El radicalismo rompió con el socialismo y llevará como candidato a Del Sel



LA UNION CIVICA RADICAL FORMALIZO EN SANTA FE SU ALIANZA CON LOS MACRISTAS


El radicalismo apuesta a un nuevo socio, y llevará en la boleta para gobernador al hombre que mejor mide en Cambiemos en Santa Fé; Miguel Del Sel.

Ernesto Sanz deja la conducción del radicalismo en manos de José María Corral. Es -Corral- quien conquistó la intendencia de Santa Fe con el voto de los socialistas (que hoy se abandonan) y que sabe que los mismos radicales que decían que el  límite era Macri, y a con el espejismo de algunos (pocos) contratos a la vista, se pusieron a inflar globos y a ensayar bailecitos, apoyarán con de cuerpo y alma a Del Sel, si la zanahoria es grande y vistosa.

A pesar de que en la provincia son aliados del socialismo, los radicales lanzaron Cambiemos. Llamaron a sumarse a ese acuerdo a los socialistas, quienes ya manifestaron su rechazo a asociarse con el PRO.

El radicalismo de Santa Fe formalizó ayer a nivel provincial la alianza que mantiene con el PRO a nivel nacional. El intendente de Santa Fe y presidente de la UCR, José Corral, presidió el lanzamiento de Cambiemos en esa provincia, acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio. “Es un paso mas en un camino que venimos recorriendo desde la convención de Gualeguaychú”, dijo Corral a Página/12.

“Nosotros vamos a acompañar al Presidente y ese será nuestro argumento de campaña”, precisó el jefe de los radicales de cara a las elecciones de 2017, al tiempo que aseguró que sus socios socialistas en el Frente Cívico “tienen la puerta abierta” para sumarse al armado macrista. Lo cual parece difícil dadas las diferencias que el gobernador Miguel Lifschitz y varios otros dirigentes del PS mantienen con las principales medidas económicas del Gobierno y, además, por un dato no menor: de sumarse, los socialistas deberían compartir frente nada menos que con la UCeDé y el partido Fe, del jefe del gremio de los peones rurales, Gerónimo “Momo” Venegas, cuyos referentes provinciales compartieron la mesa de lanzamiento ayer.

Lifschitz viene de protagonizar un cruce con el Presidente, quien lo había acusado de ser “el único gobernador que no trabaja en equipo”. En respuesta, el gobernador socialista contestó que a Macri “le molesta la existencia del Frente Progresista”, poniendo sobre la mesa la reticencia de su partido de alinearse con la Casa Rosada. A nivel local, fue el diputado provincial del PRO, Roy López Molina, quien en la víspera del acuerdo de ayer le reclamó a los radicales “una definición” dado que, según opinó, “el frente Cambiemos no tiene nada que ver con el Frente Progresista”.

Para Corral, la foto de ayer junto a Peña y Frigerio estuvo incompleta por la ausencia de los referentes del socialismo, a los que apuesta a integrar. De no darse esa situación, dijo, el Frente Cívico “le estaría dando la espalda a su electorado, que votó un cambio y se inclinó por Macri para presidente”. “Lo que es una contradicción para algunos dirigentes, para la gente no lo es”, remarcó en relación a las reticencias de sus –por ahora– aliados en la gobernación desde 2017 para sumarse a Cambiemos. El argumento se basa en los magros resultados que obtuvo Margarita Stolbizer como candidata a presidenta. Aún con el apoyo del socialismo, no superó el 6 por ciento de los votos.

El PS, por su parte, ayer prefirió guardar silencio. El lunes, de todas formas, los diputados Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Alicia Ciciliani almorzaron junto a Stolbizer en Buenos Aires. “El país necesita una fuerza de centroizquierda, progresista”, remarcó Bonfatti.

Entre los radicales también hay fisuras. El diputado provincial y ex vicegobernador Jorge Henn, calificó el encuentro entre Corral, Frigerio y Peña como “la foto del nuevo orden conservador en Santa Fe”. “Con el PRO, la vieja UCeDé de Alsogaray y el menemismo residual de Reutemann no compartimos un modelo de provincia”, sostuvo.

“Es seguro que en la lista nacional de diputados vamos a ir en la boleta de Cambiemos y haremos campaña junto al presidente. Veremos lo que hace el resto del frente”, dejó Corral como definición tras encabezar la reunión en el comité del partido que preside, junto a los dos ministros con más peso del gabinete. El intendente dijo que lo une “una idea común de país” con Macri, basada “en el republicanismo y en el respeto a las instituciones”. “Nuestro único límite es el kirchnerismo”, agregó. A la reunión se sumaron también el presidente del PRO a nivel nacional, Humberto Schiavoni; y el presidente del interbloque de legisladores de Cambiemos, Mario Negri.

Informe: Matías Ferrari.

"No vamos a seguir protegiendo rubros que no sean competitivos"


No protegerán a la industria nacional

A la crisis industrial y el tarifazo solo le faltaba una esto para convertirse en la tormenta perfecta. Sin el consenso social, económico y productivo necesario el Gobierno Nacional unilateralmente indica que sector es o no competitivo como excusa para sacarle subsidios.


Reacción industrial ante plan oficial de reconversión sectorial.


El Gobierno tiene en la mira a los sectores que considera menos competitivos como el textil y el electrónico, a los que busca reconvertir hacia otras actividades, como parte del llamado "Plan Productivo Nacional" (PPN).

Así lo dejaron entrever funcionarios nacionales a los empresarios que tienen plantas en Tierra del Fuego, en donde apuesta desarrollar la pesca, la explotación forestal, el turismo, la petroquímica y un polo logístico antártico en Ushuaia para redireccionar empleos. Pero el proyecto también generó resquemores entre algunos industriales, que temen quedar desprotegidos ante una eventual avalancha de importaciones.

"No vamos a seguir protegiendo rubros que no sean competitivos", se sinceraron ante BAE Negocios fuentes de la Casa Rosada.

Actualmente la fabricación de electrónicos genera en la provincia más austral del país unos 10.800 puestos de trabajo directos y otros 8.100 indirectos (el 26% del empleo privado local), gracias al régimen de promoción fiscal que le cuesta al Estado unos $30.000 millones por año. Según adelantó ayer Clarín, el Ejecutivo quiere que las empresas radicadas allí sólo puedan fabricar aires acondicionados, celulares y televisores, por lo que microondas, equipos de audio y computadoras portátiles comenzarían a traerse de afuera.

Lo cierto es que en el grupo Newsan comenzaron a sonar las alarmas. En las plantas que tiene en la capital del distrito patagónico, sólo el 60% del personal continúa en operación normal. Poco más del 30% tiene jornada reducida y un 5% en reserva hasta fin de agosto. "No hay pérdida de empleo y todos cobran el sueldo", aclaran en Newsan.

Desde el Gobierno les plantearon que reconviertan parte de su actividad a la pesca, a lo que desde el grupo respondieron que ya lo venían haciendo desde los tiempos del "1 a 1" de Guillermo Moreno.

"Nuestra planta de heladeras Siam del conurbano es eficiente, el problema son las armadoras de celulares en Tierra del Fuego", advierten en el grupo de Rubén Cherñajovsky.

En tanto, en el sector textil el plan del Gobierno dejó expuesta una división entre los que están en el comienzo de la cadena (hilanderos) y los que confeccionan la ropa, que tienen más del 70% de sus trabajadores en negro, según denuncian en el sector. Aunque a diferencia de los industriales fueguinos, el Ejecutivo no les ofreció ningún plan B a los textiles para que "reconviertan" su actividad y así evitar que los empleados queden en la calle.

Teddy Karagozian, dueño de la hilandera TN Platex, salió a atacar el PPN, mientras la Federación de Industrias Textiles Argentina (FITA) defendió el proyecto porque a su entender permitirá "disminuir la presión impositiva, rever la participación en el mercado de productos de economías sin regulación y moderar los costos logísticos y energéticos".

"Yo no necesito reconvertirme, necesito que me cobren menos impuestos", plantea Karagozian. Como adelantó este diario, el empresario tiene 3 de sus plantas totalmente paradas por la falta de demanda en el mercado local y el derrumbre de Brasil.

"El 80% de un auto argentino es importado. 20% nacional hace 100 % más caro el mismo auto que en Europa. ¿Por qué tantos privilegios? ¿Productividad?", se preguntó en Twitter, acaso anticipándose a la guerra que viene.

Por cambios impositivos y paritarias en baja, jubilaciones perderán 17% este año

El sistema de movilidad para incrementos, en jaque



Luis Autalán - Ignacio Ostera


Tiempos de ardientes capítulos respecto de la movilidad jubilatoria, frente a una inflación que en junio llegó al 47% interanual, según las estadísticas porteñas. Florecen análisis críticos sobre la proyección de que los beneficiarios del sistema de seguridad social, cerrarían el año con una mejora de sólo 30%. Léase, los jubilados perderán un 17% de su poder adquisitivo.

Agrava el cuadro de situación que este sector de la población dedica más del 50% de sus ingresos a alimentos y remedios, segmentos de alto impacto inflacionario. Las cuentas las desarrollan expertos en tema previsional y también en la economía, distantes del neoliberalismo. Todo esto sucede en simultáneo con las luces rojas que destellan sobre la "reparación histórica" de los jubilados, el cual incluye litigios con Anses, y bajo la mirada de los críticios podría "desbordar" como ácido al Fondo de Garantía Sustentable (FGS) (ver recuadro).

El contenido de este fondo, representa mucho más que las reservas del BCRA, hay allí más de $720.000 millones, en acciones, títulos públicos, depósitos y otros activos financieros.

Por norma, (ley 26.417) la evolución de los beneficios jubilatorios se motoriza de manera bianual (en marzo y septiembre), un 50% en base al crecimiento nominal de los salarios, y el restante 50% por la variación de impuestos con afectación específica. Por consiguiente, la merma en la recaudación por los cambios introducidos por el Gobierno y el parete de la actividad se conjugó con el cierre de las paritarias a la baja, también arriban al cálculo sobre la pérdida del 17% referida para los jubilados.


Los jubilados destinan más del 50% de
su ingreso a alimentos y remedios


Considerando que el mecanismo de seguridad social represent el 9% del PBI, el cálculo indica tamibén que 16 millones de argentinos cobijados por el sistema, perderán en el reparto de la renta nacional 1,53% del PBI que llevado a números concretos representa 8.414 millones de dólares estadounidenses o $129.576 millones de pesos.

"Cuando los salarios no acompañan a la inflación, esto afecta seriamente a la movilidad; sí la economía entra en recesión, los impuestos con afectación específica se recaudan mucho menos, esto también afecta muy seriamente la movilidad", le remarcó a BAE Negocios el ex funcionario de la Anses, Miguel Fernández Pastor.
Deterioro
Para la Asignación Universal por Hijo (AUH); planes sociales y pensiones no contributivas, se incluye un índice extra que es la variación salarial (definida por el Indec o la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, que elabora la Secretaría de Seguridad Social, acotó Fernández Pastor. Va de suyo que aquí los posibles correctivos a la realidad descripta se bifurcan en cuanto posibilidad de remiendos. Abogados y entidades que tutelan a jubilados reclaman por estas horas un bono compensatorio para cubrir el deterioro. Las organizaciones sociales peticionan que la movilidad se ajuste mensualmente para equiparar deterioro.

Trump afirmó que los portadores de armas pueden parar a Hillary




Donald Trump.

El candidato republicano a la casa Blanca, Donald Trump, afirmó este martes que los amantes del derecho a portar armas tienen en sus manos detener a su rival demócrata, Hillary Clinton, comentario que generó polémica al ser interpretado como un llamamiento a la violencia contra su adversaria.

