Es parte de lo que habló el magnate con el presidente electo en la cumbre que tuvieron en México.
Alberto Fernández dejó en Carlos Slim la misma impresión que en gran parte de sus interlocutores en su gira por México: falta de definiciones. Así lo compartió el hombre más rico del país con sus principales directivos. En la reunión del pasado lunes (a la que Slim acudió con letra del Vaticano) el presidente electo emitió sus conceptos generales sobre la economía argentina, la región y la desastrosa herencia que recibe. Slim en cambio fue cristalino en lo que espera del nuevo gobierno peronista a través de su filial Claro. De ahí que el martes Fernández estuvo declarando que el mercado de telecomunicaciones argentino está demasiado concentrado.
El objetivo de Slim es pelearle activos estratégicos al Grupo Clarín, el actor líder en Argentina en materia de contenidos y telecomunicaciones de la Argentina, que compró años atrás la empresa de telefonía Nextel cuyo espectro luego se reconvirtió al segmento de telefonía móvil. Luego llegaría la fusión con Telecom, cuyo titular es el financiero de Monterrey David Martínez. Y se sumó la denuncia del empresario Daniel Vila, quien dijo que Macri lo forzó a vender el espectro que tenía para entregárselo a Clarín, un tema que investiga la justicia.
Consecuencia de estos movimientos, según los abogados de Slim el Grupo Clarín excede los límites de espectro establecidos en la normativa y debería sacar al mercado parte del mismo. Slim quiere que ese movimiento se de con un cronograma definido. Lo que está en discusión son las cuotas de espectro para telefonía celular, un recurso limitado. Si Clarín no vende, Claro, que es la empresa de Slim, no tiene donde crecer.
En la reunión con Alberto, el magnate mexicano fue cristalino sobre lo que espera del nuevo gobierno peronista a través de su filial Claro. De ahí que luego del encuentro Fernández estuvo declarando que el mercado de telecomunicaciones argentino está demasiado concentrado.
De este modo, el presidente electo queda en medio del fuego cruzado. Tiene una relación estrecha con el CEO de Clarín, Héctor Magnetto y en paralelo podría encontrar en Slim a un contrapeso de utilidad para la hegemonía que tiene el grupo en la Argentina.
A pesar de las turbulencias de la economía argentina, Claro sigue siendo un negocio rentable para Sim. Tiene aproximadamente 25 millones de usuarios y el año pasado ganó casi 500 millones de dólares.
Para agregar emoción a la trama, tanto Slim como David Martínez tienen buena relación con Cristina Kirchner, que en cualquier escenario tendrá peso en el nuevo bloque de poder que se asoma en la Argentina.
Slim tiene dos intereses adicionales al espectro, que le planteó a Alberto en la reunión que tuvieron en México. Por un lado la posibilidad de ofrecer televisión satelital, que en Argentina es un monopolio de Direct TV (AT&T) y por el otro las futuras licitaciones de 5G, donde espera que no haya favoritismos.
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Duro informe del Cippec sobre la gestión del Estado durante el gobierno de Macri
Dice que la Administración Pública Nacional creció un 3% en cuatro años, con más ministerios y secretarías hasta 2017 y ajuste en 2018; mayor burocracia y problemas de coordinación
El debate de relatos sobre la herencia macrista que recibirá Alberto Fernández tiene varios campos de batalla. El principal es la economía, no hay dudas, pero otro acaba de tomar vigor en la arena pública. Tiene que ver con la estructura del Estado que Mauricio Macri le dejará a Fernández desde el 10 de diciembre próximo, cuando asuma como presidente.
Un informe realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) denominado "Radiografía y balance de la Administración Pública Nacional 2015-2019" concluyó que ésta sufrió "vaivenes importantes" en los últimos cuatro años y esa volatilidad, con un fuerte crecimiento de ministerios, secretarías y direcciones hasta 2017, y una reducción tras el comienzo de la crisis cambiaria, provocó una dificultad para la elaboración de políticas públicas de largo plazo, sumado a diferentes problemas de coordinación y "articulación" en el Gobierno.
Los especialistas Gonzalo Diéguez, José Gasparín, Jimena Rubio y Lucía Aruanno detectaron además que más del 40% de los funcionarios técnicos duraron sólo dos años en sus puestos producto de "la débil implementación de políticas de profesionalización pública orientadas a establecer procesos meritocráticos de selección y trayectoria profesional que tengan cierto grado de independencia de los vaivenes de la coyuntura política", según informaron en el estudio que elaboraron y presentaron anteayer.
Los especialistas celebraron los llamados a concursos durante la gestión de Macri, pero precisaron que de los 125 realizados en la APN hasta abril de 2019 sólo 5% era para nivel directivo. "A su vez, se han mantenido las designaciones transitorias por 180 días y con excepción de requisitos profesionales o presupuestarios", cuestionaron.
"En diciembre de 2015, el 87% de los directores nacionales y generales estaban designados transitoriamente y este porcentaje aumentó a 91% en septiembre de 2019. Por su parte, la proporción de directores exceptuados de requisitos profesionales o presupuestarios disminuyó, pero todavía se mantiene en niveles altos: en diciembre de 2015 este porcentaje era de 84% y pasó a 77% en septiembre de 2019", agregaron.
"Así, el ingreso a la gran mayoría de cargos con incidencia crítica en el desarrollo de las políticas públicas en la APN central continúa basándose en decisiones de carácter discrecional que en la práctica se traducen en la configuración de un modelo directivo basado fundamentalmente en competencias políticas que prioriza la confianza partidaria", señalaron los especialistas de Cippec sobre el tipo de gobernanza.
Diéguez, Gasparín, Rubio y Aruanno estimaron, de esta manera, que la actual situación trae como resultado un segmento directivo "sin criterios de ingreso y desarrollo basados en el mérito y la profesionalización, con altos niveles de rotación y baja permanencia en el cargo". En ese sentido, pese a las promesas de campaña, para el Cippec no se generaron durante el gobierno de Cambiemos estructuras organizacionales permanentes ni funcionarios de carácter técnico en el espacio directivo que perduren en sus cargos y puedan otorgar horizontes temporales de largo plazo necesarios para el diseño e implementación de políticas públicas que promuevan un desarrollo sostenible.
