A Mauricio Macri le han rodeado la manzana con críticas dirigidas al costado cualitativo de su gestión. Pese a que suele correr detrás de los acontecimientos, la holgada votación del Presupuesto en el Senado indica que sigue teniendo la iniciativa en muchos temas aunque, como la famosa gota de agua que horada la piedra, es un hecho también que por estas horas la opinión pública y algunos medios le están pegando mandobles cada vez con mayor virulencia a la credibilidad del Presidente por derecha y por izquierda, ya sea "porque bogas", pero también "porque no bogas".
Y aunque en principio, se hace un poco el desentendido ante una pregunta concreta sobre el grado de preocupación que puede haber al respecto, en una charla informal con este periodista, una fuente de la Casa Rosada desliza que efectivamente han detectado el fenómeno y que está siendo analizado por los estrategas comunicacionales del Gobierno quienes, quizás para no conceder que el momento es de un pico ciertamente crítico en materia de opinión pública, le echan la culpa de la ponzoña ambiente a la picardía opositora vía redes sociales, mientras que a regañadientes se consiente que el Presidente ha comenzado a padecer un fenómeno negativo de difícil resolución: el boca a boca en contra.
El evidente matiz de desaliento que sobrevuela la sociedad, basado en la costumbre muy argentina de no reconocer nunca un fracaso como propio, supuesto error al que, para disimular la responsabilidad de haberlo elegido a Macri, se le tira tierra encima, se esparce desde varias usinas. La diferencia con casos anteriores es que aún la gente no dice "yo no lo voté", sino que lo confiesa pero muestra cierto grado de arrepentimiento por haberlo hecho.
Lo traumático para el Gobierno es que, debido a lo difícil que está la situación de los bolsillos, todo este panorama ya se ha instalado de lleno en el seno de las familias y de las amistades y está en la discusión diaria de los medios y a través de Internet sobre todo, canal de comunicación este último que el Gobierno decía dominar, desde donde se critica cada día y cada vez con menos pudor, la gestión del Presidente. Un consultor de opinión pública advirtió al respecto que la experiencia le indica que cuando el fenómeno "se transforme definitivamente en moda será imparable".
La cantidad de dardos envenenados que se le arrojan al Gobierno han saturado el ambiente y hoy le caen desde todos lados: los más ortodoxos califican a Macri como un populista de buenos modales y le hacen reproches porque, sin decidirse a cortar de una buena vez el gasto, dicen que dilapida el dinero de los contribuyentes subiendo impuestos y ayudando al parate productivo, mientras que, del otro lado, tildan al Presidente de insensible, de no llegarle a los talones al gobierno anterior y de servir a los intereses del FMI.
Hay una cuestión que emparenta las críticas, ya que todos por igual hacen notar la "mala praxis" gubernamental y dicen que, tras haber encontrado el país con varias bombas cebadas, tras casi tres años de gestión y con la experiencia del fallido gradualismo ("que querían, que abandonáramos a suerte a los pobres que nos dejó Cristina Fernández", dice la fuente), el Presidente se metió solo en el berenjenal en el que está y terminó detonando un artefacto propio. Es obvio que el escenario actual es poco alentador para el Gobierno, pese a que se notan algunos atisbos de mejora que podrían llegar a los bolsillos como paliativo veraniego.
Lo cierto es que hoy la economía se arrastra en un profundo valle recesivo y se pronostica que el fenómeno de alta inflación seguirá con sus estertores al menos hasta fines de año. Mientras, el dólar y la tasa de interés han comenzado a bailar la música que le ponen desde el BCRA que, dicho sea de paso, sigue sobre-cumpliendo el compromiso de emisión cero. En tanto, para el año que viene se confía en que habrá dólares comerciales para sumar reservas genuinas. En este contexto de tantas incertidumbres económicas, la aprobación del Presupuesto 2019 con la pretensión de cerrar el año con déficit cero, no deja de ser un alivio para Macri, sobre todo en su relación externa y ya mirando a la reunión del G-20.
En general, el diagnóstico está y lo tienen bien tabulado todos los economistas, aunque lo que nadie imagina con cierto grado de certeza es cuál será el momento de normalización de las variables, si antes de las elecciones, demasiado antes o nunca, ya que la volatilidad económica, política y social es una constante imposible de controlar en la Argentina, además prendida de circunstancias externas aún en la nebulosa, como será la política futura de la Reserva Federal o la llegada, con Jair Bolsonaro, de una nueva corriente a la presidencia de Brasil.
Desde ya que la economía es el primer blanco de buena parte de lo que se le critica al Gobierno, aunque a veces se lo hace con argumentos débiles y sobre todo contradictorios: si el dólar sube, se muestra preocupación porque el alza se traslada a la inflación, pero si como efecto de su represión las tasas están muy altas, se alega que mucho más sufre el financiamiento de las Pymes y familias. Ahora, si el dólar cae al piso de la banda, el supuesto drama sujeto a crítica es por qué el BCRA no compra dólares y si bajan las tasas o baja la nafta, como acaba de ocurrir, no hay comentarios al respecto.
Otro tanto ocurre con las declaraciones de los funcionarios y como muestra están las recientes del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne quien, en una charla para agradar el oído de eventuales inversores, dijo que la Argentina "nunca se hizo un ajuste de esta magnitud". En vez de señalar que es la primera vez que se reconoce la cosa con brutal sinceridad, desde las redes sociales (y algunos comunicadores también) le pegaron al economista con singular fiereza por señalar que el Gobierno iba "a ganar las elecciones" o por defender un ajuste que, finalmente, cierra con suba de impuestos, cosa que no eludió y prometió retomar como línea gubernamental de fondos. Más ejemplos: por izquierda, se critica el préstamo que otorgó el Fondo Monetario como si fuesen fondos espurios, pero sin decir qué alternativa se podría haber seguido, mientras se olvida que con ese paquete se está financiando el gasto social, que representa 70 por ciento del nuevo Presupuesto. Y por derecha, se plantea por qué motivo los contribuyentes pagadores tienen que sostener tanta cantidad de planes sociales y otros gastos superfluos del Estado.
Toda esta incertidumbre, a la que nadie en el Gobierno le sale el cruce con cierta coherencia para explicarle a la gente las jugadas de modo didáctico para ver si se logra parar la bola de nieve, junto a la imposibilidad de la opinión pública de volver a creer en las zanahorias gubernamentales, hace que la ponzoña anti-gobierno se multiplique, a veces porque el silencio concede y otras, porque está potenciada por muchos trolls opositores quienes, haciéndose los desencantados, meten fichas en las redes sociales escudándose en el hashtag #YoLoVoté,
Igualmente, pese al fenómeno de gran desgaste que sobrevuela el Gobierno, si se mide la imagen del Presidente y se evalúa su gestión por cantidad, todavía los números parecen generarle cierta tranquilidad a quienes piensan que, con un repunte de la economía el año que viene, le va a alcanzar a Macri para llegar a las elecciones con chances de seguir en el Gobierno. En ese sentido, si enfrente tiene a Cristina Fernández, hoy muy bien posicionada, pero líder en imagen negativa, sería "casi imposible" que perdiera el balotaje, dicen los analistas de opinión pública.
Lo concreto es que el modo en que se esparcen tantas críticas sobre el actual gobierno, hechas con mayor o menor piedad, está pegando de lleno en la base electoral de Cambiemos, la hoy frustrada clase media, mientras que, por otro lado, hay muchos votantes de centro-derecha que se dicen desilusionados, mientras buscan opciones concretas que empiezan a visibilizarse en ese espectro. Este punto no es nada menor, ya que si el Gobierno supone que saca alguna ventaja si enfrenta a la senadora con el peronismo partido, ni que decir si le pasa lo mismo y muchos de sus votantes naturales, desilusionados porque el Gobierno no toma el toro por las astas y baja el gasto de una vez, se aferran a otra opción. Basta con leer las declaraciones del provocativo Alfredo Casero al respecto.
Con el optimismo que caracteriza a los funcionarios de Cambiemos, la fuente gubernamental supone que finalmente todo este mal momento pasará y que, a la hora de la verdad, "cuando le saquen el banquito a la gente y se quede sola en el cuarto oscuro, los votos van a ser para Mauricio otra vez. Si tantas cosas más que graves se le perdonan a Cristina y dicen que es competitiva", añade. Entonces, apareció una pregunta que muchos ya se están haciendo en la coalición gobernante, especialmente en el radicalismo: "Y si la bronca actual va en aumento y la gente castiga a Macri en las PASO?". No sabe, no contesta.
Walmart cierra locales en Argentina y despide trabajadores
La cadena había vendido doce locales y achicado otros a fuerza de despidos. La semana pasada había cerrado la línea de supermercados Super Uno de Córdoba.
Luego de vender 12 locales y cerrar el centro comercial que tenía en el DOT Baires, la cadena de supermercados estadounidense Walmart agudiza su crisis en la Argentina. Casi 30 trabajadores de la sucursal que la firma tiene en La Plata denuncian que fueron coaccionados para que abandonen sus puestos a cambio de dinero. El delegado del Sindicato de los Empleados de Comercio, Claudio Peralta, pidió que la Secretaría de Trabajo intervenga para evitar el conflicto.
"Que se dé intervención, porque la empresa tiene que justificar por qué quiere desvincular a 30 trabajadores, que representan el 15 por ciento del total de empleados en la planta", explicó Peralta, quien contó que 24 empleados del local fueron llamados a una entrevista en que los amedrentaron para que acepten.
"Les dijeron que agarraban ese dinero o que dejaban su puesto", afirmó Peralta. En una nota con Clasiquee, el representante gremial había afirmado que no había motivos para la desvinculación de los trabajadores y que ahora estaban realizando charlas para que los empleados no abandonen sus puestos. En total, la planta de La Plata tiene 240 empleados.
La cadena de supermercados Walmart entró en crisis con la llegada del macrismo y la caída del consumo que lleva diez meses de desplome consecutivo.
La firma de Estados Unidos había vendido en agosto 12 locales a la empresa española DÍA conocida por la venta de segundas marcas que ganaron el mercado por la pérdida de poder adquisitivo de salarios.
Además de cerrar el local que tenía en el DOT Baires, la firma Walmart achicó su personal en la sucursal de Sarandí, donde echó a 51 trabajadores. Fuentes del sector además recordaron que quitó el servicio de ópticas que daba en algunos supermercados desde hace años.
De esta forma, Walmart entró en una crisis que lleva a la desinversión en la Argentina, tal como sucede con la francesa Carrefour que presentó un procedimiento preventivo de crisis y cerró locales en Capital Federal, Resistencia (Chaco), Tucumán y Quilmes.
La semana pasada la cadena cordobesa de supermercados Súper Uno S.A. cerró sus puertas y dejó en la calle 63 trabajadores. La empresa tenía cinco locales entre las localidades de Colonia Caroya y Jesús María, cuatro de ellos minoristas y uno mayorista.
Luego de vender 12 locales y cerrar el centro comercial que tenía en el DOT Baires, la cadena de supermercados estadounidense Walmart agudiza su crisis en la Argentina. Casi 30 trabajadores de la sucursal que la firma tiene en La Plata denuncian que fueron coaccionados para que abandonen sus puestos a cambio de dinero. El delegado del Sindicato de los Empleados de Comercio, Claudio Peralta, pidió que la Secretaría de Trabajo intervenga para evitar el conflicto.
"Que se dé intervención, porque la empresa tiene que justificar por qué quiere desvincular a 30 trabajadores, que representan el 15 por ciento del total de empleados en la planta", explicó Peralta, quien contó que 24 empleados del local fueron llamados a una entrevista en que los amedrentaron para que acepten.
"Les dijeron que agarraban ese dinero o que dejaban su puesto", afirmó Peralta. En una nota con Clasiquee, el representante gremial había afirmado que no había motivos para la desvinculación de los trabajadores y que ahora estaban realizando charlas para que los empleados no abandonen sus puestos. En total, la planta de La Plata tiene 240 empleados.
La cadena de supermercados Walmart entró en crisis con la llegada del macrismo y la caída del consumo que lleva diez meses de desplome consecutivo.
La firma de Estados Unidos había vendido en agosto 12 locales a la empresa española DÍA conocida por la venta de segundas marcas que ganaron el mercado por la pérdida de poder adquisitivo de salarios.
Además de cerrar el local que tenía en el DOT Baires, la firma Walmart achicó su personal en la sucursal de Sarandí, donde echó a 51 trabajadores. Fuentes del sector además recordaron que quitó el servicio de ópticas que daba en algunos supermercados desde hace años.
De esta forma, Walmart entró en una crisis que lleva a la desinversión en la Argentina, tal como sucede con la francesa Carrefour que presentó un procedimiento preventivo de crisis y cerró locales en Capital Federal, Resistencia (Chaco), Tucumán y Quilmes.
La semana pasada la cadena cordobesa de supermercados Súper Uno S.A. cerró sus puertas y dejó en la calle 63 trabajadores. La empresa tenía cinco locales entre las localidades de Colonia Caroya y Jesús María, cuatro de ellos minoristas y uno mayorista.
How Alexandria Ocasio-Cortez’s Plain Black Jacket Became a Controversy
The backlash against the incoming congresswoman’s “very nice” outfit is both tedious and predictable.
MEGAN GARBER
Incoming Representative Alexandria Ocasio-Cortez waits for a House of Representatives member-elect welcome briefing on Capitol Hill in Washington
Earlier this week, Alexandria Ocasio-Cortez posted a tweet: At congressional events, she shared (the representative-elect of New York’s 14th Congressional District is currently in Washington for a series of orientations on the workings of the House), she keeps being mistaken for an intern. Or sometimes for the spouse of the person who must be the true new member of Congress. Ocasio-Cortez, a young woman who is also a woman of color who is also a democratic socialist—a politician who won her election, earlier this month, with 78 percent of her district’s vote—keeps getting told that she doesn’t quite belong in Congress. Her tweet sharing that experience was punctuated by a face-palm emoji. It went viral.
The next day, Eddie Scarry, formerly a blogger for the gossip site FishbowlDCand currently a writer for the conservative Washington Examiner, posted a picture of Ocasio-Cortez, taken from behind, seemingly without her knowledge, as she walked through a hallway wearing a tailored black jacket and carrying a coat. He accompanied it with a note that doubled as a caption: “Hill staffer sent me this pic of Ocasio-Cortez they took just now. I’ll tell you something: that jacket and coat don’t look like a girl who struggles.” This tweet went viral, too—not because of the insight it offered, but because of the opposite. People mocked it and memed it and objected to it, some indignant at the creep shot Scarry shared, many others referencing the obvious fact that it is possible to advocate for the working class and wear clothing at the same time.
Scarry’s tweet, on its own, isn’t worth much more discussion; it was a bad thought, posted in bad faith. What’s notable, though, is the way his tweet tangled with Ocasio-Cortez’s observation about the way she has been treated during her congressional orientation. Both tweets were asking questions about power and representation and belonging. Ocasio-Cortez was making a wry observation about how she has been seen, as a newcomer to the halls of Congress; Scarry was proving her point. He was suggesting that Ocasio-Cortez, the public servant who chose to don a well-cut jacket rather than a dirt-streaked potato sack to do her serving, must somehow be deceiving the public. He was insinuating that, the system being what it is, the success she has found within it must be its own evidence of manipulation. Don’t look like a girl who struggles: The comment was about the clothes, but at the same time it wasn’t about the clothes. It is never, really, about the clothes. It is about belonging. It is about power. It is about who is assumed to look like a congressperson, and who is not.
Ocasio-Cortez is well aware of the absurdities of that tautology. In the short time that has found her as a fixture on the national stage, she has been a target for precisely such questions—membership, difference, disruption—joining the ranks of Hillary Clinton and Nancy Pelosi and Maxine Waters as a bogey(wo)man for the right. Many have challenged her own challenge to the status quo by questioning her legitimacy as an advocate for change. She is not what she seems, many pundits have suggested. She is a fraud, they have insisted. That has been the best way—the most convenient way, the least disruptive way—to make sense of her political success. Power that knows what it looks like; power that knows what an outsider looks like, too.
