Nueva estrategia de Netflix: probar hasta rebotar

Cómo hace la plataforma para seguir ofreciendo propuestas interesantes sin perder popularidad
Netflix.

Prendés la tele, mirás los nuevos títulos de Netflix . Decidís darle una chance a esa sitcom recién estrenada, a la nueva propuestas de los superhéroes o al dramón pesado porque ves caras conocidas, alguna actriz o actor que ya seguías en otra serie o que te gustó en su momento. Empezás, pero no resulta como esperabas. Sin embargo, estás a media temporada y no sabés qué si seguir o abandonar. Bienvenidos al dilema del televidente asiduo y en busca de entretenimiento: sobreabundancia de series de mediana a baja calidad, que no terminan de fracasar y a las que hasta es posible habituarse a ver.

Es sabido que estamos en una llamada "era dorada de la TV", sin embargo, no todos los contenidos logran brillar, y de hecho, tanto consumidores como críticos especializados señalan la dificultad para discernir productos de buena calidad con tanto "relleno" televisivo. Así, ante la avalancha de contenidos y la escasa atención del televidente medio, no todos los shows triunfan. Sin embargo, la nueva estrategia de Netflix -que no revela sus ratings ni sus números- parece ser tener una programación original que se mantenga en un promedio de calidad, sin destacar o traer ideas innovadoras a la mesa, pero tampoco fallar rotundamente.

Lo que es más, uno podría suponer que son estos shows (algunos de más bajo presupuesto que otros) que cultivan audiencias de nicho lo que sostienen la producción de otras apuestas más arriesgadas -creativamente hablando- que la plataforma se permite hacer. O como se explica en una interesante columna reciente de Salon.com: lo que Netflix se ahorra en cancelar series (de alto presupuesto) es recirculado como parte de la inversión que hace en nuevo contenido, que no siempre será bueno, de hecho en su mayoría será mediocre con unas pocas joyitas que destaquen. Es decir, por cada Stranger Things o GLOWhabrá varios Bloodline o The Get Down, y es probable que tenga que ser así para que el delicado ecosistema de la pantalla chica funcione. Al menos por ahora.
¿Una nueva fórmula?
Sobreabundancia de propuestas... qué ver cuando no sé qué quiero.

Apelando a los cambios en el consumo con la introducción del on demand y streaming, nuestra paciencia limitada para asimilar nuevos contenidos por un lado, pero con el posible gancho que significan rostros conocidos, directores de renombre o grandes producciones en el mindstet del televidente por otro, Netflix juega con una estrategia de prueba y error: cuánto tiempo estamos dispuesto a soportar un programa que sabemos que no es tan bueno. Eso si los costos de producción de cada proyecto no terminan por hacerlo colapsar solo. Descontando los casos en los que los costos se vuelven un problema, haciendo que ciertas series terminen antes de lo previsto (Sense8 y The Get Down) , existe todo un rango que productos que tienen una sobrevida mayor de la que deberían.

Desde la muy discutida Flaked, a shows recientes sin mucho éxito como Santa Clarita Diet o la cancelada Gypsy, e incluyendo una nueva camada de productos como Friends from college, Atypical o hasta el nuevo hit silencioso Ozarks, la clave para Netflix está en temporadas acotadas, económicas y "no tan malas". En lo posible apostando a elencos familiares pero no de superestrellas que no rinden (el caso Drew Barrymore o Naomi Watts en los primeros dos ejemplos mencionados) y con veteranos de la industria en rubros clave como dirección o guión. El caso de la comedia Friends from college y el drama Ozarks son dos buenos exponentes de esta nueva manera de diseñar contenidos.

#Votojoven: tribu y legitimación de demandas

Por Rubén Weinsteiner

Roberto Brito Lemus plantea que la juventud, comienza cuando se desarrolla la capacidad de reproducir la especie humana, y termina cuando se desarrolla la capacidad de reproducir el orden social.

Se es joven mientras se cuestiona, contesta y demanda cambios y se evita reproducir el orden social tal cual está planteado. Cuando se evita “transar”.

La demanda más clara de los diferentes sub segmentos que componen el voto joven, tiene que ver con la institucionalización de soluciones desde la política, a problemas colectivos de carácter tribal de los jóvenes.

El abordaje de estas demandas, conlleva una legitimación implícita y demandada de valores, sentimientos, necesidades, deseos y aspiraciones, colectivas y tribales. Esa legitimación es el corazón de la demanda del segmento. Ser escuchado, reconocido el problema, y reconocido el carácter colectivo y la tribalidad de la demanda.

El discurso político tradicional, que intenta interpelar al segmento joven, lo hace desde el paradigma individual introspectivo y adulto, frente al paradigma comunicacional colectivo de referencia externa y tribal, desde donde el segmento 16-30 escucha y construye su sistema de preferencias.

El reconocimiento y la identificación con la tribu en tanto colectivo, ante el problema por parte del discurso político, es el eje de la racionalidad instrumental del voto joven. Para el joven, identificación es amor, para los adultos identificación, es solo empatía.

Todo discurso plantea dos niveles a tener en cuenta: el de los contenidos y el relacional. El primer nivel debe apuntar a la institucionalización de soluciones para problemas específicos, el segundo nivel a establecer un vínculo de reconocimiento y valoración hacia el colectivo, donde el joven se encuentra inserto, y desde donde demanda esos cambios y soluciones.

Para que la comunicación con el segmento joven sea esencialmente persuasiva y técnicamente informativa, y no al revés, debe tener en cuenta que es más importante lo que dicen otros jóvenes, dentro o fuera de la tribu, por afirmación o por negación, que lo que dicen los padres o los políticos. Si los jóvenes cumplen con lo que está bien para los padres, incumplen con lo que está bien para los pares y la tribu, y viceversa. “No tomes, no entables relación con gente peligrosa, estudiá mucho, acóstate temprano, no te quedes hasta cualquier hora en la computadora” consejos sobre la vida sexual, las relaciones, el trabajo y finalmente la política.

En la mayoría de los casos donde las consecuencias no revisten inmediatez , amenaza o peligro, la tensión padres-tribu, se salda a favor de la tribu, por el peso del colectivo a la hora de la aprobación y legitimación social.

La ocupación del imaginario por parte del joven, en tanto integrante de un colectivo, una tribu, con sus leyes, códigos y marcos transaccionales, es una precondición de cualquier construcción discursiva, políticamente significativa, para la interpelación y colonización de subjetividades dentro del segmento 16-30.

Rubén Weinsteiner

Los flujos financieros ilícitos y el mundo offshore están perjudicando desproporcionadamente a los países en desarrollo

La falta de democracia en el orden financiero internacional


Por Neeti Biyani

Los «Paradise Papers», «Panamá Papers», «Lux Leaks» y «Swiss Leaks» han presentado datos insólitos sobre el turbio funcionamiento de las jurisdicciones secretas, la opacidad financiera y los facilitadores de flujos financieros ilícitos (FFI). Por ejemplo, los «Panamá Papers» revelaron cómo una empresa con sede en Jersey utilizó servicios offshore en un esfuerzo por evitar el pago de 400 millones de dólares estadounidenses en impuestos a Uganda. Ese monto es superior al que el gobierno de Uganda gasta en atención médica cada año.


Estas filtraciones han demostrado que los FFI representan una enorme amenaza para el desarrollo, la equidad y la justicia a escala mundial, y son uno de los máximos desafíos de nuestro tiempo. Los FFI se generan a partir de una gama de actividades, que incluyen la evasión y elusión fiscal por parte de empresas transnacionales y de la elite global, la apropiación indebida de activos estatales y el lavado de dinero producto de actividades delictivas, y causan pérdidas a los países en desarrollo (según un cálculo conservador) de entre 1 billón y 1,6 billones de dólares por año. Es ampliamente reconocido que los FFI son corrosivos para la legitimidad y la capacidad de actuar del Estado, ya que los países pierden cientos de miles de millones de dólares cada año.


Socavar los esfuerzos redistributivos


El sombrío mundo de las finanzas ilícitas recibe ayuda sistemática de una compleja red de paraísos fiscales y jurisdicciones donde rige el secreto. Los paraísos fiscales son países, o incluso regiones dentro de algunos países, que proporcionan una vía de escape a la tributación, una buena protección del secreto financiero y la posibilidad de eludir completamente leyes y regulaciones penales. Una industria encargada de facilitar la circulación de FFI, que incluye bancos, empresas de auditoría, estudios de abogados y proveedores de servicios offshore, ayuda a las empresas transnacionales y a los ricos a enriquecerse no mediante una mayor actividad económica, sino evitando pagar los impuestos que les corresponden en las jurisdicciones donde operan y crean valor.


Los paraísos fiscales fomentan la evasión y elusión de impuestos a escala industrial, la corrupción y la delincuencia con consecuencias severas para la materialización de los derechos humanos para la mayoría de la población mundial, especialmente en los países en desarrollo. Las estimaciones sugieren que las empresas transnacionales y la elite tienen aproximadamente 11,5% del PIB mundial (8,7 billones de dólares) en paraísos fiscales; y que, hacia 2010, entre 10% y 15%, o sea entre 21 y 32 billones de dólares, de los activos financieros privados se habían invertido en o a través de paraísos fiscales. Los paraísos fiscales permiten prerrogativas a la riqueza que afectan desproporcionadamente la soberanía del Estado, la política gubernamental, los entornos regulatorios y los sistemas impositivos en las regiones en desarrollo.


Los FFI, junto con los paraísos fiscales, agotan los ingresos de los gobiernos, socavan la materialización de los derechos humanos y subvierten la soberanía nacional. Los FFI obstaculizan la formación de capital nacional e impactan en el crecimiento orgánico, tienen importantes efectos inhibidores de la inversión privada y generan un creciente endeudamiento y una mayor dependencia de la ayuda externa. Debido al debilitamiento de los ingresos del Estado, los gobiernos se ven obligados a introducir impuestos regresivos e indirectos sobre el consumo, que terminan perjudicando desproporcionadamente a las personas vulnerables y a las mujeres. Las estructuras impositivas regresivas limitan la redistribución a la que apuntan los programas sociales, ya que terminan siendo financiados por las mismas personas a las que se proponen beneficiar. Existen vínculos indiscutibles entre los FFI y la persistencia de la pobreza y las desigualdades transversales. Los flujos financieros ilícitos obstaculizan el desarrollo humano a través de su impacto en las instituciones políticas, la cohesión social, la moral pública y los sistemas impositivos.


