Ya ocurrió con Iecsa, la empresa que fue de Socma (Sociedad Macri) y hoy día es de Grupo ODS: su presidente es Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y mucho se cuestionó su podía o no participar de licitaciones de obra pública. El titular del Poder Ejecutivo le dijo públicamente que sí, que puede participar como cualquiera porque, de lo contrario, sería discriminarlo. El tema es, sin embargo, origen inevitable de especulaciones y sospechas, similares a las que provocaron los contratos que ganó la constructora de Nicolás Caputo cuando Macri gobernaba la Ciudad de Buenos Aires. Ahora aparece otro caso. Es cierto que porque alguien sea familiar o amigo de un funcionario público no lo inhabilita para ejercer su profesión en forma independiente o continuar con sus actividades empresarias, pero le cabe lo de a la mujer del César: que además de ser honesta, tiene que parecerlo. Dietrich SA se llama la concesionaria que fundó el padre del ministro de Transporte, Guillermo, de la que éste fue director hasta 2009. Ahora la gestiona su hermano Hernán, y consiguió contratos para blindar patrulleros de los municipios 3 de Febrero (Diego Valenzuela) y se acaba de presentar en una licitación privada para proveer de blindaje al parabrisas delantero y la puerta del conductor de 450 Toyotas Hilux y Etios de la Policía Bonaerense (María Eugenia Vidal/Cristian Ritond). La jefa de Compras de AFIP acaba de anularle un contrato para equipar con medidas de seguridad el VW Vento del director general Alberto Abad y fijarle una multa de $ 5.000 al declarar “inelegible” a la concesionaria de la familia Dietrich. Pero en la empresa rechazan tales argumentaciones con que se pretende segregarlos de hacer negocios con el Estado aduciendo que “Guillo” hace rato que se retiró. L a declaración jurada patrimonial de cuando se vaya dirá hasta dónde estaba afuera de lo que generase la empresa.
En bicicleta mejor que en helicóptero: Guillermo Dietrich junto a Mauricio Macri. De patrulleros, ni hablar (¿?)
Una situación muy controversial se cierne en torno del llamado a licitación privada para el blindaje de 450 patrulleros Toyota (250 Hilux y 200 Etios) de la Policía Bonaerense, por 2 motivos:
> Por falta de presupuesto se les blindarán sólo los vidrios del parabrisas y de la puerta del conductor y no de todos los carrozados, tal como sí se hizo con 36 móviles sin identificar para uso de los jefes;
> Porque se presenta entre los 4 oferentes Dietrich SA, la empresa familiar en la que el ministro de Transporte, Guillermo, del mismo apellido, había sido director hasta 2009 y dirige su hermano Hernán, por lo cual la empresa podría ser considerada “inelegible”.
Idéntica razón había esgrimido el servicio jurídico de AFIP hace poco cuando anuló la contratación a la concesionaria del blindaje de un Volkswagen Vento que utiliza el director general, Alberto Abad, presupuestado en $350.246.
Invocó para dejar sin efecto la orden de compra 4.500.015.441 el artículo 54 de la disposición 297/03, que establece en el inciso b que se rechazarán ofertas de personas físicas o jurídicas cuando se encuentren vinculadas “por lazos de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad con personas comprendidas en causales de inhabilidad para contratar con este organismo”.
Cuando la jefa de Compras de AFIP, Cecilia Trabucco, les advirtió de inmediato que se anularía el contrato por la disposición interna que impide proveerse de bienes o servicios prestados por familiares de funcionarios y pidió que les devolvieran el Vento, la compañía respondió que ya lo había terminado, con lo cual sin posibilidad de retrotraer la situación, se buscó zanjar el diferendo con una multa de $5.000 fijada hace un mes.
En Dietrich SA se manifestaron tranquilos de poder alzarse con el negocio de la Bonaerense, ya que aducen que la ley de Ética Pública no excluye a la empresa de los contratistas elegibles por el Estado, al llevar más de 3 años el ministro sin ser su directivo ni accionista. Estiman que también podrán presentarse en el concurso para reforzar a los 600 patrulleros que planean poner en la calle las fuerzas federales en los próximos meses.
Cuenta con satisfactorios antecedentes en equipar patrullas municipales, con 3 de Febrero, donde el intendente Diego Valenzuela tiene aún pendiente informar a los concejales opositores cuánto pagó por las 32 Toyota Hilux y los 5 Volkswagen Polo que fueron al taller de Villa Adelina.