Shortly after Ocasio-Cortez’s victory in the NY-14 primary, the conservative TV-show host John Cardillo shared an image, taken from Google Maps, of the home Ocasio-Cortez grew up in outside New York City, dubbing it a “far cry from the Bronx hood upbringing she’s selling.” Her general upbringing, her family, her college education, and more have been called into question since then, all of it offered up as evidence that Alexandria Ocasio-Cortez, the political identity if not the person herself, is on some level a lie. (A suit-and-stilettos outfit she wore for a photo shoot with Interview magazine in early September—a $3,500 combination that was, as such outfits generally will be, merely borrowed for the occasion—inspired similar accusations.) In a recent New York Times interview, Ocasio-Cortez mentioned how hard it is to find affordable housing in Washington; conservative pundits alternated between laughing at this and dismissing it as spin. Judy Miller, on Fox: “I think what she’s talking about is all of the money in Washington, all of the wealth in Washington, all of the power—and a little, simple person like her from New York can’t find a place to live. It is a brilliant political line.”
A little, simple person like her. This is the strain of rhetoric Scarry was both capitulating to and amplifying when he sent his tweet on Thursday. “I know what it’s like to be a poor intern in D.C.,” he told Talking Points Memo in an interview, “and I can tell you—and I’m a male, obviously—but you tend to not look like that. She looks very well put together, looks very nice.” As its own form of spin, it’s a crafty rhetorical move: The niceness itself assumed to be the liability. The fact that Ocasio-Cortez’s outfit fits in—the plain suit, the black heels—treated as its own evidence of her difference. Dressing the part presented as proof of her ultimate unfitness for the part.
The move is, in its own way, a conventional outfit. Hypocrisy is a common thing to weaponize—particularly in politics, which makes so many competing demands of its practitioners. One must be authentic, but widely appealing. One must be careful, but relatable. Smart, but not off-puttingly so. Charming, but not trying too hard. And for women politicians, of course, the demands amplify: Attractive, but not too attractive. Put-together, but not excessively. Well dressed, but. Made up, but. Confident, but. The competing demands can transcend one’s party; very occasionally, they can transcend one’s gender. In 2008, Sarah Palin was widely criticized for having spent $150,000 on designer duds to wear on the campaign trail as John McCain’s running mate. (“Sarah Palin, small-town hockey mom and everywoman? More like Sarah Palin, pampered princess,” the Los Angeles Times scoffed of the move.) John Edwards, in the 2008 primary, faced similar accusations after reporting emerged about his expensive haircuts and clothing. (The AP on the matter: “Looking pretty is costing John Edwards’ presidential campaign a lot of pennies.”) And then there is the human catch-22 that is Hillary Clinton, living out the demands of being Hillary Clinton: For decades, pundits have used her sartorial choices as evidence of her unfitness—for the office of the first lady, for a seat in the Senate, for the leadership of the State Department, for the desk in the Oval Office.
It’s not about the clothes. It’s never, really, about the clothes. For those who seek power in places that have not previously been welcoming, the clothes can become cudgels. They can serve as an easy shorthand for who belongs, and who does not. They can be ratifications of progress and of backlash, used by people who think they know what power should be, and act like, and look like, and dress like—people attempting to enforce, on and for everyone else, the narrowness of their own perspectives.
This is a time that is challenging that myopia. Ocasio-Cortez, before and since she was elected into office, has been making a point of doing precisely what her campaign promised she would: doing things differently. Not fitting in. The representative-elect has been, along with several other of her fellow freshmen, Instagramming her experiences of the congressional orientation. She has participated in a protest about climate change in the office of Nancy Pelosi. She has drafted legislation on the same subject, as part of her campaign-platformed “Green New Deal.” She has been reveling in disruption, in change, in difference, all the while suggesting that a girl who struggles—and indeed that several such girls, newly elected to the halls of power—will struggle above all to change the appearance of power itself. Which is also to say that Ocasio-Cortez is being treated as a threat, in some quarters, because that is precisely what she is. “Alexandria Ocasio-Cortez Will Push Washington,” the headlineof her postelection interview with the Times read. “Will Washington Push Back?”
This week, in the most tedious of ways, the paper got its answer.
MEGAN GARBER
Incoming Representative Alexandria Ocasio-Cortez waits for a House of Representatives member-elect welcome briefing on Capitol Hill in WashingtonEarlier this week, Alexandria Ocasio-Cortez posted a tweet: At congressional events, she shared (the representative-elect of New York’s 14th Congressional District is currently in Washington for a series of orientations on the workings of the House), she keeps being mistaken for an intern. Or sometimes for the spouse of the person who must be the true new member of Congress. Ocasio-Cortez, a young woman who is also a woman of color who is also a democratic socialist—a politician who won her election, earlier this month, with 78 percent of her district’s vote—keeps getting told that she doesn’t quite belong in Congress. Her tweet sharing that experience was punctuated by a face-palm emoji. It went viral.
The next day, Eddie Scarry, formerly a blogger for the gossip site FishbowlDCand currently a writer for the conservative Washington Examiner, posted a picture of Ocasio-Cortez, taken from behind, seemingly without her knowledge, as she walked through a hallway wearing a tailored black jacket and carrying a coat. He accompanied it with a note that doubled as a caption: “Hill staffer sent me this pic of Ocasio-Cortez they took just now. I’ll tell you something: that jacket and coat don’t look like a girl who struggles.” This tweet went viral, too—not because of the insight it offered, but because of the opposite. People mocked it and memed it and objected to it, some indignant at the creep shot Scarry shared, many others referencing the obvious fact that it is possible to advocate for the working class and wear clothing at the same time.
Scarry’s tweet, on its own, isn’t worth much more discussion; it was a bad thought, posted in bad faith. What’s notable, though, is the way his tweet tangled with Ocasio-Cortez’s observation about the way she has been treated during her congressional orientation. Both tweets were asking questions about power and representation and belonging. Ocasio-Cortez was making a wry observation about how she has been seen, as a newcomer to the halls of Congress; Scarry was proving her point. He was suggesting that Ocasio-Cortez, the public servant who chose to don a well-cut jacket rather than a dirt-streaked potato sack to do her serving, must somehow be deceiving the public. He was insinuating that, the system being what it is, the success she has found within it must be its own evidence of manipulation. Don’t look like a girl who struggles: The comment was about the clothes, but at the same time it wasn’t about the clothes. It is never, really, about the clothes. It is about belonging. It is about power. It is about who is assumed to look like a congressperson, and who is not.
Ocasio-Cortez is well aware of the absurdities of that tautology. In the short time that has found her as a fixture on the national stage, she has been a target for precisely such questions—membership, difference, disruption—joining the ranks of Hillary Clinton and Nancy Pelosi and Maxine Waters as a bogey(wo)man for the right. Many have challenged her own challenge to the status quo by questioning her legitimacy as an advocate for change. She is not what she seems, many pundits have suggested. She is a fraud, they have insisted. That has been the best way—the most convenient way, the least disruptive way—to make sense of her political success. Power that knows what it looks like; power that knows what an outsider looks like, too.
Shortly after Ocasio-Cortez’s victory in the NY-14 primary, the conservative TV-show host John Cardillo shared an image, taken from Google Maps, of the home Ocasio-Cortez grew up in outside New York City, dubbing it a “far cry from the Bronx hood upbringing she’s selling.” Her general upbringing, her family, her college education, and more have been called into question since then, all of it offered up as evidence that Alexandria Ocasio-Cortez, the political identity if not the person herself, is on some level a lie. (A suit-and-stilettos outfit she wore for a photo shoot with Interview magazine in early September—a $3,500 combination that was, as such outfits generally will be, merely borrowed for the occasion—inspired similar accusations.) In a recent New York Times interview, Ocasio-Cortez mentioned how hard it is to find affordable housing in Washington; conservative pundits alternated between laughing at this and dismissing it as spin. Judy Miller, on Fox: “I think what she’s talking about is all of the money in Washington, all of the wealth in Washington, all of the power—and a little, simple person like her from New York can’t find a place to live. It is a brilliant political line.”
A little, simple person like her. This is the strain of rhetoric Scarry was both capitulating to and amplifying when he sent his tweet on Thursday. “I know what it’s like to be a poor intern in D.C.,” he told Talking Points Memo in an interview, “and I can tell you—and I’m a male, obviously—but you tend to not look like that. She looks very well put together, looks very nice.” As its own form of spin, it’s a crafty rhetorical move: The niceness itself assumed to be the liability. The fact that Ocasio-Cortez’s outfit fits in—the plain suit, the black heels—treated as its own evidence of her difference. Dressing the part presented as proof of her ultimate unfitness for the part.
The move is, in its own way, a conventional outfit. Hypocrisy is a common thing to weaponize—particularly in politics, which makes so many competing demands of its practitioners. One must be authentic, but widely appealing. One must be careful, but relatable. Smart, but not off-puttingly so. Charming, but not trying too hard. And for women politicians, of course, the demands amplify: Attractive, but not too attractive. Put-together, but not excessively. Well dressed, but. Made up, but. Confident, but. The competing demands can transcend one’s party; very occasionally, they can transcend one’s gender. In 2008, Sarah Palin was widely criticized for having spent $150,000 on designer duds to wear on the campaign trail as John McCain’s running mate. (“Sarah Palin, small-town hockey mom and everywoman? More like Sarah Palin, pampered princess,” the Los Angeles Times scoffed of the move.) John Edwards, in the 2008 primary, faced similar accusations after reporting emerged about his expensive haircuts and clothing. (The AP on the matter: “Looking pretty is costing John Edwards’ presidential campaign a lot of pennies.”) And then there is the human catch-22 that is Hillary Clinton, living out the demands of being Hillary Clinton: For decades, pundits have used her sartorial choices as evidence of her unfitness—for the office of the first lady, for a seat in the Senate, for the leadership of the State Department, for the desk in the Oval Office.
It’s not about the clothes. It’s never, really, about the clothes. For those who seek power in places that have not previously been welcoming, the clothes can become cudgels. They can serve as an easy shorthand for who belongs, and who does not. They can be ratifications of progress and of backlash, used by people who think they know what power should be, and act like, and look like, and dress like—people attempting to enforce, on and for everyone else, the narrowness of their own perspectives.
This is a time that is challenging that myopia. Ocasio-Cortez, before and since she was elected into office, has been making a point of doing precisely what her campaign promised she would: doing things differently. Not fitting in. The representative-elect has been, along with several other of her fellow freshmen, Instagramming her experiences of the congressional orientation. She has participated in a protest about climate change in the office of Nancy Pelosi. She has drafted legislation on the same subject, as part of her campaign-platformed “Green New Deal.” She has been reveling in disruption, in change, in difference, all the while suggesting that a girl who struggles—and indeed that several such girls, newly elected to the halls of power—will struggle above all to change the appearance of power itself. Which is also to say that Ocasio-Cortez is being treated as a threat, in some quarters, because that is precisely what she is. “Alexandria Ocasio-Cortez Will Push Washington,” the headlineof her postelection interview with the Times read. “Will Washington Push Back?”
This week, in the most tedious of ways, the paper got its answer.
Costantini sobre la crisis económica: “Algunos dejamos de ser billonarios”
El empresario Eduardo Costantini habló sobre la situación económica que atraviesa el país y se lamentó de que en el último año hubo "una enorme pérdida patrimonial en Argentina", por lo que “muchos dejamos de ser billonarios".
Costantini, considerado por la revista Forbes como una de las personas más ricas de la Argentina, explicó que ahora “cayó en el ranking”: "Ha habido una enorme pérdida patrimonial, entonces de dejamos de ser billonarios muchos, porque evalúan el precio de las acciones, y pueden valer mucho en un momento y luego nada. Ahora las de Consultatio valen el 30% de lo que valían".
En diálogo con Radio Led, el dueño de Nordelta -lugar al que llamó "una ciudad pueblo" y no un barrio cerrado- señaló que allí la crisis económica se siente como en todos lados, aunque "es más leve que en otros lugares".
"La Argentina ahora, con una política monetaria más ordenada y una política fiscal más disciplinada, tiene la oportunidad de hacer los deberes y tiene el año próximo para convencer al sector privado que le puede prestar a la Argentina de cara al 2020", evaluó el empresario de cara al futuro. "".
En general, se trata de planes de cuotas sin interés y descuentos enfocados en la Costa Atlántica, específicamente Mar del Plata, Necochea y Pinamar, para transporte, hoteles, súpe ...
En este sentido, apuntó que "el lío financiero terminó", pero ahora tenemos la crisis y los desequilibrios de los precios relativos. Aún así, el empresario dijo que no cree que la Argentina vaya a un default: "Me parece un disparate”, acotó.
La fábrica Paquetá de Chivilcoy, cierra y deja a 600 trabajadores en la calle
La empresa confirmó que las actividades finalizarán el 31 de diciembre. Es la segunda fuente de trabajo de Chivilcoy, después del Municipio.
La sede de la planta ensambladora de zapatillas deportivas Paquetá que se encuentra en la ciudad de Chivilcoy confirmó que el próximo 31 de diciembre cerrará sus puertas y cerca de 600 empleados se quedan sin su fuente de trabajo.
Tras doce años funcionando en la localidad bonaerense, la empresa que produce calzado para Adidas, argumentó que debido a la acumulación de stock por la caída de ventas en el mercado interno y a la falta de inversiones para la producción, debió realizar un cronograma de suspensiones y retiros voluntarios.
Luego de semanas de incertidumbre y shock, el martes se llevó a cabo una nueva audiencia que convocó a autoridades de los ministerios provinciales de Producción y Trabajo, representantes de la fábrica, dirigentes gremiales y delegados.
Según informó el diario La Razón de Chivilcoy, tras el encuentro se conoció que 178 personas ya no pertenecen a la firma de capitales brasileros, mientras que los 412 restantes deberán esperar a que se levante la conciliación obligatoria.
La medida impacta fuerte en la localidad de 60 mil habitantes, ya que se trata de la segunda fuente laboral después del municipio.
Hoy la empresa afronta un escenario negativo que también abarca a otros referentes. La importación de calzados creció un 45% en los últimos dos años, pero el sector más afectado fue el deportivo, ya que el ingreso de productos terminados o semi-terminados desde Brasil aumentó un 116% en ese período, según un informe privado.
En la Argentina existen alrededor de 1.500 empresas dedicadas al calzado y emplean a unas 65 mil personas que atraviesan una crítica situación por la caída del consumo y la suba de importaciones.
La sede de la planta ensambladora de zapatillas deportivas Paquetá que se encuentra en la ciudad de Chivilcoy confirmó que el próximo 31 de diciembre cerrará sus puertas y cerca de 600 empleados se quedan sin su fuente de trabajo.
Tras doce años funcionando en la localidad bonaerense, la empresa que produce calzado para Adidas, argumentó que debido a la acumulación de stock por la caída de ventas en el mercado interno y a la falta de inversiones para la producción, debió realizar un cronograma de suspensiones y retiros voluntarios.
Luego de semanas de incertidumbre y shock, el martes se llevó a cabo una nueva audiencia que convocó a autoridades de los ministerios provinciales de Producción y Trabajo, representantes de la fábrica, dirigentes gremiales y delegados.
Según informó el diario La Razón de Chivilcoy, tras el encuentro se conoció que 178 personas ya no pertenecen a la firma de capitales brasileros, mientras que los 412 restantes deberán esperar a que se levante la conciliación obligatoria.
La medida impacta fuerte en la localidad de 60 mil habitantes, ya que se trata de la segunda fuente laboral después del municipio.
Hoy la empresa afronta un escenario negativo que también abarca a otros referentes. La importación de calzados creció un 45% en los últimos dos años, pero el sector más afectado fue el deportivo, ya que el ingreso de productos terminados o semi-terminados desde Brasil aumentó un 116% en ese período, según un informe privado.
En la Argentina existen alrededor de 1.500 empresas dedicadas al calzado y emplean a unas 65 mil personas que atraviesan una crítica situación por la caída del consumo y la suba de importaciones.
Rattazzi: "Para que lleguen las inversiones harán falta 3 ó 4 años"
Tras el fallido pronóstico del "segundo semestre" ahora los empresarios macristas van por el "segundo mandato".
El empresario macrista Cristiano Rattazziaseguró: "Para que lleguen las inversiones harán falta 3 o 4 años". Tras el fallido pronóstico del "segundo semestre" ahora los empresarios que apoyaron al Gobierno van por el "segundo mandato".
¿Qué pasa si gana el kirchnerismo?, le preguntaron a Rattazzi en una entrevista con Ámbito Financiero.
"Son más de ochenta años de decadencia argentina. Sería otro período de decadencia. No nos sorprendería. No es sólo el kirchnerismo. Desde entonces se empezó a hacer todo mal", dijo.
Y agregó: "No hay ejemplo en el mundo de un país que haya sido muy rico, como la Argentina de comienzos del siglo pasado, y que haya caído a la mediocridad total. Estamos ante la primera vez de un intento serio de cambiar el país".
