Peligros, urgencia y sanguchitos




El Gobierno urge las leyes que habilitarían el acuerdo con los fondos buitre. Acechanzas económicas y de posibles juicios. El precedente Griesa, un alerta roja. Escenario en Diputados y Senadores. Las internas peronistas y los mapas que trazan. El conflicto de intereses puede contagiarse del Ejecutivo a la Corte.
Por Mario Wainfeld

“A Bernardo Neustadt le dicen sanguchito de miga: está siempre al lado de la torta.” La frase de Diego Armando Maradona aggiornó su eterna vigencia con los mensajes de WhatsApp sincericidas que intercambiaron los diputados Diego Bossio (peronista en tránsito) y Nicolás Massot (presidente del bloque del PRO). Fueron transcriptos en la nota de tapa de este diario el viernes: www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-294323-2016-03-11.html

El lenguaje entre sarcástico y cínico es habitual entre políticos y periodísticos, entre otras subculturas. No hay por qué tomarlo al pie de la letra pero sería pavote ignorarlo. La ostentación o el descuido para dejarlos ver integran la jerga, bien mirados.

Conviene no exagerar. Cuando Massot escribe “adoramos el endeudamiento” es factible descartar el lapsus freudiano y presuponer error de tipeo o corrección automática predeterminada.

Aun con tanta piedad, reluce una confianza y un nivel de acuerdo que raya en la pertenencia común. Lo peor, de cualquier forma, no es cómo se negocia sino qué se negocia.

El caso de Bossio (un freelance sin territorio ni votantes) puede distinguirse de las tratativas que llevan los gobernadores peronistas a la luz del día, con reuniones y fotos programadas. De nuevo y adecuando: el sistema político económico real existente fomenta o torna indispensables los pactos entre nación y provincias con fondos que van o vienen. Las fuerzas o debilidades relativas se irán midiendo.

La permeabilidad de “los gobernas” a las medidas del presidente Mauricio Macri trasunta sus flaquezas ideológicas o de convicciones. Para redondear el cuadro: es ostensible que Bossio y los gobernadores no han de haber cambiado tanto desde el 10 de diciembre. Su hechura es previa y pinta los límites que tuvo el kirchnerismo para permear las mentalidades de muchos cuadros aliados. Consiguió traccionarlos desde el poder del estado, jamás persuadirlos del todo. Sus virajes obedecen a las circunstancias.

El presumible acompañamiento al acuerdo con los fondos buitres de una fracción alta del peronismo institucional se expresa en bastante más que hablar de plata. Consiste en callar sobre decenas de miles de despidos, del modo ilegal y brutal en que se consuman, de vertientes de violencia como la represión a manifestantes, el encarcelamiento político de Milagro Sala y otros males que no se miden en pesos ni en dólares. Quien calla, otorga... en mala hora.

A la hora señalada (por Griesa): El devenir parlamentario de la derogación de las leyes “Cerrojo” y de “Pago Soberano” viene siendo todo lo que el oficialismo denostó cuando se oponía a los gobiernos kirchneristas. Tratamiento exprés, agravado por el contenido y porque los plazos perentorios obedecen a la voluntad suprema del juez Thomas Griesa quien le puso fecha al dictado de leyes argentinas.

Cero discusiones en “la sociedad” que tiene sus tiempos y sus cadencias que no son los del ukase de Su Señoría. Cooptación de opositores.

La alusión a los sanguchitos agrega un fantasma que sobrevoló a leyes entreguistas célebres como la Reforma Laboral (a) “Ley Banelco” o la entrega de YPF. En esos casos se comprobaron dádivas aunque “la Justicia” no hizo lugar a las denuncias. En los actuales, habrá que investigar no tanto para coronar en Comodoro Py, misión ardua en todas las etapas e imposible en esto momento. Sí para evaluar conductas y trayectorias.

Pero volvamos al fondo que es lo más trascendente. El vocablo es clavado cuando de endeudar a futuras generaciones se trata.

Baring XXI o Megacanje XXI: El macrismo le paga caro a los fondos buitres, reconociendo sotto voce que no se hace solo por respeto a la sentencia de Griesa. Arguyen que esa libra de carne es el password para una nueva versión de endeudamiento externo.

La perspectiva oficial es que, una vez emitidos y colocados los bonos, lloverán dólares, esta vez baratos. Vendrán inversiones que lubricarán el “modelo”. Se fomentará la obra pública. Servirán para aminorar la inflación, generar empleo y, aunque no se verbalice, para compensar el jubileo impositivo que todo régimen neocon y ofertista lleva en su ADN.

El voluntarismo extremo caracteriza al oficialismo, cuesta muuucho compartirlo. Hasta ahora no entraron las divisas que anunció el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay hace casi tres meses. La primera emisión de bonos MM fue un fiasco, los aliados exportadores agropecuarios siguen jugando a que el dólar suba para liquidar divisas.

Un país que abre sus puertas y aduanas al intercambio desigual es mal prospecto para albergar inversiones de mediano y largo plazo. La bicicleta financiera es más veloz que el rayo en la aldea global. “Enterrar” capital en actividades a largo plazo es más trabajoso y, aunque no se diga, arriesgado.

La historia nacional enseña que las experiencias de endeudamiento bajo un paradigma de derecha fueron funestas. El presidente Mauricio Macri pronostica que ésta será la clave del desarrollo.

El porvenir es virtual, abierto. Tangible es el pago sideral a los fondos buitres. ¿O son holdcouts según escribe el relato oficial?

El nombre es arquetipo de la cosa: “Hold outs”, hasta un primitivo cultor del inglés lo advierte, son quienes quedaron afuera de los dos canjes soberanos concluidos en 2005 y 2010.

Los fondos buitres son llamados así en todo el globo con rigor ajeno al oficialismo y a la gran prensa que lo aúpa.

Un poco contra intuitivamente, el primer protagonista de alto nivel que caracterizó y denostó a los buitres fue Domingo Cavallo. Cuando asumió el ministerio de Economía en 2001, durante el gobierno de la Alianza, Super Mingo padeció un ataque fugaz de semi keynesiasmo y afán recaudatorio. Implantó el apodado “impuesto al cheque” mientras criticaba ácidamente al sistema financiero y los “mercados”. Fue un ratito, extraño mientras duró. La verdad a veces brota de la boca de mentirosos seriales tal vez porque nadie lo es todo el tiempo: Cavallo describió con pelos y señales los manejos de los buitres (que pronunciaba casi “huitres”).

Los buitres son los dueños de parte de la deuda no canjeada, que compraron a precio vil en el mercado. Compararlos con los estados acreedores del Club de París es sanata oficialista, ovacionada por la claque. Los estados prestaron plata a la Argentina y acordar con ellos no habilita los regateos accesibles con privados así sean usureros.

Los especialistas más cercanos al paradigma nacional-popular vienen detallando la magnitud de lo concedido, las comparaciones entre lo pagado por el 93 por ciento de la deuda y por los flecos actuales. A ellos se remite este cronista, la asimetría es brutal.

Oposiciones funcionales: El proyecto de Cambiemos fue retocado en la Cámara Baja para complacer-sumar a los filo aliados del Frente Renovador (FR) que lidera el diputado Sergio Massa.

Un aspecto central de los cambios es o puede ser meramente declamatorio. Hablamos del que restringe la afectación de los fondos que se reciban a fines productivos y no a repago de deuda o gastos corrientes. La prédica en ese sentido es correcta, también la formularon el gobierno anterior y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El punto es que la plata es fungible: puede usarse para un objetivo u otro. Las potestades del Ejecutivo para reasignar partidas son amplísimas (herencia del kirchnerismo, que el macrismo reproduce gozoso, con otro signo). Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) pueden funcionar en la contingencia como un salvavidas para manejos propios del gobierno.

La “oposición de su Majestad” es funcional a las manos libres de Macri. Proponiendo cambios vistosos pero ineficaces u otorgando quórum para votar en disidencia parcial como harán los peronistas reconvertidos.

Dos Cámaras, dos escenarios: Los proyectos entran por Diputados, la Cámara en la que el oficialismo la tiene más fácil. Con el aval de los propios, los aliados firmes, los implícitos y los culposos, los proyectos parecen condenados a salir con fritas el martes tras un debate vivaz.

El Frente para la Victoria (FpV) rehusará cooperar con el quórum aunque se sumará al debate. “Ganaremos el debate y perderemos la votación” sería su consigna no verbalizada. Cuenta con un arsenal de argumentos para rebatir las leyes y sus derivaciones. Se bifurcan en lo ruinoso del convenio con los buitres, del endeudamiento externo posterior y de los riesgos de demandas de bonistas que entraron a los canjes soberanos.

El titular del bloque, Héctor Recalde, propondrá la convocatoria a consulta popular vinculante, mecanismo previsto en el artículo 40 de la Constitución. Una herramienta de participación esencial, malamente archivada desde su instauración. La moción es más interesante que viable, dada la correlación de fuerzas.

La polémica será larga. El diputado massista Felipe Solá sazonó la tercera posición renovadora (bien leída, es la primera camuflada) poniendo un punto sobre las íes. Lo retraducimos all uso nostro: nada debe festejarse cuando el país se baja el copete (o los pantalones) ante los buitres. La coalición macrista, todo lo indica, no se privará de vivar (se) en la madrugada del miércoles.

Semana con visitas: El FpV cuenta con mayoría propia en el Senado y el bloque no se ha dividido, formalmente. Sí están escindidas las posiciones que podríamos resumir en tres grupos parejos en número, al día de la fecha.

El primero es el sector integrado por los kirchneristas más fieles lo que abarca a los de La Cámpora sin agotar la lista.

El segundo, más acuerdista, filo amarillo, está encabezado por los que responden a varios gobernadores con el salteño Juan Manuel Urtubey como adalid.

Coexiste un tercero que, se supone, todavía madura su voto.

El presidente del bloque Miguel Pichetto aspira a liderar las dos últimas facciones como ha verbalizado y corporizado en público.

Pichetto guarda estilo, anyway. El bloque ya se reunió con el diputado y ex ministro de Economía Axel Kicillof y con abogados que analizaron los peligros de demandas millonarias.

La actividad planificada de la Cámara prevé seis días con invitados de fuste. Convocará a los 24 gobernadores cuyo criterio mayoritario ha sido cantado o insinuado a gritos en esta semana tras la reunión con el ministro del Interior Rogelio Frigerio.

También se citarán compañeros sindicalistas que tendrán que mostrar sus cartas e inclinaciones.

Dadas las circunstancias extrañas, el convite más fuerte motorizado por el FpV es para el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín. Se trata del jefe de los abogados del Estado nacional aunque el nombre de fantasía viene a cuento porque hay un tesoro o una fortuna en vilo. Se añora, al cierre de esta nota, un dictamen de Balbín.

El diputado de Cambiemos, Luciano Laspina, se comprometió a llevarlo a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside. Quedó en veremos.

Denso cometido el de Balbín: asegurar que hay certeza sobre un porvenir impredecible. Ponerle el gancho a un dictamen que asegure que no habrá reclamos exitosos es un albur que no le haría pagar costos económicos pero sí pone en jaque su responsabilidad histórica. Veamos.

¿La resurrección de RUFO? Los canjes de deuda contenían la llamada cláusula RUFO, corriente en pactos de ese tipo. Una promesa de no mejorar la oferta a los bonistas acreedores que los aceptaran por un plazo que venció el 31 de diciembre de 2015. Es una regla sensata para tentar a quienes concedieron quitas formidables a trueque de pago seguro, en cuotas.

Si el new deal con los buitres es mucho más dadivoso que los canjes, existe la posibilidad de que los bonistas que confiaron en el Estado argentino se consideren defraudados y abran pleito en tribunales internacionales. El oficialismo y los abogados norteamericanos del estado argentino pontifican que esa hipótesis es imposible, está clausurada sin resquicios por la RUFO.

