Buryaile citó a los supermercadistas para bajar el precio de la leche y lo dejaron plantado


Adujeron “problemas de agenda”. El Gobierno quiere que resignen margen de ganancia que escalaría al 40%.



El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile.

Adujeron “problemas de agenda”. El Gobierno quiere que resignen margen de ganancia que escalaría al 40%.
Pero lo más curioso es el justificativo que utilizaron los supermercadistas para no asistir a dicho encuentro. Es que, increíblemente, los representantes de las empresas adujeron “problemas de agenda” y evitaron entonces un posible encontronazo cara a cara con el macrismo.



Así, la reunión entre el ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile y los supermercadistas se tuvo que postergar hasta nuevo aviso aunque, fuentes oficiales consultadas por La Política Online, confiaron en que el encuentro podría realizarse la semana que viene.



Las negociaciones no son fáciles. Al parecer, tras un estudio de la cadena de valor láctea, en la Casa Rosada pretenden que los supermercados resignen un porcentaje del margen de ganancia que reciben por la venta de leche (que rondaría el 40% sobre un precio final de $ 15).



De esta manera, la idea es que esa porción de ingresos que resignarían los supermercados se traslade directamente a los tamberos que actualmente están cobrando entre $ 2,50 y $ 2,80 por litro (para que la actividad sea rentable se calcula que el valor debería rondar los $ 4,00).



El tema es que fuentes del sector reconocen que no será nada sencillo convencer a los supermercados de prestarse a esta maniobra. “Siempre encuentran la manera de ceder por un lado y ganar por otro”, comentó a este medio un especialista en la materia.



Sucede que en el sector está claro que, en caso de que los supermercados acepten perder un porcentaje del margen de ganancia que tienen por la venta de leche, podrían aumentar los precios de otros productos lácteos (como quesos, mantecas y cremas, etcétera).



En este contexto, el intento de negociación del Gobierno con los supermercados se da en medio de la amenaza de Federación Agraria (FAA) de convocar a una jornada nacional de protesta sino aparecen soluciones inmediatas para los tamberos (el lunes pasado se movilizaron en Villa María).



Como sea, este miércoles se oficializó la segunda tanda de compensaciones oficiales para productores lecheros (la ayuda consiste en un subsidio de 40 centavos por litro por los primeros 3000 litros diarios de producción entre octubre, noviembre y diciembre de 2015).

Por último, se conoció que SanCor acordó con el gobierno de Venezuela la exportación de 40.000 toneladas de leche en polvo que podrían ser útiles para descomprimir el mercado interno, aunque, no está claro en qué plazos se darían dichas operaciones de venta.

Hillary y Trump se despegan




Clinton se impuso al menos en cuatro de los cinco estados y en algunos de ellos, como Florida, Ohio y Carolina del Norte, por contundente ventaja. Trump ganó en Florida, Carolina del Norte e Illinois, y tenía ventaja en Missouri.



El segundo supermartes para la nominación de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos allanó los caminos de la demócrata Hillary Clinton, reforzada con cuatro categóricos triunfos en los cinco estados en disputa, y del republicano Donald Trump que sacó de carrera a Marco Rubio, su principal competidor y logró un suculento –aunque insuficiente– botín.

El magnate, que construyó su carrera política en base a la irreverencia y los discursos xenófobos y populistas, se impuso de modo contundente en tres (Florida, Carolina del Norte e Illinois) de los cinco estados que celebraban primarias ayer, confirmando lo que las encuestas anticipaban hace semanas. Estos resultados le permitieron a Trump no sólo sumar un importante botín de delegados para lograr la candidatura, sino también sacar de la carrera al senador de Florida Marco Rubio, el aspirante en el que las élites republicanas depositaban sus esperanzas para frenar la ascendiente carrera del empresario.

La carrera republicana, en consecuencia, quedó reducida a tres nombres: Trump, el senador por Texas Ted Cruz (que tampoco cautiva a las élites conservadoras), y el gobernador de Ohio, John Kasich, que se impuso en su Estado y surgió abruptamente como la nueva (y última) alternativa conservadora para desbancar al polémico magnate inmobiliario.

En Missouri, Trump y Cruz obtuvieron un virtual empate y posiblemente se proceda al recuento de votos, luego que con el 99 por ciento de los votos escrutados, el magnate se impone por poco más de 1700 votos sobre su rival, Cruz, quien por la leve diferencia, podría exigir un recuento.

El “supermartes 2”, denominado así por la prensa norteamericana, dio más argumentos a la tesis cada vez más extendida entre los analistas estadounidenses de que Trump llegará a la convención con el mayor número de delegados (ahora cuenta con alrededor de 640, tras los triunfos de anoche, según datos de la CNN), pero sin alcanzar los 1237 que le valdrían la nominación automática.

Detrás de Trump se ubica Ted Cruz, que ya suma 405 delegados y sigue en carrera, por delante de Kasich, que sólo sumó 138 hasta la fecha y espera que una campaña crecientemente polarizada y el súbito apoyo del establishment republicano jueguen a favor de su candidatura y modifiquen la balanza hasta ahora favorable al magnate.

Del lado demócrata, Clinton se impuso al menos en cuatro de los cinco estados y en algunos de ellos, como Florida, Ohio y Carolina del Norte, por contundentes ventajas de más de diez puntos. En Florida, estado que repartía el mayor número de delegados de la noche, dobló a su rival principal Bernie Sanders. En Missouri, el quinto estado en disputa, ambos aspirantes prácticamente empataron y aunque Clinton tiene una leve ventaja de 1500 votos, los medios estadounidenses no se atrevieron a proyectar un ganador, igual que en el caso republicano.

El “supermartes 2” fue un duro revés para las aspiraciones del senador por Vermont, autoproclamado socialista democrático, quien vio muy mermadas sus posibilidades de alcanzar la nominación presidencial, ya que cada vez quedan menos estados y menos delegados en juego. Clinton se llevó dos estados que le eran de lo más favorables, los sureños Florida y Carolina del Norte, privando así a Sanders de una sola victoria en el sur tradicional, donde están los estados que formaron la Confederación durante la guerra civil estadounidense (1861-1865) y donde el voto afroamericano, favorable a Clinton, tiene mucha presencia.

La ex primera dama se apuntó victorias cruciales también en Ohio e Illinois, estados del cinturón industrial del país, muy golpeados por la crisis económica y la desindustrialización y en los que el equipo de campaña de Sanders tenía puestas muchas esperanzas, tras llevarse el vecino Michigan por sorpresa la semana pasada.

El foco de la campaña de Sanders se centrará en el norte y al oeste durante los próximos meses, donde espera recuperar terreno. Del mismo modo que la inesperada victoria en Michigan de hace ocho días le cargó de razones para creer que esta estrategia es la adecuada, las derrotas del martes en Ohio e Illinois ponen en duda la viabilidad del plan del senador, muy por detrás de Clinton en número de delegados. Hasta la fecha y tras los resultados de anoche, Clinton suma 1568 delegados y Sanders, 797, de los 2382 necesarios para asegurarse la nominación

Denuncian que en el sector de la construcción hay un 50% de desocupación



El titular de la Uocra La Plata, Juan Pablo Medina, denunció hoy que en el sector de la construcción hay un 50 por ciento de desocupación y por eso pidió la intervención de la gobernadora María Eugenia Vidal para reactivar las obras públicas que están paralizadas.

"Lamentablemente tenemos, aproximadamente, un 50 por ciento de trabajadores y trabajadoras que no tienen empleo en este momento", se lamentó "El Pata" Medina en diálogo con Qm Noticias.

Según el dirigente gremial, la región capital que comprende los distritos de La Plata, Ensenada, Berisso, Brandsen, Magdalena y Punta Indio, se encuentran inmersos en esta problemática, y que afecta unas 12 mil personas: "(el desempleo) ya viene en baja desde el mes de agosto del año pasado, y ahora, con este nuevo Gobierno, las cosas se complicaron más"

"Aparentemente el Gobierno provincial, y nacional, quiere investigar qué pasó con el otro Gobierno, a dónde fueron desviando los fondos de las obras, y nuestra respuesta es que investiguen todo lo que quieran pero que no paralicen las obras", contó Medina el diálogo entre el Ejecutivo.

Es que para el referente de la construcción, "es un daño tremendo que se está haciendo a los trabajadores de la región", por lo que respaldó la iniciativa de la primera mandataria para aprobar el proyecto de ley de Emergencia en Infraestructura.

"Con respecto a la Ley de Emergencia para las obras públicas, como anunció la gobernadora, nosotros estamos totalmente de acuerdo y tiene todo nuestro respaldo para que salga esta Ley lo antes posible y se empicen a generar las fuentes de trabajo", concluyó Medina.

Endeudamiento externo: regularidades históricas





Los problemas relativos al endeudamiento externo no son nuevos para Ia Argentina, ya que, con mayor o menor gravedad, cabalgan buena parte de Ia historia dei país. De hecho, se pueden identificar cuatro grandes períodos de crecimiento fuerte y sistemático de endeudamiento, a saber: 1880-1890; 1905-1913; 1976-1981 y desde 1993 hasta 1998. A esos períodos se le agrega el caso puntual dei empréstito Baring de 1824, que, aunque se trata de un préstamo aislado, tiene muchas semejanzas con los otorgados en los períodos mencionados. También entre 1866 y 1870 se contrataron empréstitos externos.


Se observa además un período de crecimiento entre 1967 y 1970, aunque Ia baja oferta de capitales internacionales en ese momento impidió que el endeudamiento creciera entonces de manera descontrolada. A pesar de Ias diferentes condiciones coyunturales y estructurales de Ia economía nacional en los períodos apuntados. Ias principales características de los procesos de endeudamiento y sus consecuencias se repiten casi sistemáticamente.



Se puede encontrar, entonces, una serie de regularidades que intentaremos explorar en este artículo, tratando de mostrar que Ia problemática de Ia deuda externa no es una cuestión novedosa, sino más bien recurrente. Por supuesto, no siempre encontraremos presentes a todos los factores. Pero Io cierto es que, por un lado. Ia mayoría de ellos aparece de manera constante y, por otra parte, cada uno es observable en casi todos los procesos de endeudamiento. Este artículo no pretende realizar un análisis exhaustivo de los procesos de endeudamiento y de sus manifestaciones generales, sino poner el énfasis en Ia recurrencia de dichos factores. Por ese motivo, se privilegia un enfoque por problemas, es decir, centrando Ia exposición en los factores recurrentes y no una exposición a partir del hilo cronológico.


