Carlos Maslatón, el ex menemista Jorge Dominguez y Reggiardo Tolosa, los intelectuales de Massa

El Frente Renovador constituyó un foro de intelectuales y políticos, con vistas a 2015

El amplio mesón blanco, como un tablero cuadrangular, les permitía verse las caras a la docena de hombres en el sexto piso del anexo de la Cámara de Diputados. Las paredes altas y blancas, las molduras en yeso y madera, todas del mismo color, completaban el aura señorial del cónclave, entregado a un debate: las políticas de Estado para los primeros cien días de una eventual presidencia de Sergio Massa . En el salón predominaban las calvas y las canas, pero el grupo no se amilanó a la hora de presentarse: "Somos los Cien Renovadores de Massa".
Centro de Investigación y Estudios para la Nación (CIEN) es el nombre del nuevo foro de profesionales, intelectuales y políticos que aspira a sumarse a los think tanks que ya asesoran al Frente Renovador. Su articulador es el diputado Alberto Asseff y los nombres no pasan inadvertidos sea por su trayectoria o la polémica que arrastran: desde Juan Archibaldo Lanús, ex embajador en París, a Ricardo Solano Lima, sobrino del último vicepresidente de Héctor Cámpora, pasando por el último intendente de la Capital Federal, el menemista Jorge Domínguez.
De hecho, el ex ministro de Defensa de Carlos Menem no participó en la primera reunión del grupo. Pero lo anunció y defendió el propio Asseff: "No tenemos que quedar atrapados en las categorías del pasado. Y mucho menos en el «progresismo paradójico», porque hoy no hay dirigentes más conservadores que los que se dicen progresistas y en nombre del progreso tienen estancado al país".
Sí acudieron Archibaldo Lanús y Solano Lima, pero también Ángel Baltuzzi, ex ministro de gobierno santafecino de Carlos Reutemann; la dirigenta agropecuaria Soledad Diez de Tejada, el presidente de la Fundación Sales, Arturo Prins, y el dirigente del Partido Conservador Popular Carlos Von Iffliger, entre otros.
En la lista de 71 profesionales e intelectuales que ya dieron el visto bueno se repiten nombres de militantes del peronismo no kirchnerista, el conservadurismo popular, liberales, democristianos y figuras independientes. Pero Asseff apunta a estos últimos como referencia: "Nuestro objetivo es pensar políticas de Estado desde una independencia de cualquier partido y apuntamos a seducir a los votantes independientes".
En la nómina figuran dirigentes del partido UNIR, que preside el propio Asseff, simpatizantes de los hermanos Rodríguez Saá y hombres vinculados con la Ucedé, como el ex concejal Carlos Maslatón. También está Matías Reggiardo Tolosa, uno de los primeros nietos recuperados.
Para recibir la bendición de Massa, el grupo prepara una carpeta de propuestas de políticas con ejes en seguridad, educación, lucha contra el narcotráfico, medio ambiente, economía del conocimiento, salud, relaciones internacionales, desarrollo social, modernización y ampliación de la infraestructura y justicia.
La idea de un centenar de dirigentes debatiendo en un foro remite al modelo impuesto por Carta Abierta. "Vamos a ser cien pensadores para proponer políticas que sustenten e impulsen el cambio que necesita el país en los cien primeros días de gobierno de Massa. Lo que buscamos es darle densidad al mensaje del Frente Renovador", respondió Asseff, un tanto incómodo por la comparación con el grupo kirchnerista.
No corre el cuerpo cuando le mencionan que, al menos en la lista preliminar, entre los "cien renovadores" parece haber más veteranos que juventud. "No necesitamos ser cien jovencitos, sino cien pensadores para renovar las funciones del Estado sin ideas anacrónicas. Es un frente plural que también tiene una pluralidad etárea", rebatió con una sonrisa.
"Massa está entusiasmado; le brillaron los ojos cuando le comenté la idea", continuó el diputado. Y dobló la apuesta: "El próximo presidente necesitará acuerdos de Estado para ejecutar apenas llegue al poder. Pretendemos lograr acuerdos como el que articuló el presidente mexicano Enrique Peña Nieto". Con todo, ese entusiasmo enfrenta un obstáculo: ante la consulta , cerca de Massa dijeron no estar al tanto del nuevo grupo..

Auge y caída de Marcos Marcelo Mindlin


 

