El despido de dos funcionarios ligados a la CGT será sólo el inicio de una avanzada del Gobierno contra los promotores de la marcha a Plaza de Mayo del martes.
Mariano Martín
Hugo Moyano, Jorge Triaca y Andrés Rodríguez
Mauricio Macri resolvió confrontar con Hugo Moyano y los protagonistas de la marcha a la Plaza de Mayo del martes. Las hostilidades, que comenzaron dos horas después de la movilización con el desplazamiento de dos funcionarios afines a la CGT, seguirán en áreas sensibles para esos dirigentes como el futuro financiero de la empresa postal OCA, en el caso del camionero, o la distribución de fondos para sus obras sociales, que prometen someter a mayores controles en adelante. Esos gremialistas, prometen en el Ejecutivo, quedarán librados a su suerte también en las causas judiciales que tramitan en su contra.
La ruptura de la alianza con el denominado "Clan del Palco" fue confirmada a este diario en el Gabinete político de Macri. Los funcionarios que lo integran advirtieron que el jefe de Estado trazó una raya entre la dirigencia sindical considerada negociadora y colaborativa y la que protagonizó la marcha: además de Moyano y su hijo mayor, Pablo, integran ese grupo el gastronómico Luis Barrionuevo y el estatal Andrés Rodríguez (UPCN), así como el bancario Sergio Palazzo aunque no subió al escenario de la Plaza de Mayo.
La inclusión de Andrés Rodríguez, habitual interlocutor de excelente vínculo con todas las administraciones, en el grupo beligerante se debió a que el estatal fue el miembro del sector "independiente" que inclinó la balanza a favor de la realización de la movilización en momentos en que los "gordos" de los grandes gremios de servicios intentaban bloquearla. La visión es que los que acompañaron a Moyano buscan convertir a la CGT en "la novia del peronismo" para posicionarse como eje de poder tras las elecciones de octubre.
Con esa lógica, el Gobierno se propuso construir una suerte de transversalidad sindical: más allá de los grupos de pertenencia históricos dentro de la CGT los funcionarios distinguirán entre dirigentes con los que seguirá el diálogo de aquellos con los que se cortará todo vínculo. No será, en ese sentido, una conflagración contra todo el movimiento obrero y tampoco con la central sindical en sentido amplio sino con dirigentes puntuales.
Hasta ayer parecía que el Ejecutivo había encapsulado las represalias por la marcha en Barrionuevo, con el desplazamiento del ahora exviceministro de Trabajo Ezequiel Sabor, y en José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) por la salida simultánea de Luis Scervino de la Superintendencia de Servicios de Salud. En la primera línea del Gabinete se ocuparon de aclarar que la escaramuza, lejos de quedar acotada a esas renuncias, se expandirá a otras áreas tanto de la competencia formal del Gobierno como también en aquellas con influencia indirecta como la Justicia federal de Comodoro Py.
El ejemplo más inmediato es el de OCA. La firma postal, que semanas atrás volvió al mando de su dueño formal, Patricio Farcuh, es la mayor empleadora individual del sector privado para el gremio de Camioneros. Más de siete mil empleos directos y otros 5.000 indirectos representan para la familia Moyano un eje de preocupación constante y motivo suficiente para que a fin de año el propio jefe sindical encabezara la toma del control de facto por varios meses para intentar un saneamiento.
A pesar que desde entonces y con la vuelta de Farcuh la compañía mantuvo su operatoria está pendiente un cauce de solución para una deuda impositiva que en el Ejecutivo elevan a 5 mil millones de pesos, y que depende de un eventual acuerdo al máximo nivel con las autoridades de la AFIP. El mensaje que bajó de la Casa Rosada fue que no habrá ayuda alguna para esa empresa como represalia a la decisión de Moyano rivalizar con Macri. Pero no pasa sólo por OCA la advertencia oficial: recuerdan los funcionarios que el camionero y su entorno todavía figuran en causas penales que tramitan en Comodoro Py y que hasta ahora permanecían adormecidas, un clásico del fuero federal cuando se trata del manejo de los tiempos políticos. En estricta reserva desde el oficialismo avisaron que en lo que a ellos respecta, esos jueces volverán a ser "librepensadores".
Este escenario les había sido advertido a los dirigentes de cada grupo de la CGT en las semanas anteriores. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se había reunido con todos los sectores para disuadirlos de realizar la marcha y proponerles una nueva mesa de negociaciones y una agenda común. Producto de ese raid o por convencimiento propio- varios gremialistas se ausentaron de la marcha o bien la siguieron desde sus respectivas columnas, lejos del palco, como reflejó este diario. Fueron los casos del triunviro Héctor Daer (Sanidad), el metalúrgico Antonio Caló, el mercantil Armando Cavalieri o el albañil Gerardo Martínez.
Para el Gobierno esos dirigentes quedarán a salvo de la metralla política que será lanzada en los próximos días. También serán exentos de represalias los sindicatos que integran las 62 Organizaciones y que almorzaron con Triaca el mismo día de la marcha, los gremios de la energía reunidos en la Catheda y los del Movimiento de Acción Sindical (MASA) que orientan el taxista Omar Viviani y el ferroviario Sergio Sasia. También, los transportistas Roberto Fernández (colectiveros, UTA) y Omar Maturano (La Fraternidad).
Tras la movilización y los desplazamientos de ayer el siguiente tablero será la CGT con la definición interna del plan de lucha que anunció desde el palco el triunviro Juan Carlos Schmid, con apoyo del moyanismo. Los "gordos" advirtieron ayer que no será fácil para ese sector imponer el llamado al Comité Central Confederal previsto para el 25 de septiembre y mucho menos la convocatoria a un paro nacional en esa instancia, como advirtió Schmid.
La presidenta Michelle Bachelet enviará al Congreso el lunes el proyecto de Matrimonio Igualitario e impulsará el de Identidad de Género, estancado en una comisión de la Cámara Baja.
Donald Trump aparece sobre el escenario en Phoenix, el martes. 
Portada del último número de 'Charlie Hebdo'. 
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Ezequiel Sabor ocupaba el cargo de viceministro de Trabajo 
Donald Trump sube al Air Force One para volar a Arizona, el martes.
Pablo Iglesias, en primer plano y entre Xavier Domènech e Irene Montero, el pasado julio en el Congreso. 
