Los gobernadores necesitados de fondos, con sus provincias en rojo y con la recesión fuerte en el interior golpenado, con un consumo cada vez más caído, un desempleo creciente y los índices de pobreza que aumentan mes a mes, volverán a respaldar el tarifazo en el gas en los próximos días, a partir de un pedido del presidente Mauricio Macri, quien de esta manera busca presionar a la Corte Suprema para que falle a favor de los aumentos, suspendidos por orden de la Cámara Federal de La Plata. Desde el jueves pasado, unos trece mandatarios provinciales se pronunciaron a favor de los ajustes en los servicios público.
La jugada de Macri con los gobernadores se da en el marco del lanzamiento del “Acuerdo federal energético” anunciado en conjunto con un consejo consultivo de siete ex secretarios de Energía que colaborarán junto al ministro del área, Juan José Aranguren, “para trabajar en la búsqueda de los consensos necesarios para el establecimiento de políticas energéticas de mediano y largo plazo”.
El presidente quiere mostrarle a la Corte que el tarifazo tiene apoyo político, bajo el argumento de que las subas se aplicaron en numerosos distritos del país por disposición de los mandatarios, y que la mayoría de los usuarios no tuvieron problemas en pagar las boletas con los nuevos valores. Fuentes de Metrogas explicaron a BAE Negocios que más del 80% de los clientes abonaron las nuevas facturas, de las que el 87% tuvieron valores menores a $500 y sólo el 10% superaron los $3.000.
El máximo tribunal está a la espera del dictamen de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, quien ya se había expedido a favor de incrementos en el gas en el 2014. Gils Carbó tiene tiempo hasta el jueves para presentarlo, ya que es el plazo límite que le fijó la Corte para poder tratarlo en su acordada del jueves, por lo que se especula con una definición sobre el tarifazo del gas para esta semana. Fuentes del mundo judicial le dijeron a este diario que podría ser “un fallo de consenso” que además sirva de precedente para otros servicios como la luz, cuyas subas también fueron frenadas por el poder judicial.
El riojano Sergio Casas podría sumarse
a apoyar públicamente los ajustes
Mientras tanto, Aranguren se prepara para exponer el martes en Diputados en un plenario de cuatro comisiones, que el oficialismo pactó con la oposición para evitar la interpelación del funcionario. La visita del ministro al Congreso le sirvió de excusa para cancelar las audiencias “informativas” convocadas tan sólo la semana pasada, en las que iba a justificar el incremento en el precio de generación de la luz y en el gas en boca de pozo, los dos tramos de la cadena energética que según el Gobierno no requieren la convocatoria a audiencias públicas, a diferencia del transporte o la distribución.
“El plenario del martes es una cuasi audiencia pública”, argumentó el ex CEO de Shell al diario Página 12.
Actualmente el gas en boca de pozo se paga entre u$s4,5 y u$s5 el millón de BTU, el doble que en Estados Unidos, pero para Jorge Lapeña, uno de los ex secretarios que forma parte del consejo consultivo, debería “estudiarse minuciosamente, si debe subir y en cuánto”. “Esta cuestión no ha sido analizada todavía en la Argentina con minuciosidad”, apuntó.
A la espera de la resolución de la Corte
Metrogas no emite facturas desde hace 35 días
La distribuidora Metrogas no emite facturas desde hace 35 días, a la espera del fallo de la Corte Suprema que clarifique el panorama de las tarifas, contaron a BAE Negocios voceros de la compañía.
“Somos una empresa que está regulada por lo tanto esperamos la resolución que nos indique lo que tenemos que hacer con las boletas”, puntualizaron las fuentes.
Hasta ahora, no hubo ninguna resolución oficial que indique a Metrogas las medidas a tomar respecto al cobro del servicio.
El fallo de la Cámara Federal de La Plata ordenó la anulación de las resoluciones 28 y 31 del ministerio de Energía que dispusieron los nuevos valores para el gas. Así, las compañías deberían empezar a cobrar con el precio que tenía el servicio antes de los aumentos. En caso de que los clientes ya hayan pagado, las empresas deberán emitir notas de crédito a favor de los consumidores en las boletas siguientes. Pero la incertidumbre sobre el futuro de las tarifas es tal que algunas directamente dejaron de enviar las facturas a la espera de lo que resuelva la Corte Suprema, que tendrá la última palabra respecto a este tema.