FFI: un símbolo del neocolonialismo


Debe enfatizarse que los FFI, la compleja red de paraísos fiscales y las jurisdicciones en las que el secreto facilita los FFI, y la pobreza y la desigualdad resultantes, no son algo inevitable. Los paraísos fiscales son, de hecho, un símbolo evidente y un producto sistémico del neocolonialismo. Cuando las colonias obtuvieron la independencia, sus amos coloniales tuvieron que idear formas alternativas para que la riqueza de otros países continuase fluyendo a las capitales financieras de los países desarrollados. Por lo tanto, países como Gran Bretaña se interesaron en crear y mantener una red de pequeñas jurisdicciones isleñas con secreto fiscal que se dedicarían al trabajo sucio de lavar activos provenientes de actividades ilícitas. Estos fondos luego llegarían a Londres.


Además, desde la década de 1970, hubo una inversión sistémica en el neoliberalismo como ideología, así como en el modelo de desarrollo neoliberal, lo que dio lugar a las llamadas reformas de «libre mercado». La posterior desregulación, privatización y reducción del Estado dio como resultado un menor gasto público, disminución de impuestos y menos protección para los trabajadores.


La relajación de los controles cambiarios –o las políticas gubernamentales de regulación del acceso a divisas extranjeras– produjo un auge de las finanzas offshore y los paraísos fiscales, lo que permitió a las empresas transnacionales y a la elite mundial explotar el sistema financiero internacional. Los vacíos en las leyes tributarias internacionales y la existencia de paraísos fiscales son, por lo tanto, de interés para los países desarrollados, que los utilizan en su beneficio a costa del continuo empobrecimiento de las regiones en desarrollo.


La comunidad internacional no da una definición coherente de los FFI


Después de la crisis financiera de 2007-2008, que fue en sí misma producto de las fallas del sistema impositivo internacional, hubo dos acontecimientos paradójicos. Hubo un frenético movimiento de dinero offshore y una proliferación de proveedores de servicios offshore. Simultáneamente, como los impactos devastadores de la crisis y las siguientes medidas de austeridad comenzaron a hacerse sentir, el G-20 asumió la responsabilidad de reformar el sistema financiero internacional y revisar los estándares de transparencia, regulación y supervisión financiera.


A pesar de que las cuestiones relacionadas con los FFI ocupan actualmente el centro de los debates sobre desarrollo mundial, la comunidad internacional y la mayoría de las instituciones financieras internacionales han definido, en su mayoría pobremente, los FFI como fondos que han sido «obtenidos, transferidos o utilizados ilegalmente» o, desde un punto de vista jurídico, como provenientes de actividades que son explícitamente ilegales. A pesar de que el freno a los FFI ha sido reconocido como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está pobremente redactado, sin una definición exhaustiva y sin un marco de monitoreo. Por lo tanto, esto hace que sea una de las últimas prioridades para los gobiernos nacionales.


La falta de democracia en el orden global


Han sido, en su mayoría, países desarrollados los que han impulsado y dado forma a los esfuerzos para enfrentar el lavado de dinero, la evasión de impuestos y las prácticas de transferencia de beneficios por parte de las empresas transnacionales y las medidas para lograr transparencia en el sistema financiero global. Las instituciones financieras internacionales que diseñan estándares financieros, impositivos y contables internacionales incluyen mayoritariamente a países ricos y desarrollados.


La agenda tributaria internacional es impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y respaldada por el G-20: ambos son clubes de países con predominio del hemisferio norte. El proyecto Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) –un paquete de 15 Planes de Acción que proporciona los instrumentos nacionales e internacionales necesarios para hacer frente al aprovechamiento de vacíos y desajustes en las normas fiscales–, al igual que el estándar de Intercambio Automático de Información Financiera, fue diseñado por la OCDE. La arquitectura financiera internacional actual excluye, por ende, a la mayoría de los países en desarrollo y a la mayor parte de la población mundial. Se los deja mirar desde afuera el lugar donde se crea la agenda y se diseñan las normas.


Los países en desarrollo solo son invitados (léase geopolíticamente presionados) a implementar estas normas en cuyo diseño no han participado. La falta de un espacio democrático y de representación para todos los países –desarrollados y en desarrollo– para crear colectivamente normas financieras, tributarias y contables ha terminado en la exclusión de las realidades diferenciadas y los problemas de los países en desarrollo.


Es necesario reconocer los efectos desproporcionadamente dañinos que tienen los flujos financieros ilícitos sobre los derechos humanos y el desarrollo en los países en desarrollo. Enmarcar los FFI como una cuestión de derechos humanos haría notar las incoherencias que surgen de la distinción entre legalidad e ilegalidad. Una definición universal de los FFI que evalúe intenciones y consecuencias sobre la base de normas, prácticas e instituciones de derechos humanos podría darles carácter de urgencia a los esfuerzos nacionales e internacionales para abordar este tema. Esto debería incluir no solo la criminalidad, sino también los flujos resultantes de prácticas fiscales abusivas que puedan tener efectos nocivos sobre la materialización progresiva de los derechos humanos. Además, el establecimiento de un foro neutral, democrático y representativo para que todos los países participen en pie de igualdad en el diseño y la creación de impuestos internacionales también contribuiría en gran medida a garantizar un orden mundial justo y equitativo.

Altamente improbable

El FMI no está seguro de prestarnos ni siquiera lo que ya nos prestó formalmente

Por Sebastian Soler
Lagarde y Cardarelli sonríen. Están hablando de la economía de Estados Unidos

En una muestra convincente de que la devaluación empezó a revertir la orientación del flujo turístico, esta semana los auditores del Fondo Monetario Internacional aterrizaron en Buenos Aires en vez de que los funcionarios del gobierno de Macri volaran a Washington para seguir negociando los cambios a la línea de crédito del organismo, sin los cuales la Argentina tendría que reestructurar o suspender los pagos de su deuda externa antes de las elecciones del año que viene.

La interpretación benévola del viaje de la misión del FMI asume que la simpatía, desde luego no carente de interés, que despierta Mauricio Macri en algunos líderes mundiales relevantes como Donald Trump y Angela Merkel, habría prevalecido sobre los reparos técnicos del staff del organismo, cuyos representantes se afincarían en el microcentro porteño hasta cerrar un nuevo acuerdo. Puede ser. Pero una lectura cuidadosa de los criterios que el FMI debe tener en cuenta para aprobar préstamos por montos “excepcionales” en situaciones de dudosa sustentabilidad del país deudor, sumada a ciertos indicios anecdóticos que dejó la semana, sugieren que no le estaría resultando tan sencillo a quienes lo conducen saldar la tensión entre el deseo político y el rigor profesional.

La línea de crédito stand-by por hasta US$ 50.000 millones que el FMI le concedió a la Argentina en junio es una financiación de “acceso excepcional”, porque ese monto supera el tope normal de sus préstamos. Hasta 2010, las reglas del FMI establecían que sólo podía otorgar esa clase de financiación extraordinaria si el país deudor cumplía determinados requisitos, incluyendo tener buenas perspectivas de volver a obtener financiación en el mercado privado de capitales y una “probabilidad alta” de que su deuda pública fuera “sustentable”. Si el staff del FMI concluía que no era altamente probable que la deuda fuera sustentable, no podía prestar un monto excepcional si antes el país no reestructuraba su deuda con los acreedores privados mediante ampliaciones de plazos, rebajas de intereses y/o quitas de capital hasta tornarla sustentable con el grado de probabilidad requerido.

En 2010, la crisis de Grecia puso a prueba el compromiso del organismo con la aplicación estricta de dicho criterio porque su staff concluyó que la deuda griega no satisfacía el requisito de sustentabilidad pero los demás gobiernos de la Eurozona se opusieron a reestructurarla. Para salir del atolladero, las autoridades del FMI aprobaron incluir en el reglamento una excepción que justificaba su participación en ayudas financieras excepcionales sin reestructuración previa, cuando había un “riesgo alto de contagio internacional sistémico”.

El carácter político de esa solución diseñada a medida quedó en evidencia cuando, apenas tres años después, el FMI eliminó la excepción por riesgo sistémico y repuso el esquema original, pero admitiendo un grado mayor de discrecionalidad para el tratamiento de situaciones en la zona “gris” donde la deuda es “sustentable” aún pero “no con una probabilidad alta”. Esa matriz de análisis le exige a los técnicos del organismo calificar la situación de cada país evaluado con una de solamente tres notas permitidas: la deuda soberana de un país que le pide ayuda financiera al Fondo puede ser “sustentable con un alto grado de probabilidad”, “insustentable” o “sustentable pero no con un alto grado de probabilidad”. En los dos primeros supuestos, las consecuencias son binarias: si la sustentabilidad es altamente probable, el Fondo puede prestar montos excepcionales sin demandar una reestructuración previa de la deuda; si es insustentable, sólo puede hacerlo si el país acepta reestructurar su deuda antes. Los efectos del tercer supuesto, en cambio, son menos rígidos. Si el Fondo evalúa que no es altamente probable que la deuda sea sustentable, puede conceder un préstamo excepcional sólo si el país deudor satisface por lo menos una de tres condiciones que aseguren que podrá devolverle al organismo lo que le debe en los plazos pactados: a) Todavía puede conseguir fondos frescos en el mercado privado de capitales; b) Los gobiernos de otros países le otorgan financiamiento adicional, o c) Acepta “reperfilar” la deuda que vence durante la vigencia del préstamo del FMI (una versión atenuada de la reestructuración clásica, que no involucra quita de capital o rebaja de la tasa de interés, pero posterga los vencimientos).