Informe completo

La república de los gerentes

Leemos en Artepolítica:


“El ejecutivo del Estado moderno no es otra cosa que un comité de administración de los negocios de la burguesía” -Karl Marx

A medida que iban ingresando a la reunión de Gabinete, los ministros charlaban en un tono ameno y tranquilo. La mayoría se conoce, comparte valores, un lenguaje similar y una serie de códigos y complicidades que les permite entender sus propias bromas. Mientras el Presidente sonreía, entraron el ex CEO de Shell, el ex JP Morgan, la ex CEO de General Motors y el ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Entre abrazos y palmadas, el Primer Mandatario les gritaba a los rezagados. A paso veloz, y aplaudidos por el resto, hacían su ingreso el ex CEO de LAN y el creador de Farmacity. La última en golpear la puerta cuando la reunión estaba por comenzar fue la ex gerenta de IBM y Telecom.


El epígrafe que abre esta nota pareciera calzarle justo a la escena imaginada en las líneas precedentes. Se sabe -bibliotecas enteras de debates marxistas y posmarxistas lo atestiguan-, que las cosas parecen ser muchísimo más complejas. En ese contexto, los datos aportados recientemente por el centro de estudios CIFRA, de la CTA, acerca de que el 70% de los altos funcionarios (ministros, secretarios y subsecretarios) de la gestión macrista provienen del sector privado no dejan de tener su impacto en la mirada de cualquier observador.

¿Y entonces? ¿Es el Gobierno que asumió el 10 de diciembre representante de una “nueva derecha”, portadora de “algo más” que la imagen que nos trae la frase decimonónica de Marx? ¿O es, sin más, una gestión que ya desde el elenco marca que de “nuevo” tiene poco? ¿Hay que entenderlo como un Estado “atendido por sus propios dueños”, como parte de una derecha clásica? ¿O corresponde complejizar la mirada?

Biopolítica





Biopolítica es el nombre que da el filósofo francés Michel Foucault a una forma específica de gobierno que aspira a la gestión de los procesos biológicos de la población.

El geógrafo y politólogo sueco, Rudolf Kjellén, en los años ’20 publicó una serie de escritos que integraban los nuevos saberes, intentando pensar al Estado como un organismo. Buscando nombres apropiados para las diferentes ramas de la nueva ciencia política que vislumbraba, acuñó los términos ‘geopolítica’ y ‘biopolítica’. Este último concepto lo aplicó a la vida social, a las luchas de ideas e intereses entre grupos y clases que transcurren en la sociedad[1].

Si bien la idea pergeñada por Kjellén no  coincide con el uso que le da el filósofo francés, Michel Foucault, la similitud está en intentar “abordar la realidad política del Estado poniendo entre paréntesis las categorías jurídicas. Para ambos, la realidad del Estado es, aunque de diferentes maneras, una forma viviente”[2].


Las disciplinas del cuerpo y las regulaciones de la población son los ejes alrededor de los cuales se despliegan los mecanismos de poder sobre la vida. La anatomía y la biología, la emergencia del individuo como inteligibilidad posible y las tecnologías que lo encierran dan cuenta de un poder cuya función ya no es matar, sino que invadir la vida en su totalidad.

Según Foucault, primero se pensó en el cuerpo “como máquina: su educación, el aumento de sus aptitudes, el arrancamiento de sus fuerzas, el crecimiento paralelo de su utilidad y su docilidad, su integración en sistemas de control eficaces y económicos, todo ello quedó asegurado por procedimientos de poder característicos de las disciplinas: una anatomopolítica del cuerpo humano”[3].


El surgimiento del Biopoder absorbe el antiguo derecho de vida y muerte que el soberano detentaba sobre sus súbditos y, en las sociedades post Revolución Francesa, aspira a convertir la vida en objeto administrable. Foucault acusa el surgimiento de una tecnología individualizante del poder, que por medio del análisis de los individuos, sus comportamientos y sus cuerpos, aspira a producir cuerpos dóciles y fragmentados. En función de esto se inventan herramientas como la vigilancia, el control, el conteo del rendimiento o el constante examen de las capacidades.

Este pensamiento vino a cuajar en el siglo XVIII con el desarrollo de un dominio de saber antes ajeno a las preocupaciones de los administradores del poder: la demografía. “El desarrollo en el siglo XVIII de la demografía, de las estructuras urbanas, del problema de la mano de obra industrial, hizo aparecer la cuestión biológica y médica de las ‘poblaciones’ humanas, con sus condiciones de existencia, de hábitat, de alimentación, con su natalidad y mortalidad, con sus fenómenos patológicos (epidemias, endemias, mortalidad infantil). El ‘cuerpo’ social deja de ser una simple metáfora jurídico-política (como la que encontramos en el Leviatan) para aparecer como una realidad biológica y un campo de intervención médica”[4].

La Biopolítica es heredera de esta preocupación y nueva forma de gestión por parte del poder político. Foucault sitúa su emergencia a mediados del siglo XVIII y acusa que es un procedimiento que se dirige al cuerpo-especie, abriendo para el gobierno de los cuerpos una biopolítica de la población”[5]. Se instauran así una serie de mecanismos y técnicas sobre lo social que buscan el cuidado de la vida bien gestionada.

Foucault sostiene que dicha inteligibilidad busca “tomar en gestión la vida, los procesos biológicos del hombre-especie, y asegurar no tanto su disciplina como su regulación (…) Más acá de ese gran poder absoluto, dramático, hosco, que era el poder de la soberanía, y que consistía en poder hacer morir, he aquí que aparece, con la tecnología del biopoder, un poder continuo, científico: el de hacer vivir”[6].

EL NACIMIENTO DE LA BIOPOLÍTICA

En el libro “El nacimiento de la biopolítica” (FCE), se integran las clases impartidas por el filósofo francés en el Collège de France entre 1978 y 1979. La compilación fue editada por Michel Senellart y se aboca a lo que Foucault denomina el arte de gobernar, que es la “manera meditada de hacer el mejor gobierno y, también, al mismo tiempo, la reflexión sobre la mejor manera de posible de gobernar”[7].

“Querría determinar de qué modo se estableció el dominio de la práctica del gobierno, sus diferentes objetos, sus reglas generales, sus objetivos de conjunto para gobernar de la mejor manera posible. En suma, es el estudio de la racionalización de la práctica gubernamental en el ejercicio de la soberanía política”[8]- comenta Foucault al comienzo del libro.

A contrapelo de los universales historicistas, se propone “no interrogar los universales utilizando la historia como método crítico, sino a partir de la decisión de la inexistencia de los universales para preguntar qué historia puede hacerse”[9]. Foucault también analiza el instrumento intelectual a partir del cual desde el siglo XVIII el Estado es obligado a autolimitarse: la economía política.

NEOLIBERALISMO Y BIOPOLÍTICA

“Michel Foucault: Neoliberalismo y biopolítica”, editado por Vanesa Lemm (Ediciones Universidad Diego Portales), congrega a estudiosos de la obra foucaultiana de diversas nacionalidades, quienes retoman, revisan y rearticulan desde distintas disciplinas sus proposiciones referidas a las nuevas formas de gubernamentalidad.

Lemm parte por aclarar que “los nuevos dispositivos de poder se basan en una forma de racionalidad política que toma sus criterios a partir de nuevos campos de objetos que se encuentran al exterior del Estado: la economía política y el sistema del derecho. Este saber/poder antisoberano no persigue más reinar sobre sujetos que tienen su estatus o privilegios diferenciados, sino que quiere gobernar sobre una pluralidad de hombres que forma una población. A esta nueva configuración de saber/poder Foucault le llama gubernamentalidad”[16].

El libro se estructura en cinco capítulos que congregan a los investigadores. Están dedicados a la gubernamentalidad neoliberal; a las relaciones entre el neoliberalismo, la economía y la ley; a los nuevos dispositivos de seguridad; a la construcción de un sujeto revolucionario; y a una biopolítica afirmativa: productividad y creatividad de la vida.


Según cuenta Lemm, los ensayos de la primera parte del libro se preguntan ¿qué nuevo tipo de legitimidad y de derechos tiene el sujeto viviente? O ¿cómo hace la forma neoliberal de gobernar para proteger, asegurar, potenciar la vida de aquellas poblaciones más marginales de la sociedad? Y sobre ¿qué significa potenciar la vida y el cuerpo de cada uno en la lógica neoliberal caracterizada por la privatización de la seguridad social y el ideal de ser empresarios de sí mismo?

Al asumir que la seguridad neoliberal no quiere decir ausencia del riesgo, sino más bien cálculo del riesgo. Lemm parafrasea al filósofo Carlos Marx en su tesis que decía que todos los derechos liberales se pueden resumir en el derecho a la seguridad.

A la hora de referirse a las resistencias posibles a las subjetivaciones y los dispositivos de control de esta nueva forma de poder, Lemm invita a revisar a las dos últimas partes del libro “debido al hecho de que estas formas de poder constituyen ellas mismas la subjetividad del sujeto en tanto sujeto obediente a normas que parecen originarse desde su propio interior o naturaleza, y por tanto difícilmente identificables como formas de represión u opresión, la cuestión de la resistencia en regímenes neoliberales es más que nunca actual y necesaria”[17].

BIOPOLÍTICAS DEL SUR


“Biopolíticas del Sur”, editado por Isabel Cassigoli y Mario Sobarzo (Arcis ediciones), reúne varias ponencias del Primer y Segundo Coloquio de Biopolítica, realizados en 2007 y 2008. Tal como dicen sus editores, se trata de “increpar el régimen de verdad de los saberes , sino también –y este sería el plus del libro- el modo en que los saberes operan, intervienen y constituyen ‘la cuestión social’”.


Articulado en torno a matrices conceptuales que arrancan desde el pensamiento foucaultiano abarcan temas como las matrices conceptuales de la biopolítica, economía, territorio y población, dispositivos educacionales, los medios y el espectáculo del poder y soberanía y estados de excepción.

La recopilación conecta con los trabajos de Foucault. Uno de los autores, Edgardo Castro, se lanza a entender cómo el filósofo francés entiende el liberalismo: “El liberalismo no es para Foucault fundamentalmente una doctrina económica y tampoco lo es la noción de mercado, sino una racionalidad política, gubernamental, que surge en el Occidente moderno en relación con la forma que tomó la soberanía estatal en la época de la Razón de Estado, durante los siglos XVII y XVIII, y que se reformuló a mediados del siglo XX en relación con la necesidad de legitimar y construir una nueva forma de soberanía luego de la derrota de la Alemania nazi”[18].

