Triunfo político oficialista y tarifazos a mansalva. Despidos en el Estado, falacias y contabilidad social. Maltrato a los trabajadores, ninguneo al impacto del ajuste tarifario. El semestre perdido para las mayorías. La vida en el presente, las virtualidades del futuro.
Por Mario Wainfeld
El oficialismo tuvo la delicadeza de no celebrar en el recinto la goleada en la votación de la Ley Buitre. Agrandado por el cambio colosal en la correlación de fuerzas, avanzó a su manera: despidos sin justificación ni reglas claras, tarifazos en servicios públicos esenciales y en transportes. Los condimentó con declaraciones peyorativas sobre trabajadoras o trabajadores cesanteados y agredidos.
Hay augurios transversales de una inflación galopante, que rozará o superará en el primer semestre el 25 por ciento que, según el presidente Mauricio Macri, iba a ser su marca anual.
La asimetría entre los avances políticos del macrismo y el desquicio económico social que provoca adrede signará este año y el próximo, solo para empezar. Los beneficios concedidos a la banca, los grandes exportadores, las patronales agropecuarias, las mineras, los usureros de las finanzas internacionales son fabulosos e irrevocables en el corto plazo. Algunos ya son más ricos, lo serán por décadas.
Otras personas, argentinos, son más pobres o desamparados. Para ellos, el macrismo revierte la máxima peronista: mejor que realizar es prometer. No hay medidas favorables pero sí promesas para cuando lluevan dólares e inversiones. El que apuesta a la lluvia equitativa de dólares venidos de afuera pierde, según corrobora la historia argentina desde el siglo XIX hasta el cierre de esta nota.
Cambiemos avizora otro porvenir, sin precedentes. El endeudamiento es su apuesta para revertir la caída general de producción, empleo y PBI. Ajústense los cinturones, quienes no vuelen en helicópteros privados.
Tómbola perversa: La escena se repitió en reparticiones públicas de todo el país. Los empleados llegan a su lugar de trabajo, se identifican para ingresar. En muchas hay sistemas de control accionables con impresión digital o credencial. La máquina dictamina: “ingreso permitido” o lo deniega. Lo usual ha sido que no les hayan llegado telegramas o cartas documento informándoles el despido. El gobierno de la transparencia y la comunicación on line no movió un dedo para informarlo antes, en reuniones cara a cara o en soportes accesibles y públicos.
Las decisiones se notifican de prepo, en edificios plagados por policías. Ante la protesta general, se cierran puertas de acceso provocando una situación riesgosa en caso de desbande.
La falta de reglas de juego agrava la movida. El “derecho de admisión” es como la Lotería de Babilonia de Borges, que repartía bienes o castigos no estipulados aun a quien no hubiera comprado un billete.
El bloqueo a la entrada le puede caer sin anestesia a un contratado flamante o a un empleado añoso. No hay parámetros expresos ni implícitos. Perversión adicional que propaga el miedo y el estrés.
Fantaseemos, por el absurdo, que Macri hubiera dispuesto echar a las mujeres que pesaran más de 60 kilos o a los hombres que midieran más de 1,75 metros. Sería un poco más arbitrario el método pero “al menos” cada cual sabría a qué atenerse. Es un sarcasmo, no lo propugnamos, se entiende... pero aspiramos a que se sopese cuán brutal es el abuso del enigma.
Tarjeta roja fácil: Se encoge la lista de dirigentes de Cambiemos que porfíen en que las personas cesanteadas son ñoquis. Ese trabajo sucio queda en manos de periodistas de medios dominantes, que sazonan su ruindad con burlas.
La casuística comprueba que se han dejado en la calle a gentes del común con años de antigüedad, con presentismo acreditado, fácil de corroborar. Para matizar también hay casos de embarazadas, personas licenciadas por enfermedad, discapacitadas. La tutela en esas situaciones es absoluta: prohibido despedir. Cuando las denuncias los jaquean los funcionarios macristas vuelven atrás, auto elogian su capacidad de rectificación. Autoestima sorprendente y piel dura, insensible a las secuelas irreparables o duraderas.
Un caso real, no excepcional: Ana Suárez trabaja desde hace años en la Municipalidad de La Plata. Antes fue empleada doméstica y también personal de comercio. Fue despedida por el intendente oficialista Julio Garro, casi concomitantemente con la asunción. Fue a protestar pacíficamente, se movilizó por primera vez en su vida. La Policía regó con balas de goma su nuca, su espalda, la cola. Suárez había concurrido con una hija adolescente descontando que acompañaba una protesta tranqui. Su foto fue publicada en muchos diarios, se hizo conocida. Fue reporteada en el programa Gente de a pie, que se emite por Radio Nacional. Ahí narró su biografía y comentó que había sido reincorporada. Contra el relato oficial: no todo está como era entonces. La víctima tardó semanas en recobrarse físicamente y sigue en tratamiento psiquiátrico. Se le concedió licencia médica. La retractación no borra el daño.
Quienquiera haya sufrido en carne propia la experiencia del despido, la agresión policial o estar desempleado, así sea episódicamente, sabe que, con variantes, su padecer se multiplicará por miles.