Los tiempos empresarios en la vida de Marcos Marcelo Min­dlin muestran una extraña coincidencia con la marcha de la eco­nomía y la política argentina. El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirch­ner llegó a la Presidencia de la Nación. Seis meses más tarde, el 25 de noviembre, Mindlin sorprendió a propios y ajenos cuando le puso fin a su vínculo con Eduardo Elsztain, su histórico socio. Era la culminación de uno de los matrimonios empresarios más exitosos del menemismo.
Tras 15 años de convivencia con el llamado «dueño de la tie­rra», Mindlin dejó de lado una historia plagada de éxitos comer­ciales. Ese relato había comenzado en 1990, cuando ambos ha­bían comprado una inmobiliaria que terminó convirtiéndose en IRSA, el vehículo inversor que se quedó con la mayoría de los me­jores edificios de oficinas de la Ciudad de Buenos Aires y con un puñado de shoppings. Ese cúmulo de adquisiciones fue el em­brión de Alto Palermo, la sociedad que reúne los negocios inmo­biliarios que luego continuó Elsztain.
La apuesta no terminó en los ladrillos y el consumo masivo. A través de Cresud, otra de las empresas del dúo, se convirtieron en los principales dueños de tierras del país.
La separación de noviembre tuvo ribetes similares a los de una ruptura matrimonial. Cada una de las sociedades envió a la Bol­sa comunicados que explicitaban la salida de Mindlin. De ellos se desprendía la complicada división de bienes. Mindlin se que­dó con Dolphin, el fondo que le había dado origen a Irsa y desde donde lanzó, ese mismo año, su ofensiva sobre el sector eléctri­co. También retuvo el 30% de Cresud y el 8% del Banco Hipo­tecario para alejarse de Irsa, la empresa de la que había sido en­tre 1991 y 2003 accionista, vicepresidente y director financiero.
Mindlin nació el 19 de enero de 1964 en Córdoba. A los seis años se mudó a Olivos y si alguna vez tuvo tonada cordobesa, no queda un solo rastro. Conoció a Elsztain en sus épocas de estu­diante en el colegio Nacional Buenos Aires. Una década después, empezaron a hacer negocios juntos. Se recibió de economista en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo una maestría en administración de empresas de la Univer­sidad del CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicos). Nada de eso, sin embargo, sobresale más en su currículum que el via­je que hizo en 1989 a Estados Unidos para conocer a George So­ros, el magnate húngaro americano que les confió una parte de su gigantesca billetera (...)
Alto y delgado, Mindlin cultiva un cuidado a veces extremo que lo persigue en los negocios, en sus finanzas domésticas y hasta en su dieta. Come sin excesos, no bebe alcohol, antes de las 9 de la mañana está trabajando y casi nunca posterga un partido de Boca Juniors. Cuando no puede ir a la cancha, lo sigue por televisión. Cuida el dinero sin importar de cuánto se trate el gasto. Sus colaboradores relatan que el día en que Edenor cotizó por pri­mera vez en la Bolsa de Nueva York, un hito para cualquier com­pañía, Mindlin los invitó a cenar a un restaurante de la ciudad. Ese 27 de abril de 2007 su séquito esperaba una gala de lujo, pero se sorprendieron al llegar al lugar. «Era como Pippo», el popular restaurante porteño de platos rápidos y precios razonables, expli­có uno de los asistentes a ese convite (...).
Mindlin hizo su presentación en el mundillo eléctrico el 5 de enero de 2004, cuando anunció la compra de un 7,14% de Cite­lec, la sociedad controlante de Transener, a The Argentine Inves­tment Company (Taico). Concretó la operación a través de Dol­phin Fund Management, el fondo de inversión que fue su cara visible hasta la compra del frigorífico La Pampa, una empresa me­nor que cotizaba en Bolsa y que sirvió de base para montar Pam­pa Energía, su holding eléctrico.
Dos meses más tarde cerró la compra del 42,5% que la ingle­sa National Grid tenía en la controlante de la transportadora (lle­gó al 50% en la dueña de Transener). El empresario habría des­embolsado unos 18 millones de dólares en ambos movimientos, para ocupar en septiembre de 2004 la presidencia de la compañía que maneja el 95% de las líneas de alta tensión de la Argentina.
Transener tenía una deuda en default cercana a los 570 mi­llones de dólares. El equipo de Mindlin cerró su negociación en mayo de 2005. La redujo hasta los 285 millones de dólares.
Su salto a la fama, sin embargo, lo consiguió con la compra del 65% de Edenor a Electricité de France, que selló el 29 de ju­nio de 2005 a cambio de 100 millones de dólares y la aceptación de una deuda en default por 537 millones de dólares. Mindlin puso en efectivo menos de una décima parte de lo que los fran­ceses querían por la compañía, que pocos años antes había tasa­do sus activos en 1.200 millones de dólares.
El 1° de junio, Mindlin visitó a Kirchner en la Casa de Gobier­no y se aseguró la bendición oficial para sus negocios. La reunión comenzó a las 9.30 y duró sólo media hora. El empresario le ex­plicó al patagónico cuáles eran sus lineamientos. Lo escuchaban De Vido y el secretario de Energía, Daniel Cameron. Cuatro meses más tarde, Mindlin volvió a visitar a De Vido. Le llevó una copia de la nota que certifica que EDF retiraba su deman­da por 960 millones de dólares contra el país en el Ciadi. «Estamos extremadamente contentos de que Electricité de France haya de­cidido retirar la demanda contra la Argentina», dijo Mindlin. Cla­ro que no fue un gesto voluntario de los franceses, sino un punto inevitable que el empresario puso en la mesa de negociación para comprar la empresa. Kirchner acumulaba esos papeles como tro­feos de guerra en su despacho. Eran una condición no negocia­ble para que las compañías de servicios públicos avanzaran en la renegociación de contratos, y Mindlin había logrado uno de los más importantes.
En septiembre de 2005, apenas tres meses después de anun­ciar el acuerdo con los franceses, Edenor logró exhibir el bien más preciado para una empresa de servicios públicos en la Argen­tina poscrisis: la celebración de un acuerdo con la Unidad de Re­negociación de Contratos. El documento preveía un incremen­to en la tarifa de luz de hasta el 15% desde noviembre y el 31 de mayo de 2006 como fecha límite para realización de una revisión tarifaria integral, que debería fijar un nuevo régimen tarifario con vigencia gradual a partir del 1º de agosto de 2006. Seis años más tarde, esa decisión aún no se había aplicado.
Con la expectativa de que los precios de la energía mejora­ran, Mindlin se lanzó de lleno a la compra de activos. En junio de 2006, salió una vez más a buscar fondos de inversores de todo tipo por esa vía. Eso le permitió hacer frente a pagos por el 10% de Central Puerto y la parte de Electricité de France en las gene­radoras mendocinas Nihuiles y Diamante (35,5 millones de dóla­res), entre otros activos.
De la mano de Mindlin, Pampa Holding, y luego la propia Edenor, continuaron de compras. El empresario sumó seis cen­trales eléctricas (las hidroeléctricas Los Nihuiles y Diamante, en Mendoza; las térmicas Piquirenda y Güemes, en Salta; Loma La Lata, en Neuquén y Piedra Buena, en Bahía Blanca).
Además, intentó desembarcar en el mundo de los medios de comunicación al intentar adquirir el diario El Cronista. Y se reu­nió con Mario Pergolini para estudiar la compra de radios. Tam­bién sumó negocios financieros.
A finales de 2005, todo lo que Mindlin tocaba parecía conver­tirlo en oro. La «máquina de hacer plata» funcionaba como un re­loj suizo. Al 31 de diciembre de 2007, Pampa Holding tenía una capitalización de mercado de 3.708,7 millones de pesos (unos 1.177 millones de dólares al tipo de cambio de esa fecha). Dol­phin había adquirido el 65% de Edenor por 100 millones de dó­lares, pero cuando la distribuidora salió a cotizar en la Bolsa, en abril de 2007, valía 10 veces más: 1.000 millones de dólares. Min­dlin compró un activo por el 10% del valor que tendría dos años más tarde. En el mercado explican la enorme capitalización de la empresa por el propio apellido de Mindlin: el empresario des­pierta la confianza necesaria entre los inversores, que creen que si lo siguen, harán buenos negocios.
Otra muestra de la capacidad para multiplicar ganancias del equipo conducido por Mindlin lo aporta Transener. En septiem­bre de 2006, a través de una operación de traspaso de activos de Dolphin a Pampa, el empresario fijó su participación en la trans­portadora en 50 millones de dólares, más del doble que los 18 millones de dólares que había pagado cuatro años antes por el mismo paquete. Era un número realista: en junio de ese año, por una porción similar, el fondo norteamericano Eton Park le había ofrecido a la brasileña Petrobras, co controlante de Transener, 54 millones de dólares. El Gobierno frenó la operación y esa parte quedó para Enarsa, la empresa nacional de energía, y la cordobe­sa Electroingeniería, una compañía de vínculos aceitados con el kirchnerismo. Ambas pasaron a ser socias de Mindlin (...).
Cartas de desamor. Mindlin había estado muy cerca de obtener un aumento de tarifas. En diciembre de 2010, acudió a la Casa de Gobierno para entrevistarse con Cristina Kirchner. En la antesala del despacho presidencial lo recibió el ministro de Economía, Amado Boudou. Apenas después de estrecharle la mano, le anticipó que una vez más su pedido quedaría postergado. «Lo tuyo estaba todo listo, pero por las protestas en Bolivia creemos que no es el momento», le explicó quien luego se convertiría en vicepresidente. Las circunstancias habían jugado en contra de la mejora en los ingresos de Edenor.
En el país vecino, el presidente Evo Morales se enfrentaba a la primera protesta social de magnitud desde su llegada al poder luego de un aumento en los combustibles. El gobierno argentino temía un efecto contagio. Minutos más tarde, Cristina Kirchner le repitió a Mindlin el mensaje que ya había recibido de boca de Boudou. Una mejora, sin embargo, parecía inminente. El martes 22 de junio de 2010 Jorge Taiana le cedió su lugar al frente de la Cancillería a Héctor Timerman. Los chispazos entre el primero de los funcionarios y la presidenta Cristina Kirchner le habían abierto, inesperadamente, las puertas del palacio San Martín a un hombre muy afín a Mindlin. Héctor es primo de Marcelo por parte de la madre de este último. Antes de su llegada a lo más alto del escalafón diplomático, era habitual ver a Timerman en las oficinas que Dolphin tenía en la calle Bouchard (luego se mudó frente al Alto Palermo), a una cuadra del Luna Park.
Pero el parentesco con el flamante canciller le sirvió de nada a Mindlin. En los dos años siguientes, su vínculo con el Gobierno se deterioró de forma inesperada. Llamativamente, la declaración formal de guerra llegó desde el lado del empresario. Mindlin y su equipo de colaboradores habían madurado la decisión durante el verano de Y la pusieron en práctica en marzo de ese año. Ricardo Torres, presidente de Edenor en reemplazo del «negociador» Macfarlane, le puso su firma a una carta que envió a Cammesa, con copias a los ministerios de Planificación y de Economía, donde repasaba la crítica situación en la que se encontraba la empresa, por la cual hacía responsable directo al Gobierno. Cammesa es la empresa que administra el mercado eléctrico. Hasta ese momento, era una trinchera que respondía de manera directa a las órdenes de Julio De Vido. Torres fue al punto: «De mantenerse la actual situación de congelamiento de ingresos y aumento de costos, la distribuidora (por Edenor) verá imposibilitado el acceso a fuentes de financiamiento del déficit de caja enfrentado en sus actividades y, de esta manera, se verán afectados, entre otros aspectos, el normal financiamiento y funcionamiento de la actividad concesionada». En el párrafo siguiente Torres es más claro: explicó que la situación descripta afecta «sustancialmente las condiciones para la normal prestación» del servicio público. La carta hace responsable por esos males a la política kirchnerista: «Son los reiterados incumplimientos del Estado Nacional los reales causantes de las eventuales afectaciones que se pudieran producir en el Servicio Público y de los daños y perjuicios que se ocasionan a esta distribuidora». Y reclama la recomposición urgente de sus ingresos mediante la aplicación del mecanismo de monitoreo de costos (MMC) —una herramienta que había surgido varios años antes para recomponer la ecuación de las empresa pero el Gobierno no aplicó de acuerdo con lo previsto—, que disponga su traslado a las tarifas, que cumpla con el proceso de revisión tarifaria y que «arbitre cualquier otra medida que esté a su alcance, que dada la urgencia necesaria, pueda permitir la continuidad del servicio». Sin medias tintas ni el tono coloquial de Mindlin de otro tiempo, el presidente de Edenor explicó con claridad su pensamiento a un Gobierno tanto o más preocupado por ocultar los datos negativos (los funcionarios de Planificación, por caso, utilizan el eufemismo «demanda administrada» para referirse a los cortes de luz y gas que sufrieron en ocasiones las empresas) antes que por evitar que ocurran. La empresa de Mindlin hacía responsable al Gobierno por una eventual caída en la prestación del servicio público, que se podría traducir en apagones masivos, una de las amenazas que más preocupan a Cristina Kirchner.
En una reunión que se llevó a cabo en marzo de 2012 en la Cámara de Energía de la República Argentina, también creada por orden del ministro de Planificación y la anuencia del sector privado, Mindlin se sinceró ante un grupo de colegas: «Si no tenemos una solución para Edenor, en junio se cae la empresa», sostuvo. La frase, que con el tiempo se corroboró, aún late en la memoria de uno de los miembros de esta entidad, compuesta entre otros por Alejandro Bulgheroni (Bridas); Hugo Sigman y Horacio Cristiani (Gas Natural) y Carlos Ormachea (Tecpetrol).
Casi al mismo tiempo, el dueño de la electricidad en la Argentina apostó otra carta fuerte en el tercer mes de 2012: fue a la Justicia para obtener 100,29 millones de pesos que, a su criterio, el Estado le adeudaba a Transener. Solicitó ante la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo la aplicación de una medida cautelar. Repitió el argumento: la deuda pondría en peligro el servicio que presta Transener, una empresa neurálgica (es la encargada de unir prácticamente todo el país) para el sistema eléctrico argentino. La presentación judicial encierra algunas curiosidades. Entre ellas, que los socios de Mindlin en esa empresa son Enarsa, una compañía pública; la Anses, un organismo también del Estado, y Electroingeniería, la firma cordobesa a cargo de Roberto Acosta y Gerardo Ferreyra, dos empresarios de buena sintonía con el Gobierno. De acuerdo con los allegados a Mindlin, todos estaban al tanto de la presentación. Mariano Palacios, el apoderado de la empresa, sostuvo en el escrito que la compañía firmó con el Gobierno en 2005 el Acta Acuerdo para la renegociación del contrato de concesión, que a su vez contemplaba una renegociación tarifaria, y la aplicación de mecanismos de ajuste de acuerdo con la evolución de costos, que no fueron cumplidos entre 2005 y 2010. Para normalizar esa situación, en diciembre de 2010 se firmó el «acuerdo instrumental», que también fue incumplido por la Secretaría de Energía, a cargo de Daniel Cameron.
Entre sus argumentos, además, carga contra el Enre, el ente regulador del sector, a cargo de Mario de Casas, con quien Mindlin y sus ejecutivos tuvieron casi siempre una pésima relación.
Acusó al organismo de «claros incumplimientos» que habrían provocado «serias dificultades económicas y financieras y graves inconvenientes para afrontar los costos operativos y de las inversiones propias del servicio público».
Mindlin mantenía en la memoria las represalias que cosecharon sus dichos en público con respecto al tema tarifario y la lograda disculpa que debió darle a De Vido. Aunque tenía la intención de que el documento no tomara estado público, sabía, en esta ocasión, que arriesgaba la relación con el Gobierno hasta un punto sin retorno. Pero de todas maneras decidió avanzar. (...)
Había disparado el primer tiro de la batalla que se vendría, según relató un colaborador directo del ministro de Planificación. Claro que el empresario no lo explicaba en esos términos. Intentó convencer a quien se le cruzara por delante que era su obligación como timón de la empresa hacer todo lo que estaba dentro de sus posibilidades para salvarla. De lo contrario, podría sufrir demandas por parte de otros accionistas. Pero el lenguaje de la política kirchnerista no tiene espacio para argumentaciones en base a tecnicismos empresarios. La misiva violó una ley tácita del kirchnerismo: se puede hablar de todo, pero sin dejar constancia en documentos. El paso siguiente del Gobierno fue hacérselo notar al empresario.
Apenas recibieron la crítica carta de Torres, algunos funciona­rios que responden a La Cámpora, cuyo mayor exponente eco­nómico en el comienzo del segundo mandato de Cristina fue el secretario de Política Económica, Axel Kicillof (…), elaborar de manera secreta un feroz informe contra la gestión de Mindlin. (...)
El trabajo de La Cámpora criticó la compra de activos a Ash­more. Para la agrupación militante, esa operación fue solventada «con la disponibilidad de efectivo acumulado por Edenor (567 millones de pesos) y su posterior endeudamiento por 70 millo­nes de dólares». (...)
Y habría más. Su ya fría relación con la Presidenta pasó a con­gelarse luego de que el nombre de Gustavo Mariani, uno de sus principales compañeros de negocios, apareciera en una lista ne­gra con los nombres de los empresarios que más dólares compra­ron en 2011, cuya difusión celebró el Gobierno. Mariani compró 12,6 millones de dólares ese año. El propio Mindlin también ocu­paba un renglón de la lista. Con la turbulenta salida de la familia Eskenazi de YPF como condimento de la escena él, que había abrazado al «modelo» y se había puesto a su disposición, había tomado plena conciencia de que podía ser su próxima víctima