Castro destaca que para Foucault el mercado durante la Edad Media y hasta el siglo XVII, funcionó como un lugar de justicia, o sea, de reglamentación acerca de los productos, sus tasas, el justo precio; con el liberalismo el mercado será un lugar de producción de la verdad. “Es la supuesta naturalidad del mercado, en efecto, la que permite discernir entre las prácticas correctas o incorrectas de gobierno”[19]- sostiene Castro parafraseando al autor francés.

Damián Pierbattisti añade que “los dispositivos de seguridad y los mecanismos disciplinarios constituyen los dos grandes ejes de una doctrina de gobierno cuya característica reposa sobre la producción permanente de las libertades”[20].
Marco Valencia, por su parte, acerca las nociones de biopolítica a las políticas de vivienda y espacios urbanos en Chile. Revisando las políticas de vivienda desde la Ley de Habitaciones Obreras de 1906, hace un recorrido por los proyectos CORVI de los ’60 y ’70, alineados con la estrategia nacional desarrollista. “La ciudad como estructura simbólica de la renovación social se constituyó en un claro campo de acción para los discursos desarrollistas (…) Una retórica de poder y deseo, una forma de asegurar legitimidad pero también de impulsar integración. La ciudad y su arquitectura como dispositivos de persuasión social, como elementos de seducción del nuevo paraíso modernista”[21].


Valencia se coloca en el Santiago de 1973, lugar que a su juicio es un momento de inflexión de “una curva que comienza a ascender desde la ciudad industrial de la CORFO hasta alcanzar el punto más alto de integración urbana al consumo de las “masas”, con los regímenes nacional populares. Es nuestro 68 chileno, el principio y el fin de una era. Donde los profetas desarmados de la UP vieron que nacía la ciudad del hombre nuevo, no sabían que estaban viviendo ya el ocaso de un modelo urbano asociado al Estado regulador y al crecimiento de la producción y de la redistribución bajo patrones fondistas keynesianos”[22].

La oposición denuncia “improvisación” en el acuerdo con los holdouts y quiere postergarlo

Bossio va a la reunión de mañana, pero pide postergar la sesión. Massa, fastidiado, faltará.


El macrismo decidió convocar a los legisladores de la oposición para intentar encaminar la sesión por los holdouts tras la resolución del tribunal de los Estados Unidos que dejó en suspenso la decisión del juez Thomas Griesa. Lo que parecía una sesión encauzada, ahora aparece como un escenario completamente incierto.

Sergio Massa decidió no participar de esa convocatoria, prevista para mañana a las 9 en el despacho de presidencia de la Cámara Baja.

Desde el entorno del líder del Frente Renovador hablan de “fastidio” para referirse al trabajo del oficialismo para reunir los votos de cara a la sesión del martes y avanzar en un acuerdo con los fondos buitres. Massa considera que la reunión de mañana es poco seria y pretende una discusión más amplia y fundada. Sin embargo, en paralelo asegura que, si hay sesión el martes, la bancada del Frente Renovador irá al recinto.



En tanto, Diego Bossio estará mañana en la reunión. Desde su entorno aseguran que el ex titular de la Anses planteará su posición que se basará en suspender la fecha del 14 de abril planteada por Griesa y avanzar solo con ley Cerrojo y de Pago Soberano.

"Queremos informarles que esto no es un tema grave, sino un tema procesal. Queremos seguir adelante con la estrategia", dijo hoy el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara, Eduardo Amadeo.

Ayer, la Corte de Apelaciones de Nueva York dispuso que la decisión de Griesa que abrió al país la posibilidad de levantar los embargos sobre el país si se acuerda con los holdouts, sólo quedará efectiva cuando ese tribunal se pronuncie sobre las apelaciones efectuadas por esos fondos.

La medida golpea de lleno en el acuerdo con los holdouts anunciado por el Gobierno y lo hace justo cuando el Congreso se aprestaba para analizar el proyecto que deroga las leyes Cerrojo y de Pago Soberano.


Aunque el Gobierno y un sector de la oposición manifestaron que el último fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York de limitar una sentencia del juez Thomas Griesa no modifica el escenario de negociación con los holdouts, los bloques mayoritarios de la oposición plantearon dudas sobre el devenir del acuerdo y pidieron informes sobre las consecuencias de esta decisión judicial.



Ayer, el jefe de los senadores peronistas, Miguel Angel Pichetto, anunció que hasta que no se despeje el significado de ese fallo no votará el acuerdo. La misma posición tendrá el bloque de diputados que lidera Bossio. "Desde el Bloque Justicialista solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que suspenda la sesión de esta semana hasta poder tener claridad jurídica sobre el asunto", apuntaron desde el bloque.

Ante este nuevo escenario, el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, insistió en la importancia de que se apruebe el acuerdo porque si no el gobierno estaría "forzado a hacer un ajuste fiscal tremendo".

Ante esta situación, el Gobierno salió a reforzar la idea de que si no se cierra el conflicto con los holdouts, el país no va a poder crecer por la falta de acceso al crédito internacional. "Si no se aprueba sería muy complejo, realmente", advirtió el ministro, quien afirmó que "no" vendría "una hiperinflación" porque "no lo permitiríamos", pero estarían "forzados a hacer un ajuste fiscal tremendo".

En esta línea, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, pidió a los mandatarios provinciales y las fuerzas políticas que acompañen el acuerdo entre el Gobierno y los fondos buitre para "poder poner en orden las cuentas".

Con un pie afuera: Patricia Bullrich, Martínez y Aranguren.




Por malestares en la Casa Rosada en estos tres meses de gestión, ya circulan versiones de recambio en el gabinete nacional. Los apuntados son Patricia Bullrich, de Seguridad, Juan José Aranguren, de Energía y Julio Martínez, de Defensa.



Según publica en su edición de este sábado el portal Pefil, ya hay en la mira tres ministros que podrían estar próximos a renunciar, por "malestares vertidos en la misma Casa Rosada": ellos serían Patricia Bullrich, de Seguridad, Juan José Aranguren, de Energía y Julio Martínez, de Defensa.


Los rumores de alejamientos, cruces y renuncias comenzaron a tomar fuerza esta semana. "Al responsable militar le endosan contradicciones, insuficiencia y con la cabeza atenta a su futura candidatura a senador en su provincia, La Rioja", asegura en su artículo el portal, al tiempo que destaca que de todas formas, Martínez cuenta con la protección de la UCR.



Por su parte, a Aranguren "le reprochan ineptitud en la comunicación", recordemos que la primera medida que tomó como ministro, fue el tarifazo en la luz, y amenazó con aumentar el gas y los demás servicios.



En lo que respecta a Patricia Bullrich, cargaría con "cierta incompetencia oral con el protocolo para sofocar piquetes y una búsqueda poco escrupulosa de asistencia en personajes tan afines a CFK, como el general Milani". El gobierno de cambiemos, con su discurso de "ordenar", intentó implementar un sistema de control de la protesta, que todavía nadie supo explicar.

“El Episcopado argentino está haciendo la plancha”





"Menos diplomáticos y más pastores"

Por Alicia Barrios

“El Episcopado argentino está haciendo la plancha”, sentenció un obispo emérito argentino en la terraza de la residencia Paulo Vl, que linda con el Vaticano. “Fare la stiratura!”, repitió en italiano para que entendieran los otros tres que compartían el té de la tarde con él. Y con esta periodista.

La reflexión venía a cuenta de que al cumplirse el tercer aniversario del pontificado de Francisco, se esperaba que fueran menos diplomáticos y más pastores. A quienes trasmiten la palabra de Francisco en las homilías, la prensa los ignora y el episcopado también. Convengamos que no les cae bien que se ponga el acento en la pobreza y en la cada día mayor brecha entre pobres y ricos. No tienen en cuenta que la pobreza no sólo debe ser superada en un país como el nuestro, deben ser superadas las diferencias de escándalo.

Y frente a eso los pastores tendrían -a tenor de lo que decía este anciano prelado en Roma -que nadar contra la corriente y no hacer la plancha. Desmantelar los programas sociales y dejar a los más vulnerables sin acompañamiento del estado es una realidad que no existe para algunos pastores que no huelen a ovejas. Y sin trabajo. No hacen denuncias públicas. Están callados. Claro que muchos curas hablan y dicen la verdad, pero no parece suficiente para que la Iglesia Argentina haga oír la voz del papa argentino.

Se dijo. Al Papa en más de una oportunidad lo silencian en los medios de comunicación o lo agravian y muchos obispos parecen no darse por enterados. Flotan. Le decía afligido el sabio pastor anciano a esta cronista, en la terraza de la Residencia Paulo VI, a pasos de Porta Santangelo.

Buitres: por el fallo de la Cámara de Nueva York, peligra la sesión del martes

El bloque Justicialista pidió suspender la sesión en Diputados, en línea con lo solicitado por el jefe de bloque del FPV en el Senado, Miguel Pichetto. El Frente Renovador, en tanto, analiza qué hacer ante el nuevo escenario. En el PRO afirman que el fallo es "intrascendente" y no afecta el acuerdo.
Miguel Angel Pichetto, anunció que hasta que no se despeje el significado de ese fallo no votará el acuerdo. "Esto cambia todo".


Buitres: por el fallo de la Cámara de Nueva York, peligra la sesión del martes

El fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que dejó en suspenso el levantamiento de las medidas cautelares del juez Thomas Griesa puso en peligro la sesión del martes en la Cámara de Diputados y, por ende, el acuerdo con los fondos buitre al que el gobierno esperaba darle media sanción ese día en el recinto.

Tras la decisión del tribunal de alzada neoyorquino, el bloque Justicialista que responde a Diego Bossio pidió anoche suspender la sesión, en línea con lo que había manifestado antes el jefe del bloque del Frente para la Victoria en el Senado, Miguel Pichetto, que había calificado la situación como "muy preocupante". "Es un hecho nuevo que altera absolutamente todo. Estamos de acuerdo en que hay que resolver este problema, pero hay que actuar con mucha responsabilidad", afirmó al diario La Nación el presidente del bloque bossista, Oscar Romero.