El problema es que este caso es único en la jurisprudencia universal. Las derivaciones de una contingencia judicial sin precedentes es cualquier cosa menos certera.

La sentencia de Griesa, sin ir más lejos, rompió todas las reglas vigentes hasta ahí. Dicho en criollo, ya hubo un litigio en el que todos los antecedentes fueron arrojados al tiesto por un juez de primera instancia del Primer Mundo.

Así las cosas, la virtualidad de pleitos existe. Profetizar sobre su desemboque es una timba. Cifrémosla en una pregunta no tan delirante: si hay bonistas despechados que litigan por estafa o abuso de derecho de Argentina ¿puede existir en todo el mundo un juez que les haga lugar? ¿Uno en el mundo, por soberbia, ira, senilidad, sub imperialismo o por ser permeable a influencias o sobornos?

¿Quién puede jurar que no, si es creyente? ¿quién apostaría todo su patrimonio a que sea del todo imposible?

A mayor diferencia entre lo que embolsen los buitres y lo que percibieron los bonistas de buena fe, mayor es la potencial razonabilidad de su enojo. Y más grandes los incentivos para tirarse un lance en “la justicia internacional”.

Los razonamientos del gobierno son sesgados, por definición. Tampoco son verdad revelada los de los abogados norteamericanos, por apelar a un tierno eufemismo. Cuanto más facturen, menos creíbles son.

Afanes y perspectivas: El senador bonaerense Juan Manuel Abal Medina le transmitió informalmente a su par chaqueño Angel Rozas (UCR-Cambiemos) que para el FpV es imperioso que Balbín concurra al Senado con su dictamen escrito.

Abal Medina formuló declaraciones periodísticas impropias e imprudentes en esta semana. Hasta aludió a cómo debía obrar el bloque de diputados kirchneristas. Los cuadros de situación de ambas Cámara difieren mucho y nadie tiene competencia para injerir en la otra. Fue por lo menos confuso en explicar cuál sería su postura frente al proyecto, al que se opondrá. En acción probará cómo se alinea y qué posición defiende.

La actividad parlamentaria del Senado pinta prolongarse hasta el 23 de marzo. Si se cumpliera el calendario, el proyecto podría tratarse en el recinto el 30 de ese mes.

El desenlace en el Senado es menos seguro que el de la Cámara Baja. El magma peronista se irá reacomodando, la presión de los gobernadores impactará en la votación.

Con ese mapa, la perspectiva más factible es que la ley se apruebe, raspando.

No está descartado que el FpV consiga introducir modificaciones al texto original agregando salvaguardas y tratando de bajar las cifras a pagar. Recalde y Pichetto que dialogan, más allá de sus posturas divergentes, analizaron ese escenario.

Sí así fuera, el proyecto volvería a la otra Cámara y pondría en un brete a los compañeros peronistas tránsfugas y a los legisladores del FR, que verbalmente quieren diferenciarse del oficialismo. Insistir podría lucir demasiado PRO...

Un rechazo senatorial está entre lo imposible y lo muy difícil.

A endeudar, a endeudar: Los gobernadores buscan el favor del oficialismo pensando en conseguir dinero por dos vías. El financiamiento internacional y las transferencias de la nación a sus provincias.

El endeudamiento externo es un pilar del bastante básico y no muy explicado programa económico oficial. Solo reactivando, bajando la inflación y cortando la hemorragia de despidos puede sensatamente suponer que conservará la legitimidad electoral de origen. Objetivos que van a contrapelo de los resultados de los primeros tres meses de gestión. Macri empeoró la “pesada herencia” aumentando el número de desempleados, bajando el nivel de actividad, ¡agravando la inflación! El valor adquisitivo del salario real se redujo merced a la “exitosa salida del cepo”, que así se apoda a la devaluación. Sería un logro que el macrismo terminara el año con los indicadores socio económicos que le dejó el gobierno anterior.

Chimentan que en Casa de Gobierno preocupa que las encuestas y los focus groups revelen que “la gente” piensa crecientemente que “Macri gobierna para los ricos”. La revelación motoriza a asesores de imagen o a comunicadores avezados. Quizás el oficialismo no deba pensar tanto en la percepción como en sus políticas. Mirarse al espejo, póngale.

Singer consiguió para sí, condiciones mucho más ventajosas que el resto de los buitres



Los fondos buitre liderados por Paul Singer definieron condiciones aún más ventajosas que el resto. Menor quita, pago de los honorarios de abogados y lobby y el cobro de intereses adicionales. Lo consiguieron ante la desesperación del gobierno de Macri para cerrar el acuerdo.

Por Alfredo Zaiat

Recibió una quita menor en relación a lo acordado con otros fondos buitre, cobrará intereses adicionales hasta el momento del pago total, consiguió que la millonaria cuenta de honorarios de abogados y de lobby sea abonada por la Argentina, obtuvo el beneficio de no quedar limitado en su capacidad de continuar litigando, exigió que el país no pueda realizar otras emisiones de deuda en dólares, limitando a la vez la nominada en pesos, hasta tanto no se cancele el ciento por ciento de su demanda, tiene la prioridad de recibir los dólares en efectivo antes que el resto de los fondos buitre, y estará facultado a rescindir el acuerdo si no cobra antes de las 12.00 pm, hora del Este, del jueves 14 de abril próximo. Todos esos privilegios fueron otorgados por el gobierno de Mauricio Macri a Paul Singer, quien lideró el acoso sobre Argentina en todos los años del litigio, y a sus buitres aliados. Los 36 folios del preacuerdo preliminar con los fondos NML, Aurelius, Blue Angel, Olifant Fund, FYI y FFI Fund forman parte del anexo al proyecto oficial que deroga las leyes Cerrojo y Pago Soberano. De su lectura es muy difícil concluir que hubo una negociación para alcanzar un acuerdo. Más bien es la concreción de lo postulado por Macri, en junio de 2014, de ir al juzgado de Thomas Griesa y hacer lo que él ordene.

La relación con los buitres tiene la misma lógica que el debate sobre el endeudamiento externo. La clave es determinar para qué se emite deuda: si es para financiar obras de infraestructura y actividades que faciliten el repago por la generación de divisas adicionales o si es para financiar la fuga de capitales. Esto último orienta hacia una futura crisis de deuda. En el caso con los buitres, lo relevante para observar es que clase de acuerdo se define. Singer & cía. no vieron recortadas sustancialmente sus pretensiones infladas exageradamente por su juez amigo Thomas Griesa.

La oferta argentina para los buitres con sentencias pari passu (incluyendo a los denominados me too) es con una quita del 30 al 27,5 por ciento del reclamo monetario. En esa categoría ingresaría Singer y buitres aliados, pero la quita que se le aplica es del 25 por ciento, pero con otros beneficios la reduce a 22,5 por ciento. Este acuerdo es el más relevante porque equivale al 78 por ciento del total. O sea, los privilegios otorgados por Argentina son muy onerosos puesto que se aplican sobre 5891 millones de dólares de bonos. Con los otros catorce acuerdos el total suma 7553 millones. Incorporar a Singer era indispensable para el gobierno de Macri y, por esa urgencia, entregó beneficios excepcionales a esos buitres.

La firma del acuerdo preliminar con Singer, firmado por él en puño y letra, y sus buitres aliados tiene fecha del 26 de febrero, y las condiciones a cumplir empezaron a correr a partir del 29 de febrero:

- Argentina reconoce el 75 por ciento del total de la demanda por 5891 millones de dólares radicada en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York sobre los bonos en cesación de pagos: el monto a pagar asciende entonces a 4418 millones de dólares.

- Pero no es todo: también se reconoce un interés del 2 por ciento anual desde el 1° de marzo hasta la última fecha de pago, definida el 14 de abril. Esto significa que hay una tarifa diaria de 322.795 dólares.

- Hay más: Argentina se comprometió a pagar 235 millones de dólares en concepto de reembolso a estos fondos buitre por honorarios legales que abonaron ya sea en Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción a nivel mundial.

- En total, el pago sería de 4553 millones, sin incluir los intereses.

- Los intereses hasta el 14 de abril acumularán 14.525.775 dólares.

- La suma total sería entonces de casi 4568 millones de dólares.

- Así, con ese monto global, la quita disminuye del 25,0 al 22,5 por ciento de la sentencia monetaria.

Argentina reconoce el capital, intereses, intereses punitorios por el default, los intereses por mora aplicados por Griesa más los gastos del juicio. Más los intereses hasta cancelar esa deuda, que también se pagarán “en efectivo, en dólares estadounidenses en fondos de disponibilidad inmediata, mediante giro bancario”. Luego de recibir los dólares, los buitres se comprometen a liberar todos los embargos, ejecuciones pendientes, y “regresarán a la Argentina todos los bienes embargados o incautados”. El detalle que no se menciona es que no hay bienes embargados o incautados del Estado argentino porque los buitres no tuvieron éxito en ese tipo de demandas judiciales presentadas en tribunales estadounidenses y europeos.

El punto 5 del preacuerdo indica las condiciones impuestas por los buitres: la derogación de las leyes Cerrojo y Pago Soberano, y que la ley que las anule haya entrado en vigencia “y permita incondicionalmente” el pago “inmediato”. Recién en esa instancia, las medidas cautelares dispuestas en el juzgado de Griesa se revocarán “automáticamente”. Además Argentina se comprometió, hasta que los buitres no cobren, a no solicitar el levantamiento de esas medidas que bloquean el cobro de los acreedores del canje 2005 y 2010.
Tomo todo

El punto 6 insiste en cuidar los intereses de los buitres, al establecer que “independientemente de cualquier otra disposición en el presente acuerdo, nada aquí impedirá o limitará la capacidad” de los buitres “de litigar para salvaguardar su posición legal”. Reitera la condición referida a que si no reciben el “pago completo” las medidas cautelares “no se pueden levantar”. Argentina se compromete a no emitir otros bonos de deuda para otros fines hasta no cancelar el compromiso con los buitres. Y los dólares obtenidos de la emisión de títulos de deuda por 12 a 15 mil millones serán destinados en primer lugar a los buitres Singer & cía., y serán canalizados por los bancos colocadores de esos papeles. O sea, los dólares de la emisión de deuda argentina no ingresarán en ningún momento al país, y pasarán directamente de los bancos colocadores de los papeles a las cuentas de esos buitres en entidades financieras de Nueva York.

El acuerdo preliminar se rige por la legislación del Estado de Nueva York. Además acordaron rendir ante el mediador Daniel Pollack las eventuales controversias que pudieran surgir, y si en dos días no logran encontrar una solución, Argentina se someterá al “Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, ante el Honorable Thomas P. Griesa, donde se resolverá el caso de manera expedita”. “La República Argentina renuncia a la soberanía y otras inmunidades (y acepta la competencia y la notificación procesal en Nueva York)”, aceptó el equipo económico de Alfonso Prat-Gay.

El punto 7 del acuerdo preliminar retrocede un poco más en la cesión de soberanía financiera, al someterse a una serie de prohibiciones para realizar emisiones de deuda hasta tanto no se cancele el ciento por ciento de lo acordado. A su vez, los primeros fondos obtenidos para el pago se depositarán, por parte de las entidades financieras que actúen en la colocación, directamente en las cuentas que indiquen los fondos buitre. Esto le otorga a Singer & cía. una prioridad absoluta respecto del resto. Esta cláusula cercena la posibilidad endeudarse en dólares y limita la emisión de deuda en pesos a un máximo equivalente de 2000 millones de dólares. Además es riesgosa porque establece la predominancia de unos fondos buitres sobre el resto, lo que puede derivar en nuevos litigios pari passu, o sea la condición de igual trato entre acreedores.
Pagar la cuenta

Los considerandos del proyecto de ley pro buitre señalan que a “los fondos NML, Aurelius Capital, ACP, Aurelius Opportunities, Olifant, FYI, FFI Y Blue Angel, en cuyo acuerdo se contempla una quita inferior a la estipulada en la oferta pari passu, en razón de haber sido ellos a favor de quienes fueron dictadas originariamente las órdenes pari passu. Se informa que se “les ha ofertado el reconocimiento de ciertos gastos en concepto de honorarios (con una quita del 40 por ciento) en virtud de haber resultado vencedores en distintos litigios contra la República Argentina habiendo, asimismo, agotado todas las instancias judiciales posibles, incluyendo la Corte Suprema de Estados Unidos de América. Y finalmente lamenta que esos gastos implicaron “mayores costos en comparación con el resto de los acreedores”, y por ese motivo Argentina se los reconocerá.

