna resolución oficial que indique a Metrogas las medidas a tomar respecto al cobro del servicio.
El fallo de la Cámara Federal de La Plata ordenó la anulación de las resoluciones 28 y 31 del ministerio de Energía que dispusieron los nuevos valores para el gas. Así, las compañías deberían empezar a cobrar con el precio que tenía el servicio antes de los aumentos. En caso de que los clientes ya hayan pagado, las empresas deberán emitir notas de crédito a favor de los consumidores en las boletas siguientes. Pero la incertidumbre sobre el futuro de las tarifas es tal que algunas directamente dejaron de enviar las facturas a la espera de lo que resuelva la Corte Suprema, que tendrá la última palabra respecto a este tema.
El presidente de la empresa, que tiene a maltraer a todos los vecinos del Conurbano sur desde hace años, dijo que si la Justicia no convalida los aumentos la firma irá a la quiebra en un par de meses.
El presidente de Edesur, Maurizio Bezzeccheri, evaluó que si la justicia no ratifica los aumentos dispuestos en la tarifa eléctrica, la firma irá a la quiebra en el lapso de “un mes o dos”. Así, puso en jaque la prestación de la empresa que tiene a maltraer a los vecinos del conurbano sur con cortes de luz permanentes.
"Con el nuevo esquema de tarifas, el 75 por ciento de los clientes paga por debajo de los 250 pesos mensuales. O sea, una familia paga el equivalente a 4 paquetes de cigarrillos. Y un día de electricidad le cuesta a un hogar lo mismo que una lata de gaseosa", señaló el empresario para defender los tarifazos, en una entrevista publicada por Clarín.
“Si no se resuelve la cuestión judicial, no podemos pagar los sueldos y vamos a la quiebra. Si no tengo el dinero, no tengo cómo pagar al proveedor. Creemos que esto se resolverá. Sino, seguirá el caos, van a mancar los recursos de las empresas", continuó, tras lo cual adjudicó la falta de inversión en el sector energético en los últimos años a la política del Gobierno kirchnerista.
El conductor de Periodismo Para Todos realizó un descargo en su programa y sentenció que al máximo tribunal "hemos visto hacer cada cosa, tampoco es que es el Olimpo". Video.
Jorge Lanata habló el domingo en su programa, Periodismo Para Todos, sobre el denominado "tarifazo" y le reclamó a la Corte Suprema de Justicia que "que le busque la vuelta" a la medida, de modo que "no sea ilegal".
Para el conductor, el máximo tribunal debería "buscarle la vuelta para que no sea ilegal" la suba de tarigas impulsada por el gobierno de Mauricio Macri.
"Hemos visto hacer cada cosa, tampoco es que es el Olimpo, es la Corte argentina, son los mismos tipos que pusieron la mano para un montón de cosas", argumentó.
"En un momento criticábamos a (Mauricio) Macri por razonar jurídicamente problemas políticos. Hoy yo criticaría a la Corte por razonar jurídicamente problemas políticos. Si la Corte es una máquina donde ponés una moneda y te da una solución no necesito jueces. Si necesito jueces es para que haya tipos que entiendan que se va a la mierda el plan económico si razonás exclusivamente desde lo jurídico", sentenció Lanata.
Por su parte, y en el mismo contexto, su colega Luis Majul adelantó que el jefe de Estado habría llamado a operadores en la Justicia para transmitirles el mismo mensaje: "Si la Corte nos obliga a devolver el dinero de los argentinos que ya pagaron los aumentos de las tarifas de luz y de gas de mayo y de junio, eso le costará al Estado $ 80.000 millones, Federico Sturzenegger va a renunciar, la inflación que está bajando se transformará en hiperinflación, el plan económico se va a ir al diablo y todo lo que bueno que hicimos desde diciembre del año pasado no habrá servido para nada".
Martín Redrado, advirtió que el gobierno de Macri fue inocente al creer que solo con inversiones se reactiva la economía y que falta un programa integral. "No hay un programa económico" Martín Redrado, jefe de mercados emergentes del Banco Mundial, advirtió que el gobierno de Macri fue inocente al creer que solo con inversiones se reactiva la economía y que falta un programa integral.
El ex presidente del Banco Central Martín Redrado afirmó hoy que el Gobierno "no encuentra un programa económico integral" y advirtió sobre el "desgaste" que producen las marchas y contramarchas en algunas medidas.
Redradoconsideró que Gobierno "no puede esperar" que el crecimiento del país esté basado "solamente en una variable como es la inversión porque el derrame tarda mucho tiempo", por lo que concluyó que "ahí tuvieron una visión muy inocente".
En este sentido, Redrado sostuvo que "a los países que les va bien es porque el consumo anda bien, porque la inversión anda bien y porque las exportaciones andan bien, no porque anda bien una sola variable" y remarcó que "hoy por hoy es muy difícil que alguien invierta si no se sabe cuál es el horizonte".
"Es un gobierno que no encuentra el programa económico que le permita mirar a la integralidad de los problemas de nuestro país. Ha tenido siempre una visión parcial, no ha tenido una visión integral y esto lo que está generando son marchas y contramarchas", sentenció el economista.
"Vamos a terminar un año recesivo y empezaría a haber un rebote, pero un rebote tenue, pero no lo va a sentir la gente, si no hay un verdadero programa económico", consideró Redrado.
En conversación con radio La Red, señaló que "hoy el planteo de la gente es que la plata no alcanza para llegar a fin de mes" porque "el salto que han tenido los precios de la comida y de las tarifas han estado muy por encima de los aumentos de salarios".
Al respecto, Redrado sostuvo que "fue un error pensar que todos los precios estaban ya vinculados a 14 pesos, que era el valor del dólar blue" ya que, puntualizó, "el precio de los alimentos estaba vinculado a otro tipo de cambio".
"Hay un proceso de prueba y error. Veo las mejores intenciones de parte del Gobierno y una capacidad de consulta y de humildad, pero esto lleva a un de desgaste que si todos estos problemas se hubieran visto antes no estaríamos pasando por una situación tan recesiva y de pérdida del poder adquisitivo que estamos pasando este año", juzgó.
El ex titular del Banco Central también opinó que "este trimestre todavía va a ser frío" en la reactivación económica, por lo que "la capacidad de compra va a estar todavía muy menguada", pero resaltó que "en el último trimestre, más producto de la recesión que otra cosa, vamos a tener una caída de la tasa inflación".
El economista aseguró que "vamos a terminar un año recesivo, y empezaría a haber un rebote, pero un rebote tenue, que lo hablaríamos los economistas, pero no lo va a sentir la gente, si no hay un verdadero programa económico".
Durante la cumbre de UNA en Mar del Plata, el bonaerense Sergio Massa volvió a cerrar las puertas de un regreso al PJ, al que volvió a tildar de “sello de goma”, y pidió, en cambio, “abrazar a los radicales”.
En plena cumbre junto a José Manuel De la Sota, en Mar del Plata, Sergio Massa tuvo una importante definición de cara a las legislativas del año que viene y su posicionamiento respecto de Cambiemos, espacio con el que compartió un pacto de gobernabilidad durante los primeros meses de gestión que parece enfriarse día a día.
Massa cerró definitivamente la puerta de un regreso al PJ y abogó, en cambio, por salir a “abrazar radicales”. Así, en un escenario que está a semanas de una nueva elección interna, en la que confrontarán los sectores que piden modificaciones en la alianza Cambiemos con los que valoran el status quo, el Renovador ya tiene lista la ambulancia.
“Algunos se apoderaron de un sueño para mantenerse en el poder. No nos apoderamos de un sueño, no nos importan los sellos de goma”, disparó Massa respecto del Partido Justicialista y de la hipótesis de un regreso que descartó de plano.