Resta definir qué hará el frente UNA, comandado por Sergio Massa. Por lo pronto, el tigrense mandó a su equipo económico a analizar la cuestión: les ordenó a Marco Lavagna, Guillermo Nielsen y Leonardo Macdur realizar informes y, con esa información, hoy decidirá si se suma al pedido de

Sin el respaldo de los bloques de Bossio y Massa, el oficialismo no logra juntar los votos necesarios para aprobar el proyecto. Por eso, busca calmar las aguas y llevar tranquilidad a esos legisladores. "Siempre supimos que la Cámara tenía que confirmar el fallo de Griesa. Lo que dijeron el viernes es que el levantamiento de las cautelares sólo es efectivo si ellos confirman el fallo, el 4 de abril", afirmó, también en La Nación, el presidente del bloque PRO en Diputados, Nicolás Massot.

También el secretario de Finanzas, Luis Caputo, minimizó los alcances del fallo: "Es una noticia a la que le han dado un ribete negativo, pero es absolutamente intrascendente. La Cámara responde a una presentación de las dos partes, de ellos y nuestra, en la que nosotros decimos que no vamos a hacer nada hasta que la Cámara de Apelaciones se expida".

Peligros, urgencia y sanguchitos




El Gobierno urge las leyes que habilitarían el acuerdo con los fondos buitre. Acechanzas económicas y de posibles juicios. El precedente Griesa, un alerta roja. Escenario en Diputados y Senadores. Las internas peronistas y los mapas que trazan. El conflicto de intereses puede contagiarse del Ejecutivo a la Corte.
Por Mario Wainfeld

“A Bernardo Neustadt le dicen sanguchito de miga: está siempre al lado de la torta.” La frase de Diego Armando Maradona aggiornó su eterna vigencia con los mensajes de WhatsApp sincericidas que intercambiaron los diputados Diego Bossio (peronista en tránsito) y Nicolás Massot (presidente del bloque del PRO). Fueron transcriptos en la nota de tapa de este diario el viernes: www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-294323-2016-03-11.html

El lenguaje entre sarcástico y cínico es habitual entre políticos y periodísticos, entre otras subculturas. No hay por qué tomarlo al pie de la letra pero sería pavote ignorarlo. La ostentación o el descuido para dejarlos ver integran la jerga, bien mirados.

Conviene no exagerar. Cuando Massot escribe “adoramos el endeudamiento” es factible descartar el lapsus freudiano y presuponer error de tipeo o corrección automática predeterminada.

Aun con tanta piedad, reluce una confianza y un nivel de acuerdo que raya en la pertenencia común. Lo peor, de cualquier forma, no es cómo se negocia sino qué se negocia.

El caso de Bossio (un freelance sin territorio ni votantes) puede distinguirse de las tratativas que llevan los gobernadores peronistas a la luz del día, con reuniones y fotos programadas. De nuevo y adecuando: el sistema político económico real existente fomenta o torna indispensables los pactos entre nación y provincias con fondos que van o vienen. Las fuerzas o debilidades relativas se irán midiendo.

La permeabilidad de “los gobernas” a las medidas del presidente Mauricio Macri trasunta sus flaquezas ideológicas o de convicciones. Para redondear el cuadro: es ostensible que Bossio y los gobernadores no han de haber cambiado tanto desde el 10 de diciembre. Su hechura es previa y pinta los límites que tuvo el kirchnerismo para permear las mentalidades de muchos cuadros aliados. Consiguió traccionarlos desde el poder del estado, jamás persuadirlos del todo. Sus virajes obedecen a las circunstancias.

El presumible acompañamiento al acuerdo con los fondos buitres de una fracción alta del peronismo institucional se expresa en bastante más que hablar de plata. Consiste en callar sobre decenas de miles de despidos, del modo ilegal y brutal en que se consuman, de vertientes de violencia como la represión a manifestantes, el encarcelamiento político de Milagro Sala y otros males que no se miden en pesos ni en dólares. Quien calla, otorga... en mala hora.

A la hora señalada (por Griesa): El devenir parlamentario de la derogación de las leyes “Cerrojo” y de “Pago Soberano” viene siendo todo lo que el oficialismo denostó cuando se oponía a los gobiernos kirchneristas. Tratamiento exprés, agravado por el contenido y porque los plazos perentorios obedecen a la voluntad suprema del juez Thomas Griesa quien le puso fecha al dictado de leyes argentinas.

Cero discusiones en “la sociedad” que tiene sus tiempos y sus cadencias que no son los del ukase de Su Señoría. Cooptación de opositores.

La alusión a los sanguchitos agrega un fantasma que sobrevoló a leyes entreguistas célebres como la Reforma Laboral (a) “Ley Banelco” o la entrega de YPF. En esos casos se comprobaron dádivas aunque “la Justicia” no hizo lugar a las denuncias. En los actuales, habrá que investigar no tanto para coronar en Comodoro Py, misión ardua en todas las etapas e imposible en esto momento. Sí para evaluar conductas y trayectorias.

Pero volvamos al fondo que es lo más trascendente. El vocablo es clavado cuando de endeudar a futuras generaciones se trata.

Baring XXI o Megacanje XXI: El macrismo le paga caro a los fondos buitres, reconociendo sotto voce que no se hace solo por respeto a la sentencia de Griesa. Arguyen que esa libra de carne es el password para una nueva versión de endeudamiento externo.

La perspectiva oficial es que, una vez emitidos y colocados los bonos, lloverán dólares, esta vez baratos. Vendrán inversiones que lubricarán el “modelo”. Se fomentará la obra pública. Servirán para aminorar la inflación, generar empleo y, aunque no se verbalice, para compensar el jubileo impositivo que todo régimen neocon y ofertista lleva en su ADN.

El voluntarismo extremo caracteriza al oficialismo, cuesta muuucho compartirlo. Hasta ahora no entraron las divisas que anunció el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay hace casi tres meses. La primera emisión de bonos MM fue un fiasco, los aliados exportadores agropecuarios siguen jugando a que el dólar suba para liquidar divisas.

Un país que abre sus puertas y aduanas al intercambio desigual es mal prospecto para albergar inversiones de mediano y largo plazo. La bicicleta financiera es más veloz que el rayo en la aldea global. “Enterrar” capital en actividades a largo plazo es más trabajoso y, aunque no se diga, arriesgado.

La historia nacional enseña que las experiencias de endeudamiento bajo un paradigma de derecha fueron funestas. El presidente Mauricio Macri pronostica que ésta será la clave del desarrollo.

El porvenir es virtual, abierto. Tangible es el pago sideral a los fondos buitres. ¿O son holdcouts según escribe el relato oficial?

El nombre es arquetipo de la cosa: “Hold outs”, hasta un primitivo cultor del inglés lo advierte, son quienes quedaron afuera de los dos canjes soberanos concluidos en 2005 y 2010.

Los fondos buitres son llamados así en todo el globo con rigor ajeno al oficialismo y a la gran prensa que lo aúpa.

Un poco contra intuitivamente, el primer protagonista de alto nivel que caracterizó y denostó a los buitres fue Domingo Cavallo. Cuando asumió el ministerio de Economía en 2001, durante el gobierno de la Alianza, Super Mingo padeció un ataque fugaz de semi keynesiasmo y afán recaudatorio. Implantó el apodado “impuesto al cheque” mientras criticaba ácidamente al sistema financiero y los “mercados”. Fue un ratito, extraño mientras duró. La verdad a veces brota de la boca de mentirosos seriales tal vez porque nadie lo es todo el tiempo: Cavallo describió con pelos y señales los manejos de los buitres (que pronunciaba casi “huitres”).

Los buitres son los dueños de parte de la deuda no canjeada, que compraron a precio vil en el mercado. Compararlos con los estados acreedores del Club de París es sanata oficialista, ovacionada por la claque. Los estados prestaron plata a la Argentina y acordar con ellos no habilita los regateos accesibles con privados así sean usureros.

Los especialistas más cercanos al paradigma nacional-popular vienen detallando la magnitud de lo concedido, las comparaciones entre lo pagado por el 93 por ciento de la deuda y por los flecos actuales. A ellos se remite este cronista, la asimetría es brutal.

Oposiciones funcionales: El proyecto de Cambiemos fue retocado en la Cámara Baja para complacer-sumar a los filo aliados del Frente Renovador (FR) que lidera el diputado Sergio Massa.

Un aspecto central de los cambios es o puede ser meramente declamatorio. Hablamos del que restringe la afectación de los fondos que se reciban a fines productivos y no a repago de deuda o gastos corrientes. La prédica en ese sentido es correcta, también la formularon el gobierno anterior y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El punto es que la plata es fungible: puede usarse para un objetivo u otro. Las potestades del Ejecutivo para reasignar partidas son amplísimas (herencia del kirchnerismo, que el macrismo reproduce gozoso, con otro signo). Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) pueden funcionar en la contingencia como un salvavidas para manejos propios del gobierno.

La “oposición de su Majestad” es funcional a las manos libres de Macri. Proponiendo cambios vistosos pero ineficaces u otorgando quórum para votar en disidencia parcial como harán los peronistas reconvertidos.

Dos Cámaras, dos escenarios: Los proyectos entran por Diputados, la Cámara en la que el oficialismo la tiene más fácil. Con el aval de los propios, los aliados firmes, los implícitos y los culposos, los proyectos parecen condenados a salir con fritas el martes tras un debate vivaz.

El Frente para la Victoria (FpV) rehusará cooperar con el quórum aunque se sumará al debate. “Ganaremos el debate y perderemos la votación” sería su consigna no verbalizada. Cuenta con un arsenal de argumentos para rebatir las leyes y sus derivaciones. Se bifurcan en lo ruinoso del convenio con los buitres, del endeudamiento externo posterior y de los riesgos de demandas de bonistas que entraron a los canjes soberanos.

El titular del bloque, Héctor Recalde, propondrá la convocatoria a consulta popular vinculante, mecanismo previsto en el artículo 40 de la Constitución. Una herramienta de participación esencial, malamente archivada desde su instauración. La moción es más interesante que viable, dada la correlación de fuerzas.

La polémica será larga. El diputado massista Felipe Solá sazonó la tercera posición renovadora (bien leída, es la primera camuflada) poniendo un punto sobre las íes. Lo retraducimos all uso nostro: nada debe festejarse cuando el país se baja el copete (o los pantalones) ante los buitres. La coalición macrista, todo lo indica, no se privará de vivar (se) en la madrugada del miércoles.

Semana con visitas: El FpV cuenta con mayoría propia en el Senado y el bloque no se ha dividido, formalmente. Sí están escindidas las posiciones que podríamos resumir en tres grupos parejos en número, al día de la fecha.

