En Perú una elección semidemocrática



Steven Levitsky

Por primera vez desde el 2000, las elecciones presidenciales peruanas no serán plenamente democráticas. La desastrosa legislación electoral –aplicada de una manera desigual– ha asegurado que el proceso electoral viole los principios básicos de la libre competencia y la igualdad ante la ley.

Con su decisión de excluir a dos candidatos presidenciales por razones burocráticas (Julio Guzmán) o faltas menores (César Acuña), el JNE se metió en un callejón sin salida democrática. Era de esperar que surgieran evidencias de semejantes faltas cometidas por otros candidatos. Y de hecho, las investigaciones de IDL-Reporteros, Poder, y otros medios–reforzadas por videos ampliamente difundidos– revelaron que Keiko Fujimori, PPK, y Alan García también violaron las reglas. Ante estas denuncias, las autoridades electorales enfrentaban un dilema: o aplicar ley a todos, y así matar por completo una elección que ya habían herido seriamente (porque una elección que excluye a candidatos que representan 60% o más del electorado ya no es ni mínimamente democrática) o aplicar la ley de una manera descaradamente desigual.

El 24 de marzo (a medianoche, demostrando una cobardía digna de la época fujimorista), el Jurado Electoral Especial optó por el segundo camino. Excluir a Acuña y Guzmán pero no a Keiko (y quizás PPK y García) viola claramente el principio de igualdad ante la ley. Ahora, no solo se excluyen candidatos, que ya es un golpe a la democracia, sino se excluyen en un proceso desigual e injusto, que es peor. Como en los tiempos de Fujimori (o en la Venezuela actual), las autoridades electorales no han sido árbitros neutrales. Intervinieron de una manera parcializada. Y afectaron seriamente los resultados. Si Keiko gana, su gobierno será percibido como ilegítimo.

¿Se puede gritar fraude? No es precisamente fraude, pero sí una violación democrática seria. Una elección puede ser no democrática de varias maneras. Una es con fraude, o la manipulación del voto o conteo de votos. Otra es una restricción al sufragio, como en EEUU antes de 1965 y Sudáfrica antes de 1994. Otra es la manipulación sistemática del Estado para inclinar la cancha contra la oposición, como en el Perú de Fujimori o la Venezuela chavista. Y otra es la exclusión de partidos o candidatos.

La plena competencia –basada en los derechos a ser elegido y tener representación electoral– es un elemento básico de la democracia. Según las normas internacionales (y la Convención Americana sobre Derechos Humanos), la exclusión de candidatos por razones que no sean requisitos básicos (como edad y nacionalidad) o la prohibición de la reelección viola la norma de la plena competencia. Y excluir algunos candidatos y no otros que cometieron faltas parecidas significa trato desigual, lo cual mina la libre competencia. Sin libre competencia, no hay plena democracia.

No hay muchos casos contemporáneos de exclusión de candidatos presidenciales bajo regímenes aparentemente democráticos, pero sí los hubo en el pasado: Colombia bajo el Frente Nacional (1958-74); Argentina con la proscripción del Peronismo (1957-66); Turquía en los años ochenta y noventa con la proscripción del Partido Islámico). Estos regímenes –más o menos democráticos, salvo por la exclusión electoral– suelen ser clasificados como “semidemocráticos”.
Las elecciones peruanas de 2016 serán semidemocráticas. El problema principal es que la valla para la exclusión de candidatos –siempre alta en las democracias– es muy baja. Se excluye candidatos presidenciales por faltas burocráticas (Guzmán) y por clientelismo (Acuña) algo inédito en el mundo.

La ley que prohíbe la entrega de dinero o dádivas con la finalidad de obtener votos es muy problemática. La idea era eliminar la vieja práctica del clientelismo, que había sido muy antidemocrática. En épocas anteriores existían fuertes relaciones de dependencia entre ciudadanos pobres y gamonales locales. Si el elector depende del gamonal por su bien material o su seguridad, y si el voto no es (o no parece) secreto, el clientelismo –el cambio de favores o dádivas por el voto– es coercitivo y antidemocrático.

Pero como muestra la politóloga Paula Muñoz (en una tesis de doctorado premiada por la Asociación Americana de Ciencias Políticas), el viejo clientelismo ya (casi) no existe en el Perú. Fuera de los pocos distritos donde persisten máquinas políticas autoritarias (Callao, Áncash bajo Álvarez), no hay relación de dependencia entre electores y políticos. Los partidos no tienen la capacidad para monitorear el voto. El nivel de control que ejercen sobre el elector es casi nulo. Los peruanos reciben dádivas de todos los candidatos y después votan como quieren.

Muñoz muestra que la entrega de dádivas en el Perú contemporáneo no es compra de votos: se compra la asistencia a los mítines. Dado el desprestigio de los políticos, pocos quieren ir a escucharlos. Con pocas excepciones, si los candidatos no ofrecen regalos, concursos, o rifas, nadie va a sus actos electorales. Los políticos ya no son capaces de comprar votos; regalan cosas simplemente para ser escuchados. Fuera de los casos de mafias establecidas en el poder (Callao, Áncash), la entrega de dádivas no es coercitiva. La gente va a los mítines, recibe sus regalos, y después vota por la candidata o candidato que quiere.

La entrega de dádivas en las campañas actuales puede ser fea, pero no es un acto coercitivo o autoritario como el clientelismo del pasado. Ni siquiera es compra de votos. Por eso, excluir a un candidato presidencial por esta “violación” es un remedio mucho peor que la enfermedad.

El precedente generado por las autoridades con la exclusión de Guzmán y Acuña ha envenenado el proceso electoral. La elección descendió a una guerra de tachas. Hay una obsesión colectiva con la exclusión. Los medios se dedican casi exclusivamente a la guerra de tachas. Un ejemplo: El 23 de marzo todos los artículos principales (4 de 4) en la sección Elecciones 2016 del sitio de web de Peru21 tuvieron que ver con la exclusión de candidatos; 4 de los 5 artículos principales en la sección Elecciones del sitio de web de El Comercio tuvieron que ver con la exclusión; y 8 de los 10 artículos principales en la sección Elecciones del sitio de web de La República tuvieron que ver con la exclusión.

Quizás la peor consecuencia de la guerra de tachas generada por el JNE ha sido la promoción del comportamiento poco democrático. En vez de ser participantes en un proceso democrático, los políticos y sus seguidores buscan la exclusión de sus rivales. Hay movilizaciones para exigir la exclusión de candidatos. ¡Salen a la calle para exigir menos democracia! Yo no tengo problema con las manifestaciones No a Keiko, pero manifestarse contra una candidata que representa a una fuerza autoritaria y corrupta es una cosa; pedir su exclusión es otra. “No a Keiko” es un movimiento democrático; hace campaña contra Keiko. Pero un movimiento “No a la candidatura de Keiko” sería antidemocrático. Buscar excluir a los rivales y así minar la competencia choca con los principios básicos de la democracia. Pero la democracia peruana ha llegado a eso.

El carácter semidemocrático de las elecciones no pasará desapercibido por la comunidad internacional. Es probable que la calificación de Perú en el índice de Freedom House empeore. Desde 2002, Perú recibe una calificación de 2 (1=más democrático; 7=más autoritario) en la dimensión de “derechos políticos”, que es igual a democracias como Argentina y Brasil. Es probable que ahora suba a 3, como Bolivia y Ecuador.

Aunque los responsables principales de este fiasco son las autoridades electorales y el Congreso, los demás candidatos y sus seguidores son cómplices. Creyéndose beneficiados por la salida de sus rivales, han hecho poco o nada para combatir a las injusticias cometidas. Prefieren ganar una elección semidemocrática que perder una elección democrática. Su actitud egoísta y cortoplacista debilita la democracia.

Caló, Moyano y Barrionuevo; una marcha hacia la unidad




Caló, Moyano y Barrionuevo acordaron una manifestación con reclamos al Gobierno. Confirmaron que la CGT se reunificará.


MIguel Jorquera

Tras saldar algunas diferencias, las tres fracciones de la CGT –que conducen el camionero Hugo Moyano, el metalúrgico Antonio Caló y el gastronómico Luis Barrionuevo– sellaron ayer en un documento los reclamos al gobierno nacional que llevarán mañana a la Cámara de Diputados para discutir sobre el Impuesto a las Ganancias, emergencia ocupacional y 82 por ciento móvil para jubilados. Dejaron de lado una protesta por los despidos que reclamaron los bancarios, pero se movilizarán el 29 de abril (en principio al Monumento al Trabajo) para “celebrar el Día del Trabajador” y le pusieron fecha –el 22 de agosto– a la fusión de las tres centrales sindicales “en una sola CGT”.

El documento de la Mesa de Unidad de la CGT señala “la preocupación por la política de shock” del Gobierno que “atenta contra el poder adquisitivo y profundiza las necesidades de los sectores populares”, le reprocha a Macri la “promesa de campaña incumplida” sobre Ganancias y le reclama que “informe minuciosamente el plan antiinflacionario que dice estar en marcha”. Sostiene que en los tres primeros meses del gobierno macrista “se han perdido 50 mil empleos públicos y privados” a los que se suma “la promoción de la apertura de las importaciones sin una lógica clara de protección del mercado interno”. “Es bueno señalar que la sola herramienta de la discusión paritaria para actualizar salarios y paliar este mal endémico ya no basta”, afirma el documento cegetista, que también ratifica la vigencia del “derecho a huelga” y rechaza limitaciones como el protocolo de seguridad.

La declaraciones de los popes sindicales fueron auspiciosas sobre la reunificación cegetista. “En agosto habrá una CGT única y el 29 de abril marcharemos con reclamos”, dijo Caló tras la reunión de las tres fracciones cegetistas en la sede de los estatales de UPCN. “Se ha resuelto llevar adelante una reunión el miércoles con un grupo de diputados para promover la ley que proteja el trabajo contra los despidos. El 29 de abril para celebrar el 1 de mayo vamos a hacer una movilización que no está determinado el lugar, puede ser una cancha de fútbol. Y estamos pidiendo que se modifique la cuarta categoría que afecta al trabajador”, sumó Moyano. “Sin ninguna duda va a haber una CGT”, sentenció el dirigente camionero y ratificó la convocatoria para el 22 de agoto del Comité Central Confederal que sellaría la unidad de las tres centrales sindicales. “Es una fecha histórica”, sentenció el camionero en referencia al “renunciamiento histórico” de Eva Perón.

Atrás habían quedado las discrepancias que expresaron distintos dirigentes en la puerta del cónclave que se realizó el barrio porteño de Monserrat. A su arribo, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, anunció que la movilización para reclamar contra los despidos y por la modificación en el Impuesto a las Ganancias “ya estaba acordada”. Minutos después, Moyano le bajaba el pulgar a la propuesta del bancario: “No hay movilización”, dijo categórico el pope camionero y de la CGT Azopardo.

Las diferencias y posicionamientos políticos de la centrales sindicales no están saldadas. Una muestra de equilibrio fue la confección del documento, pero tampoco pudo ocultar el malhumor sindical con los primeros meses de la gestión macrista. “Las medidas hasta aquí adoptadas, siguen atentando contra el poder adquisitivo y profundizan las necesidades de los sectores populares; para nadie es ajeno que la inflación de la economía nacional se agravó en los últimos meses como resultado de una pésima gestión de la etapa anterior y del aumento indiscriminado de precios del sector empresario”, sostiene uno de sus primeros párrafos.