Sin embargo, sorprendió con otro pedido: “Vayamos a abrazar a los radicales que sienten que su partido se entregó al ajuste y a la derecha”. ¿Teléfono para Alfonsín?
El secretario general de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, consideró hoy que el frente Cambiemos "no estaba preparado" para asumir la "responsabilidad de conducir al país", al tiempo que se quejó de que en el Gobierno hay "desconcierto, improvisación o incapacidad".
"La herencia no fue la mejor. Pero tampoco fueron acertadas las medidas que han tomado, porque trajo un retroceso para el mismo Gobierno", sostuvo el referente gremial.
En diálogo con Radio Mitre, el líder camionero advirtió que "no está bien" la situación económica del país y señaló que "el transporte es el termómetro de la economía y ha bajado mucho la actividad". En ese sentido, Moyano criticó los "desaciertos e improvisación" en el Gobierno y resaltó que "no estaban preparados para asumir tamaña responsabilidad de conducir los destinos de un país".
"Está claro que las medidas que han tomado son completamente desacertadas, porque han tenido que retroceder. Esto muestra claramente que hay un desconcierto, improvisación o incapacidad para conducir los destinos de un país y esto lo sufre la gente que más necesidades tiene", subrayó.
Respecto al aumento de tarifas en los servicios públicos, el secretario general de la CGT Azopardo manifestó que "tendría que haber sido gradualmente y no de la forma despiadada en que lo hicieron".
"Si esto es gradual, yo ya no entiendo más nada de nada. El Presidente (Mauricio Macri) debería ser más claro con la gente. Además de todo el daño que han hecho estos aumentos desmedidos, parece que le estuviera tomando el pelo. Esto es lo que más enerva a la gente, además de los aumentos desmedidos", remarcó.
Los ingresos, en una carrera difícil contra la inflación
El aumento de las jubilaciones y demás prestaciones a partir de septiembre, que comprende el período enero-junio de este año, apenas cubre la mitad del aumento de la inflación de 29,2% de ese período, según los cálculos de la Dirección de Estadísticas porteña. Si se agrega el aumento de marzo, las jubilaciones tendrían un incremento anual de 32%, contra una inflación de 47,1%, según las cifras oficiales. Semejante diferencia – que implica una caída de más del 10% en el poder de compra de las jubilaciones y demás prestaciones en solo 6 meses--- se explica por la propia ley de movilidad. La fórmula de movilidad no toma en cuenta la evolución de la inflación sino considera, por mitades, la variación de los salarios y de la recaudación de impuestos y demás ingresos con destino a la Seguridad Social. Y ambas variables se ubicaron bien por debajo de la suba de los precios. Las paritarias acordaron aumentos en 2 o 3 cuotas de entre el 27 y 37% anual, muy por debajo de la inflación interanual del 47,2%, también de acuerdo a las cifras de la Dirección porteña. Y la recaudación impositiva se ubicó por debajo de la inflación por la menor actividad y por reducciones y devoluciones de impuestos.
Así las cosas, las jubilaciones y pensiones cargan sobre sí con la múltiple presión de los aumentos “a la baja” de los salarios y de los impuestos, la recesión y decisiones de política tributaria. Eso llevaría a un haber mínimo que podría rondar los $ 5.700, muy lejos del valor de la canasta básica del adulto mayor que la Defensoría de la Tercera Edad la valúa en $ 11.000 mensuales.
En otros períodos, la mejor performance de la recaudación tributaria compensaba subas de salarios inferiores a la inflación. En estos meses, uno y otro se desaceleraron y sumados llevan a que las jubilaciones y prestaciones sociales consoliden una pérdida del poder de compra.
La intensidad de ese deterioro dependerá de lo que pase hacia delante con la inflación, los salarios y la actividad en los próximos 6 meses cuando acciona el próximo ajuste, y si se dispone algún aumento de emergencia o nuevamente se otorga algún plus o bono hacia fin de año.
Una encuesta exclusiva indica que siete de diez argentinos ven mal la economía y creen que los aumentos de tarifas son imposibles de pagar. Casi el 60 por ciento opina que la Justicia tiene que impedirlos y retrotraer los valores a febrero.
Por Raúl Kollmann
Siete de cada diez argentinos dicen que la economía está mal o muy mal. También siete de cada diez sostienen que es imposible pagar la tarifas de acuerdo al aumento dispuesto por el Gobierno, mientras que una nítida mayoría afirma que el ministro Juan José Aranguren debería renunciar. Nada menos que seis de cada diez argentinos sostienen que está de acuerdo con las protestas por los tarifazos, algo inhabitual porque, en general, suele suceder que los ciudadanos pueden estar en contra de tal o cual medida, pero tienden a ser reacios a las protestas.
En este clima, la imagen de Mauricio Macri y del Gobierno perdió entre 15 y 20 puntos desde diciembre, pero se sostiene en valores que considera aceptables (46 por ciento) porque todavía hay una franja de la población con una expectativa de que las cosas mejoren. Aún así, los opositores superan hoy en día con holgura a los oficialistas (47 a 33 por ciento), cuando hace unos meses los oficialistas eran mayoría.
Las conclusiones surgen de una amplia encuesta realizada por la consultora Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), que dirige el sociólogo Roberto Bacman. El estudio hecho en todo el país, especial para Página/12, abarcó a 1200 personas, respetándose las proporciones por edad, sexo y nivel económico social. Las entrevistas fueron telefónicas. Economía
“No existe duda alguna que la economía está sumergida en una crisis”, señala Bacman. “Existen diferentes datos de la realidad que la explican: inflación por encima de las expectativas del propio gobierno y por debajo de los aumentos salariales, incremento de la pobreza según mediciones privadas, caída de la actividad económica, descenso de las exportaciones incluso a pesar de los beneficios impositivos para los sectores agropecuarios, son algunos de los aspectos que en la actualidad más preocupan. Lo cierto es que al tope de las preocupaciones de los argentinos está la marcha de la economía y la inflación, pero cerquita nomás aparece la desocupación, con un porcentaje altísimo, el treinta por ciento”.
La metodología del CEOP permite dar más de una respuesta cuando se pregunta por las preocupaciones del momento, pero en otros estudios, en los que se admite una sola respuesta, es decir señalar la principal preocupación, la pérdida del empleo ya figura arriba de todo.
Para Bacman, “el desafío de la economía es sustancial para el futuro de la gestión de Mauricio Macri. Y lo es a tal punto que, cuando los argentinos tienen que evaluar la situación económica actual de nuestro país, el 72 por ciento afirma que es abiertamente negativa. ¿Por qué tanta diferencia con la aprobación de gestión? La respuesta es simple y sencilla: la realidad frente a la economía es más fuerte que el deseo y ante tal situación la esperanza, al menos, se pone en tela de juicio. Y esta explicación surge de los propios resultados de esta encuesta: la economía es negativa para el 66 por ciento del segmento de los independientes. Lo actuado por el gobierno solo recibe la aprobación del Núcleo Duro Macrista –los que respaldan en forma casi incondicional al Presidente– y como puede verse con claridad, a esta altura del partido eso solo no alcanza”. Ajuste
“No sorprende que ocho de cada diez argentinos hayan señalado que han tenido que recortar gastos de su presupuesto familiar –apunta el titular del CEOP–, incluso con un incremento de 4,4 puntos con respecto al mes anterior. Es decir que son cada vez más los que tienen que recortar. En cuanto a los recortes propiamente dichos la estructura observada fue similar al mes anterior: 37,7 por ciento tuvieron que resignar en alimentos y bebidas (menos consumos de carnes y lácteos, más de harinas y polentas, pases a segundas y terceras marcas); el 27,2 por ciento recorta en servicios; 14,8 en ocio y entretenimiento; 9,7 en vestimenta y calzado y hasta un 2,6 por ciento en salud y medicamentos”.