El análisis de sustentabilidad de la deuda argentina firmado en junio por el staff del Fondo, que justificó la decisión de su directorio de concederle al gobierno de Macri la línea de crédito de US$ 50.000 millones, concluyó que nuestro país cumplía la primera de esas tres condiciones. Si bien no era altamente probable que su deuda fuera sustentable, el país conservaba la posibilidad de pedirle prestado a los mercados internacionales y domésticos, “conforme lo evidenciaban las emisiones recientes de bonos en pesos y en dólares en los mercados domésticos y la renovación del 100 por ciento de los títulos del Banco Central en mayo”, y “el staff espera que con la implementación exitosa de las políticas del programa, combinada con el apoyo de la comunidad internacional, deberían restablecerse la confianza y declinar los costos de financiación”. Si se cumplía esa predicción, el informe aventuraba que la deuda pública argentina crecería hasta representar un 64,5% del producto bruto en 2018 y descendería de manera constante en los años siguientes.

El agravamiento de la crisis pulverizó esas expectativas optimistas y ahora desafía la destreza retórica de los técnicos del Fondo, que deben encontrar una manera verosímil de ratificar su diagnóstico sobre la sustentabilidad de la deuda argentina para poder recomendarle al directorio que apruebe la ampliación del stand-by solicitada por el gobierno. Por citar sólo tres ejemplos de las dificultades que enfrentan: el riesgo país, que mide el costo para la Argentina de financiarse en el mercado internacional, subió 160 puntos básicos desde el informe de junio, la relación deuda/PBI que el informe proyectaba en 64,5% supera el 80% después de la última devaluación y el Ministerio de Hacienda y el Banco Central ya no renuevan el 100% de sus títulos de corto plazo, como destacaba el informe, con el agravante que el porcentaje que sí consiguen refinanciar les demanda una tasa de interés mucho más alta. Si el empeoramiento de las condiciones financieras le impidieran al staff del Fondo aseverar que la Argentina todavía puede recurrir al mercado, el gobierno sólo podría conseguir la ayuda adicional del organismo si la complementara con un crédito del gobierno de los Estados Unidos o de otro país generoso, o si aceptara negociar con sus acreedores privados la postergación de los vencimientos de la deuda de mediano plazo. Tres hechos ocurridos esta semana exponen la incomodidad creciente de la línea gerencial del Fondo. Su sitio oficial sigue sin incluir el tratamiento del caso argentino en la agenda oficial del directorio que, en principio, debe publicarse por lo menos siete días antes. Su directora gerente, Christine Lagarde, le advirtió públicamente al gobierno argentino en las páginas del principal diario de negocios del mundo que sólo puede esperar su ayuda a cambio de “reformas serias”, políticas “transparentes” y una comunicación “mejorada”. Y el dato más elocuente: se postergó el desembolso de la primera cuota de US$ 3.000 millones que, según los términos del acuerdo original, el Fondo debía enviar este lunes. Mientras el gobierno de Macri intenta persuadirlo de que le preste más plata, el Fondo no termina de convencerse de que puede prestarle la que ya le prometió.

Volkswagen anunció que en 2019 dejará de producir definitivamente su mítico Beetle

Sin mercado, pero eterna leyenda

La compañía alemana informó que el Beetle se despedirá el año que viene con dos últimos modelos que se fabricarán en las plantas de México.




La alemana Volkswagen (VW) anunció que en 2019 dejará de producir definitivamente su mítico Beetle (Escarabajo), un automóvil leyenda con casi 80 años en el mercado.
El mítico modelo marcó a muchas generaciones de conductores, tras ser concebido en Alemania en la década de 1930, en pleno apogeo del Tercer Reich, pensado para que los obreros pudieran acceder a un auto.
La compañía alemana informó que el Beetle se despedirá el año que viene con dos últimos modelos que se fabricarán en las plantas de México.
"La pérdida del Beetle luego de tres generaciones y cerca de siete decenios, debería provocar una variada gama de emociones entre sus numerosos devotos", dijo Hinrich Woebcken, presidente de Volkswagen América del Norte.
A finales de la década de los '60, el "escarabajo" se hizo muy popular en Estados Unidos, convirtiéndose en un ícono de la libertad, pregonada por la revolución hippie, y en los '70 la película "Love Bug" elevó aún más su fama.
En 1998 salió al mercado un nuevo diseño llamado "New Beetle" a un costo entre 20.000 y 25.000 dólares, un precio nada accesible para todos los bolsillos y con prestaciones muy superiores a las del tradicional "escarabajo".
Volkswagen vendió 11.151 unidades de este modelo en los primeros ocho meses de 2018, un 2,2% menos que en el mismo periodo del año anterior.
La empresa planeo lanzar al mercado un modelo eléctrico del Beetle, pero finalmente decidió cesar su producción.

El futuro del dólar: qué discuten el FMI y el Gobierno por estas horas

Julián Guarino


El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, junto a la titular del FMI, Christine Lagarde.


No hay duda: lo urgente está hoy por delante de lo importante. El Gobierno sigue pensando exclusivamente en los mercados. La mirada de buena parte del círculo rojo de la economía (algo desteñido en los últimos meses) se ha quedado anegada en la pregunta sobre cómo hacer para estabilizar el mercado cambiario, es decir, como frenar la escalada del dólar y evitar así que se espiralice la inflación. Esto es lo urgente. Hay otros debates, por supuesto, que hacen referencia a lo que viene después, es decir, cuál es el escenario que deja la devaluación.

En la síntesis, a una parte de analistas les concierne la forma en la cual el Gobierno puede capitalizar la devaluación y recomiendan establecer acuerdos de precios, una forma de acortar las demandas vinculadas a la pérdida del salario real; a otros, menos promocionados en los medios de comunicación, les preocupa, además, los efectos que la devaluación puede tener en el poder adquisitivo de las familias, porque dan por descontado que los precios van a subir. A favor de estos últimos, ya hay relevamientos que arrojan una inflación promedio del 6% para las primeras dos semanas de septiembre. Paradójicamente, el Gobierno piensa que la recesión económica lo ayudará a apagar el 'incendio' del dólar.

Pero lo urgente llama. Y lo urgente hace referencia al dólar. Los últimos días dejaron un saldo dudoso. El Gobierno viene de poner sobre la mesa un herramental compuesto por un promocionado ajuste fiscal, una suba de tasas y encajes y un programa con el FMI que debería haber servido para insuflarle algo de confianza a un mercado escéptico y, por ende, bajar el riesgo país y recortarle presión al dólar.

Fue masivo el rechazo a la dolarización. Propios y extraños mostraron su desacuerdo y, exceptuando algunos economistas de corriente ultra-liberal, el resto se pronunció a favor de conservar la bandera de la política monetaria. Sin embargo, en las últimas horas, comenzó a tomar volumen político una definición que dio el titular del Banco Central, Luis Caputo, la última semana, en el IAEF, cuando se le preguntó por la vocación del Gobierno de tratar de controlar la debilidad creciente del peso argentino.

"Hemos llevado nuestro programa monetario y cambiario al FMI y lo estamos debatiendo con ellos, y creo que vamos a ir a una estructura que va a ser muy simple para los argentinos y que va a servir para anclar las expectativas, esa ancla que hemos perdido en todos estos últimos meses", dijo Caputo.

¿Anclar expectativas? Se piensa en el "crawling peg", esto es, una devaluación progresiva y controlada de la moneda por el Banco Central. La idea es que la devaluación está predeterminada y la tasa de cambio es conocida con anterioridad. En rigor, consiste en una serie de devaluaciones progresivas que tratan de ubicarse por encima de la inflación, pero siempre evitando dar saltos bruscos en el valor de la divisa. Bajo este esquema, el tipo de cambio se va moviendo de acuerdo a una pauta que fije la entidad monetaria.

En el FMI sostienen que el crawling peg puede ser establecido de manera prospectiva (con un ajuste atado a un tipo fijo preanunciado y/o de la inflacioìn proyectada). Como se dijo, de esta forma se permite una progresiva devaluacioìn de la divisa con un efecto menos traumático en la economiìa. Además, esta técnica ayuda a prevenir, o al menos a amortiguar, la especulacioìn sobre la divisa.
A la vez, sostienen, esto podría recuperar algo del flujo de entrada de dólares de no residentes y de esa forma compensar en parte la salida de dólares. Comenzar usando el dólar como ancla nominal y migrar a un sistema de crawling peg para darle más certidumbre a los mercados.

La última vez que se utilizó este mecanismo en Argentina fue bajo la gestión económica del ex ministro Axel Kicillof. En aquel momento, el gobierno kirchnerista buscaba compensar la pérdida de competitividad de los últimos años, en donde la inflación le había ganado por lejos a la suba del dólar. Si bien en ese entonces este mecanismo no funcionó del todo porque el atraso del tipo de cambio era importante, las hipótesis que manejan los equipos económicos del actual Gobierno es que ahora sería distinto porque la devaluación efectuada durante este año cambió esa base de comparación. El tipo de cambio real se encuentra en niveles de 2008-2013.

En rigor, según sostienen en el mercado, el nivel del dólar parece suficiente para equilibrar los flujos externos y para que las reservas alcancen como back up para la base monetaria. La idea es que con sólo mantener la devaluación en línea con la inflación, podría estabilizarse el mercado cambiario sin perder competitividad y dando señales claras para la fijación de precios.

Por supuesto existen varios talones de Aquiles, pero quizás el principal es cómo hacer para que los exportadores no retengan su liquidación bajo la expectativa de que, cuanto mayor es la demora, mayor cantidad de pesos van a obtener por esos dólares que van a vender. El resto de las variables, piensan en el Palacio de Hacienda, deberían ir cediendo: tasa de interés, déficit fiscal, gasto público e inflación.

Por último, y como el éxito de este sistema dependerá en buena medida, dicen, de la contención de las presiones en materia salarial y de precios, en el Gobierno estudian algún mecanismo para evitar la aceleración de la inflación. Cerca del presidente Macri sostienen que es necesario llevar a cabo un acuerdo o esquema entre el Gobierno, empresarios y sindicatos para frenar la indexación de la economía ante la escalada del dólar.