El empresario macrista Cristiano Rattazziaseguró: "Para que lleguen las inversiones harán falta 3 o 4 años". Tras el fallido pronóstico del "segundo semestre" ahora los empresarios que apoyaron al Gobierno van por el "segundo mandato".
¿Qué pasa si gana el kirchnerismo?, le preguntaron a Rattazzi en una entrevista con Ámbito Financiero.
"Son más de ochenta años de decadencia argentina. Sería otro período de decadencia. No nos sorprendería. No es sólo el kirchnerismo. Desde entonces se empezó a hacer todo mal", dijo.
Y agregó: "No hay ejemplo en el mundo de un país que haya sido muy rico, como la Argentina de comienzos del siglo pasado, y que haya caído a la mediocridad total. Estamos ante la primera vez de un intento serio de cambiar el país".
La popularidad de Macron en su punto más bajo: sólo un 25% de los franceses aprueba su gestión presidencial
Siguen los piquetes por el alza en los combustibles
Macron, con imagen en caída
El índice de popularidad de Emmanuel Macron continúa en caída libre, y un 73% de los franceses está muy o bastante descontento con su gestión como presidente, según una encuesta de Ifop para el periódico Journal du Dimanche. Mientras que los que están muy o bastante contentos apenas llegan al 25%, en una Francia en la que se multiplican las protestas por la suba del impuesto al combustible y la baja del poder adquisitivo.
El 25% es el punto más bajo de su presidencia y se acerca peligrosamente a la situación en que estaba François Hollande (20%) en el mismo momento de su mandato. Su primer ministro, Edouard Philippe, se encuentra algo mejor con un 34% de aprobación. Uno de los responsables del sondeo calificó la performance de Macron como un "auténtico tobogán", siempre hacia abajo en 2018.
El periódico comparó los índices de apoyo de los últimos tres presidentes. Si bien es cierto que Sarkozy no descendía a tanta velocidad y que disfrutó de un ascenso en los meses finales de su segundo año en El Elíseo, los tres tienen un elemento en común. Comenzaron con un apoyo superior al 60% cuando prometían profundas reformas económicas y sociales y luego cayeron en picada en el momento en que esas promesas se traducían en leyes y decretos concretos.
La suba del impuesto a los combustibles provocó una movilización de rechazo por todo el país
Macron se benefició del hundimiento de los socialistas y de la inesperada pérdida de credibilidad de Francois Fillon, además del hecho de enfrentarse a Marine Le Pen en segunda vuelta. Los cuatro puntos que separaron a Macron y Fillon (1,4 millones de votos) fueron los que dieron al primero la presidencia.
La suba del impuesto a los combustibles provocó una movilización de rechazo por todo el país desde el fin de semana. Hubo 2.000 concentraciones con unas 287.000 personas (según cifras del Ministerio de Interior), enfrentamientos con la policía y cortes de carreteras y rotondas especialmente en zonas rurales y suburbios urbanos. Y todavía la rebelión continúa.
Ayer, los bloqueos de los «chalecos amarillos" causaron el cierre de fronteras en Francia, por lo que las rutas se vieron colapsadas por camiones que no podían continuar con su recorrido por el territorio francés.
Las cámaras transportistas calculaban que las movilizaciones paralizaron la circulación de cerca de 20.000 camiones que atraviesan los Pirineos cada día, y además, estimaron que, desde que se iniciaron las protestas el pasado 17 de noviembre, los costos ascienden a dos millones de euros.
"El precio del combustible es tan sensible política y sociológicamente como lo fue el precio del trigo en el Antiguo Régimen", ha comentado uno de los responsables de Ifop.
Consciente de la oposición creciente, el Gobierno ofreció un paquete de ayuda por un montante total de 500 millones para que las personas de menores ingresos puedan sustituir sus viejos vehículos por otros menos dependientes de los combustibles fósiles o para renovar los sistemas de calefacción por otros más eficientes. Pero estas ayudas suponen que los beneficiados tengan que hacer un desembolso que en general no pueden permitirse.
Macron, con imagen en caída
El índice de popularidad de Emmanuel Macron continúa en caída libre, y un 73% de los franceses está muy o bastante descontento con su gestión como presidente, según una encuesta de Ifop para el periódico Journal du Dimanche. Mientras que los que están muy o bastante contentos apenas llegan al 25%, en una Francia en la que se multiplican las protestas por la suba del impuesto al combustible y la baja del poder adquisitivo.
El 25% es el punto más bajo de su presidencia y se acerca peligrosamente a la situación en que estaba François Hollande (20%) en el mismo momento de su mandato. Su primer ministro, Edouard Philippe, se encuentra algo mejor con un 34% de aprobación. Uno de los responsables del sondeo calificó la performance de Macron como un "auténtico tobogán", siempre hacia abajo en 2018.
El periódico comparó los índices de apoyo de los últimos tres presidentes. Si bien es cierto que Sarkozy no descendía a tanta velocidad y que disfrutó de un ascenso en los meses finales de su segundo año en El Elíseo, los tres tienen un elemento en común. Comenzaron con un apoyo superior al 60% cuando prometían profundas reformas económicas y sociales y luego cayeron en picada en el momento en que esas promesas se traducían en leyes y decretos concretos.
La suba del impuesto a los combustibles provocó una movilización de rechazo por todo el país
Macron se benefició del hundimiento de los socialistas y de la inesperada pérdida de credibilidad de Francois Fillon, además del hecho de enfrentarse a Marine Le Pen en segunda vuelta. Los cuatro puntos que separaron a Macron y Fillon (1,4 millones de votos) fueron los que dieron al primero la presidencia.
La suba del impuesto a los combustibles provocó una movilización de rechazo por todo el país desde el fin de semana. Hubo 2.000 concentraciones con unas 287.000 personas (según cifras del Ministerio de Interior), enfrentamientos con la policía y cortes de carreteras y rotondas especialmente en zonas rurales y suburbios urbanos. Y todavía la rebelión continúa.
Ayer, los bloqueos de los «chalecos amarillos" causaron el cierre de fronteras en Francia, por lo que las rutas se vieron colapsadas por camiones que no podían continuar con su recorrido por el territorio francés.
Las cámaras transportistas calculaban que las movilizaciones paralizaron la circulación de cerca de 20.000 camiones que atraviesan los Pirineos cada día, y además, estimaron que, desde que se iniciaron las protestas el pasado 17 de noviembre, los costos ascienden a dos millones de euros.
"El precio del combustible es tan sensible política y sociológicamente como lo fue el precio del trigo en el Antiguo Régimen", ha comentado uno de los responsables de Ifop.
Consciente de la oposición creciente, el Gobierno ofreció un paquete de ayuda por un montante total de 500 millones para que las personas de menores ingresos puedan sustituir sus viejos vehículos por otros menos dependientes de los combustibles fósiles o para renovar los sistemas de calefacción por otros más eficientes. Pero estas ayudas suponen que los beneficiados tengan que hacer un desembolso que en general no pueden permitirse.
La ofensiva antinmigración de Trump se desinfla tras las elecciones
Un juez bloquea el veto a las solicitudes de asilo de inmigrantes irregulares y el Ejército prepara su repliegue de la frontera
Migrantes caminando en los alrededores del muro fronterizo
La ofensiva antinmigración de Donald Trump, clave en su victoria en 2016 y utilizada para movilizar a sus bases en las pasadas legislativas, se está desinflando, por causas ajenas y propias, dos semanas después de los comicios. La justicia bloqueó la noche del lunes la controvertida directiva de Trump, anunciada en la recta final de la campaña, que prohibía las solicitudes de asilo a los inmigrantes indocumentados. El mismo día, un mando militar reveló que parte de los 5.800 soldados enviados a la frontera, en la antesala de lo que el mandatario calificó como “las elecciones de la caravana”, empezarán a regresar esta semana, precisamente cuando el grupo de migrantes centroamericanos ha llegado a Tijuana.
La calificó de “invasión”. Dijo, sin pruebas, que incluía a “pandilleros” y “personas desconocidas de Oriente Próximo”. Tal era su temor que la tildó de “emergencia nacional” para poder tomar medidas restrictivas y mandar a soldados en activo a la frontera. En la antesala de las elecciones legislativas del 6 de noviembre, buscando movilizar a sus votantes más fervientes, Trump demonizó tanto como pudo la caravana de inmigrantes centroamericanos que se dirigía a Estados Unidos. Pero los migrantes están ya a las puertas del país y la retórica ha bajado considerablemente de tono. Trump ha seguido hablando de la caravana, pero mucho menos que antes de las legislativas. Por ejemplo, el lunes se jactó de que el alambre instalado en las vallas dificulta que puedan saltarlas inmigrantes indocumentados.
Una de las medidas de Trump para evitar que los miembros de la caravana entren en el país sufrió el lunes por la noche un revés judicial. Un juez federal de San Francisco bloqueó temporalmente la directiva de Trump -anunciada antes de los comicios y firmada poco después- que prohibía las solicitudes de asilo a los inmigrantes indocumentados. Dando la razón a los recursos de grupos de apoyo a inmigrantes, el juez Jon Tigar esgrimió que la proclamación del presidente vulnera la ley migratoria estadounidense, que permite pedir asilo a cualquier extranjero, independientemente de si entró o no legalmente al país. “Sea cual sea el alcance de la autorización del presidente, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente”, señaló Tigar, que fue nominado por el expresidente demócrata Barack Obama.
En paralelo, Jeffrey Buchanan, el general del Ejército responsable del despliegue de 5.800 soldados en la frontera con México, ordenado por Trump ante el avance de la caravana, reveló el lunes que el número de uniformados empezará a reducirse a finales de esta semana precisamente cuando los primeros inmigrantes del colectivo han llegado a Tijuana, en la frontera con EE UU, donde han sido recibidos con hostilidad por parte de la población local y se han registrado momentos de tensión con la policía. En una entrevista a la publicación Politico, Buchanan dijo que algunos de los militares, como los que instalaron alambres en las vallas fronterizas, ya no son necesarios y que todo el contingente debería estar de vuelta en Navidad. Al día siguiente, el comando del Ejército matizó sus palabras y aseguró que “no se ha determinado un calendario específico de repliegue”.
En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Trump calificó este martes de “desgracia” el fallo judicial y se mostró seguro de ganar el caso en el Tribunal Supremo. El presidente también ensalzó el papel de los militares en la frontera: “Están orgullosos de defender nuestro país”.
Malestar militar
Las palabras del general sobre un repliegue en la frontera avivaron todavía más el malestar en círculos militares, y políticos demócratas y republicanos que han criticado el envío de soldados a la frontera al considerarlo una operación puramente política y excesivamente cara. Trump incluso llegó a especular con que el número de soldados en la frontera podría ascender a 15.000 uniformados, equivalente al contingente actual en Afganistán. Es imposible saber qué impacto tuvo en las elecciones la dialéctica feroz del mandatario contra la caravana de inmigrantes, pero la realidad es que no impidió que los republicanos perdieran el control de la Cámara de Representantes aunque mantuvieran el del Senado.
También ha quedado enterrada por ahora otra polémica propuesta que lanzó el presidente antes de los comicios: quitar el derecho a la ciudadanía estadounidense a los hijos de extranjeros nacidos en EE UU, lo que beneficia también a inmigrantes indocumentados. Destacados republicanos y expertos legales cuestionaron la constitucionalidad de la medida.
Ese es el desenlace que ha tenido por ahora la directiva de Trump de impedir que inmigrantes que entran ilegalmente en EE UU puedan pedir asilo. La suspensión ordenada por el juez de San Francisco tiene una vigencia de un mes. Previsiblemente, el Gobierno recurrirá ante un tribunal de apelación. La restricción supuso una nueva vuelta de tuerca más a las dificultades impuestas por la Administración en los últimos meses para poder solicitar asilo en EE UU, entre ellas que haber sufrido violencia doméstica o de pandillas no es motivo suficiente para pedir protección. En caso de estar plenamente en vigor, la medida habría afectado a las cerca de 70.000 personas que cada año piden asilo en EE UU tras no haber entrado al país en un cruce fronterizo oficial.
Trump justificó la restricción al asilo en motivos de seguridad nacional. Es el mismo argumento que empleó en enero de 2017 cuando prohibió la entrada a EE UU a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. La Justicia tumbó ese veto y forzó al presidente a presentar dos versiones más rebajadas. La disputa acabó en el Tribunal Supremo, que el pasado junio apoyó a Trump y consideró legal su última versión de veto migratorio.
La Justicia, tanto de primera instancia como de apelaciones, también ha tumbado en las últimas semanas el intento de Trump de permitir la deportación de los llamados dreamers (soñadores), inmigrantes indocumentados que llegaron de niños a EE UU. La pugna también se encamina al Supremo, donde los cinco jueces conservadores ostentan la mayoría (frente a cuatro progresistas), lo que puede acabar beneficiando a Trump.
Migrantes caminando en los alrededores del muro fronterizo La ofensiva antinmigración de Donald Trump, clave en su victoria en 2016 y utilizada para movilizar a sus bases en las pasadas legislativas, se está desinflando, por causas ajenas y propias, dos semanas después de los comicios. La justicia bloqueó la noche del lunes la controvertida directiva de Trump, anunciada en la recta final de la campaña, que prohibía las solicitudes de asilo a los inmigrantes indocumentados. El mismo día, un mando militar reveló que parte de los 5.800 soldados enviados a la frontera, en la antesala de lo que el mandatario calificó como “las elecciones de la caravana”, empezarán a regresar esta semana, precisamente cuando el grupo de migrantes centroamericanos ha llegado a Tijuana.
La calificó de “invasión”. Dijo, sin pruebas, que incluía a “pandilleros” y “personas desconocidas de Oriente Próximo”. Tal era su temor que la tildó de “emergencia nacional” para poder tomar medidas restrictivas y mandar a soldados en activo a la frontera. En la antesala de las elecciones legislativas del 6 de noviembre, buscando movilizar a sus votantes más fervientes, Trump demonizó tanto como pudo la caravana de inmigrantes centroamericanos que se dirigía a Estados Unidos. Pero los migrantes están ya a las puertas del país y la retórica ha bajado considerablemente de tono. Trump ha seguido hablando de la caravana, pero mucho menos que antes de las legislativas. Por ejemplo, el lunes se jactó de que el alambre instalado en las vallas dificulta que puedan saltarlas inmigrantes indocumentados.
Una de las medidas de Trump para evitar que los miembros de la caravana entren en el país sufrió el lunes por la noche un revés judicial. Un juez federal de San Francisco bloqueó temporalmente la directiva de Trump -anunciada antes de los comicios y firmada poco después- que prohibía las solicitudes de asilo a los inmigrantes indocumentados. Dando la razón a los recursos de grupos de apoyo a inmigrantes, el juez Jon Tigar esgrimió que la proclamación del presidente vulnera la ley migratoria estadounidense, que permite pedir asilo a cualquier extranjero, independientemente de si entró o no legalmente al país. “Sea cual sea el alcance de la autorización del presidente, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente”, señaló Tigar, que fue nominado por el expresidente demócrata Barack Obama.
En paralelo, Jeffrey Buchanan, el general del Ejército responsable del despliegue de 5.800 soldados en la frontera con México, ordenado por Trump ante el avance de la caravana, reveló el lunes que el número de uniformados empezará a reducirse a finales de esta semana precisamente cuando los primeros inmigrantes del colectivo han llegado a Tijuana, en la frontera con EE UU, donde han sido recibidos con hostilidad por parte de la población local y se han registrado momentos de tensión con la policía. En una entrevista a la publicación Politico, Buchanan dijo que algunos de los militares, como los que instalaron alambres en las vallas fronterizas, ya no son necesarios y que todo el contingente debería estar de vuelta en Navidad. Al día siguiente, el comando del Ejército matizó sus palabras y aseguró que “no se ha determinado un calendario específico de repliegue”.
En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Trump calificó este martes de “desgracia” el fallo judicial y se mostró seguro de ganar el caso en el Tribunal Supremo. El presidente también ensalzó el papel de los militares en la frontera: “Están orgullosos de defender nuestro país”.
Malestar militar
Las palabras del general sobre un repliegue en la frontera avivaron todavía más el malestar en círculos militares, y políticos demócratas y republicanos que han criticado el envío de soldados a la frontera al considerarlo una operación puramente política y excesivamente cara. Trump incluso llegó a especular con que el número de soldados en la frontera podría ascender a 15.000 uniformados, equivalente al contingente actual en Afganistán. Es imposible saber qué impacto tuvo en las elecciones la dialéctica feroz del mandatario contra la caravana de inmigrantes, pero la realidad es que no impidió que los republicanos perdieran el control de la Cámara de Representantes aunque mantuvieran el del Senado.