"Hillary quiere esencialmente abolir la Segunda Enmienda (de la Constitución, que defiende el derecho a portar armas). Por cierto, si consigue elegir jueces no va a haber nada que podamos hacer, aunque para la gente de (que defiende) la Segunda Enmienda quizá sí que hay algo (que pueden hacer). No lo sé", afirmó.

Estas declaraciones, realizadas durante un mitin en Carolina del Norte, han sido interpretadas como una alusión velada al uso de la violencia por parte de aquellos que tienen armas para parar a Clinton.

El director de campaña de Clinton, Robby Mook, reaccionó inmediatamente en un comunicado para asegurar que "lo que dice Trump es peligroso. Una persona que busca ser presidente de los Estados Unidos no puede sugerir violencia de ninguna manera".

La campaña de Trump respondió con otro comunicado titulado "Sobre la prensa deshonesta", en el que el asesor de comunicación de la campaña Jason Miller subrayó el "increíble espíritu" y unidad que muestran los defensores de la Segunda Enmienda, lo que "les da un gran poder político".

"Y este año, votarán en números récord y no será por Hillary Clinton, será por Donald Trump", añadió Miller, quien no hizo un desmentido categórico de las opiniones que consideran que en su declaración el magnate alentaba a la violencia.

Esta no es la primera vez que el magnate hace insinuaciones indirectas sobre sus rivales, que raramente rectifica y que apelan a sentimientos bien asentados en algunas de las facciones más conservadoras de las que se nutre el candidato republicano.

A diez años de la segunda desaparición de López, Etchecolatz podría quedar excarcelado



El represor pidió hacer efectivo el fallo que le dicta la prisión domiciliaria. Los jueces deberán decidir hoy si aceptan la solicitud. Habrá una manifestación de repudio.


Organizaciones de Derechos Humanos se movilizarán hoy a la Justicia federal platense para exigir que no se otorgue la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz, a casi 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, testigo clave en el juicio contra el represor.

La movilización está convocada a las 9.30 al edificio de la Cámara Federal de La Plata, ubicada en las calles 8 y 50, donde los jueces definirán si se dicta la excarcelación a Etchecolatz. Desde HIJOS, una de las organizaciones que marchará al lugar, asegurarn que "no es un delincuente común" y que "los delitos cometidos están probados".

El expolicía bonaerense Miguel Etchecolatz fue condenado a prisión perpetua en 2006 por el Tribunal Oral Federal 1, presidido por el juez Carlos Rozanski, por "delitos cometidos en el marco de un genocidio". Fue la mano derecha Ramón Camps, jefe de la Policía y responsable de una red de centros clandestinos de detención en territorio bonaerense, conocida como "circuito Camps".

Natalia Esponda, integrante de la agrupación HIJOS, vinculó los fallos a favor de los represores con condiciones dadas en este Gobierno y aseguró que "los dos diarios más importantes que marcan el rumbo político a los Gobierno, que no pudieron hacerlo con el Gobierno anterior, han celebrado prisiones domiciliarias". En tanto, a un mes de cumplirse una década de la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave en la condena a Etchecolatz, precisó que el hecho "fue una manera de decirnos que siguen teniendo poder, y que sus redes están intactas, operando desde lugares de mucho oscurantismo".

La movilización fue convocada por APDH, AEDD, CTA, Justicia Ya, APEL CEPRODH, la Liga Unión por los Derechos Humanos, sobrevivientes y familiares querellantes en causas por delitos de lesa humanidad.

Vidal no quiere reabrir paritarias pese a la alta inflación y el jueves habrá paro docente en la provincia



El encuentro entre las autoridades bonaerenses y los gremios de maestros no llegó a buen puerto y el jueves habrá una medida de fuerza en la provincia de Buenos Aires.

Fracasó el intento de reabrir la paritaria y habrá paro docente en la Provincia

Roberto Baradel señaló que "no recibieron una respuesta positiva acerca de  reabrir la paritaria para discutir una recomposición salarial, y por eso va a haber una medida de fuerza”, confirmó Baradel, quien remarcó que el incremento pretendido es de “entre el 12 y el 15%”.

"No es verdad que los salarios le estén ganando a la inflación", objetó Roberto Baradel, líder de SUTEBA.

En María O'Donnell Continental, explicó que, además de la cuestión salarial, "También es muy importante aumentar al menos un 30% el cupo de los comedores y retomar la mejora de la infraestructura escolar. Además, hablan de mejorar la educación y congelaron los planes de perfeccionamiento docente", enumeró Baradel.


El Secretario de Interior del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, Raúl Calamante, había confirmado que en caso de no tener un aumento salarial para su sector, el gremio irá al paro este jueves.

En este marco, Calamante manifestó que “el Gobierno Nacional está planteando la no apertura de paritarias y en el caso de la provincia de Buenos Aires, tanto el Ministro de economía como el Ministro de educación, dijeron que no hay razones para discutir porque el 34,6, lo que se terminó de cobrar ahora, estaría por encima del proceso inflacionario”.

“Esperamos que el Gobierno desista de esta actitud que viene transmitiendo con algunas declaraciones preocupantes”, explicó.

Asímismo, el gremialista aseveró que “estamos en un proceso donde estamos a pérdida y si nos proyectamos de acá a fin de año estamos muy complicados”.

Para terminar, el secretario de SUTEBA apuntó que “estamos planteando que tiene que haber un freno a estas políticas que están haciendo estragos con el salario de los trabajadores”.

La reunión entre los sindicatos de docentes y las autoridades de la provincia de Buenos Aires terminó sin acuerdo y el jueves finalmente habrá un paro en el distrito.

"Quieren continuar el diálogo, pero del diálogo no comemos. Quieren continuar con la paritaria abierta, pero el 7 de julio tuvimos una paritaria y desde ahí que no tuvimos respuesta", señaló María Laura Torre, de Suteba.


Nosotros mañana vamos a dar respuesta

Tras el fallido encuentro, los maestros señalaron que no recibieron ninguna propuesta para compensar la caída del poder adquisitivo. En este sentido, los sindicatos definieron llevar a cabo este jueves una medida de fuerza.

Concejales presionan a diputados para que den quórum en la sesión especial por el tarifazo

Buscan frenar las subas


Unos 350 concejales del Frente para la Victoria, el Frente Renovador e incluso el PRO firmaron una solicitada exigiendo que sus pares de la Cámara de Diputados habiliten la sesión especial en la que está previsto tratar la problemática de los tarifazos. Imágenes







Con la firma de unos 350 legisladores locales pertenecientes a distintos espacios políticos de la provincia de Buenos Aires, entre los que se encuentra el kirchnerismo, el massismo e incluso el macrismo, solicitaron "a todos los bloques de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que habiliten la Sesión Especial convocada para el día de hoy, cuyo objeto es darle tratamiento parlamentario a los proyectos que buscan una solución política a un problema que preocupa al conjunto de la sociedad: los aumentos indiscriminados en las tarifas de los servicios públicos".

De esta forma, parecieran sentar un presedente político de consenso ante una problemática que lleva semanas en la agenda de los ciudadanos. En este sentido, y en la misma solicitada, expresaron que "las instituciones en sus distintos niveles asumieron que el aumento de tarifas se ha vuelto impagable y afecta al comercio, la producción y el nivel de vida de los trabajadores".

"Estamos convencidos de que el Poder Legislativo de la Nación es el ámbito propicio para destrabar el conflicto. Los diputados representan al conjunto del pueblo argentino y tienen la llave de la solución política que la sociedad reclama", concluyeron.

Es que, por otra parte, y según habían consignado distintos medios nacionales, referentes del FR habían pedido una sesión para las 10.30, mientras que dirigentes del FpV también lo habían solicitado pero para las 11.00, por lo que por estas horas negociaban confluir en un mismo plenario que les permitiera lograr el quórum de 129 diputados.