De la Sota, desde Córdoba se convirtió en un hombre fuerte del PJ

Estuvo en la "Renovación peronista"


Desde su Córdoba natal, Juan Manuel De la Sota se erigió en uno de los dirigentes que impulsó la "Renovación peronista" luego de la derrota del partido a manos de Raúl Alfonsín, allá por 1983 en los albores de la recuperada democracia.

Tras la victoria de Alfonsín, los mariscales de la derrota peronista continuaron manejando los destinos del partido, pero en abril de 1984 surgió una línea interna que comenzó a plantear la necesidad de renovar al PJ para plantear una opción radicalismo.

Las primeras acciones de aquella renovación surgieron en la provincia de Buenos Aires, aunque rápidamente encontraron correlato en distintos dirigentes del interior profundo que apostaban por volver a darle al peronismo un lugar protagónico a nivel nacional y evitar la temida desintegración del justicialismo.

La "Renovación peronista" fue encabezada por Antonio Cafiero, Carlos Menem y Carlos Grosso, a los que se sumó desde Córdoba, Juan Manuel De la Sota. Fue en 1987, que el entonces interventor del Partido Justicialista de Córdoba, Julio Mera Figueroa, convocó a elecciones internas para la nominación de candidato a gobernador, vicegobernador e intendente de la ciudad de Córdoba y para la normalización del partido. Para el 6 de septiembre de ese año estaban previstas las elecciones para la gobernación de la provincia, la municipalidad y la renovación de la Cámara de Diputados de la nación y de la provincia.

Entonces, el 29 de marzo de 1987 se presentaron tres listas: el Peronismo Renovador, con José Manuel de la Sota, Enrique Gastaldi y Miguel Balestrini como candidatos a gobernador, vice e intendente, respectivamente; Tercera Posición: con César Albrisi, Esteban Llamosas y Hugo Lafranconi; y Reconstrucción Peronista, lista que sólo presentó candidato a intendente, Carlos Risso. Los resultados de las elecciones internas consagraron el liderazgo de De la Sota, dado que el Peronismo Renovador obtuvo el 86,98% de los votos para el candidato a gobernador y el 82,35% para el candidato a intendente. Sin embargo, para llegar a la gobernación de Córdoba iba a tener que esperar más de 10 años.

Abogado de profesión, a principios de los '70 De la Sota dio sus primeros pasos en la política como secretario administrativo del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. Si embargo, el gran salto fue en junio de 1999 cuando se consagró como gobernador de la provincia de Córdoba, cargo que renovó en 2003 para completar dos mandatos consecutivos en 2007. Luego de alternar con su compañero Juan Schiaretti, volvió para la gobernación para el periodo 2011-2015. Además, De la Sota fue también diputado Nacional por Córdoba, Embajador en Brasil, Senador Nacional por Córdoba.

Por estos tiempos, De la Sota se mostraba como uno de los dirigentes peronistas que buscaba alternativas fiables para consolidar una alternativa electoral al Mauricio Macri de cara a las elecciones de 2019. Para eso apostaba por un peronismo unido, mientras se definía un candidato y hablaba con todos los sectores, desde el kirchnerismo hasta Urtubey, aunque nunca dejó en claro si él mismo pelearía por la Presidencia en los comicios del año próximo.

Los desafíos en la comunicación política del peronismo republicano

Los desafíos que enfrenta un espacio que pretende meterse en el debate público y tener una propuesta viable para romper con la polarización electoral que se avecina

Por René Palacios

En una de las últimas temporadas de la serie The West Wing, Josh Lyman dirige la campaña del candidato oficialista, el latino Matt Santos. En una reunión de estrategia, Lyman conversa con dos novatos asistentes sobre cómo enfocar el mensaje en la contienda presidencial. Mientras debaten sobre la agenda de temas que debían instalar, Josh dice:“ a menudo la gente piensa que una campaña electoral se trata de dos candidatos que luchan por responder mejor una misma pregunta. Están equivocados. No gana quien responda mejor, gana el que impone la pregunta”.

Mientras teje alianzas, construye escenarios e intenta tirar a la cancha un racimo de candidatos, lo que se ha dado a llamar como “peronismo republicano” o“ peronismo racional” enfrenta múltiples desafíos para poder “imponer la pregunta” que tercie en la discusión electoral que pondrá – o no- un nuevo presidente a partir de diciembre del 2019.

En esta columna, se intentará dar un panorama de cuáles son –en mi opinión- tres de los principales retos que enfrenta el espacio en materia de comunicación política que le permitan meterse en el debate público e hilvanar una oferta viable para romper la polarización del escenario electoral que se avecina.


1. DEFINIR UNA ESTRATEGIA

No hay viento favorable para quien no sabe dónde ir. Como marca Eugenio Tironi, en comunicación política, una estrategia tiene cuatro componentes indispensables: una interpretación del pasado, un diagnostico del presente, una visión del futuro y un camino para alcanzar ese futuro. ¿Podrá un espacio con intereses tan variopintos articular ese camino? O, como planteó el politólogo Marcelo Leiras, es un desafió difícil debido a que las provincias tienen situaciones políticas, sociales y financieras tan disimiles se hace muy complicado enhebrar una línea común de actuación.


2. CONSTRUIR EL ANTAGONISTA

El peronismo republicano debe tener especial cuidado en elegir con quien polariza y con quien rivaliza, que no es lo mismo. En una campaña electoral polarizar es confrontar con un rival antagonista, mientras que rivalizar es batallar por los mismos votos. Entre dos espacios que tienen potencial transferencia de votos- es decir, que tienen votantes que podrían caminar entre una y otro espacio dependiendo las circunstancias- la clave es tener una estrategia de acercamiento que no espante a electores que el día de mañana podrían ser nuestros. ¿Polarizar con Cambiemos, rivalizar con Cristina? ¿Polarizar con Cristina y rivalizar con una parte del voto desencantado de Cambiemos? Inevitable nudo a desatar.

3. ENCONTRAR UNA NARRATIVA SUPERADORA

Alemania tiene un vocablo para describir la añoranza por el pasado comunista: Ostalgie, un juego de palabras entre Ost (este) y Nostalgie (nostalgia) que representa la nostalgia de los habitantes de la Alemania del Este respecto a la antigua República Democrática Alemana (RDA) y a los tiempos anteriores a la caída del Muro de Berlín. A 12 mil kilómetros de distancia, el relato de una gran parte del peronismo republicano parecería sufrir un sentimiento similar. Mientras el kircherismo pudo generar un relato épico de sus doce años de gobierno, el peronismo no K parecería enfrascado en una especie Ostagie de los años dorados de la Argentina peronista de los años cincuenta. Beatriz Sarlo lo dijo mejor que ningún compañero: el peronismo tiene la responsabilidad histórica de darle un nuevo sentido al Estado de Bienestar. En medio de una economía que transita el ajuste inevitable, esa es una narrativa que vale la pena explorar.

¿Tendrá tiempo un espacio donde todavía no están articulados sus principales resortes para instalar una agenda que pueda superar la fuerte polarización que arrastra la opinión pública argentina? Lo veremos en los próximos meses.

Lula e Haddad: campaña de transferencia

Swedish election highlights decline of center-left parties across Western Europe

A woman passes campaign posters for Swedish Prime Minister Stefan Löfven, Finance Minister Magdalena Andersson and Foreign Minister Margot Wallström, all of the center-left Social Democrats, in Stockholm on Sept. 1. General elections were held Sept. 9.

Sunday’s general election in Sweden extended two trends that are now prominent across Western Europe: the rise of right-wing populist parties and the decline of center-left parties.

The far-right Sweden Democrats entered parliament for the first time in 2010, winning 6% of the vote. On Sunday, they finished in third place with 18% of the vote. And while the center-left Social Democrats finished ahead of the Sweden Democrats, they registered their worst electoral performance in more than 100 years.



Sweden’s Social Democratic Party is not an anomaly. In legislative elections held over the past two years, the French Socialist Party, German Social Democratic Party and Dutch Labor Party – three other major left-of-center parties – recorded their worst-ever results in the postwar era. Once-strong center-left parties in Austria, Denmark, Finland, Norway and Spain are also near historic lows in terms of their most recent legislative election results.

Not all social democratic parties are suffering historic defeats. The UK Labour Party won 40% of the vote in the country’s 2017 general election, roughly matching the performances the party turned in under Prime Minister Tony Blair (a member of the party) in 1997 and 2001. But most center-left parties in Western Europe are in a weaker position than they were two decades ago.

Related interactive: How traditional and populist party support differs across Western Europe

Observers have suggested a variety of reasons for the decline, some of which are specific to individual countries. In France, for instance, many pin the collapse of the Socialist Party on the party’s onetime standard bearer, former President François Hollande. His term was marred by unpopular economic reforms, deadly terrorist attacks and personal scandal; his approval dropped as low as 4% in the final months of his term, according to one poll. The fall of France’s Socialist Party disrupted the two-party system and cleared the way for new challengers across the ideological spectrum, including current President Emmanuel Macron.

In contrast, the German Social Democratic Party has trended downward for decades. Its vote share declined in 2005 after then-Chancellor Gerhard Schröeder (a member of the party) made cuts to the social safety net. The declines continued through the financial and refugee crises and two coalition governments with Chancellor Angela Merkel’s center-right Christian Democratic Union (CDU). The coalitions left voters without a clear center-left alternative to the CDU, and many defected to parties across the political spectrum.

Center-right parties in Western Europe have generally not experienced similar declines. Sweden’s Moderate Party, for example, won 23% of the vote in 1998 and 20% this year. The Finnish National Coalition Party has also held relatively steady, dropping only slightly from 21% of the vote in 1999 to 18% in 2015. Moreover, it has won a larger share of the vote than the Finnish Social Democratic Party in each of the country’s last three elections, something it had never done before.

Due to the decline of the center-left across much of Western Europe and the comparative steadiness of the center-right, most Western European countries are led by center-right parties, as measured by the party of the prime minister or other head of government.

Two countries, Italy and France, are governed by relatively new parties that eschew traditional left-right characterization, though both have pursued agendas that experts generally place right of center. Only two countries are governed by the center-left: Spain, led by the Spanish Socialist Workers’ Party, and Portugal, led by the Socialist Party.