También ha quedado enterrada por ahora otra polémica propuesta que lanzó el presidente antes de los comicios: quitar el derecho a la ciudadanía estadounidense a los hijos de extranjeros nacidos en EE UU, lo que beneficia también a inmigrantes indocumentados. Destacados republicanos y expertos legales cuestionaron la constitucionalidad de la medida.
Ese es el desenlace que ha tenido por ahora la directiva de Trump de impedir que inmigrantes que entran ilegalmente en EE UU puedan pedir asilo. La suspensión ordenada por el juez de San Francisco tiene una vigencia de un mes. Previsiblemente, el Gobierno recurrirá ante un tribunal de apelación. La restricción supuso una nueva vuelta de tuerca más a las dificultades impuestas por la Administración en los últimos meses para poder solicitar asilo en EE UU, entre ellas que haber sufrido violencia doméstica o de pandillas no es motivo suficiente para pedir protección. En caso de estar plenamente en vigor, la medida habría afectado a las cerca de 70.000 personas que cada año piden asilo en EE UU tras no haber entrado al país en un cruce fronterizo oficial.
Trump justificó la restricción al asilo en motivos de seguridad nacional. Es el mismo argumento que empleó en enero de 2017 cuando prohibió la entrada a EE UU a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. La Justicia tumbó ese veto y forzó al presidente a presentar dos versiones más rebajadas. La disputa acabó en el Tribunal Supremo, que el pasado junio apoyó a Trump y consideró legal su última versión de veto migratorio.
La Justicia, tanto de primera instancia como de apelaciones, también ha tumbado en las últimas semanas el intento de Trump de permitir la deportación de los llamados dreamers (soñadores), inmigrantes indocumentados que llegaron de niños a EE UU. La pugna también se encamina al Supremo, donde los cinco jueces conservadores ostentan la mayoría (frente a cuatro progresistas), lo que puede acabar beneficiando a Trump.
Terminales y autopartistas perdieron 4500 puestos de trabajo
Las automotrices, de reversa
El Gobierno planteó el objetivo de producir un millón de vehículos al año, pero el sector tiene más de la mitad de sus maquinarias inactivas. Desde que gobierna Macri, bajaron la actividad y las ventas de autos nacionales.
En comparación con 2015, la producción de vehículos registra este año una caída de 40 mil unidades.
El bloque automotor perdió en los últimos tres años 4469 puestos de trabajo, lo que equivale al 5,5 por ciento de su plantilla laboral. Esa merma se explica casi en partes iguales por el empleo en la fabricación de componentes a cargo de los autopartistas como de vehículos terminados por parte de las terminales radicadas en el país. El deterioro del empleo es el resultado de la caída de la producción, de las ventas al mercado interno y el aumento del peso de los autos importados en el ámbito local.
Según datos calculados por el CEPA, el bloque automotor (auopartistas y automotrices) registró en su actual conformación un pico de empleo en 2012, con un total de 88.663 trabajadores registrados. En el primer trimestre de 2015, ese número se ubicaba en 81.011 empleados y a principios de este año bajó hasta los 76.542 trabajadores. Eso da una pérdida de 4469 puestos, que se profundizó con el estallido de la crisis económica desde el segundo trimestre. Las estadísticas mensuales de Adefa, entidad que agrupa a las automotrices, muestran caídas interanuales en el nivel de producción de unidades del 20,6 por ciento en septiembre y del 11,8 en octubre.
En relación a los primeros diez meses de 2015, la producción de autos registra una caída del 11,5 por ciento que se descompone de la siguiente manera: en enero-octubre de 2016 hubo una baja del 16,4 por ciento, luego en el mismo período de 2017, un alza del 15,9 por ciento, y en los diez primeros meses de este año, un incremento del 3,7 por ciento. Se produjeron 449.694 unidades entre enero y octubre de 2015 y 409.366 este año. La caída de la producción de unos 40 mil vehículos en el período analizado podría haber sido peor si no fuera por las exportaciones, que avanzaron en unas 10 mil unidades, al ubicarse en 210.472 unidades en diez meses de 2015 y en 220.365 en el mismo período de 2018.
También las ventas en el mercado interno avanzaron de manera positiva, al pasar de 500.953 unidades entre enero y octubre de 2015 a 600.303 vehículos en los primeros diez meses de este año, según datos de Adefa. Sin embargo, la política de apertura comercial generó un fuerte desplazamiento de vehículos nacionales en favor de los importados. Se trata de unos 100 mil vehículos más que las terminales vendieron en el mercado local pero el ingreso de importados redujo el mercado disponible para los nacionales: la venta de unidades fabricadas localmente se redujo en más de 60 mil unidades, ya que cayeron de 233.273 en diez meses de 2015 a 170.576 unidades. En cambio, los autos importados por las propias terminales, unidades provenientes principalmente de Brasil, ascendieron de 267 mil vehículos en diez meses de 2015 a 430 mil unidades este año (un avance de 170 mil vehículos en la comparación punta a punta).
"La participación de las importaciones sobre las ventas totales pasó del 53,8 por ciento en 2015 al 71,7 por ciento este año, es decir, casi 20 puntos porcentuales en tan sólo tres años, lo que implica un claro reemplazo de producción nacional por importada", indica el informe del CEPA.
Según los datos del Indec, el sector automotor está utilizando apenas el 44 por ciento de su capacidad instalada. Días atrás, el líder del Smata, Ricardo Pignanelli, advirtió que si no hay un cambio de tendencia, corre peligro el 15 por ciento de la plantilla de las automotrices. A nivel empresa, Fiat abrió retiros voluntarios en su planta de Córdoba y hasta el 20 de diciembre trabaja sólo tres días a la semana, similar al esquema adoptado por General Motors. Ford también cerrará líneas de producción en diciembre y hay recortes de trabajo en Peugeot y Renault.
El Gobierno planteó el objetivo de producir un millón de vehículos al año, pero el sector tiene más de la mitad de sus maquinarias inactivas. Desde que gobierna Macri, bajaron la actividad y las ventas de autos nacionales.
En comparación con 2015, la producción de vehículos registra este año una caída de 40 mil unidades.
El bloque automotor perdió en los últimos tres años 4469 puestos de trabajo, lo que equivale al 5,5 por ciento de su plantilla laboral. Esa merma se explica casi en partes iguales por el empleo en la fabricación de componentes a cargo de los autopartistas como de vehículos terminados por parte de las terminales radicadas en el país. El deterioro del empleo es el resultado de la caída de la producción, de las ventas al mercado interno y el aumento del peso de los autos importados en el ámbito local.
Según datos calculados por el CEPA, el bloque automotor (auopartistas y automotrices) registró en su actual conformación un pico de empleo en 2012, con un total de 88.663 trabajadores registrados. En el primer trimestre de 2015, ese número se ubicaba en 81.011 empleados y a principios de este año bajó hasta los 76.542 trabajadores. Eso da una pérdida de 4469 puestos, que se profundizó con el estallido de la crisis económica desde el segundo trimestre. Las estadísticas mensuales de Adefa, entidad que agrupa a las automotrices, muestran caídas interanuales en el nivel de producción de unidades del 20,6 por ciento en septiembre y del 11,8 en octubre.
En relación a los primeros diez meses de 2015, la producción de autos registra una caída del 11,5 por ciento que se descompone de la siguiente manera: en enero-octubre de 2016 hubo una baja del 16,4 por ciento, luego en el mismo período de 2017, un alza del 15,9 por ciento, y en los diez primeros meses de este año, un incremento del 3,7 por ciento. Se produjeron 449.694 unidades entre enero y octubre de 2015 y 409.366 este año. La caída de la producción de unos 40 mil vehículos en el período analizado podría haber sido peor si no fuera por las exportaciones, que avanzaron en unas 10 mil unidades, al ubicarse en 210.472 unidades en diez meses de 2015 y en 220.365 en el mismo período de 2018.
También las ventas en el mercado interno avanzaron de manera positiva, al pasar de 500.953 unidades entre enero y octubre de 2015 a 600.303 vehículos en los primeros diez meses de este año, según datos de Adefa. Sin embargo, la política de apertura comercial generó un fuerte desplazamiento de vehículos nacionales en favor de los importados. Se trata de unos 100 mil vehículos más que las terminales vendieron en el mercado local pero el ingreso de importados redujo el mercado disponible para los nacionales: la venta de unidades fabricadas localmente se redujo en más de 60 mil unidades, ya que cayeron de 233.273 en diez meses de 2015 a 170.576 unidades. En cambio, los autos importados por las propias terminales, unidades provenientes principalmente de Brasil, ascendieron de 267 mil vehículos en diez meses de 2015 a 430 mil unidades este año (un avance de 170 mil vehículos en la comparación punta a punta).
"La participación de las importaciones sobre las ventas totales pasó del 53,8 por ciento en 2015 al 71,7 por ciento este año, es decir, casi 20 puntos porcentuales en tan sólo tres años, lo que implica un claro reemplazo de producción nacional por importada", indica el informe del CEPA.
Según los datos del Indec, el sector automotor está utilizando apenas el 44 por ciento de su capacidad instalada. Días atrás, el líder del Smata, Ricardo Pignanelli, advirtió que si no hay un cambio de tendencia, corre peligro el 15 por ciento de la plantilla de las automotrices. A nivel empresa, Fiat abrió retiros voluntarios en su planta de Córdoba y hasta el 20 de diciembre trabaja sólo tres días a la semana, similar al esquema adoptado por General Motors. Ford también cerrará líneas de producción en diciembre y hay recortes de trabajo en Peugeot y Renault.
Crisis en Cambiemos;suspenden sesiones en el Congreso por la crisis de Cambiemos en la Magistratura
La UCR acusó al Gobierno de impericia y el macrismo reaccionó. Diputados evalúa reunirse el martes y en el Senado no hay fecha.
La dura interna en Cambiemos desatada por la pérdida de un diputado en el Consejo de la Magistratura obligó a sus referentes parlamentarios a suspender las sesiones previstas para este miércoles en ambas Cámaras de Congreso.
Iban a ser las últimas reuniones ordinarias del año, pensadas para aprobar proyectos pendientes y acordados por todas las fuerzas políticas, pero deberán esperar.
En Diputados las heridas entre Cambiemos y la oposición no haría fácil que las autoridades de los bloques negocien un dictamen y menos aún tras el faltazo de la UCR a la reunión de Gabinete, después de un duro comunicado en el que acusaron de "impericia" a los operadores de la Casa Rosada.
"No sé cómo se les ocurre a ellos que nosotros podríamos haber evitado esos votos de la oposición, cómo podríamos haber hecho para evitar que se unieran distintos bloques y votaran en común acuerdo", respondió el diputado del PRO Pablo Tonelli, elegido en la Magistratura.
El peor clima es en Diputados, donde el radicalismo por primera vez no tendrá representantes en la Magistratura. Hubo reunión de bloque esta tarde y todos los cañones apuntaron contra Rogelio Frigerio por sus coqueteos con el peronismo.
Los diputados radicales se reunieron a hacer catarsis y apuntaron contra Frigerio, por sus coqueteos con el peronismo. Podría haber extraordinarias en ambas Cámaras.
"Ya no confiamos en la conducción política del Gobierno. No se puede negociar el presupuesto, ceder recursos y luego perder dos cargos claves en la Magistratura", coincidieron. Tampoco entienden bien qué pasó en el Senado, donde siendo el interbloque más numeroso, Cambiemos seguirá con uno de los tres representantes en el organismo.
Los radicales no aceptan que el ministro dialogue con peronistas locales en provincias como La Rioja y Tucumán, donde la UCR tiene sus figuras listas para destronar a los gobernadores. "Nadie nos preguntó", repetían.
En Diputados, mañana iba a sancionarse el aumento de bienes personales, con los cambios digitados en el Senado que este martes tuvieron dictamen en la Comisión de Presupuesto, presidida por el macrista Luciano Laspina.
No hay acuerdo para aprobar la baja de los impuestos a las cooperativas, consensuada por todos los bloques del Senado. Lobbystas de Córdoba y Santa Fe ya recorren despachos para activarla.
Monzó especulaba con llamar a sesión el martes, pero no será fácil llegar al quórum porque muchos diputados temen no tener vuelos de regreso, por los celosos operativos de seguridad del G20.
En este clima de desconfianza cobra fuerza la idea de tratar los últimos temas pendientes en sesiones extraordinarias, la primera semana de diciembre, cuando imaginaba el recinto cerrado.
En el Senado, Cambiemos y el PJ negociaban aprobar este miércoles la ley de financiamiento político, con dictamen hace quince días y que ya empezaron a leer los jefes parlamentarios de Diputados para sugerir modificaciones.
Ninguna fuerza política quiere llegar a 2019 sin una ley que regule su financiamiento porque, coinciden, no habrá contador que se atreva a firmar balances.
Federico Pinedo había convocado a una reunión de labor parlamentaria para las 18 de este martes, la postergó para el miércoles a la mañana por la asunción en el Consejo de la Magistratura.
Pero por la noche, los radicales prefirieron suspenderla y el peronismo, en todas sus vertientes, quedó desconcertado y a la espera de mejores noticias.
Especulan con un clásico de los años kirchneristas: las extraordinarias en el Senado para aprobar acuerdos de jueces y militares en diciembre. Si es necesario, podría agregarse alguna ley. Primero debe ponerse de acuerdo Cambiemos.
La dura interna en Cambiemos desatada por la pérdida de un diputado en el Consejo de la Magistratura obligó a sus referentes parlamentarios a suspender las sesiones previstas para este miércoles en ambas Cámaras de Congreso.
Iban a ser las últimas reuniones ordinarias del año, pensadas para aprobar proyectos pendientes y acordados por todas las fuerzas políticas, pero deberán esperar.
En Diputados las heridas entre Cambiemos y la oposición no haría fácil que las autoridades de los bloques negocien un dictamen y menos aún tras el faltazo de la UCR a la reunión de Gabinete, después de un duro comunicado en el que acusaron de "impericia" a los operadores de la Casa Rosada.
"No sé cómo se les ocurre a ellos que nosotros podríamos haber evitado esos votos de la oposición, cómo podríamos haber hecho para evitar que se unieran distintos bloques y votaran en común acuerdo", respondió el diputado del PRO Pablo Tonelli, elegido en la Magistratura.
El peor clima es en Diputados, donde el radicalismo por primera vez no tendrá representantes en la Magistratura. Hubo reunión de bloque esta tarde y todos los cañones apuntaron contra Rogelio Frigerio por sus coqueteos con el peronismo.
Los diputados radicales se reunieron a hacer catarsis y apuntaron contra Frigerio, por sus coqueteos con el peronismo. Podría haber extraordinarias en ambas Cámaras.
"Ya no confiamos en la conducción política del Gobierno. No se puede negociar el presupuesto, ceder recursos y luego perder dos cargos claves en la Magistratura", coincidieron. Tampoco entienden bien qué pasó en el Senado, donde siendo el interbloque más numeroso, Cambiemos seguirá con uno de los tres representantes en el organismo.
Los radicales no aceptan que el ministro dialogue con peronistas locales en provincias como La Rioja y Tucumán, donde la UCR tiene sus figuras listas para destronar a los gobernadores. "Nadie nos preguntó", repetían.
En Diputados, mañana iba a sancionarse el aumento de bienes personales, con los cambios digitados en el Senado que este martes tuvieron dictamen en la Comisión de Presupuesto, presidida por el macrista Luciano Laspina.
No hay acuerdo para aprobar la baja de los impuestos a las cooperativas, consensuada por todos los bloques del Senado. Lobbystas de Córdoba y Santa Fe ya recorren despachos para activarla.
Monzó especulaba con llamar a sesión el martes, pero no será fácil llegar al quórum porque muchos diputados temen no tener vuelos de regreso, por los celosos operativos de seguridad del G20.
En este clima de desconfianza cobra fuerza la idea de tratar los últimos temas pendientes en sesiones extraordinarias, la primera semana de diciembre, cuando imaginaba el recinto cerrado.
En el Senado, Cambiemos y el PJ negociaban aprobar este miércoles la ley de financiamiento político, con dictamen hace quince días y que ya empezaron a leer los jefes parlamentarios de Diputados para sugerir modificaciones.
Ninguna fuerza política quiere llegar a 2019 sin una ley que regule su financiamiento porque, coinciden, no habrá contador que se atreva a firmar balances.
Federico Pinedo había convocado a una reunión de labor parlamentaria para las 18 de este martes, la postergó para el miércoles a la mañana por la asunción en el Consejo de la Magistratura.