El primero es el sector integrado por los kirchneristas más fieles lo que abarca a los de La Cámpora sin agotar la lista.

El segundo, más acuerdista, filo amarillo, está encabezado por los que responden a varios gobernadores con el salteño Juan Manuel Urtubey como adalid.

Coexiste un tercero que, se supone, todavía madura su voto.

El presidente del bloque Miguel Pichetto aspira a liderar las dos últimas facciones como ha verbalizado y corporizado en público.

Pichetto guarda estilo, anyway. El bloque ya se reunió con el diputado y ex ministro de Economía Axel Kicillof y con abogados que analizaron los peligros de demandas millonarias.

La actividad planificada de la Cámara prevé seis días con invitados de fuste. Convocará a los 24 gobernadores cuyo criterio mayoritario ha sido cantado o insinuado a gritos en esta semana tras la reunión con el ministro del Interior Rogelio Frigerio.

También se citarán compañeros sindicalistas que tendrán que mostrar sus cartas e inclinaciones.

Dadas las circunstancias extrañas, el convite más fuerte motorizado por el FpV es para el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín. Se trata del jefe de los abogados del Estado nacional aunque el nombre de fantasía viene a cuento porque hay un tesoro o una fortuna en vilo. Se añora, al cierre de esta nota, un dictamen de Balbín.

El diputado de Cambiemos, Luciano Laspina, se comprometió a llevarlo a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside. Quedó en veremos.

Denso cometido el de Balbín: asegurar que hay certeza sobre un porvenir impredecible. Ponerle el gancho a un dictamen que asegure que no habrá reclamos exitosos es un albur que no le haría pagar costos económicos pero sí pone en jaque su responsabilidad histórica. Veamos.

¿La resurrección de RUFO? Los canjes de deuda contenían la llamada cláusula RUFO, corriente en pactos de ese tipo. Una promesa de no mejorar la oferta a los bonistas acreedores que los aceptaran por un plazo que venció el 31 de diciembre de 2015. Es una regla sensata para tentar a quienes concedieron quitas formidables a trueque de pago seguro, en cuotas.

Si el new deal con los buitres es mucho más dadivoso que los canjes, existe la posibilidad de que los bonistas que confiaron en el Estado argentino se consideren defraudados y abran pleito en tribunales internacionales. El oficialismo y los abogados norteamericanos del estado argentino pontifican que esa hipótesis es imposible, está clausurada sin resquicios por la RUFO.

El problema es que este caso es único en la jurisprudencia universal. Las derivaciones de una contingencia judicial sin precedentes es cualquier cosa menos certera.

La sentencia de Griesa, sin ir más lejos, rompió todas las reglas vigentes hasta ahí. Dicho en criollo, ya hubo un litigio en el que todos los antecedentes fueron arrojados al tiesto por un juez de primera instancia del Primer Mundo.

Así las cosas, la virtualidad de pleitos existe. Profetizar sobre su desemboque es una timba. Cifrémosla en una pregunta no tan delirante: si hay bonistas despechados que litigan por estafa o abuso de derecho de Argentina ¿puede existir en todo el mundo un juez que les haga lugar? ¿Uno en el mundo, por soberbia, ira, senilidad, sub imperialismo o por ser permeable a influencias o sobornos?

¿Quién puede jurar que no, si es creyente? ¿quién apostaría todo su patrimonio a que sea del todo imposible?

A mayor diferencia entre lo que embolsen los buitres y lo que percibieron los bonistas de buena fe, mayor es la potencial razonabilidad de su enojo. Y más grandes los incentivos para tirarse un lance en “la justicia internacional”.

Los razonamientos del gobierno son sesgados, por definición. Tampoco son verdad revelada los de los abogados norteamericanos, por apelar a un tierno eufemismo. Cuanto más facturen, menos creíbles son.

Afanes y perspectivas: El senador bonaerense Juan Manuel Abal Medina le transmitió informalmente a su par chaqueño Angel Rozas (UCR-Cambiemos) que para el FpV es imperioso que Balbín concurra al Senado con su dictamen escrito.

Abal Medina formuló declaraciones periodísticas impropias e imprudentes en esta semana. Hasta aludió a cómo debía obrar el bloque de diputados kirchneristas. Los cuadros de situación de ambas Cámara difieren mucho y nadie tiene competencia para injerir en la otra. Fue por lo menos confuso en explicar cuál sería su postura frente al proyecto, al que se opondrá. En acción probará cómo se alinea y qué posición defiende.

La actividad parlamentaria del Senado pinta prolongarse hasta el 23 de marzo. Si se cumpliera el calendario, el proyecto podría tratarse en el recinto el 30 de ese mes.

El desenlace en el Senado es menos seguro que el de la Cámara Baja. El magma peronista se irá reacomodando, la presión de los gobernadores impactará en la votación.

Con ese mapa, la perspectiva más factible es que la ley se apruebe, raspando.

No está descartado que el FpV consiga introducir modificaciones al texto original agregando salvaguardas y tratando de bajar las cifras a pagar. Recalde y Pichetto que dialogan, más allá de sus posturas divergentes, analizaron ese escenario.

Sí así fuera, el proyecto volvería a la otra Cámara y pondría en un brete a los compañeros peronistas tránsfugas y a los legisladores del FR, que verbalmente quieren diferenciarse del oficialismo. Insistir podría lucir demasiado PRO...

Un rechazo senatorial está entre lo imposible y lo muy difícil.

A endeudar, a endeudar: Los gobernadores buscan el favor del oficialismo pensando en conseguir dinero por dos vías. El financiamiento internacional y las transferencias de la nación a sus provincias.

El endeudamiento externo es un pilar del bastante básico y no muy explicado programa económico oficial. Solo reactivando, bajando la inflación y cortando la hemorragia de despidos puede sensatamente suponer que conservará la legitimidad electoral de origen. Objetivos que van a contrapelo de los resultados de los primeros tres meses de gestión. Macri empeoró la “pesada herencia” aumentando el número de desempleados, bajando el nivel de actividad, ¡agravando la inflación! El valor adquisitivo del salario real se redujo merced a la “exitosa salida del cepo”, que así se apoda a la devaluación. Sería un logro que el macrismo terminara el año con los indicadores socio económicos que le dejó el gobierno anterior.

Chimentan que en Casa de Gobierno preocupa que las encuestas y los focus groups revelen que “la gente” piensa crecientemente que “Macri gobierna para los ricos”. La revelación motoriza a asesores de imagen o a comunicadores avezados. Quizás el oficialismo no deba pensar tanto en la percepción como en sus políticas. Mirarse al espejo, póngale.

Singer consiguió para sí, condiciones mucho más ventajosas que el resto de los buitres



Los fondos buitre liderados por Paul Singer definieron condiciones aún más ventajosas que el resto. Menor quita, pago de los honorarios de abogados y lobby y el cobro de intereses adicionales. Lo consiguieron ante la desesperación del gobierno de Macri para cerrar el acuerdo.

Por Alfredo Zaiat

Recibió una quita menor en relación a lo acordado con otros fondos buitre, cobrará intereses adicionales hasta el momento del pago total, consiguió que la millonaria cuenta de honorarios de abogados y de lobby sea abonada por la Argentina, obtuvo el beneficio de no quedar limitado en su capacidad de continuar litigando, exigió que el país no pueda realizar otras emisiones de deuda en dólares, limitando a la vez la nominada en pesos, hasta tanto no se cancele el ciento por ciento de su demanda, tiene la prioridad de recibir los dólares en efectivo antes que el resto de los fondos buitre, y estará facultado a rescindir el acuerdo si no cobra antes de las 12.00 pm, hora del Este, del jueves 14 de abril próximo. Todos esos privilegios fueron otorgados por el gobierno de Mauricio Macri a Paul Singer, quien lideró el acoso sobre Argentina en todos los años del litigio, y a sus buitres aliados. Los 36 folios del preacuerdo preliminar con los fondos NML, Aurelius, Blue Angel, Olifant Fund, FYI y FFI Fund forman parte del anexo al proyecto oficial que deroga las leyes Cerrojo y Pago Soberano. De su lectura es muy difícil concluir que hubo una negociación para alcanzar un acuerdo. Más bien es la concreción de lo postulado por Macri, en junio de 2014, de ir al juzgado de Thomas Griesa y hacer lo que él ordene.

La relación con los buitres tiene la misma lógica que el debate sobre el endeudamiento externo. La clave es determinar para qué se emite deuda: si es para financiar obras de infraestructura y actividades que faciliten el repago por la generación de divisas adicionales o si es para financiar la fuga de capitales. Esto último orienta hacia una futura crisis de deuda. En el caso con los buitres, lo relevante para observar es que clase de acuerdo se define. Singer & cía. no vieron recortadas sustancialmente sus pretensiones infladas exageradamente por su juez amigo Thomas Griesa.

La oferta argentina para los buitres con sentencias pari passu (incluyendo a los denominados me too) es con una quita del 30 al 27,5 por ciento del reclamo monetario. En esa categoría ingresaría Singer y buitres aliados, pero la quita que se le aplica es del 25 por ciento, pero con otros beneficios la reduce a 22,5 por ciento. Este acuerdo es el más relevante porque equivale al 78 por ciento del total. O sea, los privilegios otorgados por Argentina son muy onerosos puesto que se aplican sobre 5891 millones de dólares de bonos. Con los otros catorce acuerdos el total suma 7553 millones. Incorporar a Singer era indispensable para el gobierno de Macri y, por esa urgencia, entregó beneficios excepcionales a esos buitres.

La firma del acuerdo preliminar con Singer, firmado por él en puño y letra, y sus buitres aliados tiene fecha del 26 de febrero, y las condiciones a cumplir empezaron a correr a partir del 29 de febrero:

- Argentina reconoce el 75 por ciento del total de la demanda por 5891 millones de dólares radicada en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York sobre los bonos en cesación de pagos: el monto a pagar asciende entonces a 4418 millones de dólares.

- Pero no es todo: también se reconoce un interés del 2 por ciento anual desde el 1° de marzo hasta la última fecha de pago, definida el 14 de abril. Esto significa que hay una tarifa diaria de 322.795 dólares.

- Hay más: Argentina se comprometió a pagar 235 millones de dólares en concepto de reembolso a estos fondos buitre por honorarios legales que abonaron ya sea en Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción a nivel mundial.

- En total, el pago sería de 4553 millones, sin incluir los intereses.