“Para completar este sombrío panorama se mantiene el impuesto al trabajo. Esta tributación que los trabajadores hacen respecto a la cuarta categoría del impuesto lejos está de equilibrarse con el último DNU sino que, por el contrario, se han incorporado nuevos trabajadores activos y jubilados. La promesa de campaña ‘que el trabajo no es ganancia’ del presidente Macri ha sido incumplida”, dice otro párrafo del documento. El Impuesto a las Ganancias ha sido uno de los reclamos unificadores en las tres centrales y especialmente entre los gremios más poderosos.

Este será uno de los reclamos que los sindicalistas llevarán mañana a la Cámara baja en reuniones previstas con distintos grupos de diputados. Aunque la propuesta de los gremialistas es tratar de unificar los proyectos ya existentes, antes de impulsar uno propio, Moyano anticipó que irán por la suba del mínimo no imponible del impuesto.

La lista que llevarán al Congreso este miércoles también incluye “la emergencia ocupacional” para frenar los despidos, la universalización de las asignaciones familiares, el 82 por ciento móvil para jubilados y expresar “apoyo y solidaridad a todas las organizaciones gremiales en lucha”. Sobre este último punto, el documento tuvo una contundente definición: “ratificar la plena vigencia del derecho a huelga sin ningún tipo de limitación ni protocolo de seguridad. Asimismo, exigimos la no intromisión de ningún órgano externo, ni gubernamental en la vida institucional de las organizaciones sindicales”, sostiene el texto de la Mesa de Unidad cegetista. Con estos mismos temas y propuestas, la Mesa de Unidad de la CGT irá al encuentro pactado con la Pastoral Social de la Iglesia católica el 18 de abril.

Las mayores coincidencias giraron alrededor de la necesidad de la unificación cegetista para enfrentar una situación que aparece complicada para los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Así lo expresaron, Moyano, Caló y Barrionuevo en el encuentro del que también participaron el anfitrión Andrés Rodríguez (UPCN) y los gremialistas José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), Armando Cavallieri (Comercio), Juan Carlos Schmidt (Dragado y Balizamiento), Héctor Daer (Sanidad), Gerardo Martínez (Uocra), Omar Plaini (Canillitas), Omar Marturano (Fraternidad), Oscar Romero (Smata), Palazzo (AB) y Gerónimo “Momo” Venegas (Uatre), entre otros.

Los dirigentes acordaron que la cita del Comité Central Confederal debería ser antes de que venza el mandato de Caló al frente de la CGT oficial. Aunque todavía no está definido el lugar ni si la reunificada central tendrá al frente a un triunvirato o solo a un secretario general, la fecha ya fue elegida con el sello peronista: será el 22 de agosto, cuando se cumplan 65 años del renunciamiento de Eva Perón a su candidatura a vicepresidencia de la Nación.

Tres estrategias para la oposición

Por Gerardo Adrogué* y Alejandro Grimson**


El gobierno de Macri avanza y la fragmentación de la oposición se agudiza. Los diagnósticos que intentan explicar sus causas y consecuencias se multiplican. En este clima de confusión, tres estrategias muy distintas pretenden orientar la acción política del campo popular, hoy en la oposición. Para analizar esas distintas estrategias primero es necesario realizar un diagnóstico sobre el macrismo.

Existe un diagnóstico simplista que supone que el macrismo es una experiencia a corto plazo de las elites para rapiñar recursos públicos, que el macrismo es un fenómeno político que solo busca devolver a las grandes corporaciones y al capital concentrado los beneficios perdidos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Y que una vez cumplido su cometido cortoplacista perdería relevancia política y electoral. No desconocemos lo obvio: el poder económico concentrado ha sido el beneficiario de la enorme transferencia de recursos que Macri realizo en sus primeros 100 días de gobierno (devaluación, apertura indiscriminada de importaciones, disminución y eliminación de retenciones, despidos en el sector público y desprotección al trabajo en el privado, entre otros). Sin embargo, este diagnóstico simplista desconoce que el propósito fundamental del macrismo es de largo plazo: construir un modelo neoliberal sustentable en la Argentina, con voluntad hegemónica, apoyado en los medios de comunicación masiva. Aunque sea capaz de realizar concesiones y negociaciones parciales, el modelo económico y político del macrismo avanza sin titubear en la eliminación de las políticas públicas e instituciones que promueven la distribución de la riqueza y el bienestar en la Argentina. Lejos de una alternancia “normal” en democracia, hoy presenciamos un cambio de régimen. Pero el macrismo significa una novedad en la forma como el poder económico ha defendido sus intereses en el país. Hoy lo hacen construyendo mayorías electorales, con la legitimidad que otorga la voluntad popular expresada libremente y sin proscripciones.

Por ello, nuestro diagnóstico sobre el macrismo enfatiza su complejidad, labrada pacientemente en la Ciudad de Buenos Aires, distrito donde demostró que no solo hace un uso eficiente de la publicidad y del marketing político sino que también sabe ejercer el poder, comprende la lógica de la administración de estado, aplica los principios del intercambio político sin prejuicio alguno, se apropia con facilidad de valores y símbolos ajenos a su visión del mundo (para luego vaciarlos de contenido), e implementa políticas públicas que pueden favorecer ocasionalmente a los sectores sociales más necesitados y vulnerados (como es el caso del Metrobus). El macrismo demostró que sabe aprovechar los errores de su adversario, en particular la subestimación que se hizo (y se hace) de las candidaturas de Mauricio Macri. En política, subestimar es un pecado.

El diagnóstico simplista lleva a la pereza política. Si el gobierno se disparara en sus propios pies, si tuviera pies de barro, no resultaría necesario esforzarse en construir activamente una oposición. El simplismo alimenta nuevos mitos. Por ejemplo, “la gente se va a dar cuenta que este gobierno los arroja a la miseria y se va a dar cuenta quien verdaderamente gobernó para ellos” o también “el ‘compañero’ Macri con sus decisiones está creando las condiciones para nuestro rápido retorno”. Cierto es que la multitudinaria marcha del 24 de marzo, las Plazas del Pueblo y la amplia convocatoria que despiertan las inconexas actividades de la oposición pueden alimentar la creencia según la cual el apoyo al macrismo se derrumbará por la fuerza de las cosas y que lo más razonable sería, en consecuencia, sentarse bajo la higuera a esperar que llegue la primavera. Error de perezoso.

Un diagnóstico realista, que reconozca la complejidad del macrismo, también intuye que las políticas que lleva adelante el neoliberalismo en el gobierno van a generar malestar en amplios sectores de la sociedad y que (aunque los medios masivos lo oculten o disfracen), el nivel de apoyo a la gestión, la imagen de Macri y la potencial intención de voto pueden disminuir significativamente durante los próximos meses. Pero no asume quien podría beneficiarse de ese desgaste. Nada es mecánico en la política. Tampoco es improbable que el macrismo active una vez más su complejidad para recomponer mayorías políticas o electorales. En todo caso, si algún malestar social se estuviese gestando, este sería hoy apenas el germen de un potencial espacio antimacrista. El diagnóstico realista invita a pensar en la necesidad de ampliar y conducir este potencial espacio antimacrista, de construir una oposición con vocación de mayorías, lo cual lejos de la pereza exige actuar de modo decidido, inteligente e innovador.

Repasemos ahora las tres estrategias que hoy debate el campo nacional y popular. La primera se basa exclusivamente en entablar negociaciones de gobernabilidad para las provincias (y/o municipios) donde se gobierna. A esta primer estrategia le tiene sin cuidado un diagnóstico simplista o realista, acertado o no, sobre el macrismo. Es una estrategia cortoplacista que reconoce el poder coyuntural del adversario y sólo busca maximizar el intercambio político de bienes y recursos. Sería necio negar que una parte de la política requiere de negociaciones. Tan necio como creer que de esa realpolitik puede emerger una verdadera alternativa al oficialismo. La voluntad popular esta para ser respetada, pero también es evidente que la voluntad popular nunca fue perder derechos. Y en este punto la oposición debe ser intransigente.

Pero una posición jacobina en la defensa de los derechos conduce a una segunda estrategia tan equivocada como la primera. Fundada en el diagnóstico simplista sobre el macrismo y sobre las consecuencias que su gobierno tendrá sobre los votantes, esta segunda estrategia sostiene que el pueblo extraviado comprenderá, tarde o temprano, la verdadera naturaleza del macrismo y, en consecuencia, retornará al redil. Con el explícito propósito de facilitar el retorno de las masas desilusionadas, promueve acentuar los rasgos más duros y puros de la identidad política kirchnerista (o trotskista para el caso). Bajo esta mirada, cualquiera que no sea un abogado absoluto de los doce años de kirchnerismo debe ser estigmatizado como traidor o renegado. ¿Cuál es el peligro que aquí anida? Alimentar una posición política que confine a la oposición a los márgenes de lo testimonial y la prive de la orientación estratégica que construya mayorías políticas y electorales.

Por eso, es imperioso fortalecer una tercera estrategia: ampliar y fortalecer a la oposición. Se trata de ampliar el espacio antimacrista y de conducir una orientación definida al interior de ese espacio. Por un lado se requiere articular diversidades, sin que nadie pierda su identidad, ni su propia visión, pero sin anteponer la propia identidad para un trabajo conjunto. Por el otro, debe garantizarse que en este nuevo colectivo prime una orientación política de intensa defensa de los derechos populares. El contexto actual argentino y regional es desfavorable para el campo popular y nos impone reagrupar y construir. Caso contrario, la actual fragmentación de la oposición continuará beneficiando al macrismo, tanto como proyecto político como en su fuerza de negociación coyuntural.

Pero atención que esta vocación frentista del campo nacional y popular no debe ser sólo un fenómeno electoral. Debe orientar la acción política en todo el proceso social. Es decir, antes, durante y después de las elecciones y tanto “hacia adentro” como “hacia afuera” de la vida político partidaria. El éxito de esta tercera estrategia política también depende de la intensidad con la cual se afronten los distintos conflictos políticos, de la inteligencia para seleccionar y priorizar las batallas que deben darse. Es en este proceso donde se empiezan a (re)construir las mayorías. En cambio, tanto el acuerdismo como el simplismo jacobino renuncian a la construcción de un programa atractivo y viable para la mayoría de los argentinos. La primera porque sólo negocia con el oficialismo, sin ofrecer alternativas. La segunda porque se preocupa más por tener la “posición correcta” que la posición que contribuya a modificar una adversa relación de fuerzas.