Según Cippec, en diciembre de 2015 el andamiaje burocrático administrativo de la APN creció en sus distintos niveles. Los ministerios pasaron de 18 a 23; las secretarías, de 69 a 85; las subsecretarías, de 165 a 204; las direcciones nacionales, de 290 a 398 y las direcciones generales, de 127 a 144. "Esta tendencia incremental permaneció en 2017 y llevó a que el gabinete del Poder Ejecutivo nacional alcanzara su máximo histórico desde el regreso a la democracia y se posicionara entre los gabinetes más grandes de América latina", afirmaron los especialistas. Con 23 ministerios, el país compartió segundo lugar en el ránking de la región con Ecuador, Brasil y Chile, detrás de Venezuela (31 ministerios). El país con menor cantidad era, en 2018, Paraguay, con 12.
Pero ya enfrascado en la crisis cambiaria y de vuelta en el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno eliminó diez ministerios en septiembre de 2018 para dar una señal de austeridad. Fueron absorbidos como Secretarías de Gobierno dentro de las órbitas de grandes estructuras ministeriales. La cantidad de ministerios pasó de 18 a fines de 2015, a su pico máximo de 23 a fines de 2016, y a 13 en 2019. En definitiva, entre 2015 y 2019, la estructura de la APN terminó engrosándose un 3%. De los 669 ministerios, secretarías de gobierno, secretarías, subsecretarías, y direcciones nacionales en 2015 se pasó a 854 en 2016; 880 en 2017; 694, en 2018 y 691, en 2019.
Este debate se recalentó en los últimos días en los medios, con Fernández todavía de visita en México. "Si me van a contar la verdad, me van a tener que contar todos los altos cargos que nombraron en los últimos tiempos con cifras siderales de sueldos, la efectivización de un montón de empleados que hicieron entrar por la ventana", dijo anteayer en una entrevista que dio al canal de noticias TN cuestionando el informe que jefatura de Gabinete, que conduce Marcos Peña, hizo sobre la herencia económica. Fernández dijo que revisará los concursos que se abrieron en las últimas semanas.
"Es increíble que dé esta información, que es totalmente equívoca", le contestó Andrés Ibarra ayer. "Los concursos que se están llevando adelante tienen que ver con personas que hace más de diez años están trabajando en el Estado y que, sujetos a evaluaciones de desempeño, pasan de una situación precaria o provisoria a una situación de planta porque lo merecen", agregó, en tanto, el vicejefe de Gabinete.
El debate de relatos sobre la herencia macrista que recibirá Alberto Fernández tiene varios campos de batalla. El principal es la economía, no hay dudas, pero otro acaba de tomar vigor en la arena pública. Tiene que ver con la estructura del Estado que Mauricio Macri le dejará a Fernández desde el 10 de diciembre próximo, cuando asuma como presidente.
Un informe realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) denominado "Radiografía y balance de la Administración Pública Nacional 2015-2019" concluyó que ésta sufrió "vaivenes importantes" en los últimos cuatro años y esa volatilidad, con un fuerte crecimiento de ministerios, secretarías y direcciones hasta 2017, y una reducción tras el comienzo de la crisis cambiaria, provocó una dificultad para la elaboración de políticas públicas de largo plazo, sumado a diferentes problemas de coordinación y "articulación" en el Gobierno.
Los especialistas Gonzalo Diéguez, José Gasparín, Jimena Rubio y Lucía Aruanno detectaron además que más del 40% de los funcionarios técnicos duraron sólo dos años en sus puestos producto de "la débil implementación de políticas de profesionalización pública orientadas a establecer procesos meritocráticos de selección y trayectoria profesional que tengan cierto grado de independencia de los vaivenes de la coyuntura política", según informaron en el estudio que elaboraron y presentaron anteayer.
Los especialistas celebraron los llamados a concursos durante la gestión de Macri, pero precisaron que de los 125 realizados en la APN hasta abril de 2019 sólo 5% era para nivel directivo. "A su vez, se han mantenido las designaciones transitorias por 180 días y con excepción de requisitos profesionales o presupuestarios", cuestionaron.
"En diciembre de 2015, el 87% de los directores nacionales y generales estaban designados transitoriamente y este porcentaje aumentó a 91% en septiembre de 2019. Por su parte, la proporción de directores exceptuados de requisitos profesionales o presupuestarios disminuyó, pero todavía se mantiene en niveles altos: en diciembre de 2015 este porcentaje era de 84% y pasó a 77% en septiembre de 2019", agregaron.
"Así, el ingreso a la gran mayoría de cargos con incidencia crítica en el desarrollo de las políticas públicas en la APN central continúa basándose en decisiones de carácter discrecional que en la práctica se traducen en la configuración de un modelo directivo basado fundamentalmente en competencias políticas que prioriza la confianza partidaria", señalaron los especialistas de Cippec sobre el tipo de gobernanza.
Diéguez, Gasparín, Rubio y Aruanno estimaron, de esta manera, que la actual situación trae como resultado un segmento directivo "sin criterios de ingreso y desarrollo basados en el mérito y la profesionalización, con altos niveles de rotación y baja permanencia en el cargo". En ese sentido, pese a las promesas de campaña, para el Cippec no se generaron durante el gobierno de Cambiemos estructuras organizacionales permanentes ni funcionarios de carácter técnico en el espacio directivo que perduren en sus cargos y puedan otorgar horizontes temporales de largo plazo necesarios para el diseño e implementación de políticas públicas que promuevan un desarrollo sostenible.
Según Cippec, en diciembre de 2015 el andamiaje burocrático administrativo de la APN creció en sus distintos niveles. Los ministerios pasaron de 18 a 23; las secretarías, de 69 a 85; las subsecretarías, de 165 a 204; las direcciones nacionales, de 290 a 398 y las direcciones generales, de 127 a 144. "Esta tendencia incremental permaneció en 2017 y llevó a que el gabinete del Poder Ejecutivo nacional alcanzara su máximo histórico desde el regreso a la democracia y se posicionara entre los gabinetes más grandes de América latina", afirmaron los especialistas. Con 23 ministerios, el país compartió segundo lugar en el ránking de la región con Ecuador, Brasil y Chile, detrás de Venezuela (31 ministerios). El país con menor cantidad era, en 2018, Paraguay, con 12.
