Por Ana Vainman
El proyecto de ley presentado por la presidenta pretende regularizar a 650 mil trabajadores en los próximos dos años.
El lunes pasado la presidenta Cristina Fernández envió al
Congreso un proyecto de ley de Promoción del Trabajo Registrado y
Prevención del Fraude Laboral. El texto –que ya está siendo tratado por
las comisiones de Legislación Laboral y Presupuesto del Senado Nacional–
contempla la reducción de contribuciones patronales para microempresas,
medidas de fortalecimiento en la fiscalización y capacidad de
inspección del Estado nacional, además de la creación de una especie de
"lista negra" donde se incluirá a las empresas que violen la legislación
laboral.
El trabajo en negro es uno de los problemas más graves del mundo laboral actual, pero es, además, un dolor de cabeza de la administración kirchnerista desde hace ya varios años. Los funcionarios del Poder Ejecutivo y en especial los del Ministerio de Trabajo comenzaron a mirarse entre ellos con preocupación cuando vieron que, después de una baja significativa en los primeros cinco años de gobierno, el empleo no registrado se había amesetado y desde 2008 no había mostrado reducciones significativas. Otras variables, especialmente la del desempleo, mostraron avances mucho más sustanciales.
Según la Encuesta Permanente de Hogares que elabora el Indec, desde 2003 hasta 2008, la informalidad laboral había bajado del 49,4% de los asalariados al 36,4. El segundo trimestre de 2008 fue la primera vez en la que el índice tocó el 35%, pero a partir de allí la baja se detuvo y los índices fluctuaron entre el 37 y el 33% en el que el trabajo no registrado se encuentra actualmente.
Esto implica que un tercio de la fuerza laboral está en negro. Es decir: más de cuatro millones de trabajadores padece una sustantiva disminución de sus derechos laborales. La presidenta aseguró que con esta batería de instrumentos enviados al Congreso se apuesta a regularizar a 300 mil trabajadores durante el primer año de vigencia y a 650 mil en dos años, lo que permitiría reducir la tasa de informalidad del 33,5 actual al 28 por ciento.
Esos casi cuatro millones y medio de hombres y mujeres que hoy no están registrados cobran menos que los trabajadores en blanco, no perciben asignaciones familiares, aguinaldo, vacaciones pagas o premios. En general, tampoco están asegurados en una ART, por lo que no tienen cobertura ante accidentes laborales, hecho que se agrava según el nivel de peligrosidad que requiera el empleo.
Y este cercenamiento de derechos puede afectar a todos los sectores de la sociedad, pero en general lo sufren los más vulnerables. Los extranjeros sin documentación argentina, los pobres, las mujeres y los jóvenes (en ese orden) son los trabajadores más precarizados.
En el marco del último diálogo social convocado por el gobierno luego de la derrota electoral de las legislativas de 2013 surgieron los lineamientos de este proyecto de ley, en base a aportes de los sectores empresario y sindical. Durante estos meses, un grupo de asesores del Ministerio de Trabajo se avocaron a la redacción del articulado.
Después de sancionar leyes específicas para sectores de extrema vulnerabilidad laboral como los trabajadores rurales, las empleadas domésticas o los talleres textiles, el proyecto que elaboró el Ejecutivo busca modificar la situación en las pymes y microempresas, independientemente del sector de la economía en el que se ubiquen. Es en estos grupos donde se concentra el mayor número de trabajadores en negro del país y donde más difícil es la fiscalización.
El proyecto viene a ampliar el alcance de la Ley 26.476 que fue sancionada en diciembre de 2008 y que ya establecía una reducción de los aportes patronales para quienes contrataran nuevo personal. Aquella ley –conocida como Régimen de regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado, exteriorización y repatriación de capitales– permitía la extensión del período de beneficios para los empleadores mediante un decreto del Poder Ejecutivo, cosa que ocurrió en 2013 y en 2014.
En aquel caso no se hacía mención al tamaño de la empresa que contratara nuevos empleados. Y nunca eximía totalmente al empleador del pago de los aportes patronales. En el nuevo proyecto se apunta especialmente a las pequeñas empresas y si tiene hasta 15 empleados, no pagará aportes durante el primer año y abonará sólo un 25% durante los segundos doce meses.
Uno de los puntos que demoró la salida de proyecto fue la creación de esta suerte de "Veraz" para empresarios, que fue cuestionado por los hombres de empresa, como era de esperarse. El Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) escrachará a quienes tomen trabajadores no registrados o incurran en fraude laboral detectado por el Ministerio de Trabajo, la AFIP, el RENATEA, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y por los organismos provinciales. Los empleadores sancionados permanecerán en el Registro un cierto tiempo en el cual no podrán acceder a determinados beneficios de políticas públicas y realizar algunas operaciones comerciales, y de reincidir en un plazo determinado, perderán beneficios impositivos. Según las propias palabras de la cartera laboral, ese registro "busca aumentar la sanción para quienes contraten empleo irregular y potenciar la condena social" para disuadir el fraude laboral.