La articulación de diversidades de la oposición tiene distintos niveles. En el plano microsocial implica luchas barriales, institucionales o sindicales que requieren ampliar la unidad. En el plano estrictamente político, esta estrategia sólo será una orientación eficaz si es adoptada e implementada por el liderazgo y la conducción política de cada distrito. O, en distritos sin liderazgos claros, si es adoptada por varios liderazgos potenciales. La militancia de base puede y debe contribuir a fortalecer esta estrategia, pero su esfuerzo será en vano si no es asumida por los principales dirigentes. Enfatizamos aquí la especial urgencia que esta estrategia de ampliar y articular tiene en la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, ampliar y articular no es sinónimo de “unidad boba”, o de la unidad como un fin en sí mismo. Esta discusión es tan antigua como la política misma. ¿Cabe aliarse con cualquiera por el simple hecho de que no está en el gobierno? ¿Cuáles son los límites del campo nacional y popular? Cuando caracterizamos al macrismo como la opción política de una derecha con un proyecto hegemónico y al mismo tiempo aludimos a la gestación de un potencial espacio antimacrista, no llevamos de contrabando la noción de que cualquier unidad es buena en sí misma. Pero sí reconocemos que en política la línea divisoria entre adversarios está lejos de ser una trinchera clara y definida, como las que hace un siglo separaban a los ejércitos en el campo de batalla. En política, las identidades políticas adversas se asemejan muchas veces a manchas que pueden superponerse en los bordes y crear cierta confusión. La creación de mayorías también depende del corrimiento eficaz de estos bordes. Por eso, estamos convencidos que la vocación por construir mayorías debe ser amplia, real y efectiva.

* Sociólogo UBA. Analista de Opinión Pública. Director de Knack Argentina.

** Antropólogo social.

Industriales buscarán auxilio del Gobierno por falta de competitividad

Ariel Maciel



Metalúrgicas alertan por el impacto en las fábricas si no se toman medidas antidumping con China.

Los industriales buscarán esta semana un auxilio de parte del Gobierno nacional para sortear los graves problemas de competitividad por los que atraviesa la producción argentina ante la recesión mundial, la caída sin fondo de Brasil principal comprador y la amenaza de una profundización de relaciones comerciales con China. De hacerse realidad la suma de todos estos miedos dejaría en jaque al ejido industrial, según el análisis de la UIA.

La mesa chica de la entidad fabril, de la que participan las empresas más representativas del sector manufacturero, le trazará este oscuro panorama al ministro de la Producción, Francisco Cabrera, cuando los reciba en la sede de Avenida de Mayo al 1100 en un almuerzo con una agenda definida por la competitividad, los costos energéticos y el temor por la presencia sin control en el país del gigante asiático.

Será una reunión “cordial”, según anticiparon fuentes consultadas por BAE Negocios, aunque “es el momento de hacer todos los planteos en los que puede intervenir” el funcionario nacional. Tanto el presidente de la UIA, Adrián Kaufmann Brea, como el resto del comité ejecutivo, conocen a Cabrera desde antes de su asunción en el ministerio. Y Cabrera llega con gran parte de los planteos conocidos de antemano. Sin embargo, se descarta que sea “sólo un encuentro de cortesía”.

La rediscusión del acuerdo con China que promete la administración nacional generó expectativas en el mundo empresario, aunque los industriales no recibieron aún senales claras sobre el giro en las relaciones bilaterales, que podrían vislumbrarse el próximo 1o de abril, cuando el presidente Mauricio Macri mantenga una cumbre oficial en Washington con su par chino, Xi Jinping. Sucede que el Gobierno espera la llegada de inversiones para reactivar la alicaída economía local y el gigante asiático cuenta con recursos para afianzarse en el país.

Los industriales temen que una profundización de las relaciones comerciales con China en el sector del acero ponga en jaque a las metalmecánicas locales, incluso al gigante Grupo Techint. De confirmarse esa avanzada, el efecto sobre las pymes sería “devastador”, alertaron las fuentes consultadas.

Sucede que China cuenta con fuertes cuestionamientos a su política comercial por prácticas de dumping. Su avance en gran parte del mundo es gracias al abaratamiento de sus costos laborales y el control en manos del Estado de sus empresas industriales. La Unión Europea y Estados Unidos son dos economías que aumentaron las medidas de control de importaciones siderúrgicas.

Esta discusión será enmarcada en un escenario de fuerte pérdida de competitividad por las condiciones externas y la necesidad de un plan de obras públicas para conectar a las economías regionales y abaratar los costos logísticos, uno de los puntos que aplasta el desarrollo de la industria local. Y si bien en la mesa no estará el ministro de Energía, Juan José Aranguren, los industriales dejarán su reclamo por los costos que deben enfrentar las fábricas ante la normalización tarifaria en el servicio eléctrico y el próximo anuncio de aumento en el gas, que dejará al borde de la desaparición a una porción muy grande de pymes, pero que condicionará aún más a las grandes empresas para encontrar en el mundo nuevos mercados.

La baja en el consumo impactará fuerte en la economía
















La construcción es uno de los sectores mas afectados por la baja de la actividad económica.




Los despidos que ya pasan los 100 mil, registrados por la CTA en el sector público y privado desde la asunción de Mauricio Macri auguran un sombrío panorama para el consumo y la actividad de este año. El achique del Estado tiene consecuencias negativas sobre el resto de la economía, porque los trabajadores despedidos ya no tendrán un sueldo para volcar sobre el “círculo virtuoso” de la economía.




El mercado se está contrayendo y las empresas lo sienten. No es casualidad que los despidos se estén produciendo en simultáneo, tanto en la esfera estatal como la privada. El Gobierno parece estar apelando no sólo a la absorción de pesos para frenar la inflación, sino también al enfriamiento de la economía.




De acuerdo a datos del Estudio Bein, el acumulado de la inflación entre noviembre y febrero fue del 14% y, si se extiende el período a marzo y abril, la suba de precios de ese semestre llegará al 24%. “La contracara es una caída del salario de bolsillo de entre 15% y 19% teniendo en cuenta que hasta entonces no empiezan a regir a pleno las paritarias”, advierte el último informe mensual de esa consultora.




“El ritmo anualizado de aumento en los precios pasó de un 22% hasta octubre (cuando las anclas cambiaria y tarifaria funcionaban a pleno) a uno de 48% en los últimos cuatro meses afectando fuertemente los ingresos de bolsillo”, puntualiza el reporte.




Para el ex asesor de Daniel Scioli, el PBI caerá un 2,3% en 2016, después de crecer un 1,5% en 2015. El producto se verá arrastrado por un descenso en el salario real del 6% y del 3,6% en el consumo, tras los avances del 5 y 2 por ciento registrados el ano pasado, estima el consultor.




Mientras tanto, el desempleo pasará de 6,9% a 8,6%.

Cuando se deterioran el salario real y el empleo, el consumo cae. Si el Gobierno apuesta a un repunte de la economía en el segundo semestre, el impulso deberá salir de otro lado: ya sean las exportaciones, o la inversión.

Por eso el Estudio Bein proyecta un aumento de la inversión del 4%, después de contraerse un 1% en 2015, y del 10% en las exportaciones, que pasarían de U$S56.752 millones a U$S62.974 millones.

Por otro lado, en un contexto recesivo los precios tienen menos margen para aumentar.


Consultado el expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli opinó: "Macri hizo una devaluación de muy mala manera, generando tarifazos".

"Creo que la inflación bajará en el segundo semestre, por la fuertísima suba de la tasa de interés, que sumado a la caída del salario generará una recesión", explicó Vanoli.

"La falta del consumo, el ajuste, la desaceleración del crédito y la pérdida del poder adquisitivo generarán una inflación en baja, esas causas son las preocupantes. La inflación debe bajarse con más inversión, producción y medidas que permitan equilibrar la oferta y la demanda. La situación económica está muy complicada para los argentinos", detalló.

"La política económica de Macri tiene muchas similitudes con la de Martínez de Hoz y el menemismo. Muchos de los que marcharon están muy preocupados por las medidas que se están tomando, que generan despidos y cierres de empresas. Hay que analizar todos los anuncios porque preocupan", concluyó.

Según la consultora Grupo de Opinión Pública (GDOP), a fines de febrero la economía pasó a ser la principal preocupación de la sociedad. Casi el 70 % de los encuestados ubicó a la inflación en el primer puesto de sus preocupaciones, desplazando a la inseguridad (54 %). Marcado crecimiento del problema del empleo y los bajos salarios, en tercer y cuarto lugar de preocupación respectivamente.

Es que no se trata de meras “sensaciones”, son realidades muy concretas que enfrenta día a día el pueblo trabajador. Según el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM), en los últimos cuatro meses los precios aumentaron un 38 % mientras que el consumo cayó casi un 24 %. Los indicadores de empleo no son menos auspiciosos, el propio gobierno avanzó con despidos masivos en las dependencias estatales nacionales y provinciales (incluidas provincias donde gobierna el FPV), lo que sumado a los despidos en el sector privado ya superaron los 100 mil puestos menos desde el cambio de gobierno. Las consecuencias sociales del ajuste comienzan a hacerse sentir y las encuestas ya muestran una tendencia mayoritaria a considerarlo el gobierno “para los ricos”.

Atucha: Aranguren avisó que "no hay trabajo" y que despedirá a 2200 empleados


Conflicto en Atucha: Siguen las reuniones pero Aranguren ya avisó que no habrá trabajo hasta 2017


Gremios y empresas están citados a las 13 en el Ministerio de Trabajo bonaerense. Este jueves unos 2.000 trabajadores de la central nuclear quedarían en la calle.








Trabajadores de la central nuclear Atucha II, representantes de las empresas contratistas y directivos de la operadora NASA serán recibidos esta tarde por autoridades del Ministerio de Trabajo bonaerense para intentar destrabar el conflicto laboral desatado hace un mes y que pone en riesgo unos 2.000 puestos.

La reunión fue convocada a las 13 en la sede de la cartera que conduce Marcelo Villegas en La Plata. Este jueves, 31 de marzo, vencerán los contratos de unos 600 trabajadores nucleados en Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (Uecara), quienes recibieron telegramas de preaviso de despido a fines de febrero. Pero también se espera que sean notificados otros 1.500 correspondientes a Uocra.

Por su parte, el intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro volverá a reunirse mañana con el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, quien en las últimas horas avisó que “Atucha III comenzará en los primeros meses de 2017”. En declaraciones al diario Clarín, el funcionario nacional adelantó que “esta semana” hablará con representantes chinos sobre la financiación de las obras que prometió el Gobierno anterior, pero advirtió que las empresas contratistas y los trabajadores deberán "esperar". "Se hace difícil mantener gente para esperar un proyecto. Las contratistas de NASA (la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. que opera la central) terminan su tarea el próximo 31 de marzo y ese contrato no se extiende", aseveró el ministro y puso punto final al tema. El conflicto alarma también al municipio, donde según sus estimaciones el desempleo subiría 25 puntos si finalmente unos 2.200 trabajadores quedan en la calle.

Ultimatum de Carrió a Macri: "Tiene que elegir si quiere como socio a Angelici o a mí, y romper con Massa"



La diputada también le pidió que  destituya a todo el fuero federal.

Pasaron los primeros cien días del gobierno de Mauricio Macri y Elisa Carrió cumplió con la profecía tan anunciada: Enplazó al presidente a tomar las decisiones que ella considera necesaria o romperá con el Gobierno.


"Macri va a tener que elegir si lo quiere a Angelici o a mi como socia", afirmó Carrió esta noche en el programa de Luis Majul en un emplazamiento brutal al presidente. Incluso se permitió decirle que eventualmente Macri "lo puede tener en Boca, pero no en la Justicia".

Pero no se quedó en esa amonición, acaso incentivada por los amigos del radicalismo de Carrió como el titular de la UCR, Ernesto Sanz, que mantienen una vieja inquina con Angelici por haber sido el primero en fractcturar ek partido para apoyar a Macri.