Durán Barba quiere eliminar las PASO mediante un decreto para mantener dividido al peronismo

La idea genera resistencias en el sector de Monzó, que no lo ve viable. Estudian sacarlo por decreto.


Jaime Durán Barba estudia por estas horas la posibilidad de eliminar las PASO en 2019, una propuesta que desde hace tiempo da vueltas en las filas de Cambiemos y que en los últimos días tomó fuerza cuando Jorge Macri se la acercó a la mesa política, con el visto bueno de los funcionarios de María Eugenia Vidal.

El argumento para poner el tema en discusión es que la elección intermedia cuesta -según los números que repiten en la Rosada- unos 6.000 millones de pesos. Un monto desmesurado para el discurso de austeridad que quiere instalar Mauricio Macri.

La preocupación real es mantener dividido al peronismo hasta la elección general y no permitirle resolver su interna en las primarias para llegar fortalecido a los comicios.

Como supo LPO, la propuesta de Jorge Macri cayó especialmente bien en las filas de la gobernadora. "Estamos trabajando para eso", dijo una fuente cercana a Vidal. No obstante, el sector del Gobierno que responde a Emilio Monzó ya salió a oponerse, al creer que no tendrán consenso político para lograrlo. "No hay chances ni apoyo para derogarlas", dicen cerca del presidente de la Cámara baja.

Cerca de Jorge Macri hacen oídos sordos a esos argumentos. Creen que pueden tratarlo después de que salga el Presupuesto y -contra lo que dice el propio Sergio Massa- piensan que pueden contar con los votos del Frente Renovador y algunos votos del PJ más dialoguista con la Rosada.

"A las expresiones de izquierda les conviene eliminar las PASO y probablemente al massismo también, porque así no perderían votos por migración del voto útil. También les conviene a los medios de comunicación que se liberan de los espacios cedidos a los partidos políticos que no les reditúan y les espanta a los anunciantes habituales que no quieren quedar atrapados en medio de la campaña electoral", analizaron en diálogo con LPO desde el círculo íntimo de un intendente de Cambiemos.


En el massismo y en el PJ no hay consenso para que voten a favor de la iniciativa. Por eso, otro sector de Cambiemos explora la posibilidad de hacerlo por decreto. Las reformas políticas no pueden hacerse por esa vía, pero en la oposición creen que podrían llegar a hacerlo igual, por la incidencia en la Corte y la Justicia.

Como supo este medio, además de la Provincia hay un sector de legisladores del PRO que también estarían a favor de anular las PASO con el argumento de que son inservibles. En ese grupo está Federico Pinedo, que lo repite en su círculo íntimo, aunque asegura que el tema debe pasar por el Congreso.

Si bien en la Rosada insisten en que todavía el tema no está en discusión, es sabido que la idea desde hace tiempo entusiasmaba a Marcos Peña, que el año pasado después de las legislativas fue claro al afirmar que las PASO no cumplían su objetivo. El argumento de fondo, que todos comparten, es que la anulación de las primarias beneficiaría tanto a Macri como a Vidal, porque el peronismo llegaría atomizado y más débil a las elecciones generales.

Nielsen sobre renegociación del acuerdo: "El FMI no parece muy convencido"

El economista dijo que la situación es "complicada"


Para el economista, "estamos en una situación extremadamente complicada".

El exsecretario de Finanzas Guillermo Nielsen sostuvo que "no parece que el Fondo Monetario esté muy convencido" en las conversaciones que lleva adelante con el Gobierno por la renegociación del acuerdo por el préstamo de u$s 50.000 millones porque, en su opinión, "debería ir más rápido".

"No parece que el Fondo esté muy convencido, debería ir más rápido y no está yendo rápido", afirmó en declaraciones a radio Mitre. Según su consideración, "la Argentina se tiró a la pileta de un segundo acuerdo" sin haber cumplido con las condiciones de la primera etapa.

El economista dijo que esa situación "es un elemento perturbador para los mercados" y deja la política económica "en el medio de las tinieblas".

Agregó que "estamos en una situación extremadamente complicada" y que con el incremento sostenido de la inflación "se perdió la noción de cuál es el precio justo que hay que pagar".

Por otro lado, se desmarcó de la carta enviada por el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, en su carácter de presidente de la Comisión de Economía del Partido Justicialista, a la directora del Fondo Monetario, Christine Lagarde, para solicitarle que no apruebe adelantos de fondos al país.

Nielsen explicó que "como el Gobierno siempre le echa la culpa a algo de afuera, me pareció que era dejarle picando una excusa muy fuerte, no tenía mucho sentido".

En el escrito, Moreno advirtió que si el FMI adelanta fondos que tenía previsto desembolsar para la Argentina dentro de dos años, esa decisión va a "atar las manos" del futuro Gobierno, en caso de que la oposición gane las presidenciales de 2019.

Sobre los rumores de supuestos planes de dolarización, lanzados por el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Larry Kudlow, aclaró que el funcionario "de ninguna manera es un 4 de bastos, como dicen algunos". "Trump lo escucha y ese tipo de ideas simples son las que le gustan a Trump", advirtió.

"Pepe" Mujica:"Lula es la única salida"

Líder denunció golpes de estado "suaves" en Latinoamérica

El expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica



Luiz Inacio Lula da Silva, otrora mandatario y hoy preso tras una condena de corrupción" es la única" salida para Brasil, afirmó el expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica.
En una entrevista para el portal ruso Sputnik Nóvosti en español, Mujica aseguró que confía plenamente en que Lula es la persona preparada para sacar a Brasil de la "lamentable situación" en la que está.

"Parece que las dictaduras actualmente no están de moda, que ahora son los golpes suaves con cierto margen de aparente legalidad los preferidos para hacer callar a las personas", afirmó en directa referencia a Brasil y a la acción legislativa que sacó del poder a la presidencia Dilma Roussef y también al encarcelamiento de Lula, encontrado culpable de corrupción y lavado de dinero. Mujica opinó que la pericia de negociación de Lula lo ayudaría a "atemperar la confrontación que hay en Brasil" y destacó que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) suma más de un 80 por ciento de apoyo de la población.
También calificó como el colmo que se prohíba el "uso de una careta de Lula", hecho que "habla de un grado de subjetivismo terrible" por parte de Gobierno de Michel Temer. Lula llamó a su pueblo a votar por Fernando Haddad, quien será su sustituto en las presidenciales.

Mujica dijo que anhela que no gane el candidato de derecha en las elecciones que se celebraran en octubre, Jair Bolsonaro, actualmente en un hospital tras ser apuñalado en un acto político. "Espero que no gane Bolsonaro, y concibo que el hecho de que crezca en las encuestas no atempera que tiene un margen de rechazo muy grande; de todas maneras, es inquietante por la influencia que tiene Brasil", aseveró a Sputnik Nóvosti.

El transporte público vuelve a aumentar

El colectivo trepa hasta 16,6 por ciento y el tren hasta 18,75 por ciento


El transporte público volverá a aumentar a partir de hoy en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Es la quinta vez que el gobierno nacional ajusta los precios en lo que va del año. El boleto de colectivo subirá hasta 16,6 por ciento. El mínimo trepará de 11 a 12 (9 por ciento), llegando a acumular un incremento de 100 por ciento desde comienzos de año. En el caso de los trenes, la suba será de 0,75 peso para las líneas Roca, Belgrano Sur, Urquiza, San Martín, Sarmiento y Mitre y de 0,50 para el Belgrano Norte. El precio del pasaje mínimo del Roca, por ejemplo, trepará de 4 a 4,75 pesos (18,75 por ciento) y en el año la suba llega al 137,5 por ciento. El mes próximo se aplicará un aumento similar ya anunciado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, a fines de julio.

La suba se explica por una combinación de factores que incluye la necesidad de hacer frente a los mayores costos, motivados por la devaluación y la disparada de los combustibles, y al mismo tiempo seguir reduciendo, al menos en términos reales, el peso de los subsidios para cumplir con el plan de ajuste pactado con el FMI.

Con el nuevo cuadro tarifario, los boletos que hoy cuestan 11, 11,50 y 11,75 pesos costarán 12, 12,50 y 12,75 pesos, respectivamente. Los viajes más largos, aquellos que se extienden por más de 12 kilómetros y suelen incluir el cruce a la provincia de Buenos Aires, aumentarán de 13,0 y 13,75 pesos a 14,50 y 15,25 pesos. En el primer caso la suba es de 11,5 por ciento y en el segundo de 10,9 por ciento, pero en lo que va del año llegan hasta el 114,8 por y 117,8 por ciento, respectivamente. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo, jubilados, pensionados y trabajadoras domésticas así como los beneficiarios de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen seguirán accediendo a la tarifa social que les permite pagar tarifas con descuento, y además tendrán los mismos beneficios del sistema integrado para viajes múltiples.

Entre los ferrocarriles, el pasaje mínimo en las líneas Roca y Belgrano Sur, que hoy cuesta 4,0 pesos, pasará a 4,75 (18,75 por ciento). En lo que va del año el aumento acumulado llega al 137,5 por ciento. La tarifa básica del Urquiza aumentará de 4,25 a 5,0 pesos (17,6), acumulando 127,2 por ciento en el año. Por su parte, la tarifa más baja de las líneas Mitre, Sarmiento y San Martín subirá de 7,50 a 8,25 pesos (10 por ciento) y 106,2 por ciento desde febrero. Por último, el mínimo en el Belgrano Norte se incrementará de 3,75 a 4,25 pesos (13,3 por ciento), sumando 112,5 por ciento.

La construcción de votos en la Provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires construye el 38% de los votos nacionales y llega a ser el 40% de los votos efectivos, porque la concurrencia a votar en el distrito es más alta que en las provincias del norte y las patagónicas.