Abajo algunas de las firmas de los concejales a las que accedió este medio:
Daniel Garcia (PRO); Adriana Boccalandro (Frente Renovador); Bonfanti Lucía (FR); Emilio Vitale (FR); Julio César Goya (FR); Gonzalo Beccar Varela (FR); José Raul Garayo (FR); Luciano Pastochi (FR); Marcela Durrieu (FR); Marcelo Latorre (FR); Armando Bertolotto (FR); Carlos Botta (FR); De Marino Roberto (FR); Herrera, María Helena (FR); Jose Alessi (FR); Luis Chavez (FR); Juan Medina (FR); Juan Montalvo (FR); Oscar Ramírez (FR); Ramon Leiva (FR); Roa Andrea (FR); Romina Ibarra (FR); Ruviera Héctor (FR); Silvio Rafael Almiron (FR); MILHOME CARLOS (FR); SELVA SABRINA (FR); Gualmes Mario (FR); Blanco Schmidt (FR); Carlos Laguzzi (FPCYS); Federico Gelay (CONSENSO POR SAN ISIDRO); Maximiliano Santini (PROPIN); Martin Viotti (PROPIN); Adrián Rey (FPV); Adriana A. Vera (FPV); Adriana Capuano (PJ-FPV); Agustín Casares (FPV); Agustina Abelleyra (FPV); Alberto Fernando Tevez (FPV); Aldana Damone (FPV); Alejandra Acuña (FPV); Alfredo Asteasuain (FPV); ALTUBE SANTIAGO (FPV); Amaro Sarlo (FPV); Ana B. Espinola (FPV); Ana Julia Francese (FPV); Angel Akike (FPV); Ángel García (FPV); Angelina Zapico (FPV); Antinio Roa (FPV); ARENAS RICARDO (FPV); Augusto De Benedetto (FPV); BAEZ JUAN ANDRES (FPV); Balmaceda Eliana Beatriz (FPV); Barraza Simón Ignacio (FPV); BLASETTI LUIS ALBERTO (FPV); Bruno Baschetti (FPV); Bruno Baschetti (FPV); BURONE CELESTE (FPV); Caceres Lucas Eduardo (FPV); Cano Juan José (FPV); Carasatorre, Santiago (FPV); Caravaggio Marcelo (FPV); Carciofi Sergio (FPV); Carlos Carvajal (FPV); Carlos Falce (FPV); Carlos Mantelli (FPV); Carlos Paz (FPV); Castellá Germán Agustín (FPV); Cecilia Pezzelatto (FPV); Celasco Verónica Elizabeth (FPV); César Lorenzo (FPV); Christian Setembrini (FVP); Cielo Carasatorre (FPV); Cimminelli, José Antonio (FPV); Cintia Carnabuci de Othacehe (FPV); Claudia D. Ramos (FPV); Claudia Guerra (FPV); Claudio Galarza (FPV); Claudio Gonzalez (FVP); Cristian Burgos (FPV); Damián Mosquera (FVP); Daniel Depauli (FVP); Daniel Gurzi (FPV); Daniel Rodriguez (FPV); Dario David (FPV); Dario Mendez (FPV); David Gutierrez (FVP); Delfino, Margarita Teresa (FPV); Delponte Luisina (FPV); DEMATEI MATIAS (FPV); Diego Brigati (FVP); Diego Videla (FPV); Diego Yanson (FPV); Dominguez Victor Alfredo (Peronismo Independiente); Edgardo Avigliano (FPV); Edith Llanos (FVP); Eduardo Rodriguez (Olavarría para la Victoria); Einar Iguerategui (Olavarría para la Victoria); Elias Turre (FVP); Emilio Ciaffardini (FPV); Emmanuel Gonzalez Santalla (FPV); Erica Pereyra (JP FPV); Erika García (FPV); Ernesto Griego (FPV); Ernesto Onchalo (FPV); Fabián Brest (FPV); Fabián Lugli (FPV); Facundo Ballestero Maggi (FVP); Facundo Romero (FPV); Federico Aguilera (FPV); Federico Ugo (FPV); Feliz Reynoso (FPV); Fernández Norberto Ariel (FPV); Figueroa Hugo Héctor (Lealtad Peronista); FIORELLI FACUNDO (FPV); Florencia Mendizabal (FPV); Florencia Mosqueda (FPV); Florencia Saintout (FPV); Font, Miguel (FPV); Francisca Colman (FPV); Fuentebuena, Héctor (FPV); Gabriel Bruera (FPV); Gabriel Céspedes (FPV); Gabriel Macchi (FPV); Gabriel Pedretti (FVP); GARRO CARLOS (FPV); Gastón Castagneto (FPV); Gastón Domínguez Gomez (FPV); Gemelli Emmanuel (FPV); Gerardo Ponzo (FPV); Gerardo Ripoll (Olavarría para la Victoria); German Aramburu (Renovación Peronista); Giurliddo, Gabriel (FPV); Gloria Argañaraz (FPV); Gomez Claudio Antonio (Compromiso Peronista); GONZALEZ NORA (FPV); Graciela Callegari (FPV); Gregorio Estanga (FPV); Groh Alejandro (Peronismo Independiente); Guillermo Cara (FPV); Guillermo Oliveri (FPV); Gustavo Traverso (FPV); Hector Gaya (FPV); Héctor Montero (FPV); Hector Villagra (FPV); Hernan Letcher (FPV); Herrera Carlos Ramón (Peronismo Independiente);; Hugo Dino Barrueco (FPV); Hugó Malandra (FPV); Hugo Roberto Fernández (FPV); Igancio Villaronga (FPV); Insuam Juan Antonio (FPV); Ivan Villagran (FPV); Javier Coronel (FPV); Jesica Solís (FPV); Jorge Jorge Degli Inocenti (FPV); Jorge Garcia (FPV); Jorge Lenzi (FPV); Jorge Massatti (FPV); Jorge Michelena (FPV); Jorgelina Glorio (FPV); ; Jose Cestari (Accion vecinal mercedes); José Francisco Deo (FPV); Jose Juan Aubalat (FPV); José Lepere (FPV); José Luis D'Agata (FPV); Jose Migliacho (FVP); Juan Carlos Martino (FPV); Juan Fabiani (FPV); Juan Ignacio Goñi (FPV); Juan José Castro (FPV); Juan Jose Dos Santos (FPV); Juan Ocampo (FPV); Juan Ottavis (FPV); Juan Pablo Roldán (Partido Justicialista de Pilar); Julio Frias (Olavarría para la Victoria); Julio Rodriguez (FPV); Laffont Ana (FPV); Larramendy Héctor Edgardo (FPV); Laura Clark (FPV); Laura Silvetti (FPV); Lautaro Mazzutti (FPV); Leandro Martín (FPV); Leonardo Lignazzi (FVP); Leonardo N. Virardi (FPV); Lila Bruno (FPV); Liliana Rizzonelli (Olavarría para la Victoria); Lisandro Bormioli (FVP); Llambi, Álvaro (FPV); López, Vanesa (FPV); Lorena Riesgo (FPV); Lucas Castiglioni (FVP); Lucas Di Sabatino (FPV); Lucuana Agustavicius (FPV); Luis Chesini (FPV); Luis Sanchez (FPV); Maia Grisel Lata (FPV); Maia Leiva (FPV); Mancini, Juan Luis (FPV); Manuela Sanchez (FPV); Marcela Viguera (FPV); Marcelo A. Romio (FPV); Marcelo Vaccaiani (FVP); Marcos Gutierrez (FPV); Margarita Arregui (Olavarría para la Victoria); Maria Eugenia Poume (FPV); María Laura Branchini (FVP); María Mancini (FPV); María Marta Delucia (FPV); María Rosa Martinez (FPV); María Soledad Calle (FPV); Mariano Garcia (FPV); Maricel Cides (Renovación Peronista); Marilina Russo (FPV); Marina Santoro (FPV); Marta Ponte (FVP); Martín Garrido (FPV); Martín Gianella (FPV); Martín Tamassi (FPV); Martín Torres (FPV); Matias Murabito (FPV); Matías Raúl Rodríguez (FPV); Mauricio Demarco (FVP); Mauro García (FPV); Méndez Mirta (Peronismo Independiente); Menéndez, Claudio (FPV); Mercedes Moreno (FPV); Miguel Ángel Elola (FPV); Moyano Gerónimo Damián (FPV); Nancy Esposito (FVP); NARDINI MARIA SILVINA (FPV); Nestor Hurtado (FPV); Nieves Casella (FPV); Nilda Esther Moralejo (FPV); Nilda Martín (FPV); Norma Illescas (FPV); Norma Warrel (FPV); Ofelia Quintana (FPV); Olga Centurión (FPV); Olga García (FPV); Olga Prieto (FPV); Osvaldo Fraticelli (FPV); Oyhamburú, Sergio (FPV); Pablo Armanino (FPV); Pablo Pino (FVP); Pablo Zurro (FPV); Palavecino Andrea Fabiana (Peronismo Independiente); Paola Dominguez (FPV); Paula A. Pereyra (FPV); Pavón Andrea Carina (FPV); Pedro Borgini (FPV); Pedro Pablo Arias (FPV); PRENITUNE PATRICIA (FPV); Ramiro Ferrau (FPV); Ramón R. Rodríguez (FPV); Reinaldo Torres (FPV); Ricardo Ruggeri (FVP); Rivero, Julio (FPV); Roberto Elorz (PROPIN); Roberto francisco Di Manzo (FPV); Rocío Miranda (FPV); Rodolfo Bertone (FPV); Rodrigo Ruete (FPV); Rogelio Iparraguirre (FPV); RONCO FLORIANA (FPV); Rosa Josefina Ron (FPV); Roxana López (FPV); Rubén Araujom (FPV); SAN MARTIN MARIANA (FPV); Saúl Bajamón (FPV); Sebastián Cáceres (FPV); Sebastián González (FPV); SECCO NICOLAS (FPV); Sergio Romano (FPV); Silvana Soria (FPV); Silvina González (FPV); Silvio Martini (Militancia Peronista); Sixto Sanabria (FPV); SLOBODIAN MARTIN (FPV); Stella Maris Repetto (Justicialista); Suárez María del Valle (FPV); Tavella, Gonzalo (FPV); Tranfo, Ana (FPV); VAELLO RAUL (FPV); Vela Zulma Raquel (FPV); Verón José Dolores (FPV); Vicente Elio (FPV); Vilar, Daniela (FPV); Violeta Caldera (FPV); Waldemar Giordano (FPV); Walter Beltrán (FVP); Yamila Pelliza (FPV); ZALAZAR CESAR (FPV); Zubeldia, Ricardo Omar (FPV); Zulema Rosario Aguarón (FPV); Zunino, Alcira Alejandra Elena (FPV); Laura Clark (FPV); Ricardo Ruggeri (FPV); Diego Brigatti (FPV); Cristian Settembrini (FPV); Lisandro Bormioli; entre otros.

Una espiral de despidos y suspensiones



EN JULIO HUBO 15.137 TRABAJADORES QUE FUERON CESANTEADOS O SEPARADOS TEMPORALMENTE DE SUS EMPLEOS


Un informe del CEPA muestra que la crisis del mercado laboral se retroalimenta. Las cesantías de trabajadores estatales, de la construcción y luego de la industria generaron una caída del consumo y más despidos en el área de servicios.

Por Laura Vales


“Suspendido hasta nuevo aviso” es el título que el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) le puso a su último informe sobre el mercado laboral. El análisis remarca con ese giro el dato más saliente del comienzo del segundo semestre: el elevado número de suspensiones en el sector industrial. Como dato en sí mismo, las 7 mil suspensiones de julio son una foto amarga; pero leído con la perspectiva de lo que pasó en estos siete meses se convierte en una película de Bela Lugosi: muestra que el mundo del trabajo entró en una suerte de movimiento en espiral descendente.

A los despidos de diciembre y enero (estatales y trabajadores de la construcción) siguió una ola cesantías y suspensiones en el sector industrial –por la retracción en la producción–, que a su vez provocó despidos en el área de servicios –por la caída en el consumo–. A estas pérdidas que se sucedieron en un efecto dominó siguen ahora nuevas suspensiones en la industria: la secuencia se está repitiendo por segunda vez. Se está entrando en la segunda vuelta de la espiral descendente.

Para los autores del análisis, los datos sobre la situación de mercado laboral en julio no se agotan de esta manera en los despidos del mes, sino que “permiten vislumbrar una nueva afectación en los niveles de producción y un anticipo a nuevos despidos en el corto y mediano plazo”.

El equipo que encabeza Hernán Letcher –especialista en economía política y concejal de San Martín del FpV– viene relevando los despidos en marzo, abril, mayo, junio y julio, en los que hubo sucesivos incrementos en la destrucción del empleo.

En el último mes se agregaron 15.137 nuevos despidos y suspensiones. De ellos se puede decir que:


Se produjeron básicamente en el sector privado. Del total de 15.137 nuevos despidos y suspensiones, 14.149 ocurrieron en empresas. El ámbito privado motorizó más del 93 por ciento de las cesantías.


En su mayoría afectaron a la industria (que mandó 11.391 telegramas, 4324 de ellos fueron despidos y 7067 suspensiones).


Traducido en porcentajes, las personas que quedaron desocupadas o en riesgo de quedar sin empleo aumentaron en julio, en el sector industrial, un 24,62 por ciento. En junio ya venía subiendo, pero había tenido más intensidad relativa la pérdida de empleo en el área de servicios.


Este último mes, en cambio, en los servicios se mantuvo un número similar de despedidos y suspendidos. Esto parece responder al movimiento descripto: un achicamiento del número de trabajadores industriales precede a otro en el sector de los servicios, por el efecto de la baja en el consumo.


Este proceso de destrucción de puestos de trabajo es continuo y se va acelerando.
Calesita

“El dato más significativo de julio es que de los 15.100 despidos y suspensiones, 7 mil son suspendidos”, explica Letcher. “Eso refleja que está habiendo una retracción en términos de producción. Lo que se ve es una secuencia: tras el puntapié inicial de los despidos en el Estado y en la construcción por el parate de la obra pública, se suspendió y se despidió primero en el sector productivo, y eso afectó al de servicios. Al inicio del segundo semestre este proceso arrancó de nuevo. Hubo una cantidad de suspendidos tremenda, mientras se mantienen los despedidos de los servicios igual que el mes pasado –lo que es un dato, porque eso implica la continuación de la caída del consumo–. Los suspendidos de hoy muestran el preludio de futuros despidos y reflejan una nueva caída de la producción, con lo que, por fuera de las posibilidades que puedan dar impulso a la construcción, como la obra pública, lo que vemos es que se vienen más pérdidas de puestos de trabajo.”

Vale aclarar que el informe no considera a los trabajadores informales o en negro –por no estar, justamente, registrados–, que viven de changas, de limpiar las casas o cuidar los niños de los trabajadores formales, de la venta ambulante o de reciclar la basura. En este sentido, organizaciones sociales y especialistas estiman que por cada puesto de empleo formal perdido, se afectan de 3 a 4 de empleo informal.
194 mil

Considerando los números totales, desde diciembre de 2015 se acumularon 194 mil despedidos y suspendidos. De ellos, 127 mil son pérdidas de empleo en el sector privado, y 67 mil son despidos en la administración pública.