Carrió también exigió a Macri -nada menos- que barra con los jueces penales del fuero federal de Comodoro Py. "No puedo garantizar que este gobierno no siga robando, sino se termina con la impunidad de los casos de corrupción", advirtió Carrió y denunció que Angelici se reúne con el juez Norberto Oyarbide para garantizarle su salida pacífica del fuero, sin denuncias y con su jubilación intacta. Lo hizo a través de Twitter donde completó los conceptos que había lanzado en La Cornisa.

Macri está tratando vía Angelici y su asesor Fabián Rodríguez "Pepín" Simón, en llegar a alguna clase de entendimiento con los jueces de Comodoro Py que tienen recursos de sobra para complicarle la gestión. Carrió, fiel a sus principios, esta noche lo presionó a fondo, con una serie de tuits tan implacables como sensatos.



El problema mayúsculo que plantea la exigencia de Lilita a Macri es que parte de una ficción que extrañamente en la cúpula del PRO y acaso el propio presidente terminaron creyendo: Que la llegada a la Presidencia fue una suerte de bautismo que los purificó y los hizo nacer de nuevo.

Hiriente, Carrió golpeó sobre esa contradicción cuando le pidió a Macri no sólo que se desprenda de Angelici sino también de su íntimo amigo y compañero en varios negocios, Nicolás "Nicky" Caputo.

"El precio que Caputo tiene que pagar es vender las empresas, que se dedique a otra cosa, a fin de no comprometer al presidente" dijo muy suelta de cuerpo la diputada, que curiosamente tenía una buena relación con el empresario, que en la intimidad repetía: "A Lilita la contengo pagándole un viaje" .

Carrió también cargó duramente contra Sergio Massa, otro de los aliados claves del Gobierno, y dijo que detesta a Jaime Durán Barba, el principal asesor del Presidente.

"Durán Barba es un personaje que yo detesto porque ha asesorado al gobierno sobre que no hay que meterse en los temas de corrupción porque no le interesan a la gente", sostuvo y denunció: "Yo creo que el señor Durán Barba es un doble agente".Para cerrar revelando un supuesto compromiso que Macri celebró con ella en la intimidad: "No más juego, no mas Cristóbal López y no más impunidad".

Entre grupos neonazis, la renuncia de medio gabinete, funcionarios presos y suba de impuestos Arroyo perdió el control de la gestión en Mar del Plata

Tras la detención de Giri, Arroyo no logra salir de una fuerte crisis política
Siguen renunciando funcionarios. Ahora, el presidente del Concejo amenaza con alejarse.

Carlos Arroyo



El intendente Carlos Arroyo no tramita el mejor de los momentos. Sus primeros 100 días al frente del municipio de Mar del Plata fueron caóticos. La detención del -ahora ex- director de Turismo, Emiliano Giri, acusado de ser parte de una red de corrupción en Astillero Río Santiago, fue un cimbronazo del que todavía no logra recuperarse.



Pero la crisis va incluso más abajo en el armado político de la ciudad más grande -en términos de población- del interior bonaerense. En menos de 100 días, el intendente perdió a tres funcionarios -y el cuarto será en pocas horas-, en su gran mayoría todos envueltos en un halo de escándalo.



El primero fue Julio Razona, secretario de Seguridad, que se fue en medio de denuncias de corrupción cometidas presuntamente por la gestión anterior.



El segundo fue Miguel Guzmán, presidente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado. El funcionario era “casi un hijo” para Arroyo, pero usó una camioneta oficial para ir a buscar maquinaria a Córdoba y, de paso, llevar a su hija a San Luis. Volcó y destrozó la camioneta.



El tercero fue el de mayor impacto. Giri apareció por todos los medios nacionales, esposado, y signado como “el primer funcionario de Cambiemos detenido por corrupción”. Los ecos del caso aún resuenan y seguirán resonando en los enconos políticos de Mar del Plata.



Ahora, el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Saenz Saralegui, reconoció que está distanciado del intendente. Y dijo que Arroyo "está agobiado por la catarata de problemas que tiene".



Saenz Saralegui y Arroyo fueron amigos inseparables y socios políticos durante años. Pero el poder los separó. Según destaca el portal 0223, el concejal asegura que Arroyo fue víctima de “los amigos del campeón”, gente que se le acercó a dar consejos y obtener algún beneficio a cambio.



Pero, por si fuera poco, el funcionario Sebastián Puglisi también se bajará del barco y a fin de mes dejará de ser el secretario de Cultura.



Hace poco menos que dos semanas, Arroyo pidió reunirse con los legisladores provinciales que representan a Mar del Plata. Curioso, al encuentro sólo asistieron senadores y diputados de la oposición. Mientras que el oficialismo pegó el faltazo.



"Arroyo nos dijo que está muy solo", aseguró el massista Gabriel Pampin al salir de la reunión de la que también participaron la diputada nacional Fernanda Raverta y el senador provincial Juan Curuchet.



Aunque se esbozaron varias explicaciones por la ausencia de Maximiliano Abad y del lilito Guillermo Castello quedó claro que fue un vacío al alcalde.



Controversial y polémico, el intendente asegura que no permitirá una suba del transporte público, en medio de las quejas de los transportistas que amenazan con suspender el servicio nocturno. Sin embargo, en la semana que pasó el Concejo aprobó un aumento de tasas del 27%.



Con todo, el intendente aseguró hace horas que es “mentira que haya subido los impuestos, sino que los bajé”. Arroyo ahondó en una explicación compleja: “supongamos que la inflación es de un 30%, aunque fue más. Y subí un 27% las tasas. En realidad, lo que hice fue bajar las tasas”, dijo.



The New York Times: "El gobierno de Macri está socavando los derechos humanos"


El diario New York Times publicó una nota de opinión donde señala que el presidente estadounidense Barack Obama desconoce la detención de Milagro Sala y el creciente atropello de los Derechos Humanos.



Manifestación para exigir la liberación de la activista Milagro Sala, quien fue arrestada en enero. Credit Natacha Pisarenko/Associated Press

Lo que Obama debe saber sobre la Argentina de Macri (versión en español del mismo diario)

Por Gastón Chillier y Ernesto Semán*

Durante su viaje a la Argentina esta semana, es poco probable que el Presidente Obama visite a Milagro Sala. Reconocida activista social de la provincia de Jujuy, al noroeste del país, Sala fue detenida en enero a instancias del gobernador, Gerardo Morales, un aliado político del nuevo presidente, Mauricio Macri.

Su detención ha generado rechazo internacional; el Papa Francisco, Naciones Unidas y Amnistía Internacional han expresado su preocupación. Pero no la Casa Blanca: al anunciar la visita de Obama, agradeció a Macri por sus “aportes a la defensa de los derechos humanos en la región.”

El histórico viaje de Obama a Cuba tiene toda la pompa de una despedida a la Guerra Fría en América Latina. Su visita a La Habana servirá como el punto simbólico culminante en la normalización de las relaciones de Estados Unidos con el gobierno comunista de Cuba. Pero su excursión a la Argentina tiene un sentido muy distinto.

Poco antes de que Obama llegara a Buenos Aires, su administración anunció la desclasificación de documentos del gobierno de Estados Unidos relacionados con la dictadura militar argentina del 1976 al 1983. Sin embargo, la visita no se trata del estado actual de los derechos humanos sino del libre comercio y la seguridad hemisférica.

Un reconocimiento del papel maligno que jugó EE.UU. en los primeros años de la dictadura es bienvenido, aun cuando sea tardío. Pero ignorar las señales de alarma sobre el impacto en los derechos humanos generadas por las acciones recientes de la nueva coalición gobernante de la Argentina es un recordatorio preocupante de ese legado. Para Macri, la visita de Obama ya es un respaldo.

La detención de Milagro Sala ilustra el nuevo enfoque de mano dura del gobierno argentino. Su organización jugó un papel importante al ofrecer viviendas, trabajos y educación a grupos marginados socialmente. Sala fue detenida por liderar una protesta de trabajadores cooperativistas, desempleados e indígenas en una de las provincias más pobres del país. Después, fue acusada de malversar fondos públicos. Esa investigación judicial debe seguir su curso pero el debido proceso exige que, mientras tanto, ella no sea encarcelada.

Esta detención arbitraria ocurre en el contexto de una serie de medidas tomadas por la administración de Macri que han debilitado el Estado de derecho bajo el pretexto de seguridad, libertad económica y la guerra contra las drogas. En enero, unas semanas después de asumir, Macri declaró la emergencia de seguridad que permitió que las fuerzas militares derriben aviones no identificados sospechados de estar vinculados con el narcotráfico.

En los hechos, el presidente ha decretado una pena de muerte de facto sin juicio previo. Esta política ha sido criticada como un ejemplo de la “narcotización” de la seguridad pública. Va en contra de los principios centrales de las reformas argentinas posdictadura que prohíben la intervención militar en la seguridad interior.

Poco después de la asunción de Macri, la corte suprema de la capital del país, Buenos Aires, dictaminó que la policía local puede requerir que los ciudadanos muestren sus documentos de identificación sin tener sospecha, un fallo que da luz verde al acoso policial basado en los prejuicios. En otra jugada igual de preocupante, el gobierno nacional presentó recientemente un nuevo protocolo para protestas que otorga a las fuerzas de seguridad mayores facultades para reprimir y criminalizar las manifestaciones; en un país donde la gente valora el derecho a la protesta y suele ocupar las calles para reclamar sus derechos.

El colapso económico y político de 2001 en la Argentina demostró definitivamente que las políticas de libre mercado de los 90 no habían mejorado las vidas de la gente común. No obstante, Macri y su equipo están resucitando algunas medidas fracasadas del pasado. Con los precios de las materias primas a la baja, quieren atraer inversión extranjera con recortes para llegar a mayor competitividad: buscan reducir el gasto público y achicar el Estado.

A la vez, su administración ha eliminado los controles cambiarios, lo cual aumenta la inflación. Algunos analistas estiman que el aumento de precios excederá la meta oficial para 2016 de entre 20 y 25 por ciento.

A pesar de sus promesas de campaña de fortalecer las instituciones democráticas, el Presidente Macri está gobernando en el sentido opuesto. En diciembre, intentó nombrar a dos jueces nuevos de la Corte Suprema de la Nación por decreto y así sortear la aprobación del Senado. Ante el clamor de la sociedad, el presidente dio marcha atrás y mandó los nombramientos al Senado.

No fue la única decisión prepotente: Macri utilizó varias órdenes ejecutivas para modificar un pilar de la legislación sobre los medios que había ampliado la libertad de expresión al fortalecer las normas antimonopólicas, aun cuando la administración anterior no la haya implementado bien. Este tipo de intervención presidencial sería desastrosa en cualquier circunstancia, pero en el contexto de la polarización política en la Argentina y de otras medidas represivas es alarmante.

El riesgo de militarizar el orden público, el debilitamiento de los límites institucionales al poder ejecutivo, la criminalización de la protesta y una obsesión con la promoción de políticas ortodoxas de libre mercado: nada de esto tiene buenos ecos en América Latina. Estados Unidos apoyó a muchos de los dictadores de la región durante los 70 y los 80 para que sirvieran de garantes locales del libre comercio y la seguridad contra el comunismo.

Recién después de la asunción del presidente Jimmy Carter en 1977, Estados Unidos empezó a intentar frenar las fuerzas represivas del continente. Si bien esto fue importante, no pudo compensar las décadas durante las cuales EE.UU. ayudaba a los dictadores latinoamericanos mientras decía defender la democracia.