Pero por la noche, los radicales prefirieron suspenderla y el peronismo, en todas sus vertientes, quedó desconcertado y a la espera de mejores noticias.
Especulan con un clásico de los años kirchneristas: las extraordinarias en el Senado para aprobar acuerdos de jueces y militares en diciembre. Si es necesario, podría agregarse alguna ley. Primero debe ponerse de acuerdo Cambiemos.
Trump está logrando que China pague la mayor parte del costo de la guerra comercial
Así lo muestra un estudio realizado por investigadores de la Unión Europea
La estrategia de presión comercial de Donald Trump parece estar dando resultado
El presidente Donald Trump está logrando que China pague la mayor parte del costo de su guerra comercial, de acuerdo con un reciente artículo de EconPol Europe, una red de investigadores de la Unión Europea.
Esto debido a que las empresas y los consumidores estadounidenses solo pagarán un 4,5% más después de que el país impusiera aranceles del 25% sobre u$s250.000 millones de productos chinos, mientras que el otro 20,5% del gravamen recaerá sobre los productores chinos, según los autores, Benedikt Zoller-Rydzek y Gabriel Felbermayr.
La disputa comercial entre Estados Unidos y China está mostrando escasos signos de disminuir mientras los líderes de las dos naciones se preparan para reunirse en Argentina este mes. Según Zoller-Rydzek y Felbermayr, los aranceles harán lo que Trump buscaba: reducirán las importaciones estadounidenses de productos chinos afectados en más de un tercio y disminuirán el déficit comercial bilateral en un 17 por ciento.
La administración Trump seleccionó productos con la más alta "elasticidad de precios" o alta disponibilidad de sustitutos, según Zoller-Rydzek y Felbermayr. Los productos chinos afectados por los aranceles de Trump pueden ser reemplazados en su mayoría por otros bienes, lo que obliga a los exportadores a reducir los precios de venta para mantener a los compradores.
"A través de su elección estratégica de productos chinos, el gobierno de EE.UU. no sólo pudo minimizar los efectos negativos sobre los consumidores y las empresas estadounidenses sino también generar importantes mejoras netas en el bienestar en EE.UU.", escribieron los investigadores.
EE.UU. tiene previsto aumentar los aranceles sobre el tramo más grande de bienes por u$s200.000 millones de un 10% a un 25% a partir del 1 de enero. En represalia, China aplicó aranceles a u$s110.000 millones en importaciones provenientes de EE.UU. y puso fin a su compra de exportaciones agrícolas estadounidenses clave, incluyendo la soja.
Dado que los costos económicos recayeron sobre China, los impuestos estadounidenses llevarán a una ganancia neta de u$s18.400 millones para el gobierno de EE.UU., escribieron los investigadores.
La estrategia de presión comercial de Donald Trump parece estar dando resultado
El presidente Donald Trump está logrando que China pague la mayor parte del costo de su guerra comercial, de acuerdo con un reciente artículo de EconPol Europe, una red de investigadores de la Unión Europea.
Esto debido a que las empresas y los consumidores estadounidenses solo pagarán un 4,5% más después de que el país impusiera aranceles del 25% sobre u$s250.000 millones de productos chinos, mientras que el otro 20,5% del gravamen recaerá sobre los productores chinos, según los autores, Benedikt Zoller-Rydzek y Gabriel Felbermayr.
La disputa comercial entre Estados Unidos y China está mostrando escasos signos de disminuir mientras los líderes de las dos naciones se preparan para reunirse en Argentina este mes. Según Zoller-Rydzek y Felbermayr, los aranceles harán lo que Trump buscaba: reducirán las importaciones estadounidenses de productos chinos afectados en más de un tercio y disminuirán el déficit comercial bilateral en un 17 por ciento.
La administración Trump seleccionó productos con la más alta "elasticidad de precios" o alta disponibilidad de sustitutos, según Zoller-Rydzek y Felbermayr. Los productos chinos afectados por los aranceles de Trump pueden ser reemplazados en su mayoría por otros bienes, lo que obliga a los exportadores a reducir los precios de venta para mantener a los compradores.
"A través de su elección estratégica de productos chinos, el gobierno de EE.UU. no sólo pudo minimizar los efectos negativos sobre los consumidores y las empresas estadounidenses sino también generar importantes mejoras netas en el bienestar en EE.UU.", escribieron los investigadores.
EE.UU. tiene previsto aumentar los aranceles sobre el tramo más grande de bienes por u$s200.000 millones de un 10% a un 25% a partir del 1 de enero. En represalia, China aplicó aranceles a u$s110.000 millones en importaciones provenientes de EE.UU. y puso fin a su compra de exportaciones agrícolas estadounidenses clave, incluyendo la soja.
Dado que los costos económicos recayeron sobre China, los impuestos estadounidenses llevarán a una ganancia neta de u$s18.400 millones para el gobierno de EE.UU., escribieron los investigadores.
Por el freno de la actividad, cae la producción de acero
La producción de acero crudo alcanzó las 446.200 toneladas en octubre último, apenas 0,2% por debajo de la de igual mes del año pasado, informó hoy la Cámara Argentina del Acero.
Según esa entidad, el resultado de octubre fue 2,6% superior al registrado en septiembre de este año, cuando había llegado a las 434.700 toneladas.
Por su parte, la producción de hierro primario durante octubre fue de 334.300 toneladas, un 3,2% superior a la de septiembre, pero 3,7% menor a la de igual mes de 2017.
En un comunicado, la entidad empresaria puntualizó que el segmento de la construcción "muestra alineamiento con la caída general del nivel de actividad. Se continúa despachando productos para obras en ejecución. La actividad privada se focaliza en ampliaciones y viviendas unifamiliares".
Además, indicó que el segmento automotriz "tuvo un buen comienzo de año, pero con caída de producción en los últimos meses. No obstante, la producción acumulada a octubre registra un incremento de 3,7%. La exportación es la apuesta del sector, con un incremento del 27,9%".
Por su parte, el segmento de maquinaria e implementos agrícolas "continúa afectado negativamente en su nivel de actividad, impactado por la baja de la demanda y a la espera que la nueva cosecha mejore las expectativas", reportó el informe.
Y añadió que el sector de la energía "continúa traccionando la demanda de manera sostenida, direccionada a continuas inversiones en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta y convencionales de las demás áreas".
En tanto, el sector de la línea blanca "es uno de los más afectados por pérdida de poder adquisitivo y falta de financiamiento. La proyección de corto plazo no es alentadora, pero no se prevé una mayor caída. El efecto de la devaluación y suba de aranceles (de 20% a 35%) para productos de lavado y refrigeración podría generar una rápida recuperación de la industria en cuanto repunte la economía", según el documento.
En este marco, la Cámara del Acero señaló que la industria global y regional "sigue viéndose afectada por el exceso de capacidad instalada, donde China es el mayor contribuyente a esa problemática".
"Más aún: la puesta en marcha de la Resolución 232 que impone tasas sobre el acero por parte de Estados Unidos, acentúa las preocupaciones por el desvío de comercio hacia Latinoamérica".
La Fed anticipó que continuará con la suba de tasas
Habló John Williams
Uno de los más influyentes miembros de la Reserva Federal dijo el lunes que estima que el ciclo de alzas graduales de las tasas de interés continuará en la reunión del próximo mes, con el objetivo de prolongar la expansión económica de Estados Unidos.
"Lo que nosotros vamos a hacer durante la próxima reunión de política monetaria del FOMC (sigla en inglés del Comité Federal de Mercado Abierto) (...) vamos a encontrar un camino gradual de la política monetaria hacia un nivel más normal de tasas de interés", dijo el presidente del banco de la Fed de Nueva York, John Williams, citado por la agencia Reuters.
"Las tasas todavía están muy bajas. Las hemos elevado pero están todavía a un nivel muy bajo", señaló el funcionario. "Queremos mantener esta expansión el mayor tiempo posible", agregó.
En su última reunión, el Banco Central de Estados Unidos decidió mantener las tasas en los niveles actuales, pero dejaron la puerta abierta a nuevas alzas, que podrían concretarse el 18 y 19 de diciembre cuando tenga lugar el nuevo encuentro.
Los mercados están atentos a los pases que de la Fed en torno a las tasas de interés, y ponen atención a los datos de relevancia de Estados Unidos.
Uno de los más influyentes miembros de la Reserva Federal dijo el lunes que estima que el ciclo de alzas graduales de las tasas de interés continuará en la reunión del próximo mes, con el objetivo de prolongar la expansión económica de Estados Unidos.
"Lo que nosotros vamos a hacer durante la próxima reunión de política monetaria del FOMC (sigla en inglés del Comité Federal de Mercado Abierto) (...) vamos a encontrar un camino gradual de la política monetaria hacia un nivel más normal de tasas de interés", dijo el presidente del banco de la Fed de Nueva York, John Williams, citado por la agencia Reuters.
"Las tasas todavía están muy bajas. Las hemos elevado pero están todavía a un nivel muy bajo", señaló el funcionario. "Queremos mantener esta expansión el mayor tiempo posible", agregó.
En su última reunión, el Banco Central de Estados Unidos decidió mantener las tasas en los niveles actuales, pero dejaron la puerta abierta a nuevas alzas, que podrían concretarse el 18 y 19 de diciembre cuando tenga lugar el nuevo encuentro.
Los mercados están atentos a los pases que de la Fed en torno a las tasas de interés, y ponen atención a los datos de relevancia de Estados Unidos.
Los consumidores relegan artículos de higiene personal por alimentos básicos
Los productos de aseo caen 4,8%; y los alimentos secos suben 5,5%
En lo que se presenta como el gráfico más elocuente de los últimos meses, el consumo masivo dejó de lado la higiene personal y todos los productos de limpieza en octubre, para intentar que el poder adquisitivo alcance los bienes de la canasta básica familiar. De acuerdo con un informe de la consultora Focus Market, al que accedió BAE Negocios, el rubro Higiene (o cuidado personal) cayó 4,8% en octubre interanual en sus ventas, mientras que la cosmética se precipitó un 11,9%; y el cuidado oral, 3,7%; del calzado 19,3%; de la ropa 6,6%; y del hogar y el auto, 9,6 por ciento.
Por otro lado, si bien la recesión ha castigado las compras de congelados (-16,7%) y lácteos (-11,7%), los productos de la canasta básica crecieron 5,5 por ciento, porque se trata de los bienes más elementales para la alimentación. Llama la atención que las ventas de bebidas con alcohol suban fuerte (5,7%), y aunque el consultor Damián Di Pace admitió que no es "psicólogo ni sociólogo para determinarlo", es muy probable que se relacione con la situación angustiante que provocan las crisis económicas en la población.
A falta de dos meses por medir, el 2018 podría ser el peor año de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores desde 2002. El informe de Focus Market, hecho a través de la tecnología Scanntech, asegura que en octubre el consumo cayó 3,1% interanual, y en lo que va del año acumula una caída de 2,8 por ciento. Del lado de los comerciantes, la facturación no acompaña a la inflación. En octubre las ventas fueron 40,1% mayores que un año antes, por lo que quedaron casi cuatro puntos porcentuales por debajo de la suba de precios.
Asimismo, el trabajo remarca que la inflación interanual es de 44,6% y que esto derivó en que "ya hay familias que están en niveles del 50% de incremento de precios" en productos de su canasta básica, señaló Di Pace. Además, la caída tiene otro ingrediente que evidencia la falta de dinero en el bolsillo de la gente.
Según el relevamiento se realizan más compras chicas y más frecuentes. El promedio por cada compra es de 4,38 productos, y es la serie histórica más baja desde que la consultora comenzó las mediciones en el mes de enero de 2017.
Mercado interno
"Las Pymes son altamente dependientes de la actividad en el mercado interno", afirmó Di Pace a este diario, luego de poner en contexto a la economía resaltando que las ventas minoristas han caído un 9,8% en el mes de octubre.
A medida que se fue deteriorando la economía , lo propio hizo el consumo. "Estamos transitando el peor trimestre, de los cuatro trimestres negativos que vamos a tener. Pasamos un trimestre negativo; este sería el segundo y el peor; y nos faltarían dos trimestres más como mínimo", relató el especialista en consumo.
Como adelantó este diario el 1 de noviembre, el consumo masivo en los supermercados y las grandes superficies comerciales cayó un 3 por ciento en octubre interanual, y se espera que la caída sea mayor en los meses de noviembre y diciembre, como quedó claro en las recientes jornadas del retail.
En lo que se presenta como el gráfico más elocuente de los últimos meses, el consumo masivo dejó de lado la higiene personal y todos los productos de limpieza en octubre, para intentar que el poder adquisitivo alcance los bienes de la canasta básica familiar. De acuerdo con un informe de la consultora Focus Market, al que accedió BAE Negocios, el rubro Higiene (o cuidado personal) cayó 4,8% en octubre interanual en sus ventas, mientras que la cosmética se precipitó un 11,9%; y el cuidado oral, 3,7%; del calzado 19,3%; de la ropa 6,6%; y del hogar y el auto, 9,6 por ciento.
Por otro lado, si bien la recesión ha castigado las compras de congelados (-16,7%) y lácteos (-11,7%), los productos de la canasta básica crecieron 5,5 por ciento, porque se trata de los bienes más elementales para la alimentación. Llama la atención que las ventas de bebidas con alcohol suban fuerte (5,7%), y aunque el consultor Damián Di Pace admitió que no es "psicólogo ni sociólogo para determinarlo", es muy probable que se relacione con la situación angustiante que provocan las crisis económicas en la población.
A falta de dos meses por medir, el 2018 podría ser el peor año de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores desde 2002. El informe de Focus Market, hecho a través de la tecnología Scanntech, asegura que en octubre el consumo cayó 3,1% interanual, y en lo que va del año acumula una caída de 2,8 por ciento. Del lado de los comerciantes, la facturación no acompaña a la inflación. En octubre las ventas fueron 40,1% mayores que un año antes, por lo que quedaron casi cuatro puntos porcentuales por debajo de la suba de precios.
Asimismo, el trabajo remarca que la inflación interanual es de 44,6% y que esto derivó en que "ya hay familias que están en niveles del 50% de incremento de precios" en productos de su canasta básica, señaló Di Pace. Además, la caída tiene otro ingrediente que evidencia la falta de dinero en el bolsillo de la gente.
Según el relevamiento se realizan más compras chicas y más frecuentes. El promedio por cada compra es de 4,38 productos, y es la serie histórica más baja desde que la consultora comenzó las mediciones en el mes de enero de 2017.
Mercado interno
"Las Pymes son altamente dependientes de la actividad en el mercado interno", afirmó Di Pace a este diario, luego de poner en contexto a la economía resaltando que las ventas minoristas han caído un 9,8% en el mes de octubre.
A medida que se fue deteriorando la economía , lo propio hizo el consumo. "Estamos transitando el peor trimestre, de los cuatro trimestres negativos que vamos a tener. Pasamos un trimestre negativo; este sería el segundo y el peor; y nos faltarían dos trimestres más como mínimo", relató el especialista en consumo.
Como adelantó este diario el 1 de noviembre, el consumo masivo en los supermercados y las grandes superficies comerciales cayó un 3 por ciento en octubre interanual, y se espera que la caída sea mayor en los meses de noviembre y diciembre, como quedó claro en las recientes jornadas del retail.
La UIA analiza un plan de crisis y no ve recuperación en el horizonte
Hoy se reúne el Comité Ejecutivo de la UIA, preocupado por las pymes
Los industriales anticiparon que la recesión que afecta a la producción manufacturera se extenderá durante el 2019. La crítica situación será analizada hoy por el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina ( UIA), en donde buscarán poner de manifiesto la necesidad de implementar un plan de acción para salvaguardar a las empresas en crisis para evitar un achicamiento o el cierre definitivo de las plantas.
Según los intercambios que mantuvieron los principales referentes fabriles del país, "habrá un punto de inflexión este fin de año para muchos establecimientos porque deberán decidir entre continuar con cero rentabilidad y la posibilidad quiebra, o el cierre definitivo". No sólo hubo anticipo de vacaciones, sino que varias pymes decidieron extender el período de receso laboral como paso previo al achique de sus plantas.
"Las fábricas están trabajando con aportes de ahorro porque no se cobra y hay fortuna en la calle, con muchos cheques rechazados. Es el final de la situación económica", se lamentó uno de los nueve vicepresidente que integran el Comité de la UIA. Según esa fuente, "el Gobierno sabe que va a levantar porque decidió aplicar esta política".