Laberintos y tómbolas: El régimen de la función pública está emparchado, necesitado de regularizaciones y supresión de condiciones fraudulentas.
Según el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) y los convenios colectivos hay dos categorías estrictamente legales. La primera es la Planta Permanente cuyos empleados gozan de estabilidad propia: no se los puede despedir. La segunda es la Planta Transitoria para tareas temporarias o programa que duran un tiempo fijo u otras variantes. Los trabajadores aportan al sistema de seguridad social, tienen derecho a vacaciones y aguinaldo, cobertura de obra social pero se pueden cesar sus servicios cuando vence el plazo. Las tareas transitorias deben corresponder a necesidades reales del Estado. Es habitual que bajo ese velo se encubran relaciones permanentes, es una forma de burlar la ley. Hay otras modalidades de contratación que dejan inerme al empleado público.
En 2003 el porcentaje de contrataciones irregulares era altísimo. El kirchnerismo resolvió muchas situaciones, llamó a concursos... Mejoró el porcentaje de situaciones regularizadas sin poner fin a la dispersión y a la supervivencia de variantes de fraude laboral. Una mirada atenta y necesaria demostraría que el desempeño fuer dispar en diferentes áreas del Estado.
Mejorar la situación es necesario. La praxis macrista va en el sentido inverso, desbaratando lo que hay, perfectible por cierto. No eleva el umbral, arrasa derechos.
Altas por arriba y bajas en otro nivel: El oficialismo creó cuatro nuevos ministerios, 15 Secretarías, 35 subsecretarías. Los nombramientos van en consonancia. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, lleva la batuta de los despidos en todas las carteras. La suya es flamante, superpoblada de cargos altísimos. El macrismo es magnánimo al engrosar los rangos más empinados del escalafón. Las bajas recaen en categorías menos favorecidas, en grandes números y en general. Dicho como ejemplo tomado del Boletín Oficial: si se dan de baja 6 empleados que ganan 15000 pesos por mes y entran otros tantos que ganan 50.000 el gasto social crece, pari passu con el desempleo.
Imposible hacer la contabilidad minuciosa, a falta de data proporcionada por el oficialismo. En el ínterin crecen las dudas acerca del ahorro. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denuncia que no lo hay, el gobierno calla. Suena una sola de las dos campanas, queremos preguntar.
Sin reparos: El estado o los patrones privados disponen de facultades para rescindir ciertos contratos laborales. Los requisitos y contraprestaciones exigidos son mayores que la media mundial o la regional.
Es una constante (espasmódica, ya explicaremos el oxímoron) de la legislación nacional, diferente a las de otros países. Los nac & pop o la izquierda las juzgamos positivas, algunos hasta piden mayor protección. Para los neo conservadores la falta de “flexibilidad” nubla el clima de negocios, atenta contra la competitividad, una de cuyas patas es la explotación (más) intensa.
Como fuera, existen principios institucionales, incluidos en la Constitución o en leyes. Los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa desbarataron o avasallaron conquistas consecuencia de la lucha popular. El kirchnerismo construyó una legislación reparadora que restituyó derechos añejos y añadió nuevos. Sectores relegados por años fueron objeto de atención y cobertura: los peones rurales, las trabajadoras de casas particulares o a domicilio solo para empezar.
Despedir no es una prerrogativa monárquica. Es forzoso notificar las cesantías con recaudos precisos, por escrito, fundamentando. Es el imperio de los “derechos humanos del presente”, que tanto clamor levantan. La dignidad debe mantenerse incólume: los dueños o funcionarios carecen de atribuciones para maltratar a sus empleados. Internalizarlo es difícil para patrones de estancia o CEOs de grandes empresas.
Lanzar al desempleo es de por sí terrible daño; no abre puertas al sadismo o la desconsideración que en la práctica están separados por líneas muy tenues.
Los anuncios del miedo: Los aumentos de luz, gas, combustibles y transportes anunciados en combo garantizan traslaciones a precios, merma del poder adquisitivo de clases medias y proletarias, enfriamiento de la actividad económica. Su impacto y magnitud serán analizadas por periodistas o académicos más calificados. La Vulgata mediática macrista se resigna a decir “ajuste”.
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, debió mudarse del Ministerio de Economía a la Casa Rosada para su respectiva conferencia de prensa. Una protesta de trabajadores lo indujo, un signo de la etapa.
Dietrich es un empresario próspero, vende muchos autos aunque en la ciudad prefiere desplazarse en motos o bicicletas de primera. Es más expeditivo, cuenta. Tal vez por eso subestime lo que pesarán las subas en el bolsillo de quienes andan en subte, tren o bondi.
Comunicar medidas impopulares (o anti, usted sabrá) siempre es desdichado, motivo sobrado para hacerlo con recato y respeto. Dietrich subestimó el impacto en el bolsillo de los usuarios: “en plata es poco”. A título de ironía o de humor negro: si quiere ser más cínico todavía puede argumentar que quienes se queden sin trabajo ahorrarán más en transporte.