Obama seguramente quiere dejar atrás ese pasado. Pero durante su administración, Estados Unidos alentó la desestabilización de la democracia en Honduras y Haití, presumiblemente porque esperaba que socios comerciales más favorables o aliados en la guerra contra las drogas tomaran el poder.

La decisión de Estados Unidos de desclasificar más documentos relacionados con la dictadura argentina es un paso importante que podría permitir investigaciones judiciales adicionales de crímenes de lesa humanidad. Pero ahora Obama no debe avalar la violencia estatal y la intolerancia ideológica como efectos secundarios aceptables de las metas más amplias de Estados Unidos de promoción del libre mercado y cooperación en materia de seguridad.

Una visita presidencial a la Argentina que ignora cómo el gobierno de Macri está socavando los derechos humanos y las instituciones democráticas —y en su lugar ofrece elogios vacíos sobre sus políticas— será interpretada correctamente como una vuelta al pasado.

* Gastón Chillier es el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en Buenos Aires. Ernesto Semán es profesor de historia en la Jepson School of Leadership Studies de la Universidad de Richmond.

Madeleine Albright fue contratada por Paul Singer para ayudar a Macri

Solo negocios


Una ex canciller demócrata asociada a ex funcionarios republicanos, unidos por un contrato con Paul Singer para operar contra Argentina.


La visita a la Argentina en agosto del 2014  del ex secretario de Comercio de la administración Bush (h) Carlos Gutiérrez, en gestión encomendada por el fondo de inversión NML Capital, fue admitida por la consultora ASG que lo envió, luego de que la presidenta de la Nación denunciara el hecho como parte de un plan de los fondos buitre contra la Argentina para desestabilizar la economía y generar un clima desfavorable y de desprestigio del Gobierno. Bastó que Cristina Kirchner pusiera “en cuadro” la gestión del ex funcionario estadounidense de origen cubano, revelando su verdadera intención, para que la consultora que encabeza la ex secretaria de Estado (canciller) Madeleine Albright diera a conocer su versión edulcorada de aquella misión. A través de su vocero, Ben Chang, ASG (Albright Stonebridge Group) informó que la firma había sido contratada por el grupo financiero que encabeza Paul Singer “en procura de una vía de diálogo para alcanzar una solución satisfactoria” a la demanda planteada en Nueva York, y que el objetivo del viaje de Gutiérrez había consistido en “una gestión para buscar un acuerdo con funcionarios del gobierno argentino”. Una forma diferente de explicar lo que la mandataria argentina describió, con más elocuencia, como la advertencia que trajo el enviado de los fondos buitre si Argentina no se allanaba a aceptar las condiciones de pago resueltas por Thomas Griesa: un plan de ataque de cinco puntos, de los cuales los dos primeros estaban apuntados a “esmerilar y desgastar la figura de la Presidenta, y generar inestabilidad económica”.




Madeleine Albright tuvo, indudablemente, un paso “destacado” por el gobierno de Bill Clinton, aunque no siempre en el mejor de los sentidos. Fue la primera mujer en ocupar ese cargo en Estados Unidos, lo cual es bueno. Ese mismo lugar fue luego ocupado por Condoleeza Rice (bajo el gobierno de Bush) y Hillary Clinton (en el primer mandato de Obama). Con esta última conserva una estrecha amistad, al igual que con su marido, el ex presidente Bill Clinton. Pero también es recordada por su paso previo como embajadora de Estados Unidos ante la ONU. En ese cargo, hizo declaraciones a la televisión estadounidense, en el programa periodístico Sixty Minutes, en las que consultada por la muerte de más de 500 mil niños en Irak, como consecuencia de la invasión, bombardeo y genocidio provocado por el gobierno de Estados Unidos en ese país, respondió “fue un precio que valió la pena pagar”. Esos dichos son del 12 de mayo de 1996, y dieron pie a que, más tarde, se instituyera en Irak el 12 de mayo como Día en Memoria del Genocidio.

Nacida en Praga (ex Checoslovaquia) en 1937 como Marie Jana Korbelová, sus “buenos” oficios a favor de un gobierno demócrata en Estados Unidos no la privaron de buscar, para su actividad privada, a los que considerara más útiles colaboradores provenientes de las filas republicanas. En la página de Internet de la consultora ASG que encabeza, se destaca que sus directores “han cumplido funciones en distintos sectores de la administración pública norteamericana: Casa Blanca, Departamento de Estado, Tesoro, Banco Mundial y embajadas”. De esa selección surgieron varios ex funcionarios de la administración Bush (h). Entre ellos, el ex secretario de Seguridad Samuel Berger y el ex secretario de Comercio Carlos Gutiérrez.

Este último también ejerció en la actividad privada el rol de director ejecutivo (CEO) de la megacorporación de la alimentación Kellogg’s Company. Un ejemplo muy claro de lo que el investigador español Juan Hernández Vigueras, autor de Los lobbies financieros, tentáculos del poder, describe como “la puerta giratoria”, en relación a la ductilidad de los directivos empresarios para pasar a ejercer funciones públicas ligadas a la actividad económica, y luego volver a la actividad privada como “lobbistas” de los mismos intereses ante quienes ocupen en ese momento la función pública. En marzo del año pasado, además, Gutiérrez fue nombrado director del lobby anticastrista US Cuba Democracy PAC, uno de los más activos y conocidos de Miami.

Es curiosa la forma en que fue presentada la noticia de la visita de Gutiérrez a la Argentina , a partir de que fuera revelada por el diario New York Post, unos diez días después de producida. El diario Clarín, reproduciendo la información original, señaló el 26 de agosto de 2014 que “la consultora (ASG) envió a Gutiérrez (a Buenos Aires) con el objetivo de organizar a los que se enfrentan al Gobierno”. En cambio, La Nación, ayer al hacer pública la “aclaración” de la consultora, subraya que “no hubo contactos con sectores políticos de la oposición” por parte de Gutiérrez, quien sigue expresando su confianza en alcanzar “una solución satisfactoria” con el gobierno argentino.


Curioso pero no extraño, ya que el lobby financiero es una actividad regulada en Estados Unidos, legal y reconocida. El tráfico de influencias ante jueces, parlamentarios, medios de comunicación y funcionarios del gobierno es realizado por “profesionales” contratados por los poderes económicos que buscan obtener algún resultado, logrando que “se haga” algo que los beneficie o “se bloquee” lo que no les conviene. Cuando el interés de estos mismos sectores está en juego en Argentina, no debería extrañar que se sigan las mismas prácticas en materia de tráfico de influencias, aunque aquí no se declaren e intenten ocultarse.

Otro de los puntos que se conocen como parte del plan de los fondos buitre para atacar al país, transmitido por Carlos Gutiérrez en su visita de agosto, refería: “contratar periodistas, medios de comunicación en Argentina y otros países para atacar al Gobierno y financiar, directa o indirectamente, a políticos y sindicalistas de la oposición para provocar acciones de desgaste permanente”. Y es que en esta batalla por lograr el mejor resultado económico de la disputa, los fondos buitre brindan especial atención al peso que tiene el control de la información y las expectativas que se pueden generar en torno de cada tema según como se informe.


En particular, en la actual pelea, el gobierno argentino eligió el camino de resistir (a las imposiciones del poder financiero internacional) y denunciar (prácticas e intereses que se mueven a la par y detrás de los fondos demandantes). La exposición del plan de cinco puntos de los fondos buitre por parte de la Presidenta deja ver, justamente, las dos caras de esa pelea: la estrategia del miedo que buscan imponer los fondos especulativos y el lobby a favor de los buitres por un lado, y la resistencia a través de la denuncia que hace el Gobierno de prácticas muy enquistadas en el sistema financiero internacional, a las que los dos principales partidos políticos de Estados Unidos no son ajenos.

Bernie Sanders venció a Hillary Clinton en los caucus de Alaska, Washington y Hawaii

Bernie se impuso con amplia diferencia en las asambleas partidarias. Logró acortar distancia en la interna demócrata, aunque la ex secretaria de Estado cuenta con una importante ventaja



Bernie Sanders ganó las asambleas partidarias demócratas en Alaska, Washington y Hawaii celebradas este sábado.


En Alaska, Sanders obtuvo el 82% de los votos, contra 18% para la ex Secretaria de Estado Hillary Clinton.


Mientras que en Washington el socialista superó a su rival en la interna demócrata por 73% a 27%.




En Hawaii, que repartió 25 delegados, Sanders también se impuso con una clara diferencia al obtener el 71% de los votos contra el 29% que logró Clinton.


El precandidato socialista, el gran ganador de la jornada, logró acortar diferencias con la cantidad de delegados obtenidos por la ex secretaria de Estado, aunque todavía la diferencia es amplia.


Este sábado obtuvo al menos 36 delegados, a diferencia de los 11 de Clinton, ya que algunos delegados de Washington no serán asignados hasta dentro de varias semanas, y no se contabilizaron los de Hawaii.




Con base en los resultados en votaciones primarias hasta la fecha, la ex secretaria de Estado actualmente supera a Sanders, 1.234 contra 956.


Clinton previamente había tenido una ventaja de más de 300 delegados luego de barrer en cinco Estados el 15 de marzo. Incluyendo a los súper delegados, o funcionarios del partido que pueden respaldar a un candidato en particular, la ventaja de Clinton es mucho mayor.


Ahora cuenta con al menos 1.703, el 71% del número necesario para ganar la candidatura.


Sanders tiene al menos 985. Requiere ganar más de 67% de los delegados restantes y súper delegados no alineados hasta junio si espera llevarse la candidatura.

Capitanich: "los gobernadores dieron apoyo al acuerdo con los buitres a cambio de nada"


Capitanich: "No pueden dirigir el PJ quienes han traicionado nuestras banderas"

El ex jefe de Gabinete de la Nación  aseguró que "los gobernadores dieron apoyo al acuerdo con los buitres a cambio de nada". Además, se refirió a Cristina Kirchner, Lázaro Baez y la interna del PJ.




El intendente de Resistencia y ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, habló con Política Argentina y aseguró que "no pueden dirigir el Partido Justicialista quienes han traicionado nuestras banderas y en detrimento popular". "No vamos a permitir que dirijan el partido sean quienes fueron funcionales a Macri", explicó.

"Algunos fueron funcionales al gobierno y encima quieren presidir el PJ, un partido que tiene que ser opositor", afirmó Capitanich, a la vez que agregó que harán "el máximo esfuerzo para la unidad, pero con contenido y que mantenga los principios".

Asimismo, sobre el acuerdo con los fondos buitre, sostuvo: "Siempre dijimos que habia que cerrar con los buitres, pero no a cualquier precio y con cualquier metodología". Además, criticó que "la Argentina le financió gratis los gastos legales a los buitres" y que si bien "todos dicen que son la peor lacra del sistema financiero", después "terminan votando a favor".

"Por supuesto que Obama, Hollande y Renzi van a elogiar al Gobierno, porque le están solucionando los problemas a ellos y no al pueblo argentino", manifestó Capitanich. "A este gobierno no se le puede creer absolutamente nada. Es un verso que van a venir nuevas inversiones, están preparando el terreno para el endeudamiento", añadió.