Puerta dice que Massa es el nuevo Menem, y lo imagina liderando una fórmula con Macri

 

El ex gobernador de Misiones Ramón Puerta afirmó ayer que trabajará para “juntar” al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en una fórmula que –consideró– será gobierno en 2015. A pesar de admitir que aún no ha charlado con el referente del PRO sobre sus intenciones de unirlo en una misma boleta con el ex intendente de Tigre ahora diputado, Puerta manifestó que “es muy difícil encontrar a alguien que no elogie la candidatura a presidente de Sergio”. Además, analizó que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, no tiene posibilidades de llegar a la presidencia porque “ha equivocado el camino y por falta de carácter se ha quedado en el kirchnerismo”.

Puerta, quien en las últimas elecciones no reunió los votos suficientes para renovar su banca como diputado nacional el 10 de diciembre, señaló que trabajará “para que confluyan los espacios” que lideran Macri y Massa. El ex gobernador misionero se entusiasmó con la idea de juntarlos y dijo que “así tendrían grandes chances de ser gobierno en las próximas presidenciales”. Manifestó, además, sentirse “obligado” a trabajar los próximos dos años en función de ello, a la vez que anticipó un resultado exitoso en su función como mediador, al confesar tener “la suerte de ser amigo de ambos”.
En tanto, con respecto a Scioli, quien hace tiempo se anotó en la lista de los que pretenden suceder a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2015, el misionero consideró que “tenía las mismas posibilidades que Massa, pero ha equivocado el camino y por falta de carácter se ha quedado en el kirchnerismo”. En esa línea, vaticinó que el gobernador bonaerense no podrá competir con la unión Massa-Macri.

Macri “es destacado como el único opositor” al gobierno kirchnerista, opinó Puerta y añadió que sobre Massa “se dicen cosas propias de aquellos liderazgos que nacen, como ocurre en política, por la suma de factores”. También habló sobre el parecido del tigrense con el ex presidente Carlos Menem: “Me hace acordar a ese fenómeno del riojano con patillas. Yo no apoyé a Menem en la década del ’80, pero el pueblo peronista empezó a hablar de él cada vez con más fuerza, tal como sobre Massa”, dijo.

Una vez quebrado el pacto que tenían Macri y Massa para las elecciones legislativas de octubre, ninguno de los dos dirigentes volvió a referirse a la idea de juntarse en un futuro. Más aún, Macri lanzó su candidatura a presidente luego de que su fuerza ganara en octubre en la ciudad de Buenos Aires.
El líder del Frente Renovador asegura que en la actualidad sólo piensa en su flamante rol como diputado de la provincia de Buenos Aires, pero cada paso que da lo calcula en función de su pretensión de postularse en 2015.
Puerta dijo, por otro lado, que en el pasado fue “fuertemente difamado por el kichnerismo y sus aliados por haber sido el opositor más fuerte en los últimos diez años”. Añadió que el kirchnerismo sigue “una estrategia de difamar a los que pensamos distinto a través de medios oficiales y ‘paraoficiales’”.

Barrionuevo: "quiero que Cristina se vaya lo más pronto posible"



La siguiente conversación tuvo lugar en el sindicato Gastronómico, en la avenida de Mayo al 900, de la ciudad de Buenos Aires.
-Hace unos años me internaron. Me estaban por operar del corazón, pero vino el médico de Menem y me llevó a otra clínica. ¿Sabés lo que salió? Que mi cuerpo había hecho un bypass natural. Entre millones, hay uno solo.
-¿Y qué le hace pensar eso?
-Lo que me dijeron: "Tenés un corazón tan grande, que ese bypass te ayudó a darle vida". Tengo el corazón abierto para todos. Soy muy bueno [se ríe].
-Muchos de quienes estuvieron con Menem se acercaron a los Kirchner. Usted, ¿no pudo, no quiso?
-No, no. Jamás los quise. El día que Duhalde me llama para decirme que el elegido era Néstor, Kirchner estaba en Olivos. Me dijo: "Ahí está sentado, esperándote". Le dije: "Yo no hablo con éste. Me quedo con Menem. Kirchner te va a cagar y te va a meter en cana" .
-¿Y usted por qué dijo eso?
-Kirchner, la primera plata que recibe, fue de las 62 Organizaciones, para que sea intendente. Y la recibe de Diego Ibáñez y del catamarqueño "Bombón" Mercado, que trabajaba en YPF y estaba casado con Alicia. De ahí Kirchner empieza a escalar. En Caleta Olivia, el 80% son catamarqueños, y los gastronómicos me contaban, eran amos y señores. Y que él se volvía loco por la guita.
-Moyano, su aliado actual, sí pudo acercarse.
-Pero yo sabía que eran hipócritas. Cuando ella lo besaba a Moyano, yo decía: "Ahora va y se desinfecta". Cuando murió Kirchner, a Moyano le cortaron el rostro.
-¿Su pelea con Moyano fue por una cuestión de egos?
-No, no. ¿Qué ego? Yo no le quito protagonismo a nadie. El problema con Moyano fue que habíamos jurado con "el Bocha" Palacios [Colectiveros] y con Moyano de que teníamos que ponernos de novio con el presidente que viniera, pero no casarnos.
-¿Cómo es eso?
-Vos tenés que negociar con el Gobierno, pero no casarte. Y Moyano se casó con Kirchner [se ríe]. Vino Cristina y los separó.
-Y Moyano ahora se puso de novio con usted...
-No. Moyano no es mi novio, es mi hermano. Estamos en la misma vereda. Alguno por ahí es más apresurado... Yo quiero que Cristina se vaya lo más pronto posible. Que apure el calendario. Que se apuren los días, que se acorten.
-Se dice que su historia sindical empieza en 1975, cuando entra en Gastronómicos a punta de pistola...
-No. Habrán visto mal porque fue a la madrugada. Un palo de escoba habrá sido [se ríe]. Mi pelea fue con los Montoneros. Por eso cuando el estúpido de Capitanich dice "Barrionuevo es el nuevo jefe de la izquierda"... [risas]. No me gusta la izquierda. Yo soy peronista. Yo peleé contra todas las columnas que mataron a varios dirigentes sindicales. Yo iba con gomera. Tirábamos piedras. Ellos tiraban con Ithaca.
-Nadie le va a creer que ellos iban con Ithaca y usted con gomera...
-[Risas] Eran épocas muy duras.
-Según usted, ¿qué pensaba Perón de los Montoneros?
-Y, bueno, "imberbes". Nosotros estuvimos con Graciela [Camaño] en la Plaza de Mayo el día que los echó. Estos que hablan de La Cámpora, con las BlackBerry y la guita que se están robando. ¿La democracia sabés con quién la conseguimos? Con todo el movimiento obrero, con Lorenzo Miguel, Diego Ibáñez, todos peleando contra los milicos. Ahí nos hicimos amigos hasta hoy con Nosiglia. Nosiglia peleaba con los jóvenes de Franja Morada y nosotros éramos la juventud sindical. Y ahí dijimos: "Vamos a estar juntos siempre, peleemos por la democracia y en la alternancia radicalismo-peronismo nos encontraremos".
-Y no se separaron más...
-No, porque hay una amistad y códigos. Nuestra relación va a durar hasta que nos vayamos de esta tierra.
-¿Alguna vez se arrepiente de sus frases, por ejemplo de cuando dijo que "Kirchner era un avaro que se cagó muriendo?
-No me arrepiento. ¿No se cagó muriendo? ¿Y qué era? Avaro, prestamista, usurero. El abuelo, el papá, él y Máximo. Son todos iguales.
-¿Cómo lo ve a este muchacho? [foto de Scioli]
-Pecho frío.
-¿Y si llegara a presidente?
-Va a tener que venir a sentarse a hablar conmigo.
-O sea que asuma quien asuma, que va a tener que venir...
-Siempre hablaron. Yo no hablé con Néstor porque no quise...
-¿Escuchó a Massa cuando dijo: "Si Barrionuevo quiere que yo gane, que deje de hablar por dos años"?
-¿Massa me va a prohibir que yo hable? A mí nadie me prohíbe. Y Sergio es un pichón que recién está cortando las alas. Tiene que aprender mucho todavía. Lo que pasa es que él tiene un convento en Tigre y quiere que todos sean carmelitas descalzas. Y todos los intendentes que tiene Sergio con él, mean agua bendita [se ríe].
-Es como si le dijera: "Yo te llevo en mi tren, pero tenés que ocultarte".
-Si hay alguien que no necesita ir a ningún tren, es Luis Barrionuevo. No me subí en este tren de los K, cuando Kirchner era rubio y de ojos celestes. Mirá, Sergio necesita una estructura en todo el país y nosotros la tenemos. ¿O vos te creés que Menem con qué ganó? ¡Con una estructura nuestra!
-¿A Massa le ve algún parecido a Menem?
-Tiene mucho carisma. Ahora, si me das a elegir hoy, me gusta el "Gallego" De la Sota. Experiencia, capacidad...
-¿Y Macri?
-Es un muy buen gobernante de la ciudad. Después, no le da.
-Mire este afiche [Menem-Barrionuevo "fundieron el país. Ahora lo paran"].
-Eso lo hizo la SIDE. Además Menem no fundió al país. Con Menem estuve un año y medio en el Gobierno, me fui porque me echaron, porque había dicho que había que dejar de robar. Y después yo mismo fui el autor del Pacto de Olivos.
-¿Usted hizo el "Pacto de Olivos" que reformó la Constitución?
-Claro, Barrionuevo y Nosiglia. Fue la operación más grande de la historia política argentina.
-Usted dice que Barrionuevo y Nosiglia fueron los armadores del Pacto de Olivos. ¿Eso significaría que ustedes están... por arriba de los presidentes?
-Pero no tengas dudas. Flaco, yo salgo a este balcón que da a Avenida de Mayo, veo pasar los presidentes al Congreso, después volver y después no vuelven más. Y yo sigo acá. ¿Qué querés que te diga? Éstos van y vienen. Nosotros seguimos.