“El primer dato expresa una realidad: quienes más tuvieron que recortar son los de clase baja y los residentes del conurbano bonaerense. Sin lugar a dudas afecta a los sectores más desprotegidos de la sociedad donde la falta de trabajo y el constante aumento de la inflación los está castigando. Asimismo, el ajuste en alimentos y bebidas inquieta más a los pragmáticos independientes, a los que no son ni oficialistas ni opositores. Este dato deja al descubierto que los sectores de la típica clase media también han tenido que adaptarse a estos nuevos tiempos, cambiando hábitos de compra y consumo. El ajuste en los servicios afecta más a los de nivel bajo. Es indudable que no pueden pagar los aumentos que reciben y los que hasta el momento lo han hecho, es por el temor a que les corten los servicios. No existen dudas: estamos en el ojo de la tormenta de una verdadera crisis”. Tarifazo
Bacman analiza que “para el 73 por ciento los aumentos son excesivos y tan solo un 20,4 por ciento entiende que son razonables. Para expresarlo con contundencia y en palabras sencillas: una cosa son los aumentos necesarios y razonables, y otra muy distinta es este aumento realmente feroz. Pero al mismo tiempo otro dato de esta misma encuesta ejemplifica crudamente la sensación actitudinal que hoy impera: para siete de cada diez argentinos ‘las boletas son imposibles de pagar’ y con el agregado de una percepción que para la mayoría ‘este es un gobierno que no posee sensibilidad social’. ¿Qué espera, entonces, la gente? Que la justicia actúe y retrotraiga los valores de las tarifas a febrero de este año. Para mayor precisión, así lo expresa un 56,9 por ciento”.
“¿Juan José Aranguren un chivo expiatorio? Algunos podrán decir que sí. Lo cierto es que la actuación del Ministro de Energía y especialmente sus declaraciones públicas lo han convertido en la ‘cara visible’ de los aumentos. Dicho de otro modo es la figura del gobierno que representa simbólicamente al tarifazo y por ende al ajuste. Y los argentinos así lo entienden: para casi la mitad de los entrevistados Juan José Aranguren debería renunciar”. Grieta
Desde hace años, el CEOP viene preguntando al encuestado si se considera oficialista u opositor. Por supuesto que también hay siempre una franja intermedia de los que no se consideran ni oficialistas ni opositores. Hasta febrero, los oficialistas, es decir los adherentes al gobierno de Cambiemos, superaban a los opositores, 41 a 37 por ciento. Ya en marzo los opositores empezaban a ser más que los oficialistas, lo que llegó a un tope en mayo, cuando se anunció el tarifazo. Hoy por hoy, los opositores suman el 47 por ciento y los oficialistas el 33, es decir que hay 14 puntos de diferencia.
La imagen del presidente Macri se mantiene en lo que en el gobierno consideran aceptable, el 46 por ciento. Se sostiene especialmente en su núcleo duro, o sea los que son fuertes adherentes al macrismo y una porción de los independientes. De acuerdo al diagnóstico de Bacman, la administración Macri “se basa en el discurso de la pesada herencia y las denuncias de corrupción. Pero para que la crisis económica no derive en una crisis política necesita –paradójicamente– que sea la economía la que retome el camino del crecimiento. El desafío que este gobierno debe asumir en tal contexto es importante: los tiempos se acortan, el segundo semestre no será lo que prometieron y solo falta un año para las elecciones legislativas de medio término, cuyos resultados posicionan al oficialismo frente a un nuevo reto”.
El embajador en Panamá no descarta presentarse en el 2017 para volver a pelear la gobernación.
Del Sel, Dady y Volpato en el encuentro que tuvieron en Panamá.
Si bien, el vuelo de Copa que lo traería definitivamente a Miguel del Sel al aeropuerto de Fischerton -ruta que impulsó el funcionario- aún no tiene fecha cierta, los rumores de su retorno se acrecientan y en el PRO no descartan que encabece la lista a diputados por Cambiemos en el 2017.
La última reunión con sus compañeros de Midachi en el país caribeño, donde se habló del regreso del exitoso grupo a los teatros, alentó las versiones de un regreso anticipado para participar activamente de una campaña clave para Mauricio Macri
"Miguel quiere ser gobernador en el 2019, si para tener más oportunidades tiene que jugar en el 2017 es una posibilidad", afirmó la diputada Gisella Scaglia, al tanto de los movimientos del ex cómico.
Así mismo, Scaglia aclaró que Del Sel se siente muy cómodo con sus funciones como embajador en un país que "lo trató muy bien", aunque su prioridad sigue siendo la provincia que lo vio crecer.
Miguel quiere ser gobernador en el 2019 y si para tener más oportunidades tiene que ser candidato a diputado en el 2017, es posible que lo haga, afirmó a LPO la diputada Scaglia, al tanto de los movimientos del cómico.
"Nunca dejó Santa Fe, está muy contento con lo que está haciendo pero también es cierto que tiene una deuda pendiente con Santa Fe", afirmó Scaglia.
Esn la reunión que mantuvo Del Sel con sus ex compañeros de elenco: Dady Brieva y Chino Volpato se habló de la vuelta de MIidachi sin fecha precisa: "Puede llegar a ser a lo mejor el año que viene, o en 2018”, afirmó Volpato en una entrevista radial.
De la reunión participó el amigo de toda la vida de Del Sel, manager del grupo y actual diputado, Raúl "Oreja" Fernández y el calendario electoral no quedó excluido de la charla.
"Para el 2017 lo veo muy compenetrado allá. No lo veo totalmente convencido como diputado, pero no significa que no lo pueda ocurrir, depende de lo que quiera Mauricio". agregó Scaglia.
Claro que para el actual embajador no sería fácil volver a pelear por una banca de diputados, lugar donde no se sintió cómodo y apenas pudo, a 14 meses de haber asumido, renunció para abocarse a la campaña para la gobernación, que finalmente perdió.
"Todos sabemos que Miguel es la persona que puede ganar", afirmó confiada la diputada Scaglia y agregó: "Un millón de santafesinos no lo eligieron a Lifschitz que ahora gobierna con un partido político de aliado que se le quiere ir todo el tiempo" disparó la legisladora macrista en referencia al radicalismo.
Si finalmente Del Sel vuelve a competir por la gobernación, es probable que se vuelva a cruzar en las urnas con el socialista Antonio Bonfatti, el nombre más fuerte que suena en el armado del Frente Progresista.
La interna por las listas
En el PRO son conscientes que las próximas elecciones de medio término serán decisivas para la gestión de Mauricio Macri que por ahora logró en el Congreso nacional acuerdos importantes, pero resbaladizos.
"Las próximas elecciones intermedias son distintas a las del 2013 que fue una cruzada con el voto a Miguel. El 2017 es una elección donde se va a plebiscitar la gestión de Mauricio", reflexionó Scaglia.
"Por eso, el Presidente va a salir a militar las listas de cada provincia porque tenemos que resguardar la gobernabilidad y poder garantizar las leyes para seguir cambiando la Argentina", agregó.
El problema de Cambiemos en Santa Fe es que tiene cuatro diputados nacionales que quieren renovar a los que se podrían sumar Del Sel y Angelini. "Son muchos para pocos lugares", reconocieron.
Además, la conformación de la mesa de Cambiemos en la provincia y la confirmación de que el radicalismo competirá junto al PRO, al menos en las legislativas del año próximo, hizo confluir en un mismo espacio a varios legisladores que renuevan en el 2017.