No sorprendieron las declaraciones del dirigente salteño José Urtubey, quien además de alertar que el próximo presidente afrontará una situación industrial peor que en 2015, reclamó "empezar a pasar a un modo productivo, no financiero". "Este programa es de un violento ajuste, la pregunta es quiénes llegan al año que viene. Hay que prender los motores del desarrollo", sostuvo.
En el caso del sector del Calzado, hay una fuerte crisis. Anunciaron el cierre de la empresa Paquetá -proveedora de Adidas- en Chivilcoy que dejará en la calle a 700 empleados. En El Dorado hubo un recorte de 50 trabajares. Mientras que la ciudad de Coronel Suárez, en donde había 4.000 puestos de trabajo en 2007, en la actualidad quedaron 600.
Los industriales anticiparon que la recesión que afecta a la producción manufacturera se extenderá durante el 2019. La crítica situación será analizada hoy por el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina ( UIA), en donde buscarán poner de manifiesto la necesidad de implementar un plan de acción para salvaguardar a las empresas en crisis para evitar un achicamiento o el cierre definitivo de las plantas.
Según los intercambios que mantuvieron los principales referentes fabriles del país, "habrá un punto de inflexión este fin de año para muchos establecimientos porque deberán decidir entre continuar con cero rentabilidad y la posibilidad quiebra, o el cierre definitivo". No sólo hubo anticipo de vacaciones, sino que varias pymes decidieron extender el período de receso laboral como paso previo al achique de sus plantas.
"Las fábricas están trabajando con aportes de ahorro porque no se cobra y hay fortuna en la calle, con muchos cheques rechazados. Es el final de la situación económica", se lamentó uno de los nueve vicepresidente que integran el Comité de la UIA. Según esa fuente, "el Gobierno sabe que va a levantar porque decidió aplicar esta política".
No sorprendieron las declaraciones del dirigente salteño José Urtubey, quien además de alertar que el próximo presidente afrontará una situación industrial peor que en 2015, reclamó "empezar a pasar a un modo productivo, no financiero". "Este programa es de un violento ajuste, la pregunta es quiénes llegan al año que viene. Hay que prender los motores del desarrollo", sostuvo.
En el caso del sector del Calzado, hay una fuerte crisis. Anunciaron el cierre de la empresa Paquetá -proveedora de Adidas- en Chivilcoy que dejará en la calle a 700 empleados. En El Dorado hubo un recorte de 50 trabajares. Mientras que la ciudad de Coronel Suárez, en donde había 4.000 puestos de trabajo en 2007, en la actualidad quedaron 600.
En los últimos 100 días la nafta Súper aumentó 32% en dólares
Podría titularse "100 días para no enamorarse" del surtidor, pero esto no es ficción televisiva. En los últimos 100 días los precios de la nafta Súper de la Argentina aumentaron más de 32,56%, según el último relevamiento de la consultora internacional Global Petrol Price (GPP).
El reporte al que accedió ámbito.com indica que del 13 de agosto al 20 de noviembre, el valor del combustible de grado medio sin plomo trepó de u$s 0,86 a u$s 1,14. En 100 días el costos de llenar un tanque de un vehículo de 55 litros promedio subió de u$s 47,30 a u$s 62,70.
Con los últimos ajustes en los surtidores el país se acercó al nivel general de precios del mundo: u$s 1,15. En pesos, el litro de la nafta más barata se incrementó de $ 30,72 a $ 41,10, un 33,79% más según Global.
En el caso del diésel común, el litro en dólares aumentó idéntico porcentaje 32,43% para el mismo período: pasó de u$s 0,74 en agosto a u$s 0,98 en la actualidad. En pesos, la escalda fue de $ 26,55 a $ 35,29, un 32,92%.
GPP mide y analiza los precios de gasolinas y diésel de 103 países, que representan más del 90% del consumo mundial de productos derivados del petróleo. Son socios de Bloomberg y alimentan su base de datos con información precisa de fuentes estatales y privadas de cada nación. El estudio lo dirige el doctor en Economía, Neven Valev, experto en investigación económica internacional.
En Cecha, la principal confederación de estaciones de servicio, ya no hay motivos para que el combustible se siga encareciendo en la Argentina. "No hay explicación para continuar diciendo que hay desfasaje", sostuvieron voceros de la entidad a este medio. Calculan que con la divisa a $ 37,10 el litro de súper debería estar en u$s 1,08, por debajo del promedio de Global.
La semana pasada Shell y Axion dieron marcha atrás con los últimos retoques en el surtidor. Reconocieron que las subas de hasta 12% de principios de mes los dejaban en offside frente a los precios del principal jugador del mercado local, la estatal YPF.
Sin embargo, la Secretaría de Energía habilitó en los últimos días un aumento de los biocombustibles, que se mezclan 12% con naftas y 10% con gasoil, y se espera un nuevo impuestazo según la inflación oficial del INDEC, que presionarán en el valor final de los productos.
El aumento para el impuesto a los combustibles y para el que grava la emisión de dióxido de carbono será del 14,08%, debido a que el IPC fue del 3,1% en julio, 3,9% en agosto y 6,5% en septiembre. En el caso del gasoil, el aumento será de 68 centavos por litro, lo que representa un 2% de aumento en el precio final del gasoil común de YPF, mientras que para las naftas, será de $ 1,02 por litro, 2,7% más sobre el valor actual en el surtidor para la súper de la misma petrolera.
Desde el Ministerio de Hacienda coincidieron con Cecha y aseguraron que no existen razones para otra alza antes de fin de año, al margen del impuestazo y los biocombustibles. El crudo Brent -de referencia para el país- se mantiene en baja, alrededor de u$s 66 el barril, y el tipo de cambio oscila entre $ 36 y $ 37, lejísimos de la frontera más alta permitida por el Banco Central antes de actuar de $ 44. "Las petroleras no tienen ningún margen para aumentar el precio, más bien deberían evaluar la posibilidad de volver a reducirlos", enfatizaron desde Economía.
Schmid: "Si el bono de fin de año paga impuesto a las Ganancias, nos están tomando de pelotudos"
El dirigente gremial aclaró que el bono "es insuficiente" pero defendió el acuerdo al que llegó la conducción de la CGT con el Gobierno nacional.
El dirigente sindical de la CATT, Juan Carlos Schmid, relativizó la decisión de la CGT de no convocar a un paro general hasta fin de año ya que llegaron al acuerdo con el Gobierno nacional de que se otorgue un bono de 5 mil pesos para apalear la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores por la inflación y la devaluación. No obstante, cuestionó que el bono pague ganancias.
“Si el bono paga (impuesto a las ) Ganancias, nos están tomando de pelotudos”, arremetió el ex Triunviro en diálogo con Navarro 2019 por El Destape Radio.
Y advirtió: “Que yo sepa la CGT nunca lanzó el paro porque para lanzarlo se debe reunir el Consejo Directivo y si eso no lo hizo con anterioridad, no tenía que levantar nada porque no estaba aceptado dentro del Consejo”.
Asimismo, explicó uno de los motivos que lo llevó a dejar el Consejo Directivo de la central obrera: “Me fui por las tomas de decisiones al interior de la central obrera y otras cuestiones que tienen el peso fundamental de las grandes organizaciones sindicales”.
Apuntó que en su momento “había manifestado que se debía convocar al comité central confederal para que se diga todo lo que se tenía que decir y si había compañeros que no estaban de acuerdo con la conducción, que lo digan abiertamente y no que anduvieran dando vueltas con que pararon la reforma laboral, con que eran duros y que son blando”.
En tanto, consideró que el “bono es absolutamente insuficiente” pero replicó que “para eso habría que pedir un bono del 200% y no pueden pagar el de 5 mil, menos podrán pagar el de 200” y arremetió que “¿alguien puede creer que en este modelo económico pueden surgir soluciones integrales”.
El dirigente sindical de la CATT, Juan Carlos Schmid, relativizó la decisión de la CGT de no convocar a un paro general hasta fin de año ya que llegaron al acuerdo con el Gobierno nacional de que se otorgue un bono de 5 mil pesos para apalear la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores por la inflación y la devaluación. No obstante, cuestionó que el bono pague ganancias.
“Si el bono paga (impuesto a las ) Ganancias, nos están tomando de pelotudos”, arremetió el ex Triunviro en diálogo con Navarro 2019 por El Destape Radio.
Y advirtió: “Que yo sepa la CGT nunca lanzó el paro porque para lanzarlo se debe reunir el Consejo Directivo y si eso no lo hizo con anterioridad, no tenía que levantar nada porque no estaba aceptado dentro del Consejo”.
Asimismo, explicó uno de los motivos que lo llevó a dejar el Consejo Directivo de la central obrera: “Me fui por las tomas de decisiones al interior de la central obrera y otras cuestiones que tienen el peso fundamental de las grandes organizaciones sindicales”.
Apuntó que en su momento “había manifestado que se debía convocar al comité central confederal para que se diga todo lo que se tenía que decir y si había compañeros que no estaban de acuerdo con la conducción, que lo digan abiertamente y no que anduvieran dando vueltas con que pararon la reforma laboral, con que eran duros y que son blando”.
En tanto, consideró que el “bono es absolutamente insuficiente” pero replicó que “para eso habría que pedir un bono del 200% y no pueden pagar el de 5 mil, menos podrán pagar el de 200” y arremetió que “¿alguien puede creer que en este modelo económico pueden surgir soluciones integrales”.
La UCR ensancha la grieta en Cambiemos:“Impericia, mala praxis y desidia política”
El radicalismo emitió un duro comunicado en el que reprocha la pérdida de un asiento en el Consejo de la Magistratura y resolvió ausentarse de la reunión de Gabinete ampliado de hoy. Pablo Tonelli, del PRO, pidió que las críticas se hagan "al interior de la alianza" y opinó que fue "perfectamente válido" lo hecho por la oposición.
El presidente Mauricio Macri con el gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo.
El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical emitió un duro comunicado en el que le reprocha al macrismo haber perdido un asiento en el Consejo de la Magistratura a manos del peronismo. “El Radicalismo no puede dejar de mostrar su preocupación”, dice el texto firmado por Alfredo Cornejo, presidente del partido, Luis Naidenoff, titular del Interbloque de Cambiemos en el Senado, y Mario Negri, jefe de la bancada de diputados de la UCR. El diputado del PRO Pablo Tonelli pidió que las críticas se hagan "al interior de la alianza", pero los radicales se ausentaron de la reunión de Gabinete ampliado convocada para esta mañana en la Casa Rosada.
“Lo que nos causa sorpresa y también profundo malestar es la impericia en las filas del propio oficialismo. Fruto de ello, se ha afectado una banca en el Consejo de la Magistratura que representábamos desde su fundación, allá por 1998”, plantearon los radicales y cuestionaron “la impericia, mala praxis y desidia política” de parte de la conducción del oficialismo.
El malestar radical está dirigido especialmente al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y al jefe de Gabinete, Marcos Peña, a quienes señalan como responsables de haber avalado la maniobra opositora como parte de una negociación por el Presupuesto. En su comunicado, la UCR destaca el "enorme esfuerzo político y esencialmente fiscal” en las negociaciones con la oposición, pero reprocha que a la “agenda económica” no se le sumen “temas de agenda institucional que tienen, sobre la economía real, tanto o más impacto que un presupuesto o una ley tributaria”.
El Consejo de la Magistratura quedará formalmente integrado esta tarde cuando sus nuevos miembros presten el juramento de rigor en el Palacio de Tribunales. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, será quien les tome juramento para dar comienzo a una gestión que concluirá en 2022.
El viernes pasado los bloques de diputados del Frente para la Victoria, el Frente Renovador, Argentina Federal y otros sectores de la oposición entablaron un sorpresivo acuerdo para quitarle a Cambiemos un lugar en el Consejo de la Magistratura, una maniobra que replicó la ensayada por el oficialismo para designar a Tonelli en 2015, cuando reunió el apoyo de distintos bloques en vez de computar la mayoría según la bancada que tenía más integrantes propios.
Los opositores sumaron 131 firmas -más de la mitad del cuerpo- en un documento que presentaron ante el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó. En representación de la Cámara de Diputados, asumirán el kirchnerista Eduardo "Wado" de Pedro y la massista Graciela Camaño, en reemplazo del kirchnerista Rodolfo Tailhade y el radical Mario Negri, por lo que el oficialismo pierde un lugar.
Una jugada similar ocurrió en el Senado, cuando el jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, consiguió 27 firmas a favor de su postulación y la de la santiagueña Ada Itúrrez, que responde al gobernador Gerardo Zamora. Cambiemos quedará así como primera minoría, tanto en su representación de senadores como en la de diputados, mientras que la oposición pasó a tener mayoría en ambos casos.
El radicalismo consideró que las distintas ramas del PJ “dejaron por un momento sus diferencias, sus insultos y agravios mutuos, para celebrar un verdadero pacto de impunidad”, pero apuntó sus dardos a la conducción de Cambiemos.
La primera respuesta desde el PRO vino de parte del diputado Pablo Tonelli. "Hubiera preferido que las criticas a la alianza se hubieran hecho hacia el interior de la alianza", dijo Tonelli.
En declaraciones a FM Milenium, planteó que no ve "cuál hubiera sido la manera de impedir la decisión en la Cámara de Diputados" y señaló que "no se puede desconocer la voluntad mayoritaria". "Es un tema que se resolvió en la Cámara de Diputados, no entiendo si hay impericia en el gobierno", subrayó y aseguró que Cambiemos sigue teniendo la mayoría en el Consejo.
El presidente Mauricio Macri con el gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo.
El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical emitió un duro comunicado en el que le reprocha al macrismo haber perdido un asiento en el Consejo de la Magistratura a manos del peronismo. “El Radicalismo no puede dejar de mostrar su preocupación”, dice el texto firmado por Alfredo Cornejo, presidente del partido, Luis Naidenoff, titular del Interbloque de Cambiemos en el Senado, y Mario Negri, jefe de la bancada de diputados de la UCR. El diputado del PRO Pablo Tonelli pidió que las críticas se hagan "al interior de la alianza", pero los radicales se ausentaron de la reunión de Gabinete ampliado convocada para esta mañana en la Casa Rosada.
“Lo que nos causa sorpresa y también profundo malestar es la impericia en las filas del propio oficialismo. Fruto de ello, se ha afectado una banca en el Consejo de la Magistratura que representábamos desde su fundación, allá por 1998”, plantearon los radicales y cuestionaron “la impericia, mala praxis y desidia política” de parte de la conducción del oficialismo.
El malestar radical está dirigido especialmente al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y al jefe de Gabinete, Marcos Peña, a quienes señalan como responsables de haber avalado la maniobra opositora como parte de una negociación por el Presupuesto. En su comunicado, la UCR destaca el "enorme esfuerzo político y esencialmente fiscal” en las negociaciones con la oposición, pero reprocha que a la “agenda económica” no se le sumen “temas de agenda institucional que tienen, sobre la economía real, tanto o más impacto que un presupuesto o una ley tributaria”.
El Consejo de la Magistratura quedará formalmente integrado esta tarde cuando sus nuevos miembros presten el juramento de rigor en el Palacio de Tribunales. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, será quien les tome juramento para dar comienzo a una gestión que concluirá en 2022.
El viernes pasado los bloques de diputados del Frente para la Victoria, el Frente Renovador, Argentina Federal y otros sectores de la oposición entablaron un sorpresivo acuerdo para quitarle a Cambiemos un lugar en el Consejo de la Magistratura, una maniobra que replicó la ensayada por el oficialismo para designar a Tonelli en 2015, cuando reunió el apoyo de distintos bloques en vez de computar la mayoría según la bancada que tenía más integrantes propios.
Los opositores sumaron 131 firmas -más de la mitad del cuerpo- en un documento que presentaron ante el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó. En representación de la Cámara de Diputados, asumirán el kirchnerista Eduardo "Wado" de Pedro y la massista Graciela Camaño, en reemplazo del kirchnerista Rodolfo Tailhade y el radical Mario Negri, por lo que el oficialismo pierde un lugar.
Una jugada similar ocurrió en el Senado, cuando el jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, consiguió 27 firmas a favor de su postulación y la de la santiagueña Ada Itúrrez, que responde al gobernador Gerardo Zamora. Cambiemos quedará así como primera minoría, tanto en su representación de senadores como en la de diputados, mientras que la oposición pasó a tener mayoría en ambos casos.
El radicalismo consideró que las distintas ramas del PJ “dejaron por un momento sus diferencias, sus insultos y agravios mutuos, para celebrar un verdadero pacto de impunidad”, pero apuntó sus dardos a la conducción de Cambiemos.
La primera respuesta desde el PRO vino de parte del diputado Pablo Tonelli. "Hubiera preferido que las criticas a la alianza se hubieran hecho hacia el interior de la alianza", dijo Tonelli.