Los republicanos creen que el papa Francisco no entiende el capitalismo por ser argentino

La derecha estadounidense cuestionó las críticas del sumo pontífice al libre mercado. Antes, había sido acusado de "marxista" y de ser "el Obama de la Iglesia católica"

 

El papa Francisco y sus ideas sobre la economía han llegado a incomodar a la derecha estadounidense: si al principio fue Rush Limbaugh, el conocido comentarista radiofónico ultraderechista quien tachó al pontífice de "marxista", ahora es el turno de varios miembros del Partido Republicano.
Legisladores conservadores como Peter King, John McCain y Paul Ryan, estos dos últimos candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Estados Unidos en 2008 y 2012 respectivamente, criticaron abiertamente las posiciones del Papa argentino contra un mercado sin reglas.
"No estoy particularmente enamorado de su perspectiva económica", dijo el senador John McCain, al tiempo que reconoció el estilo austero de Francisco y su entrega a los pobres, de acuerdo con el sitio estadounidense Político
El senador republicano Ryan por Wisconsin (¡fue el candidato a vicepresidente de Romney!) dijo que él, como católico, simpatiza con el Papa Francisco con una salvedad: sus recientes declaraciones muestran que el Pontífice no entiende al sistema capitalista.
La cadena televisiva Fox News, por su parte, definió al pontífice como "el Obama de la Iglesia católica", frase que para esta emisora, la más conservadora del país, no es seguramente un halago.
También Jonathon Moseley, miembro del Tea Party, disparó contra el Santo Padre meses atrás, cuando aseguró que "Jesús era un capitalista que preconizaba la responsabilidad personal y no un socialista".

En respuesta a las acusaciones Rush Limbaugh, que lo tildó de "marxista", el Papa respondió: "El marxismo es erróneo, pero conozco algunos marxistas que son buenas personas".

Grupos de interés, lobbys y agremiación empresaria


Por Mariano Kestelboim * y Damián Regalini **


A mediados de la década del setenta, Argentina había alcanzado las mejores condiciones de desarrollo industrial y de equidad distributiva de su historia. La pobreza afectaba apenas al 5 por ciento de la población y no había problemas de desempleo ni de endeudamiento externo. Sin embargo, las tensiones sociales recrudecían, la inflación aumentaba y los empresarios se quejaban por la pérdida de rentabilidad de sus negocios.
En ese marco, las organizaciones empresarias ligadas al gran capital local y del exterior se unieron para conformar, en agosto de 1975, la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (Apege). Esa asociación operó en contra de la activa intervención estatal proindustrial que no frenaba el creciente poder sindical y que tenía su nexo con el sector privado a través de la Confederación General Económica (CGE). La Apege se nutrió de representantes del agro (Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas), del sector financiero (Asociación de Bancos Argentinos y la Bolsa de Comercio), del comercio (Cámara Argentina de Comercio), de la construcción (Cámara Argentina de la Construcción) e inclusive de parte de la industria, Copal (productores de alimentos), y de empresarios disidentes de la Unión Industrial Argentina, la cual tenía una frágil alianza con la CGE.
Un año después del golpe de Estado de 1976, promovido, entre otros, por esas instituciones, en la jornada anual de la Apege, José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura genocida, dijo: “...construiremos un país para 15 millones de habitantes”.
El gobierno militar reprimía el avance sindical y todo tipo de resistencia social. El país pasaba de un modelo manufacturero de crecimiento a uno concentrado en la explotación primaria, el endeudamiento externo y la especulación financiera. Las Fuerzas Armadas intervinieron la UIA y la CGE. Esta última fue disuelta y se expropiaron todos sus bienes. Cumplido su objetivo, la Apege fue desactivada.
A treinta años de democracia, analizar el comportamiento general de la clase empresarial y, en especial, sus reacciones en los momentos cruciales de la historia local, su injerencia en el poder y en las decisiones de políticas públicas son ejes básicos que contribuyen a explicar los resultados económicos y políticos del país.

Grupos de interés

Claus Offe, especialista alemán en sociología política, advirtió sobre las limitaciones y los riesgos de avanzar, por parte del Estado, en la planificación de políticas sin el consenso de los grupos de interés que forman parte de un proyecto de liderazgo político popular. Si consideramos este punto de vista teórico, y tomamos en cuenta la débil articulación entre el Estado y las entidades empresariales en Argentina, vemos que la problemática requiere de una mayor atención.
En el mundo conviven dos modelos de gremialismo empresario: el libre y el regulado. En el primero las compañías se organizan en entidades gremiales, se financian, reclutan adherentes y se relacionan con el gobierno en la medida de sus posibilidades. Los casos más relevantes son el de Inglaterra y el de Estados Unidos. No obstante, según un informe de la revista The Economist del 9 de noviembre pasado, ante el efecto de la crisis europea, el gobierno inglés, para promover exportaciones, ha tomado ciertos elementos del modelo alemán, que regula estratégicamente el funcionamiento de las cámaras.
El modelo regulado busca integrar el lobby empresarial a una planificación de desarrollo económico mixta entre el Estado y el sector privado. Entre ellos, además del esquema alemán, se destacan el japonés, el de la organización regional de las pymes de Italia y los Consejos de Deliberación en el Sudeste Asiático. También en España, Francia y México el gremialismo es administrado estatalmente. En estos casos se presenta una interacción formal e informal entre el Estado y las entidades gremiales. Algunos requisitos para la creación de cámaras son: adhesión obligatoria de las empresas del sector representado; aporte económico, regulado por ley, de las compañías hacia las entidades gremiales; participación activa y consultiva de las cámaras en la elaboración de leyes y políticas públicas que tengan competencia dentro del ámbito productivo; regulación y auditoría estatal en el funcionamiento y la composición estatutaria de las entidades empresariales, lo cual implica que hay funcionarios públicos que forman parte de las comisiones directivas de las cámaras.
En el caso japonés, como estudió Peter Evans, especialista en desarrollo económico, se presenta una interesante simbiosis entre el sector público y el privado. Evans señala que “los vínculos entre la burocracia y los detentadores del poder privado son reforzados por el generalizado papel de los ex condiscípulos integrantes del Ministerio de Comercio Exterior e Industria, quienes a través del amakudari (el ‘descenso del cielo’ o jubilación temprana) terminan ocupando posiciones clave no sólo en las empresas sino también en las asociaciones industriales”.
Un marco institucional regulado implica una complejidad técnica en su conformación y planificación y, en especial, una delicada construcción política. El gobierno nacional en 1975 intentó avanzar en un proyecto con estas características a partir del llamado acuerdo “Gran Patria Nacional”. La iniciativa dio lugar a la reacción de las tradicionales entidades gremiales que rechazaban las condiciones previstas. Entre ellas, se buscaba que todas las empresas, independientemente de su actividad, aportaran el 0,15 por ciento de su nómina salarial a un fondo de financiamiento del funcionamiento de la CGE y la CGT, dividido en partes iguales entre ambas instituciones (un sistema similar al que se aplica en Alemania).
El sistema de gremialismo libre en el país ha facilitado que las empresas más grandes, a partir de su lobby, tengan un acceso mucho mayor a las herramientas públicas de fomento que las pymes. Al respecto, un caso clarificador es el de la Ley 25.924 de Promoción de Inversiones en Bienes de Capital y Obras de Infraestructura, sancionada en 2004 y vigente hasta 2010. Esta ley implicaba beneficios fiscales por cerca de 1800 millones de pesos (a valores de esos años) para la compra de maquinaria y obras de infraestructura. Los economistas Daniel Azpiazu y Martín Schorr, en su libro Hecho en Argentina, cuentan que sólo once firmas de gran tamaño absorbieron el 75,1 por ciento de los fondos públicos.