Pero ya enfrascado en la crisis cambiaria y de vuelta en el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno eliminó diez ministerios en septiembre de 2018 para dar una señal de austeridad. Fueron absorbidos como Secretarías de Gobierno dentro de las órbitas de grandes estructuras ministeriales. La cantidad de ministerios pasó de 18 a fines de 2015, a su pico máximo de 23 a fines de 2016, y a 13 en 2019. En definitiva, entre 2015 y 2019, la estructura de la APN terminó engrosándose un 3%. De los 669 ministerios, secretarías de gobierno, secretarías, subsecretarías, y direcciones nacionales en 2015 se pasó a 854 en 2016; 880 en 2017; 694, en 2018 y 691, en 2019.
Este debate se recalentó en los últimos días en los medios, con Fernández todavía de visita en México. "Si me van a contar la verdad, me van a tener que contar todos los altos cargos que nombraron en los últimos tiempos con cifras siderales de sueldos, la efectivización de un montón de empleados que hicieron entrar por la ventana", dijo anteayer en una entrevista que dio al canal de noticias TN cuestionando el informe que jefatura de Gabinete, que conduce Marcos Peña, hizo sobre la herencia económica. Fernández dijo que revisará los concursos que se abrieron en las últimas semanas.
"Es increíble que dé esta información, que es totalmente equívoca", le contestó Andrés Ibarra ayer. "Los concursos que se están llevando adelante tienen que ver con personas que hace más de diez años están trabajando en el Estado y que, sujetos a evaluaciones de desempeño, pasan de una situación precaria o provisoria a una situación de planta porque lo merecen", agregó, en tanto, el vicejefe de Gabinete.
Forbes calificó de "patética" la economía que deberá sortear el próximo gobierno
Pago de la deuda con pronóstico negativo. Incertidumbre por el plan económico de Alberto Fernández
La revista Forbes publicó un artículo en el que analiza la "patética economía" argentina, desde el pago de la deuda con el FMI, la sangría de reservas y las posibles maniobras económicas del futuro gobierno de Alberto Fernández. Así, traza un panorama actual sombrío con el que la próxima gestión, deberá sortear la crisis.
En su análisis, el periodista Kenneth Rapoza evaluó en el artículo titulado "Bonos Argentinos: buena suerte para entender la deuda argentina", que el Banco Central argentino tiene aproximadamente 10.000 millones de dólares y el gobierno le debe al FMI 22.000 millones de dólares en 2022 y otros 22.000 millones de dólares en 2023.
"Incluso si el FMI lo redujera a 11.000 millones de dólares en 2022, todavía son 1.000 millones de dólares más que lo que el BCRA tiene de reservas. Y eso no cuenta los miles de millones que debe este año y el próximo, tanto en moneda local como en dólares", subrayó.
Por otra parte, indicó que el presidente electo, Alberto Fernández, todavía no dio pistas sobre cómo le pagará al FMI y mucho menos a los prestamistas privados este año.
"Su primer viaje al extranjero fue a México, un país con el que casi no tienen nada que hacer, mientras que él y su vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) lideran a los partidarios de 'Lula libre', el ex presidente encarcelado de Brasil", describió, sin olvidar de mencionar las tensiones con Jair Bolsonaro, presidente de ese país.
Según Forbes, Siobhan Morden, jefe de renta fija para América Latina de Amherst Pierpont Valores, aportó que Fernández "no inspira confianza para una gestión eficaz de crisis. Su equipo económico muestra falta de conciencia de la gravedad de la crisis económica y no hay ningún plan creíble".
Éste apunta que sin un modelo de crecimiento ni compromiso con la reforma fiscal la carga puede pasar a los bonistas, cuyos títulos sufrirán más aún que las actuales pérdidas del 60% de sus valores nominales.
"El valor de recuperación de los bonos tiene un precio de 35- 40, suponiendo un recorte del 50% en la deuda y una extensión de vencimiento de cinco años con un rendimiento del 10%. Los inversores que compran ahora corren el riesgo de que no se les pague. Los que compraron hace un año verán una pérdida de ganancias", analizó el autor del artículo.
En consecuencia, el escritor aseguró que a futuro habrá que mirar más los números de la inflación y otros datos de esta "patética economía", que las reservas del Banco Central. Finalmente se hace foco en las necesidades de financiación del país para renegociar con el FMI.
"Morden cree que las negociaciones de la deuda se volverán cada vez más tensas debido a las 'tácticas de culpa' del gobierno de Fernández. Los controles, el tipo de cambio desdoblado y el renacimiento del 'mercado libre' probablemente crucen la proverbial 'línea roja' con la ortodoxia financiera del FMI. Eso podría complicar aún más las discusiones sobre política económica para salvar a la Argentina, por enésima vez", advierte la nota.
Al finalizar, analizó: "La única razón por la cual la balanza de pagos de la Argentina da superávit, algo positivo de todos modos, es por las restricciones y los controles de capitales que se volvieron más restrictivos desde que Fernández fue elegido. Lo positivo, por lo tanto, es en gran medida falso".
La nota de la revista Forbes se ocupa de los tenedores de bonos cuando remarca que "la Argentina no tiene ni 10.000 ni 20.000 millones de dólares y quien se los preste en estas circunstancias, lo hará por las tasas de interés escandalosas que los inversores en bonos adoran y que el electorado argentino odia".
La revista Forbes publicó un artículo en el que analiza la "patética economía" argentina, desde el pago de la deuda con el FMI, la sangría de reservas y las posibles maniobras económicas del futuro gobierno de Alberto Fernández. Así, traza un panorama actual sombrío con el que la próxima gestión, deberá sortear la crisis.
En su análisis, el periodista Kenneth Rapoza evaluó en el artículo titulado "Bonos Argentinos: buena suerte para entender la deuda argentina", que el Banco Central argentino tiene aproximadamente 10.000 millones de dólares y el gobierno le debe al FMI 22.000 millones de dólares en 2022 y otros 22.000 millones de dólares en 2023.
"Incluso si el FMI lo redujera a 11.000 millones de dólares en 2022, todavía son 1.000 millones de dólares más que lo que el BCRA tiene de reservas. Y eso no cuenta los miles de millones que debe este año y el próximo, tanto en moneda local como en dólares", subrayó.
Por otra parte, indicó que el presidente electo, Alberto Fernández, todavía no dio pistas sobre cómo le pagará al FMI y mucho menos a los prestamistas privados este año.