- Los intereses hasta el 14 de abril acumularán 14.525.775 dólares.

- La suma total sería entonces de casi 4568 millones de dólares.

- Así, con ese monto global, la quita disminuye del 25,0 al 22,5 por ciento de la sentencia monetaria.

Argentina reconoce el capital, intereses, intereses punitorios por el default, los intereses por mora aplicados por Griesa más los gastos del juicio. Más los intereses hasta cancelar esa deuda, que también se pagarán “en efectivo, en dólares estadounidenses en fondos de disponibilidad inmediata, mediante giro bancario”. Luego de recibir los dólares, los buitres se comprometen a liberar todos los embargos, ejecuciones pendientes, y “regresarán a la Argentina todos los bienes embargados o incautados”. El detalle que no se menciona es que no hay bienes embargados o incautados del Estado argentino porque los buitres no tuvieron éxito en ese tipo de demandas judiciales presentadas en tribunales estadounidenses y europeos.

El punto 5 del preacuerdo indica las condiciones impuestas por los buitres: la derogación de las leyes Cerrojo y Pago Soberano, y que la ley que las anule haya entrado en vigencia “y permita incondicionalmente” el pago “inmediato”. Recién en esa instancia, las medidas cautelares dispuestas en el juzgado de Griesa se revocarán “automáticamente”. Además Argentina se comprometió, hasta que los buitres no cobren, a no solicitar el levantamiento de esas medidas que bloquean el cobro de los acreedores del canje 2005 y 2010.
Tomo todo

El punto 6 insiste en cuidar los intereses de los buitres, al establecer que “independientemente de cualquier otra disposición en el presente acuerdo, nada aquí impedirá o limitará la capacidad” de los buitres “de litigar para salvaguardar su posición legal”. Reitera la condición referida a que si no reciben el “pago completo” las medidas cautelares “no se pueden levantar”. Argentina se compromete a no emitir otros bonos de deuda para otros fines hasta no cancelar el compromiso con los buitres. Y los dólares obtenidos de la emisión de títulos de deuda por 12 a 15 mil millones serán destinados en primer lugar a los buitres Singer & cía., y serán canalizados por los bancos colocadores de esos papeles. O sea, los dólares de la emisión de deuda argentina no ingresarán en ningún momento al país, y pasarán directamente de los bancos colocadores de los papeles a las cuentas de esos buitres en entidades financieras de Nueva York.

El acuerdo preliminar se rige por la legislación del Estado de Nueva York. Además acordaron rendir ante el mediador Daniel Pollack las eventuales controversias que pudieran surgir, y si en dos días no logran encontrar una solución, Argentina se someterá al “Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, ante el Honorable Thomas P. Griesa, donde se resolverá el caso de manera expedita”. “La República Argentina renuncia a la soberanía y otras inmunidades (y acepta la competencia y la notificación procesal en Nueva York)”, aceptó el equipo económico de Alfonso Prat-Gay.

El punto 7 del acuerdo preliminar retrocede un poco más en la cesión de soberanía financiera, al someterse a una serie de prohibiciones para realizar emisiones de deuda hasta tanto no se cancele el ciento por ciento de lo acordado. A su vez, los primeros fondos obtenidos para el pago se depositarán, por parte de las entidades financieras que actúen en la colocación, directamente en las cuentas que indiquen los fondos buitre. Esto le otorga a Singer & cía. una prioridad absoluta respecto del resto. Esta cláusula cercena la posibilidad endeudarse en dólares y limita la emisión de deuda en pesos a un máximo equivalente de 2000 millones de dólares. Además es riesgosa porque establece la predominancia de unos fondos buitres sobre el resto, lo que puede derivar en nuevos litigios pari passu, o sea la condición de igual trato entre acreedores.
Pagar la cuenta

Los considerandos del proyecto de ley pro buitre señalan que a “los fondos NML, Aurelius Capital, ACP, Aurelius Opportunities, Olifant, FYI, FFI Y Blue Angel, en cuyo acuerdo se contempla una quita inferior a la estipulada en la oferta pari passu, en razón de haber sido ellos a favor de quienes fueron dictadas originariamente las órdenes pari passu. Se informa que se “les ha ofertado el reconocimiento de ciertos gastos en concepto de honorarios (con una quita del 40 por ciento) en virtud de haber resultado vencedores en distintos litigios contra la República Argentina habiendo, asimismo, agotado todas las instancias judiciales posibles, incluyendo la Corte Suprema de Estados Unidos de América. Y finalmente lamenta que esos gastos implicaron “mayores costos en comparación con el resto de los acreedores”, y por ese motivo Argentina se los reconocerá.

El punto 2 del acuerdo con Singer y otros buitres contempla ese pago adicional, que suma 235 millones de dólares “para (a) resolver todos los reclamos afirmados fuera del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, a nivel mundial, y (b) para reembolsarles a las Partes Demandantes honorarios legales donde fuere que se hayan incurrido, ya sea en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York o cualquier otra jurisdicción a nivel mundial”.

El monto original reconocido no está discriminado ni se precisa cómo se alcanzó. A esa suma se le aplicó un descuento del 40 por ciento. Pueden estar incluidos casi los 8 millones de dólares para financiar la American Task Force Argentina, entidad de lobby buitre liderada por Paul Singer encargada de la campaña de desprestigio de Argentina. También puede incluir la demanda relacionada con la retención indebida de la Fragata Libertad que implicó costas por 15 millones de dólares pagadas por NML el 23 de julio de 2013, como está registrado en el anexo del acuerdo e incluido en el proyecto de ley. O el financiamiento a políticos locales, como a la ONG Voces Vitales Argentinas, dirigida por la diputada nacional del PRO y actual titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, que recibió 100 mil dólares de Singer.

Aceptar el pago de gastos legales y honorarios de todo tipo implica reconocer que los fondos buitre tenían razón al no participar de los canjes 2005 y 2010 y en impulsar una interpretación extravagante de la cláusula pari passu, convalidada por el juez Thomas Griesa. Esta postura difiere no solo de la que ha tenido Argentina hasta diciembre de 2015, sino también la mayoría de la comunidad internacional. Esto genera además un antecedente que implica un incentivo enorme a que se inicien nuevos litigios contra Argentina, ante el hecho que no solo no se negocia los montos adeudados, sino que el país paga los gastos legales de los buitres.

Para Pichetto, el congelamiento de orden de Griesa "Cambia todo, y así no podemos votar nada"



Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque de senadores del PJ-FpV, afirmó que la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York de congelar la orden del juez Griesa que levanta embargo es una medida "muy preocupante" porque "impacta de lleno en la negociación y las propuestas del gobierno argentino".



Este viernes, la Corte de Apelaciones de Nueva York congeló una orden del juez Thomas Griesa que levantaba el embargo contra Argentina. El Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva York suspendió el dictamen del juez hasta que pueda escuchar una apelación de los acreedores que se oponen al levantamiento de las medidas cautelares.

El senador indicó que "no existen reglas claras por parte de la judicatura americana" porque al suspender la Corte de Apelaciones la decisión de Griesa "establece que ejerce la jurisdicción del expediente".

El presidente del bloque del PJ-FpV afirmó que la situación "es muy preocupante" y que "impacta de lleno en la negociación y las propuestas del gobierno argentino ya que la mencionada cámara retoma la jurisdicción ante la presentación de otros bonistas".

Pichetto agregó también que esta medida "obliga a un análisis más profundo del contenido de la sentencia" porque "incorpora un hecho nuevo no previsto por el Gobierno".

El legislador consideró que de esta forma "deja latente el riesgo para la Argentina de seguir atrapada, aún pagando a los bonistas que acordaron, por la posibilidad de que se vuelva a colocar una nueva medida cautelar en la Corte de Apelaciones que le impida pagar". El rionegrino sostuvo que "es fundamental tener más claridad y más precisión sobre la situación actual y sus posibles derivaciones". Pichetto remarcó que "también es necesario que el Gobierno clarifique ante la opinión pública y el Congreso de la Nación quiénes son los bonistas que apelaron ante la Corte de Apelaciones de Nueva York".

Por último, Pichetto dijo que "el Congreso debe contar con datos concretos que los abogados de la Argentina deben obtener de la Cámara de Apelaciones y del Juez".

Según documentos de tribunal estadounidense, Argentina no se opuso al requerimiento de los acreedores de dejar la orden en espera. Previamente, se había asegurado una apelación acelerada, con el argumento que "sin una rápida resolución, el arreglo de las reclamaciones más grandes en este largo litigio se ponen en peligro".

El 2 de marzo pasado Griesa levantó las medidas cautelares que le impiden a la Argentina concretar pagos a los bonistas que adhirieron a los canjes de 2005 y 2010, y que forzaron la negociación con los holdouts.

Esas medidas cautelar serán definitivamente canceladas cuando Argentina derogue las leyes de pago soberano y la denomina ley cerrojo y además pague al contado a los fondos buitres que aceptaron la propuesta de Argentina, para solucionar el diferendo, fijando el plazo del 24 de abril para que se concreten esas medidas.

El Gobierno quiere remover a Echegaray si audita las cuentas de Macri, quieren que se concentre en Cristina

 El presidente de la AGN quiere controlar la actual gestión y el PRO exige que se concentre en Cristina.


El titular de la AGN, Ricardo Echegaray.


Ricardo Echegaray busca acelerar los tiempos de la Auditoría General de la Nación, pero en el Gobierno no quieren saber nada con tenerlo encima: el diputado Pablo Tonelli anunció que impulsará su remoción si no restringe su trabajo a las cuentas de los años anteriores.


El anuncio del ex AFIP parece simple: propone que además de auditar las cuentas públicas de otros lustros, se empiece a supervisar las de todos los días. O sea, las del Gobierno de Mauricio Macri, algo que tarde o temprano ocurrirá.

Pero el PRO prefiere esperar todo lo posible, temerosos de que Echegaray encuentre cosas complicadas antes de lo esperado. En definitiva, si la AGN sólo puede controlar ejercicios terminados, a más tardar el año próximo auditará los números Macri.

Los informes luego son tratados por la bicameral mixta revisora de cuentas, que por estos días está por elegir autoridades, pero de ninguna manera tendrá mayoría de Cambiemos.

“No tiene sentido evaluar números de planes del Gobierno que ya finalizaron. Nos gustaría recomendar sobre la viabilidad de tal o cual programa”, señalaron  desde el organismo.