Cámaras

De acuerdo con un informe del Foro CEO del IAE, conviven en Argentina más de 800 cámaras y asociaciones empresariales de los distintos sectores económicos, con superposiciones a nivel sectorial, regional y por producto. Por caso, solamente en representación de los productores de alimentos existen 56 cámaras, del sector textil se registraron 40 y farmacéuticos 37. No hay una ley local específica para la organización de las entidades empresariales; de hecho, se consideran asociaciones civiles y, por lo tanto, no hay límites especiales para su formación.
El resultado de este régimen ha sido el fraccionamiento y la dispersión de entidades de representatividad gremial que deterioran la capacidad de volcar en la agenda pública las necesidades de políticas, en favor del desarrollo general del entramado productivo. En el caso de las pymes provocó un desorden institucional, que explica la ausencia histórica de una voz con suficiente peso que lidere un lobby eficaz. De este modo, se terminan constituyendo estructuras de poder gremial con muchas dificultades, tanto políticas como técnicas, para realizar estudios y lograr que se apliquen propuestas de incentivos a la producción capaces de promover el interés colectivo de la industria. Estas asociaciones, además, gastan energías en una lucha torpe y estéril con otras de su mismo rubro por llevar a cabo su representación.
Así también, un sector de entidades gremiales liderado por grandes empresas, con mayor capacidad institucional y despliegue territorial, como la UIA, Cámara Argentina de Comercio y la SRA, se posiciona en la agenda pública. Influyen en el trazado de políticas, donde predominan los intereses de las empresas más grandes y no se concentran lo suficiente en lograr cambios estructurales que mejoren la competitividad de las pymes.
La débil promoción del desarrollo industrial por parte de las organizaciones representativas de tercer grado (encarnan a toda una actividad económica como lo hace la UIA con la industria) no implicó que organizaciones de sectores productivos específicos no hayan sido exitosas en la defensa de sus intereses. Algunos casos son los de la Cámara del Calzado, la del Juguete, la de Marroquinería, la del Software, la Fundación ProTejer y Adimra (metalúrgicos) que, sobre todo en la última década, consiguieron activar algunas políticas que mejoraron las condiciones productivas sectoriales. Sin embargo, son acciones aisladas que no responden a una lógica más general e integral de gremialismo en defensa de los intereses comunes de la industria. Estos han tendido a ser solapados por las prioridades de sectores de poder locales e internacionales, como el agroindustrial exportador, la siderurgia, el automotor, el del sector financiero o el de los grandes comercios.
Estos grupos, de hecho, hasta la reelección de CFK, promovían funcionarios en puestos del más alto rango de la administración pública que respondían directamente a sus necesidades. En cambio, las asociaciones de pymes, con muy pocos profesionales en sus staffs, muy rara vez han incidido en esas designaciones.
Los miembros de las asociaciones de tercer grado representativas de pymes industriales sin grandes empresas a la cabeza, como la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) y la CGE, en general, tienen escaso tiempo para dedicarle a la gremial e invierten pocos recursos en el desarrollo institucional. El bajo compromiso de muchos se explica principalmente por el desaliento que implica su percepción de reducida influencia sobre las políticas económicas y por la abundancia de lo que en economía se conoce como free riders (personas que reciben beneficios sobre los cuales pueden evitar pagar). Este fenómeno retroalimenta el deterioro institucional.
La situación se agrava frente al hecho de que las dependencias estatales actúan sin respuestas coordinadas a las distintas demandas de las múltiples entidades empresariales. De esta manera, el abordaje estatal acerca de la problemática productiva no llega con claridad a las empresas. En algunas oportunidades las medidas tomadas por un organismo gubernamental se superponen con las normativas de otro y hasta llegan, en ciertas ocasiones, a contradecirse.
Ahora bien, el proceso de desarrollo económico requiere de una compleja planificación global que logre conciliar intereses de diversos tipos. En su constitución existen distintos factores históricos y políticos que inciden en buena medida. Entre ellos, los canales de lobby empresarial son decisivos. En base a la experiencia histórica, puede apreciarse que el resultado del sistema de gremialismo libre en Argentina fue negativo.
El estudio sobre mecanismos de regulación de las entidades empresariales que fomenten una mayor equidad entre sus integrantes, el sustento económico y un canal sólido de diálogo y de análisis de políticas con el sector público es central a la hora de pensar cómo impulsar el desarrollo
* Economista de la Sociedad Internacional para el Desarrollo y del Geenap.
** Dirigente gremial empresario y miembro del Geenap.

Nicky” Caputo y Rodríguez Larreta preocupados por la influencia de Kammerath sobre Macri

El ex funcionario de Menem logró acceder a los niveles más altos del PRO, donde aboga en favor de distintas empresas.
En un sector importante del gabinete porteño hay inquietud por la creciente influencia  del ex secretario de Comunicaciones de Carlos Menem, Germán Kammerath, en decisiones económicas claves de la administración de la Ciudad.

Kammerath es un polémico dirigente surgido de la Ucedé que luego de ser secretario de Comunicaciones de Carlos Menem y vicegobernador de José Manuel De la Sota estuvo cerca de ser destituido de la intendencia de Córdoba.

  En 2011, Kammerath fue sobreseído junto a Menem por un supuesto fraude millonario al Estado a raíz de la concesión del espacio radioeléctrico a la empresa francesa Thales Spectrum Argentina (TSA), durante la presidencia del riojano. Por esa causa, Kammerath sufrió un estruendoso embargo de 100 millones de pesos.

Histórico lobbysta de las empresas telefónicas, Kammerath está vinculado a la familia de Macri desde hace años. Durante su intendencia en la capital cordobesa, el ex funcionario menemista le prorrogó una polémica concesión por la explotación del boleto de colectivos a la empresa Siemens-Itron.

Por ese entonces, Itron pertenecía a Socma, el holding de los Macri, que controlaba el 40 por ciento de Siemens Itron hasta que se desprendió de ella en 2003, año en el que Kammerath dejó la intendencia de Córdoba tras ser ratificado en el cargo por la Corte Suprema que todavía presidía el menemista Julio Nazareno.

Incomodidad en el PRO

“Es muy complicado”, reconocen en las altas esferas del PRO en relación al nexo que tejió Kammerath con los niveles más altos del gobierno porteño. Uno de los más preocupados es el jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. Otro es el máximo socio del jefe de gobierno, el empresario Nicolás “Nicky” Caputo.

Como lobbysta telefónico, Kammerath intenta hacer pie en la Ciudad con las multinacionales Octomind S.A. y Athos, entre otras.

En el PRO están preocupados además porque su relación no sólo se circunscribe al mundo empresarial sino que ya perforó el terreno político.

La ex pareja de Kammerath, Laura Rodríguez Machado, fue en el segundo lugar, detrás de Héctor Baldassi, de la lista de diputados nacionales que el PRO presentó en las últimas elecciones en Córdoba.

Ritondo ve a Michetti como vice de Macri y a él jugando unas PASO con Rodríguez Larreta

Hace tiempo que era un secreto a voces pero ahora es oficial porque Cristian Ritondo ya no lo oculta: quiere ser jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha trabajado muchísimo en la zona sur de la metrópolis, y todo 2014 será en la zona norte, construyendo una masa crítica capaz de soportar su ambición. Líder de Propuesta Peronista, él anunció que competirá con Horacio Rodríguez Larreta, y también con Gabriela Michetti, si ella se presentará, en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias porteñas, que acaban de aprobarse a fines de 2013.

Werner Pertot

–¿Se va a presentar para ser candidato a jefe de Gobierno?
–Sí, con seguridad. Voy a ir a las PASO porteñas.
–¿No le da la impresión de que Macri se inclina por Horacio Rodríguez Larreta como sucesor y por que Gabriela Michetti sea su compañera de fórmula presidencial?
–Hay PASO, así que competiremos con Larreta, seguramente siendo parte de un mismo equipo. Mauricio sabe: yo le dije que tengo esa pretensión y nunca me dijo que no me presente. Lo peor que le puede pasar a un candidato del PRO es que no salga de una interna y sea elegido a dedo. Sería expulsivo no dejarme presentar a las PASO.
–Sería la primera vez que el PRO define sus candidaturas por interna...
–Por supuesto que si llego sin medir lo que tengo que medir, uno no va a hacer el ridículo si hay un candidato con mayor consenso. Pero quiero llegar con posibilidades de ganar. Tengo la vocación, las ganas para ser el candidato a jefe de Gobierno del PRO.
–Si tuviera que acordar una fórmula, ¿con quién se siente más cómodo, Michetti o Larreta?
–Con los dos tengo buena relación. Tengo una cuestión diaria y de amistad con Horacio. Y con Gabriela una gran confianza de una mujer que tiene una imagen positiva inmensa y sacó el 40 por ciento en las últimas elecciones. Hoy no quiero pensar en quién acompañar sino en ser yo y buscar a quién me acompañe.
–En la provincia de Buenos Aires, ¿el mejor candidato es Jorge Macri o María Eugenia Vidal?
–María Eugenia Vidal, sin ninguna duda. Jorge es un gran intendente y conoce la provincia, pero María Eugenia tiene instalación y una gran fortaleza. Tal vez la mayor cercanía me hace verla como una gran candidata, y por eso Mauricio le sugirió que fuera a la provincia.

El complejo desafío de reducir el trabajo informal

Por Ana Vainman

El proyecto de ley presentado por la presidenta pretende regularizar a 650 mil trabajadores en los próximos dos años.