"Su primer viaje al extranjero fue a México, un país con el que casi no tienen nada que hacer, mientras que él y su vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) lideran a los partidarios de 'Lula libre', el ex presidente encarcelado de Brasil", describió, sin olvidar de mencionar las tensiones con Jair Bolsonaro, presidente de ese país.
Según Forbes, Siobhan Morden, jefe de renta fija para América Latina de Amherst Pierpont Valores, aportó que Fernández "no inspira confianza para una gestión eficaz de crisis. Su equipo económico muestra falta de conciencia de la gravedad de la crisis económica y no hay ningún plan creíble".
Éste apunta que sin un modelo de crecimiento ni compromiso con la reforma fiscal la carga puede pasar a los bonistas, cuyos títulos sufrirán más aún que las actuales pérdidas del 60% de sus valores nominales.
"El valor de recuperación de los bonos tiene un precio de 35- 40, suponiendo un recorte del 50% en la deuda y una extensión de vencimiento de cinco años con un rendimiento del 10%. Los inversores que compran ahora corren el riesgo de que no se les pague. Los que compraron hace un año verán una pérdida de ganancias", analizó el autor del artículo.
En consecuencia, el escritor aseguró que a futuro habrá que mirar más los números de la inflación y otros datos de esta "patética economía", que las reservas del Banco Central. Finalmente se hace foco en las necesidades de financiación del país para renegociar con el FMI.
"Morden cree que las negociaciones de la deuda se volverán cada vez más tensas debido a las 'tácticas de culpa' del gobierno de Fernández. Los controles, el tipo de cambio desdoblado y el renacimiento del 'mercado libre' probablemente crucen la proverbial 'línea roja' con la ortodoxia financiera del FMI. Eso podría complicar aún más las discusiones sobre política económica para salvar a la Argentina, por enésima vez", advierte la nota.
Al finalizar, analizó: "La única razón por la cual la balanza de pagos de la Argentina da superávit, algo positivo de todos modos, es por las restricciones y los controles de capitales que se volvieron más restrictivos desde que Fernández fue elegido. Lo positivo, por lo tanto, es en gran medida falso".
La nota de la revista Forbes se ocupa de los tenedores de bonos cuando remarca que "la Argentina no tiene ni 10.000 ni 20.000 millones de dólares y quien se los preste en estas circunstancias, lo hará por las tasas de interés escandalosas que los inversores en bonos adoran y que el electorado argentino odia".
El Supremo de Brasil abre la puerta a la libertad del expresidente Lula da Silva
La decisión de los jueces señala que la prisión solo será dictada cuando exista un fallo definitivo y supone un revés para la Operación 'Lava Jato'
Lula da Silva, en abril de 2018. En vídeo, el expresidente de Brasil, podría estar a un paso de salir de prisión.
El Tribunal Supremo de Brasil ha despejado el camino para la puesta en libertad del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. En un polémico fallo, emitido este jueves, la Corte ha anulado la jurisprudencia que había establecido en 2016 y con la cual permitía ejecutar una pena de prisión después de que se confirmara en segunda instancia, pese a que en esa fase quedaban aún dos apelaciones pendientes en tribunales superiores. En el caso de Lula, en prisión desde abril de 2018, aún le quedaba una apelación al propio Tribunal Supremo. Este viernes, los abogados del exmandatario han solicitado su liberación inmediata y han reiterado el pedido para que la Corte juzgue una petición pendiente que pide la anulación de todo el proceso. Además de a Lula, esta decisión también beneficiará a 4.895 reclusos.
El político del Partido de los Trabajadores (PT) afrontaba, desde abril de 2018, ocho años de prisión (en un principio eran 12 años) tras haber sido condenado en segunda instancia (de cuatro) por corrupción y lavado de dinero por el escándalo de un tríplex en el que supuestamente recibió un apartamento en una playa de São Paulo como un soborno de la constructora OAS, beneficiaria de contratos de la petrolera pública Petrobras. El jueves, sin embargo, la Corte decidió que las penas de prisión no pueden empezar a ejecutarse antes de agotar todos los recursos legales disponibles en la justicia del país. En Brasil existen cuatro instancias y al exmandatario aún le queda una apelación que, según Efe, ya ha presentado al Supremo, quién aún no se ha pronunciado.
Los seguidores de Lula le apoyaron inmediatamente después de conocer el fallo a través de redes sociales con el hashtag #LulaLibreMañana, mientras que los fieles a su rival político, el actual presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, se lamentaron. Da Silva cumple actualmente una pena de ocho años y 10 meses en prisión. Además, en febrero de este año fue condenado a casi 13 años por corrupción y lavado de dinero.
Los magistrados de la Corte subrayaron que la decisión del jueves no conducirá a la liberación automática de los detenidos, como el caso del Lula, de 74 años, ya que dependerá de los jueces de ejecución de cada caso aplicar el nuevo fallo después de que se escuchen los argumentos de las defensas y de las acusaciones. De esa manera, la libertad de Lula dependerá de que su abogado, Cristiano Zanin, la solicite al tribunal de Curitiba (sur del país) que está a cargo del caso. Zanin tiene previsto visitar a Lula en su celda de Curitiba este mismo viernes y, según explicó en un comunicado, "después de la conversación" presentará "una petición para que se lleve a cabo su [de Lula] inmediata libertad".
La votación en el Supremo, tras cinco sesiones de deliberación, terminó con seis votos a favor y cinco en contra y fue el presidente de la Corte, Antonio Dias Toffoli, quien emitió el sufragio decisivo. Esto supone una derrota en el marco de la operación Lava Jato. La prisión de segunda instancia sin necesidad de agotar todas las vías de apelación disponibles, vigente desde 2016, ha sido una de las principales armas de la investigación de la operación Lava Jato sobre una trama de corrupción en Petrobras, que llevó tras las rejas a decenas de políticos y empresarios de primera línea, según France Presse (Afp). El cambio de jurisprudencia, sin embargo, no significa que los casi 5.000 reclusos sean puestos en libertad porque los casos de mayor peligrosidad tendrían dictada prisión preventiva.
Por las declaraciones y manifestaciones de los otros diez jueces, se esperaba que cinco estarían a favor del castigo tras la condena en segunda instancia. Y los otros cinco estarían en contra. Pero, oficialmente, el voto clave le correspondía al presidente de la Corte, Dias Toffoli. “Estoy a la espera de un milagro”, dijo Roberto Barroso, abogado y ministro del Tribunal Supremo Federal nombrado por la predecesora de Lula, Dilma Rousseff, a los periodistas antes de escuchar el fallo del Supremo.