En declaraciones a FM Milenium, planteó que no ve "cuál hubiera sido la manera de impedir la decisión en la Cámara de Diputados" y señaló que "no se puede desconocer la voluntad mayoritaria". "Es un tema que se resolvió en la Cámara de Diputados, no entiendo si hay impericia en el gobierno", subrayó y aseguró que Cambiemos sigue teniendo la mayoría en el Consejo.
Al final Trump ganó los senadores de la Florida y Georgia
Más de semana y media después y tras finalizar un recuento de votos, los demócratas finalmente reconocieron la derrota en los dos estados.
Una semana y media después de las elecciones intermedias del 6 de noviembre, en Florida y Georgia los demócratas finalmente reconocieron la derrota, aunque no por completo. Andrew Gillum, candidato demócrata a la gubernatura de Florida, primero reconoció la derrota la misma noche de la elección, sin embargo, retiró el anuncio cuando el margen de diferencia de votos con el republicano Ron DeSantis, fue tan cerrado que disparó el recuento de votos automático, regresando la esperanza a los demócratas.
Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, los números no cambiaron demasiado, y al final el conteo cerró con únicamente un voto más para Gillum.
Mientras tanto, el senador demócrata de Florida Andrew Gillum también quedó en una contienda muy cerrada contra su contrincante, el todavía gobernador del estado Rick Scott, quien sí perdió una cantidad importante de votos a la hora del recuento. Su ventaja se redujo de 12,603 a 10,033 votos, pero al final también consiguió derrotar al demócrata.
En Georgia la historia fue más turbia. Desde hace meses hubo protestas porque el oficial encargado de organizar la elección es el secretario de estado en la entidad, nada menos que Brian Kemp, quien también era el candidato republicano a gobernador en la misma elección. Esta situación abrió la puerta a una serie de irregularidades que los demócratas señalaron como una misión para suprimir el voto de las minorías y evitar el triunfo de la demócrata Stacey Abrams, la primera mujer afroamericana en ser nominada a la gubernatura de Georgia.
En vista de lo anterior, la candidata se negó a conceder la victoria de Kemp, pero reconoció que ya no veía una ruta para detener su ascenso al ejecutivo estatal.
"La concesión significa reconocer que una acción es correcta, verdadera o apropiada. Como mujer de conciencia y fe, no puedo conceder", dijo Abrams.
Hoy en entrevista con CNN la demócrata agregó: "La ley como está dice que él recibió un número adecuado de votos para ser el gobernador de Georgia. Pero nosotros sabemos que a veces la ley no hace lo que debería, y a veces que algo sea legal no significa que esté bien".
Todavía hay seis curules en la Asamblea que siguen en juego, y una curul al Senado en Mississippi que se decidirá en unos días. En Georgia, Maine, Nueva York, Texas y Utah todavía se están contando los votos.
Una semana y media después de las elecciones intermedias del 6 de noviembre, en Florida y Georgia los demócratas finalmente reconocieron la derrota, aunque no por completo. Andrew Gillum, candidato demócrata a la gubernatura de Florida, primero reconoció la derrota la misma noche de la elección, sin embargo, retiró el anuncio cuando el margen de diferencia de votos con el republicano Ron DeSantis, fue tan cerrado que disparó el recuento de votos automático, regresando la esperanza a los demócratas.
Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, los números no cambiaron demasiado, y al final el conteo cerró con únicamente un voto más para Gillum.
Mientras tanto, el senador demócrata de Florida Andrew Gillum también quedó en una contienda muy cerrada contra su contrincante, el todavía gobernador del estado Rick Scott, quien sí perdió una cantidad importante de votos a la hora del recuento. Su ventaja se redujo de 12,603 a 10,033 votos, pero al final también consiguió derrotar al demócrata.
En Georgia la historia fue más turbia. Desde hace meses hubo protestas porque el oficial encargado de organizar la elección es el secretario de estado en la entidad, nada menos que Brian Kemp, quien también era el candidato republicano a gobernador en la misma elección. Esta situación abrió la puerta a una serie de irregularidades que los demócratas señalaron como una misión para suprimir el voto de las minorías y evitar el triunfo de la demócrata Stacey Abrams, la primera mujer afroamericana en ser nominada a la gubernatura de Georgia.
En vista de lo anterior, la candidata se negó a conceder la victoria de Kemp, pero reconoció que ya no veía una ruta para detener su ascenso al ejecutivo estatal.
"La concesión significa reconocer que una acción es correcta, verdadera o apropiada. Como mujer de conciencia y fe, no puedo conceder", dijo Abrams.
Hoy en entrevista con CNN la demócrata agregó: "La ley como está dice que él recibió un número adecuado de votos para ser el gobernador de Georgia. Pero nosotros sabemos que a veces la ley no hace lo que debería, y a veces que algo sea legal no significa que esté bien".
Todavía hay seis curules en la Asamblea que siguen en juego, y una curul al Senado en Mississippi que se decidirá en unos días. En Georgia, Maine, Nueva York, Texas y Utah todavía se están contando los votos.
Ante el crecimiento de CFK, Vidal analiza adelantar las elecciones bonaerenses
Solo faltaba un disparador para que las ideas de distintos sectores del oficialismo sobre la ingeniería electoral se convirtieran en un tema de debate en el Gobierno. La unidad entre los diversos peronismos y el kirchnerismo en la Cámara de Diputados para arrebatarle a Cambiemos un lugar en el Consejo de la Magistratura fue el catalizador. Las fechas de las elecciones , especialmente las de la decisiva provincia de Buenos Aires, se encuentran en revisión: ya no se descarta que los comicios del principal distrito oficialista se desdoblen de los nacionales y se adelanten.
La jugada del panperonismo que nadie vio venir en el Gobierno puso también en discusión la conveniencia de la estrategia de la polarización extrema con Cristina Kirchner , que propician como verdad revelada los máximos estrategos electorales de Pro, Marcos Peña y Jaime Durán Barba .
El corrimiento hacia las cercanías cristinistas de distintos actores que hasta hace nada rechazaban cualquier contacto con ella y se inmunizaban a diario para evitar contagios K cambió el panorama. Primero fue el desprendimiento del bloque massista encabezado por Felipe Solá, que reconoció el liderazgo de la expresidenta. Después siguieron los líderes de casi la totalidad de los movimientos sociales. Por último, las alarmas se activaron con el acuerdo por la Magistratura, más allá de lo provisional o puntual que la coincidencia resulte y de que Sergio Massa pretenda que se vea encapsulada.
Fuente: ArchivoEl peronismo es un continente sólido de la política argentina desde hace 70 años, que en muchos pasajes de su historia se torna gaseoso e inflamable, y suele estar poblado de dirigentes líquidos que cuando no están en el poder se mueven de una orilla a otra con singular facilidad y escasos pruritos, alterando la escena pública. Es lo que está ocurriendo en estos días con extrema velocidad. Los sismógrafos de los dirigentes políticamente más sensibles del oficialismo ya lo advirtieron y activaron los planes para hacer frente a la contingencia.
Por eso, han decidido evaluar diversas estrategias y cuestionar el dogma de centralizar en forma absoluta la disputa electoral en Cristina, que estaba dejando casi fuera de carrera por anticipado a los restantes sectores peronistas. A ellos los necesita el oficialismo para mantener repartido el electorado sin correr el riesgo de un juego a todo o nada en medio de las restricciones económicas que imponen la crisis en curso y las cláusulas del Fondo Monetario Internacional.
El tablero en el que se disputa el juego principal es la provincia de Buenos Aires, donde María Eugenia Vidal buscará su reelección y donde tiene su base de sustentación el kirchnerismo, particularmente en ese amplio conurbano profundo reactivo al macrismo.
En el cordón que rodea la "amarilla" ciudad de Buenos Aires es donde Mauricio Macri ha perdido más apoyos y donde más ha crecido el rechazo a su figura después de la corrida cambiaria, de la disparada inflacionaria y de la recesión surgida de los remedios aplicados para contener la crisis.
Vidal, en cambio, no ha sido tan golpeada por la situación económica, aunque su figura esté íntimamente ligada a la imagen y la suerte del Presidente. Dicen en su entorno que tras la pax cambiaria alcanzada con el retroceso de la cotización del dólar, la gobernadora recuperó tres puntos de aceptación y Macri solo uno. Todo un dato para el equipo de la gobernadora.
En este contexto, la figura de Cristina, consolidándose como la gran opositora y diluyendo la figura de los referentes del peronismo no kirchnerista, empieza a ser la referencia ineludible para la gran mayoría de intendentes peronistas que temen perder su territorio si su boleta no va colgada de la que se referencie en la expresidenta, aunque hace años que desean emanciparse.
La opción que asoma en el Gobierno, entonces, para frenar esa deriva casi natural es separar los comicios provinciales, tanto para gobernador como para intendentes, con el objetivo de dar una posibilidad de liberar a los alcaldes de la obligación de trabajar para el proyecto de Cristina. Al mismo tiempo, le devolverían cierta viabilidad al frágil peronismo alternativo naciente, que intentan integrar Massa, Miguel Pichetto, Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey. Herramienta clave para atraer el voto peronista no cristinista, pero sobre todo antimacrista, que por menor que resulte representaría un porcentaje decisivo en una elección apretada.
La propuesta que trataron informalmente en los últimos días representantes de Vidal y de la Casa Rosada tiene varios condicionantes y lejos está aún de definirse. Pero ya nadie la descarta de plano. Por lo pronto, se han dado algunos pasos para posibilitar una evaluación más profunda. El equipo bonaerense se aseguró el compromiso del Ministerio del Interior de demorar hasta finales del primer trimestre de 2019 la fijación del calendario electoral
En la gobernación interpretan que mientras no esté estipulada la fecha de los comicios nacionales, el Poder Ejecutivo provincial puede convocar a elecciones por decreto sin atarse a ese cronograma, de manera de eludir un trámite complicado en la Legislatura. Por eso, el compromiso de Frigerio tiene tanta importancia. Peña, que es como decir Macri, hasta ahora no dio su veredicto.
El atractivo que despierta la jugada también presenta algunos riesgos. De allí, la cautela. Los cálculos de ingeniería electoral no se evalúan con materiales inmutables. Y su eficacia depende de las volubles conductas de los electores, sobre todo en tiempo de crisis.
Si bien los antecedentes refuerzan la teoría de que la boleta del candidato a gobernador, en medio de la fórmula presidencial y de los postulantes a intendente, es la que menos tracciona votos, la potencia de la figura de Vidal pone en cuestión aquella máxima. Es uno de los posibles daños colaterales que analizan en el primer piso de la Casa Rosada. Temen que la ausencia de la gobernadora en la boleta le reste votos a la candidatura de Macri. Sería un pecado imperdonable.
Quienes proponen el adelantamiento bonaerense sostienen que un triunfo de Vidal daría un impulso clave al oficialismo para la elección presidencial y, al mismo tiempo, permitiría diluir las victorias que dan por descontado que obtendrá el peronismo en varias elecciones provinciales que precederán la gran disputa nacional. En este equipo se anotan, con diferentes grados de entusiasmo, Frigerio, el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el jefe de gabinete de Vidal, Federico Salvai. La gobernadora, que hasta hace un par de semanas rechazaba la idea, se avino a analizarla.
En tanto, el primo presidencial Jorge Macri y referentes de los intendentes bonaerenses y de los "sin tierra" que aspiran a ganar algún municipio hoy en manos peronistas volvieron a plantear su proyecto de eliminar las elecciones primarias, simultáneas y obligatorias. Prefieren llevar lo más adelante posible el calendario electoral y no exponerse antes de tiempo. Quizá sea esta la alquimia con menos posibilidades de cuajar. Si el macrismo impulsara esta opción, de compleja realización por el debate legislativo que implicaría, la coalición oficialista entraría en seria crisis. El radicalismo considera las PASO una herramienta útil, que le ha reportado beneficios concretos.
Demasiadas discusiones para un gobierno al que a cada solución le aparece un problema y para una coalición con fisuras que nunca terminan de cerrar.
La derrota para designar a los representantes de los diputados en el Consejo de la Magistratura no hizo más que agravarlas. Los recelos entre radicales y macristas volvieron a encenderse después de que el cordobés Mario Negri quedó fuera del organismo que designa y depone jueces.
Pero los tiempos electorales empiezan a entrar en tiempo de descuento. El laboratorio que conducen Peña y Durán Barba ya trabaja a destajo y amplía el menú de opciones. El cronograma de los comicios de la provincia de Buenos Aires ahora ya es parte de las fórmulas por testear.
Merkel apoya la creación de un ejército europeo para dejar de depender de EEUU
La mandataria solicitó apoyo en momentos en que Trump ataca una vez más la postura de defensa del presidente francés
La canciller alemana Angela Merkel respaldó el llamado del presidente de Francia, Emmanuel Macron, para la creación de un ejército europeo. Con este fin, habló ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo para solicitar una cooperación más estrecha entre los estados miembros de la Unión Europea.
En medio de abucheos de eurodiputados y aplausos de aliados políticos, la mandataria acentuó: "Deberíamos trabajar sobre la visión de crear algún día un verdadero ejército europeo”. El discurso se refirió específicamente a los pedidos del presidente francés de la semana pasada, cuando resaltó la necesidad de un "verdadero ejército europeo" para dejar de depender totalmente de EE.UU.
El discurso de Merkel fue horas después que Donald Trump reiniciara su enfrentamiento con Macron por impulsar una formación militar más estrecha y específica en la UE. Además, la canciller respaldó una cooperación europea mucho más estrecha en materia de defensa.
"Si los europeos queremos sobrevivir como comunidad, debemos tomar nuestro destino de forma más decisiva en nuestras propias manos”, enfatizó Merkel.
Ante los comentarios que detallaron las nuevas propuestas de Macron, el presidente de los Estados Unidos renovó sus ataques por medio de twitter: " Emmanuel Macron sugiere construir su propio ejército para proteger a Europa de EEUU, China y Rusia”.
El plan incluye 17 proyectos que van desde mejorar la logística militar hasta desarrollar un nuevo vínculo de combate de infantería, por lo que Merkel elogió el programa de "cooperación estructurada permanente" (PESCO).
La canciller alemana Angela Merkel respaldó el llamado del presidente de Francia, Emmanuel Macron, para la creación de un ejército europeo. Con este fin, habló ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo para solicitar una cooperación más estrecha entre los estados miembros de la Unión Europea.
En medio de abucheos de eurodiputados y aplausos de aliados políticos, la mandataria acentuó: "Deberíamos trabajar sobre la visión de crear algún día un verdadero ejército europeo”. El discurso se refirió específicamente a los pedidos del presidente francés de la semana pasada, cuando resaltó la necesidad de un "verdadero ejército europeo" para dejar de depender totalmente de EE.UU.
El discurso de Merkel fue horas después que Donald Trump reiniciara su enfrentamiento con Macron por impulsar una formación militar más estrecha y específica en la UE. Además, la canciller respaldó una cooperación europea mucho más estrecha en materia de defensa.
"Si los europeos queremos sobrevivir como comunidad, debemos tomar nuestro destino de forma más decisiva en nuestras propias manos”, enfatizó Merkel.
Ante los comentarios que detallaron las nuevas propuestas de Macron, el presidente de los Estados Unidos renovó sus ataques por medio de twitter: " Emmanuel Macron sugiere construir su propio ejército para proteger a Europa de EEUU, China y Rusia”.
El plan incluye 17 proyectos que van desde mejorar la logística militar hasta desarrollar un nuevo vínculo de combate de infantería, por lo que Merkel elogió el programa de "cooperación estructurada permanente" (PESCO).
Trece provincias confirmaron que no pagarán el bono por el rojo fiscal
Empleados de Buenos Aires, CABA y Córdoba aguardan una definición
Los problemas financieros limitaron el pago del bono provincial
El bono de fin de año no parece tener quórum público al nivel de las provincias. De hecho, 13 jurisdicciones ya explicitaron su postura de no pagarlo y otras tres todavía no se definieron al respecto. Las tres que aún no decidieron son clave ya que se tratan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Así, sólo 8 ya afirmaron que van a sumarse al pago y lo harán por montos que varían entre $3.500 y $10.000 según el caso.
Así, las 8 provincias que lo pagarán son Río Negro, por un total de $3.500; Misiones, por $4.000; La Rioja, también por $4.000; Formosa, por $5.000; La Pampa, por $6.000; Tierra del Fuego, también por $6.000; San Luis, por $9.000; y Santiago del Estero, por $10.000. Por su parte, no recibirán bono de fin de año los empleados públicos de Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Tucumán, Santa Fe, San Juan y Mendoza.