En el primer gráfico (“Privados de empleo”) puede verse el peso del sector empresario en los despidos. Ya en marzo las cesantías en el ámbito privado superaban ampliamente a los contabilizados en el sector público, y en los meses siguientes, las pérdidas de puestos de trabajo en el orden privado fueron de 56,84 por ciento a 61,22 por ciento en abril, a 61,83 por ciento en mayo, a 62,96 por ciento en junio y a 65,34 en julio, mientras que los del sector público (en el nivel nacional, provincial y municipal) redujeron su participación de 43,16 por ciento en marzo a 38,78 por ciento en abril, 38,17 por en mayo, 37,04 en junio y, finalmente, a 34,66 por ciento en el mes de julio.

A su vez, los 194 mil despidos y suspensiones acumulados en el primer semestre, se reparten en 169.933 despidos y 24.489 suspensiones.
Por actividad

¿A quiénes golpeó en julio el combo de recesión, inflación, baja del poder adquisitivo de los salarios y apertura de importaciones del macrismo? Hubo seis actividades muy perjudicadas: la textil, automotriz, petrolera, frigorífica, de electrónica y electrodomésticos y el comercio.

En esos rubros volvieron a aparecer marcas de primera línea y grandes empresas, a las que el presidente Mauricio Macri recurrió para que firmaran un acuerdo para mantener los puestos de trabajo por 6 meses, con lo que justificó el veto a la ley antidespidos. Integran el listado Alpargatas, Edesur, Renault, Iveco, BGH, ATMA, Siam, Ferrum y Cerámica San Lorenzo, entre otras). “Las empresas que han protagonizado la mayor cantidad de despidos tienen más de 5 mil trabajadores”, resume el CEPA.

Otro aspecto que completa el cuadro de situación es que “se ha intensificado la persecución en el lugar de trabajo. El caso que citan como ejemplo es el de los call center de Tucumán: “Los delegados de Attac denuncian que la empresa Personal obliga a que los trabajadores concreten, al menos, una venta. Caso contrario, son sancionados con apercibimientos, suspensiones y desvinculación de la empresa con causa”.
Los sindicatos

De la serie de análisis que viene elaborando el CEPA, éste es el primero en el que incluyen una lectura sobre el rol de los dirigentes sindicales.

“Algunos casos de connivencia con un fuerte llamado de atención al conjunto de las conducciones gremiales, como es el silencio del sector gastronómico”, que conduce Luis Barrionuevo, “y de comercio”, que encabeza Armando Cavalieri. El centro de estudios apunta que “a pesar de haber sido los sectores de servicios más afectados, no sólo han mostrado muy poca reacción, sino que incluso han relativizado el peso de los despidos”, con declaraciones a los medios en las que aseguraron que “no ha habido despidos masivos” o que se produjeron “por cuentagotas”.

El informe advierte que en la CGT, que va en camino a reunificarse, “habrá una conducción tripartita basada en el sector servicios –con Juan Carlos Schmid, de Dragado y Balizamiento, moyanista–, Carlos Acuña –del Sindicato de Garage y hombre de Barrionuevo– y Héctor Daer –de Sanidad–. Ello sin duda debilita la representación de los sectores industriales y configura un escenario de representación semejante al de la década de los 90”.

En cambio, los gremios “que han manifestado mayor conflictividad ante los despidos ocupan lugares distanciados de la conducción, como es el caso de Sergio Palazzo, de Bancarios, seccionales de la UOM como Campana, y los Gráficos que lidera Héctor Amichetti”. En este contexto, el CEPA expresa su preocupación por el hecho de que dirigentes de Gastronómicos, Comercio o la Uatre ocupen lugares en la próxima conducción de la central obrera.

Concesionaria Dietrich blinda patrulleros pero 'Guillo' dice que él viaja en bicicleta

ÉTICA Y NEGOCIOS


Ya ocurrió con Iecsa, la empresa que fue de Socma (Sociedad Macri) y hoy día es de Grupo ODS: su presidente es Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y mucho se cuestionó su podía o no participar de licitaciones de obra pública. El titular del Poder Ejecutivo le dijo públicamente que sí, que puede participar como cualquiera porque, de lo contrario, sería discriminarlo. El tema es, sin embargo, origen inevitable de especulaciones y sospechas, similares a las que provocaron los contratos que ganó la constructora de Nicolás Caputo cuando Macri gobernaba la Ciudad de Buenos Aires. Ahora aparece otro caso. Es cierto que porque alguien sea familiar o amigo de un funcionario público no lo inhabilita para ejercer su profesión en forma independiente o continuar con sus actividades empresarias, pero le cabe lo de a la mujer del César: que además de ser honesta, tiene que parecerlo. Dietrich SA se llama la concesionaria que fundó el padre del ministro de Transporte, Guillermo, de la que éste fue director hasta 2009. Ahora la gestiona su hermano Hernán, y consiguió contratos para blindar patrulleros de los municipios 3 de Febrero (Diego Valenzuela) y se acaba de presentar en una licitación privada para proveer de blindaje al parabrisas delantero y la puerta del conductor de 450 Toyotas Hilux y Etios de la Policía Bonaerense (María Eugenia Vidal/Cristian Ritond). La jefa de Compras de AFIP acaba de anularle un contrato para equipar con medidas de seguridad el VW Vento del director general Alberto Abad y fijarle una multa de $ 5.000 al declarar “inelegible” a la concesionaria de la familia Dietrich. Pero en la empresa rechazan tales argumentaciones con que se pretende segregarlos de hacer negocios con el Estado aduciendo que “Guillo” hace rato que se retiró. L a declaración jurada patrimonial de cuando se vaya dirá hasta dónde estaba afuera de lo que generase la empresa.


En bicicleta mejor que en helicóptero: Guillermo Dietrich junto a Mauricio Macri. De patrulleros, ni hablar (¿?)

Una situación muy controversial se cierne en torno del llamado a licitación privada para el blindaje de 450 patrulleros Toyota (250 Hilux y 200 Etios) de la Policía Bonaerense, por 2 motivos:

> Por falta de presupuesto se les blindarán sólo los vidrios del parabrisas y de la puerta del conductor y no de todos los carrozados, tal como sí se hizo con 36 móviles sin identificar para uso de los jefes;

> Porque se presenta entre los 4 oferentes Dietrich SA, la empresa familiar en la que el ministro de Transporte, Guillermo, del mismo apellido, había sido director hasta 2009 y dirige su hermano Hernán, por lo cual la empresa podría ser considerada “inelegible”.

Idéntica razón había esgrimido el servicio jurídico de AFIP hace poco cuando anuló la contratación a la concesionaria del blindaje de un Volkswagen Vento que utiliza el director general, Alberto Abad, presupuestado en $350.246.

Invocó para dejar sin efecto la orden de compra 4.500.015.441 el artículo 54 de la disposición 297/03, que establece en el inciso b que se rechazarán ofertas de personas físicas o jurídicas cuando se encuentren vinculadas “por lazos de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad con personas comprendidas en causales de inhabilidad para contratar con este organismo”.

Cuando la jefa de Compras de AFIP, Cecilia Trabucco, les advirtió de inmediato que se anularía el contrato por la disposición interna que impide proveerse de bienes o servicios prestados por familiares de funcionarios y pidió que les devolvieran el Vento, la compañía respondió que ya lo había terminado, con lo cual sin posibilidad de retrotraer la situación, se buscó zanjar el diferendo con una multa de $5.000 fijada hace un mes.

En Dietrich SA se manifestaron tranquilos de poder alzarse con el negocio de la Bonaerense, ya que aducen que la ley de Ética Pública no excluye a la empresa de los contratistas elegibles por el Estado, al llevar más de 3 años el ministro sin ser su directivo ni accionista. Estiman que también podrán presentarse en el concurso para reforzar a los 600 patrulleros que planean poner en la calle las fuerzas federales en los próximos meses.

Cuenta con satisfactorios antecedentes en equipar patrullas municipales, con 3 de Febrero, donde el intendente Diego Valenzuela tiene aún pendiente informar a los concejales opositores cuánto pagó por las 32 Toyota Hilux y los 5 Volkswagen Polo que fueron al taller de Villa Adelina.

El alcalde de Vicente López, Jorge Macri, cuyas nuevas patrullas vecinales también fueron blindadas allí en julio, sufrió un allanamiento en la sede comunal por orden del juez Juan Manuel Culotta, que investiga una compra anterior, en 2014, en la concesionaria Treos, de la que su hermana Daniela Macri es la propietaria, según publica Diariobae.

Tentadora emergencia

No son nuevas las controversias por la adquisición o equipamiento de los móviles policiales, ya que una disposición de emergencia que rige en el ámbito de la provincia por cuestiones de seguridad, habilita a saltear los pasos administrativos y contratar en forma directa.

Sucedió en 2007 y aún no cesaron los ecos judiciales, cuando el actual intendente del partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús, era el jefe de Compras del Ministerio de Seguridad bonaerense de Raúl Rivara durante la gestión del entonces gobernador Felipe Solá, y se encargó blindar 2.500 vehículos policiales a los empresarios Ramón Igarreta e Italo Latanti –el primero responsable de la empresa sin autorización del RENAR que contrató el Ministerio de Seguridad para el blindaje y el segundo el subcontratista. Ambos terminaron juzgados en La Plata bajo sospecha de haber defraudado por una suma millonaria al Estado.

El diputado radical Jorge Cartolano había solicitado al Ministerio de Seguridad que informara de manera inmediata sobre el presunto fraude en la contratación de blindajes antibalas para unos 500 patrulleros de la policía bonaerense, que según una pericia no contarían con la protección correspondiente.

El proyecto de solicitud de informes tiende a conocer si el Ministerio de Seguridad radicó una denuncia penal sobre un supuesto fraude en la realización de blindajes de móviles policiales, contratados a una empresa privada.

En el caso que la respuesta sea afirmativa, deberían informar que cantidad de móviles hay afectados; fecha en que se contrató el blindaje; funcionario a cargo de ese Ministerio al momento de realizar la contratación; empresa contratada para la realización del trabajo y forma de contratación de la misma (adjudicación directa, licitación, etc.).

Además, desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires también tuvo que indicar el monto del contrato y el tipo de blindaje contratado; personal policial herido o muerto por impactos de bala que hayan atravesado a los móviles blindados y medidas tomadas por ese Ministerio, respecto a los móviles que carecen de protección por causa del ilícito mencionado, a los efectos de proteger la vida y la integridad de los miembros de la fuerza.

El diputado Cartolano (UCR) expresó que "el perjuicio ocasionado sería cercano a los 2.250.000 dólares". Además agregó que "todos los vehículos de la Policía Bonaerense deben cumplir los requisitos de blindaje que dispone el Registro Nacional de Armas, con un nivel de resistencia que les permita soportar el disparo de una pistola Mágnum 357 de alta velocidad o una 9 milímetros de velocidad media".

"La situación descripta, de comprobarse los hechos denunciados, implicaría además del fraude en lo económico haber puesto la vida y la integridad física del personal policial en grave riesgo, con las responsabilidades que ello supone para la firma involucrada y para los encargados de verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales", afirmó el legislador oriundo de Azul.

Finalmente, Jorge Cartolano sostuvo que "resulta necesario identificar en su caso a todos los responsables de la maniobra, y especialmente a quien o quienes tuvieron a su cargo desde el gobierno provincial la tarea de inspeccionar el cumplimiento efectivo de lo pactado".

La pesquisa estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata, a partir de una denuncia del propio Ministerio de Seguridad bonaerense en torno de los patrulleros comprados durante la gestión anterior a la del ministro León Arslanián. Luego junto con el juzgado de garantías elevaron la causa a juicio oral.

Los ensayos encomendados al Registro Nacional de Armas (Renar) por los fiscales Esteban Lombardo y Carlos Argüero, practicados por expertos del Ejército, habrían determinado, según un informe preliminar, que proyectiles especiales habrían atravesado las placas de protección de las puertas.