El punto 2 del acuerdo con Singer y otros buitres contempla ese pago adicional, que suma 235 millones de dólares “para (a) resolver todos los reclamos afirmados fuera del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, a nivel mundial, y (b) para reembolsarles a las Partes Demandantes honorarios legales donde fuere que se hayan incurrido, ya sea en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York o cualquier otra jurisdicción a nivel mundial”.

El monto original reconocido no está discriminado ni se precisa cómo se alcanzó. A esa suma se le aplicó un descuento del 40 por ciento. Pueden estar incluidos casi los 8 millones de dólares para financiar la American Task Force Argentina, entidad de lobby buitre liderada por Paul Singer encargada de la campaña de desprestigio de Argentina. También puede incluir la demanda relacionada con la retención indebida de la Fragata Libertad que implicó costas por 15 millones de dólares pagadas por NML el 23 de julio de 2013, como está registrado en el anexo del acuerdo e incluido en el proyecto de ley. O el financiamiento a políticos locales, como a la ONG Voces Vitales Argentinas, dirigida por la diputada nacional del PRO y actual titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, que recibió 100 mil dólares de Singer.

Aceptar el pago de gastos legales y honorarios de todo tipo implica reconocer que los fondos buitre tenían razón al no participar de los canjes 2005 y 2010 y en impulsar una interpretación extravagante de la cláusula pari passu, convalidada por el juez Thomas Griesa. Esta postura difiere no solo de la que ha tenido Argentina hasta diciembre de 2015, sino también la mayoría de la comunidad internacional. Esto genera además un antecedente que implica un incentivo enorme a que se inicien nuevos litigios contra Argentina, ante el hecho que no solo no se negocia los montos adeudados, sino que el país paga los gastos legales de los buitres.

Para Pichetto, el congelamiento de orden de Griesa "Cambia todo, y así no podemos votar nada"



Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque de senadores del PJ-FpV, afirmó que la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York de congelar la orden del juez Griesa que levanta embargo es una medida "muy preocupante" porque "impacta de lleno en la negociación y las propuestas del gobierno argentino".



Este viernes, la Corte de Apelaciones de Nueva York congeló una orden del juez Thomas Griesa que levantaba el embargo contra Argentina. El Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva York suspendió el dictamen del juez hasta que pueda escuchar una apelación de los acreedores que se oponen al levantamiento de las medidas cautelares.

El senador indicó que "no existen reglas claras por parte de la judicatura americana" porque al suspender la Corte de Apelaciones la decisión de Griesa "establece que ejerce la jurisdicción del expediente".

El presidente del bloque del PJ-FpV afirmó que la situación "es muy preocupante" y que "impacta de lleno en la negociación y las propuestas del gobierno argentino ya que la mencionada cámara retoma la jurisdicción ante la presentación de otros bonistas".

Pichetto agregó también que esta medida "obliga a un análisis más profundo del contenido de la sentencia" porque "incorpora un hecho nuevo no previsto por el Gobierno".

El legislador consideró que de esta forma "deja latente el riesgo para la Argentina de seguir atrapada, aún pagando a los bonistas que acordaron, por la posibilidad de que se vuelva a colocar una nueva medida cautelar en la Corte de Apelaciones que le impida pagar". El rionegrino sostuvo que "es fundamental tener más claridad y más precisión sobre la situación actual y sus posibles derivaciones". Pichetto remarcó que "también es necesario que el Gobierno clarifique ante la opinión pública y el Congreso de la Nación quiénes son los bonistas que apelaron ante la Corte de Apelaciones de Nueva York".

Por último, Pichetto dijo que "el Congreso debe contar con datos concretos que los abogados de la Argentina deben obtener de la Cámara de Apelaciones y del Juez".

Según documentos de tribunal estadounidense, Argentina no se opuso al requerimiento de los acreedores de dejar la orden en espera. Previamente, se había asegurado una apelación acelerada, con el argumento que "sin una rápida resolución, el arreglo de las reclamaciones más grandes en este largo litigio se ponen en peligro".

El 2 de marzo pasado Griesa levantó las medidas cautelares que le impiden a la Argentina concretar pagos a los bonistas que adhirieron a los canjes de 2005 y 2010, y que forzaron la negociación con los holdouts.

Esas medidas cautelar serán definitivamente canceladas cuando Argentina derogue las leyes de pago soberano y la denomina ley cerrojo y además pague al contado a los fondos buitres que aceptaron la propuesta de Argentina, para solucionar el diferendo, fijando el plazo del 24 de abril para que se concreten esas medidas.

El Gobierno quiere remover a Echegaray si audita las cuentas de Macri, quieren que se concentre en Cristina

 El presidente de la AGN quiere controlar la actual gestión y el PRO exige que se concentre en Cristina.


El titular de la AGN, Ricardo Echegaray.


Ricardo Echegaray busca acelerar los tiempos de la Auditoría General de la Nación, pero en el Gobierno no quieren saber nada con tenerlo encima: el diputado Pablo Tonelli anunció que impulsará su remoción si no restringe su trabajo a las cuentas de los años anteriores.


El anuncio del ex AFIP parece simple: propone que además de auditar las cuentas públicas de otros lustros, se empiece a supervisar las de todos los días. O sea, las del Gobierno de Mauricio Macri, algo que tarde o temprano ocurrirá.

Pero el PRO prefiere esperar todo lo posible, temerosos de que Echegaray encuentre cosas complicadas antes de lo esperado. En definitiva, si la AGN sólo puede controlar ejercicios terminados, a más tardar el año próximo auditará los números Macri.

Los informes luego son tratados por la bicameral mixta revisora de cuentas, que por estos días está por elegir autoridades, pero de ninguna manera tendrá mayoría de Cambiemos.

“No tiene sentido evaluar números de planes del Gobierno que ya finalizaron. Nos gustaría recomendar sobre la viabilidad de tal o cual programa”, señalaron  desde el organismo.

"Es un disparate”, respondió Tonelli. “El desconocimiento de Echegaray de la ley del organismo que preside es muy grave. No sé si no da para pensar en la remoción de Echegaray, ya lo analizaremos con más detalle", sostuvo.

“Es función de la SIGEN controlar a los organismos del Estado, por lo que habría una superposición de funciones que me parece, honestamente, ilegal", agregó.

Tonelli confió en que la mayoría opositora de AGN frustrará la movida. "Igualmente no creo que lo pueda llevar adelante porque, primero, los integrantes de la AGN le señalaron lo mismo y, segundo, desde el Gobierno no lo vamos a aceptar", celebró.

El director más belicoso es el radical Alejandro Nieva, quien le dijo a Clarín que además de querer chequear la gestión de Macri, Echegaray excluyó del plan de acción auditorías de año pasado en la Inspección General de Justicia (IGJ), la Casa de la Moneda y Lotería. Todas afectan de cerca a Cristina Kirchner.

Otra pretensión de Echegaray es hacer un monitoreo de los despidos para evaluar el impacto económico de posibles medidas judiciales pudiera tener un efecto económico mayor que el de haberlos retenido en el Estado. Los auditores radicales no lo permitirán.

Riesgos detrás del acuerdo: jueces creativos como Griesa, hay en todos lados



Reconocidos juristas advierten que quienes aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010 estarían en condiciones de reclamar la diferencia existente entre lo que cobraron y lo que obtendrán holdouts como NML Capital de Paul Singer.


El acuerdo alcanzado por el gobierno de Mauricio Macri con los fondos buitre plantea un riesgoso escenario de litigiosidad con el 93 por ciento de los bonistas que aceptó los canjes de deuda de 2005 y 2010. En este diagnóstico coincidieron los reconocidos juristas Stella Maris Biocca y Beinusz Szmukler. También advirtieron sobre la posibilidad de una eventual ola de juicios desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Los analistas sostienen que las condiciones mucho más favorables que se les reconoce a los fondos que no adhirieron a ninguna de las dos instancias de reestructuración y eligieron el camino judicial podría disparar demandas legales para que el país les reconozca la diferencia respecto del recorte del 67 por ciento que aceptaron sobre el capital e intereses en la operación. Desde el bloque del Frente para la Victoria habían difundido un dictamen de minoría que remarca la necesidad de respetar el trato equitativo respecto de los canjes, avalado por los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana aprobados por las Naciones Unidas.

El proyecto de ley que impulsa el oficialismo para pagarles a los fondos buitre contempla una mejora sustancial respecto de lo que se otorgó a los bonistas que ingresaron al canje. En trazos gruesos, se les reconoce a los fondos más beligerantes hasta 400 dólares por cada lámina de 100 dólares en valor nominal de sus tenencias en bonos en default desde 2001. También se les pagaría los gastos y costos asociados a los juicios que estos fondos carroñeros, encabezados por NML Capital de Paul Singer, tuvieron durante el proceso. La oferta es incluso más alta de lo que se ofrece a los otros holdouts.

Szmukler, presidente del Consejo Consultivo Continental de la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas, con status ante Naciones Unidas, evaluó que “los fondos buitres y el resto de los holdouts no deberían cobrar ni un centavo más que lo que se le está pagando al 93 por ciento que aceptó entrar al acuerdo de reestructuración”. “No se puede privilegiar a unos acreedores respecto al conjunto de la masa cuando hay un concurso de acreedores. Es ilegal pagar un centavo más”, aseguró el jurista. Según detalló, el riesgo es que se abre la vía para que se caiga el acuerdo con ese 93 por ciento que “tiene todas las chances de que cualquier juez les acepte un juicio contra la Argentina”. “No necesitarían al juez Thomas Griesa, porque actuarían con derecho”, aseguró Szmukler.

La doctora en Derecho Económico y Financiero Internacional y ex jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Biocca, consideró que a futuro “esta responsabilidad del Estado va a tener un costo muy grande que puede llegar a los 500.000 millones de dólares, lo que significa la totalidad del Producto Interno Bruto (PIB) argentino”. Por su parte, los analistas Julia Strada y Hernán Letcher, integrantes del CEPA, puntualizaron que “el riesgo latente por nuevos juicios constituye un problema real”.

En un documento difundido por ese centro de estudios indicaron que “el acuerdo con los buitres abre la posibilidad de nuevas demandas”. “Así como Griesa basó su sentencia en una interpretación inversa del pari passu, la Argentina no está exenta de encontrarse con otro Griesa que haga lugar a algún reclamo de aquellos que hoy se ven perjudicados porque entraron en las reestructuraciones”, aseguraron. Desde el oficialismo argumentan que no existe riesgo debido a que en diciembre de 2014 venció la cláusula RUFO, un apéndice en los bonos que dejaba en claro que hasta esa fecha el país no podría ofrecer un tratamiento mejor a los holdouts que el que se dio en el canje.

“Hay que aclarar que, aunque la cláusula RUFO se encuentre vencida, el riesgo latente por nuevos juicios constituye un problema real. El acuerdo con los buitres abre la posibilidad de nuevas demandas”, afirmaron. Así como Griesa basó su sentencia en una interpretación inversa del pari passu (tratamiento igualitario), la Argentina no está exenta de que otro juez pueda hacer una interpretación caprichosa de la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y convalide nuevas demandas de quienes se vean perjudicados porque aceptaron una quita en el canje. “Vale recordar que Griesa consideró que la ley Cerrojo implicaba el tratamiento perjudicial para algunos bonistas por significar un impedimento en la negociación. Para resolver esta controversia, el juez neoyorquino sentenció a favor de los buitres concretando allí el verdadero tratamiento diferencial: exigió pagar en efectivo al 100 por ciento”, señalaron desde el CEPA.