Votaron a favor Marco Aurélio, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello y Dias Toffoli. Y en contra: Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso, Luiz Fux y Cármen Lúcia.
Mensaje
El decano, Celso de Mello, mandó además un fuerte mensaje a quienes criticaron la decisión de la Corte. Durante las últimas semanas han aumentado las quejas en las redes sociales de que el Supremo estaría comportándose con ligereza contra la corrupción y con los delincuentes de guante blanco al defender la necesidad de una sentencia firme y sin recursos posibles previos al ingreso en prisión. “Esta Corte Suprema no juzga en función de la calidad de las personas ni de su condición económica, política, social o estamental o funcional”, afirmó. Y agregó: “Este juicio se refiere al examen de derecho fundamental que traduce una crucial conquista histórica de la ciudadanía ante el Estado. Siempre combatido, este derecho fundamental, por regímenes despóticos”.
Si Celso de Mello asumió el papel de defensor de la institución, el presidente de la Corte, Dias Toffoli quiso evitarse futuras críticas sobre una posible excarcelación del expresidente Lula: “No es este Tribunal Supremo Federal el que está decidiendo la posibilidad [de la puesta en libertad de Lula]. El propio equipo de Curitiba ya lo solicitó”.
Lula da Silva, en abril de 2018. En vídeo, el expresidente de Brasil, podría estar a un paso de salir de prisión.
El Tribunal Supremo de Brasil ha despejado el camino para la puesta en libertad del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. En un polémico fallo, emitido este jueves, la Corte ha anulado la jurisprudencia que había establecido en 2016 y con la cual permitía ejecutar una pena de prisión después de que se confirmara en segunda instancia, pese a que en esa fase quedaban aún dos apelaciones pendientes en tribunales superiores. En el caso de Lula, en prisión desde abril de 2018, aún le quedaba una apelación al propio Tribunal Supremo. Este viernes, los abogados del exmandatario han solicitado su liberación inmediata y han reiterado el pedido para que la Corte juzgue una petición pendiente que pide la anulación de todo el proceso. Además de a Lula, esta decisión también beneficiará a 4.895 reclusos.
El político del Partido de los Trabajadores (PT) afrontaba, desde abril de 2018, ocho años de prisión (en un principio eran 12 años) tras haber sido condenado en segunda instancia (de cuatro) por corrupción y lavado de dinero por el escándalo de un tríplex en el que supuestamente recibió un apartamento en una playa de São Paulo como un soborno de la constructora OAS, beneficiaria de contratos de la petrolera pública Petrobras. El jueves, sin embargo, la Corte decidió que las penas de prisión no pueden empezar a ejecutarse antes de agotar todos los recursos legales disponibles en la justicia del país. En Brasil existen cuatro instancias y al exmandatario aún le queda una apelación que, según Efe, ya ha presentado al Supremo, quién aún no se ha pronunciado.
Los seguidores de Lula le apoyaron inmediatamente después de conocer el fallo a través de redes sociales con el hashtag #LulaLibreMañana, mientras que los fieles a su rival político, el actual presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, se lamentaron. Da Silva cumple actualmente una pena de ocho años y 10 meses en prisión. Además, en febrero de este año fue condenado a casi 13 años por corrupción y lavado de dinero.
Los magistrados de la Corte subrayaron que la decisión del jueves no conducirá a la liberación automática de los detenidos, como el caso del Lula, de 74 años, ya que dependerá de los jueces de ejecución de cada caso aplicar el nuevo fallo después de que se escuchen los argumentos de las defensas y de las acusaciones. De esa manera, la libertad de Lula dependerá de que su abogado, Cristiano Zanin, la solicite al tribunal de Curitiba (sur del país) que está a cargo del caso. Zanin tiene previsto visitar a Lula en su celda de Curitiba este mismo viernes y, según explicó en un comunicado, "después de la conversación" presentará "una petición para que se lleve a cabo su [de Lula] inmediata libertad".
La votación en el Supremo, tras cinco sesiones de deliberación, terminó con seis votos a favor y cinco en contra y fue el presidente de la Corte, Antonio Dias Toffoli, quien emitió el sufragio decisivo. Esto supone una derrota en el marco de la operación Lava Jato. La prisión de segunda instancia sin necesidad de agotar todas las vías de apelación disponibles, vigente desde 2016, ha sido una de las principales armas de la investigación de la operación Lava Jato sobre una trama de corrupción en Petrobras, que llevó tras las rejas a decenas de políticos y empresarios de primera línea, según France Presse (Afp). El cambio de jurisprudencia, sin embargo, no significa que los casi 5.000 reclusos sean puestos en libertad porque los casos de mayor peligrosidad tendrían dictada prisión preventiva.
Por las declaraciones y manifestaciones de los otros diez jueces, se esperaba que cinco estarían a favor del castigo tras la condena en segunda instancia. Y los otros cinco estarían en contra. Pero, oficialmente, el voto clave le correspondía al presidente de la Corte, Dias Toffoli. “Estoy a la espera de un milagro”, dijo Roberto Barroso, abogado y ministro del Tribunal Supremo Federal nombrado por la predecesora de Lula, Dilma Rousseff, a los periodistas antes de escuchar el fallo del Supremo.
Votaron a favor Marco Aurélio, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello y Dias Toffoli. Y en contra: Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso, Luiz Fux y Cármen Lúcia.
Mensaje
El decano, Celso de Mello, mandó además un fuerte mensaje a quienes criticaron la decisión de la Corte. Durante las últimas semanas han aumentado las quejas en las redes sociales de que el Supremo estaría comportándose con ligereza contra la corrupción y con los delincuentes de guante blanco al defender la necesidad de una sentencia firme y sin recursos posibles previos al ingreso en prisión. “Esta Corte Suprema no juzga en función de la calidad de las personas ni de su condición económica, política, social o estamental o funcional”, afirmó. Y agregó: “Este juicio se refiere al examen de derecho fundamental que traduce una crucial conquista histórica de la ciudadanía ante el Estado. Siempre combatido, este derecho fundamental, por regímenes despóticos”.