A su vez, habló sobre el rol de los gobernadores en la negociación con el Gobierno de Macri y afirmó que "los gobernadores dieron apoyo al acuerdo con los buitres a cambio de nada". "La estrategia de nuestros gobernadores ha sido equivocada para con el nuevo gobierno", explicó sobre el rol de los mandatarios provinciales peronistas. Además, destacó que tiene diferencias "públicas y privadas" con el actual gobernador de Chaco, Domingo Peppo.

"El problema de la gobernabilidad es responsabilidad del gobierno", sostuvo Capitanich, a la vez que se refirió a los fondos de coparticipación y aseguró que "el gobierno aplica una politica discriminatoria", ya que "discriminan a todas las provincias con las que no pactan".

Además, habló sobre el 24 de marzo y el 40° aniversario del último golpe cívico militar, y afirmó que "Macri no va a continuar las politicas de Derecho Humanos de Néstor y Cristina". "La desclasificacion de archivos de EEUU es producto del trabajo de las organizaciones de Derechos Humanos", declaró, al desestimar el rol del nuevo gobierno.

Finalmente, al preguntarles sobre el video de Lázaro Báez en La Rosadita, sostuvo: "Yo no tengo nada para opinar respecto de los videos del hijo de Lazaro Baez, no me compete". Además, explicó que "Cristina Fernández de Kirchner está cumpliendo responsablemente el rol de ex presidenta de la Nación".

Escuchá el audio acá: http://goo.gl/HNDkkP

Husserl: “sedimentación” y “reactivación”

Encontré  sumamente esclarecedora la distinción, establecida por Husserl, entre “sedimentación” y “reactivación”. Ideas sedimentadas son aquellas formas cristalizadas que han roto su vínculo con la intuición original de la que ellas proceden, en tanto que la reactivación consiste en hacer visible ese vínculo olvidado

Los buitres dudan de la capacidad de pago de Argentina y presionan al juez



Los abogados de los acreedores presentaron dos escritos ante la Justicia de los Estados Unidos para pedir la suspensión del levantamiento del embargo al país dictada por Thomas Griesa

El mediador Daniel Pollack cuando anunció el acuerdo que fijó el 14 de abril como la fecha límite para el pago

Los abogados de los buitres,   consideran que Argentina no está en condiciones de cumplir con los pagos acordados por USD 4.653 millones, y presentaron dos escritos ante la Justicia de los Estados Unidos para exigir la suspensión del levantamiento del embargo al país que fue dictado por el juez Thomas Griesa, decisión anulada por la Corte de Apelaciones de Nueva York, y apelada por Argentina.

En las presentaciones, los acreedores NML, Aurelius Capital, Blue Angel y Olifant pidieron que se cumpla "el pago para el 14 de abril, como la Argentina nos ha prometido", pero dudaron de la capacidad de pago del país.

Para el fondo NML, del magnate Paul Singer, la posibilidad de que Argentina "no pague en el plazo estipulado no es remotamente hipotética", ya que considera un riesgo que el proyecto de ley del oficialismo haya sido modificado por la Cámara de Diputados para condicionar el pago al levantamiento del bloqueo.

Para los acreedores, el hecho de que el país quiera que se levante el embargo antes de realizar el pago "revela por qué era absolutamente necesario para los demandantes apelar (el fin del embargo) en lugar de simplemente confiar en que la Argentina, un defaulteador serial desde 1827, ha cambiado sus formas desde que el presidente Macri fue elegido hace cortos cuatro meses", sostuvo el descargo realizado por Aurelius.

La Corte de Apelaciones de Nueva York llamó a una audiencia para el 13 de abril. En ese encuentro se tratarán las apelaciones presentadas por Argentina y los holdouts, un día antes del vencimiento del plazo que tiene el país para cerrar el acuerdo que liberará los embargos contra los pagos de deuda.

"Ya sea o no que esta Corte afirme si el Congreso de la Argentina requiere que esta Corte confirme el levantamiento de todas las medidas cautelares como condición previa para el pago, la probabilidad de la Argentina haga el pago el 14 de abril parece ser remota", indicaron.

Bergman entre las mineras, Aranguren y los ambientalistas, ya tendría reemplazante

Bergman, acorralado entre las mineras, Aranguren y sus promesas a los ambientalistas
 
 
Prometió en San Juan que aplicará la ley de glaciares, que perjudicaría a la Barrick. Las presiones.

El rabino Bergman con los vecinos de Jáchal.



Luego de confesar que no tiene conocimiento en el área de medio ambiente, Bergman atravesó su primera crisis con la renuncia de Amílcar López, titular de la Acumar, el organismo encargado de sanear el Riachuelo. Detrás de la renuncia de López, la primera de la era macrista, se escondía una disputa entre el rabino, Emilio Monzó, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.

Pero ese episodio parece menor con el verdadero conflicto que atraviesa Bergman por las presiones cruzadas que padece por parte de las empresas mineras, los ambientalistas y hasta de propios compañeros de gabinete.

A mediados de este mes, Bergman suspendió un viaje a la localidad de Jáchal, en San Juan, donde la multinacional canadiense Barrick Gold tiene uno de sus principales negocios en el país: la mina Veladero.

La suspensión de la visita motivó rumores sobre un supuesto pedido de José Luis Gioja para que no reciba a los vecinos de Jáchal, que tienen entre ceja y ceja al ex gobernador por sus negocios con la Barrick, en especial luego del derrame de un millón de litros de cianuro en Veladero, ocurrido en septiembre del año pasado.

Pero Bergman finalmente asistió a Jáchal días después de suspender el encuentro y habló ante más de un millar de personas en la plaza central del pueblo sanjuanino.
El Veladero, en San Juan.


El rabino tuvo un comienzo titubeante en su discurso, en el que confesó que la idea del gobierno de Mauricio Macri, que en febrero eliminó las retenciones a la actividad, es avanzar con la explotación minera. Tras recibir abucheos, Bergman encauzó su oratoria y se fue con un aprobado tras prometer que impulsará ante la Justicia la ejecución del seguro ambiental de la Barrick y, sobre todo, que hará cumplir con la ley de glaciares.

Es que como ministro de ambiente, Bergman es la autoridad de aplicación de la ley de protección de glaciares sancionada en 2010. El artículo sexto de esa norma, prohíbe expresamente en su inciso c la explotación minera sobre glaciares y en ambientes periglaciales.

La propia Barrick reconoció en un informe que el yacimiento Veladero y el proyecto Pascua Lama (también ubicado en San Juan), están asentados en un ambiente glaciar y periglacial. Claro: el informe fue publicado años antes de que se aprobara la ley de Glaciares.

Y si el rabino cumple con su promesa de aplicar esa norma, la Barrick debería retirarse del Veladero.

Presiones

La presión que tiene Bergman para olvidarse de la existencia de la Ley de Glaciares no proviene únicamente de las mineras.

Macri armó un gabinete en el ministerio de Energía que fue entendido por los ambientalistas como una ofrenda a las multinacionales mineras.

En ese sentido, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, designó a Mario Capello como subsecretario de Política Minera, debajo del secretario Daniel Melián, que ocupó el mismo puesto durante el gobierno de Carlos Menem.

Capello es ex diputado de San Juan y ha dicho en el pasado que la de Glaciares es una “ley insólita”. Los ambientalistas directamente lo definen como “el Guillermo Moreno de la minería”.

En tanto que el actual Director de Asuntos Jurídicos de la secretaría de Minería, Juan Bizet, es el ex gerente de legales de la minera Vale, una de las más grandes del mundo.

En este contexto, en el Gobierno ya comenzaron a filtrar nombres de posibles reemplazantes de Bergman, en el caso de que no avance con la idea que tiene Macri para la minería. El primer nombre que sonó fue el del ex Greenpeace Juan “Cali” Villalonga. Aunque Cali tiene un antecedente aún más combativo contra las mineras: fue el principal impulsor de la ley de Glaciares.
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Por una salida intermedia para el peronismo

El espacio tuvo su bautismo en la marcha por el aniversario del golpe de Estado de 1976 y reúne a Daniel Scioli, el Movimiento Evita y un grupo de intendentes del conurbano. Se plantea ofrecer una alternativa que facilite la unidad del peronismo.

Por Nicolás Lantos
Verónica Magario, Jorge Taiana, Fernando Espinoza y Daniel Scioli, juntos en la marcha del jueves.

La interna del peronismo no es un camino en línea recta sino más bien un sendero con vueltas, atajos y algunas curvas inesperadas. La procesión de más de treinta dirigentes peronistas que el jueves marcharon juntos, a la cabeza de la masiva columna del Movimiento Evita, no fue solamente un hecho “inédito” en la historia de las manifestaciones por el Día de la Memoria, tal como lo describen sus organizadores. Además fue una señal hacia adentro de un PJ que transita una etapa de reorganización institucional y política, indicando que cambió el escenario.

A partir de esta semana no hay dos sectores en esa pugna, ahora son tres: el espacio que hizo su bautismo esta semana en Plaza de Mayo y se referencia en Daniel Scioli, Jorge Taiana y un grupo de intendentes del conurbano bonaerense propone una postura intermedia entre el oficialismo light de Juan Manuel Urtubey y el Bloque Justicialista y la intransigencia que plantea el kirchnerismo más férreo. Si bien todavía se trata de una foto y algunas charlas informales, desde el jueves se suceden chats y llamadas telefónicas para armar un próximo encuentro, que sume más rostros a los que marcharon por Diagonal Sur.

La idea no es “pelearse con nadie”, sino ofrecer una alternativa que facilite una salida de unidad, bajo la idea de que si el peronismo “se polariza y se rompe por los extremos” terminará licuando su representatividad social y poniendo en serio riesgo su performance electoral en el 2017, particularmente en la provincia de Buenos Aires. “La prioridad no es poner un candidato a conducir el partido sino llevar la interna a buen puerto”, explica uno de los armadores del espacio, que además busca repetir la misma alianza a nivel distrito en varios municipios de la provincia.

La idea surgió del seno del Movimiento Evita, que vio la marcha del 24 de marzo como la ocasión para expresar también un fuerte apoyo a la unidad del PJ: “Teníamos una idea de conformar una cabecera para nuestra columna que expresara nuestra posición política, de forma plural, diversa”, explicó, en diálogo con Página/12, el referente de ese espacio Fernando “Chino” Navarro. El diputado bonaerense aseguró que la composición refleja mayormente al conurbano bonaerense porque “faltó tiempo para armar algo con otras provincias y sindicatos”, pero que esas conversaciones ya están en marcha.

Pronto se sumaron a la propuesta el senador Juan Manuel Abal Medina y la diputada Cristina Alvarez Rodríguez. Ella fue la responsable de acercar al armado a tres figuras con peso específico: Scioli, ex candidato presidencial del Frente para la Victoria; Fernando Espinoza, presidente del PJ bonaerense; y Verónica Magario, intendenta de La Matanza. Otro legislador, Leonardo Grosso, fue el encargado de acercar a los intendentes de la primera sección: Gabriel Katopodis (San Martín), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Gustavo Menéndez (Merlo).

Taiana invitó al ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y al ex presidente de la Biblioteca Nacional Horacio González, quien finalmente no asistió por motivos de salud. También, al ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli. Hubo dos ex secretarios de Derechos Humanos de la provincia: Edy Binstock y Remo Carlotto. Algunos marcharon juntos toda la tarde. Otros, como Espinoza y Magario, acompañaron un rato y regresaron a sus respectivas columnas de origen.