 El lunes pasado la presidenta Cristina Fernández envió al Congreso un proyecto de ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral. El texto –que ya está siendo tratado por las comisiones de Legislación Laboral y Presupuesto del Senado Nacional– contempla la reducción de contribuciones patronales para microempresas, medidas de fortalecimiento en la fiscalización y capacidad de inspección del Estado nacional, además de la creación de una especie de "lista negra" donde se incluirá a las empresas que violen la legislación laboral.
El trabajo en negro es uno de los problemas más graves del mundo laboral actual, pero es, además, un dolor de cabeza de la administración kirchnerista desde hace ya varios años. Los funcionarios del Poder Ejecutivo y en especial los del Ministerio de Trabajo comenzaron a mirarse entre ellos con preocupación cuando vieron que, después de una baja significativa en los primeros cinco años de gobierno, el empleo no registrado se había amesetado y desde 2008 no había mostrado reducciones significativas. Otras variables, especialmente la del desempleo, mostraron avances mucho más sustanciales.
Según la Encuesta Permanente de Hogares que elabora el Indec, desde 2003 hasta 2008, la informalidad laboral había bajado del 49,4% de los asalariados al 36,4. El segundo trimestre de 2008 fue la primera vez en la que el índice tocó el 35%, pero a partir de allí la baja se detuvo y los índices fluctuaron entre el 37 y el 33% en el que el trabajo no registrado se encuentra actualmente.
Esto implica que un tercio de la fuerza laboral está en negro. Es decir: más de cuatro millones de trabajadores padece una sustantiva disminución de sus derechos laborales. La presidenta aseguró que con esta batería de instrumentos enviados al Congreso se apuesta a regularizar a 300 mil trabajadores durante el primer año de vigencia y a 650 mil en dos años, lo que permitiría reducir la tasa de informalidad del 33,5 actual al 28 por ciento.
Esos casi cuatro millones y medio de hombres y mujeres que hoy no están registrados cobran menos que los trabajadores en blanco, no perciben asignaciones familiares, aguinaldo, vacaciones pagas o premios. En general, tampoco están asegurados en una ART, por lo que no tienen cobertura ante accidentes laborales, hecho que se agrava según el nivel de peligrosidad que requiera el empleo.
Y este cercenamiento de derechos puede afectar a todos los sectores de la sociedad, pero en general lo sufren los más vulnerables. Los extranjeros sin documentación argentina, los pobres, las mujeres y los jóvenes (en ese orden) son los trabajadores más precarizados.
En el marco del último diálogo social convocado por el gobierno luego de la derrota electoral de las legislativas de 2013 surgieron los lineamientos de este proyecto de ley, en base a aportes de los sectores empresario y sindical. Durante estos meses, un grupo de asesores del Ministerio de Trabajo se avocaron a la redacción del articulado.
Después de sancionar leyes específicas para sectores de extrema vulnerabilidad laboral como los trabajadores rurales, las empleadas domésticas o los talleres textiles, el proyecto que elaboró el Ejecutivo busca modificar la situación en las pymes y microempresas, independientemente del sector de la economía en el que se ubiquen. Es en estos grupos donde se concentra el mayor número de trabajadores en negro del país y donde más difícil es la fiscalización.
El proyecto viene a ampliar el alcance de la Ley 26.476 que fue sancionada en diciembre de 2008 y que ya establecía una reducción de los aportes patronales para quienes contrataran nuevo personal. Aquella ley –conocida como Régimen de regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado, exteriorización y repatriación de capitales– permitía la extensión del período de beneficios para los empleadores mediante un decreto del Poder Ejecutivo, cosa que ocurrió en 2013 y en 2014.
En aquel caso no se hacía mención al tamaño de la empresa que contratara nuevos empleados. Y nunca eximía totalmente al empleador del pago de los aportes patronales. En el nuevo proyecto se apunta especialmente a las pequeñas empresas y si tiene hasta 15 empleados, no pagará aportes durante el primer año y abonará sólo un 25% durante los segundos doce meses.
Uno de los puntos que demoró la salida de proyecto fue la creación de esta suerte de "Veraz" para empresarios, que fue cuestionado por los hombres de empresa, como era de esperarse. El Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) escrachará a quienes tomen trabajadores no registrados o incurran en fraude laboral detectado por el Ministerio de Trabajo, la AFIP, el RENATEA, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y por los organismos provinciales. Los empleadores sancionados permanecerán en el Registro un cierto tiempo en el cual no podrán acceder a determinados beneficios de políticas públicas y realizar algunas operaciones comerciales, y de reincidir en un plazo determinado, perderán beneficios impositivos. Según las propias palabras de la cartera laboral, ese registro "busca aumentar la sanción para quienes contraten empleo irregular y potenciar la condena social" para disuadir el fraude laboral.
Sin embargo, los empresarios también serán beneficiados por esta ley, de aprobarse. Las acciones incluidas en el articulado prevén para el primer año un desembolso de 4150 millones de pesos que beneficiará a los empleadores. Un 65% de ese monto estará destinado a las microempresas.
Ese desembolso lo hará el Estado para que no se desfinancie la ANSES con la pérdida de los aportes patronales que los empleadores no pagarán pero que los trabajadores sí percibirán. En el presente, la ANSES deberá pagarle a esos trabajadores blanqueados asignaciones familiares y otros beneficios y en el futuro, sus jubilaciones.
El Estado deberá responder económicamente por esos empleadores que ya hoy cometen fraude laboral. Pero además, deberá aumentar las fiscalizaciones sustancialmente para garantizar que los trabajadores sean efectivamente blanqueados y se les cumplan los derechos laborales –que incluyen los beneficios de los convenios colectivos según la actividad–. De otro modo, el Estado pagaría en lugar de los empleadores para que ellos sigan violando la ley.
Actualmente, el Ministerio de Trabajo cuenta con un poco más de 400 inspectores y si a esto se suman los que trabajan para la AFIP y para el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) superan por poco los 1000. La ley apunta a regularizar la situación en un universo de 290 mil microempresas. Según las consultas realizadas al Ministerio de Trabajo, en la ley no está previsto que se aumente la planta de inspectores, pero sí sus funciones y su jurisdicción.
La reducción de los aportes y contribuciones ya había sido implementada por el ex minsitro de Economía del menemismo, Domingo Cavallo como medida para fomentar la regularización. Pero la iniciativa no fue efectiva. Tal es así que a fines de la década del '90 la informalidad rondaba el 50% y la rebaja de los aportes aún no fue restablecida.
El propio Carlos Tomada solía repetir que la baja en los aportes patronales no era una buena política, básicamente porque no había funcionado. El titular de la cartera laboral se refería a ese fracaso como el "efecto tijera", porque en el medida en la que bajaban los aportes, subía la informalidad laboral.
Atentos a las ineludibles comparaciones entre una medida y otra, el Ministerio de Trabajo elaboró una respuesta. "(En los '90 se) planteaban rebajas generalizadas y permanentes de cargas laborales para TODOS los empresarios, sin exclusiones, ni restricciones. Y además bajaban el costo del despido", se indicó desde Alem 650.
Y se aseguró: "En cambio, esta política otorga el beneficio siempre y cuando se cumplan con una serie de condiciones, como por ejemplo, el incremento neto de la cantidad de trabajadores de la empresa. Los beneficios de contratación son sólo por dos años (excepto para las microempresas), se privilegia a las pymes, y NO modifica el costo del despido".
El proyecto de ley responde a un intento del Poder Ejecutivo de perforar ese núcleo duro de empleo informal que no ha podido modificarse considerablemente en el último lustro. El intento sin dudas es necesario. Habrá que ver si los resultados son los esperados.

Europa estatiza sus compañías de aguas

El Ayuntamiento de Manacor (Mallorca) no se decide. A pesar de la falta de mantenimiento en la red de suministro, de la subida de tarifas, del problema con los altos niveles de nitratos detectados —se recomendó a los bebés y embarazadas no bebieran agua del grifo—, no acababan de asumir la gestión del abastecimiento del agua. Y eso que la remunicipalización del servicio estaba en la agenda política desde 1997, cuando el grupo de Esquerra Unida hizo su primera petición. El paso se dio, finalmente, el pasado noviembre, cuando el Consistorio ejecutó el rescate en detrimento de Aguas de Manacor, la empresa privada que se había encargado del negocio en los últimos 27 años.
El caso del municipio mallorquín no es único. Arteixo (A Coruña) tomó la misma decisión en julio pasado. La Línea de la Concepción (Cádiz), en septiembre. Y tres pequeñas pedanías de Jerez (Guadalcacín, Estella y Torrecera) se han sumado recientemente. Pero la desprivatización del agua es todavía una excepción en España, donde el 50% del abastecimiento continúa en manos privadas. En Europa, ese porcentaje se reduce al 30%. En el mundo, hasta un 10%.
“El debate sobre la remunicipalización del agua se está abriendo y crecen las plataformas y partidos políticos que defienden esa tendencia, pero va muy lento”, analiza el secretario general de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), Jaime Morell. En cambio, el gerente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (Aeas), Roque Gistau, le resta trascendencia por los escasos casos existentes.
La pugna entre privatización y desprivatización es todavía muy desigual en un país en el que el abastecimiento del agua es en algunos casos una fuente más de financiación pública. La titularidad del suministro hasta los hogares es municipal, pero conviven dos modelos de gestión: el público o el concesionado, que da el control a una empresa privada o a una sociedad mixta público-privada, de gestión compartida. Este último es el modelo que se ha seguido, por ejemplo, en el área metropolitana de Barcelona, cuando el año pasado Agbar y el Gobierno metropolitano sellaron una alianza para alargar las concesiones de agua de Agbar en 23 municipios de su influencia.

