En una escala que actualmente sería múltiplo de $10.000, se podría clasificar hoy, de ahí para abajo, al indigente; hasta $20.000 al pobre y hasta $30.000 al empobrecido, que sería el común de la gente al que impuestazos (nacionales, provinciales y municipales, juntos y superpuestos), tarifazos, surtidorazos, tasazos, dolarazos y todos los superlativos que emanen de los precios regulados por los gobernantes, le impiden ver de cerca el fin de mes.
La Administración Macri se encuentra en una encerrona para parar el carrusel: que la propia inflación le devora lo que había recuperado de tarifas de luz, gas y agua, combustibles, tipo de cambio, multiplica intereses del endeudamiento que ya se pagaron, esmerila el poder adquisitivo de los salarios, afecta la rentabilidad empresaria con la recesión y, pese a todos los aumentos que se sucedieron hasta ahora, su leit motiv, que era reducir los subsidios del Tesoro, pierde efecto porque vuelven a subir. En el GBA es donde el rostro de la pobreza se ve cada vez más de cerca y al gobierno no le conviene cualquiera sea su verdadera sensibilidad: difícilmente en esas condiciones la imagen y la intención de voto de María Eugenia Vidal no terminen quedando dañadas.
Por RUBÉN CHORNY 
Imágenes de los empobrecidos en 'aquel' 2001.
Escuchado en una fila de reclamos de Edenor: “Me llegaron más de $5.000 en la última boleta, de $1.800 que pagué en la anterior; como este invierno está haciendo más frío y hay que calefaccionar más, la tarifa incluye castigo. ¿Cómo se hace”, consultaba a la empleada uno de los tantos usuarios que desbordaban el andarivel que unía la puerta con el mostrador de la oficina comercial.
“Consuma menos”, fue la réplica de una afiliada al gremio de Luz y Fuerza que, para sacarse de encima a un ciudadano común como ella, terminó alineada con la exhortación que hiciera el propio mandatario Mauricio Macri al comienzo de su gestión, cuando recomendó a la población a abrigarse adentro de los hogares si hacía frío en lugar de andar en camiseta y en patas y prender las estufas.
En las distribuidoras de gas, como en las eléctricas, marchan de la mano los tarifazos y los tratos descomedidos de los funcionarios que dan la cara ante tan siderales facturas que muchos de los no menos maltrechos bolsillos del común de la gente ya no pueden afrontar.
Y en el interminable tour cada vez más numeroso de este formato espontáneo y sordo de protesta social que no corta ni embadurna calles como la arriada por punteros políticos profesionales, las dependencias de cobranzas de provincias y municipios también lucen repletas de dueños de su vivienda a los que aplican doble tributación: el impuesto inmobiliario bonaerense, calculado este año sobre un valor fiscal urbano aumentado más de 1.000%; más la tasa de alumbrado, barrido y limpieza que pretende reflejar un servicio deficiente, en el mejor de los casos, e inexistente en la mayor parte de las localidades.
Basta dar una vuelta por cualquier rincón barrial porteño o del Gran Buenos Aires para comprobar que los frentistas que no se resignan a la mugre se ven obligados a toman a su cargo la limpieza de las veredas y aceras, que de todos modos se lo cargan en el ABL.
Del desfile de ciudadanos con voluntad de cumplir que diariamente se multiplica ante los mostradores de ARBA trascienden quejas como ésta: “Me llevaron la base que toman para calcular el inmobiliario por encima de lo que me tasaron la casa cuando la puse en venta y que nadie me quiso pagar”.
La adición urbana mensual de vivir en sociedad bajo techo incluye:
-alquiler o cuota de crédito hipotecario, que entre la tasa de interés y las indexaciones vienen palo y palo del IPC para arriba;
-expensas comunes, que en las administraciones de los edificios se incrementan cada vez más, no sólo por la incidencia del costo de encargados y vigilancia, cuando la hay, sino porque la morosidad aumenta debido a los que no pueden pagar y se redistribuye entre los que cumplen;
-facturas de luz, gas y agua que castigan un mayor consumo que no sólo representa a usuarios pudientes, sino a familias numerosas, otras que necesitan abastecimientos más onerosos al no alcanzadas por algunos de esos servicios y a contingencias climáticas que se sufren más en algunas viviendas que en otras;
Pero si la pretensión abarca, además, ir del trabajo a casa y de casa al trabajo, como solía decir el general Juan Domingo Perón en sus tan recordados como antiguos apotegmas, sacar los pies afuera de la puerta para subirse a un transporte propio o público implica desembolsar costos cada vez más altos. Y ni hablar del supermercado, de la compra de alimentos.
El director de Focus Market, Damián Di Pace, describió muy didácticamente la estación en la que acaba de detenerse este tren fantasma circular en que se convirtió la política de ingresos de la Administración Macri: “Luego de un esfuerzo muy grande de los argentinos para soportar el ajuste de tarifas de servicios públicos, la inflación y la evolución del tipo de cambio, entre otros, hizo retroceder unos cuantos casilleros en el camino hacia el retiro de subsidios públicos sobre servicios de luz, gas y agua”.