Tres meses de consumo en picada


Avisan que el ajuste también llegó al changuito

El aumento masivo en el precio de los alimentos ya se refleja en las ventas. Cambios de conducta de los consumidores, particularmente de sectores menos pudientes. “Ahora sólo compran lo necesario para el día”, refieren dirigentes del comercio.

Por Raúl Dellatorre


Empiezan a aparecer signos coincidentes con respecto a una sensible baja en la demanda de productos masivos. Registros de una importante cadena de hipermercados, de origen europeo, que sólo circulan en forma reservada, dan cuenta de que las ventas están en un diez por ciento debajo de los volúmenes esperados. Una representante de la amplia franja de supermercados chinos dio ayer cifras similares de baja en el consumo, por cambios de conducta de los clientes, particularmente de los de menor poder adquisitivo. Los indicadores de precios del Gobierno de la Ciudad –a los que el gobierno nacional les otorgó el carácter de valor de referencia ante el “apagón estadístico” por tiempo indeterminado del Indec– muestran que la evolución de precios de los alimentos marcan la curva de ascenso más alarmante en los últimos tres meses (diciembre, enero y febrero), a partir de que se tuvo certeza de que Cambiemos iba a ser gobierno y una de sus primeras medidas sería una megadevaluación. Y como ocurre en otros sectores en los que las firmas dominantes aparecían “prima facie” como los socios más cercanos a la nueva política, en el comercio minorista también se dio el fenómeno de que los más poderosos (grandes cadenas y dueños de primeras marcas en bebidas y alimentos) son los que más abusos cometen aprovechándose de la situación. “La gente compra lo imprescindible porque la plata no le alcanza, mientras que las firmas que tienen grandes depósitos especulan con los aumentos, porque tienen espaldas financieras y otro poder de negociación”, apuntó una representante de los supermercadistas chinos. Sin el paraguas del Gobierno, los comercios más chicos sienten que van a perder y que las grandes cadenas, aunque ahora vendan menos, volverán a verse beneficiadas.

La titular de la cámara que agrupa a los supermercados chinos (Cedeapsa), Yolanda Durán, advirtió que las ventas en esas casi diez mil bocas de expendio que funcionan en el país bajó cerca de un diez por ciento en volúmenes de producto. “La gente compra lo imprescindible; antes venían por las compras de carnicería y verdulería y se llevaban otros productos del salón, hoy compran sólo lo necesario para el día”, señaló la directiva empresaria del sector más extendido en el comercio en los últimos años. “Los clientes se lo dicen al comerciante, con estos aumentos de precios la plata no alcanza, mientras que los supermercados siguen recibiendo la mercadería con aumento semana tras semana”, señaló Yolanda Durán a Página/12 ayer, ampliando las declaraciones que más temprano había formulado en una entrevista por Radio La Red.

Ante la consulta de este diario sobre cuáles son los rubros en los que se verifica mayor caída en las ventas, Durán respondió que la baja es “generalizada”, aunque los autoservicios y supermercados chinos, como comercios de proximidad, funcionan principalmente en base a los rubros alimenticios. “Tradicionalmente traccionaba mucho la venta en carnicerías y verdulerías, porque el que compraba después se llevaba otros productos de las góndolas; pero ahora, por los aumentos, bajó el nivel de ventas de carnes, frutas y verduras, pero además llevan menos de los otros artículos. Ahora es usual que un cliente entre y se lleve un paquete de fideos y un par de cosas más, solamente”, agregó.

De acuerdo al índice de precios al consumidor que elabora la Dirección de Estadísticas del Gobierno de la Ciudad, el rubro de mayor incidencia en la inflación registrada en los últimos doce meses fue el de Alimentos y Bebidas no alcohólicas. Por rubro, el incremento en el precio promedio de la fruta fue, al mes de febrero, de 58 por ciento respecto de un año atrás; en las carnes del 42 por ciento, pescados y mariscos del 30 por ciento y en el renglón de aguas minerales, gaseosas y jugos, del 29,5 por ciento. El IPC de la Ciudad refleja modificaciones del 3,9 por ciento en diciembre, 4,1 en enero y 4 por ciento en febrero, acumulando 12,5 por ciento en tres meses, desde que hubo certeza de que Mauricio Macri sería presidente de la Nación y que su carta de presentación iba a ser una brutal devaluación. Ese mismo índice de la Ciudad, en los primeros once meses de 2015, promedió el 1,8 por ciento, corroborando la baja en el ritmo de inflación respecto de los dos años anteriores.

La titular de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (Cedeapsa) también se refirió al tema de la inflación y señaló su preocupación por la inestabilidad que provoca en el comercio minorista. “Hay aumentos continuos, semana tras semana, y hay muchos abusos de grandes proveedores. Somos comercios de proximidad pero el público igual exige que tengamos primeras marcas, y ahí no tenemos chance de negociar nada: nos dan el precio actualizado cada semana, y si no se acepta, no te bajan la mercadería (del camión). Hay subas genuinas y otras por especulación, el Gobierno debería estar viendo que no es lo mismo la posición de un comercio chico que la de una cadena de hipermercados. Nosotros no tenemos depósitos cargados de productos esperando que aumenten, vendemos y reponemos cada semana. Pero no hay diálogo con la Secretaría de Comercio, hasta el momento no ha habido contacto con las nuevas autoridades. Parece que les interesa acordar sólo con las grandes cadenas. Y sin el paraguas del Estado, es muy difícil tener previsibilidad”, recalcó la dirigente empresaria.

Plan B

 
Por David Cufré


El principal argumento del Gobierno para justificar el acuerdo con los fondos buitre es la necesidad de volver a los mercados de deuda para financiar un plan de obras públicas. El Presidente y sus ministros sostienen que sin ese canal de crédito no será posible encarar proyectos de infraestructura indispensables para el país y, junto con ello, no se podrá recuperar el crecimiento económico. No hay plan B, descartó el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Sin embargo, un simple ejercicio de memoria demuestra que no es cierto lo que dicen los funcionarios. No solo existen caminos alternativos a la banca extranjera y a la emisión de títulos públicos para concretar proyectos trascendentes, sino que están vigentes. Son una herencia de la administración anterior, que dejó pactados créditos por unos 30.000 millones de dólares para continuar su profuso plan de obras públicas.

El financiamiento de los proyectos de infraestructura y de recuperación de empresas del kirchnerismo no provino de la colocación de bonos ni de créditos con la banca internacional. El gobierno anterior no fue a pedirle al JP Morgan, HSBC, Citibank y otras entidades miles de millones de dólares para su programa de infraestructura, que resultó el más destacado en cinco décadas. No dependió de ellos para finalizar Yacyretá, estatizar YPF, terminar con las AFJP, recuperar el control de Aerolíneas Argentinas, el Correo, AySA, renovar ferrocarriles, lanzar satélites al espacio, construir centrales atómicas, extender gasoductos, redes eléctricas y de fibra óptica, ampliar la General Paz, transformar en autopista las rutas 14 y de Rosario a Córdoba, entregar computadoras a todos los estudiantes secundarios de escuelas públicas del país o montar una red de televisión digital abierta y gratuita. El financiamiento fue gestionado ante organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, la CAF, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, el Banco Popular de China, facilitado por organismos estatales superavitarios como la Anses y con recursos propios del sector público. También recaudó de bancos y compañías de seguros en el mercado local, obligados a destinar una porción de su cartera de depósitos y fondos a créditos productivos. Pero este canal fue desactivado por la nueva conducción del Banco Central.

Tampoco obras que identifican al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como el entubamiento del Arroyo Maldonado, el metrobús y las bicisendas, tuvieron como fuente colocaciones en mercados internacionales. Lo mismo ocurre en Córdoba con el entubamiento del canal Los Molinos, la obra pública más importante en años, que se realiza con créditos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y recursos provinciales. Esta es una constante que se repite por el país.

Es decir, contra lo que plantea Peña, no hay un único camino para desarrollar los proyectos. El mismo debate se dio antes de la primera reestructuración de la deuda en 2005, cuando los sectores ortodoxos, ahora en el poder, decían que no habría forma de conseguir préstamos para obra pública si no se mejoraba la oferta a los holdouts, dejando al país aislado del mundo.

Contra ello, la realidad refleja que fue posible, por ejemplo, rescatar edificios como las ex Bodegas Giol, en Palermo, para levantar un Polo Científico y Tecnológico del que participan el Ministerio de Ciencia y el Conicet, sin tomar un solo dólar de la banca internacional ni de los mercados de deuda. El financiamiento fue negociado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Tesoro Nacional. En todo caso, el jefe de Gabinete debió aclarar que el Gobierno pretende cambiar de estrategia y que en función de ello aspira a arreglar con los fondos buitre. Pero eso es una decisión política, no una imposición de la realidad.

El gobierno de Macri heredó del kirchnerismo un convenio marco con el Banco Mundial que le asegura créditos por 1200 millones de dólares anuales hasta 2018. También siguen programas con el BID por 5000 millones de dólares a ser desembolsados los próximos cuatro años. La cartera de créditos en ejecución con la Corporación Andina de Fomento llega a 20.942 millones de pesos (unos 1350 millones de dólares). De estos préstamos, están pactados 6397 millones de pesos para el sector vial, 4692 millones para el energético, 3694 millones para el de agua y saneamiento, 2291 millones para educación, 2062 millones para los municipios, 1741 millones para infraestructura en comunicaciones y 73 millones para el fortalecimiento institucional.

La CAF es el mismo organismo que financió el proyecto Arsat-1, que permitió a la Argentina ser el primer país de América latina en tener en órbita un satélite geoestacional de construcción propia, formando parte de un grupo de ocho países que manejan esa tecnología de punta.

El BID concedió créditos para la finalización de Yacyretá, la represa que tardó 40 años en construirse. También para el tendido de líneas de alta tensión al NOA y al NEA, dentro del programa Norte Grande, y a Chubut.

El Banco Mundial, a su vez, financió 1965 escuelas y jardines en todo el país, la cifra más alta desde el primer peronismo. Otro proyecto importante es el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, con préstamos en ejecución por 13 mil millones de pesos (unos 840 millones de dólares). Además, hay desembolsos previstos para otros 25 programas en diversas áreas, como vial, de prevención de inundaciones, hídrica y obras en municipios.

El kirchnerismo también estableció acuerdos con otro gran financista externo para proyectos de infraestructura: China. El Banco Popular y otras entidades de ese país comprometieron 4700 millones de dólares para la construcción de las represas Kirchner y Cepernic en Santa Cruz, 5000 millones para la cuarta central nuclear y otros 7000 millones para la quinta central. También hay convenios firmados para la central térmica Belgrano, en Zárate, por alrededor de 1000 millones de dólares. En materia ferroviaria, ya se firmó el acuerdo para un nuevo desembolso de 2400 millones de dólares para el Belgrano Cargas, aunque queda pendiente la entrega de recursos de otro tramo igual pactado en 2013. La renovación de los ramales urbanos del área metropolitana involucró más de 1000 millones de dólares.

En resumen, entre el Banco Mundial, el BID, la CAF y China hay pactados créditos para los cuatro años del mandato de Macri por 30.000 millones de dólares. Peña no debe haber reparado en este dato cuando dijo que no hay plan B para financiar obra pública si no se acuerda con los buitres. Por otra parte, al mismo tiempo que el gobierno muestra urgencia para cerrar con los buitres recibe quejas de gobernadores e intendentes por la paralización de proyectos en distintos puntos del país; YPF reduce su nivel de inversiones 25 por ciento este año y Aerolíneas Argentinas cancela rutas.