"La mayoría de las provincias ha aplicado una política salarial restrictiva en 2018, con el objeto de mejorar sus cuentas fiscales, en un año en que se aceleró la inflación y con ello los recursos, cuando se los mide en valores nominales. En este contexto, puede ser adecuada la aprobación de un Bono de fin de año, especialmente en provincias que no aplican cláusula gatillo por inflación y que con esta medida eviten renegociar salarios este año, pasando esa instancia para 2019", detalló un informe reciente publicado por la Fundación Mediterránea.
Al tercer trimestre del 2018, detalló el informe, el gasto salarial caía entre 10-15%, en términos reales, en provincias como Misiones Santa Cruz y Chaco. La baja era de entre 5-10% en Río Negro, Chubut, Santa Fe, Mendoza y Tierra del Fuego. Por el contrario, sólo mostraban un mayor gasto en personal, a valor constante, Formosa, La Rioja, Neuquén y San Juan, aunque en ningún caso se trataba de un guarismo superior al 1%.
De las 13 provincias que ya afirmaron que no van a pagar el bono de fin de año, hay cuatro que tienen cláusulas gatillo pendientes. De hecho, Mendoza, San Juan, Santa Fe y Tucumán poseen una instancia de cláusula gatillo que será instrumentada para corregir la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en cada una de estas jurisdicciones.
Hacia el cierre del año se definirá la situación de los trabajadores públicos de la CABA, la Provincia de Buenos Aires y Córdoba. Claramente se trata de tres jurisdicciones clave. Y es que la CABA cuenta con 196.000 funcionarios públicos que serían alcanzados por un potencial otorgamiento del bono. En Córdoba, por su parte, hay aproximadamente 137.000 asalariados que se verían beneficiados. Mientras que en la Provincia de Buenos Aires el alcance es de una masividad incluso superior ya que hay 575.000 empleados públicos que lo cobrarían.
Los problemas financieros limitaron el pago del bono provincial
El bono de fin de año no parece tener quórum público al nivel de las provincias. De hecho, 13 jurisdicciones ya explicitaron su postura de no pagarlo y otras tres todavía no se definieron al respecto. Las tres que aún no decidieron son clave ya que se tratan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Así, sólo 8 ya afirmaron que van a sumarse al pago y lo harán por montos que varían entre $3.500 y $10.000 según el caso.
Así, las 8 provincias que lo pagarán son Río Negro, por un total de $3.500; Misiones, por $4.000; La Rioja, también por $4.000; Formosa, por $5.000; La Pampa, por $6.000; Tierra del Fuego, también por $6.000; San Luis, por $9.000; y Santiago del Estero, por $10.000. Por su parte, no recibirán bono de fin de año los empleados públicos de Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Tucumán, Santa Fe, San Juan y Mendoza.
"La mayoría de las provincias ha aplicado una política salarial restrictiva en 2018, con el objeto de mejorar sus cuentas fiscales, en un año en que se aceleró la inflación y con ello los recursos, cuando se los mide en valores nominales. En este contexto, puede ser adecuada la aprobación de un Bono de fin de año, especialmente en provincias que no aplican cláusula gatillo por inflación y que con esta medida eviten renegociar salarios este año, pasando esa instancia para 2019", detalló un informe reciente publicado por la Fundación Mediterránea.
Al tercer trimestre del 2018, detalló el informe, el gasto salarial caía entre 10-15%, en términos reales, en provincias como Misiones Santa Cruz y Chaco. La baja era de entre 5-10% en Río Negro, Chubut, Santa Fe, Mendoza y Tierra del Fuego. Por el contrario, sólo mostraban un mayor gasto en personal, a valor constante, Formosa, La Rioja, Neuquén y San Juan, aunque en ningún caso se trataba de un guarismo superior al 1%.
De las 13 provincias que ya afirmaron que no van a pagar el bono de fin de año, hay cuatro que tienen cláusulas gatillo pendientes. De hecho, Mendoza, San Juan, Santa Fe y Tucumán poseen una instancia de cláusula gatillo que será instrumentada para corregir la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en cada una de estas jurisdicciones.
Hacia el cierre del año se definirá la situación de los trabajadores públicos de la CABA, la Provincia de Buenos Aires y Córdoba. Claramente se trata de tres jurisdicciones clave. Y es que la CABA cuenta con 196.000 funcionarios públicos que serían alcanzados por un potencial otorgamiento del bono. En Córdoba, por su parte, hay aproximadamente 137.000 asalariados que se verían beneficiados. Mientras que en la Provincia de Buenos Aires el alcance es de una masividad incluso superior ya que hay 575.000 empleados públicos que lo cobrarían.
Berliners have shown how to stop the march of the far right
Opinion
Musa Okwonga
The demise of German fascist group Wir für Deutschland shows that citizens can unite to banish hatred
Something significant has just occurred in Berlin. The far-right group Wir für Deutschland (We for Germany), which has been marching in the capital since 2016, has just announced that it will no longer protest there. Explaining the decision in a frustration-filled statement on Facebook, Wir für Deutschland credited three factors in particular.
First, there was fatigue; it no longer wished to march round in circles, which had been a fitting metaphor for the spiralling hatred of their ethos. Second, there was discomfort: its members had grown tired of being screamed at by anti-fascists. Third, there was the nemesis whose compassion towards refugees had made them take to the streets in the first place. “[Chancellor Angela] Merkel has defeated us,” said Kay Hönicke and Enrico Stubbe, the organisers of the demonstrations. “We must accept that.” Their deflated tone suggests that, for now at least, hate is too much like hard work.
Of course, hope is hard work too. Wir für Deutschland’s efforts were vigorously resisted by several grassroots groups in the city, perhaps the most persistent of which is Berlin gegen Nazis (Berlin Against Nazis), whose members march at least once a week: it hailed the retreat of Wir für Deutschland as “a clear success”. Its achievement cannot be overstated: Wir für Deutschland, at its peak, could raise a crowd of 3,000 extremists to march through the heart of the city. Its final demonstration, by contrast, attracted barely 100.
The demise of this organisation is notable for two reasons. The first is a reminder that citizens across the world, at a time when many may feel powerless, can still come together to make the atmosphere in their towns less toxic. It is frequently said that the majority of people are decent, but that decency is worth nothing if it remains silent. In this case, we have seen what happens when the majority chooses to speak up. Second, and most crucially, it disrupts the narrative that the rise of the far right is inevitable.
Thousands turn out for Chemnitz anti-racism rock concert
That account is one that the far right has been understandably keen to push, with its videos amassing millions of views on YouTube and its string of international conferences. Yet some of the most critical confrontations are arguably not taking place online or in debating chambers, but in public. And in Berlin, as in Charlottesville, we have seen the same pattern: of the far-right mobilising large numbers, only to meet with the resistance of vast crowds, drawn from diverse and mutually supportive groups.
In the German context, this resistance seems to be reverberating at a political level. In the 2017 general election, the AfD (Alternative for Germany) party took an unprecedented 12.6% of the vote, and by now might have expected to be riding yet higher in the polls. Yet it is the Greens, with a pro-immigration and pro-environment stance, who have instead enjoyed such a surge. They now stand at 22% in the polls, making them the second-most popular party in Germany behind the Christian Democratic Union, or CDU.
What is driving this progressive revival? Well, at both political and street level, the answers appear to be the same: a clear, positive vision of the future, and an endless supply of patience. And the results have been encouraging. In the last few months, Berlin has seen anti-racism marches of 70,000 and 240,000 people; and in Chemnitz, to counter a protest of 6,000 extremists, 65,000 attended an anti-racism concert. German social media marked the latter of these events with the defiant hashtag Wir Sind Mehr (We Are More).
Yet Anetta Kahane, chairwoman of the Amadeu Antonio Foundation, warns against complacency. “We should start a campaign called ‘We are more, but not enough’,” she says. The challenges, particularly in rural areas, remain substantial – and so, while a presence on the streets is essential, it must be tied to long-term work in communities. In Dresden last week, Kahane’s foundation helped to host the 10th anniversary of Saxony’s civil society awards, to honour those who had done most to promote inclusivity in the region. There, as the audience celebrated the brave and unrelenting endeavours of local people, the golden rule of activism became clear: that every painstaking collective effort matters, no matter how minor or futile it may seem. If this rule is borne firmly in mind, then hatred and ignorance can be firmly marched back to the margins of society; and then onwards, into the past.
• Musa Okwonga is a poet, journalist and musician; he is one half of the group BBXO, and is a co-host of the Rabona football podcast. He lives in Berlin
“Hablan como funcionarios argentinos”, dicen sobre la misión del FMI
Cómo actúa la dupla del italiano Cardarelli y el jamaiquino Alleyne. Actitud de jefes, según interlocutores.
Los enviados del FMI, el jamaiquino Trevor Alleyne y el jefe de la misión, el italiano Roberto Cardarelli.
La actual misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina excluyó a muchos medios de la rueda de prensa que ofreció al llegar el pasado 10 de noviembre, pero al menos ha sido más amplia a la hora de encontrarse con referentes políticos y sindicales. En la semana que pasó, el jefe de la misión, el italiano Roberto Cardarelli, y el enviado a reabrir la oficina local del Fondo, el jamaiquino Trevor Alleyne, se reunieron, por ejemplo, con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y con la cúpula bifronte de la CGT, integrada por Carlos Acuña y Héctor Daer, que se ha acercado últimamente al PJ kirchnerista pese a suspender el paro con el que había amenazado para fin de año.
Asesores de estos interlocutores críticos de las políticas del FMI coincidieron en describir a Cardarelli y Alleyne: “Me impresionaron. Hablan como si fueran funcionarios argentinos”. ¿En qué sentido? “Sabemos que el programa es del FMI. En tiempos de (Roberto) Lavagna (como ministro, entre 2002 y 2005), esto no ocurría. Es muy evidente y Cardarelli y Alleyne actúan sin recato”, responde uno de ellos y recuerda con sorna el día de mayo pasado en que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo: “El préstamo del FMI nos permitirá seguir con el plan gradualista”. Los acuerdos de junio y octubre lo echaron por tierra.
El otro consejero ecuerda que tras la crisis de 2001 el Fondo removió a su entonces jefe del Departamento Occidental, el argentino Claudio Loser, y puso al frente al indio Anoop Singh: “Había en ellos una conciencia culposa respecto de la Argentina. Y los gobiernos de (Eduardo) Duhalde y (Néstor) Kirchner se lo recordaban todos los días. El Fondo había sido corresponsable de la crisis. En cambio, hoy el FMI ve que el problema es de Mauricio Macri, que recibió un país desendeudado y se puso la economía de sombrero. No se siente responsable de esta crisis. Por eso, hoy su posición negociadora es durísima y se cubre por si todo se va a la mierda. Esto lo ves en el staff y en los directores europeos del FMI. Pero por Estados Unidos le financiaron la presidencia a Macri y desfinanciaron al próximo presidente. El staff lo ha aceptado, pero aclaró que hay altas probabilidades de que el esquema pierda sustentabilidad. Dejaron por escrito el riesgo electoral, la posibilidad del retorno del populismo, el riesgo de caída de la recaudación tributaria”.
“Esta revisión que está haciendo la misión no presenta dificultades”, aclara el asesor. “Después de que las dos partes metieron la pata en el primer acuerdo (el de junio), ahora no hay problema. El tema va a ser la próxima revisión, del primer trimestre de 2019, porque se van a cagar en las patas con la caída de la actividad. Pero al FMI le interesa cómo se paga la deuda, no la política de crecimiento”, agrega.
Ambos asesores consultados coinciden en que resulta normal que el FMI haya reabierto su oficina porteña tras 15 años de ausencia, dado que siempre las tiene en aquellos países con los que mantiene programas de financiamiento. No hay que olvidar además que el crédito del Fondo a la Argentina es récord histórico mundial: 57.000 millones de dólares, muchos más que los 9.000 millones con los que Kirchner canceló la deuda con el organismo en 2006. Y también parece lógico que Alleyne esté instalado en el Banco Central, dado que formalmente el Fondo le entrega el dinero a este organismo.
“El rol de Alleyne es de llevar y traer información”, cuenta uno de los consejeros. “Hace data collection. Recibe instrucciones de Washington, es un burócrata que representa al Fondo. No hace análisis. Eso lo hacen en Washington el vice del FMI, John Lipton (norteamericano), y el jefe del Departamento Occidental, Alejandro Werner (mexicano). Dujovne y (el presidente del Central, Guido) Sandleris han logrado buena relación con ambos. Lipton es muy ortodoxo y Werner viene golpeado internamente por el fracaso del acuerdo de junio”, susurran.
Los enviados del FMI, el jamaiquino Trevor Alleyne y el jefe de la misión, el italiano Roberto Cardarelli.
La actual misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina excluyó a muchos medios de la rueda de prensa que ofreció al llegar el pasado 10 de noviembre, pero al menos ha sido más amplia a la hora de encontrarse con referentes políticos y sindicales. En la semana que pasó, el jefe de la misión, el italiano Roberto Cardarelli, y el enviado a reabrir la oficina local del Fondo, el jamaiquino Trevor Alleyne, se reunieron, por ejemplo, con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y con la cúpula bifronte de la CGT, integrada por Carlos Acuña y Héctor Daer, que se ha acercado últimamente al PJ kirchnerista pese a suspender el paro con el que había amenazado para fin de año.
Asesores de estos interlocutores críticos de las políticas del FMI coincidieron en describir a Cardarelli y Alleyne: “Me impresionaron. Hablan como si fueran funcionarios argentinos”. ¿En qué sentido? “Sabemos que el programa es del FMI. En tiempos de (Roberto) Lavagna (como ministro, entre 2002 y 2005), esto no ocurría. Es muy evidente y Cardarelli y Alleyne actúan sin recato”, responde uno de ellos y recuerda con sorna el día de mayo pasado en que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo: “El préstamo del FMI nos permitirá seguir con el plan gradualista”. Los acuerdos de junio y octubre lo echaron por tierra.
El otro consejero ecuerda que tras la crisis de 2001 el Fondo removió a su entonces jefe del Departamento Occidental, el argentino Claudio Loser, y puso al frente al indio Anoop Singh: “Había en ellos una conciencia culposa respecto de la Argentina. Y los gobiernos de (Eduardo) Duhalde y (Néstor) Kirchner se lo recordaban todos los días. El Fondo había sido corresponsable de la crisis. En cambio, hoy el FMI ve que el problema es de Mauricio Macri, que recibió un país desendeudado y se puso la economía de sombrero. No se siente responsable de esta crisis. Por eso, hoy su posición negociadora es durísima y se cubre por si todo se va a la mierda. Esto lo ves en el staff y en los directores europeos del FMI. Pero por Estados Unidos le financiaron la presidencia a Macri y desfinanciaron al próximo presidente. El staff lo ha aceptado, pero aclaró que hay altas probabilidades de que el esquema pierda sustentabilidad. Dejaron por escrito el riesgo electoral, la posibilidad del retorno del populismo, el riesgo de caída de la recaudación tributaria”.
“Esta revisión que está haciendo la misión no presenta dificultades”, aclara el asesor. “Después de que las dos partes metieron la pata en el primer acuerdo (el de junio), ahora no hay problema. El tema va a ser la próxima revisión, del primer trimestre de 2019, porque se van a cagar en las patas con la caída de la actividad. Pero al FMI le interesa cómo se paga la deuda, no la política de crecimiento”, agrega.
Ambos asesores consultados coinciden en que resulta normal que el FMI haya reabierto su oficina porteña tras 15 años de ausencia, dado que siempre las tiene en aquellos países con los que mantiene programas de financiamiento. No hay que olvidar además que el crédito del Fondo a la Argentina es récord histórico mundial: 57.000 millones de dólares, muchos más que los 9.000 millones con los que Kirchner canceló la deuda con el organismo en 2006. Y también parece lógico que Alleyne esté instalado en el Banco Central, dado que formalmente el Fondo le entrega el dinero a este organismo.
“El rol de Alleyne es de llevar y traer información”, cuenta uno de los consejeros. “Hace data collection. Recibe instrucciones de Washington, es un burócrata que representa al Fondo. No hace análisis. Eso lo hacen en Washington el vice del FMI, John Lipton (norteamericano), y el jefe del Departamento Occidental, Alejandro Werner (mexicano). Dujovne y (el presidente del Central, Guido) Sandleris han logrado buena relación con ambos. Lipton es muy ortodoxo y Werner viene golpeado internamente por el fracaso del acuerdo de junio”, susurran.
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