Si Celso de Mello asumió el papel de defensor de la institución, el presidente de la Corte, Dias Toffoli quiso evitarse futuras críticas sobre una posible excarcelación del expresidente Lula: “No es este Tribunal Supremo Federal el que está decidiendo la posibilidad [de la puesta en libertad de Lula]. El propio equipo de Curitiba ya lo solicitó”.
Hernán Lacunza admitió que Mauricio Macri dejará "una herencia que no es deseable"
El ministro de Hacienda reconoció que el panorama es de "mayor inflación y más pobreza". Podría haber una misión conjunta con el Frente de Todos para negociar con el FMI.
El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, reconoció que la herencia que dejará el gobierno de Mauricio Macri no es "deseable" y admitió que si bien el mandato de Juntos por el Cambio generó índices de inflación y pobreza más altos, "los cimientos son mejores para que el presidente que venga pueda construir".
El jefe de la cartera económica comparó el legado que dejó el Gobierno de Cristina Kirchner con el que dejará el actual Poder Ejecutivo. "El anterior gobierno terminó con mejor fachada y peores cimientos, las condiciones futuras eran muy difíciles de maniobrar; este gobierno termina con peor fachada en términos de bienestar y con mejores cimientos", graficó.
En ese sentido, hizo una autocrítica de la gestión de Mauricio Macri al explicar que "hubo cosas que no funcionaron". "La inflación y la pobreza son más altas. Con el desempleo hay una controversia porque el Indec anterior mentía", apuntó en una entrevista con Radio Nacional.
Al continuar con las metáforas, Lacunza sostuvo, respecto al estado actual de la economía que "no es que la Argentina es un Fórmula 1 pero es un vehículo con algunos repuestos renovados". "Ahora el auto está en la banquina, en mejores condiciones para salir a la ruta", consideró.
Para concluir la idea, el jefe del Palacio de Hacienda subrayó que tanto la herencia que dejó la administración kirchnerista como la del gobierno de Macri "no son deseables". "Lo mejor que podemos hacer por los argentinos es que este gobierno termine bien, con la mayor cantidad de recursos posibles. Habrá tiempo de hacer balances más adelante y comparaciones con otros gobiernos", continuó.
Deuda y FMI en plena transición
Lacunza afirmó que está abierta la posibilidad para que el Gobierno y el equipo económico de Alberto Fernández continúen de forma conjunta las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. "Si quieren que anticipemos una misión (a Washington) estamos a disposición, pero el timming lo maneja el próximo gobierno", dijo.
"El gobierno electo está definiendo su programa y su equipo, hay que dejarlo trabajar y cuando lo defina, estamos a disposición", contó el ministro. Respecto al nivel de endeudamiento, Lacunza aseguró que "la Argentina tiene un programa de vencimientos exigentes para los próximos cuatro años". "La negociación tiene que hacer más énfasis en los plazos, que en los montos", señaló.
"La deuda es más o menos el 70 por ciento del Producto Bruto Interno, no es un nivel de deuda prohibitivo. El país no tiene hoy un problema de solvencia, aunque sí de liquidez porque hoy no tenemos acceso al mercado" de deuda, concluyó.
El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, reconoció que la herencia que dejará el gobierno de Mauricio Macri no es "deseable" y admitió que si bien el mandato de Juntos por el Cambio generó índices de inflación y pobreza más altos, "los cimientos son mejores para que el presidente que venga pueda construir".
El jefe de la cartera económica comparó el legado que dejó el Gobierno de Cristina Kirchner con el que dejará el actual Poder Ejecutivo. "El anterior gobierno terminó con mejor fachada y peores cimientos, las condiciones futuras eran muy difíciles de maniobrar; este gobierno termina con peor fachada en términos de bienestar y con mejores cimientos", graficó.
En ese sentido, hizo una autocrítica de la gestión de Mauricio Macri al explicar que "hubo cosas que no funcionaron". "La inflación y la pobreza son más altas. Con el desempleo hay una controversia porque el Indec anterior mentía", apuntó en una entrevista con Radio Nacional.
Al continuar con las metáforas, Lacunza sostuvo, respecto al estado actual de la economía que "no es que la Argentina es un Fórmula 1 pero es un vehículo con algunos repuestos renovados". "Ahora el auto está en la banquina, en mejores condiciones para salir a la ruta", consideró.
Para concluir la idea, el jefe del Palacio de Hacienda subrayó que tanto la herencia que dejó la administración kirchnerista como la del gobierno de Macri "no son deseables". "Lo mejor que podemos hacer por los argentinos es que este gobierno termine bien, con la mayor cantidad de recursos posibles. Habrá tiempo de hacer balances más adelante y comparaciones con otros gobiernos", continuó.
Deuda y FMI en plena transición
Lacunza afirmó que está abierta la posibilidad para que el Gobierno y el equipo económico de Alberto Fernández continúen de forma conjunta las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. "Si quieren que anticipemos una misión (a Washington) estamos a disposición, pero el timming lo maneja el próximo gobierno", dijo.
"El gobierno electo está definiendo su programa y su equipo, hay que dejarlo trabajar y cuando lo defina, estamos a disposición", contó el ministro. Respecto al nivel de endeudamiento, Lacunza aseguró que "la Argentina tiene un programa de vencimientos exigentes para los próximos cuatro años". "La negociación tiene que hacer más énfasis en los plazos, que en los montos", señaló.
"La deuda es más o menos el 70 por ciento del Producto Bruto Interno, no es un nivel de deuda prohibitivo. El país no tiene hoy un problema de solvencia, aunque sí de liquidez porque hoy no tenemos acceso al mercado" de deuda, concluyó.
Exportadoras en alerta: Brasil abrió el cupo para comprar trigo fuera del Mercosur
La Cámara de la Industria Aceitera y el Centro Exportador de Cereales pedirán a Cancillería que formalice un reclamo. La llegada de trigo al mercado brasileño generará pérdidas por US$300 millones
Argentina exporta casi 6 millones de toneladas del cereal sobre los 7 millones que necesita Brasil
Las exportadoras le enviarán una carta a la Cancillería para que la Argentina haga un reclamo formal ante Brasil que habilitó un cupo de 750.000 toneladas de trigo para países que no estén dentro del Mercosur y que tendrán el mismo beneficio de arancel cero.
"No podemos entender lo dado a conocer por Brasil puesto que tenemos un alto stock de trigo para abastecer este mercado", señalaron fuentes de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC).