O sea que si el objetivo de los tarifazos era reducir a la mínima expresión las compensaciones del Tesoro a las empresas prestatarias de los servicios, al tiempo que generarles rentabilidad para que inviertan, se regresa ahora de nuevo al punto de “tomar una decisión importante por parte del Estado: o le pasamos la ´factura´ al consumidor o la pagamos ´nosotros´, pero el programa de ajuste fiscal tampoco permite esta segunda opción. En síntesis se la deben pasar al consumidor”. Y vuelta a empezar.
Hace algo más de un mes, el jefe de Estado estimó que aún faltaba aumentar 35% para llegar al equilibrio buscado, pero la inflación desde entonces lo va desactualizando.
Ahorcados con la cuerda social
Para segmentar la realidad, la línea estadística de la pobreza fue establecida por el INDEC en $20.000 por mes, la de la indigencia (pobreza de la pobreza), en la mitad, y si se intentara trazar una que encuadre al empobrecimiento, ¿estaría representada por el gap entre un salario medio, que a mayo (último dato) se redondearía en $30.000, y la frontera de $20.000 de la pobreza?
"La gente hace malabares para llegar a fin de mes", sostuvo el vocero de la Federación Argentina de Supermercados, Fernando Aguirre, en declaraciones a La Red.
El zapato aprieta a todos pero no por igual y queda en evidencia en que, mientras las ventas en cantidades y montos cayeron en general 4%, los locales que más sufrieron fueron los ubicados en los barrios de clases populares, que resignaron una vez y media más que el conjunto.
Como contracara, a junio de 2018, el 91% activo de los 3007 locales que atienden en los 37 shoppings que hay en el país vendió 31,2% más que el mismo mes del año anterior, con indumentaria, calzado y marroquinería como puntales.
La novedad es que los consumidores pertenecientes a una clase media ex ante se debaten entre la malaria económica y la cultura perdida: socioeconómicamente estrangulados, pilotean el minuto a minuto del presupuesto hogareño con frazada y plazos cada vez más cortos.
Proporcionalmente, se los puede ver más atestando con reclamos los salones de Edenor, Edesur, Gas Fenosa, Metrogás, Aysa, Arba, que entre el millón (de los 4 millones que hay en total) de tarjetahabientes del banco Provincia que acude los miércoles a los supermercados a comprar con el 50% de descuento.
Los tickets de esos locales de consumo masivo reflejan, en general, bajas en muchos rubros, como los lácteos, que van del 5 al 8%, pero también se nota la mayor incidencia de 2das marcas y en el avance de las ofertas hasta cubrir el 20% por carrito.
En ese sentido, Aguirre advirtió que las listas de precios de mayoristas llegan con incrementos de hasta un 10% que no pueden trasladar a las góndolas. ¿Inflación reporimida?
Explica que sobre estas se hacen los descuentos, pero en algún momento hay que aplicar los aumentos. “Dicen que los precios están en un dólar de $22, eso no se acomodó", sostuvo.
Lo ratifica el ejemplo consignado por la periodista Silvia Naishtat en Clarín: “Cuando el dólar estaba a $ 30, hace apenas una semana, Luis Pérez Companc, CEO de Molinos, interrumpió la reunión con la alta gerencia. ´El precio de venta de nuestros productos equivale a un dólar de $ 22. No podemos vender un paquete de fideos más allá de los $ 40´”.
De un modo más institucional, en la sede de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), se lo transmitieron al ministro de la Producción, Dante Sica, el secretario de Industria, Fernando Grasso, y el de Emprendedores y Pymes, Mariano Mayer, junto a directivos de más de 30 cámaras: las pequeñas y medianas empresas que venden su producción al comercio minorista tienen serios problemas con la imparable carrera del dólar. Las que financiaron a sus clientes a 90 días están comenzando a cobrar cheques de operaciones pactadas con una cotización de $24 por unidad, y ahora tienen que reponer materias primas con la divisa a $32, argumentaron.
El problema que se plantea a este grupo de empresas es que, va más allá del traslado a precios de las listas ya consignado, los proveedores, que son las grandes compañías internacionales, las tienen dolarizadas, según describió el dueño de la fábrica de cierres Linsa, ya que se presentan serios problemas de cobranzas cuando tienen que vender sus cheques ante los bancos pagando tasas de 41% a 44%.
La contabilidad estatal es unidimensional y funciona al margen de los avatares de la oferta y la demanda, que aun con sus imperfecciones rige en la denominada inflación núcleo. Un carrusel autogestionado y retroalimentado que ya anda por el 35% anual y gira cada vez a mayor velocidad y se recicla en los índices oficiales para retornar robustecido.Consta de impuestazos, tarifazos, costos del transporte y los combustibles indexados, convalidación de la paridad cambiaria, tasa de interés que revira al IPC y paritarias homologadas.
El ministro del interior, Rogelio Frigerio, durante el "Council of Americas" que se desarrolla en el hotel Plaza porteño. Foto: NA. 
Un complejo habitacional que se construye en las afueras de Pekín. El crecimiento económico de China ha desarrollado políticas que están centradas en las ciudades, lo que ha desarraigado a decenas de millones de trabajadores. 
Theresa May, a su llegada a Abuja (Nigeria), este miércoles. 
El presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, expresó su "preocupación" por la "crisis de confiabilidad". 