El profesor Aldo Ferrer dejó escrito que un eventual entendimiento con los fondos buitre no necesariamente conlleva una baja importante de la tasa de interés para colocaciones de deuda, ya que las calificadoras de riesgo luego exigirán “un plan económico y financiero respaldado por el FMI”. El palo con la zanahoria del financiamiento a tasas bajas se va corriendo, como lo saben bien los argentinos que vivieron los ‘90 y los 2000: siempre faltaba un nuevo ajuste, una nueva privatización, una nueva ley de flexibilización laboral para que los mercados aceptaran prestar más barato. Como esas políticas hundían al país en recesión y caían los ingresos, los reclamos de ajuste se hacían más pesados. El círculo vicioso que se generó la última vez terminó con el presidente en helicóptero.

Ferrer también aportó otro elemento indispensable en este debate: “Los problemas principales de la economía están en la esfera interna: el déficit de comercio de manufacturas de origen industrial y la consecuente restricción externa, la inflación, el desequilibrio fiscal, entre otros. Ninguno se resuelve por el pago a los buitres”.

Facilitar el acceso al financiamiento de los mercados parece más bien una necesidad de sectores concentrados de la economía que buscan dolarizar ganancias sin límites y fugarlas del país, pretendiendo repetir una experiencia como la de los 90, que dejó a la Argentina sobreendeudada, con tasas de desocupación record y un notable atraso en la infraestructura pública. Ese es el plan que manda a la Argentina a la B.

La oposición busca dos tercios para subir el mínimo de ganancias a 60 mil pesos

Massa negocia una ley con el kirchnerismo, Stolbizer y el peronismo federal. Si llega, Macri no podría vetarla.





La oposición negocia una ley para subir el mínimo no imponible de Ganancias a 60 mil pesos con una actualización de las escalas, una apuesta mayor a la reciente reforma de Mauricio Macri, considerada insuficiente por los gremios.


El promotor del acuerdo es Sergio Massa y ya inició contactos con legisladores del Frente para la Victoria, el bloque justicialista, Margarita Stolbizer y distintas fracciones del peronismo.

Aunque una ley se sanciona con mayoría simple, si el Gobierno la veta el congreso sólo puede ratificarla con los dos tercios de ambas Cámaras. Por eso la apuesta del tigrense es llegar a ese número y obligar a Macri a aplicarla.

El proyecto que estudian tendría además un aumento extraordinario de planes sociales, Repro (un plan del Ministerio de trabajo para pagar salarios de empresas) y seguro de desempleo.

En el Senado la misión es sencilla: radicales y macristas no reúnen más de 16 de los 72 legisladores, insuficientes para superar el tercio de las bancas. Además, el FpV preside las comisiones más importantes para acelerar el trámite.

En Diputados Cambiemos está mejor. Presentó un interbloque de 91 miembros y si todos se juntan impedirían que el resto del recinto junte dos tercios. Pero entre los 38 radicales no faltarán molestos a los que tocarle la puerta.

Massa le marcó la cancha a Macri esta semana cuando su diputado Raúl Pérez se abstuvo de avalar el decreto sobre Ganancias en la bicameral de trámite parlamentario.


Si los legisladores del Frente Renovador y el Frente para la Victoria repiten su posición en el recinto, el decreto será rechazado.

En la oposición hay bronca con Macri porque no cumplió con sus promesa de reducir en gran medida el impacto de Ganancias y sí cumplió con bajarle las retenciones a los granos y a la minería.

Es también la queja de la CGT, que ayer ratificó su unidad y planea una marcha al Congreso para las próximas semanas.

Los sindicatos, además, armaron un interbloque con legisladores de todas las fuerzas de extracción gremial para impulsar leyes. Ganancias será una.

Otra derrota para la Argentina en la pelea con los buitres y dejó en suspenso la salida del default

La Corte de Apelaciones de Nueva York congeló una orden del juez Griesa que solicitaba el levantamiento del embargo contra la Argentina.

La Corte de Apelaciones de Nueva York dejó en suspenso

Ese tribunal accedió a un pedido de un grupo de bonistas y dispuso que la resolución del juez Thomas Griesa sólo podrá ser efectiva cuando se resuelvan las apelaciones presentadas contra ese fallo


La Corte de Apelaciones de Nueva York frenó una orden de juez Thomas Griesa que solicitaba el levantamiento del embargo contra Argentina. Fue al hacer lugar a una apelación de acreedores que se oponen al levantamiento de las medidas cautelares.

El 2 de marzo pasado, Griesa había levantado las cautelares que le impiden a la Argentina concretar pagos a los bonistas que adhirieron a los canjes de 2005 y 2010, y que forzaron la negociación con los holdouts, bajo la condición de que se dejaran sin efecto la ley cerrojo y la ley de pago soberano.

Se fijó hasta el 24 de abril para que el Congreso debate y derogue esas normas.

Procesaron a nueve ejecutivos de la Barrick Gold por el derrame de cianuro

El juez Pablo Ortija resposabilizó a 9 empleados de la empresa por actuar "con negligencia e impericia". Es por el derrame de cianuro en septiembre pasado que provocó la contaminación de cinco ríos de la región.



La Justicia procesó sin prisión preventiva a 9 empleados de Barrick Gold, por el derrame de un millón de litros de cianuro que tuvo lugar en septiembre pasado en la mina sanjuanina de Veladero, donde se provocó la contaminación de cinco ríos de la región.

El juez Pablo Ortija los responsabilizó de la contaminación de los ríos de la zona a los trabajadores que ocupaban cargos de jerarquía en lo que se refiere al manejo y el control de la mina por actuar con negligencia e impericia. Asimismo, se les aplicó un embargo de 100 mil pesos.

Si bien el fallo no trascendió de manera oficial, fuentes judiciales señalaron que los alcanzados por el mismo son Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (el segundo en esa área), Carlos Cabanillas (gerente de Minas), Ángel Escudero (gerente de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (supervisor de Servicios Técnicos), David Sánchez (supervisor de Mantenimiento), Ricardo Cortez (supervisor de Medio Ambiente), Walter Pizarro (gerente de Procesos) y Antonio Adames (gerente General), informó Diario de Cuyo.

En función de los hechos y las pruebas recogidas, Oritja acusa a los imputados del delito contemplado en el artículo 56 de la ley nacional de residuos peligrosos (24.051). La pena va de un mes a 2 años de prisión.

El derrame de solución cianurada ocurrió hace casi 5 meses, el 12 de septiembre de 2015. Se produjo a partir de la rotura de una válvula de la tubería que conduce el líquido contaminante por el valle de lixiviación, donde se separa el mineral de la roca. La investigación detectó que una compuerta que debía estar cerrada estaba abierta. Por esa negligencia, la solución cianurada terminó en el río en vez de ser resguardado en el canal de contención.

ATE anunció otro paro general de 48 hs

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El anuncio fue hecho por el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado, Hugo Godoy, según quien "la jornada de lucha que realizamos el 24 de febrero no alcanzó para que el Gobierno cambie su actitud y los despidos continuaron". También cuestionó "la reticencia en la discusión salarial y el intento de poner un techo miserable en las discusiones paritarias".


Durante una conferencia de prensa, el gremio informó que los secretarios generales de la organización acordaron la protesta durante un plenario celebrado ayer, en el que también definieron acciones descentralizadas en las provincias y en los organismos del Estado nacional.

Godoy explicó que el paro será de 48 horas en la provincia de Buenos Aires, en desacuerdo con el aumento del 15 por ciento para el primer semestre acordado entre el gobierno bonaerense y algunos gremios del sector, y que "fue rechazado por la mayoría de los trabajadores".

En Mendoza la jornada también se extenderá por dos días, en este caso en rechazo a la agresión que sufrieron los trabajadores estatales durante una movilización, entre ellos el titular de ATE local, Roberto Macho.

Por otra parte, advirtió sobre la la posible desaparición de la Secretaría de Agricultura Familiar. "Si se confirma lo que nos dijo el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, de que antes del 31 de marzo cesarán los contratos, desaparecerá el organismo, porque los 1.300 trabajadores son contratados", afirmó.

Brasil: El Ministerio Público de San Pablo pidió el arresto de Lula

El Ministerio Público (Fiscalía) de San Pablo pidió prisión preventiva del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el proceso de investigación de los presuntos delitos de ocultación de patrimonio, blanqueo de dinero y falsificación de documentos en relación a un departamento que está a nombre de una constructora investigada por el caso de corrupción en Petrobras.


La denuncia, que fue presentada ayer, aunque recién hoy se agregó el pedido de prisión preventiva para Lula da Silva y otras cuatro personas, será analizada por la jueza Maria Priscilla Ernandes de San Pablo, en fecha aún no definida, aunque se espera que en los próximos días se informe si rechaza o acepta alguna o todas las acusaciones del equipo de fiscales.

En la denuncia, los fiscales Cássio Conserino, José Carlos Blat y Fernando Araújo dijeron que es “imprescindible la prisión preventiva en razón de la conveniencia de la instrucción criminal” y por entender que el ex presidente podría “mover su red violenta de apoyo para evitar que el proceso que se inicia tenga su curso natural”.

La Fiscalía negó hoy que haya una posible motivación política en la denuncia presentada contra Lula. “El Ministerio Público no trabaja con un calendario político. Nuestro calendario es judicial”, afirmó el fiscal Blat durante una rueda de prensa.

Los tres fiscales que firman la denuncia sospechan que Lula y su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, son los verdaderos dueños de un lujoso apartamento de tres pisos en la localidad de Guarujá, en el litoral de San Pablo, lo que el ex presidente ha negado en reiteradas ocasiones.

Los fiscales precisaron que la investigación de la Fiscalía de San Pablo es independiente de la llevada a cabo por la Justicia del estado de Paraná, de la que también es blanco Lula y que se centra en los asuntos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

Según explicó el fiscal Conserino, la denuncia contra Lula se enmarca en una investigación iniciada hace “cinco o seis años” para esclarecer delitos cometidos por la cooperativa inmobiliaria Bancoop, cuando ésta traspasó sus obras a la constructora OAS, salpicada por el caso de corrupción en Petrobras.

La Fiscalía paulista cree que Lula es el real propietario del apartamento en la playa en Guarujá, el cual está registrado en nombre de la constructora OAS, lo cual supondría que incurrió en un delito de lavado de dinero vía la ocultación de su patrimonio, que contempla penas de entre 3 y 10 años de prisión, y en otro de falsedad ideológica.

El pasado viernes, Lula fue conducido de forma coercitiva a declarar en una comisaría de San Pablo, lo que generó enfrentamientos entre simpatizantes y detractores del ex jefe de Estado y aumentó la fragmentación política en el país.

El Ministerio Público señaló que cuenta con indicios “bastante significativos” de que el ex presidente recibió beneficios y favores de las empresas implicadas en los desvíos de recursos de Petrobras, pero Lula lo niega e insiste en que se trata de una “persecución política”.

El Instituto Lula rechazó la denuncia del Ministerio Público y dijo que “no tiene base en la realidad”. “El ex presidente no puede ocultar un patrimonio que no es de él”, señaló la ONG de Lula, que la semana pasada fue allanada por la Policía Federal.

Por otro lado, hoy miembros del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que integra la coalición gobernante y lidera el vicepresidente Michel Temer, se reunieron con la oposición a días de que esa formación defina su postura frente a la crisis política que enfrenta Brasil.

“No podemos seguir paralizados viendo cómo el país se derrite”, declaró el senador Eunício Oliveira, jefe del PMDB en la Cámara Alta, tras reunirse con legisladores del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la mayor fuerza de la oposición y que exige la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.

Según Oliveira, en ese encuentro, fueron discutidos “todos los escenarios actuales”, entre los que citó un eventual juicio político a Rousseff, las sospechas sobre irregularidades financieras en la campaña que llevó a su reelección en 2014 y hasta “su posible permanencia” en el poder.