Con el sistema de Colegio Electoral para elegir el Presidente -que estuvo vigente hasta la reforma constitucional de 1994- este distrito, pese a tener el 40% de los votos, elegía sólo el 28% de los electores. Es que por el sistema federal, como cada provincia tenía una cantidad de electores igual al doble de sus legisladores nacionales (senadores y diputados sumados), ello sobredimensionaba a los distritos más chicos. Cabe recordar que todas las provincias tiene la misma cantidad de representantes en el Senado cualquiera sea su población y que cuentan con un mínimo de cinco legisladores en la Cámara Baja, también independientemente de cuál sea su cantidad de habitantes.


Al establecerse el sistema de voto directo y distrito único para elegir el Presidente y Vice de la Nación, esta provincia pasó de ser el 28% en el sistema de elección presidencial indirecta a constituir el 40% de los votantes.


Es así como la reforma constitucional de 1994 potenció la importancia política de la provincia de Buenos Aires.


Dentro de ella, el llamado Gran Buenos Aires es el 60% del padrón electoral provincial y el interior el 40%.

Casi uno de cada cuatro votos del país está en el conurbano bonaerense, por lo cual éste juega un rol decisivo al momento de elegir el Presidente de la Nación y define la elección del gobernador.


El Gran Buenos Aires solo, equivale a los votos sumados de Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

El conurbano bonaerense comprende el 1% de la superficie del país, tiene el 25% de la población y produce el 30% de su PBI. Su Población reside en 2.750 kilómetros cuadrados. Un territorio que alberga a cuatro de cada diez pobres existentes en el país.


Con algo más de 10.200.000 electores, la provincia de Buenos Aires extrae del conurbano el 60% de esos votos. El 40% restante afinca en el interior rural de su geografía. En este marco, prácticamente uno de cada cuatro votos del país está en el conurbano, gravitación que de hecho equivale a los votos de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza, que en total reúnen aproximadamente 6.000.000 de votos.

El censo 2010 arroja que, de los 24 partidos que dan forma al conurbano bonaerense, cinco superan el medio millón de habitantes cada uno: La Matanza (1.770.000), Lomas de Zamora (613.192) y Quilmes (580.000), a los que se suman Almirante Brown y Merlo, que superan en poco los 500.000. En los casi 3 millones de seres que integran estos cinco partidos viven 3 de cada 4 marginados del conurbano. Sólo en La Matanza se instalan en términos de okupas más de 6.000 personas por bimestre provenientes del interior del país.


La Matanza tiene más habitantes que Córdoba capital (1.330.023) y Rosario (1.118.664). Y deja muy atrás a La Plata (649.000) y Mar del Plata (8614.000).


Desde el punto de vista de la sociología política, la observación del comportamiento electoral argentino muestra que quien está en el poder, tiene por ello asegurado un mínimo de votos.

En la Capital Federal éste es del 15%. En el otro extremo, en provincias como Formosa, Santiago del Estero y La Rioja, dicho piso o mínimo es del 50%. Es decir que cuando a un gobernador en este tipo de provincia le va mal. tiene asegurado la mitad de los votos, y cuando le va bien puede alcanzar el 60, 70% o más.


En las provincias mencionadas, ningún gobernador ha perdido en las últimas décadas y cuando alguien ha sido desalojado del poder local, lo ha sido por intervención federal, como sucedió con Juárez en Santiago del Estero, tras medio siglo de ganar elecciones en su distrito.


La provincia de Buenos Aires se encuentra en una situación intermedia: quien está en el poder tiene asegurado un tercio de los votos.


Pero esta situación es muy diferente en el Gran Buenos Aires y el interior de la provincia.

La mayoría de los intendentes del conurbano tiene asegurado un piso del 50% de los sufragios, a partir de una estructura socio-política que se parece más a las provincias más pobres del interior.

A mayor nivel de pobreza, más se parecen los partidos del Gran Buenos Aires a las provincias del interior donde los gobernadores no pierden elecciones (como tampoco lo hacen los intendentes).

Mientras Vicente López y San Isidro, con niveles de pobreza similares a la Capital, tienen intendentes provenientes del radicalismo o del PRO, que ganan con el 40% de los votos o menos, en Florencio Varela, Ezeiza, General Sarmiento o La Matanza, con niveles de pobreza similares a las provincias más chicas del norte del país, los intendentes suelen ganar con más del 50% y a veces pueden llegar al 60% o más.

José Urtubey de la UIA: “Muchas pymes y empresas no van a llegar a 2019"

 Desde la Unión Industrial Argentina, José Urtubey expresó su preocupación por la situación económica argentina y señaló que “los indicadores económicos de este año son patéticos”. “Si se usa la mitad de lo que tenés, ¿de donde pensás que puede haber más inversión?”, preguntó.
José Urtubey, vocal de la UIA, advirtió sobre la crítica situación de las Pymes y empresas. El dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, se mostró alarmado por la situación económica, y advirtió que “muchas pymes y muchas empresas no van a llegar al año que viene”.

"Solo con leer los parámetros económicos, habíamos advertido que si se seguían manejando las cosas así, íbamos a estar adónde ahora estamos", recordó y en ese sentido advirtió que “muchas pymes y muchas empresas no van a llegar al año que viene”. Es por ello que reclamó “implementar un asistencialismo a las pymes”.

“Esto que está pasando era previsible y lo dije”, recordó Urtubey. “Si se usa la mitad de lo que tenés, ¿de donde pensás que puede haber más inversión?”, expresó.

"La economía argentina está en crisis desde hace un año y medio”, argumentó, durante una entrevista con La 990 y agregó que “los indicadores económicos de este año son patéticos”.

"Vamos a llegar al año que viene donde quizás algunos indicadores macroeconómicos mejoren, pero eso no significa que serán buenos", evaluó Urtubey.

Por eso consideró necesario "fortalecer la oferta productiva y no combatir la inflación poniendo el freno de cambio, porque si no, el año que viene habrá más caída de empresas y más desempleo".

Se frenó el desembolso del FMI por u$s 3.000 M hasta que se cierre nuevo acuerdo

Fuentes del Ministerio de Hacienda confirmaron que la llegada del dinero proveniente del organismo "se frena hasta llegar al nuevo acuerdo". El Gobierno y los técnicos del FMI negocian un adelantamiento de los recursos totales del entendimiento sellado en junio para despejar la incertidumbre financiera desatada en los últimos meses.

A la espera de cerrar un nuevo acuerdo, se frenó el desembolso de unos u$s 3.000 millones del FMI que habían sido pactados por el Gobierno en junio pasado. Fuentes del ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne indicaron a ámbito.com que la llegada del dinero "se frena hasta llegar al nuevo acuerdo" con el organismo multilateral de crédito.

La semana pasada Dujovne mantuvo un encuentro en Washington con la directora gerente del Fondo Christine Lagarde para adelantar la llegada de desembolsos. Vale recordar que a principios de junio se firmó el acuerdo por u$s 50.000 millones. La primera entrega de u$s 15.000 millones se produjo el 22 de ese mes y fueron directamente al Banco Central para apuntalar reservas.

Según el cronograma estipulado, la Argentina tenía la posibilidad de pedir otros 3.000 millones de dólares a partir de septiembre, lo cual no ocurrirá por encontrarse abiertas las negociaciones. No obstante, voceros oficiales de Hacienda indicaron que "el desembolso que se iba a realizar en septiembre, no se realiza, porque se renegocia el programa total".

En cuanto al cierre de las negociaciones, en Hacienda admiten que el organismo multilateral tiene sus tiempos y que el convenio definitivo debe ser refrendado por el directorio. El apuro del Gobierno está dirigido no sólo a contar con mayores fondos para afrontar la crisis financiera que atraviesa el país, sino que también apunta a darle señales claras al mercado en un momento que el dólar sigue estableciendo marcas históricas y presiona aún más sobre los precios.

Por lo pronto, el propio Dujovne reconoció que la firma de un nuevo acuerdo "dependerá de decisiones que no son de Argentina y de cuán rápido terminemos el acuerdo técnico y cuán rápido el staff del Fondo eleve el convenio al Directorio para su tratamiento". Consultado acerca de la fecha en que podría alcanzarse el convenio, dijo que es "probable" que el FMI se expida a fines de septiembre.



Partiendo de un nivel de riesgo país de alrededor de 750bp, dado el nivel de endeudamiento del Gobierno y los desequilibrios macroeconómicos existentes, el Acuerdo II con el FMI deberá ser construido en base a: (i) un BAJO acceso al mercado de deuda; y (ii) un gran apoyo externo (FMI). Esto naturalmente impone enormes limitaciones para la política económica doméstica y mantiene el riesgo de una recaída financiera importante", sostiene el documento.




FYEConsult recuerda que un "nuevo programa económico" parte de un stock de Lebacs y Letes en dólares "que no ha desaparecido y que requiere financiamiento"; un "retraso tarifario", producto de la devaluación que elevó el componente subsidiado del 35% al 60% desde principios de año; un stock de reservas internacionales "relativamente bajo"; un sector externo "complejo" por la elevada demanda de dólares y un contexto financiero internacional "probablemente adverso"; y una recesión "que será profunda y prolongada" y que generará "inestabilidad política" por sus implicancias sociales.

El informe explica que el déficit 0 que el Gobierno ofrendará al FMI se logrará "en base a un incremento de la presión tributaria" que alcanzaría el 1,5 puntos del PBI. Esto incluye la aplicación de retenciones sobre las exportaciones, la postergación del mínimo no imponible sobre las contribuciones patronales; y la aplicación de una alícuota de 1% a bienes personales radicados en el exterior.

"Este impuestazo vendrá a compensar el mayor gasto primario que estará realizando el Gobierno durante el año próximo respecto del programa fiscal previsto en el primer acuerdo con el FMI (0.2% del PBI), reflejando que la capacidad de las autoridades para bajar el gasto público alcanzó un límite", añade.

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Sobre la pata financiera de ese eventual nuevo programa económico, el informe señala que las necesidades serán por US$16.800 millones que podrían cubrirse "con un adelantamiento de los desembolsos" del FMI, "una ampliación del paquete financiero" acordado con el organismo, "y/o algunas colocaciones de deuda “regulatorias”".

En cuanto al programa cambiario, la consultora estima como "improbable que el FMI acepte convalidar una pérdida adicional de reservas".

