El máximo tribunal norteamericano informará el lunes si aceptará el pedido de la Argentina de tratar la causa tras debatir la cuestión a puertas cerradas el jueves pasado
Existe otra posibilidad y es que la Corte Suprema devuelva el expediente y pida a la Cámara de Apelaciones de Nueva York una reinterpretación del esquema de pago fijado por el juez Thomas Griesa que privilegia a los fondos por encima de los bonistas que ingresaron al canje. Esta última alternativa implicaría retrasar la resolución durante meses y seguiría dejando a la Corte Suprema con la opción de tomar la cuestión de inmunidad soberana.
El máximo tribunal norteamericano se había reunido el jueves pasado, en un encuentro a puertas cerradas, para analizar la causa y llegar a una decisión acerca de la apelación argentina para que tome en sus manos el caso.
Inicialmente, se estimó una definición inmediata sobre el pedido de intervención, pero en los últimos días crecieron las versiones de que el máximo tribunal norteamericano extendería los plazos de decisión.
Durante la conferencia del jueves, los integrantes de la Corte discutieron si la Argentina violó o no el "pari passu", es decir, el igual tratamiento a los acreedores en el proceso de reestructuración de deuda implementado en 2005 y 2010.
Los fondos buitre lograron su cometido en instancias inferiores -el juez Thomas Griesa y la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York- y por eso Argentina elevó su apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, para que ese tribunal tome el caso.
Argentina consideró que con los dos canjes de deuda ofrecidos, en 2005 y 2010 y un tercer canje abierto en suspenso hasta que la Corte dirima el caso, los fondos buitre tuvieron las mismas posibilidades de ingresar que el resto de los bonistas, y no quisieron hacerlo, pese a que el acuerdo logró la adhesión del 93% de los acreedores.
El viernes, el ministro de Economía, Axel Kicillof, adelantó que la decisión del tribunal no se conocería hasta mañana y sostuvo en diálogo con radio Continental que si el máximo tribunal no acepta el caso generará una obligación de 15 mil millones de dólares en lugar de los 1.300 millones que dicta la letra del fallo.
El ministro recordó que "el juez Griesa falló que se le pague todo lo que reclaman con una visión muy estrecha, porque lo trata como si fuera una deuda entre dos privados y eso no es así porque de un lado están los buitres y del otro, un Estado soberano".
Kicillof subrayó que "tal como dice Griesa la Argentina tiene que pagar 15 mil millones de dólares y esto no es razonable", tras lo cual agregó que lo que se le pide a la Corte Suprema de los EEUU es "que tome el caso y lo evalúe tal como es: o sea un problema de la legislación mundial en casos de default de un país".
Según apuntó la agencia Télam, la posición argentina en el juicio contra los holdouts recibió un fuerte apoyo internacional en los últimos días, en la previa del pronunciamiento que se conocerá mañana respecto a si acepta tratar la apelación presentada por el país.
Del lobby internacional participaron organismos como el FMI, organizaciones no gubernamentales, analistas, empresarios y -más discretamente- el gobierno de Barack Obama y legisladores demócratas y republicanos que, a través de reuniones mantenidas con una delegación parlamentaria argentina -integrada por el oficialismo y la oposición- dieron mayor visibilidad a la posición del país cuando quedan horas para que se conozca la decisión.
Estos movimientos, señaló la agencia, están en sintonía con las apuestas de que la Corte Suprema de EEUU otorgaría "tiempo" a las partes, lo que indicaría que la opción que tiene más chances de concretarse es que la Corte Suprema solicite una opinión al Gobierno de los Estados Unidos, o bien alguna variante que estire los plazos. Sin embargo, no se espera que los EEUU agilicen los trámites para emitir su opinión.
Que los plazos se estiren sería provechoso para la estrategia oficial, ya que el año próximo el país no tendrá las restricciones de la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO), que impide ofrecerles a los fondos algo mejor que los bonos emitidos en 2005 y 2010. Se cree que terminada esa limitación, se podrá negociar mejor con los acreedores.
Al lobby se sumó una reunión de último momento del directorio del FMI, realizada el viernes, donde se analizó un nuevo documento, que advierte de una amenaza sistémica de los fondos buitre, si prevalecen con su interpretación del "pari passu" (tratamiento igualitario), en la causa contra la Argentina.
Los legisladores norteamericanos, que en el pasado fueron influidos por el lobby buitre destinado a lograr que los EEUU voten en contra de Argentina en los organismos multilaterales o la promoción de sanciones comerciales, suavizaron ahora su posición con el país bajo la consigna de lograr a futuro alguna negociación destinada a superar el tema de los holdouts.
El plan B argentino, en caso de que la Corte rechace el caso, no fue revelado. Pero la cabeza de la defensa argentina ante la Corte Suprema, el ex procurador de los EEUU Paul Clement, describió una serie de escenarios posibles y dentro de ellos citó la posibilidad de que esto derive en un default y nuevo canje, que requerirá eventualmente cambio de legislación.