“Es sólo una foto, las fotos son eso. Pero en el caso nuestro forma parte de una película. Desde hace años nosotros planteamos una política muy amplia, de brazos abiertos. Para mantener el 54 por ciento del 2011 había que abrir los brazos y nosotros por el contrario tuvimos dificultades para mantener sectores que se fueron alejando. Hoy es imprescindible conseguir una unidad para tener las mayorías que necesitamos para enfrentar al gobierno de derecha de Macri”, planteó Navarro.

“No queremos pelearnos con nadie. Proponemos terminar con las divisiones para trabajar por la unidad –agregó el ex diputado Mario Oporto, que también formó parte de la columna–. Nuestro adversario está afuera y no adentro del PJ. Si esto se polariza y se rompe por los extremos nos quedamos con poca representatividad. El peronismo no es ni vanguardia iluminada ni conservadurismo popular”. El desafío, aseguró, es encontrar “una unidad que no deje a nadie afuera y en la que nadie hegemonice” el espacio.

La tarea es complicada: se trata de acertar cuál es el cable que desactiva la bomba de tiempo que cuenta los segundos que faltan para el 8 de mayo, día en que caduca el mandato de las actuales autoridades y están previstas las elecciones internas o la consagración de una fórmula que mantenga la integridad de un peronismo a punto de estallar en mil pedazos. “Si los dirigentes no tenemos capacidad y aptitud para construir unidad, la unidad la va a construir el pueblo en la lucha y en la calle –concluyó Navarro–. Los que lo entiendan estarán adentro y los que no, lo mirarán desde la vereda.”

Bernardo Neustadt entrevista a Raúl Alfonsín "Un Radical muy Particular" (agosto de 1973)






-¿Cuáles son las razones filosóficas por las que usted se opondría a una eventual fórmula compartida con el peronismo y el radicalismo

- Tenemos que darnos cuenta todos que aquí en el presente argentino están yuxtapuestos el pasado y el futuro. Hay una crisis que se identifica al mismo tiempo que se identifica la lucha que se libra entre quienes quieren lanzarse al futuro para venir al nuevo orden nacional con una relación del poder político con más relación del poder económico. Esto, desde luego, no es un problema que exista exclusivamente en el seno del peronismo; es un problema del país y se exterioriza en casi todos los partidos políticos populares. Yo creo que en este encuadre hay que tomar el acceso de Cámpora al Gobierno. Cámpora llega al Gobierno y no sólo que es una crisis argentina en el buen sentido de la palabra de la que ha de surgir la nueva organización, desde luego inmersa también en una serie de contradicciones que todavía esto está sintetizado.


En el campo del peronismo se advierten también dos zonas que, para clasificarse periodísticamente, rápidamente debemos decir derecha e izquierda o tendríamos que decir una zona más popular, una zona menos popular. Pero comienza a haber un protagonismo popular que a mí, personalmente, me entusiasma pero que por una parte garantiza la licencia democrática dentro del proceso por la participación de importantes sectores y, por otra parte, juega como uno de los factores de la contradicción. Pareciera posible una síntesis que permitiera que el Gobierno desarrollará una etapa del país que consideramos indispensable que produjera el arranque a objetivos que realmente estaban reclamados por la mayoría de los argentinos sin esperar tampoco una gran revolución. Pero luego de Ezeiza esta posibilidad de síntesis, a mi juicio, se extingue y entonces se hacía necesario determinar con uno de los sectores de acuerdo a mi concepción. De inmediato entonces la derecha empieza a intrigar como siempre y esta vez con el propósito de llevar a su ánimo de Perón que estábamos ante un gobierno que estaba a punto de caer prisionero de fuerzas casi militares, por lo menos de ultraizquierda y con el propósito también de llevar a su ánimo de que estábamos ante un vacío de poder, argumento éste que también los radicales conocemos muy bien, y se confunde en su conjunto el desorden de superficie propio de la democracia.


En consecuencia, es evidente que en este momento se pretende marginar a los sectores más populares del peronismo y que se ha roto esta posibilidad de diálogo entre estos dos sectores que yo visualizaba anteriormente. Pareciera que a nosotros se nos llama a una fórmula mixta en este tipo de colaboración con el propósito de llenar ese vacío que dejan los sectores populares, es decir, el radicalismo tendría que ir a asumir ahí el rol de fuerza moderadora, de fuerza estática, frenadora de un proceso de cambio garantizadora de otro sector de la acción a desarrollar, rol que desde luego no puede desempeñar de ninguna manera la UCR, por lo menos la UCR que quiere seguir siendo fuerza popular revolucionaria, síntesis de lo que están las afirmaciones permanentes del país en cuanto a las convicciones nacionalistas, populares democráticas, liberadoras. Este es el sentido íntimo de la significación profunda de nuestra determinación.


- Doctor, usted en su momento compartió la filosofía que dio origen a la Hora del Pueblo y, por lo tanto, sus resultados. ¿Es así?


-Así es.


-Posteriormente, a partir del acceso del doctor Cámpora al poder, el radicalismo se manejó con una especie de colaboración crítica desde el Parlamento.


- Yo he manifestado reiteradamente un apoyo crítico. Yo he salido a recorrer el país luego del advenimiento del gobierno del doctor Cámpora para señalar lo que tendría que ser la estrategia de nuestro partido. En este sentido, decía, siempre en primer lugar, defender esta conquista de la civilidad que significa el reconocimiento de la soberanía del pueblo; en segundo lugar, ser motor de un proceso de cambio, no simple espectadores; insertarnos en el proceso de suerte de hacerlo avanzar y, en tercer lugar, defender con sentido crítico o de posición constructiva, como quiera llamársele, la democracia a dos puntas: hacia abajo, en cuanto tenemos que comprometernos a que nuestra lucha por el gobierno ha de conspirar contra el ejercicio del poder y, fundamentalmente, seguir trabajando sobre la base de un concepto de la unidad nacional, porque es indispensable que nos comportemos como una auténtica Nación estableciendo comunes denominadores que vayan más allá de lo que pueden ser nuestras discrepancias partidarias o ideológicas, única forma que podemos operar y, lo he dicho muchas veces, la liberación nacional que significa terminar con el esquema de la dependencia, la liberación social, que significa terminar con la injusticia y el privilegio, y la liberación humana; en cuanto a estos dos objetivos son todos de acuerdo con la concepción de la UCR, que busca el establecimiento de una democracia social sobre la base del respeto cabal a los derechos del hombre.


- En una declaración que usted leyó al periodismo el martes 24 se refirió al proceso que había culminado con las denuncias de los doctores Cámpora y Lima. Dijo que no había sido un proceso voluntario. Si mal no recuerdo, las expresiones de algunos protagonistas así lo confirmaban. ¿Podría aclararme este punto?


-Yo no he dicho de ninguna manera que no hubiera sido un proceso voluntario. ¿De dónde surge su apreciación? No lo he señalado para nada. Yo he dicho que se han impulsado las renuncias, y creo que es así. Por otra parte, conociendo la personalidad del doctor Cámpora, evidentemente por otro lado la candidatura de Perón, había que presumir que a la menor insinuación se produciría la renuncia.


- Doctor, tanto hablan de la posibilidad de la fórmula mixta. Creo que quedó un poco en segundo plano lo que quizás es el tema más importante: ¿es legítimo o no, desde el punto de vista jurídico, el hecho de que Perón reemplace a Cámpora?


- Mire, es evidente que ésta es una aspiración de vastos sectores del país; sobre esto cabalga el episodio. Sobre esta legítima aspiración del pueblo argentino, o de una parte del pueblo argentino, pero a mí se me ocurre, pensando en el futuro político argentino, que todo es lamentable. Habíamos peleado durante muchos años contra la dictadura militar para lograr este reconocimiento de la soberanía del pueblo. Poner en caja nuestras instituciones, empezar a marchar hacia delante y de ninguna manera era concebible que se nos colocara ante un mero proceso electoral cargado de tensiones, de incertidumbres y con una paralización del país como la que estamos viviendo que ya venía de antes. Porque los últimos meses de Lanusse también tuvieron este sentido, ¿verdad? No nos podemos dar estos lujos los argentinos de ninguna manera. Esto parece una burla a la ciudadanía. Cuarenta y cinco días demostraron que todo esto no servía para nada. Hemos aceptado todas las reglas del juego, todos las habíamos aceptado. Lo conveniente es que hubiera seguido este gobierno, que tenía la obligación de durar cuatro años en el país.


- ¿Vale la pena que se haga la elección del 23 de septiembre o cree que hubiera sido mejor para el país que directamente la Asamblea Legislativa, reformando la ley de acefalía, o no, según las interpretaciones que se pudieran hacer, hubiera designado el nuevo presidente?


- Bueno, yo creo que, producido el episodio, me inclino por la elección, que me parece más correcto.


- ¿Y ante la posibilidad de que no se presente ninguna fórmula para enfrentar la candidatura de Perón?


- Yo creo que de todos modos será convocado el pueblo para elegir.

- Doctor, ¿usted coincidiría que en las últimas semanas se ha observado un proceso de confluencia al menos en las apreciaciones y en los anhelos entre la juventud radical y la juventud peronista?

- Es evidente.


-¿A qué lo atribuye?


- A que piensan bastante parecido.


- ¿Esto habla a favor o habla en contra de una posible complementación peronista-radical?


- Nosotros estamos trabajando desde hace tiempo; fue incluso uno de los motivos que dieron origen al Movimiento Renovación y Cambio la necesidad de expresar la idea del seno de nuestro partido, si es necesario trabajar en común con otros sectores populares para afirmar un programa de organización realmente liberadora. Nosotros vemos con mucho agrado que coincidan en los diversos aspectos la juventud del radicalismo con la juventud peronista para afianzar esta revolución reclamada por las grandes mayorías argentinas. Lo que no vemos con agrado es que se piensa cambiar esto, que es natural, que es lo espontáneo, que es lo puro por acuerdos en la cúspide que nada tiene que ver con el proceso de la revolución.

-Si en determinado momento el acuerdo en la cúspide puede responder a un anhelo de una parte o de una buena parte de las bases, ¿podría autenticarse de este modo?


- Pienso que no; en la militancia, por lo menos, no.

- Le pregunto esto por lo que conversábamos recién. Se me ocurre que hay en el fondo en estas coincidencias manifiestas en las juventudes de ambos partidos por lo menos en el gérmen de una posibilidad de trabajo en común.


- Para trabajar en común vamos a estar totalmente de acuerdo, no hay ninguna duda, con el peronismo y con todos los sectores populares que están realmente decididos a operar en la Argentina esta transformación que nos saque de la postración a que nos tiene sometido un régimen de sumisión.


- Doctor, por un momento me pongo en abogado del diablo. Especialmente partiendo de la respuesta del secretario general de la CGT, sobre los conceptos suyos, se ha escuchado a algunas personas que lo acusan de gorila y de izquierda. Yo quisiera que usted responda a esta cosa.


-De ningún modo yo soy gorila. Lo que pasa es que aquí se pretende, por algunos señores, que los que estamos luchando en serio por las reivindicaciones populares tenemos que ser pisoteados, de cualquier manera se nos coloca en casilla, se nos estereotipa y desde luego cuando regresamos, alguna crítica tiene que producir alguna vez alguna crítica personal que nada tiene que ver con nuestra posición. Yo soy un hombre que lucho por mis aspiraciones, mis propias conclusiones; no soy antiperonista simplemente; no soy peronista y estoy dispuesto a trabajar con todos los que puedan coincidir en los aspectos fundamentales con nosotros, preservando desde luego mis propias convicciones.