La reunión se llevó a cabo antes de una convención nacional que el PSDB celebrará el próximo sábado, en la que el ala disidente de esa formación adelantó que pretende exigir que el partido rompa con el Gobierno o que adopte una posición de independiente, citó la agencia EFE.

En este marco, el juez federal Sergio Moro, a cargo de la causa Petrobras, denunció una campaña de “ataques” y recomendó que no haya violencia en las protestas del próximo domingo de apoyo a un eventual juicio político contra Rousseff.

El magistrado ofreció una conferencia en el estado de Paraná, en la que negó las versiones que lo vinculan al opositor PSDB y a cualquier otra agrupación partidaria. “Mis motivaciones no son partidarias, no tengo ninguna relación (con partidos), cero, cero, cero con partidos o personas ligadas a partidos”, enfatizó el magistrado, citó la agencia ANSA.

El panorama político espera también al fin de semana cuando no sólo defina el PMDB su postura en la coyuntura política, sino cuando se realice la protesta en favor del juicio político a la mandataria. En respuesta a esa manifestación, el PT convocó la marcha Brasil Frente Popular, para el próximo viernes 18 y el próximo jueves 31 de marzo.

Para reactivar el consumo, el BCE redujo a 0% su principal tasa de interés

La entidad busca evitar la deflación en el bloque. Anunció además nuevos estímulos con la compra de deudas por entre 60.000 a 80.000 millones de euros mensuales

Con la esperanza de alentar el crédito, el consumo y la inflación, el Banco Central Europeo (BCE) también comenzará a comprar deuda corporativa Crédito: Reuters

El BCE informó este jueves que ha decidido reducir su tasa de interés rectora desde 0,05% hasta el 0%, para evitar la deflación y estimular el crecimiento.

La institución que dirige la política monetaria europea anunció además que incrementará su programa de compra de deudas de 60.000 a 80.000 millones de euros (el equivalente a entre 66.000 y 88.000 millones de dólares) mensuales.

El arsenal de medidas se completa con el anuncio de un programa de préstamos a largo plazo para el sector bancario.

El BCE rebajó además su tasa de depósitos, con la que cobra a los bancos por atesorar su dinero, para adentrarla aún más en territorio negativo.

De la Banelco a los sanguchitos

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No era por convicción, era por los sanguchitos

El intercambio de mensajes muestra los términos de la negociación para que el Frente Renovador y el PJ disidente aprueben el acuerdo con los buitres. Bossio buscó restarle trascendencia. El bloque del FpV pidió que se esclarezca.




“Vos nos querés secar”, le dice el jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, al referente de los peronistas disidentes y ex titular de la Anses, Diego Bossio, en un tramo del sugerente intercambio de mensajes de Whatsapp que se conoció ayer, relacionado con las negociaciones en torno del acuerdo con los fondos buitre en el Congreso. “No me arrepiento del chat, no está fuera de lo normal”, salió a defenderse Bossio luego de que la imagen de la pantalla de su teléfono circulara por las redes sociales generando un escándalo. No fue la misma evaluación que hicieron sus ex compañeros de la bancada del Frente para la Victoria para quienes el intercambio de mensajes “evidencia unas reglas de juego que, siendo suaves, carecen de transparencia de procedimiento”.

Según la imagen difundida, el chat entre Bossio y Massot –que se encuentra en ese momento “en línea”– se produjo el martes al mediodía, durante el debate en las comisiones de Presupuesto y Finanzas del proyecto del gobierno de Mauricio Macri para cerrar el acuerdo con los buitres. Para conseguir mayoría al Gobierno le resulta determinante obtener el apoyo del Frente Renovador y del PJ disidente.

Massot comienza el diálogo preguntándole cómo le va, a lo que Bossio contesta “en la reunión”. “Ok, ayer cerramos bien con STM (en el kirchnerismo interpretaron que hacía referencia a Sergio Tomás Massa), parecido a lo que hablamos. Adoramos (hay que imaginar que es un error de tipeo y Massot quiso poner “acotamos”) el endeudamiento a lo necesario para cerrar los acuerdos y que la deuda subsiguiente sea para obra pública. Venís al 4º piso?”, le explica y consulta Massot a Bossio.

El ex titular de la Anses le responde pidiéndole el número de celular del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, que Massot le envía. “Ahora lo quieren resolver”, agrega Bossio, algo que podría ser una afirmación o una pregunta sin signo de interrogación. “Son más blandos que vos”, le dice Massot, aparentemente sobre los diputados del Frente Renovador. “Sí”, reconoce Bossio.

“Ellos nos quieren dignificar. Vos nos querés secar”, agrega Massot en una de las frases más significativas del diálogo. Lo mismo la que le sigue y cierra el chat, por lo menos en el tramo que se conoció. “Y piensas (por “piensan”) que nos vas a arreglar con 5 sanguchitos de miga y 3 mates fríos”, concluyó el jefe de la bancada de diputados del oficialismo. Las interpretaciones del cierre daban para todo. Por ejemplo, según imaginaban legisladores del FpV, que Bossio daba poco para lo que recibía a cambio.

Massot prefirió no hacer ninguna declaración sobre el asunto. Bossio salió a hablar por radio cuando su chat ya era el tema del día en las redes sociales.

Antes que explicar el contenido del diálogo, Bossio prefirió responsabilizar a los integrantes de La Cámpora por la difusión de la foto a través de la cuenta de Twitter “La Banelco de Macri”, creada para la ocasión. El ex titular del Anses durante el gobierno kirchnerista reconoció el chat como verdadero pero lo encuadró dentro de su “práctica permanente de diálogo y consenso con dirigentes políticos de otras fuerzas”. Que gracias a esta práctica fue que pudieron incorporar “muchos cambios” a la ley que impulsa el oficialismo.

Bossio buscó quitarle misterio al diálogo. Dijo que Massot le habló de cosas como “el lugar del encuentro, en el cuarto piso, y me cargó por una comida”. En rigor, lo de “5 sanguchitos de miga y 3 mates fríos” no sonó a una comida en sentido literal, sino que parecía algo figurado sobre una retribución escasa. En la entrevista radial, el referente del bloque del peronismo disidente buscó justificar su apoyo al acuerdo con los holdouts. “Hay una sentencia en firme en contra de la Argentina”, recordó. Agregó que “no hay negociación perfecta, es la posible” y que “hay una necesidad de resolución” del conflicto con los buitres, por lo que –junto a su bloque– votarán a favor de la propuesta oficial.

La bancada del Frente para la Victoria respondió a la novedad con un comunicado que firmó su jefe, Héctor Recalde, resaltando lo grave de la situación porque el trasfondo del asunto tiene que ver con “el arreglo con los fondos buitre que propone el Gobierno que llevará al endeudamiento del patrimonio nacional y a hipotecar el futuro de la Patria”. Según Recalde, “este plan canje necesita ser esclarecido de inmediato porque desconocemos los ‘valores’ que se están negociando”. En el mismo tono, añade que “el código con que se manejan ambos dirigentes deja en evidencia que no es ni la cantidad de sanguchitos ni la temperatura del mate lo que se está negociando”.

“Asimismo, queremos saber si STM es Sergio Tomás Massa, porque de ser así sería una gravísima imputación contra el diputado del Frente Renovador”, subraya el comunicado del FpV, que concluye: “Nuestro bloque, en vísperas de la discusión de una ley de gravedad institucional, exige que se aclare lo que estuvo en juego en esa negociación. El principio de asepsia requiere manos limpias y uñas cortas, no brebajes oscuros ni las migajas de un banquete a expensas del futuro del pueblo argentino”.

Luis Barrionuevo: "En 60 días cerró el 20% de los locales de comida"

El jefe de la CGT Azul y Blanca advirtió por las consecuencias de la falta de consumo y los despidos. Video.




Luis Barrionuevo alertó que en dos meses se fundieron 1 de cada 5 locales de comida en el país. El sindicalista mostró su preocupación en la reunión que realizaron las tres CGT para esbozar pasos a seguir.

"Lo que nos une a nosotros es la problemática que están atravesando todos los trabajadores que están sufriendo esta recesión, la falta de consumo, los cierres de establecimientos y los despidos", dijo a la prensa el gremialista de los gastronómicos antes de ingresar a la sede nacional de UPCN.

El jefe de la CGT Azul y Blanca explicó que "en mi gremio, por ejemplo, en 60 días ya tengo que el 20% de los establecimientos cerraron".

Además, Antonio Caló reconoció más de 4.000 despedidos en la UOM. A la par, Hugo Moyano cargó contra Mauricio Macri por faltar a su promesa de eliminar el Impuesto a las Ganancias.

Crisis en el sector metalúrgico

El líder de la UOM sostuvo que, si no se producen cambios en el régimen de importación de productos que vienen afectando la producción nacional, unos 10.000 metalúrgicos podrían perder su empleo en el corto plazo.


El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica y titular de la CGT, Antonio Caló, manifestó ayer su preocupación por los despidos y suspensiones de obreros metalúrgicos y adelantó que el consejo directivo de la entidad aprobó la convocatoria a una marcha en defensa de las fuentes de trabajo. "La situación está muy brava, muy complicada, de acuerdo a lo que me informan los secretarios generales de las seccionales de todo el país, ya hubo 3000 despidos y 4000 suspensiones a raíz del modelo que lleva el Gobierno habilitando la libre importación", explicó Caló.


"Si esto sigue y no se producen cambios en la importación de artículos extranjeros que afectan la producción nacional, a corto plazo serán más de 10.000 los trabajadores metalúrgicos que pueden quedar en la calle", aseguró el dirigente. Al respecto sostuvo que "ahora es más fácil importar artículos de afuera porque son más baratos que acá y si esto continúa y no se realizan medidas correctivas, vemos un panorama muy feo, muy triste".


A fines de diciembre, el Gobierno reemplazó el control instrumentado con las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación por un Sistema Integrado de Monitoreo de Importaciones. Desde entonces unos 12.000 productos pasaron a tener licencias automáticas, por lo que empezaron a ingresar con un simple trámite, en tanto que solo para 1400 productos funciona el régimen de licencias no automáticas, que requiere autorización para entrar al país en un plazo máximo de 60 días. De este modo, el 88 por ciento de los productos que tenían controles a la importación pasaron a estar libres de regulaciones comerciales y pueden ingresar al país con una simple presentación.


El combo que supuso importaciones liberadas e incremento en los costos, en un contexto de caída de la demanda internacional, puso en jaque a varias firmas metalúrgicas. Las grandes siderúrgicas Siderca y Acindar despidieron a trabajadores de firmas contratistas controladas y aplicaron suspensiones. Acindar confirmó incluso que un sector de la acería parará su producción entre el 18 y el 28 de marzo, ante la merma de la demanda brasileña, su principal cliente. Otras firmas en problemas son la fábrica de línea blanca Bambi, que no le renovó contratos a 55 trabajadores, y Vasalli, la mayor fábrica nacional de cosechadoras. A su vez, Paraná Metal de Villa Constitución cerró a fines de noviembre y dejó en la calle a 1200 personas. Caló advirtió que "hay empresas que trabajan cuatro días por semana y hay un conglomerado de situaciones que nos hace reflexionar y estar alertas, porque vemos que vamos por mal camino".


El líder de la CGT sostuvo que en la reunión del consejo directivo de la UOM "los compañeros hicieron referencia a que el modelo es similar al aplicado en la década del 90 y que nos vamos a quedar sin trabajadores" y recordó que "la UOM llegó a perder, entre 1990 y 2000, casi 180.000 trabajadores". También agregó que "vemos que en la actividad metalúrgica y en otros gremios industriales las fuentes laborales están peligrando y pretendemos defenderlas antes de que se agudicen los despidos, porque un despedido no recupera más el empleo".