"Es un disparate”, respondió Tonelli. “El desconocimiento de Echegaray de la ley del organismo que preside es muy grave. No sé si no da para pensar en la remoción de Echegaray, ya lo analizaremos con más detalle", sostuvo.

“Es función de la SIGEN controlar a los organismos del Estado, por lo que habría una superposición de funciones que me parece, honestamente, ilegal", agregó.

Tonelli confió en que la mayoría opositora de AGN frustrará la movida. "Igualmente no creo que lo pueda llevar adelante porque, primero, los integrantes de la AGN le señalaron lo mismo y, segundo, desde el Gobierno no lo vamos a aceptar", celebró.

El director más belicoso es el radical Alejandro Nieva, quien le dijo a Clarín que además de querer chequear la gestión de Macri, Echegaray excluyó del plan de acción auditorías de año pasado en la Inspección General de Justicia (IGJ), la Casa de la Moneda y Lotería. Todas afectan de cerca a Cristina Kirchner.

Otra pretensión de Echegaray es hacer un monitoreo de los despidos para evaluar el impacto económico de posibles medidas judiciales pudiera tener un efecto económico mayor que el de haberlos retenido en el Estado. Los auditores radicales no lo permitirán.

Riesgos detrás del acuerdo: jueces creativos como Griesa, hay en todos lados



Reconocidos juristas advierten que quienes aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010 estarían en condiciones de reclamar la diferencia existente entre lo que cobraron y lo que obtendrán holdouts como NML Capital de Paul Singer.


El acuerdo alcanzado por el gobierno de Mauricio Macri con los fondos buitre plantea un riesgoso escenario de litigiosidad con el 93 por ciento de los bonistas que aceptó los canjes de deuda de 2005 y 2010. En este diagnóstico coincidieron los reconocidos juristas Stella Maris Biocca y Beinusz Szmukler. También advirtieron sobre la posibilidad de una eventual ola de juicios desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Los analistas sostienen que las condiciones mucho más favorables que se les reconoce a los fondos que no adhirieron a ninguna de las dos instancias de reestructuración y eligieron el camino judicial podría disparar demandas legales para que el país les reconozca la diferencia respecto del recorte del 67 por ciento que aceptaron sobre el capital e intereses en la operación. Desde el bloque del Frente para la Victoria habían difundido un dictamen de minoría que remarca la necesidad de respetar el trato equitativo respecto de los canjes, avalado por los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana aprobados por las Naciones Unidas.

El proyecto de ley que impulsa el oficialismo para pagarles a los fondos buitre contempla una mejora sustancial respecto de lo que se otorgó a los bonistas que ingresaron al canje. En trazos gruesos, se les reconoce a los fondos más beligerantes hasta 400 dólares por cada lámina de 100 dólares en valor nominal de sus tenencias en bonos en default desde 2001. También se les pagaría los gastos y costos asociados a los juicios que estos fondos carroñeros, encabezados por NML Capital de Paul Singer, tuvieron durante el proceso. La oferta es incluso más alta de lo que se ofrece a los otros holdouts.

Szmukler, presidente del Consejo Consultivo Continental de la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas, con status ante Naciones Unidas, evaluó que “los fondos buitres y el resto de los holdouts no deberían cobrar ni un centavo más que lo que se le está pagando al 93 por ciento que aceptó entrar al acuerdo de reestructuración”. “No se puede privilegiar a unos acreedores respecto al conjunto de la masa cuando hay un concurso de acreedores. Es ilegal pagar un centavo más”, aseguró el jurista. Según detalló, el riesgo es que se abre la vía para que se caiga el acuerdo con ese 93 por ciento que “tiene todas las chances de que cualquier juez les acepte un juicio contra la Argentina”. “No necesitarían al juez Thomas Griesa, porque actuarían con derecho”, aseguró Szmukler.

La doctora en Derecho Económico y Financiero Internacional y ex jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Biocca, consideró que a futuro “esta responsabilidad del Estado va a tener un costo muy grande que puede llegar a los 500.000 millones de dólares, lo que significa la totalidad del Producto Interno Bruto (PIB) argentino”. Por su parte, los analistas Julia Strada y Hernán Letcher, integrantes del CEPA, puntualizaron que “el riesgo latente por nuevos juicios constituye un problema real”.

En un documento difundido por ese centro de estudios indicaron que “el acuerdo con los buitres abre la posibilidad de nuevas demandas”. “Así como Griesa basó su sentencia en una interpretación inversa del pari passu, la Argentina no está exenta de encontrarse con otro Griesa que haga lugar a algún reclamo de aquellos que hoy se ven perjudicados porque entraron en las reestructuraciones”, aseguraron. Desde el oficialismo argumentan que no existe riesgo debido a que en diciembre de 2014 venció la cláusula RUFO, un apéndice en los bonos que dejaba en claro que hasta esa fecha el país no podría ofrecer un tratamiento mejor a los holdouts que el que se dio en el canje.

“Hay que aclarar que, aunque la cláusula RUFO se encuentre vencida, el riesgo latente por nuevos juicios constituye un problema real. El acuerdo con los buitres abre la posibilidad de nuevas demandas”, afirmaron. Así como Griesa basó su sentencia en una interpretación inversa del pari passu (tratamiento igualitario), la Argentina no está exenta de que otro juez pueda hacer una interpretación caprichosa de la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y convalide nuevas demandas de quienes se vean perjudicados porque aceptaron una quita en el canje. “Vale recordar que Griesa consideró que la ley Cerrojo implicaba el tratamiento perjudicial para algunos bonistas por significar un impedimento en la negociación. Para resolver esta controversia, el juez neoyorquino sentenció a favor de los buitres concretando allí el verdadero tratamiento diferencial: exigió pagar en efectivo al 100 por ciento”, señalaron desde el CEPA.

Tres meses de consumo en picada


Avisan que el ajuste también llegó al changuito

El aumento masivo en el precio de los alimentos ya se refleja en las ventas. Cambios de conducta de los consumidores, particularmente de sectores menos pudientes. “Ahora sólo compran lo necesario para el día”, refieren dirigentes del comercio.

Por Raúl Dellatorre


Empiezan a aparecer signos coincidentes con respecto a una sensible baja en la demanda de productos masivos. Registros de una importante cadena de hipermercados, de origen europeo, que sólo circulan en forma reservada, dan cuenta de que las ventas están en un diez por ciento debajo de los volúmenes esperados. Una representante de la amplia franja de supermercados chinos dio ayer cifras similares de baja en el consumo, por cambios de conducta de los clientes, particularmente de los de menor poder adquisitivo. Los indicadores de precios del Gobierno de la Ciudad –a los que el gobierno nacional les otorgó el carácter de valor de referencia ante el “apagón estadístico” por tiempo indeterminado del Indec– muestran que la evolución de precios de los alimentos marcan la curva de ascenso más alarmante en los últimos tres meses (diciembre, enero y febrero), a partir de que se tuvo certeza de que Cambiemos iba a ser gobierno y una de sus primeras medidas sería una megadevaluación. Y como ocurre en otros sectores en los que las firmas dominantes aparecían “prima facie” como los socios más cercanos a la nueva política, en el comercio minorista también se dio el fenómeno de que los más poderosos (grandes cadenas y dueños de primeras marcas en bebidas y alimentos) son los que más abusos cometen aprovechándose de la situación. “La gente compra lo imprescindible porque la plata no le alcanza, mientras que las firmas que tienen grandes depósitos especulan con los aumentos, porque tienen espaldas financieras y otro poder de negociación”, apuntó una representante de los supermercadistas chinos. Sin el paraguas del Gobierno, los comercios más chicos sienten que van a perder y que las grandes cadenas, aunque ahora vendan menos, volverán a verse beneficiadas.

La titular de la cámara que agrupa a los supermercados chinos (Cedeapsa), Yolanda Durán, advirtió que las ventas en esas casi diez mil bocas de expendio que funcionan en el país bajó cerca de un diez por ciento en volúmenes de producto. “La gente compra lo imprescindible; antes venían por las compras de carnicería y verdulería y se llevaban otros productos del salón, hoy compran sólo lo necesario para el día”, señaló la directiva empresaria del sector más extendido en el comercio en los últimos años. “Los clientes se lo dicen al comerciante, con estos aumentos de precios la plata no alcanza, mientras que los supermercados siguen recibiendo la mercadería con aumento semana tras semana”, señaló Yolanda Durán a Página/12 ayer, ampliando las declaraciones que más temprano había formulado en una entrevista por Radio La Red.

Ante la consulta de este diario sobre cuáles son los rubros en los que se verifica mayor caída en las ventas, Durán respondió que la baja es “generalizada”, aunque los autoservicios y supermercados chinos, como comercios de proximidad, funcionan principalmente en base a los rubros alimenticios. “Tradicionalmente traccionaba mucho la venta en carnicerías y verdulerías, porque el que compraba después se llevaba otros productos de las góndolas; pero ahora, por los aumentos, bajó el nivel de ventas de carnes, frutas y verduras, pero además llevan menos de los otros artículos. Ahora es usual que un cliente entre y se lleve un paquete de fideos y un par de cosas más, solamente”, agregó.

De acuerdo al índice de precios al consumidor que elabora la Dirección de Estadísticas del Gobierno de la Ciudad, el rubro de mayor incidencia en la inflación registrada en los últimos doce meses fue el de Alimentos y Bebidas no alcohólicas. Por rubro, el incremento en el precio promedio de la fruta fue, al mes de febrero, de 58 por ciento respecto de un año atrás; en las carnes del 42 por ciento, pescados y mariscos del 30 por ciento y en el renglón de aguas minerales, gaseosas y jugos, del 29,5 por ciento. El IPC de la Ciudad refleja modificaciones del 3,9 por ciento en diciembre, 4,1 en enero y 4 por ciento en febrero, acumulando 12,5 por ciento en tres meses, desde que hubo certeza de que Mauricio Macri sería presidente de la Nación y que su carta de presentación iba a ser una brutal devaluación. Ese mismo índice de la Ciudad, en los primeros once meses de 2015, promedió el 1,8 por ciento, corroborando la baja en el ritmo de inflación respecto de los dos años anteriores.