En esta pericia, realizada el 26/0326 de marzo y que también fue supervisada por la Fiscalía penal de La Plata, ejecutando disparos con pistolas 9 mm. y calibre 357, los proyectiles habrían perforado las puertas y los vidrios laterales de uno de los móviles, especificaron.

De comprobarse fehacientemente que los blindajes no conforman los parámetros que estipula el RENAR, la Fiscalía podría citar a las partes en los próximos días, ante la presunción que se podría estar en presencia de un delito de fraude.

El Senado brasileño comienza a definir el futuro de Dilma


Se espera sesión maratónica



Se descuenta que la presidenta sufrirá una derrota.

En una sesión que puede prolongarse por 20 horas el Senado analiza este martes la apertura del proceso que puede derivar en la destitución de Dilma Rousseff.

El Plenario de la Cámara Alta, compuesto por 81 miembros, iniciará la Sesión de Pronunciamiento, en la que se votará por la aceptación o rechazo de la apertura del impeachment.

Legisladores y analistas consideran seguro que Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), sufrirá una derrota clara en el recinto donde hay una mayoría de opositores a la mandataria suspendida.

"Las chances de que Dilma Rousseff pueda revertir el cuadro negativo son realmente mínimas, o casi inexistentes", apuntó el analista político Fernando Rodrigues.

El comentarista ponderó que Rousseff cuenta con pocos aliados entre los 81 miembros del Senado y también era pobre su peso en la Comisión Especial de Impeachment.

La semana pasada, en una sesión tensa, la citada Comisión Especial de Impeachment, de 21 miembros, aprobó el informe final que respalda la destitución de Rousseff por haber violado las leyes de Responsabilidad Fiscal y de Presupuesto, al maquillar los gastos para disimular el déficit.

Estas maniobras contables ocurrieron en 2014, año en que Rousseff fue reelecta para un segundo mandato que concluye el 31 de diciembre de 2018.

El parecer que respalda la condena y destitución definitiva de Rousseff obtuvo el respaldo de 14 senadores mientras sólo cinco legisladores "dilmistas" lo rechazaron.

Con todo la sesión de hoy marcará un momento importante en el proceso de destitución iniciado el 12 de mayo, cuando Rousseff fue suspendida provisoriamente del cargo.

Ese día asumió el gobierno Michel Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), quien hasta entonces era vicepresidente de la República.

El PMDB, partido del cual Temer es presidente en licencia, cuenta con la mayor bancada en la Cámara de Senadores.

Para que dar el aval al inicio del proceso se requiere una mayoría simple del cuerpo, esto es el voto de 41 congresistas.

A partir de ese probable éxito de los adversarios de Rousseff se iniciará el impeachment propiamente dicho con la evaluación de las denuncias y la defensa de la mandataria, a cargo del abogado José Eduardo Cardozo.

Cardozo fue durante cinco años el ministro de Justicia de Rousseff, cuyo primer mandato se inició en enero de 2011.

El Senado se convertirá en Tribunal compuesto por 81 integrantes y presidido por el titular del Supremo Tribunal Federal, juez Ricardo Lewandowski. Se estima que las sesiones se prolongarán hasta fines de mes cuando se votará por la inocencia o culpabilidad de Rousseff. En esa votación, prevista dentro de los 20 días, la acusación necesitará de una mayoría especial de dos tercios del cuerpo, esto es de 54 congresistas.

Frigerio admitió que "hay mucha gente que la pasa mal" por el tarifazo




Tras las masivas marchas y ruidazos en contra de los tarifazos el ministro del Interior admitió en Radio 10 que "hay angustia y descontento en gran parte de la población" aunque aseguró que las decisiones adoptadas por el gobierno nacional ayudarán "a salir adelante".

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, reconoció este lunes que merced del tarifazo en los servicios públicos dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri "hay mucha gente que la pasa mal".

En diálogo con Radio 10, Frigerio aseguró estar "atento a lo que pasa en la calle porque eso forma parte de nuestra responsabilidad. Hay mucha gente que la pasa mal al haberse planteado el tema con crudeza de la tarifas públicas, plantearlo con la verdad, de cada a la gente".

"Hay que saber leerlo y actuar en consecuencia" siguió Frigerio y explicó "por eso esto de la tarifa social y otras medidas parciales para una parte de la población que no la pasa bien pero que tiene esta doble sensación de que están pasando un momento difícil pero que se va por el buen camino y van a estar mucho mejor".

En cuanto a la disparada de la inflación Frigerio aseguró que "hay que trabajar sobre los mercados concentrados y en defensa de la competencia. Son instrumentos que estaban en desuso, hay que trabajar con la fuerza del Estado que se había desmantelado estos años. Nos encontramos con un Estado desmantelado sin capacidad de ejercer en plenitud sus capacidades".

Y sentenció: "Tenemos la responsabilidad de dar respuesta a la gente y en paralelo reconstruir el Estado. Las fuerzas del mercado no siempre van en beneficio del conjunto de la sociedad y para eso está el Estado pero se necesita un Estado activo, ágil e inteligente".

En el massismo alertan por el revalúo: “Hay aumentos superiores al 3 mil por ciento”

Las primeras conclusiones de las comisiones que encabeza ARBA en los municipios sembraron la alarma entre los intendentes. El massista Osuna avisó: “Va a pasar lo que pasó con el gas y la luz, la gente no puede pagar”.




El intendente de Las Heras, Javier Osuna, mostró su preocupación por el trabajo de las comisiones que ARBA y los municipios vienen llevando a cabo como paso preliminar al revalúo inmobiliario que se aplicará para 2017, tras 10 años desde la última actualización.

Osuna explicó que de las consultas de ARBA con las inmobiliarias del distrito surgieron aumentos por encima del 3 mil por ciento lo cual alertó al Ejecutivo por las consecuencias directas sobre la economía local.

Vale remarcar que, según indicaron desde ARBA a este portal, las subas en las valuaciones no se trasladarán de manera directa a las boletas del impuesto, habida cuenta de que será la ley fiscal la instancia donde se definan la base imponible y las alicuotas de cada propiedad.

“A nuestro juicio son valores excesivos, hay aumentos superiores al 3000 mil por ciento”, remarcó el jefe comunal del Frente Renovador, tras lo cual anticipó su rechazo: “No estamos acompañando esta tesitura que ya fracasó en el aumento de los servicios, no es una tabla de Excel lo que hay que mirar sino lo que pasa en lo social”, agregó.

Osuna reconoció que “es razonable”, habida cuenta de que, dijo, “los valores se han disparado y se han poblado las ciudades”, pero advirtió que “se tiene que hacer de una manera gradual, contemplando el contexto”.

“Un salto de tres mil por ciento es impagable para un vecino que ya viene tocado por los aumentos de tarifas y del costo de vida”, continuó, y vinculó la situación social con las “caídas de la recaudación”, que, dijo, “están asociadas a que nadie tiene un peso en el bolsillo”.

En ese sentido, se animó a anticipar que “va a pasar lo que paso con el gas y con la luz: la gente no lo va a poder pagar. Les dijimos de hacer algo razonable porque se va a armar otra corriente de amparos”, concluyó.
La preocupación de Osuna se trasladó a otros jefes comunales que, si bien no accedieron a los primeros relevamientos, comparten el temor por las cifras. "Nos quieren hacer poner el gancho en esto, va a ser muy complicado", reconocieron varios de ellos ante las consultades de este portal, algunos de los cuales recordaron que los concejales de Cambiemos les quisieron trabar aumentos de tasas de 30 por ciento.

#Tarifazo: Consumidores rechazan las audiencias del Gobierno y piden acelerar los tiempos

La Corte aún no define

Advirtieron que las convocatorias "no cumplirán" los requisitos y que dilatarán más el fallo de la Justicia. Piden una discusión "seria" con "toda la información sobre la mesa".




Asociaciones de consumidores salieron a rechazar hoy la convocatoria que anunció el Gobierno nacional para realizar audiencias informativas sobre los aumentos en las tarifas de gas y luz, y aseguraron que "no cumplirán" los requisitos, por lo que retrasarán aún más la definición sobre el tema.

El abogado de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios (ADECUA), Osvaldo Riopedre, advirtió que "una audiencia informativa no va a cumplir los requisitos" y pronosticó que "vamos a perder tiempo, va a haber impugnaciones, van a haber jueces interesados en que esas impugnaciones prosperen, y vamos a retrasarnos 20 o 30 días más". En declaraciones a radio Continental, Riopedre pidió al Gobierno ser "serios y responsables, cumplir con las normas" porque si no, el conflicto durará "todo el año".

Por su parte, el presidente de Consumidores Argentinos, Sergio Procelli, afirmó hoy que "no alcanza solo con realizar una audiencia informativa" para levantar los amparos y pidió que se discutan los incrementos "con toda la información sobre la mesa". En declaraciones a radio La Red, deslizó que hay que ver si la audiencia a la que convocó el Gobierno para fin de mes "es para esconder información".

A través del ministro de Energía, Juan José Aranguren, el Gobierno anunció ayer que convocará a audiencias públicas para explicar los detalles de los aumentos que otorgó a los generadores de electricidad y a los productores de gas, antes que la Corte Suprema se expida sobre los incrementos.

En un fuerte gesto, Scioli y Cristina se reunieron por primera vez desde diciembre y de cara a 2017


En una foto que hasta hace un tiempo era impensada en tiempos previos a la campaña del 2015, hoy en el Instituto Patria mantuvieron una reunión Cristina Fernández de Kirchner y Daniel Scioli.





Scioli y Cristina mantuvieron el cónclave para “hablar de la situación política y social”. La expresidenta y el exgobernador se reunieron por primera vez desde diciembre.

Si bien ninguno de los dos afirma en público, en los pasillos de la política sus nombres suenan para una posible candidatura a la senaduría nacional en las elecciones del 2017.

En los últimos días, Scioli fue denunciado por Elisa Carrió por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos. El exgobernador negó judicialmente dichas denuncias. Por su parte, CFK lo apoyó y se refirió al hecho, durante una rueda de prensa la semana pasada. "La idea, por lo que también le está pasando a otro dirigente de nuestro espacio político que fue candidato a Presidente, me parece que lo que esta gente (el Gobierno Nacional) quiere fundamentalmente, es armarle causas penales a todos aquellos que ellos piensan que pueden ser candidatos o pueden obstaculizarse una elección", dijo CFK.

La foto no es menor, en momentos en que el peronismo del FpV/PJ intenta buscar la “unidad”, pero continúa sin rumbo y, por su lado, los intendentes ansían buscarle un horizonte.

Evitar ganadores claros, la estrategia de Macri para las legislativas

Los armadores del Gobierno fuerzan escenarios para ensuciar las elecciones. La apuesta por Scioli.

Pasar la elección. Esa parece ser la consigna que los operadores políticos del Gobierno se trazaron para 2017, cuando llegue el turno de votar en todas las provincias para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.


Conocidas como “elecciones de medio término”, las legislativas suelen ser utilizadas por la oposición para posicionarse, pero los últimos antecedentes demostraron que no es un camino infalible: Francisco De Narváez ganó en Buenos Aires en 2009 y Sergio Massa en 2013, pero ninguno festejó dos años más tarde.

Con esos datos, en el Gobierno quieren instalar, ya desde ahora, que sin un triunfo categórico nadie puede festejar y mucho menos sacar chapa de candidato prometedor.

El Gobierno pretende desacoplar la elección de medio término de la presidencial del 2019 y quiere empezar a instalar que sin un ganador nacional claro, no hay favoritos para las presidenciales.

Los encargados de ejecutar la estrategia son el presidente de Diputados Emilio Monzó y el ministro del Interior Rogelio Frigerio, cabezas del armado político para las elecciones, que luego Macri adosa a la tarea comunicacional liderada por Marcos Peña.