Cinco de las nueve bancas santafesinas que se ponen en juego en las próximas elecciones, ahora comparten el espacio de Cambiemos: Mario Barletta del radicalismo, Luciano Laspina, Gisella Scaglia y Ricardo Spinozzi de Unión PRO y Ana Copes del Partido Demócrata Progresista. Todos con expectativa de renovar, en una boleta que también quiere liderar Barletta.
Se suma a esto dirigentes de peso que pretenden integrarse en un lugar expectante en las listas, como el principal armador del PRO en Santa Fe, Federico Angelici, que cuenta con el respaldo total de Emilio Monzó que lo quiere en la Cámara de Diputados. Por eso, el armado oficialista no será tarea fácil. "Somos muchos los diputados que estamos en condiciones de reelegir", aceptó Scaglia.
Firmó un DNU que reasigna fondos hacia el área metropolitana. La oposición denuncia que salen del Plan Belgrano y podría frenarlo en el Congreso. Las sombras de Iecsa y Caputo.
Discordia. Cano, ayer, junto al jefe de Gabinete. El dirigente asegura que las partidas de la polémica no se extraerán del Plan Belgrano.
Foto:telam
Un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Mauricio Macri comienza a despertar la polémica por el reparto de fondos millonarios que, según la oposición, serían desviados del Plan Belgrano para financiar obras en la Ciudad de Buenos Aires durante el próximo año electoral. Obras en las que, además, las empresas beneficiadas están ligadas al Presidente.
Se trata del Decreto 979, firmado a fines de junio para modificar partidas del Presupuesto 2016. La medida tiene como objetivo conseguir los fondos para pagar los juicios del Estado pendientes con los jubilados, pero el decreto incluyó anexos para redirigir más de $ 60 mil millones (unos US$ 4 mil millones) para financiar megaobras de transporte en territorio de Horacio Rodríguez Larreta. La cifra equivale al 25% del presupuesto del Plan Belgrano.
El Plan Belgrano es la promesa de Macri a las provincias del Noreste y Noroeste para financiar obras de infraestructura postergadas durante décadas. Pero la oposición en esas provincias comenzó a agitar las aguas porque el dinero no llega, pero se destinan miles de millones para la Ciudad de Buenos Aires.
El diputado por Jujuy Alejandro Snopek (Frente Renovador) aseguró a PERFIL que “en las planillas anexas del DNU se redireccionaron $ 98 mil millones para hacer obras y el 70% es para Capital Federal y alrededores”. “No se destinaron partidas para el Belgrano Cargas –que sí tendría impacto en el interior del país– ni para obras pendientes, como la doble trocha de la Ruta 34, que une Jujuy y Salta”, agregó Snopek.
El diputado dijo que en los anexos al decreto no se especifica de dónde se extraen los fondos para la Ciudad pero lo que queda claro es que se redirigen partidas para la Ciudad mientras no se financia casi nada para las provincias del Plan Belgrano.
El DNU ya está vigente, pero la Comsión Bicameral del Congreso todavía debe tratarlo. Hasta el momento no se logró reunir el quórum. El Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, es uno de los bloques decididos a enfrentar la modificiación del Presupuesto.
El radical José Cano, a cargo del Plan Belgrano, desmintió a la oposición y aseguró que “el decreto no implica dejar sin fondos a proyectos incluidos en el plan. Las transferencias de recursos coparticipables para las provincias del norte argentino se ha mantenido e incluso incrementado en este primer semestre de la administración Macri, con relación a idéntico semestre del último año de la gestión K”. Snopek dijo, por su parte, que en el decreto, su provincia, Jujuy, sólo recibe $ 198 millones para el tratamiento de residuos. “Los fondos equivalen a menos del 0,2% de todas las partidas redirigidas”.
Sin duda, la obra porteña más polémica es la Red de Expresos Regionales, una red de túneles y estaciones que conectará las líneas de ferrocarriles del Gran Buenos Aires en el centro de la Ciudad. La megaestación central será construida debajo de la Avenida 9 de Julio. El megaproyecto porteño es criticado por empresarios y opositores por su supuesta “escasa practicidad”, ya que requiere no sólo la obra sino también la electrificación de todos los ramales.
El 19 de junio, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, expuso el anteproyecto ante las empresas interesadas en la licitación, que se lanzaría el próximo mes. Algunas de las constructoras aseguran que no tienen chances y que recibieron el mensaje de que uno de los empresarios que más se beneficiarán con el proyecto es Nicolás Caputo, asesor y mejor amigo del Presidente. Fue uno de los ganadores del Metrobus, entre otras obras millonarias de la Ciudad. La obra es monumental. Pero además, se desviarán fondos para el soterramiento del Sarmiento, una obra que llevará adelante Iecsa, la constructora del primo de Macri, Aneglo Calcaterra.
La megaestación de la discordia
El Ejecutivo quiere destinar $ 12.300 millones para una estación central debajo de la 9 de Julio (que se llamará RER), pero además destinará otros $ 45 mil millones para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento; $ 3 mil millones para una megaestación en Plaza Constitución; y $ 1.100 millones para bicisendas y ciclovías. En el anteproyecto, el ministro Dietrich dijo que “hoy los trenes llegan hasta las terminales de Retiro, Once y Constitución, y sus líneas están desconectadas. RER enlazará los ferrocarriles”. La oposición y algunas empresas constructoras plantean que el proyecto es “inviable” e “innecesario”. El Gobierno dice que reducirá los tiempos de viaje en transporte público.
El presidente Mauricio Macri está obsesionado con que no asimilen su gobierno a uno que privilegia a los ricos. Enfrenta una fuerte restricción en ese deseo puesto que la mayoría de las medidas económicas ha beneficiado a un sector minoritario de la población. Esta prueba ya no es proporcionada sólo por fuerzas políticas de la oposición o informes económicos críticos de su gestión. Estudios de consultoras internacionales también arriban a la misma conclusión. Como el macrismo se siente más cómodo y le tiene más confianza a reportes de esas agencias puede desilusionarse con el último realizado por la subsidiaria argentina de Kantar Worldpanel. Esta agencia internacional presentó Consumer Insights señalando que el consumo de los hogares disminuyó un 4 por ciento en el primer semestre con respecto al mismo período del año pasado. Pero el dato relevante no es la caída general que todos reconocen, sino que ese informe precisó que los sectores con elevados recursos no bajaron su consumo, sino que lo aumentaron. Mientras que los ubicados en el medio y en lo bajo de la pirámide de ingresos lo redujeron, y mucho más los más desfavorecidos.
“Los hogares no pudieron sostener su nivel de consumo, la frecuencia (de compras) siguió cayendo y el volumen se contrajo debido a que los hogares no tuvieron la capacidad de incrementar el tamaño de sus compras por primera vez desde fines del 2014”, explica Federico Filipponi, director comercial de Kantar Worldpanel. El rubro más afectado es bebidas y a esa tendencia negativa en los últimos meses se han sumado lácteos y cuidado personal. En todos los casos se aceleró la caída de frecuencia de compra afectando a las categorías más prescindibles. Mientras que alimentos, infusiones, congelados y cuidado del hogar lograron mantener su volumen relativamente estable; en la mayoría de los casos desde categorías básicas en detrimento de aquellas prescindibles.