La titular de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (Cedeapsa) también se refirió al tema de la inflación y señaló su preocupación por la inestabilidad que provoca en el comercio minorista. “Hay aumentos continuos, semana tras semana, y hay muchos abusos de grandes proveedores. Somos comercios de proximidad pero el público igual exige que tengamos primeras marcas, y ahí no tenemos chance de negociar nada: nos dan el precio actualizado cada semana, y si no se acepta, no te bajan la mercadería (del camión). Hay subas genuinas y otras por especulación, el Gobierno debería estar viendo que no es lo mismo la posición de un comercio chico que la de una cadena de hipermercados. Nosotros no tenemos depósitos cargados de productos esperando que aumenten, vendemos y reponemos cada semana. Pero no hay diálogo con la Secretaría de Comercio, hasta el momento no ha habido contacto con las nuevas autoridades. Parece que les interesa acordar sólo con las grandes cadenas. Y sin el paraguas del Estado, es muy difícil tener previsibilidad”, recalcó la dirigente empresaria.

Plan B

 
Por David Cufré


El principal argumento del Gobierno para justificar el acuerdo con los fondos buitre es la necesidad de volver a los mercados de deuda para financiar un plan de obras públicas. El Presidente y sus ministros sostienen que sin ese canal de crédito no será posible encarar proyectos de infraestructura indispensables para el país y, junto con ello, no se podrá recuperar el crecimiento económico. No hay plan B, descartó el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Sin embargo, un simple ejercicio de memoria demuestra que no es cierto lo que dicen los funcionarios. No solo existen caminos alternativos a la banca extranjera y a la emisión de títulos públicos para concretar proyectos trascendentes, sino que están vigentes. Son una herencia de la administración anterior, que dejó pactados créditos por unos 30.000 millones de dólares para continuar su profuso plan de obras públicas.

El financiamiento de los proyectos de infraestructura y de recuperación de empresas del kirchnerismo no provino de la colocación de bonos ni de créditos con la banca internacional. El gobierno anterior no fue a pedirle al JP Morgan, HSBC, Citibank y otras entidades miles de millones de dólares para su programa de infraestructura, que resultó el más destacado en cinco décadas. No dependió de ellos para finalizar Yacyretá, estatizar YPF, terminar con las AFJP, recuperar el control de Aerolíneas Argentinas, el Correo, AySA, renovar ferrocarriles, lanzar satélites al espacio, construir centrales atómicas, extender gasoductos, redes eléctricas y de fibra óptica, ampliar la General Paz, transformar en autopista las rutas 14 y de Rosario a Córdoba, entregar computadoras a todos los estudiantes secundarios de escuelas públicas del país o montar una red de televisión digital abierta y gratuita. El financiamiento fue gestionado ante organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, la CAF, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, el Banco Popular de China, facilitado por organismos estatales superavitarios como la Anses y con recursos propios del sector público. También recaudó de bancos y compañías de seguros en el mercado local, obligados a destinar una porción de su cartera de depósitos y fondos a créditos productivos. Pero este canal fue desactivado por la nueva conducción del Banco Central.

Tampoco obras que identifican al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como el entubamiento del Arroyo Maldonado, el metrobús y las bicisendas, tuvieron como fuente colocaciones en mercados internacionales. Lo mismo ocurre en Córdoba con el entubamiento del canal Los Molinos, la obra pública más importante en años, que se realiza con créditos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y recursos provinciales. Esta es una constante que se repite por el país.

Es decir, contra lo que plantea Peña, no hay un único camino para desarrollar los proyectos. El mismo debate se dio antes de la primera reestructuración de la deuda en 2005, cuando los sectores ortodoxos, ahora en el poder, decían que no habría forma de conseguir préstamos para obra pública si no se mejoraba la oferta a los holdouts, dejando al país aislado del mundo.

Contra ello, la realidad refleja que fue posible, por ejemplo, rescatar edificios como las ex Bodegas Giol, en Palermo, para levantar un Polo Científico y Tecnológico del que participan el Ministerio de Ciencia y el Conicet, sin tomar un solo dólar de la banca internacional ni de los mercados de deuda. El financiamiento fue negociado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Tesoro Nacional. En todo caso, el jefe de Gabinete debió aclarar que el Gobierno pretende cambiar de estrategia y que en función de ello aspira a arreglar con los fondos buitre. Pero eso es una decisión política, no una imposición de la realidad.

El gobierno de Macri heredó del kirchnerismo un convenio marco con el Banco Mundial que le asegura créditos por 1200 millones de dólares anuales hasta 2018. También siguen programas con el BID por 5000 millones de dólares a ser desembolsados los próximos cuatro años. La cartera de créditos en ejecución con la Corporación Andina de Fomento llega a 20.942 millones de pesos (unos 1350 millones de dólares). De estos préstamos, están pactados 6397 millones de pesos para el sector vial, 4692 millones para el energético, 3694 millones para el de agua y saneamiento, 2291 millones para educación, 2062 millones para los municipios, 1741 millones para infraestructura en comunicaciones y 73 millones para el fortalecimiento institucional.

La CAF es el mismo organismo que financió el proyecto Arsat-1, que permitió a la Argentina ser el primer país de América latina en tener en órbita un satélite geoestacional de construcción propia, formando parte de un grupo de ocho países que manejan esa tecnología de punta.

El BID concedió créditos para la finalización de Yacyretá, la represa que tardó 40 años en construirse. También para el tendido de líneas de alta tensión al NOA y al NEA, dentro del programa Norte Grande, y a Chubut.

El Banco Mundial, a su vez, financió 1965 escuelas y jardines en todo el país, la cifra más alta desde el primer peronismo. Otro proyecto importante es el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, con préstamos en ejecución por 13 mil millones de pesos (unos 840 millones de dólares). Además, hay desembolsos previstos para otros 25 programas en diversas áreas, como vial, de prevención de inundaciones, hídrica y obras en municipios.

El kirchnerismo también estableció acuerdos con otro gran financista externo para proyectos de infraestructura: China. El Banco Popular y otras entidades de ese país comprometieron 4700 millones de dólares para la construcción de las represas Kirchner y Cepernic en Santa Cruz, 5000 millones para la cuarta central nuclear y otros 7000 millones para la quinta central. También hay convenios firmados para la central térmica Belgrano, en Zárate, por alrededor de 1000 millones de dólares. En materia ferroviaria, ya se firmó el acuerdo para un nuevo desembolso de 2400 millones de dólares para el Belgrano Cargas, aunque queda pendiente la entrega de recursos de otro tramo igual pactado en 2013. La renovación de los ramales urbanos del área metropolitana involucró más de 1000 millones de dólares.

En resumen, entre el Banco Mundial, el BID, la CAF y China hay pactados créditos para los cuatro años del mandato de Macri por 30.000 millones de dólares. Peña no debe haber reparado en este dato cuando dijo que no hay plan B para financiar obra pública si no se acuerda con los buitres. Por otra parte, al mismo tiempo que el gobierno muestra urgencia para cerrar con los buitres recibe quejas de gobernadores e intendentes por la paralización de proyectos en distintos puntos del país; YPF reduce su nivel de inversiones 25 por ciento este año y Aerolíneas Argentinas cancela rutas.

El profesor Aldo Ferrer dejó escrito que un eventual entendimiento con los fondos buitre no necesariamente conlleva una baja importante de la tasa de interés para colocaciones de deuda, ya que las calificadoras de riesgo luego exigirán “un plan económico y financiero respaldado por el FMI”. El palo con la zanahoria del financiamiento a tasas bajas se va corriendo, como lo saben bien los argentinos que vivieron los ‘90 y los 2000: siempre faltaba un nuevo ajuste, una nueva privatización, una nueva ley de flexibilización laboral para que los mercados aceptaran prestar más barato. Como esas políticas hundían al país en recesión y caían los ingresos, los reclamos de ajuste se hacían más pesados. El círculo vicioso que se generó la última vez terminó con el presidente en helicóptero.

Ferrer también aportó otro elemento indispensable en este debate: “Los problemas principales de la economía están en la esfera interna: el déficit de comercio de manufacturas de origen industrial y la consecuente restricción externa, la inflación, el desequilibrio fiscal, entre otros. Ninguno se resuelve por el pago a los buitres”.

Facilitar el acceso al financiamiento de los mercados parece más bien una necesidad de sectores concentrados de la economía que buscan dolarizar ganancias sin límites y fugarlas del país, pretendiendo repetir una experiencia como la de los 90, que dejó a la Argentina sobreendeudada, con tasas de desocupación record y un notable atraso en la infraestructura pública. Ese es el plan que manda a la Argentina a la B.

La oposición busca dos tercios para subir el mínimo de ganancias a 60 mil pesos

Massa negocia una ley con el kirchnerismo, Stolbizer y el peronismo federal. Si llega, Macri no podría vetarla.





La oposición negocia una ley para subir el mínimo no imponible de Ganancias a 60 mil pesos con una actualización de las escalas, una apuesta mayor a la reciente reforma de Mauricio Macri, considerada insuficiente por los gremios.


El promotor del acuerdo es Sergio Massa y ya inició contactos con legisladores del Frente para la Victoria, el bloque justicialista, Margarita Stolbizer y distintas fracciones del peronismo.

Aunque una ley se sanciona con mayoría simple, si el Gobierno la veta el congreso sólo puede ratificarla con los dos tercios de ambas Cámaras. Por eso la apuesta del tigrense es llegar a ese número y obligar a Macri a aplicarla.

El proyecto que estudian tendría además un aumento extraordinario de planes sociales, Repro (un plan del Ministerio de trabajo para pagar salarios de empresas) y seguro de desempleo.

En el Senado la misión es sencilla: radicales y macristas no reúnen más de 16 de los 72 legisladores, insuficientes para superar el tercio de las bancas. Además, el FpV preside las comisiones más importantes para acelerar el trámite.

En Diputados Cambiemos está mejor. Presentó un interbloque de 91 miembros y si todos se juntan impedirían que el resto del recinto junte dos tercios. Pero entre los 38 radicales no faltarán molestos a los que tocarle la puerta.

Massa le marcó la cancha a Macri esta semana cuando su diputado Raúl Pérez se abstuvo de avalar el decreto sobre Ganancias en la bicameral de trámite parlamentario.


Si los legisladores del Frente Renovador y el Frente para la Victoria repiten su posición en el recinto, el decreto será rechazado.

En la oposición hay bronca con Macri porque no cumplió con sus promesa de reducir en gran medida el impacto de Ganancias y sí cumplió con bajarle las retenciones a los granos y a la minería.

Es también la queja de la CGT, que ayer ratificó su unidad y planea una marcha al Congreso para las próximas semanas.

Los sindicatos, además, armaron un interbloque con legisladores de todas las fuerzas de extracción gremial para impulsar leyes. Ganancias será una.