El alcalde de Vicente López, Jorge Macri, cuyas nuevas patrullas vecinales también fueron blindadas allí en julio, sufrió un allanamiento en la sede comunal por orden del juez Juan Manuel Culotta, que investiga una compra anterior, en 2014, en la concesionaria Treos, de la que su hermana Daniela Macri es la propietaria, según publica Diariobae.
Tentadora emergencia
No son nuevas las controversias por la adquisición o equipamiento de los móviles policiales, ya que una disposición de emergencia que rige en el ámbito de la provincia por cuestiones de seguridad, habilita a saltear los pasos administrativos y contratar en forma directa.
Sucedió en 2007 y aún no cesaron los ecos judiciales, cuando el actual intendente del partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús, era el jefe de Compras del Ministerio de Seguridad bonaerense de Raúl Rivara durante la gestión del entonces gobernador Felipe Solá, y se encargó blindar 2.500 vehículos policiales a los empresarios Ramón Igarreta e Italo Latanti –el primero responsable de la empresa sin autorización del RENAR que contrató el Ministerio de Seguridad para el blindaje y el segundo el subcontratista. Ambos terminaron juzgados en La Plata bajo sospecha de haber defraudado por una suma millonaria al Estado.
El diputado radical Jorge Cartolano había solicitado al Ministerio de Seguridad que informara de manera inmediata sobre el presunto fraude en la contratación de blindajes antibalas para unos 500 patrulleros de la policía bonaerense, que según una pericia no contarían con la protección correspondiente.
El proyecto de solicitud de informes tiende a conocer si el Ministerio de Seguridad radicó una denuncia penal sobre un supuesto fraude en la realización de blindajes de móviles policiales, contratados a una empresa privada.
En el caso que la respuesta sea afirmativa, deberían informar que cantidad de móviles hay afectados; fecha en que se contrató el blindaje; funcionario a cargo de ese Ministerio al momento de realizar la contratación; empresa contratada para la realización del trabajo y forma de contratación de la misma (adjudicación directa, licitación, etc.).
Además, desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires también tuvo que indicar el monto del contrato y el tipo de blindaje contratado; personal policial herido o muerto por impactos de bala que hayan atravesado a los móviles blindados y medidas tomadas por ese Ministerio, respecto a los móviles que carecen de protección por causa del ilícito mencionado, a los efectos de proteger la vida y la integridad de los miembros de la fuerza.
El diputado Cartolano (UCR) expresó que "el perjuicio ocasionado sería cercano a los 2.250.000 dólares". Además agregó que "todos los vehículos de la Policía Bonaerense deben cumplir los requisitos de blindaje que dispone el Registro Nacional de Armas, con un nivel de resistencia que les permita soportar el disparo de una pistola Mágnum 357 de alta velocidad o una 9 milímetros de velocidad media".
"La situación descripta, de comprobarse los hechos denunciados, implicaría además del fraude en lo económico haber puesto la vida y la integridad física del personal policial en grave riesgo, con las responsabilidades que ello supone para la firma involucrada y para los encargados de verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales", afirmó el legislador oriundo de Azul.
Finalmente, Jorge Cartolano sostuvo que "resulta necesario identificar en su caso a todos los responsables de la maniobra, y especialmente a quien o quienes tuvieron a su cargo desde el gobierno provincial la tarea de inspeccionar el cumplimiento efectivo de lo pactado".
La pesquisa estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata, a partir de una denuncia del propio Ministerio de Seguridad bonaerense en torno de los patrulleros comprados durante la gestión anterior a la del ministro León Arslanián. Luego junto con el juzgado de garantías elevaron la causa a juicio oral.
Los ensayos encomendados al Registro Nacional de Armas (Renar) por los fiscales Esteban Lombardo y Carlos Argüero, practicados por expertos del Ejército, habrían determinado, según un informe preliminar, que proyectiles especiales habrían atravesado las placas de protección de las puertas.
En esta pericia, realizada el 26/0326 de marzo y que también fue supervisada por la Fiscalía penal de La Plata, ejecutando disparos con pistolas 9 mm. y calibre 357, los proyectiles habrían perforado las puertas y los vidrios laterales de uno de los móviles, especificaron.
De comprobarse fehacientemente que los blindajes no conforman los parámetros que estipula el RENAR, la Fiscalía podría citar a las partes en los próximos días, ante la presunción que se podría estar en presencia de un delito de fraude.