"Hemos resuelto convocar a una marcha de trabajadores metalúrgicos en defensa de las fuentes laborales. No es contra el gobierno nacional, ni contra nadie, pero nosotros debemos defender los puestos de trabajo", aseveró. "Si a esta situación no le buscamos un acuerdo con el Gobierno y prosigue la libre importación van a ser miles los puestos de trabajo que pueden desaparecer", estimó el dirigente, quien ya pidió una reunión con el presidente Mauricio Macri. Caló precisó también que el sector "está trabajando entre un 60 y 70 por ciento para estirar el trabajo, porque algunos empresarios son conscientes de que este problema que vive la industria no lo tienen que pagar los trabajadores".

Inflación de febrero ipc-caba, acumulado 8,3%




En febrero el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) subió 4,0% mensual, acumulando en los primeros dos meses del año un alza de 8,3%. De esta forma, la trayectoria interanual de este indicador se aceleró hasta 32,9% (3,3 puntos porcentuales por encima a la del mes previo).

El peronismo arrasó las comisiones del Senado y descolocó a Pinedo

Se quedaron con 14 presidencias. Controlarán debates de presupuesto, justicia y telecomunicaciones. Los nombres.

El peronismo controlará a gusto el Senado de la Nación: además de tener quórum propio, prevalecerá en todas las comisiones y presidirá las 14 más importantes.


Este último detalle no es menor, porque aún en minoría, con la titularidad de las principales comisiones Cambiemos podría haber manejado los tiempos de los debates.


Fue lo que ocurrió en el Congreso entre 2009 y 2011, cuando la mayoría opositora dejó en minoría al FpV en las comisiones, pero en ambas Cámaras le permitió presidir las “de gestión”, que son Presupuesto, Acuerdos, Asuntos Constitucionales y Legislación General, entre otras.

Pichetto rompió la tradición de entregar al partido de Gobierno las comisiones "de gestión" y el peronismo controlará las catorce más importantes.

Federico Pinedo, presidente provisional del Senado (máxima autoridad después de Gabriela Michetti, que volvió a faltar) llevó ese antecedente a la reunión de labor parlamentaria de esta mañana, pero Miguel Pichetto no le hizo lugar y ratificó su intención de acaparar con presidencia y mayoría las 14 comisiones más influyentes.

Y así lo reiteró en el recinto, cuando Pinedo, en un pase de baile sin presidentes, pidió ser reemplazado en la presidencia de la sesión, bajó a buscar una banca, se sentó y con la calma que lo caracteriza relató su bronca por la derrota.

“Hay una costumbre histórica de darle las comisiones de gestión a la oficialismo. Tuvimos una respetuosa y constructiva discusión, pero no estuvimos de acuerdo”, dijo sin levantar la voz.

Pichetto hubiera preferido que no hablara. “Ya lo hablamos en la reunión de labor parlamentaria. Nosotros reconocimos el resultado del ballotage al darle las autoridades de la Cámara. Pero en octubre la gente votó y eligió este Senado”, respondió.

Abal mdina, Alperovich y Pichetto.

Un dato: ningún radical acompañó a Pinedo, prueba de la bronca que hay entre los senadores de ese partido con la falta de participación que tienen en el Gobierno y el destrato al que los somete Michetti.
Para darle broche de oro a su tarde, el jefe del bloque FpV repartió las presidencias entre los tres grupos de su bloque: los peronistas cercanos a los gobernadores, los más independientes y los kirchneristas, que ya alcanzan 16.

Este último grupo controlará Asuntos Constitucionales (Marcelo Fuentes), Seguridad Interior y Narcotráfico (Sigrid Kanuth), Deporte (Julio César Magni), Turismo (Teresa Luna) y Economía Nacional e Inversión (Eduardo Aguilar).

Juan Manuel Abal Medina seguirá a cargo de Presupuesto, encargada de retocar cada proyecto que tenga asignación de recursos, o sea, casi todos.


También suele revisar los textos Legislación General, que será presidida por la santiaguieña Ada Itúrrez de Cappellini. Justicia y Asuntos Penales, por donde pasarán las reformas a los Códigos, continuará bajo el mando de Pedro Guastavino.

Infraestructura la controlará Carlos Espínola; Ciencia y Tecnología, Omar Perotti; la banca de la mujer Marina Riofrío y en Trabajo y previsión social liderará el pampeano Daniel Lovera, cercano al gobernador Carlos Verna.

Hay más: Liliana Fellner retuvo la presidencia de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, donde se trató y se modificó el proyecto Argentina Digital, derogado por Macri ni bien llegó a la Casa Rosada, para crear en su reemplazo el Ente de Comunicación (Enacom).







Cualquier objeción a este organismo deberá iniciarse en esa Comisión y en Presupuesto. Y puede ocurrir en cualquier momento.











Cumbre entre Caló, Moyano, Rodríguez y Barrionuevo con la unidad de la CGT en la agenda

Los titulares de las dos centrales, más Luis Barrionuevo y Andrés Rodríguez, de UPCN, llevan a cabo un encuentro en la sede de UPCN en la calle Moreno, de la Capital Federal, donde se estaría cocinando la unidad de las dos centrales tras siete años de ruptura.



Los titulares de las dos CGT, Hugo Moyano y Antonio Caló, más los dirigentes Luis Barrionuevo, de UTHGRA, y Andrés Rodríguez, de UPCN, mantenían esta tarde un llamativo encuentro en la sede de UPCN, en la calle Moreno, en la Capital Federal, en lo que muchos leyeron como un gesto de reconciliación.

Las dos centrales llevan 7 años distanciadas por sus posiciones respecto de un gobierno que entregó el mando el último diez de diciembre. Caló, con una posición más cercana a la administración K, y Moyano, distanciado y dolido, estrechan ahora fuerzas de cara a las políticas del gobierno de Mauricio Macri.

La excusa formal parece ser unificar una posición respecto del ya histórico reclamo sobre el cobro del impuesto a las Ganancias sobre los sueldos de los trabajadores, y la promesa incumplida del gobierno de Macri en pos de su eliminación, además de cuestiones coyunturales como el acuerdo con los Fondos Buitre.

Principio de acuerdo con los gobernadores por la coparticipación


Frigerio les propuso acortar a 4 años la restitución del 15%. A las cuotas, sumarán un bono o compensación de deuda.




El anuncio fue realizado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, tras una reunión de casi dos horas con los gobernadores en la Casa Rosada, a la que sobre el final se sumó el presidente Mauricio Macri.

De acuerdo a la información brindada por Frigerio en una conferencia de prensa que brindó junto a un grupo de mandatarios, la Rosada ofreció devolver el 15 por ciento de los fondos coparticipables a cuatro años, de a 3% por año más un bono u otro instrumento financiero cada año.

El 25 de febrero, Macri había firmado un decreto que le devolvía a los estados provinciales el 15 por ciento "en un plazo de cinco años", hasta 2020 inclusive. De esa forma, el Gobierno consiguió ese mismo día el apoyo clave del Frente Renovador para avalar el DNU presidencial que anulaba el reintegro del 15% que había entregado Cristina Kirchner antes de dejar el poder.


"Planteamos una devolución del 15 por ciento de acuerdo con las posibilidades que tiene un Estado quebrado desde el punto de vista fiscal y financiero como el que heredó este gobierno", se atajó hoy el ministro del Interior.


"Combinamos una restitución parcial y en el tiempo del 15 por ciento, una parte todos los años de esas acreencias para todas las provincias. La propuesta es de incrementar la participación de las provincias en un 3 por ciento por año, hasta llegar a este 15 por ciento, pero la posibilidad, con un instrumento financiero de sumar otro 3 por ciento a través de este mecanismo”, explicó Frigerio.

El instrumento -no especificado- podría ser entregar un bono a las provincias o bien compensar las deudas que tienen con Nación. En algunos casos, podría ser una alternativa de ambas opciones.
Frigerio aclaró que "lo que se planteó" hoy en la Casa de Gobierno "es un marco general, ya que algunas cosas quedaron para ser tratadas en reuniones posteriores" y añadió que "habrá encuentros mensuales, en diferentes lugares del país", para seguir negociando.


La primera reacción de los gobernadores fue positiva. El neuquino Omar Gutiérrez dijo que la propuesta del gobierno “es superadora de las anteriores” y precisó que la devolución se concretará en cuotas de "3 por ciento por año, más un instrumento financiero por año, por lo que demandará un plazo de entre tres años y medio y cuatro años resolver la cuestión".

Por su parte, la fueguina Rosana Bertone calificó la reunión de "muy buena, muy positiva, en la que pudimos avanzar y la propuesta nos coloca en una mejor situación" aunque advirtió que "hay situaciones distintas dentro de cada provincia, y algunos de ellas tienen judicializada su deuda con la Nación".

Finalmente, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, indicó que los mandatarios provinciales quedaron en "analizar la propuesta", a la que igualmente consideró "superadora".

Durante la conferencia, los tres gobernadores manifestaron su voluntad de apoyar en el Congreso el acuerdo con los fondos buitre, a través de sus respectivos representantes en la Cámara de Diputados y en la de Senadores.

En la Cámara baja, el macrismo tiene el terreno allanado debido a que el Frente Renovador y el Bloque Justicialista impusieron algunos cambios en el proyecto. Pero en el Senado, el PJ tiene mayoría y es clave la posición de los gobernadores, a los que responden el grueso de los legisladores. Macri necesita sí o sí el apoyo del algún sector del bloque peronista para conseguir quórum y aprobar el acuerdo.

Salvador cerró con el kirchnerismo y quebró el acuerdo entre Vidal y Massa en el Senado


El oficialismo se negó a darle al Frente Renovador la comisión de Asuntos Constitucionales.



El acuerdo entre María Eugenia Vidal y Sergio Massa estalló en el Senado bonaerense cuando el Frente Renovador se retiró de las negociaciones por la composición de las comisiones y por ese motivo no bajó al recinto durante la sesión de hoy.
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El massismo venía negociando la titularidad de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA) y ante la negativa decidieron retirarse de la discusión, no bajaron a la sesión y dejaron vacantes los espacios que les correspondían.



Conocida como ACA, la comisión en una de las más importantes en la estructura de la Cámara Alta. Por allí pasan la totalidad de los expedientes, pero también los pliegos de todos los funcionarios del Poder Judicial de la Provincia.



Tras la posición del Frente Renovador, la postura del vicegobernador Daniel Salvador fue terminante y publicó un decreto con la composición de todas las comisiones a excepción de las que correspondían al massismo.



El jefe del bloque massista, Jorge D’Onofrio, aseguró que Cambiemos hizo “kirchnerismo explícito”. Al tiempo que ratificó que no hubo por parte del oficialismo una voluntad de acordar el lugar de cada espacio político en las comisiones.

El senador massista Jorge D´Onofrio.



El reparto fijado por Cambiemos determina que, de un total de 26 comisiones, Cambiemos presidirá nueve; el bloque peronista cinco, el kirchnerismo cuatro; la bancada de dos legisladores conformada por Roque Cariglino y Alfonso Coll Areco se quedará con dos comisiones; la flamante bancada unipersonal de Omar Foglia se quedará con una.



En tanto, quedaron cinco comisiones para ser ocupadas por el Frente Renovador. Según comunicaron desde el Senado, será el massismo quien deberá designar a sus titulares. Se trata de Presupuesto e Impuestos; Asuntos Agrarios y Pesca; Usuarios y Consumidores; Prevención de las Adicciones; Reforma Política y Régimen Electoral.



“Hoy el acuerdo está roto. Ellos dicidieron darle la comisión a Nidia Moirano, quien el año pasado le votaba a La Cámpora los pliegos que pedía Julián Álvarez”, dijo a LPO el senador Sebastián Galmarini.



Desde el massismo denunciaron además que durante la sesión de hoy se votaron modificaciones al reglamento interno agrandando la cantidad de comisiones. “Eso es ilegal y solo tiene por necesidad entregarle un cargo, entre gallos y medianoche, al Frente para la Victoria”, agregó Galmarini.

