Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad, una de las ONG que promovió las resoluciones judiciales que terminaron suspendiendo y hasta anulando los tarifazos, denunció que el 200% del aumento “está destinado a las arcas de las empresas petroleras, sin justificación válida”. Imágenes
El CEPIS, una de las ONG que patrocinó las presentaciones judiciales que terminaron suspendiendo y hasta en algunos casos -como el del gas-, anulando las resoluciones ministeriales que dispusieron los tarifazos, salió a denunciar un negocio redondo para las petroleras y las mentiras del Gobierno de Mauricio Macri para justificarlos.
A través de un documento difundido hoy, el CEPIS desnudó en cinco ítems “las mentiras del gobierno para defender el tarifazo”. Allí, enumeró, por ejemplo, que “no es cierto que la actual fórmula de política tarifaria esté destinada a eliminar subsidios, en lo referente al servicio de gas”, sino que, por el contrario, “solamente sirve para quitar en transporte y distribución parte del subsidio existente, ya que en 2014 se lo había disminuido sustancialmente”.
En ese sentido, marcó que “la diferencia en dólares que representa cerca de un 200% de aumento en pesos en la factura, está destinado a las arcas de las empresas petroleras, sin ninguna justificación válida” y que “el Estado seguirá pagando el gas importado, no habrá disminuido esa importante erogación, y las empresas seguirán cobrando esa dádiva de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares anuales, que pagaremos los usuarios”.
También denunció que no es cierto que los incrementos decididos en la Res. 28 del Ministro Aranguren sirvan para asegurar inversiones en exploración y explotación de gas, y que tampoco es cierto que las Audiencias Públicas deban realizarse solamente para debatir el transporte y la distribución en los servicios de gas y electricidad.
Otro de los ítems desenmascarados afirma que “no es cierto que la producción no pueda debatirse en las audiencias con el pretexto que su determinación es facultad del Poder Ejecutivo y que no está regulado” y, por último, que “no es cierto que la facultad del Poder Ejecutivo para actualizar las tarifas, que le pertenece, pueda ser ejercida sin los límites que impone todo acto público, y
las especiales restricciones que ha desarrolado la doctrina y jurisprudencia”.
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