El plato fuerte es la provincia de Buenos Aires y es ahí donde las fichas están puestas en embarrar la cancha, objetivo más prioritario que el de cerrar los candidatos a senadores y diputados.


El plan es que de mínima la elección se divida en tercios: Uno para Cambiemos, otra de Sergio Massa y el tercero del Partido Justicialista, referenciado en Cristina Kirchner y Daniel Scioli, que casualmente se mostraron juntos.
Esta estrategia no es compartida por Elisa Carrió insiste en denunciar al ex gobernador, entorpeciendo la movida del Gobierno que lo quiere vivo para evitar que Massa se quede con todo el peronismo bonaerense.

La otra pata de ese armado es evitar que Margarita Stolbizer consolide su alianza con Massa, una tarea en la que ya han avanzado algunos cuerpos, aprovechando la buena sintonía entre la diputada y la gobernadora María Eugenia Vidal. Esto obvio les genera la inmediata reacción de Carrió, a quien ya no saben como empujar para que compita por Capital.

Mientras que para impedir que el massismo y el peronismo se junte, desde los despachos oficiales empezaron a presionan a los intendentes. “Deberán decidir si quieren pasar la elección tranquilos y sumar algunos concejales, o sumarse un problema para la última parte de la gestión”, bromean.

Los problemas son los habituales para los intendentes revoltosos: Freno a la obra pública y alguna denuncia por irregularidades en la gestión, que por una cuestión de convivencia dejaron pasar.

Massa se mostró  este domingo con el "Tano" Menéndez, intendente peronista de Merlo.

“Si hay una elección de tercios en Buenos Aires, nuestro candidato puede ganar con 33 puntos. Alcanza con estar parejos en el Conurbano y definir en el interior”, sostienen en el Gobierno.


El interior concentra menos del 30% de los electores bonaerenses, pero buena parte es de zonas rurales donde siguen viendo al Gobierno como la mejor opción electoral, mucho más si enfrente está Scioli y La Cámpora.

Para cada Provincia se repetirá el mismo esquema. En Santa Fe, el macrismo confía en polarizar con el socialismo, sobre todo si Omar Perotti no compite y espera a 2019.

El Gobierno sabe que la elección a ganar es en la provincia de Buenos Aires, por eso intenta mantener vivo a Daniel Scioli y si es posible que vaya junto a Cristina y La Cámpora, para evitar que Massa se quede con todo el peronismo.


En Córdoba dejarán que los radicales se mida con el peronismo gobernante. El partido centenario deberá definir además su estrategia en las provincias que gobierna (Jujuy, Mendoza y Corrientes) y en aquellas donde es una fuerte oposición (Tucumán).

Las provincias con referentes peronistas dispuestos a posicionarse para la presidencial no son muchas. Por ahora sólo se anotó el salteño Juan Manuel Urtubey.
Para acribillarlo, Frigerio incluyó en la reforma política el impedimento de votar a más de un partido en las primarias, o sea, una ola a favor del dirigente massista lo dejaría mal parado.

Fuera de la Casa Rosada deberán definir qué hacer en Capital Federal, donde el retorno de Martín Lousteau asusta a Horacio Rodríguez Larreta y al propio Macri, que no puede permitirse una derrota en su territorio.

Apuestan a Elisa Carrió, más interesada en competir e la provincia de Buenos Aires. El presidente y el jefe de Gobierno podrían pedirle volver a competir en la Ciudad y ayudar a la estrategia oficial, que es frenar cualquier celebración de una figura ajena al Gobierno.

Odebrecht implicó a Temer y a Serra en el Petrolao




El canciller José Serra junto al presidente interino Michel Temer.

Acusados del caso de corrupción descubierto en la petrolera estatal brasileña Petrobras afirmaron que el actual canciller, José Serra, recibió de la red de corruptelas 23 millones de reales (unos 7,25 millones de dólares) para su campaña a presidente en 2010, según publicó la prensa.

De acuerdo con informaciones del diario Folha de Sao Paulo, varios exejecutivos de la constructora Odebrecht, una de las empresas investigadas, indicaron que el dinero a Serra proveniente de las corruptelas fue entregado a través de la "caja 2" (contabilidad paralela) de su campaña.

Las declaraciones se dieron en el marco de las negociaciones que los exejecutivos tienen con la Justicia para llegar a una delación premiada y reducir sus penas por su colaboración en las investigaciones del caso.

Exaltos cargos de Petrobras, ejecutivos de las constructoras y una cincuentena de políticos son investigados por repartirse los sobornos provenientes de contratos sobrevalorados entre la petrolera y las empresas de la construcción civil.

Según la información, suministrada a fiscales en Curitiba (sur), capital del estado de Paraná y donde se concentran las investigaciones del caso, parte del dinero entregado a la campaña de Serra -que perdió esas elecciones ante la actual presidenta suspendida, Dilma Rousseff- fue desembolsado en el exterior.

Los implicados manifestaron que presentarán como pruebas los recibos de sus consignaciones bancarias en el exterior.

Ante la Justicia electoral, la campaña de Serra declaró la donación legal de 2,4 millones de reales (unos 757.336 dólares) provenientes de la constructora, citó el diario.

La Asesoría de Prensa de Serra, por su parte, apuntó que la campaña del canciller fue "conducida" según la legislación electoral en vigor y era responsabilidad del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), sin ningún intermediario autorizado a actuar en nombre de él para pedir recursos.

De acuerdo con la revista Veja, que citó otra declaración similar para negociar reducción de penas del expresidente de la constructora Marcelo Odebrecht, el actual gobernante interino de Brasil, Michel Temer, habría pedido también recursos a la empresa para su campaña que lo llevó a la reelección en 2014 junto a Rousseff.

Temer asumió el poder el 12 de mayo en sustitución de Rousseff, quien fue suspendida del caro para enfrentar un juicio político con fines destituyentes por sus supuestas maniobras fiscales para maquillar los informes de cuentas públicas de 2014 y 2015.

Trump prometió la "mayor revolución fiscal desde Ronald Reagan"



Donald Trump.

El candidato republicano a la presidencia de EEUU, Donald Trump, prometió "la mayor revolución fiscal en el país desde el expresidente Ronald Reagan" con una importante rebaja impositiva, y calificó a su rival demócrata Hillary Clinton como "la candidata del pasado".

En un discurso en el Club Económico de Detroit (Michigan), Trump anunció un plan económico que incluye "rebajas de impuestos para la clase media", "recortes masivos" de las regulaciones federales e insistió en su intención de renegociar los acuerdos comerciales internacionales suscritos por Estados Unidos.

Criticó, especialmente, las políticas económicas de Clinton como una continuación de las del presidente Barack Obama que "inclinan el campo de juego a favor de otros países a nuestra costa" y lamentó que "hayamos empezado a reconstruir otros países antes que el nuestro", al citar a Detroit, centro de la industria automovilística estadounidense, como ejemplo.

"Tengo un objetivo fundamental, quiero que los trabajos y la riqueza se queden en EEUU", aseguró el magnate neoyorquino, que se encuentra por detrás de Clinton en las encuestas tras una serie de polémicas, especialmente su enfrentamiento con los padres musulmanes de un soldado estadounidense caído en Irak.

Trump recalcó que de llegar a la Presidencia sacaría a EEUU inmediatamente del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), pactado con otras naciones de la cuenca del Pacífico, y renegociaría el tratado de libre comercio de Norteamérica (TLCAN), sellado con México y Canadá hace dos décadas.

En su propuesta económica, de la que dijo dará más detalles en las próximas semanas, citó la eliminación del impuesto de sucesiones, la reducción de la tasa a las empresas estadounidenses al 15% desde el actual 35%, la desgravación de los gastos por el cuidado de hijos y la rebaja del impuesto individual de ingreso.

Durante su discurso, Trump fue interrumpido por protestas en varias ocasiones, pero esta vez el candidato republicano eludió la confrontación y esperó pacientemente a que los manifestantes fueran desalojados de la sala por los agentes de seguridad.

La conflictividad en "la era de la alegría"


El cambio trajo más conflicto

De abril a junio se registraron 239 medidas de fuerza por reclamos de trabajo. Así lo refleja un informe del Observatorio del Derecho Social, que lo atribuyó al incremento de los despidos y la caída de los salarios.

Por Laura Vales


En el segundo trimestre de este año hubo un fuerte aumento de la conflictividad laboral. Se produjeron más conflictos en el sector privado, mientras que en el sector público los gremios juntaron filas, con lo que consiguieron dar a sus protestas una mayor intensidad. “Rompiendo con la caída tendencial que se había iniciado a mediados de 2014, el segundo trimestre de 2016 vuelve a ubicarse dentro de los más conflictivos de los últimos años”, dice el Observatorio del Derecho Social en su último informe sobre conflictividad laboral, negociaciones colectivas y mercado de trabajo. El centro de estudios de la CTA Autónoma pone este cambio en el contexto de aumento de los despidos y caída del salario real.

De abril a junio, el Observatorio registró 239 conflictos laborales. De ese total, 109 (el 46 por ciento) correspondieron al sector público, 106 (44 por ciento) al privado, 10 (4 por ciento) a ambos sectores y 14 (6 por ciento) fueron motorizados por trabajadores informales”.

Las provincias patagónicas, el área metropolitana de Buenos Aires y la región pampeana son las zonas donde hubo mayor proporción de medidas. En la Capital Federal y el conurbano los conflictos expresaron sobre todo situaciones de despido en empresas –el análisis subraya en este aspecto “los motorizados por los trabajadores de prensa”–, mientras que en la Patagonia hubo una incidencia mayor de los llevados adelante por trabajadores del sector público.

Los motivos que desencadenaron las medidas de fuerza fueron el deterioro de los salarios debido a la inflación y la continuidad de los despidos. En este paquete están incluidos los reclamos por la reincorporación de los cesanteados del primer trimestre, que siguieron siendo sostenidos.

El informe describe que el paro es la principal herramienta utilizada por los trabajadores privados, en este caso para frenar despidos o reclamar reincorporaciones. En cambio, los estatales recurren en igual proporción a huelgas y movilizaciones.

Un cambio detectado por el equipo a cargo del relevamiento es que los trabajadores públicos protagonizaron un menor número de conflictos, pero que en cada uno de ellos participaron más sectores. Así, se ve una estrategia de los gremios de agruparse, formando multisectoriales o mesas de unidad, para coincidir en una misma acción, expresando cada uno su reclamo sectorial, con un planteo compartido contra el ajuste. De esta manera logran mayor masividad.

“Otra característica de esas disputas es su prolongación en el tiempo, ya que en su mayoría se extendieron durante todo el trimestre”, marca el Observatorio sobre este cambio en las protestas de los estatales, ahora más centralizadas y de mayor duración.

El informe fue realizado por el equipo que dirige Luis Campos e integran Silvina Benevento, Julia Campos, Mariana Campos y Jimena Frankel.

Los especialistas encontraron también novedades en el ámbito de las negociaciones colectivas. “Resulta llamativo que el Ministerio de Trabajo esté homologando menos convenios y acuerdos”, indicó en este sentido Luis Campos. “Por ejemplo, si se consideran los últimos seis meses, la cantidad de homologaciones se redujo un 37,5 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior. El semestre que pasó es el de menor cantidad de homologaciones desde el año 2007”.