Sin embargo, los empresarios también serán beneficiados por esta ley, de aprobarse. Las acciones incluidas en el articulado prevén para el primer año un desembolso de 4150 millones de pesos que beneficiará a los empleadores. Un 65% de ese monto estará destinado a las microempresas.
Ese desembolso lo hará el Estado para que no se desfinancie la ANSES con la pérdida de los aportes patronales que los empleadores no pagarán pero que los trabajadores sí percibirán. En el presente, la ANSES deberá pagarle a esos trabajadores blanqueados asignaciones familiares y otros beneficios y en el futuro, sus jubilaciones.
El Estado deberá responder económicamente por esos empleadores que ya hoy cometen fraude laboral. Pero además, deberá aumentar las fiscalizaciones sustancialmente para garantizar que los trabajadores sean efectivamente blanqueados y se les cumplan los derechos laborales –que incluyen los beneficios de los convenios colectivos según la actividad–. De otro modo, el Estado pagaría en lugar de los empleadores para que ellos sigan violando la ley.
Actualmente, el Ministerio de Trabajo cuenta con un poco más de 400 inspectores y si a esto se suman los que trabajan para la AFIP y para el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) superan por poco los 1000. La ley apunta a regularizar la situación en un universo de 290 mil microempresas. Según las consultas realizadas al Ministerio de Trabajo, en la ley no está previsto que se aumente la planta de inspectores, pero sí sus funciones y su jurisdicción.
La reducción de los aportes y contribuciones ya había sido implementada por el ex minsitro de Economía del menemismo, Domingo Cavallo como medida para fomentar la regularización. Pero la iniciativa no fue efectiva. Tal es así que a fines de la década del '90 la informalidad rondaba el 50% y la rebaja de los aportes aún no fue restablecida.
El propio Carlos Tomada solía repetir que la baja en los aportes patronales no era una buena política, básicamente porque no había funcionado. El titular de la cartera laboral se refería a ese fracaso como el "efecto tijera", porque en el medida en la que bajaban los aportes, subía la informalidad laboral.
Atentos a las ineludibles comparaciones entre una medida y otra, el Ministerio de Trabajo elaboró una respuesta. "(En los '90 se) planteaban rebajas generalizadas y permanentes de cargas laborales para TODOS los empresarios, sin exclusiones, ni restricciones. Y además bajaban el costo del despido", se indicó desde Alem 650.
Y se aseguró: "En cambio, esta política otorga el beneficio siempre y cuando se cumplan con una serie de condiciones, como por ejemplo, el incremento neto de la cantidad de trabajadores de la empresa. Los beneficios de contratación son sólo por dos años (excepto para las microempresas), se privilegia a las pymes, y NO modifica el costo del despido".
El proyecto de ley responde a un intento del Poder Ejecutivo de perforar ese núcleo duro de empleo informal que no ha podido modificarse considerablemente en el último lustro. El intento sin dudas es necesario. Habrá que ver si los resultados son los esperados.
El trabajo en negro es uno de los problemas más graves del mundo laboral actual, pero es, además, un dolor de cabeza de la administración kirchnerista desde hace ya varios años. Los funcionarios del Poder Ejecutivo y en especial los del Ministerio de Trabajo comenzaron a mirarse entre ellos con preocupación cuando vieron que, después de una baja significativa en los primeros cinco años de gobierno, el empleo no registrado se había amesetado y desde 2008 no había mostrado reducciones significativas. Otras variables, especialmente la del desempleo, mostraron avances mucho más sustanciales.
Según la Encuesta Permanente de Hogares que elabora el Indec, desde 2003 hasta 2008, la informalidad laboral había bajado del 49,4% de los asalariados al 36,4. El segundo trimestre de 2008 fue la primera vez en la que el índice tocó el 35%, pero a partir de allí la baja se detuvo y los índices fluctuaron entre el 37 y el 33% en el que el trabajo no registrado se encuentra actualmente.
Esto implica que un tercio de la fuerza laboral está en negro. Es decir: más de cuatro millones de trabajadores padece una sustantiva disminución de sus derechos laborales. La presidenta aseguró que con esta batería de instrumentos enviados al Congreso se apuesta a regularizar a 300 mil trabajadores durante el primer año de vigencia y a 650 mil en dos años, lo que permitiría reducir la tasa de informalidad del 33,5 actual al 28 por ciento.
Esos casi cuatro millones y medio de hombres y mujeres que hoy no están registrados cobran menos que los trabajadores en blanco, no perciben asignaciones familiares, aguinaldo, vacaciones pagas o premios. En general, tampoco están asegurados en una ART, por lo que no tienen cobertura ante accidentes laborales, hecho que se agrava según el nivel de peligrosidad que requiera el empleo.
Y este cercenamiento de derechos puede afectar a todos los sectores de la sociedad, pero en general lo sufren los más vulnerables. Los extranjeros sin documentación argentina, los pobres, las mujeres y los jóvenes (en ese orden) son los trabajadores más precarizados.
En el marco del último diálogo social convocado por el gobierno luego de la derrota electoral de las legislativas de 2013 surgieron los lineamientos de este proyecto de ley, en base a aportes de los sectores empresario y sindical. Durante estos meses, un grupo de asesores del Ministerio de Trabajo se avocaron a la redacción del articulado.