La agencia Bloomberg titula: "Wall Street está al mando de la Argentina (nuevamente)"

La agencia de noticias estadounidense afirma que la principal debilidad del camino de Mauricio Macri reside en que su equipo de economistas "preparado por Wall Street" es "demasiado cercano" a los fondos buitre.



"Wall Street tiene nuevamente viento a favor en la nueva Argentina", afirma la agencia Bloomberg, y continúa: "Desde su triunfo en noviembre, el presidente Mauricio Macri, un ex empresario, ha llenado el Estado con empresarios, financistas, economistas y ejecutivos".

En relación a cómo formó su gabinete, la nota expresa que "no es un plan que un líder consideraría implementar hoy en día, ni en Estados Unidos, España, o Grecia, lugares donde el sentimiento anti-banquero ha ido aumentado en los últimos años" y asegura que Macri quiere deshacer las políticas kirchneristas de fuerte intervención económica cuanto antes y "quiere profesionales especializados en las leyes del libre mercado que se hagan cargo".

Asimismo, el texto asevera que "no son sólo los alumnos de JPMorgan y Deutsche Bank (en alusión a Alfonso Prat-Gay y Luis Caputo) que dominan los puestos gubernamentales. Goldman Sachs Group Inc., Barclays Inc. y Morgan Stanley están representados también, con ex-integrantes en puestos claves en el Bancos Central y la agencia estatal de fondos de pensiones".

Por otro lado, la agencia deja entrever una crítica al acuerdo con los fondos buitre: "Los términos del acuerdo, que aún necesita de la aprobación del Congreso, han sido fuertemente criticados por los aliados del kirchnerismo como demasiado favorables para los acreedores internacionales, muchos de los cuales están posicionados para llevarse importantes ganancias de los bonos defaulteados. Y allí se halla la principal vulnerabilidad en el camino elegido por Macri: la percepción de que este equipo formado en Wall Street es "demasiado cercano" o "está demasiado cómodo" con estos fondos".

"Esta deberá ser una preocupación para más adelante, si es que Macri falla en su plan de estabilizar la economía. Por ahora, a los argentinos se los ve más preocupados por normalizar el país. En el último conteo, la inflación anual estaba en un 30%. Arreglá eso y a la gente probablemente no le importe cuánta plata se le paga a los extranjeros", finaliza.

Fondos buitre: El último artículo de Aldo Ferrer



El Plan Fénix, que funciona en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, difundió una nota de oponión sobre las negociaciones con los fondos buitres firmada por uno de sus fundadores Aldo Ferrer, quien falleció este martes a los 88 años.



La negociación con los buitres, por Aldo Ferrer

La cuestión central en el conflicto con los buitres es la respuesta al siguiente interrogante: ¿su resolución es indispensable o solo conveniente para el curso futuro de la economía argentina? En el primer caso, se impondrá la demanda de los buitres y la negociación es, en realidad, una ficción. En el segundo, la negociación es real porque puede no haber acuerdo, si el costo de la demanda de la contraparte es mayor que sus beneficios.

La evidencia es abrumadora en el sentido de que los buitres son un problema de segunda importancia y, por lo tanto, que el arreglo es conveniente pero no indispensable. Por las siguientes razones:

1. En los canjes de 2005 y 2010, Argentina logró la reestructuración de deuda soberana más exitosa de la historia, sin pedirle nada a nadie. Es decir, sin la participación del FMI ni el visto bueno de los mercados financieros. La deuda pendiente no alcanza a 3000 millones de dólares, menos del 8 por ciento del total de la declarada en default en la crisis del 2001. El supuesto aumento de la pendiente a 12.000 millones de dólares, por intereses caídos, ignora que, el pago a los buitres habría desarmado la reestructuración de la deuda e implicado un premio a la especulación y el castigo, a la inmensa mayoría de los inversores, que facilitaron la recuperación de la economía argentina. Estaríamos, otra vez, como en la crisis del 2001.

2. Hace una década que los fondos buitre, tenedores del 50 por ciento de la deuda pendiente, vienen litigando contra el país. Plantearon el embargo de bienes argentinos, en alrededor de 900 demandas en diversos países. El hecho más sonado fue el de la fragata "Libertad". No tuvieron éxito en ningún caso. El país mantiene relaciones económicas normales con todo el mundo. Los buitres son especuladores despreciados en el escenario mundial. Operamos en un orden internacional, dentro del cual la inmunidad soberana de los Estados pone límites a la extrapolación de la jurisdicción de tribunales nacionales sobre terceros países. La razonabilidad de la posición argentina ha sido respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la opinión de los analistas más destacados en el escenario internacional.

3. Los problemas principales de la economía están en la esfera interna: el déficit del comercio de manufacturas de origen industrial y la consecuente restricción externa, la inflación, el desequilibrio fiscal, entre otros. Ninguno se resuelve por el pago a los buitres.

4. El conflicto obedece a la ausencia de normas internacionales para resolver los default de deudas soberanas. La exitosa reestructuración de más del 92 por ciento de la deuda en default, cumple con exceso los límites para la resolución de las quiebras en las jurisdicciones nacionales. Las dificultades de tenedores de deuda reestructurada para recibir los pagos realizados por el gobierno argentino es responsabilidad de quien provoca la interrupción de la cadena de pagos.

5. La suposición que, después del arreglo con los buitres, van a llegar las inversiones, es una ficción. Ningún inversor, argentino o extranjero, que tenga un buen proyecto, deja de realizarlo por el conflicto con los buitres. El buen "clima de inversiones" depende de la gobernabilidad de la economía, la paz social, la seguridad jurídica, los espacios de rentabilidad y el ritmo de transformación de la estructura productiva para incorporar tecnología y agregar valor.

6. El pago a los buitres no es suficiente para que las agencias evaluadoras de riesgo mejoren la calificación de la deuda argentina, con la consecuente baja de la tasa de interés. Es previsible que exigirán, además, un plan económico y financiero respaldado por el FMI.

Es por estas y otras razones, que el acuerdo con los buitres no resuelve ningún problema fundamental ni garantiza la baja de la tasa de interés y la entrada de inversiones extranjeras. En resumen, el acuerdo es útil, porque remueve algunos obstáculos, pero no indispensable.

¿Cuáles deberían ser los límites de la oferta argentina? Los mismos que la de los canjes del 2005 y 2010, como lo planteó el gobierno anterior. Es una oferta generosa. Representa una excelente ganancia para los buitres, considerando el precio ínfimo al cual adquirieron sus títulos y los costos y pérdida de tiempo, que soportó el país, por pleitear con los buitres. Cuanto mayor sea el desvío de la próxima oferta del Gobierno respecto de ese límite, peor será la calificación que merecerán los actuales negociadores, en términos de la defensa del desarrollo, los derechos y la soberanía de la Argentina. El contenido del acuerdo revelará la inspiración del actual gobierno respecto de la autonomía de la política económica y la soberanía.

El Gobierno no debe hacerse ilusiones de que un acuerdo satisfactorio es posible por la "razonabilidad" de los buitres. El rechazo de estos al necesario carácter público de las negociaciones, es un primer ejemplo. Para defender con eficacia el derecho y los intereses del país, es indispensable que el Gobierno asuma la posibilidad de que no se alcance un acuerdo razonable y, los buitres, tomen nota que, en definitiva, no cobrarían nunca.

La negociación con los buitres es un primer paso en la definición de la estrategia de financiamiento internacional. Está planteada, al mismo tiempo, la alternativa de ratificar la soberanía recuperada con la cancelación de la deuda con el FMI o volver a solicitar su asistencia, con las condicionalidades incluidas. Es preciso, por lo tanto, que el Gobierno explicite la totalidad de su política de financiamiento internacional y la procese por las vías institucionales correspondientes.

Durante la "guerra fría", el presidente Kennedy afirmó: "Nunca hay que tener miedo de negociar y nunca hay que negociar con miedo". No hay razón alguna para que los negociadores del nuevo Gobierno actúen con "miedo". Es decir, que supongan que el arreglo con los buitres es una cuestión de "vida o muerte". Existe un nivel de deuda externa pública y privada entre los más bajos del mundo y los bancos están rentables, con carteras sólidas, fondeados en pesos, sin burbujas especulativas ni descalce de monedas.

Podríamos estar más fuertes, si conserváramos el "superávit gemelo" en el presupuesto y el balance de pagos y aumentaran la reservas internacionales. De todos modos, el país conserva la fortaleza suficiente para negociar sin miedo ni urgencias.

EE.UU. impone aranceles a siete países por bajar artificialmente los precios del acero

Brasil, China y Reino Unido, entre los castigados por 'dumping' en comercio de productos de acero
Acero. Foto: Archivo.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos determinó que varias compañías violaron la ley antidumping sobre productos planos de acero laminado en frío, de acuerdo a los descubrimientos preliminares a los que llevó su investigación a siete países acusados de distorsionar el mercado con precios artificialmente bajos.

La Administración de Comercio Internacional del departamento dijo, en un documento hecho público el martes, que media docena de compañías acereras estadounidenses pidieron investigar ciertos productos de acero procedentes de Brasil, China, India, Japón, Corea del Sur, Rusia y Reino Unido. En su reporte, el departamento afirmó que varias acereras foráneas no respondieron a sus peticiones de información.

Pese a todo, hizo públicos los márgenes preliminares de dumping en el caso, con los siguientes recargos aplicables a la mayoría de exportadores en los países señalados:

Brasil: 38.93 por ciento

China: 265.79 por ciento

India: 6.78 por ciento

Japón: 71.35 por ciento

Corea del Sur: 4.53 por ciento

Rusia: 14.76 por ciento

Reino Unido: 28.03 por ciento

Las compañías con sede en Estados Unidos que solicitaron la investigación son AK Steel Corp, Nucor Corp, Steel Dynamics Inc, United States Steel Corp y ArcelorMittal USA LLC, una división de ArcelorMittal SA , según el comunicado.

Tras sus hallazgos, el Departamento de Comercio dijo que se comunicaría con la Agencia de Protección de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos "para exigir depósitos de dinero basados en estos aranceles preliminares".

Asimismo, el departamento indicó que encontró "circunstancias críticas" en relación a ciertos exportadores de China, Japón y Rusia y que los agentes fronterizos impondrán medidas retroactivas, sin aportar más detalles.

Para Marco Lavagna, el acuerdo con buitres es “muy costoso”





Marco Lavagna.

El diputado del Frente Renovador (FR), Marco Lavagna, dijo este miércoles que el acuerdo con los fondos buitre “es carísimo”, que “no” le “gusta” y que es “muy costoso”, pero que “hay que taparse la nariz y seguir para adelante” a fin de negociar con los acreedores que no quisieron entrar en los procesos de reestructuración de deuda que impulsó la Argentina en los últimos años.

“El acuerdo es carísimo, no me gusta, es muy costoso. Pero bueno, hay que taparse la nariz y seguir para adelante. Lo que el FR intentó hacer en el Congreso fue evitar que el Gobierno tuviera un cheque en blanco para el endeudamiento”, amplió Lavagna en radio Belgrano.

Según el diputado, su bloque dijo: “Lo que tomés de endeudamiento es solo para pagarle a los fondos buitre y no para los gastos corrientes. Así evitamos que Argentina vuelva a entrar en este círculo de deuda”. “También introdujimos una modificación para que el Gobierno no pueda pagar algunos gastos de comisión o de abogados”, apuntó.

Tras la firma del dictamen para anular la Ley Cerrojo y la de Pago Soberano que se acordó ayer en el Congreso, Lavagna destacó que entre otras modificaciones al proyecto del oficialismo “había que establecer cuáles son las condiciones de los nuevos títulos, queríamos que quedara en el proyecto pero no lo incorporaron”. “Además queríamos que se le diera al Poder Legislativo las atribuciones que tiene que tener en base a la ley de administración financiera, algo que tampoco se incluyó por lo que vamos a seguir discutiendo el tema en el recinto”, el próximo martes, finalizó.