La descripción general acerca de la evolución negativa del consumo coincide con otros informes similares. Pero Kantar Worldpanel avanza en la evaluación realizando una segmentación de los consumidores por nivel de ingresos. Es un dato que permite una comprensión más amplia de la situación para evaluar cómo han impactado las medidas económicas. El saldo de esa investigación no ayuda a Macri para alejar el convencimiento mayoritario de que está liderando un gobierno para ricos. Kantar Worldpanel indica que “el único nivel socioeconómico que pudo sostener su consumo fue el alto+medio –que comprende al 22 por ciento de la población–, el resto realizó ajustes, los cuales fueron mayores a medida que se desciende en la pirámide de ingresos, siendo los hogares de menores recursos los más afectados”.
La desagregación de la evolución del consumo masivo por nivel socioeconómico en el primer semestre del año realizado por Kantar Worldpanel es el siguiente:
- Alto+medio: 1 por ciento.
- Medio bajo: -4 por ciento.
- Bajo superior: -6 por ciento.
- Bajo inferior: -9 por ciento.
Otros informes señalan una caída del consumo más pronunciada de la indicada por esa consultora internacional, advirtiendo que esa tendencia se mantuvo al comienzo del segundo semestre. El Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala presentó su Indicador Mensual de Consumo con una disminución del 5,0 por ciento en julio respecto al mismo mes del año anterior, lo que implica la séptima caída consecutiva. El índice se elabora a partir de un conjunto de variables con elevada correlación con el consumo privado: crédito real al sector privado, ventas de autos nacionales, componentes de la recaudación tributaria, ventas minoristas, entre otros. El acumulado desde diciembre ofrece un dato impactante: caída del 8 por ciento. Siguiendo la estratificación social de consumidores de Kantar Worldpanel, los sectores medios y bajos han registrado una poda aún mayor (del 12 al 16 por ciento) en sus niveles de consumo con el índice del ITE de la Fundación Germán Abdala.
En esa misma línea analítica, el informe de Cifra-CTA explica que los distintos indicadores de consumo no sólo presentan una tendencia negativa desde fines del año pasado, sino que además se ha profundizado a lo largo de los meses. El motivo principal señalado por los investigadores de ese centro de estudios es la contracción de los salarios reales que afectaron sensiblemente los niveles de consumo de la población.
Expectativas
El Gobierno de las expectativas no está logrando el objetivo de mejorarlas ni en el ánimo de consumidores ni en la confianza de comerciantes e industriales. Los indicadores de consumo continúan en sendero negativo, la información de caída de facturación y cierre de locales es cada vez más intensa y los índices de producción industrial en el semestre registra retrocesos en casi todos los rubros. Con una economía que ha ingresado en un círculo vicioso de deterioro y alcanzada por todas las trampas que entrega un ajuste ortodoxo, la principal herramienta de política económica del gobierno es intervenir en la formación de expectativas con declaraciones insólitas.
El presidente Mauricio Macri afirma que la economía está arrancando. El ministro de Finanzas y Deshacienda, Alfonso Prat Gay, informa que la tasa de inflación se está desacelerando. El ministro de Producción, Francisco Cabrera, anuncia nuevas inversiones. El Jefe de Gabinete de ministros, Marcos Peña, asegura que lo peor ya pasó. Estos deseos del oficialismo están colisionando con las cifras de indicadores económicos y sociales que se han empecinado en castigar la fe macrista. El gobierno apunta igualmente a generar expectativas positivas para que los agentes económicos que hoy están padeciendo el ajuste se convenzan de que las perspectivas son favorables, aunque no haya ninguna señal en ese sentido.
El manejo de las expectativas de una sociedad constituye un factor relevante para la aceptación de determinada política económica. El macrismo pone mucho énfasis en intervenir en la orientación de las expectativas hacia un estado de ánimo positivo y en sostener la credibilidad de la política económica. La debilidad de ese enfoque es que minimiza la dinámica social de las relaciones de poder desigual que existen en una sociedad. Presenta como receta mágica que un simple anuncio de que se reducirá la expansión monetaria o el gasto público se traducirá en el descenso de la inflación. La legión de economistas que ha desembarcado en diferentes áreas del gobierno es apasionada de lo que se conoce a nivel académico como “expectativas racionales”. Argumentan que cuando los agentes económicos comprueban que se cumplen esas y otras promesas del dogma ortodoxo reaccionarán positivamente.
Pese al esmero diario que ponen los funcionarios, esa estrategia no está mostrando resultados alentadores. No carecen del respaldo de grandes medios, del establisment y de analistas de vertientes conservadoras diversas. En reportajes, tuits o informes a sus clientes, el núcleo de economistas de la Alianza de Fernando de la Rúa está tan alegre con el gobierno de Macri que da la impresión de que están viviendo una especie de revancha de su propio fracaso en la gestión. Expresan por diferentes vías de comunicación un asombroso entusiasmo con la fase recesiva de la economía, como si estuvieran reviviendo su propia experiencia creyendo que ahora podrán tener éxito. Hasta imaginan “brotes verdes” en la economía, descripción para afirmar que existen señales de recuperación del nivel de actividad. Están haciendo su aporte a la estrategia oficial de moldear las expectativas económicas en la sociedad.
Pese al apoyo de la banca internacional y del elenco estable de economistas del establishment, el mundo empresario no invierte en la magnitud esperada ni los consumidores gastan para impulsar la actividad del mercado interno. La inversión no aparece en los montos requeridos para iniciar un ciclo de reactivación y el consumo no tracciona porque el ingreso disponible de la población ha sido muy castigado. Este panorama exige al departamento de propaganda y realidad virtual del gobierno un poco más de esfuerzo para seguir alimentando expectativas de mejoras de la situación económica. Pero para cambiar el ánimo social y alterar la idea de que es un gobierno para ricos no alcanza con medios de comunicación oficialistas y un activo ejército de trolls navegando en las redes sociales.
En la primera etapa de este año, el salario real del trabajador tuvo su peor caída desde la crisis de 2001, mientras que para los jubilados y estatales el número fue mayor.
El salario real tuvo su peor caída desde la crisis del 2001 en la primera etapa de este año. Según el Centro CIFRA, los trabajadores en blanco perdieron 12,1% desde diciembre y 13,1% desde noviembre, mientras que para los informales, los jubilados y los empleados estatales el número fue mayor.
El Centro de Estudios, que depende de la CTA que dirige Hugo Yasky, estimó que la pérdida del salario real fue del 13,1% promedio desde las elecciones por las bajas paritarias y la abultada inflación. La cifra es similar al 13% de recorte salarial que sufrieron los trabajadores estatales durante la presidencia deFernando De La Rúa
Según el trabajo trimestral de CIFRA, realizado por Pablo Manzanelli, Nicolás Arceo y Mariano Barrera, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores "sería superior si se considerara el nivel salarial de los trabajadores no registrados y del sector público". Los investigadores calcularon que, a diciembre de este año, el salario medio de los trabajadores registrados caerá hasta un 7% y "en este contexto, no se advierte que haya una recuperación del consumo privado en el segundo semestre".
La inflación también pegó fuerte en los jubilados, que hasta ahora tuvieron un incremento de apenas el 15,35% en marzo (se espera otra suba algo menor el mes que viene).
Según CIFRA, lo que agrava la situación es que la desaceleración de la suba de precios se hará esperar. "La inflación acumulada en el primer semestre supera holgadamente el 26% y, si bien, es posible que se desacelere durante el segundo semestre, el promedio anual en 2016 se ubicará entre 43,9 y 45,4% respecto a 2015, cuando se había reducido a 26,5%", sostuvieron en el informe publicado hoy Manzanelli, Arceo y Barrera.
El propio ente estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, erigido como uno de los más creíbles en estos meses, calculó que la inflación superó desde enero el 25% y el 47% desde junio de 2015, contra acuerdos salariales mucho menores.