En la actualidad la Argentina exporta casi 6 millones de toneladas del cereal sobre los 7 millones que necesita Brasil, con lo cual el cupo representa el 10,7% del total.
Los envíos representan divisas por aproximadamente US$1.400 millones a valores FOB. La llegada del nuevo trigo al mercado brasileño generará pérdidas por US$300 millones. La caída sería del 24%.
Según un comunicado del Ministerio de Agricultura del vecino país, "el cupo es parte del compromiso asumido ante la Organización Mundial del Comercio ( OMC) el cual será por año a tasa cero y por un período indefinido".
La misiva aclara que las importaciones vendrán "de todos los países" y no sólo de EE.UU. como se pensaba en un principio. Vale aclarar igualmente que ambos países tiene un acuerdo que establece el libre comercio del producto. La cuota representa el 6% del consumo brasileño de 2018.
La preocupación local radica en que el futuro trigo a ingresar a Brasil libre del arancel hace que la Argentina deba competir con un precio más bajo en el mercado externo, lo que impactará en el valor interno y por ende el productor recibirá menos por su cereal.
El tema se viene hablando desde el verano pasado momento en que Cancillería había señalado en un comunicado que seguía "con especial atención el anuncio del gobierno de Brasil referido a la reapertura de un cupo con arancel 0% para 750.000 toneladas de trigo por fuera del Arancel Externo Común del Mercosur (AEC) del 10%".
Ante esto "el gobierno argentino ha iniciado conversaciones con las autoridades de Brasil y demás socios del Mercosur para analizar el impacto y consecuencias que esta medida podría causar en el comercio bilateral". Al cierre de esta edición no hubo respuesta desde la Cancillería.
Argentina exporta casi 6 millones de toneladas del cereal sobre los 7 millones que necesita Brasil
Las exportadoras le enviarán una carta a la Cancillería para que la Argentina haga un reclamo formal ante Brasil que habilitó un cupo de 750.000 toneladas de trigo para países que no estén dentro del Mercosur y que tendrán el mismo beneficio de arancel cero.
"No podemos entender lo dado a conocer por Brasil puesto que tenemos un alto stock de trigo para abastecer este mercado", señalaron fuentes de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC).
En la actualidad la Argentina exporta casi 6 millones de toneladas del cereal sobre los 7 millones que necesita Brasil, con lo cual el cupo representa el 10,7% del total.
Los envíos representan divisas por aproximadamente US$1.400 millones a valores FOB. La llegada del nuevo trigo al mercado brasileño generará pérdidas por US$300 millones. La caída sería del 24%.
Según un comunicado del Ministerio de Agricultura del vecino país, "el cupo es parte del compromiso asumido ante la Organización Mundial del Comercio ( OMC) el cual será por año a tasa cero y por un período indefinido".
La misiva aclara que las importaciones vendrán "de todos los países" y no sólo de EE.UU. como se pensaba en un principio. Vale aclarar igualmente que ambos países tiene un acuerdo que establece el libre comercio del producto. La cuota representa el 6% del consumo brasileño de 2018.
La preocupación local radica en que el futuro trigo a ingresar a Brasil libre del arancel hace que la Argentina deba competir con un precio más bajo en el mercado externo, lo que impactará en el valor interno y por ende el productor recibirá menos por su cereal.
El tema se viene hablando desde el verano pasado momento en que Cancillería había señalado en un comunicado que seguía "con especial atención el anuncio del gobierno de Brasil referido a la reapertura de un cupo con arancel 0% para 750.000 toneladas de trigo por fuera del Arancel Externo Común del Mercosur (AEC) del 10%".
Ante esto "el gobierno argentino ha iniciado conversaciones con las autoridades de Brasil y demás socios del Mercosur para analizar el impacto y consecuencias que esta medida podría causar en el comercio bilateral". Al cierre de esta edición no hubo respuesta desde la Cancillería.
La UIA aseguró que se perdieron 56.000 puestos de trabajo en un año
Los industriales informaron que el empleo industrial cayó 4,9% en agosto respecto mismo mes de 2018
El sector textil fue el sector con mayor caída en el empleo registrado
La Industrial Argentina'>Unión Industrial Argentina ( UIA) informó hoy que el empleo industrial registrado durante agosto cayó 4,9% respecto al mismo mes de 2018, lo que significó más de 56.000 puestos menos de trabajo, datos que van en línea con la retracción de 7,4% de la producción fabril en el mismo mes del año.
Al mismo tiempo según un informe difundido hoy por la entidad, sin estacionalidad, la caída del empleo asalariado en la industria en la medición intermensual fue de 0,4%, cuatro mil puestos de trabajo, con lo cual "vuelve la dinámica descendente del empleo industrial, con una caída superior a la de julio", que fue 0,2%.
Además, el reporte precisó que el sector Industrial revirtió la desaceleración de la caída del empleo registrado iniciada en junio, y en agosto, el empleo asalariado cayó en unos 56.000 puestos laborales, lo que representa 4,9% menos interanual.
En este primer informe realizado por la entidad gremial, se detalló: "Este dato se encontró en línea con las mayores tasas de caída de la producción industrial (7,4% interanual en agosto) respecto de los datos del primer trimestre del año".
En agosto, el empleo registrado total cayó 1% interanual con respecto a agosto de 2018, por lo cual el sistema registró 125.041 puestos de trabajo menos.
Con estos datos, la UIA resaltó que la industria acumula una pérdida de 152 mil puestos respecto de igual mes de 2015, 12,1% menos, y cerca de 161 mil con respecto a agosto de 2013, 12,7% a la baja, el máximo valor de empleo industrial registrado para este mes.
La caída de la actividad y el empleo también se refleja en la menor cantidad de empleadores, ya que se registra en todo el sistema un descenso de las empresas declarantes de 2,4% interanual, pero la caída es mayor en la industria con 1.722 empresas menos y una baja de 3,2% interanual.
El trabajo de la UIA en base al Ministerio de Producción y Trabajo y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) "ninguna rama de la industria ha presentado un incremento en los puestos de trabajo en el último cuatrimestre del 2018".
"El sector textil ha sido la rama industrial con mayor caída en el empleo registrado y la variación interanual del último trimestre del 2018 con respecto al 2017 muestra un decrecimiento del 10,4%", agregó el informe.