Sobre el aspecto monetario, señala que el FMI "seguramente le pondrá límites al uso de reservas" por parte del Banco Central para absorber los pesos emitidos por la no renovación de Lebacs, por lo que "es probable que el BCRA continúe haciendo política monetaria incrementando la exigencia de encajes hasta absorber el exceso de pesos derivados del stock de Lebacs fuera de los bancos".

Finalmente, FYEConsult se pregunta qué se esperar del 2do acuerdo con el FMI. Y se responde: "un programa macroeconómico que busque evitar una reestructuración de deuda y converger hacia un escenario de estabilidad macroeconómica, de menor inflación, dólar estable, alguna recuperación salarial, repunte del nivel de actividad económica, disminución de las tasas de interés locales".



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Gianni Vattimo: "Con este Papa no me avergüenzo de declararme católico"

Francisco llamó al filósofo

El filósofo italiano, famoso autor del pensamiento débil, fue llamado por teléfono por Jorge Bergoglio después que le mandó su último libro.



“Empezar diciendo ‘buenas noches’, ‘buen provecho’ es algo que otros Papas jamás habían hecho”, dice Vattimo

El filósofo italiano Gianni Vattimo, famoso autor del “pensamiento débil”, fue llamado por teléfono por Jorge Bergoglio después que le mandó su último libro y explicó al sitio “Vatican Insider” que “con este Papa no me avergüenzo de declararme católico”.

Vattimo, de larga militancia en partidos y grupos de la izquierda italiana, a partir del partido Comunista, señaló al periodista Andrés Beltramo Alvarez que se identifica “con el catolicismo de Francisco”, impactado “por su novedad”.

A los 82 años, el filósofo que también es uno de los protagonistas de la “Coordinación Homosexual” de Italia, dijo que espera “que las cosas que está haciendo el Papa dejen una huella importante en la Iglesia, aunque el problema es que la Iglesia no es solamente el Papa”.



El Papa llamó al filósofo. AFP

Vattimo dijo que “al Papa le falta todavía avanzar más, me parece que es un poco lento en decidir las novedades”. El filoso señaló que “todavía no veo una gran transformación en la Iglesia en general y me parece que hay una gran inercia, una especie de pereza en el gran cuerpo de la Iglesia que exige tiempo para transformarse”.

“Vatican Insider”, que pertenece al diario La Stampa de Torino, explicó que la conversación telefónica entre el Papa argentino y Vattimo fue “breve y espontánea”, gracias a la amistad común con el argentino Luis Liberman, fundador y director general de la Cátedra del Diálogo y la Cultura del Encuentro.

 
El libro de Vattimo se llama “Ser y sus alrededores”, centrado en el filósofo alemán Martin Heidegger.

  Vattimo le dijo a Jorge Bergoglio en la charla telefónica que la teología católica necesita una renovación y le propuso la figura de Heidegger para impulsar el cambio, sobre todo por su crítica a la metafísico.



Gianni Vattimo dijo “con este Papa no me avergüenzo de declararme católico” (Fernando de la Orden).

“No se si él se convenció pero parecía bastante interesado. De todas maneras no creo vaya a haber pronto un cambio en la teología católica”.

En “Ser y sus alrededores” (“Essere e dintorni” en italiano), Vattimo afirma que “debemos luchar para hacer sobrevivir a la humanidad de la potencia niveladora de la tecnología y del capitalismo”.

Vattimo le dijo a Andrés Beltramo Alvarez, que también es argentino, que periodistas y observadores lo convirtieron en un “icono agnóstico” pero que el Papa Francisco ha renovado su catolicismo, y no se lo hace sentir “como un peso”. “Me siento más contento de pertenecer a la Iglesia”, concluyó.

Why Is Bangladesh Booming?

KAUSHIK BASU

As a result of progressive social policies and a bit of historical luck, Bangladesh has gone from being one of the poorest countries in South Asia to an aspiring "tiger" economy. But can it avoid the risk factors that have derailed dynamic economies throughout history?
Bangladesh has become one of Asia’s most remarkable and unexpected success stories in recent years. Once one of the poorest regions of Pakistan, Bangladesh remained an economic basket case – wracked by poverty and famine – for many years after independence in 1971. In fact, by 2006, conditions seemed so hopeless that when Bangladesh registered faster growth than Pakistan, it was dismissed as a fluke.



Yet that year would turn out to be an inflection point. Since then, Bangladesh’s annual GDP growth has exceeded Pakistan’s by roughly 2.5 percentage points per year. And this year, its growth rate is likely to surpass India’s (though this primarily reflects India’s economic slowdown, which should be reversed barring gross policy mismanagement).

Moreover, at 1.1% per year, Bangladesh’s population growth is well below Pakistan’s 2% rate, which means that its per capitaincome is growing faster than Pakistan’s by approximately 3.3 percentage points per year. By extrapolation, Bangladesh will overtake Pakistan in terms of per capita GDP in 2020, even with a correction for purchasing power parity.

To what does Bangladesh owe its quiet transformation? As with all large-scale historical phenomena, there can be no certain answers, only clues. Still, in my view, Bangladesh’s economic transformation was driven in large part by social changes, starting with the empowerment of women.

Thanks to efforts by the nongovernmental organizations Grameen Bank and BRAC, along with more recent work by the government, Bangladesh has made significant strides toward educating girls and giving women a greater voice, both in the household and the public sphere. These efforts have translated into improvements in children’s health and education, such that Bangladeshis’ average life expectancy is now 72 years, compared to 68 yearsfor Indians and 66 years for Pakistanis.

The Bangladesh government also deserves credit for supporting grassroots initiatives in economic inclusion, the positive effects of which are visible in recently released data from the World Bank. Among Bangladeshi adults with bank accounts, 34.1% made digital transactions in 2017, compared to an average rate of 27.8% for South Asia. Moreover, only 10.4% of Bangladeshi bank accounts are “dormant” (meaning there were no deposits or withdrawals in the previous year), compared to 48% of Indian bank accounts.
DENUCLEARIZATION MEANS THE US, TOO



Another partial explanation for Bangladesh’s progress is the success of its garment manufacturing industry. That success is itself driven by a number of factors. One notable point is that the main garment firms in Bangladesh are large – especially compared to those in India, owing largely to different labor laws.

All labor markets need regulation. But, in India, the 1947 Industrial Disputes Act imposes heavy restrictions on firms’ ability to contract workers and expand their labor force, ultimately doing more harm than good. The law was enacted a few months before the August 1947 independence of India and Pakistan from British imperial rule, meaning that both new countries inherited it. But Pakistan’s military regime, impatient with trade unions from the region that would become Bangladesh, repealed it in 1958.

Thus, having been born without the law, Bangladesh offered a better environment for manufacturing firms to achieve economies of scale and create a large number of jobs. And though Bangladesh still needs much stronger regulation to protect workers from occupational hazards, the absence of a law that explicitly curtails labor-market flexibility has been a boon for job creation and manufacturing success.

The question is whether Bangladesh’s strong economic performance can be sustained. As matters stand, the country’s prospects are excellent, but there are risks that policymakers will need to take into account.

For starters, when a country’s economy takes off, corruption, cronyism, and inequality tend to increase, and can even stall the growth process if left unchecked. Bangladesh is no exception.

But there is an even deeper threat posed by orthodox groups and religious fundamentalists who oppose Bangladesh’s early investments in progressive social reforms. A reversal of those investments would cause a severe and prolonged economic setback. This is not merely a passing concern: vibrant economies have been derailed by zealotry many times throughout history.

For example, a thousand years ago, the Arab caliphates ruled over regions of great economic dynamism, and cities like Damascus and Baghdad were global hubs of culture, research, and innovation. That golden era ended when religious fundamentalism took root and began to spread. Since then, a nostalgic pride in the past has substituted for bold new pursuits in the present.1

Pakistan’s history tells a similar tale. In its early years, Pakistan’s economy performed moderately well, with per capita income well above India’s. And it was no coincidence that during this time, cities like Lahore were multicultural centers of art and literature. But then came military rule, restrictions on individual freedom, and Islamic fundamentalist groups erecting walls against openness. By 2005, India surpassed Pakistan in terms of per capita income, and it has since gained a substantial lead.

But this is not about any particular religion. India is a vibrant, secular democracy that was growing at a remarkable annual rate of over 8% until a few years ago. Today, Hindu fundamentalist groups that discriminate against minorities and women, and that are working to thwart scientific research and higher education, are threatening its gains. Likewise, Portugal’s heyday of global power in the fifteenth and sixteenth centuries passed quickly when Christian fanaticism became the empire’s driving political force.1

As these examples demonstrate, Bangladesh needs to be vigilant about the risks posed by fundamentalism. Given Prime Minister Sheikh Hasina’s deep commitment to addressing these risks, there is reason to hope for success. In that case, Bangladesh will be on a path that would have been unimaginable just two decades ago: toward becoming an Asian success story.

El exjefe de campaña de Trump se declara culpable y decide cooperar con el fiscal de la trama rusa

La decisión de Paul Manafort acentúa los riesgos para el presidente en la investigación de Robert Mueller

Manafort al salir de un juzgado de Washington

La pesadilla se agrava para Donald Trump. Paul Manafort, el exjefe de campaña del presidente estadounidense, se declaró este viernes culpable de dos de los cargos en su contra por sus negocios políticos en Ucrania y aceptó cooperar con Robert Mueller, el fiscal especial que investiga la injerencia rusa en las presidenciales de 2016. Manafort se convierte en el quinto exasesor del republicano que decide darle la espalda y ayudar a Mueller a cambio de un castigo más suave. La Casa Blanca minimizó la decisión y esgrimió que no afecta al mandatario.