¿A qué lo atribuyen? A modo de hipótesis, ya que es un comportamiento nuevo y que hay que ver si es sostenido, el especialista advierte su correspondencia con la ofensiva en favor de una nueva flexibilización laboral por parte de los sectores concentrados. “Si bien todavía resulta prematuro aventurar una explicación acerca de esta caída, no podemos dejar de mencionar mque uno de los reclamos formulados recientemente por el diario La Nación en su editorial sobre reformas laborales pendientes fue el impulso de la descentralización de la negociación colectiva y la eliminación de la homologación de los acuerdos y convenios por parte del Ministerio de Trabajo. En este sentido, no podría descartarse un interés de los empleadores, posiblemente compartido por la autoridad administrativa del trabajo, de debilitar la intervención estatal en la negociación colectiva, al menos a nivel de empresa que es aquel que se busca promocionar”.

Contra el voto electrónico

BEATRIZ BUSANICHE, DE LA FUNDACION VIA LIBRE

Busaniche dice que “es imposible construir un sistema de voto electrónico que respete al mismo tiempo los principios del secreto, la integridad y la auditabilidad”. Asegura que el modelo propuesto es muy vulnerable y, en cambio, sugiere ir hacia la boleta única de papel.
Por Sebastián Abrevaya




La Fundación Vía Libre, que encabeza Beatriz Busaniche, es una de las voces más radicales en contra de la implementación de cualquier sistema de voto electrónico. Busaniche asegura que es imposible llevar adelante el proyecto que impulsa el gobierno nacional sin resignar al menos uno de los principios de integridad, seguridad y auditabilidad que hoy rigen en el sistema de boleta partidaria en papel.

–¿Qué evaluación hacen del sistema de voto electrónico que impulsa el Gobierno?

–Nuestra posición es total y absolutamente en contra. Como organización trabajamos el campo de la tecnología y desde ese lugar nos preocupa el tema desde hace muchísimo. Está técnicamente demostrado que es imposible construir un sistema de voto electrónico que respete al mismo tiempo los principios del secreto, la integridad y la auditabilidad. No es materia de opinión, está demostrado matemáticamente con un teorema que es el teorema de Hosp y Vora. El que quiera promover un sistema de voto electrónico tiene que ser honesto con la ciudadanía y decir cuál de esas tres cuestiones está dispuesta a sacrificar en favor de los principios de “fácil, moderno y rápido”, que es la muletilla que usan los que están a favor.

–¿La existencia de un soporte en papel como en los sistemas de Salta y CABA no permitiría corroborar que los resultados del escrutinio electrónico coincidan con el escrutinio posterior de modo manual? ¿Eso no resuelve alguno de esos problemas?

–En ese caso, con el soporte en papel, estarías tirando de la sábana para proteger la integridad del voto. Y no la protege del todo. Es un sistema mediado por una computadora para obtener el resultado impreso en el que no sabés si lo que el votante quiso votar frente a la pantalla es lo que está en la papeleta. Pero ahí lo que queda desprotegido es el derecho al secreto del voto, que es un principio fundamental de nuestra democracia desde la ley Sáenz Peña. Que es el principio para votar en libertad, no coercionado y que es la base para desmantelar cualquier problema de clientelismo o compra de votos. En Holanda el sistema se dejó de usar cuando se probó muy claramente que el secreto era vulnerable. Es una prueba que también se hizo con las máquinas en Brasil que fueron hackeadas y vulneradas.

–¿El problema de la vulnerabilidad no se puede superar con la intervención de técnicos, por ejemplo de universidades públicas nacionales, que auditen y controlen el sistema?

–Si necesitás que medie una auditoría de expertos, el voto y los derechos dejan de ser universales. Y ahí te metés con otro principio fundamental del sistema electoral que es el argumento por el cual Alemania lo prohibió y lo declaró inconstitucional. El argumento es que el sistema electoral debe ser materia entendible por cualquier ciudadano, más allá de los conocimientos específicos en seguridad de sistemas y demás. Pero además, hacer una auditoría o dos o diez no garantiza que el sistema esté libre de problemas. El sistema que se usó el año pasado en CABA lleva seis años en Salta. Fue auditado muchas veces por la Universidad Nacional de Salta y por la UBA para la elección porteña. Y un técnico, un doctor en informática de la UBA llamado Alfredo Ortega, en 20 minutos encontró una vulnerabilidad que había sobrevivido todas esas auditorías. Una vulnerabilidad lo suficientemente grave que implicaba que era posible incorporar más votos a un sólo chip. Las razones técnicas que hay son muchísimas.

–¿No hay forma de someter el software a un control más estricto para superar las vulnerabilidades?

–Si tenés una posición no tan firme como la nuestra y decís “veamos cómo se puede hacer”, habría que preparar un sistema de certificaciones y auditorías de larga trayectoria. Y no podés auditar en 120 días un sistema que tardó años en ser desarrollado. Porque no solo tenés que auditar el software específico de la elección, tenés que auditar todas las piezas de software del sistema operativo, de la BIOS de la máquina. Todos los microprocesadores, todos los chips, y eso puede llevar mucho tiempo. Pero además, si querés hacer una certificación, tenés que tener un estándar contra el cual validar esa certificación. En Estados Unidos tardaron cinco años en desarrollarlos.

–¿Cómo es la situación en otros países?

–No sólo los países lo están dejando de usar –Alemania lo prohibió, Holanda lo prohibió, Austria lo prohibió, Bélgica está en ese camino, Dinamarca dejó de usarlo–, sino que algunos países en los cuales se analiza la posibilidad de usarlo siguen reafirmando la posición de no hacerlo. El congreso australiano dijo que no están en condiciones de hacerlo. Y Australia ocupa el puesto número 2 de desarrollo humano. Adrián Pérez y su séquito plantean que no aplica el fallo del tribunal alemán porque éste sistema tiene soporte en papel y los alemanes no tenían. ¿Vos me querés decir que Adrián Pérez resolvió el problema de inconstitucionalidad en Alemania y lo resolvió de un modo tan fácil que los alemanes son tan imbéciles como para no haberse dado cuenta?

–Pasar el chip por el lector de la máquina después de votar para corroborar si la máquina lee exactamente lo mismo que está impreso en la boleta, ¿no resuelve el problema de que el ciudadano pueda controlar el cumplimiento de su voluntad?

–No, de ninguna manera. En Estados Unidos se han hecho numerosas investigaciones respecto del chequeo de lo impreso. Se ha comprobado que aproximadamente el 50 por ciento de los votantes dejan pasar errores graves en ese chequeo. Sobre todo porque la expresión de lo que uno está eligiendo es totalmente diferente en la pantalla y en el papel impreso. Es un engaña pichanga, porque la misma máquina que emite es la que controla. Los sistemas de voto electrónico existen desde hace 40 años y nunca se pudo implementar masivamente. Es mentira que esto va a llegar irremediablemente. Si no podés construirlo en un modelo teórico, de ninguna manera lo vas a poder construir en la práctica.

–¿Qué opción plantean en lugar del voto electrónico?

–Nos inclinamos por la boleta única en papel. El problema fundamental que se ve en esta reforma electoral es que no hay un diagnóstico claro de qué es lo que se quiere resolver. Si lo que quieren solucionar es el robo de boleta, lo cierto es que no hay denuncias serias de robo de boleta a nivel nacional. Los problemas en las elecciones provinciales no los vas a cambiar con una ley federal.

–¿Los sistemas de boleta única en papel no tienen también dificultades, como pasó en las elecciones de Santa Fe y Córdoba?

–Podés tener un fiscal deshonesto que esté marcando boletas en una mesa y que el éxito de eso dependa de la acción de los otros fiscales. Pero la capacidad de hacer eso es, como mucho robar algunos votos de una mesa. Ese tipo de fraude no escala. Cuando usás computadoras, tenés que tocar dos o tres líneas de código y te robás votos de todas las mesas del país. Además, nosotros partimos de la idea de que va a haber fiscales o algún partido político que con mala intención quiera robarse un concejal o un diputado. Es muy difícil robar una elección cuando se trata de un puesto ejecutivo. Pero no se está poniendo sobre la mesa la posibilidad de que haya otro tipo de atacante. Simplemente un saboteador del sistema electoral como un todo. A la máquina no se la puede dejar sin mirar cuando está con un votante porque es muy frágil en términos de seguridad. Te llevás un gotero y le echás un poquito de agua, vas masticando chicle y se lo pegas a la boleta antes de ponerlo a imprimir, un poquito de ceniza de cigarrillo, o algún pegamento. Con técnicas muy rudimentarias de ataque se puede vulnerar. O un gobierno extranjero puede atacar el sistema. La cantidad de agujeros que se abren y la capacidad de daño es muy grande.

Ecolatina advierte que la inversión extranjera "se hace desear"

Informe privado


Las inversiones extranjeras "se están haciendo desear" pese al esfuerzo del Gobierno de transformar a ese componente en el principal motor de la economía, indicó la consultora Ecolatina este lunes en un informe.

La llegada de capital desde el exterior "permitiría un crecimiento sostenido en el tiempo brindando avances sustanciales en el campo social porque -las mejoras en la productividad- generaría aumentos genuinos en los salarios reales, lo cual, en conjunto con la creación nuevos puestos de trabajo, permitiría aumentar el consumo de forma sostenible", analizó.

Para Ecolatina, sin embargo, transcurridos más de ocho meses de gobierno, "no se observa que la inversión crezca". Agregó que "en este sentido, tanto la inversión pública como privada mostraron contracciones en lo que va del año. Por caso, los gastos de capital del Estado nacional, impulsados fundamentalmente por el recorte en la obra pública, cayeron casi 30% interanual en términos reales durante el primer semestre de 2016. En la misma línea, según nuestras estimaciones, el crédito bancario a empresas cayó en términos reales 10% interanual en el primer semestre".

Señaló que "no obstante, para que el análisis esté completo, también es necesario evaluar el desempeño de la inversión extranjera directa. Este componente, clave para la estrategia oficial, muestra algunas mejoras pero estas no son muy significativas ya que se compara con niveles mínimos del gobierno saliente. Vale destacar además que la misma debería complementar más que sustituir a la inversión local".

La consultora subrayó además que, durante gran parte de los últimos doce años, "el motor excluyente de la economía fue el consumo interno. En este sentido, los esfuerzos del gobierno estaban puestos en inyectar dinero en la economía en pos de estimular el nivel de actividad en el corto plazo. Se intentaba que la política fiscal apuntale los ingresos de las familias para estimular el gasto".

"Sin embargo, este modelo muestra dos etapas con resultados contrapuestos: una primera en donde la economía mostró cierto dinamismo, llegando hasta 2011, y otra de estancamiento 2012-2015, con expansión en años electorales y contracción en años pares", puntualizó.

De acuerdo a Ecolatina, "la falta de inversiones y el deterioro de las exportaciones exhibieron los límites de un crecimiento traccionado por el consumo: la política económica constantemente expansiva financiada mediante ingresos corrientes y emisión sólo lograba incrementar el nivel de actividad en el corto plazo. De hecho, tras unos meses de expansión las crecientes presiones inflacionarias y cambiarias desembocaban en una contracción".

Massa tildó al tarifazo de "ilegal" e "insoportable"

Le “aconsejó” al Gobierno que suspenda el tarifazo y convoque a audiencias

Afirmó que el aumento es “ilegal” y que “para las PyMEs y los trabajadores, estas tarifas se ha transformado en un peso insoportable”. Además, le pidió al Gobierno “capacidad de diálogo”.






El diputado del Frente Renovador Sergio Massa convocó al gobierno a que dialogue y le aconsejó dar marcha atrás con el tarifazo hasta tanto convoque a audiencias públicas. El aumento, dijo, es “ilegal” e “insoportable” para las PYME.

“El servicio público tiene que llegar a todos y tiene que tener un precio razonable. Le aconsejo al Gobierno, que suspenda, que convoque a las audiencias públicas”, exhortó Massa, tras lo cual subió la apuesta para sentenciar que “el aumento es ilegal, está viciado de nulidades”.