Prometió “tarifa social” para mitigar la carga a varios conjuntos de usuarios. La tarifa cubre a 2.200.000 usuarios, confesó. Como la “SUBE”: es herencia del gobierno kirchnerista. Prestaciones del estado fofo, grasoso, bobo... en fin.
Dietrich ve en el horizonte la ampliación de la tarifa a seis millones de personas. Los boletos ya están en la estratósfera, las coberturas son virtuales. Hay dos velocidades de la acción pública. Los aumentos llegan “de una”, para los paliativos habrá que confiar en la eficacia comprobada de los sistemas creados por el kirchnerismo y en la hipotética eficiencia de los funcionarios macristas.
Aumentarán los importes de las tarifas sociales, ya mismo.
Centrales unidas ¡uia!: ATE y las dos CTA sostienen la resistencia y la defensa de los estatales, día tras día, en los lugares de trabajo. Son hoy la mejor representación de la clase trabajadora, una señal de alerta para el kirchnerismo que las relegó. Y para las dos CGT que se manejaban hasta fin de marzo con parsimonia que comenzaron a rectificar. Las cuatro centrales se reunieron con diputados (ninguno del oficialismo) y lo harán con senadores la semana próxima.
Delegados de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) comenzaron a dar la cara en conflictos. Alguno habló en los habituales actos de fin de semana en las plazas. La recepción fue dura, lo que puede eventualmente ser injusto con alguno pero refleja una valoración acertada sobre el desempeño de la conducción del gremio.
Una máxima del gremialismo peronista aconseja replegarse a las “organizaciones” en tiempos difíciles. Aun a costa de desamparar un cachito (o un muchito, según) a los compañeros a fin de preservar al sindicato para tiempos más propicios. Siempre fue discutible, sobre todo por la muy desigual libido destinada a cada objetivo. Sería entre un disparate y una canallada apelar a la táctica defensiva en este momento, con la población avispada y consciente de sus derechos frente a un gobierno que ansía conservar legitimidad electoral y consenso masivo.
La cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) recibió al ministro de Producción, Francisco Cabrera. El cónclave fue amable en los modales pero el paquete de temores y vaticinios de los hombres de negocios mete pavor.
Todo discurso sectorial es sesgado: seguro que parte del diagnóstico busca allanar terreno para las paritarias y para procurar franquicias del estado. Desagiando ese componente, truena la advertencia de Juan Carlos Sacco, secretario de la entidad, vertida en los oídos de Cabrera y en declaraciones a la prensa. Ponderó que “si no hay algunas medidas rápidas, se pueden perder entre 100 y 200 mil puestos de trabajo” y apuntó que el gobierno “se quiere suicidar” con los incrementos de tarifas. Quienes alertan son compañeros de ruta, que celebraron eufóricos el cambio de gobierno.
Semestre de miedo: La herencia del Estado populista cede paso a una versión aggiornada pero no tan novedosa del estado de malestar de la derecha.
La realidad es dialéctica, los vasos comunicantes son más descriptivos que los compartimentos estancos. El golpe ¿blando? en Brasil, tan ansiado por el establishment local, seguramente causaría un colapso económico con repercusiones tremendas en estas pampas. Derogar o restringir el “impuesto al trabajo”, la demanda laboral más intensa de las CGT y el Frente Renovador, empiojaría la ecuación financiera de los gobernadores, que tan gozosamente aúpan a Macri.
El verano macrista fue arduo para las mayorías sociales, en plena luna de miel. El invierno se insinúa crudo, frío al mango. La fecha del rebote económico M se trasladó al segundo semestre en el cual el gobierno promete “agenda social”, inversiones extranjeras, creación de fuentes genuinas de trabajo en el sector privado. Tendrán que remontar la cuesta abajo: el desempleo creciente, la inflación acumulada, la recesión que ya se percibe.
Las historias de vida de los despedidos o los que sufren ataques al bolsillo se transforman en indicadores sociales. Vale preguntarse cuántas personas padecen emocional o económicamente en forma directa. Y cómo incide la merma de ingresos de las clases populares en la economía general.
El kirchnerismo dejó su herencia, que debe leer en clave de película y no de foto. Niveles de empleo, de informalidad, de consumo popular, de inflación tangibles y estables. Algunos son virtuosos, otros no, el “trabajo en negro” se amesetó en exceso en los años recientes. El gobierno empeoró todos... y va por más.
Las personas normales viven en el presente, quieren (tienen derecho a) comer su porción de la torta ahora y no cuando virtualmente crezca, beber de la copa antes de que derrame.
El macrismo promete un futuro venturoso con inversiones jamás vistas. Es porvenir, incierto por definición En esta semana empeoró el cotidiano de millones de argentinos. Para redondear, ninguneó el impacto y maltrató a trabajadores. Algunos llaman a eso “remedio necesario” o imaginerías parecidas. Otros podemos creer que es defensa de intereses, empecinamiento ideológico. Mal gestionado, además.
Como ya es costumbre, la gobernadora María Eugenia Vidal evadió La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y firmó el decreto 230/16, el pasado 28 de marzo, para delegar en sus ministros “el ejercicio de una serie de facultades atribuidas a la Gobernadora”.