París y Berlín son las capitales europeas de la remunicipalización

Solo esa reprivatización afecta a casi tres millones de personas. En España, en el último par de años, se ha producido una docena de casos de municipios que han decidido asumir por completo el abastecimiento del agua. Algunos otros se lo plantean o, incluso, han iniciado las tramitaciones necesarias para hacerlo efectivo. El proceso es lento: las remunicipalizaciones ejecutadas este año afectan a algo menos de 150.000 consumidores.
El gran pero que pesa en España reside en el tipo de municipios que se ha subido a ese carro. Son todos de pequeñas dimensiones, nada que ver con los dos grandes ejemplos europeos en un proceso que ha ganado fuerza mediante plataformas ciudadanas y que no sabe de colores políticos, como sí ocurre en el caso español. El Ayuntamiento de París dio en 2008 portazo a dos grandes multinacionales de capital francés (Suez y Veolia) para recuperar Eau du Paris, y el de Berlín tomó una vía parecida en noviembre pasado para recobrar la Berlin WasserBetrieb. El problema del caso alemán es y será su alto coste. La Administración berlinesa deberá recomprar el 49,1% de las acciones que vendió de su compañía de suministro en 1999. El precio: 590 millones de euros que se embolsará Veolia y otros 650 millones que irán a parar a RWE.
“Para remunicipalizar ha de existir un compromiso político y, a partir de ahí, lograr un acuerdo para expulsar al operador privado”, señalaba Emilio Pachón, el gerente de Aguas del Huesna, en unas jornadas sobre remunicipalización del agua organizadas en Barcelona el pasado 26 de noviembre por la plataforma Agua es Vida y la alianza global Reclaiming Public Water.
En la sociedad Aguas del Huesna se encuentra quizá el origen del movimiento remunicipalizador en España. Son 17 municipios sevillanos, con unos 300.000 habitantes en su conjunto, que decidieron dar marcha atrás en el proceso privatizador que se les había planteado para asegurarse el suministro del agua en 1994. Aquella privatización acabó en un mejunje de sobrecostes en las inversiones proyectadas y de incumplimientos que en 2007 derivó en un expediente de rescate de la concesión y en la puesta en marcha de una empresa pública que se encarga de abastecer agua a esos municipios. El mayor tiene 50.000 habitantes; el menor, apenas 300.
Asumir el servicio requiere fuertes inversiones en mantenimiento
David McDonald, uno de los autores de Remunicipalización: El retorno del agua a manos públicas (Transnational Institute, 2013), señala que la vuelta del suministro del agua a manos públicas puede tener diversas motivaciones. En ocasiones fracasa la misma empresa concesionaria, incapaz de asumir las condiciones de su contrato. En otras son los municipios los que acaban entendiendo que la explotación de un servicio público genera beneficios para una empresa privada y, por tanto, más costes en la factura para el ciudadano que podrían evitarse. “Muchos alcaldes dijeron que era necesario reducir la deuda e, incluso, que la gestión privada era más eficiente, pero el resultado ha sido que los precios son más altos y que los beneficios son para las empresas”, resume sobre la situación actual Christa Hecht, de la Asociación de Operadores Públicos de Alemania.
En el caso de Medina Sidonia, otro municipio gaditano que en 2003 decidió crear su propia empresa pública —Aguas de Medina— para gestionar el abastecimiento del agua, el factor precio fue importante. Pero el gerente de AEOPAS, Luis Babiano, también asegura que, desde que se recuperó la gestión pública, en el municipio no ha habido cortes de agua, ni siquiera con la irrupción de la crisis económica. La propia página web de la empresa Aguas de Medina señala que la decisión de remunicipalizar “fue tomada con una firme voluntad de mejora del servicio en todos sus aspectos, así como de repercutir directamente los beneficios generados en el municipio”.
Algo parecido sucedió en Eau de Paris cuando se optó por la gestión pública. Su gerente, Bruno Inguyen, asegura que la gestión pública sin reparto de dividendos y con un mayor control de las inversiones supone ahorrar 35 millones de euros al año y ha permitido rebajar la tarifa del agua un 8% en un par de años, además de duplicar el fondo de solidaridad para los más pobres, los que no pueden pagar la factura.
La rebaja de la tarifa es también uno de los argumentos utilizados por las tres pedanías que han decidido excluirse del contrato del agua de Jerez de la Frontera que se quedó Aqualia, del grupo FCC, en abril pasado. Sus 4.000 familias pagarán un precio más bajo que el resto del municipio al sumarse al proyecto de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz. Según Paco López, de la Coordinadora del Agua de Jerez, esa diferencia tarifaria alcanzará el 30%. “Tenemos motivos de todo tipo para apostar por este modelo, pero sobre todo porque no hemos encontrado aún una ciudad en España con el agua privatizada en la que estén contentos”, señala.
Manacor recuperó la gestión por los altos niveles de nitratos detectados
Pero McDonald subraya que el ahorro y la eficiencia del servicio público no deben ser los únicos factores a la hora de decidir la reversión de una concesión. Él también sazona su discurso remunicipalizador con conceptos como “equidad”, “solidaridad pública” e incluso “democratización” de la gestión pública, en la que deben participar plataformas ciudadanas. Es decir, tener en cuenta a los más necesitados y acercar la gestión del agua a la sociedad.
Alfons Molons es el presidente de Aigües d’Arenys, una empresa pública de Arenys de Munt (Barcelona) que dejó de ser privada en 2011. En su opinión, remunicipalizar no tiene que significar bajar tarifas, “porque la gente debe saber lo que cuesta el agua”. “De hecho”, señala, “no pagamos tanto por el agua que consumimos sino por tener la seguridad de abrir el grifo y saber que nos va a salir agua”. Pese a ese discurso, la compañía ha introducido innovaciones sociales en la tarificación del agua para beneficiar a las familias —se tiene en cuenta el número de miembros de un hogar en el tramo más bajo— y castigar los consumos domésticos poco sostenibles.
Molons evita criticar a Sorea (del grupo Agbar), la empresa que se encargaba del suministro del agua en su ciudad y que ahora reclama al Ayuntamiento 600.000 euros en concepto de inversiones que la compañía dice haber hecho y que una auditoría de la Diputación de Barcelona, en cambio, niega que el Consistorio deba pagar. El caso está en los tribunales y amenaza a un municipio de apenas 8.000 habitantes y un presupuesto de algo más de seis millones de euros.
Hasta ahora, las privatizaciones han tenido un claro objetivo: la financiación extraordinaria que consiguen con ello las Administraciones y restar gasto corriente a sus partidas presupuestarias. En esos mismos argumentos se encuentran ahora los problemas para desprivatizar la gestión del agua, con las arcas municipales padeciendo la crisis con una reducción de ingresos. “El rescate se puede pedir, pero implica devolver la cantidad del canon concesional e incluso pagar una indemnización por lucro cesante. Y eso lo hace imposible”, señala el secretario general de AEOPAS. Además, los municipios que opten por esta vía tendrán que asumir importantes inversiones en el mantenimiento de la red.
Tres pedanías jerezanas defienden que conseguirán recibos más baratos
“Además, las concesiones se hacen a 20 o 30 años vista, lo que encarece todavía más cualquier proceso”, explica Albert Testart, gerente del Consorcio para la Gestión de Aguas de Cataluña (Congiac), una plataforma de carácter público que asesora en temas hídricos e incluso asume la gestión del suministro de aquellos municipios que se lo solicitan. Testart explica que muchos Ayuntamientos son tan conscientes de la imposibilidad de rescatar concesiones de agua que lo único que reclaman es “una guía para controlar a la empresa concesionaria, ya que la opacidad es total”.
“Nosotros propusimos en 1997 que se municipalizara el agua en Manacor después de años reclamando que se publicara el pliego de condiciones del concurso”, explica Manel Carmona, coordinador general de Esquerra Unida en Baleares. A partir del momento en el que este fue público, se pudo empezar a controlar la concesión.
“En España no tenemos apenas regulación, no hay controladores, existe oscurantismo…”, enumera los contras de la privatización Jaime Morell, quien cree tener las claves para facilitar una reforma contraprivatizadora. “Se tiene que legislar para que lo que se ingresa por agua vuelva en forma de inversiones al agua y para que se pueda ver fácilmente en el recibo qué cantidad de lo que se paga se va directamente a la empresa concesionaria y no al servicio”. Agua es Vida, una plataforma formada por asociaciones vecinales y ecologistas de Cataluña, ha analizado recientemente los gastos de Agbar y ha llegado a la conclusión de que el 56% del coste de la factura en 23 municipios de Barcelona no tiene que ver con el servicio del agua per se, sino con partidas vinculadas a créditos, impuestos, publicidad y beneficios (de Agbar y de sus proveedores), entre otros.
Morell insiste en que “lo que no puede ser es que una empresa, pública o no, destine recursos de un derecho humano como es el agua a otros servicios”. Es un punto de vista que comparte el gerente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, quien defiende que cualquier modelo de gestión es válido e incluso apuesta por la convivencia, pero lamenta “la perversión del modelo” de que se cobren concesiones o cánones para la depuración del agua y que, en cambio, ese dinero acabe desviado para otros fines.
McDonald advertía en noviembre que el marchamo de empresa pública tampoco garantiza nada en cuanto a calidad. “No por ser público funciona todo bien”, indicaba, para acabar criticando a aquellas empresas dependientes de la Administración que, al final, actúan como una compañía privada más. “Esas que se van a América Latina o a África en busca de concursos para conseguir beneficios y que actúan como privadas en el extranjero”, decía.

Binner y Pino reiteraron que nunca harán un frente con Macri

El socialista y el cineasta salieron al cruce de Cobos, quien ayer planteó un acuerdo con el PRO.
Hermes Binner y Fernando “Pino” Solanas rechazaron un acuerdo con Mauricio Macri, promovido ayer con Julio Cobos.

“No tenemos nada particular en contra de PRO. Sí creemos que nuestro frente tiene una fortaleza ligada al pensamiento y a la ideología que nos integra.”, se diferenció Binner, en diálogo con La Nación.

“A las Paso vamos con los ocho partidos que integran el frente. Vamos a pensar en la primera vuelta, en cómo hacemos para transitar el tiempo desde hoy hasta la primera vuelta, porque hay situaciones económicas y sociales muy graves”, advirtió.
Cobos dijo ayer que “están las condiciones dadas” para acordar con el PRO, a días de la presentación formal de Unen.
Aislado de la UCR, el mendocino empezó el año reuniéndose con Fernando “Pino” Solanas, quien venía furioso con el resto del las fuerzas de Unen porque no lo tuvieron en cuenta en los actos de fin de año.
Pero ahora Pino encontró un punto en común con Binner: el repudio a cualquier sintonía con Macri.
“No compartimos las mismas posiciones. Nuestro frente se ubica en la centroizquierda”, diferenció.
“Si entrara Macri a este espacio, giraría a la centroderecha. Un disparate. No estoy de acuerdo con traicionar el mandato de quienes me votaron. Sería una grosera traición a los votantes”, afirmó a La Nación.

El potencial de Axel Kicillof en el #votojoven



La marca política Axel Kicillof esta dotada de atributos interesantes que la vuelven potente sobre todo en los micro segmentos jóvenes. Autenticidad, o es careta,  un estilo directo, agresivo, disruptivo y despojado de impostura y artificios. Se viste en forma informal, va a la cumbre de ministros de economía sin corbata, en el Senado se presenta con pullover y zapatillas, se fotografía comprando verduras en su barrio con pantalon corto, y lo más interesante es que nada de esto da artificial.
Su discurso es simple y sofisticado, aunque a veces poco claro, le hace falta horizontalidad y mediatización para ser comprendido por todos los sectores.
Su posicionamiento es difuso, heterogeneo y no tiene despliegue estratégico  por ahora.
Su naming necesita trabajo.
Su identidad tiene de base fundamentals fuertes, Keynesiano, estudioso del marxismo, judío, profesor, brillante, tiene un potencial enorme en los centros urbanos.
Es joven,  fachero, linda familia, voz joven, kinesia muy visual, alta gestualidad.
Su personalidad es potente, de carácter fuerte, proactivo, peleador, le falta un poco de manejo de las distancias en el combate, pega bien pero baja la guardia y a veces no responde en el golpe por  golpe.
La potencialidad de construir anclajes visuales, auditvos y cenestésicos, con la marca AK está dada por  visualidad intensa, el discurso multitonal y la gama de cenestésis, se enoja, se rie, se va, vuelve, ataca.
AK es unplugged, y eso funciona muy bien en el #votojoven, aspiracionalmente le hace sentir a todo joven que el puede llegar a la cumbre.
El potencial de AK en el #votojoven es enorme, mayor a la de cualquier otro político de cualquier espacio, lo que no implica que ese potencial se vaya a traducir en el territorio en forma automática, es más, si no se hace nada el segmento jóven le será adverso, porque hace falta resignificar las variables constitutivas de su marca política.