Al 30 de junio de 2016 se contabilizan 179.285 despidos y suspensiones. Esta cifra indica un incremento de 6,99% en el mes de junio respecto del relevamiento presentado al 31 de mayo que había arrojado un total de 167.564 despidos y suspensiones acumulados desde diciembre de 2015.
Se manifiestauna continuidad de los despidos en el mes de junio, contradiciendo el acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo y los principales grupos económicos empresarios el pasado 9 de mayo, que suspendía los despidos por seis meses. Seguidamente, se constata un aumento de despidos en el sector servicios, representando casi el 25% de los despidos del mes en concomitancia con el menor incremento de despidos en la industria.
En tercer lugar, cabe indicar que si bien en numerosos casos las denuncias y movilizaciones estuvieron encabezadas por la representación sindical correspondiente, también se han detectado diversos casos de despidos que han salido a la luz por denuncias de trabajadores que, al mismo tiempo, han señalado la connivencia del sindicato con la patronal.
Como cuarto elemento, es interesante remarcar que las empresas que ajustan planteles son reconocidas marcas de cada rubro, información que se ubica en línea con los datos provistos por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en torno a la destrucción de puestos de trabajo en grandes empresas (de más de 5.000 ocupados) y confirma una hipótesis sostenida en informes anteriores: la ola de despidos del sector privado significó una virtual habilitación al poder económico local y extranjero para reducir bruscamente los costos laborales. En efecto, el virulento debate público en torno a la ley antidespidos y la movilización de cinco centrales sindicales permitieron, hacia fin de abril, una relativa mitigación de la avanzada empresarial, que no obstante hasta hoy mantiene como objetivo la reducción de planteles.
Cabe indicar como elemento adicional que algunos casos son paradigmáticos sobre el recrudecimiento en las relaciones laborales: la decisión coordinada entre Techint y Acindar de incumplir el acuerdo paritariometalúrgico para los trabajadores siderúrgicos (que eventualmente aceptaron 29% contra el 35% que debían homologar como se hizo los años anteriores), los sendos despidos encubiertos que rememoran a los retiros voluntarios de Domingo Cavallo en la década del 90, la crecientemente aplicada política de suspensiones que sólo en contadas situaciones se acuerda con pagos salariales al 85% y trabajo rotativo (en muchos otros casos el salario de los suspendidos es más bajo –del 50%, 60%- y en los hechos opera como reducción de plantilla laboral) y la recientemente feroz represiónen Ingenio Ledesma del Grupo Blaquier a trabajadores azucareros que llevaban adelante un paro por tiempo indeterminado por mejora salarial y de condiciones de trabajo.
Despidos en el sector informal
Es dificil estimar el nivel de despidos en el sector informal. No hay información al respecto , pero se estima que por dada trabajador despedido en el sector formal privado, se ejectuatn 3 despidos en el sector informal. Asumiendo los despidos registrados en el sector formal privado que suman 112.000 -sin considerar suspensiones- se observa que la cifra total de despidos acontecidos entre diciembre y fines de julio de 2016 asciende a 448.000 en el sector privado, formal e informal, a los que se suman 66.000 despedidos en el sector estatal y 25.000 suspensiones.
Esto supone un incremento de 3,2 puntos en la tasa de desempleo que partiendo del 5,9% en diciembre de 2015 se ubica en el 9,1% en julio de 2016.
Advierten
que fue "una locura" enviar a Macri casi desguarnecido a uno de los
barrios más picantes. Para Bullrich “está bien custodiado”.
“Llevaron
al Presidente al barrio más complejo de Mar del Plata, sin vallados y
casi sin seguridad”, afirmó un importante dirigente del peronismo
de esa ciudad, que aún no logra superar el asombro por la precariedad
del dispositivo que montó la custodia presidencial, como se ve en los
videos de los incidentes que circulan en la red.
Esta
mañana, el auto en el que se trasladaba el Presidente fue atacado a
piedrazos en la plaza del barrio Belisario Roldán donde Macri y María
Eugenia Vidal anunciaron una inversión de más de 60 millones de pesos en
luminarias, servicios y recuperación de espacio público.
Quienes
conocen la ciudad aseguran que Mar del Plata vive una situación social
crítica y sostienen que llevar al Presidente a uno de los barrios más
complejos sin una contención en los días previos fue un riesgo enorme.
“La gente tiene mucho malestar y se lo va a hacer sentir a Macri y a
quien sea”, explicaron las fuentes.
Federico Salvai reconoció que hubo además evidentes fallas
de inteligencia. "Nos tomó por sorpresa, no tuvimos ningún informe de
inteligencia o policial que alertara sobre el malestar y la preparación
de esta movilización".
La frase revela la precariedad del sistema
de seguridad del Presidente, ya que un simple repaso no ya por fuentes
calificadas, sino por los diarios y portales de Mar del Plata, alcanza
para tomar conciencia de la crítica situación social que se vive en esa
ciudad, una de las más castigadas por la crisis en la provincia.
Macri
quiere moverse con una custodia "ligerita" y ha rechazado de plano los
intentos por rodear sus desplazamientos con los aparatosos dispositivos
que suelen acompañar a los presidentes.
La principal responsable
de la seguridad de Macri, tuvo otra visión, muy lejos de alguna
autocrítica. "El presidente está bien custodiado”, aseguró la ministra
de Seguridad, Patricia Bullrich, en una conferencia en Casa de Gobierno,
y explicó que no quieren "aislar" al presidente de la gente.
"Lo
que hay que plantearse es por qué alguien quiere agredir al
presidente", dijo la ministra encargada de la seguridad del país. Y
agregó que "cualquiera puede pedir entrevistas con ministros y
secretarios”.
Pero
lo cierto es que no se trataba de cualquier desplazamiento. Belisario
Romero es un barrio muy complejo que arrastra serias demandas de sus
habitantes. Las 480 viviendas que se levantaron allí en el marco del
Plan Federal se otorgaron dando prioridad al momento de la adjudicación a
personas discapacitadas o con enfermedades graves.
Pero
las viviendas tienen graves problemas estructurales. Un peritaje
ordenado por la Justicia determinó que la calidad de los materiales
utilizados durante la obra no fueron los adecuados. En 2010, el derrumbe
de un cielorraso ocasionó lesiones a un chico de nueve años. Durante la
gestión del anterior intendente Gustavo Pulti, varias veces se tuvo que
recurrir a que Gendarmería patrulle el lugar.
Macri bajó
del helicóptero a diez cuadras y desde allí se dirigió al barrio en una
caravana integrada por apenas un puñado de vehículos. Familiares de
desaparecidos exhibieron una bandera y reprobaron sus dichos sobre la dictadura. También había manifestantes con carteles contra el tarifazo y otros que reclamaban la reapertura del ex sanatorio Emhsa.
Mar
del Plata es una ciudad que enfrenta un vacío de liderazgos políticos y
un grave cuadro social. La gestión del intendente de Cambiemos, Carlos
Arroyo, es considerada una "catastrofe" por la propia Casa Rosada, que
ya no sabe como apuntalarlo.
Ese
delicado contexto social se combina con un vacío alarmante de
liderazgos políticos. El peronismo está en baja desde la derrota de
Daniel Scioli. El ex intendente Gustavo Pulti tiene una imagen muy baja
en las encuestas. Sergio Massa no tiene ningún candidato fuerte. la
radical Vilma Baragiola que alguna vez parecía crecer como líder, vio
truncada su carrera por una filmación en la que aparece vinculada a un
supuesto pedido de coimas. Hace meses, el ex intendente Daniel Katz
intentó regresar a la escena política, pero no terminó de lograrlo.