- ¿A qué cree que responde la diferencia que Rucci se empeña en señalar cuando primero lo ataca a usted y luego con palabras semielogiosas al doctor Balbín?


- No sabría contestarte eso.


- Doctor, creo que sería conveniente escuchar de sus propios labios una definición concreta de las diferencias que lo separan del doctor Ricardo Balbín.


- De eso ya hemos conversado bastante. Yo prefiero que las diferencias surjan de los acontecimientos, de los hechos, por eso se está clarificando todo, de suerte que lo dejo para que usted extraiga las conclusiones. Yo creo en un modelo de país y esto no significa cristalizar esta idea, pero creo en un modelo de país con un área que podríamos llamar socializada, que por extensión podríamos llamar la infraestructura social, para lograr igualdad de trato en materia de salud. El problema de la educación en todo lo que hace a la necesidad fundamental, la democracia pluralista, que se manifiesta solamente en la medida en que se trabaje, eficacia para lograr igualdad de oportunidades. Creo también en una franja ancha en el medio en la que no deben socializarse en los medios de producción que debe estar librada a la iniciativa privada, pero sujeta siempre a un planeamiento de economía para que fije prioridades en su desarrollo a un correcto sistema tributario que opere la distribución de los ingresos y la riqueza a una lucha permanente contra todo lo que sea la concentración del poder económico, por eso contra los monopolios, por eso contra los latifundios y también a vincular la gestión de la empresa en cuanto a trabajo y menos en cuanto a capital.


- Doctor, en todo este proceso que se ha abierto, ¿qué papel le atribuye a las Fuerzas Armadas?


- Yo no le atribuyo ningún papel.

Fuente: REVISTA EXTRA - AÑO IX - N° 98 - AGOSTO 1973

Se expande la ola de despidos y baja de salarios



 Por Alfredo Zaiat

El Sindicato de la Industria Lechera acuerda suspensiones rotativas de trabajadores sin el cobro de salarios. Smata negocia retiros voluntarios de varias terminales. UPCN se desentiende del despido de miles de trabajadores del Estado, mientras que ATE se moviliza, protesta y busca un canal de negociación para lograr algunas reincorporaciones. El presidente Mauricio Macri afirmó que existen 1,5 millón de trabajadores estatales de más sin que los interlocutores ocasionales en un reportaje en la televisión pública consideraran necesaria una repregunta. El gremio metalúrgico informa que están en riesgo 10 mil puestos y el de la construcción también actúa como cronista para detallar que el sector perdió más de 50 mil. Miles de petroleros están bajo la amenaza de suspensiones y despidos. Delegados de base y sus dirigentes combativos que antes recibían el calor de corporaciones mediáticas para informar sobre conflictos laborales puntuales hoy ya no son convocados para conocer sus opiniones acerca de la ola de despidos. Autopartistas, textiles, medios de comunicación, comercio, alimentación, frigoríficos siderurgia, servicios son otros sectores donde las suspensiones, despidos y el retraso en un par de meses en el pago o dividir en cuotas el salario se despliegan con una intensidad impensada hasta antes del comienzo del nuevo gobierno.

El avance sobre las condiciones materiales de los trabajadores estuvo acompañado con una modificación sustancial de la respuesta estatal al conflicto social. Es habitual la represión a marchas de despedidos y desde el mes pasado la criminalización de la protesta ha tenido otro impulso con la aprobación del “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas”.

El salario real ha registrado un retroceso muy fuerte por el shock inflacionario provocado por la megadevaluación. Los precios de la canasta básica subieron mucho mientras que los ingresos no se han actualizado. El gobierno propone un techo a las paritarias del 25 por ciento, mientras que los sindicatos no han reclamado un aumento de emergencia previo al comienzo de las negociaciones. En ese contexto de muy rápido retroceso del mercado laboral y de las condiciones materiales de los trabajadores, ¿dirigentes sindicales y fuerzas políticas de la oposición aliadas al oficialismo mantienen como principal reivindicación la demanda por el Impuesto a las Ganancias que alcanza a una minoría en relación de dependencia? ¿El manejo de la caja de las obras sociales (la Superintendencia de Servicios de Salud) entregado por el gobierno a gremialistas vitalicios es más importante que el destino laboral de miles de afiliados a los sindicatos? La masiva movilización del 24 de marzo exhibió una necesaria ruptura de ese cerco con la confluencia de gremios de la CTA-Yasky y CGT para la defensa del empleo, manifestando que estos dirigentes son conscientes acerca de qué es lo que realmente está en juego con el nuevo régimen económico del macrismo.

La caída del salario por el golpe inflacionario y el aumento del desempleo por decisión deliberada del Estado y por las políticas recesivas son las variables elegidas para avanzar en el disciplinamiento de los trabajadores y en el debilitamiento del movimiento sindical. La producción de las pymes industriales bajó 4,8 por ciento en febrero respecto al mismo mes del año anterior, indicó el último reporte de Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El tarifazo eléctrico, con la promesa de otra vuelta en el segundo semestre, y el próximo de gas más la apertura importadora orienta al sector privado a reducir su plantilla para reducir costos y por la caída de la demanda interna.

La consultora Tendencias Económicas relevó que en los dos primeros meses del año se registraron 110 mil despidos en el sector público y en el privado. El titular de la firma, José Luis Blanco, destacó que esa cifra es récord desde 1985 cuando empezaron a registrar despidos, suspensiones y huelgas, al indicar que se multiplicó por 70 en relación al bimestre del año pasado. Agregó que desde entonces nunca había habido en tan corto período tantos despidos y suspensiones. El Observatorio de Derecho Social de la CTA-Autónoma calculó que entre el 1º de diciembre y el 4 de marzo pasado hubo 68.563 despidos colectivos, de los cuales 37.627 se produjeron en el sector público y 30.936 en el sector privado. La diferencia con el número proporcionado por Tendencia Económicas es explicada porque “es un relevamiento de mínima, ya que no incluye aquellas denuncias que fueron realizadas por dirigentes sindicales en términos generales y tampoco están relevadas las pérdidas de puestos de trabajo que no llegan a difundirse públicamente y que, por distintas razones, encuentran mayores obstáculos para ser resistidas sindicalmente”.

En los últimos años, el mercado laboral estuvo bajo tensión por la crisis internacional y las limitaciones de la economía argentina debido a la irrupción de la restricción externa. La respuesta estatal fue ampliar la cobertura social en los sectores vulnerables, desplegar el programa Repro que subsidia parte del salario de trabajadores de empresas en crisis (alcanzó a 500 mil trabajadores entre 2009 y 2014), y presionar a las empresas para que no despidan ni recorten planes de producción a cambio de medidas de protección de mercados. La política económica y laboral del gobierno de Macri tiene un signo opuesto: despidos, persecución ideológica y control social.

La ola de despidos en el sector público abre las puertas para que se sumen a ese movimiento los privados. Bajo el disfraz de la modernización emprendieron el desmantelamiento de áreas estatales, reducción hasta la insignificancia de otras y vaciamiento de programas de políticas públicas específicos, además de desplegar una estigmatización de los trabajadores estatales (grasa militante, ñoquis, vagos) acompañada de una persistente discriminación ideológica.

El bloque de poder económico (grupos locales y extranjeros y la banca) ha convergido tras la meta de redefinir el modo de distribución de la riqueza, que un gobierno “populista” ponía en debate en forma permanente. Detrás del conteo del despidómetro se descubre el objetivo de determinar otra forma de organización socioeconómica que se fue construyendo en los últimos doce años. Retroceso del salario real y debilitamiento del mercado laboral con una tasa de desempleo de dos dígitos es la estrategia para reconvertir una sociedad que “se había acostumbrado a comer barato”, como sinceró la concepción macrista el productor agropecuario y ministro Ricardo Buryaile.

Las tensiones que hoy se detectan en el mundo de la ortodoxia por la disputa acerca de quien es más fanático del ajuste refleja la puja al interior de ese bloque de poder. Luego de conseguir el desplazamiento del “populismo” de la gestión de gobierno, empiezan a divergir las diferentes facciones (la oligarquía agropecuaria, los grupos económicos, el capital extranjero radicado en el país y el capital financiero) “en determinar de qué manera se distribuye el excedente expropiado a los trabajadores con las actuales políticas económicas”, como se precisa en el último documento Cifra-CTA “La naturaleza política y económica de la Alianza Cambiemos”.

El objetivo del macrismo es redefinir el rol del Estado en la economía: desregulación cambiaria, del comercio exterior, de la fijación de precios, de los incentivos a la inversión privada y de sectores de actividad (financiera), para que el libre juego de la oferta y la demanda del mercado determine la orientación de la economía. Es un retroceso del activismo del Estado en la economía para delegar esa regulación en los grupos privados dominantes. Esto es consistente con la ola de despidos de empleados estatales. Los economistas macristas y sus colegas de la city, a quienes se les nota mucho la desesperación por conseguir contratos de asesoramiento en dependencias públicas, comisiones varias o puestos decorativos en la estructura estatal para llegar a fin de mes desahogados, afirman que los “desequilibrios macroeconómicos” se deben al exceso de consumo interno impulsado por los altos salarios y el elevado gasto público. Para abordar esos “desequilibrios” la ola de despidos es clave. La propuesta oficial es disminuir el salario real y el gasto público que fue alimentado por los excesos del intervencionismo estatal.

El ajuste ortodoxo sobre el salario-consumo y gasto público-dimensión del Estado pretende restaurar el “equilibrio”, al que consideran condición suficiente para que se radiquen nuevas inversiones y se impulse el crecimiento económico. “Esta visión desatiende las causas estructurales de la restricción externa tales como el tipo de crecimiento industrial y la elevada fuga de capitales al exterior”, advierte el mencionado documento de Cifra-CTA. Para observar que “las paritarias constituyen la madre de todas las batallas y la reducción de la ocupación la llave maestra que intentarán utilizar para disciplinar a la clase trabajadora. Sin embargo, el escenario no está cerrado y su resultado depende de las relaciones de fuerzas y la activación de las organizaciones sindicales”. La confluencia de la CTA-Yasky y un sector de la CGT en la movilización del 24 de marzo es un oportuno ensayo para frenar la ola.

Nueva encuesta de Aragon, destaca una alta pérdida de credibilidad de Macri


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El consultor Raúl Aragón analizó los primeros meses de gestión en una entrevista para el portal La Tecla.

“Macri incumplió varias promesas. Por ejemplo, afirmó en el programa de Rial que no iba a devaluar y que esa acusación era una mentira de Scioli. La primera medida que tomó fue la de devaluar. Ademas, en sus spots de campaña dice, textualmente: ‘En mi gobierno los trabajadores no pagarán impuesto a las Ganancias'”.

“No sólo no derogó ese impuesto, sino que después de las próximas paritarias pagarán ese impuesto 220.000 trabajadores más. Las promesas de campaña casi nunca se cumplen pero, de nuevo, aquí lo llamativo es que ni la dirigencia política opositora, ni los medios, ni la sociedad civil le exigen que cumpla esa promesa”.

En este contexto, Aragón concluyó que la pérdida de legitimidad de Mauricio Macri “ronda los 20 puntos porcentuales”.