Después de sancionar leyes específicas para sectores de extrema vulnerabilidad laboral como los trabajadores rurales, las empleadas domésticas o los talleres textiles, el proyecto que elaboró el Ejecutivo busca modificar la situación en las pymes y microempresas, independientemente del sector de la economía en el que se ubiquen. Es en estos grupos donde se concentra el mayor número de trabajadores en negro del país y donde más difícil es la fiscalización.
El proyecto viene a ampliar el alcance de la Ley 26.476 que fue sancionada en diciembre de 2008 y que ya establecía una reducción de los aportes patronales para quienes contrataran nuevo personal. Aquella ley –conocida como Régimen de regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado, exteriorización y repatriación de capitales– permitía la extensión del período de beneficios para los empleadores mediante un decreto del Poder Ejecutivo, cosa que ocurrió en 2013 y en 2014.
En aquel caso no se hacía mención al tamaño de la empresa que contratara nuevos empleados. Y nunca eximía totalmente al empleador del pago de los aportes patronales. En el nuevo proyecto se apunta especialmente a las pequeñas empresas y si tiene hasta 15 empleados, no pagará aportes durante el primer año y abonará sólo un 25% durante los segundos doce meses.
Uno de los puntos que demoró la salida de proyecto fue la creación de esta suerte de "Veraz" para empresarios, que fue cuestionado por los hombres de empresa, como era de esperarse. El Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) escrachará a quienes tomen trabajadores no registrados o incurran en fraude laboral detectado por el Ministerio de Trabajo, la AFIP, el RENATEA, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y por los organismos provinciales. Los empleadores sancionados permanecerán en el Registro un cierto tiempo en el cual no podrán acceder a determinados beneficios de políticas públicas y realizar algunas operaciones comerciales, y de reincidir en un plazo determinado, perderán beneficios impositivos. Según las propias palabras de la cartera laboral, ese registro "busca aumentar la sanción para quienes contraten empleo irregular y potenciar la condena social" para disuadir el fraude laboral.
Sin embargo, los empresarios también serán beneficiados por esta ley, de aprobarse. Las acciones incluidas en el articulado prevén para el primer año un desembolso de 4150 millones de pesos que beneficiará a los empleadores. Un 65% de ese monto estará destinado a las microempresas.
Ese desembolso lo hará el Estado para que no se desfinancie la ANSES con la pérdida de los aportes patronales que los empleadores no pagarán pero que los trabajadores sí percibirán. En el presente, la ANSES deberá pagarle a esos trabajadores blanqueados asignaciones familiares y otros beneficios y en el futuro, sus jubilaciones.
El Estado deberá responder económicamente por esos empleadores que ya hoy cometen fraude laboral. Pero además, deberá aumentar las fiscalizaciones sustancialmente para garantizar que los trabajadores sean efectivamente blanqueados y se les cumplan los derechos laborales –que incluyen los beneficios de los convenios colectivos según la actividad–. De otro modo, el Estado pagaría en lugar de los empleadores para que ellos sigan violando la ley.
Actualmente, el Ministerio de Trabajo cuenta con un poco más de 400 inspectores y si a esto se suman los que trabajan para la AFIP y para el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) superan por poco los 1000. La ley apunta a regularizar la situación en un universo de 290 mil microempresas. Según las consultas realizadas al Ministerio de Trabajo, en la ley no está previsto que se aumente la planta de inspectores, pero sí sus funciones y su jurisdicción.
La reducción de los aportes y contribuciones ya había sido implementada por el ex minsitro de Economía del menemismo, Domingo Cavallo como medida para fomentar la regularización. Pero la iniciativa no fue efectiva. Tal es así que a fines de la década del '90 la informalidad rondaba el 50% y la rebaja de los aportes aún no fue restablecida.
El propio Carlos Tomada solía repetir que la baja en los aportes patronales no era una buena política, básicamente porque no había funcionado. El titular de la cartera laboral se refería a ese fracaso como el "efecto tijera", porque en el medida en la que bajaban los aportes, subía la informalidad laboral.
Atentos a las ineludibles comparaciones entre una medida y otra, el Ministerio de Trabajo elaboró una respuesta. "(En los '90 se) planteaban rebajas generalizadas y permanentes de cargas laborales para TODOS los empresarios, sin exclusiones, ni restricciones. Y además bajaban el costo del despido", se indicó desde Alem 650.
Y se aseguró: "En cambio, esta política otorga el beneficio siempre y cuando se cumplan con una serie de condiciones, como por ejemplo, el incremento neto de la cantidad de trabajadores de la empresa. Los beneficios de contratación son sólo por dos años (excepto para las microempresas), se privilegia a las pymes, y NO modifica el costo del despido".
El proyecto de ley responde a un intento del Poder Ejecutivo de perforar ese núcleo duro de empleo informal que no ha podido modificarse considerablemente en el último lustro. El intento sin dudas es necesario. Habrá que ver si los resultados son los esperados.