Durante
los primeros meses de la nueva gestión de Arroyo, tanto desde el
gobierno nacional como desde el entorno de Vidal comenzaron a seguir de
cerca la gestión de Arroyo, ante las graves falecias que empezaron a
notarse. “Era el candidato que teníamos para sumar”, suele decir un
legislador cercano a la Gobernadora, para consolarse.
En
el macrismo entendieron muy rápido que había que buscar un plan B. Ese
plan era apuntalar a Emiliano Giri, por entonces director de Turismo del
municipio y a quien convirtieron en una especie de alcalde en las
sombras. El ex hombre fuerte del macrismo en Mar del Plata, Emiliano Giri, en el momento de su detención.
Pero
la detención de Giri, acusado de ser parte de una red de corrupción en
Astillero Río Santiago, fue un cimbronazo para el macrismo de Mar del
Plata, del que todavía no lograron recuperarse. En la
emergencia, Horacio Rodríguez Larreta mandó a Agustín Cinto, que asumió
como titular de Modernización, pero con la tarea real de ser el nexo
entre el gobierno municipal, la Provincia y la Nación, para estabilizar
la gestión.
Cinto se sumó así a una mesa de emergencia que
también integra el secretario de Salud de la Comuna, Gustavo Blanco,
otro hombre enviado desde el gobierno nacional y el concejal Juan
Aicega.
Desde la oposición hacen autocrítica, pero también cargan
contra Macri y Vidal. Según sostienen, ni el gobierno nacional, ni el
bonaerense están abocados a evitar que el distrito más importante -en
términos de población- del interior de la provincia se desborde y
sostienen que en seis meses lo único que se logró con la oposición fue
una foto con el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López
Medrano.
“El problema es que lo que sucedió hoy da cuenta
de un drama que está arrancando”, aseguraron fuentes del peronismo
en esa ciudad.
Aseguran que hubo gases lacrimógenos y balas de goma en el barrio Belisario Roldán, donde se realizó el acto del Presidente. Manifestantes denunciaron que la UTA y la UOCRA hicieron de "fuerza de choque" del Presidente.
Cerca de las 10 de la mañana, mientras el presidente Mauricio Macri arribaba a la ciudad de Mar del Plata, vecinos del barrio Belisario Roldán, donde se realizó el acto, denunciaron que fueron reprimidos por la Policía con gases lacrimógenos y balas de goma.
Los incidentes fueron registrados en un video, en el cual se pueden ver las corridas de los agentes policiales e integrantes de la organización Votamos Luchar. “Hay compañeros heridos de balas de goma, compañeros golpeados. La policía le pegó a mujeres”, aseguró a INFOCIELO Marcos, integrante de la agrupaciòn "Votamos Luchar".
“Nosotros nos movilizamos con la Cooperativa Trabajar porque Macri venía a anunciar un proyecto de urbanización en el barrio Belisario Roldán que hace tiempo que con las cooperativas venimos exigiendo que se nos permita construirlo”, agregó el trabajador cooperativista.
En ese sentido, denunció que “patotas pertenecientes a la UTA y a la UOCRA hicieron de fuerza de choque de Macri".
En diálogo con este medio, testigos presentes en el lugar afirmaron el enfrentamiento provocado por la UTA y la UOCRA local terminó en una escaramuza de piedras y daños en el auto que llevaba al Presidente Macri y a la gobernadora, María Eugenia Vidal, quienes tuvieron que salir rodeados con cinco colectivos de infantería.
El acto duró pocos minutos y contó también con la participación de la gobernadora María Eugenia Vidal, y el jefe comunal de Mar del Plata, Carlos Arroyo, entre otras autoridades, dirigentes gremiales, empresariales y sociales.
Según se anunció, más tarde Macri se dirigirá la localidad de Sierra de los Padres, ubicada a 16 kilómetros al noroeste de esa ciudad balnearia, sobre la ruta provincial 226, donde presidirá el acto de inauguración de la ampliación de una planta de producción de kiwi.
“Fue una movilización para denunciar el ajuste y el desempleo que sufrimos en Mar del Plata. Los que venimos sufriendo somos los sectores populares. El grupo GAP (Grupo de Acción Policial) nos interceptó a la movilización y no nos dejaron entrar al acto. Varios compañeros lograron entrar al acto y no nos dejaron hablar con ninguna autoridad. Si nos quisieron callar no pudieron”, concluyeron desde el movimiento social marplatense.
"Es una excelente actriz", disparó Abarca Desde el FpV-PJ cruzaron feo a Vidal tras el anuncio del plan de obras efectuado ayer. “No es más que lo que se aprobó en el presupuesto”, objetaron, y fustigaron: “La Gobernadora es una excelente actriz de televisión”.
La oposición salió a pegarle a María Eugenia Vidal tras el anuncio de un ambicioso plan de obras a ejecutarse durante su mandato. Desde el bloque FpV-PJ de la Cámara Baja ningunearon la noticia y acusaron a la Gobernadora de ser una “excelente actriz de televisión”.
El que tomó la posta es Walter Abarca, titular del espacio, que salió a denunciar que “el plan de obra anunciado por María Eugenia Vidal no existe”, ya que, dijo, “no es más que lo que se aprobó en el presupuesto”.
Además, subrayó que “en 8 meses de gestión están apenas en un 15 por ciento de las obras prometidas, y seguramente con un presupuesto subejecutado”.
Abarca, que participó del encuentro con el ministro de Infraestructura, en el que el funcionario debía informar sobre la ejecución de obras en el marco de la emergencia, consideró que “hubiese sido importante que el ministro clarifique el anuncio donde Vidal dijo que iba a cuadriplicar lo que se venía invirtiendo en la provincia de Buenos Aires, donde habló de 22 mil millones de pesos y de 1300 obras”.
“Lo que se mostró –continuó Abarca- fueron las obras que están en proceso de licitación que en la mayoría estaban previstas en el gobierno anterior”. “El nivel de ejecución es muy bajo”, añadió.
Por último, subrayó que el Ejecutivo Provincial “podrá mostrar el plan de obras públicas más importante pero con el nivel de ejecución es imposible que suceda”.
Un 40% de los hogares urbanos del país recibieron algún tipo de ayuda social. (Adrián Escandar)
Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) sumó duras palabras contra la política social y económica del actual Gobierno para confirmar el dato que ya se había publicado en abril: en el país, hay 13 millones de pobres.
Mientras que un 29% de los argentinos se ubicaban bajo la línea de pobreza en 2015, ese número saltó al 32,6% en abril, sumándose 1,4 millones de pobres.
Y en la clase trabajadora marginal, la pobreza afecta a seis de cada 10 argentinos. Estos datos surgen de una proyección que realizó la Universidad por primera vez para los primeros cuatro meses del año, que se publicó junto a los datos finales de 2015.
Más allá del porcentaje -que ya se había publicado en abril-, el documento "Tiempo de Balance: Deudas Sociales Pendientes al Final del Bicentenario" sorprendió por las palabras que se utilizaron para describir las políticas económicas y sociales del gobierno de Mauricio Macri.
La UCA destacó que hay un grupo social que está experimentando un "mayor riesgo" por el aumento de precios, la suba de tarifas y la caída de la actividad, ya que no acceden a los planes sociales o los subsidios a las tarifas. Se da ante todo, en hogares del conurbano bonaerense, hogares con niños y de clase media baja.
"Esta masa de segmentos de clase media baja o sectores populares constituyen los 'nuevos pobres' (SIC) que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno", enfatizó el resumen ejecutivo bajo la dirección del sociólogo Agustín Salvia, al frente del Observatorio de Deuda.
Y continuó: "Es factible que el Gobierno necesite ganar tiempo para que la economía comience a crecer y para generar confianza en que un futuro distinto es posible; sin embargo, muy poco se logrará si no hay una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste".