“El gobierno debería rectificar su error cuanto antes para evitar la judicialización de un problema que es netamente político”, continuó Massa, que destacó que el peso de la medida recae en las PYMEs y en los trabajadores.

“Para las PyMEs y los trabajadores, estas tarifas se han transformado en un peso insoportable. Además, los inversores no se van a animar a invertir en un país donde la justicia define la política económica”, evaluó.

También se refirió al tema despidos y puso sobre la mesa la cifra de 180 mil cesantías formales. “Estamos hablando de 180.000 familias que perdieron la dignidad de llevar el ingreso a su casa. A esto hay que sumarle el impacto sobre el que hace la changa y la perdió”, analizó.

Por último, Massa enarboló la bandera del diálogo y pidió “aprender a escuchar al otro. Nosotros pretendemos tener una agenda propositiva. La gente te pone donde quiere. Hoy mi rol tiene que ver con articular, buscar acuerdos”.

Tarifazo: Aranguren presiona a la Corte para que no frene el aumento del gas

El ministro de Energía defendió el aumento del gas. Dijo que si los jueces frenan los incrementos se perderá la tarifa social.


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El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, afirmó que si la Corte Suprema de Justicia se ajusta a su propia jurisprudencia tendría que fallar a favor del Gobierno en la causa que frenó el aumento en la tarifa del gas natural en todo el país y consideró que de no hacerlo, "sería muy grave".


El funcionario adelantó, de todos modos, que el Gobierno realizará una "audiencia informativa" para dar a conocer el valor de "la generación de la electricidad y del precio del gas en boca de pozo", que será previa a la audiencia pública de octubre por el incremento del gas.

Aranguren destacó que si se retrotrajeran las tarifas a antes del aumento, "implicaría dar de baja a la tarifa social" que alcanza "al 28 por ciento de los hogares en el caso de la electricidad y al 41 por ciento en el caso del gas, sumando la garrafa social".

En ese sentido, sostuvo que "desde el punto de vista legal, lo que hemos hecho (desde el Gobierno, con el incremento de las tarifas) está perfectamente justificado" y recordó que "venimos de 12 años en que se le dijo a la demanda que (prácticamente, el servicio) era gratuito".

Carrió intenta expresar a los radicales Pro desencantados y rompe con Sanz

Sin el alquiler del despliegue terriotrial del radiclasmo, Macri nunca hubiera llegado a la presidencia, y se hubiera bajado como lo hizo en 2003, 2007, y 2011.
Los radicales están muy enojados, no solo recibieron poco  y nada en términos de cargos, sino que además no los consultan y los obligan a militar y defender medidas impopulares que contradien el el ideario del partido centenario.

Sanz  trata de contener a sus correligionarios, y de meter baza en la mesa chica del PRO. El trto que recibe es el de un socio menor. El alquiler no se paga, y Gualeguaychú cada vez parece más dificil de explicar y justificar.

Carrió está levantando las banderas d ela rebelión, y ya no habla con Sanz



En sus entornos reconocen en ya no hay trato entre ambos. El radical todavía participa de las reuniones de mesa chica de Macri, mientras que la diputada sólo habla por teléfono

Otros tiempos. En 2015, cuando la estrategia electoral le daba aires a la relación política.
Foto:cedoc El divorcio es un hecho, pero por el momento la pareja sigue conviviendo bajo el mismo techo. Elisa Carrió y Ernesto Sanz están cada vez más distanciados, pero ninguno de los dos piensa en generar una ruptura en Cambiemos, fuerza de la que fueron padres fundadores junto a Mauricio Macri. “Hoy no tienen ningún tipo de trato”, coinciden desde ambos bandos.

Lilita fue la que volvió a dejar en evidencia que la relación entre ellos está en crisis. En una entrevista con el canal de noticias TN, ninguneó al radical y dijo que no iba a permitir que vuelva a interceder en su relación con Macri. El problema es que los dos buscan tallar en las decisiones presidenciales, pero por caminos separados. Sanz participa casi todas las semanas de las reuniones de mesa chica en Casa Rosada. Carrió, en cambio, mantiene habituales comunicaciones telefónicas, y encuentros más esporádicos.


“Lilita expresa lo mismo que están opinando muchos radicales sobre Ernesto”, comentan quienes tienen relación fluída con Carrió. Hace referencias a críticas que le hacen distintos sectores del radicalismo a Sanz, por no bregar por una mayor incidencia del radicalismo en las decisiones de Gobierno.

Desde el entorno de Sanz aseguran que no va a involucrarse en una nueva novela con Carrió. “Ya sabemos cómo es ella”, se limitan a responder. El mendocino viene de atajar otro pelotazo en contra, cuando Ibar Pérez Corradi lo acusó de haber cobrado una coima para destituir a un juez. Ni Carrió ni los principales dirigentes del Gobierno salieron a respaldarlo en los medios. El tema igual no terminó de explotar por el blindaje mediático que le da el grupo Clarín, que siempre lo consideró propio.

Respecto a las críticas de los radicales, en el entorno de Sanz las minimizan. Sostienen que aquellos que se quejan por la falta de cargos en el Gobierno es porque los ansían. Y que los que se quejan porque el partido no es consultado para tomar decisiones es porque ellos no son consultados. Lo ven como un capítulo más de la eterna historia de internismos del centenario partido.

Desde el lado de Carrió reconocen que la mesa de coordinación de Cambiemos está funcionando mejor, pero aclaran: “De todas formas hay cosas que nos seguimos enterando por los medios”.
La relación entre Carrió y Sanz nunca fue extremadamente afectuosa, sino más bien pragmática. Cuando todavía existía UNEN, los dos coincidían en el análisis de que era necesario sumar a Macri al armado. Y trabajaron en ese sentido. Por eso, desde sus entornos ahora nadie se sorprende por el divorcio.
“Carrió está discutiendo política, y siempre disparó contra alguien cuando quiso discutir política”, analizan sus exégetas para entender porqué el encono con Sanz. En otras palabras, busca ser escuchada, pero sabe que no puede atacar directamente a Macri.

En el primer semestre de Macri las exportaciones acentuaron la primarización de la economía argentina

Los datos del Indec confirman que lejos de sumar valor agregado como proclama el gobierno, las exportaciones se primarizaron.

Francisco Cabrera.



Mauricio Macri suele machacar en sus discursos que la Argentina tiene que pasar “del granero al supermercado del mundo”. Sin embargo, en los primeros seis meses de su presidencia, según los propios datos oficiales del Indec, las exportaciones acentuaron su sesgo hacia la primarización, mostrando un fuerte avance de los productos sin elaborar en detrimento de los bienes que incorporan valor agregado. Incluso, la caída más fuerte se la llevaron los bienes de origen industrial.



El último Informe de Comercio Argentino (ICA) que elabora mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) mostró que, producto de una mayor caída de las importaciones que de las exportaciones, el primer semestre de 2016 cerró la balanza comercial con saldo a favor de en 479 millones de dólares. Sin embargo, como advirtió un informe de la Universidad de Belgrano, se espera que el año cierre con signo negativo. Es que las exportaciones argentinas tienen un máximo en la primera mitad del año y en el segundo semestre no habrá exportaciones con las que compensar lo que importamos.

Las exportaciones de carnes elaboradas cayeron un 4,8%, mientras que las de animales vivos subieron un 46,2%. Además, creció un 14% la importación de alimentos y bebidas para el hogar.



Pero lo que preocupa es la composición de las importaciones. El mismo ICA reveló que, por efecto de la devaluación y la quita de las retenciones, los productos primarios y las manufacturas de origen agrícola “aumentaron el valor exportado”, mientras que para las manufacturas de origen industrial y combustibles y energía “se redujeron tanto los precios como las cantidades”.



Las exportaciones de carnes elaboradas cayeron 4,8% mientras las de animales vivos subieron un 46,2%. En simultáneo pasamos a importar un 98% más de carne de cerdo y un 127% más de pollo.



No solo eso, sino que además pasamos a importar un 14% más de alimentos y bebidas elaborados para el hogar y un 83% más de alimentos y bebidas elaborados para la industria. Entre ellos, carne de cerdo de España, Dinamarca y Brasil y pollo también de Brasil. En ambos rubros las importaciones crecieron, según los últimos datos del Senasa, en el primer caso un 98% y en el segundo un 127%.

El efecto de las medidas


La quita de retenciones al maíz encareció los costos de producción de carnes y por eso a los productores no les cierran los números. Ahora, el maíz que se exporta, en vez de ser transformado en proteína animal en criaderos porcinos y avícolas, se reimporta en forma de carnes. En otras palabras, en estos rubros, Argentina es cada vez más granero y menos supermercado.


La tendencia se confirma también en otros rubros. Así, mientras las hortalizas y legumbres sin elaborar crecieron un 58,5% comparado con los valores de 2015, los preparados de hortalizas, legumbre y frutas crecieron solo un 9,7%. Cuando las lanas sucias exportadas aumentaron un 48,4%, las elaboradas lo hicieron a menos de la mitad (23,1%). Mientras que la exportación de cereales subió un 23,8%, la de productos de molinería y sus derivados se desplomó un 13,5%. De hecho, el rubro con el mayor avance fue el tabaco sin elaborar, aumentó sus exportaciones un 170%.

Con la quita de retenciones el maíz empezó a exportarse en vez de transformarse en proteína animal en criaderos porcinos y avícolas. Luego, se reimporta en forma de carne. En ese rubro la Argentina es cada vez más granero y menos supermercado.


En el único rubro en el que se vio el avance prometido por Macri de pasar a ser el supermercado del mundo fue en las oleaginosas cuyas exportaciones cayeron un 16% mientas que las grasas y aceites treparon un 22,3%. En el resto de los bienes de la economía, por el contrario, cada vez se exporta menos valor agregado. De hecho, todos los bienes industriales, a excepción de los vehículos de navegación aérea, marítima y fluvial que crecieron un 286,7% mostraron una caída que promedia el 20%.


La explicación radica en la contracción mundial de la economía y la caída de los precios en dólares de casi todos los bienes. Como lo demuestra el Índice de Precios y Cantidades del Comercio Exterior del segundo trimestre publicado este jueves por el Indec. Los índices de precios de las exportaciones y de las importaciones registraron bajas de 6,6% y 14,6% respectivamente. Así, mientras los precios de los bienes industriales en el mundo se contraen, en Argentina, incluso considerando el efecto de la devaluación, por efecto de la inflación siguen subiendo. Como resultado, las exportaciones industriales argentinas resultan poco competitivas.

Edenor advierte que no devolverá el dinero que se facturó de más

Argumentan que, en caso de hacerlo, pondrían "en riesgo" la provisión del servicio.


Luego del enésimo fallo en contra, y del último que suspende el aumento en todo el país, desde la empesa Edenor advirtieron que no devolverán la diferencia entre los montos ya abonados con el régimen tarifario que impuso el gobierno de Macri este año y el que había anteriormente, porque, aseguraron, eso pondría en riesgo la sustentabilidad del sistema.


Quien realizó el anuncio fue el propio presidente de la compañía, Ricardo Torres, quien argumentó que, en el caso de devolver la diferencia, "tendríamos cero ingresos durante un año", ya que vienen teniendo problemas para facturar por los múltiples fallos en contra.

En diálogo con radio Mitre, Torres enfatizó que hay un "gran desorden" por el pantano judicial en el que está el aumento, y criticó a los magistrados que "toman decisiones sin ver los efectos en la vida real" por lo que consideró que "no es viable" devolver la diferencia facturada.

"Son 7 mil personas a las que hay que pagarles salarios y la compañía no podrá hacerlo si no tiene ingreso", destacó.