Las consecuencias pueden ser explosivas. De la treintena de imputados por el fiscal, Manafort es el que tiene los lazos más estrechos entre el entorno de Trump y Moscú, y el que hasta ahora se había mostrado más combativo contra Mueller. La declaración de culpabilidad supone un viraje de 180 grados en la estrategia de Manafort y una rotunda victoria para el fiscal, cuyas pesquisas ganan vigor. La estrategia de Mueller apuntaba a que, ante la amenaza de una vida entre rejas, el veterano lobista, de 69 años, acabaría dando su brazo a torcer. No lo logró a la primera, pero sí a la segunda. La investigación a Manafort no guarda relación con la intromisión electoral rusa sino con sus negocios en Ucrania antes de trabajar para Trump. Pero Mueller aspira a que Manafort pueda darle acceso a preciados entresijos para determinar si el equipo del republicano se coordinó con Rusia, algo que Trump y el Kremlin niegan.

La defensa de Manafort había insistido hasta ahora en que no tiene ninguna información comprometedora sobre el presidente. Pero en sus cinco meses como jefe de campaña de Trump, incluida la convención republicana en la que fue designado candidato, Manafort estuvo en contacto con varios oligarcas cercanos al Kremlin. Y participó en la misteriosa reunión de junio de 2016, a cinco meses de los comicios, que mantuvieron miembros de la campaña de Trump con una letrada rusa que les había ofrecido material comprometedor sobre su rival electoral, Hillary Clinton.

Las pesquisas del fiscal especial a Manafort derivaron en un primer juicio en agosto en Alexandria (Virginia), en el que fue condenado a entre siete y diez años de cárcel por ocho delitos de evasión fiscal y fraude bancario. El próximo lunes iba a arrancar un segundo juicio, en Washington, también relacionado con las labores de consultoría de Manafort. Pero tras el pacto alcanzado este viernes, el que fuera asesor de Gerald Ford y Ronald Reagan evita un nuevo juicio.

En una vista en un juzgado de Washington, Manafort se declaró culpable de los delitos de conspiración contra Estados Unidos y de obstrucción a la justicia. Poco antes, la Fiscalía había rebajado las acusaciones a solo esas dos pero sin alterar la esencia de los cargos. El acuerdo con Mueller obliga a Manafort a cooperar “plenamente y verdaderamente”. Además, algunas de sus propiedades y dinero pueden ser confiscados. Según la acusación, Manafort debe al fisco estadounidense más de 15 millones de dólares que ocultó de sus ingresos obtenidos en el extranjero.

El abogado de Manafort, Kevin Downing, justificó la declaración de culpabilidad de su cliente en el deseo de “garantizar que su familia podía permanecer segura y vivir una buena vida”. “Él ha aceptado responsabilidad”, dijo en una breve declaración a la prensa.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, emitió un breve comunicado desmarcándose del caso: “Esto no tiene nada que ver con el presidente ni su victoriosa campaña presidencial de 2016. No guarda relación alguna”. Fue la misma hoja de ruta que siguió el abogado de Trump, Rudy Giuliani: “Una vez más una investigación ha concluido con una declaración de culpabilidad que no tiene nada que ver con el presidente o la campaña de Trump. El motivo: el presidente no hizo nada incorrecto”.

La realidad, sin embargo, es que Trump lleva semanas defendiendo a Manafort y que este puede tener muchos secretos que compartir con Mueller. El presidente clama constantemente ser víctima de una “caza de brujas” pero cada vez son más sus antiguos colaboradores que deciden abandonarlo. Hasta hace muy poco, Trump aseguraba que a Manafort se le trataba injustamente, lo llamaba un “hombre valiente” y su entorno llegó a sugerir que podría indultarlo.

Los exasesores que ayudan a Mueller


Al margen de Paul Manafort, otros cuatro excolaboradores de Trump se han declarado culpables de delitos investigados por Robert Mueller (la mayoría no relacionados con la injerencia rusa) y cooperan con el fiscal especial. Uno de ellos es Michael Cohen, el hasta hace poco fiel abogado personal de Trump. En agosto se declaró culpable de financiación electoral ilegal y admitió haber pagado, por orden del republicano, a dos mujeres para que no contaran sus supuestas aventuras sexuales con Trump. Los otros son Michael Flynn, su primer consejero de seguridad nacional en la Casa Blanca, Rick Gates, vicepresidente de la campaña de Trump y mano derecha de Manafort, y George Papadopoulos, que fue asesor electoral y que la semana pasada fue condenado a 14 días de cárcel por mentir al FBI.

Amazon se inclina por Chile y se cae una inversión de u$s 1.000 millones en Bahía Blanca

Representantes de la empresa se reunieron con funcionarios de primera línea del gobierno de Chile.


Sebastián Piñera y Jeff Bezos.

Finalmente, el desembarco de Amazon en Bahía Blanca parece haber sido solo una ilusión. El gigante estadounidense con eje en el comercio electrónico está muy cerca de desestimar a la Argentina como base para un datacenter de 1.000 millones de dólares y ahora ultima detalles del otro lado de la Cordillera de Los Andes.



En los últimos días, representantes de Amazon Web Services (AWS), la división de servicios en la nube de la compañía de Jeff Bezos, se reunieron con funcionarios de la cartera de Hacienda de Chile. Según detalla el diario La Tercera, allí abordaron distintos temas vinculados a la infraestructura del emprendimiento hasta los impuestos.



En la reunión, que duró más de una hora, estuvieron presentes el Coordinador Macroeconómico y Jefe de Asesores del ministerio de Hacienda, Hermann González, y el jefe de gabinete de la subsecretaría de Hacienda, Cristóbal Peña, mientras que en representación de Amazon estuvo el jefe para la región, Jeffrey Kratz.

Bahía Blanca apuesta a convertirse en el principal nodo de energía eólica del país



Amazon venía manteniendo conversaciones a ambos lados de la cordillera, pero la crisis económica en Argentina parece haber sido clave para inclinar la balanza por Chile.



Pero además existe otra variable por la que Amazon se inclina más por el país transandino. La compañía de Bezos está particularmente interesada en procesar los datos provenientes de los grandes centros astronómicos del norte de Chile, en particular del observatorio ALMA.



En esa pelea por cooptar el desembarco de la compañía. En julio el presidente chileno, Sebastián Piñera, se reunió en Estados Unidos con Bezos, para analizar alianzas estratégicas en el marco de un foro tecnológico en Estados Unidos.



No obstante, la compañía estadounidense había mostrado algunas dudas sobre un impuesto a la economía digital que anunció hace unos meses el gobierno chileno, como parte de una amplia modernización tributaria.



Las reuniones de la compañía con altos funcionarios del gobierno chileno ocurren en momentos de extrema debilidad económica en Argentina, mientras se negocia un auxilio financiero con el Fondo Monetario Internacional.


Amazon apuntaba a Bahía Blanca para la instalación de un centro de datos. Por entonces, el agua y la energía eran dos de los factores que habían llevado a la empresa más grande del mundo a elegir Bahía Blanca como locación. Este medio explicó que los hubs de datos consumen una impactante cantidad de electricidad que además necesita refrigeración para mantener estables los equipos. Eso haría que una vez en funcionamiento, Amazon Web Services sería una de las mayores usuarias de la red eléctrica.


A fines del año pasado, se registraron dos sociedades comerciales, Amazon Data Services y Amazon Web Services, en la Inspección General de Justicia argentina. Además se lanzó una búsqueda de personal desde puestos gerenciales hasta rubros técnicos y de ventas.



En tanto, Mauricio Macri se reunió en noviembre del año pasado en Nueva York con Elaine Feeney, vicepresidenta de Amazon para la expansión de infraestructura global.



Bahía Blanca era proyectada tanto por Macri como por Vidal como un polo de desarrollo modelo de la Provincia, empujado por la inversión pública en infraestructura y por el posible desembarco de empresas importantes, como el caso de Amazon.



En el Gobierno ven a esa ciudad -la más importante del sur de la provincia- como la que tiene más posibilidades de desarrollarse y ser una especie de modelo de lo que imaginan como una convivencia virtuosa entre la inversión pública, concentrada en la infraestructura, y la privada, con la instalación o ampliación de industrias. Por eso apuntan a convertirla en una suerte de Seattle argentina.

La localidad del sur bonaerense tiene la ventaja de su ubicación geográfica y que ya cuenta con uno de los puertos de aguas profundas más importantes del país (junto con el de Quequén) y el principal polo petroquímico, fortalecido por su proximidad a Vaca Muerta, que le da un impulso adicional a las posibilidades de desarrollo bahiense.

Moreno y Nielsen le pidió a Christine Lagarde que el FMI no adelante los fondos a la Argentina

A través de una carta, el ex funcionario explicó que el próximo gobierno podría verse comprometido por el acuerdo pedido por Mauricio Macri.

En momentos en que el Gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un nuevo acuerdo de financiamiento, el ex secretario de Comercio Guillermo Morenoenvió una carta a la titular del organismo, Christine Lagarde, para solicitarle que no apruebe los adelantos de fondos al país.

"Tengo el honor de comunicarme con usted para transmitirle la preocupación por la propuesta recientemente hecha pública por el Sr. Presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri, manifestando que pretendía negociar con el FMI la posibilidad de que los desembolsos del acuerdo Stand-By oportunamente firmado, correspondientes a los años 2020 y 2021, se adelanten a 2019", inició la carta Moreno.

Y prosiguió: "Como no escapa a su conocimiento, el año entrante habrá elecciones generales para un nuevo período presidencial. Va de suyo que, de acuerdo con el contrato de mutuo oportunamente firmado, luego ratificado en la exposición presidencial, el actual gobierno sólo se propone alcanzar el equilibrio fiscal en el ítem correspondiente a los ingresos y gastos operativos, manteniendo en las cuentas públicas el déficit que representa el pago de intereses de la deuda soberana".

"Si a su vez se mantuvieran, como al presente, los mercados internacionales de crédito cerrados, la administración de una sana política económica, por un nuevo gobierno, se verá dificultada al extremo", justificó Moreno al pedir que no se hagan los adelantos de fondos.

Y finalizó: "Es por ello que he comisionado al Lic. Pablo Challú, al Dr. Rafael Perelmiter y al Lic. Guillermo Nielsen, miembros del cuerpo que presido, para que tomen contacto con los integrantes de su staff que usted amablemente designe, a fin de reflexionar sobre la problemática ut supra señalada y su posible resolución".