Durante la presentación, Salvia aseguró que el crecimiento económico "no es suficiente" para que esta realidad cambie. Mirando hacia atrás, dijo que "la falta de estadísticas oficiales confiables de 2007 en adelante privó al Estado de la posibilidad de buscar soluciones estratégicas. Esto lamentablemente sucedió, pero hay que decir que hubo un giro por la reconstrucción del Indec. Ahora somos escuchados".
Una lupa sobre los trabajadores
Con todo, la tasa de indigencia se incrementó entre fines de 2015 y mediados de marzo de 2016, alcanzando al 4,1% de los hogares y a un 6,2% de la población. Aún sin datos oficiales del Indec, éste es uno de los estudios que más se utiliza para conocer la realidad social del país.
El relevamiento se hace en 5.700 hogares y en un universo geográfico de 25 aglomerados urbanos con más de 80.000 habitantes, con especial representación del área metropolitana de Buenos Aires.
Un capítulo del informe hace foco no sólo en la mayor vulnerabilidad de los sectores bajos, sino también en "los límites en el alcance de la cobertura social de los hogares en un contexto de ajuste económico", escrito por Juan Ignacio Bonfiglio y Julieta Vera.
Tres de cada 10 hogares de los principales centros urbanos reciben "alguna política social de empleo, transferencia de ingresos o son beneficiarios de programas de asistencia alimentaria". Además, casi el 40% de la población integra hogares receptores de programas sociales.
Para el Observatorio, el "actual escenario fuertemente inflacionario contribuiría a la formación de una nueva capa de pobres. En este marco, cabe preguntarse si son suficientes y están llegando a tiempo las medidas de alivio social adoptadas para los sectores más pobres".
Y nuevamente se hace hincapié en un 20% de los hogares que no presentan "ningún tipo" de cobertura social, por lo cual es un "grupo particularmente vulnerable". "No se encontrarían asociados a los ajustes de ingresos a través de paritarias y tampoco tendrían acceso a la tarifa social a nivel de los servicios ni en el transporte. Se encuentran en esta situación más de dos millones de hogares".
Por último, Salvia destacó que una "disminución significativa" de la pobreza por ingreso tendrá lugar con una caída de la inflación, suba de crecimiento y mejora del escenario laboral.
Un resumen de las frases más duras
• "Se constituyeron 'nuevos pobres' que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno".
• "Los sectores medios bajos y la clase obrera integrada se han visto particularmente afectados entre fines de 2015 y comienzos de 2016".
• "Si en el corto plazo no se logran atenuar los aumentos de precios y no logra reactivar el empleo, (…) difícilmente podrá revertirse la tendencia ascendente que están registrando las tasas de pobreza e indigencia urbana".
• "Cabe preguntarse si son suficientes y están llegando a tiempo las medidas de alivio social adoptadas para los sectores más pobres".
• "Más de dos millones de hogares no se encontrarían asociados a los ajustes de ingresos por paritarias y tampoco tendrían acceso a la tarifa social por servicios y transporte".
El diputado del Frente Renovador cuestionó a Aranguren por aceptar presentarse en Diputados recién después de cuatro meses.
Sergio Massa cuestionó al ministro de Energía, Juan José Aranguren, por aceptar presentarse en el Congreso recién después de cuatro meses de que se lo solicitaran. El diputado del Frente Renovador reiteró la necesidad de subas graduales en los servicios públicos y pidió que el Gobierno explique cómo calculó el abrupto tarifazo.
"Que el ministro venga (a Diputados) y explique no es un logro, es una obligación. Obligación que eludió cuatro meses", recordó Massa. El funcionario se había presentado ya en el Senado, pero se negó a asistir a la Cámara Baja, hasta esta semana, en la que confirmó su presencia. "Queremos saber cómo sigue esta película" de las subas, demandó el legislador en El Destape, por Radio 10.
Massa consideró que "el precio (de los servicios públicos) debe ser razonable, por eso planteamos la gradualidad".
"El sentido común indica que si usted sube la luz, el gas, el agua, el teléfono, la comida, y eso no viene acompañado de una suba de salario, hay una caída del consumo", explicó. Aclaró la importancia de esto con que entre el 70% y 80% del PBI se explica por el mercado interno. "Cuando usted pasa de cobrarle $ 100 a $ 500 a un jubilado de luz, deja de gastar esos $ 400 en consumo", ejemplificó el jefe del bloque del FR en Diputados.
Además, remarcó el impacto del tarifazo en los costos de la industria. "La economía tiene seis precios: la energía, la presión impositiva, la logística, el salario, el dinero y la moneda. Si usted tiene un costo de energía alto, genera asimetría de competitividad", comentó.
La Federación de Educadores Bonaerenses, que se sumó a SUTEBA y convocó en el
marco del Frente Gremial a la medida de fuerza, afirmó que el
acatamiento superó el 90 por ciento. Lo atribuyó, nuevamente, a la
"falta de respuesta" del gobierno.
El Frente Gremial Docente anunció que la convocatoria al paro
que realizó en el marco del Frente Gremial tuvo una adhesión que supera
el 90% en toda la provincia de Buenos Aires. Los datos, indicaron desde FEB, surgen de un relevamiento propio realizado en las primeras horas de hoy. “Este paro es el resultado de la
falta de respuesta del Gobierno a una serie de pedidos que venimos
realizando los gremios, entre los que se incluye un incremento y
recomposición salarial, pero también la regularización de trámites
jubilatorios, mayor presupuesto para infraestructura y comedores,
creación de cargos, entre otros”, indicó la presidente de la FEB, Mirta
Petrocini.
La titular del gremio recordó que “el Congreso de ayer convocó al
paro pero también definió otras acciones que se irán implementando en el
marco del Frente Gremial de no haber una nueva convocatoria y una
propuesta concreta por parte de las autoridades provinciales”.
A 15 días de la Marcha Federal organizada por los sindicatos de la CTA pero a la cual están adhiriendo masivamente las organizaciónes sociales Agosto promete ser un mes de elevada tensión política. La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la posibilidad de poner en orden "el condado" y mandar al presidente a hacer la tarea (audiencias públicas) y con ello bajar el nivel de conflictividad social reinante pero también puede darle un guiño político al Presidente lo que haría que el Presidente de la CSJN Ricardo Lorenzetti se convierta en el responsable político de la medida más anti popular que alla impulsado la administración de CEOs hasta el momento.
The most populous parts of Argentina are stifling in summer and bone-chilling in winter. The Kirchner family, which ruled for a dozen years until 2015, kept the cost of comfort low. An earlier government had fixed the price of electricity and natural gas in 2002 to help the economy out of a slump; the Kirchners barely raised it. As a result, Argentines pay a fraction of what their neighbours do for energy (see chart).
But they have paid in other ways. Energy subsidies jumped from 1.5% of government spending in 2005 to 12.3% in 2014. Partly because of such largesse, the budget deficit was a worrying 5.4% of GDP last year. Because energy is cheap, consumers use it with abandon; utilities lack cash for investment. Summer blackouts can last for hours. Mauricio Macri, who succeeded Cristina Fernández de Kirchner as president in December, said the energy crisis was the most complex of the “many bombs” she had left for him. Defusing it is proving to be perilous.
Mr Macri has reservoirs of political strength and popular goodwill to draw on. Though Argentines are angry, most still blame the Kirchners for their hardship. Allegations of corruption have enfeebled Ms Fernández as a political force. A new generation of politicians is competing to become the next presidential candidate of her Peronist party, weakening its ability to provide opposition to the government.
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Un 40% de los hogares urbanos del país recibieron algún tipo de ayuda social. (Adrián Escandar) 