¿Puede Kicillof proyectarse políticamente?
  • Lo conoce el 79 % en la zona metropolitana;
  • Su marca política no registra desarrollo, está todo por hacerse
  • Su imagen es más alta en el nivel socioeconómico medio alto (24 %);
  • El sector popular es el que menos lo conoce,
  • En materia de edad, hoy, sin trabajo en el #votojoven lo aprecian más los de 30 a 44 años y los mayores de 60;
  • En el  segmento donde tiene un balance altamente favorable es entre los votantes a CFK 2011, .
Más allá de su imagen:
  • Dependerá de la marcha de la economía en los próximos 12 meses
  • Empleo y consumo
  • Apoyo del kirchnerismo
  • El futuro de los precios y e; poder de fuego del salario
  • Arquitectura de su marca política
  • Precios cuidados, desarrollo y upgrade
  • Negociaciones y juego internacional de AK
  • Desarrollo estratégico en el #votojoven 16-34
  • Despliegue de propuestas de institucionalización de demandas de los segmentos jóvenes
  • Poscionamiento en el clima de época: cambio orientado a sostener pisos de la última década, profundizar, mejorar y cambiar.


Fantino le pegó al massismo por privatizar el espacio público de Tigre

El conductor se despachó en su programa de radio contra los controles de la seguridad privada para cruzar una calle en el barrio que queda en territorio massista. "Me pararon yendo por un camino que va a Bancalari y me tuvieron ahí 18 minutos", se quejó.

"Por un lado está bien, puede ser un control, pero también puede ser un descontrol", admitió Alejandro Fantino sobre el momento que debió pasar ante un control de seguridad privada en una arteria pública de Nordelta, ubicado en Tigre y construido en tiempos de Sergio Massa como intendente.

El conductor definió a la seguridad del barrio como "piqueteros de Nordelta, y lo digo siendo propietario de un terreno, no vivo allí pero tengo un terreno, lo vendo y me voy eh, no me muero por vivir ahí", espetó Fantino al aire en su programa de radio La Red.

Fantino contó que se peleó con quienes le pidieron documentos para pasar por "un camino troncal como el que va a Bancalari". Y detalló que una mujer de control "me tuvo 18 minutos sentado, hasta que vino el encargado de seguridad y le dije que me levante la barrera".

Rossi: "El FpV va a dirimir sus candidaturas en primarias y va a ganar en 2015 para continuar el Proyecto Nacional"

El Ministro de Defensa habló con QM Noticias del escenario político hacia el interior del oficialismo. Además, volvió a cuestionar el pedido de Scioli para incoporar las Fuerzas Armadas en cuestiones de Seguridad Interior: "Los que plantean eso lo hacen porque es una respuesta fácil. A veces piden a Gendarmería otras veces a las FFAA, sólo les falta pedir Boy Scouts"


El Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, ratificó que “el Frente para la Victoria va a ganar en 2015” para –dijo- “continuar el proyecto iniciado en 2003”, y celebró la irrupción de muchos aspirantes dentro del oficialismo para suceder a Cristina Fernández de Kirchner porque “eso indica que hay una cantidad de dirigentes, que ven esa potencialidad de ganar las elecciones”.
“Yo creo que el oficialismo va a ganar en 2015. Vamos a llegar con una potencialidad electoral importante: haremos una muy buena elección, y vamos a continuar el proyecto iniciado en 2003”, aseguró Agustín Rossi.
En declaraciones al programa “Notas Verdadera”, que conduce Nora Veiras por QM Noticias, el ex titular del bloque de Diputados nacionales del oficialismo aseguró, además, que las aspiraciones electorales dentro del espacio se dirimirán “en las primarias”, y celebró la irrupción de varios candidatos porque –dijo- “es un buen síntoma. Los problemas en los espacios políticos, es cuando nadie quiere ser candidato porque no están seguros de ganar las elecciones. La irrupción de muchas dirigentes con aspiraciones de postularse dentro de una fuerza, indica que ven claramente la potencialidad de ganar”.
En ese sentido, Rossi aclaró que “lo único incuestionable, en el Frente para la Victoria, es el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner”, y aunque admitió que su imposibilidad constitucional de presentarse a un nuevo mandato los pone “en desventaja” frente a la oposición (por no poder anotar en la grilla “a nuestra principal candidata”), vamos a ganar las elecciones”.
“El único liderazgo dentro del FpV es de Cristina Fernández de Kirchner, todos los demás, son representaciones parciales” dentro del oficialismo, aclaró.
Y aunque no definió su candidatura personal porque –dijo- “todavía falta mucho tiempo para el 2015”, no la descartó después de “dialogar con dirigentes, compañeros y militantes” de su espacio.
“La política es una construcción colectiva que no alcanza con una decisión personal, sino que hay que ver qué piensan aquellos con los que uno tiene una mirada común”, aseguró Rossi.
Las Fuerzas Armadas en la Seguridad Interior
En otro tramo de la entrevista con Nora Veiras, el funcionario ratificó su posición contraria a la participación de efectivos de las FFAA en el combate contra la inseguridad, tal como lo reclamó a principios de año el Gobernador bonaerense, Daniel Scioli.
“Lo que no van a hacer (las Fuerzas Armadas) bajo ningún punto de vista, porque lo tienen taxativamente prohibido, es actuar en cualquier tarea que tenga que ver con la seguridad interior, como el combate contra la criminalidad común o contra el crimen organizado”, aseguró Rossi, tras lo cual sentenció: “no van a hacer ni vigilancia, ni ningún tipo de controles” en ese sentido.
El Ministro de Defensa aclaró que más allá de que ese tipo de accionar está prohibido, “la participación de las Fuerzas Armadas en el combate, por ejemplo, contra el narcotráfico, no mejora la situación. Al contrario: en algunos países que las utilizan ha empeorado, y en algunos otros hay debates donde van retrocediendo en la utilización de esa fuerza con ese fin”.
En ese marco, ratificó que “yo no comparto la opinión” de Daniel Scioli en ese sentido, al referirse a los dichos del mandatario provincial cuando reclamó “en algún momento” rediscutir “el rol de las Fuerzas Armadas” contra un tema de Seguridad Interior, como el Narcotráfico. “Yo no comparto esa opinión, me parece que no nos va a llevar a un buen lugar. Hay ejemplo de países que funcionan así, y lo demuestran”, explicó Rossi.
“La Argentina tiene lo que muchos países no tienen, que son fuerzas Intermedias como Gendarmería; Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Yo creo que con esa multiplicidad de agencias de seguridad, existe una buena cantidad de herramientas para dar combate al delito narco”, aseguró.
Y aunque evitó mencionar a Daniel Scioli en su reacción contra el planteo de sumar a las Fuerzas Armadas en temas de Seguridad Interior, fue categórico en su contra: “los que plantean a veces incluir a las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Interior, me parece que lo hacen porque es una respuesta fácil”.
“A veces piden a la Gendarmería, otras a las Fuerzas Armadas, sólo les falta pedir a los Boy Scouts”, ironizó Rossi.
Polémica por el Jefe del Ejército Milani
Rossi, también se refirió a la polémica en torno a la designación de Milani al frente del Ejército, contra quién llueven críticas desde la oposición e, incluso, desde organismos con buena relación con el Gobierno Nacional, por su participación durante la época de la Dictadura Militar.
En ese sentido, remarcó que hasta que fue designado al frente del Ejército, “era el segundo en la Fuerza, y había superado tres ascensos en el Senado Nacional, sin ningún tipo de cuestionamiento” hacia su pasado.
“Entiendo que hay distinto tipos de críticas, algunas que me merecen respeto de parte de organismos y dirigentes con los que coincido en el 95% de los temas, y en este caso tengo diferencias, y otras que claramente tienen intencionalidad política”.
En estas últimas, incluyó a “dirigentes del radicalismo” a quienes les recordó que “en la época de Alfonsín”, ese partido tuvo “Jefes del Estado Mayor, algunos de los cuales están procesados y otros presos”.

Oscar Aguad:"totalmente de acuerdo" con un pacto electoral con el PRO para 2015

Se pronunció en línea con Cobos, quien planteó ayer que "hoy están dadas las condiciones" para lograr un pacto electoral entre el Frente Amplio Unen y el PRO, de cara al 2015

El diputado radical Oscar Aguad respaldó hoy la posibilidad de alcanzar un acuerdo electoral con el PRO que conduce Mauricio Macri al afirmar que "no sólo están dadas las condiciones sino también las necesidades de la sociedad".
"Si nosotros interpretamos lo que la sociedad está necesitando, ese acuerdo es inevitable", remarcó el dirigente radical en declaraciones a la agencia DyN. Aguad se pronunció en línea con el diputado Julio Cobos, quien planteó a esta agencia que "hoy están dadas las condiciones" para lograr un pacto electoral entre el Frente Amplio Unen y el PRO, de cara al 2015 .
"Estoy totalmente de acuerdo", subrayó Aguad y planteó: "No sólo están dadas las condiciones sino también las necesidades de la sociedad. Si no hay una gran convergencia nacional para derrotar el populismo las cosas van a seguir como hasta ahora".
El diputado por Córdoba manifestó su "optimismo" ante la posibilidad de "construir", pero aclaró que esas gestiones las "tiene que definir el Frente Unen".
Respecto a la negativa de algunos dirigentes como Proyecto Sur de Fernando "Pino" Solanas contra ese acuerdo, Aguad opinó que "el programa vence todas las resistencias".
"Lo que hay que plantear en esos casos es: ¿estamos todos de acuerdo que en cada pueblo argentino tienen que tener una fábrica? Entonces no podemos estar en desacuerdo en nada más".
El diputado radical agregó que "Unen es un puntapié inicial de lo que va a ser una gran convergencia nacional" y advirtió que si no se avanza en ese acuerdo "vamos a demorar el proceso de desarrollo nacional"