En promedio, la caída del empleo industrial en el IV trimestre del 2018 suma 4,7% (58.155 puestos menos que en el 2017), y dado que el nivel de actividad industrial cayó fuertemente en el primer semestre del año es muy probable que, cuando haya datos de esos trimestres, la contracción se revele aún mayor.
El sector textil fue el sector con mayor caída en el empleo registrado
La Industrial Argentina'>Unión Industrial Argentina ( UIA) informó hoy que el empleo industrial registrado durante agosto cayó 4,9% respecto al mismo mes de 2018, lo que significó más de 56.000 puestos menos de trabajo, datos que van en línea con la retracción de 7,4% de la producción fabril en el mismo mes del año.
Al mismo tiempo según un informe difundido hoy por la entidad, sin estacionalidad, la caída del empleo asalariado en la industria en la medición intermensual fue de 0,4%, cuatro mil puestos de trabajo, con lo cual "vuelve la dinámica descendente del empleo industrial, con una caída superior a la de julio", que fue 0,2%.
Además, el reporte precisó que el sector Industrial revirtió la desaceleración de la caída del empleo registrado iniciada en junio, y en agosto, el empleo asalariado cayó en unos 56.000 puestos laborales, lo que representa 4,9% menos interanual.
En este primer informe realizado por la entidad gremial, se detalló: "Este dato se encontró en línea con las mayores tasas de caída de la producción industrial (7,4% interanual en agosto) respecto de los datos del primer trimestre del año".
En agosto, el empleo registrado total cayó 1% interanual con respecto a agosto de 2018, por lo cual el sistema registró 125.041 puestos de trabajo menos.
Con estos datos, la UIA resaltó que la industria acumula una pérdida de 152 mil puestos respecto de igual mes de 2015, 12,1% menos, y cerca de 161 mil con respecto a agosto de 2013, 12,7% a la baja, el máximo valor de empleo industrial registrado para este mes.
La caída de la actividad y el empleo también se refleja en la menor cantidad de empleadores, ya que se registra en todo el sistema un descenso de las empresas declarantes de 2,4% interanual, pero la caída es mayor en la industria con 1.722 empresas menos y una baja de 3,2% interanual.
El trabajo de la UIA en base al Ministerio de Producción y Trabajo y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) "ninguna rama de la industria ha presentado un incremento en los puestos de trabajo en el último cuatrimestre del 2018".
"El sector textil ha sido la rama industrial con mayor caída en el empleo registrado y la variación interanual del último trimestre del 2018 con respecto al 2017 muestra un decrecimiento del 10,4%", agregó el informe.
En promedio, la caída del empleo industrial en el IV trimestre del 2018 suma 4,7% (58.155 puestos menos que en el 2017), y dado que el nivel de actividad industrial cayó fuertemente en el primer semestre del año es muy probable que, cuando haya datos de esos trimestres, la contracción se revele aún mayor.
Macri cierra su Gobierno con un balance repleto de resultados en rojo
Más inflación, desempleo, pobreza, endeudamiento, fuga de capitales y devaluación. Menos salario, jubilación, consumo, inversión, PBI per cápita y producción.
A poco más de un mes de terminar el mandato presidencial de Mauricio Macri, es hora de comenzar los balances. Tras impulsar un modelo orientado a privilegiar la especulación financiera por sobre la actividad productiva, un proceso de endeudamiento sin precedentes y una amplia gama de medidas de ajuste y liberalización, los resultados en materia económica y social arrojan un boletín de calificaciones teñido de rojo.
Así se desprende de una compilación de datos oficiales y cálculos propios elaborado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) con la información disponible hasta hoy en una suerte de balance sobre el Gobierno de Macri.
Deuda, fuga y devaluaciones
Sin dudas, la marca principal que dejarán los cuatro años de gestión Cambiemos es la crisis de deuda que estalló en 2018 y llevó al país al default ya consumado de las letras de corto plazo y a una pronta reestructuración de los pasivos de mediano y largo plazo.
Después de la aprobación en el Congreso del pago a los fondos buitre, el Gobierno inició un megaendeudamiento de un volumen y una velocidad sin precedentes. De acuerdo al reporte del Celag, entre 2016 y 2019 se emitieron US$98.000 millones de deuda en moneda extranjera y $1,4 billones en moneda local.
Con todas los controles a los movimientos cambiarios y de capitales eliminados, la contracara de ese ingreso de dólares vía deuda externa fue la financiación sistemática de la fuga de divisas, que desde noviembre de 2015 acumula US$84.100 millones, según datos del Banco Central.
El grifo del endeudamiento en los mercados internacionales se cerró a comienzos del año pasado, cuando los capitales especulativos consideraron que la dinámica financiera del país era insostenible en el tiempo e iniciaron una huida masiva del país, que terminó con la vuelta del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el préstamo stand by más grande de la historia (US$57.000 millones). Así, el riesgo país saltó de los 487 puntos del 10 de diciembre de 2015 a los 2.331 puntos de hoy.
Con un stock de pasivos en moneda extranjera casi duplicado, un dólar que se disparó 568% en casi cuatro años y una economía en recesión, el peso de la deuda pública bruta sobre el PBI pasó del 52,6% en 2015 al 98,2% en 2019.
Inflación y salarios
Como consecuencia de esas devaluaciones y de tarifazos acumulados que llegaron a superar el 3.000%, la inflación se aceleró. Lejos de bajarla fácilmente a un dígito, como prometió Macri en la campaña que lo llevó a ocupar el sillón de Rivadavia, pasó de viajar al 27,5% anual en 2015 al actual 54%, el número más alto desde la salida de híper en 1991. Así, en poco menos de cuatro años, la suba de precios ya acumuló 285%, según calculó el Celag.
Los ingresos de los trabajadores registrados no aumentaron al mismo ritmo. De acuerdo a los datos del IET, entre noviembre de 2015 y septiembre de 2019 el salario real se desplomó 19,1%.
Lo propio ocurrió con los sectores más vulnerables. El Celag precisó que, medidos en dólares, el salario mínimo cayó 54% al pasar de US$580 a US$266 y la jubilación mínima, 56%.
Recesión
Una de las consecuencias de esta dinámica fue el deterioro de la capacidad de consumo de la población. Eso, sumado a la supertasa con la que el Gobierno buscó calmar el dólar y la inflación (por caso, la tasa de interés límite de las tarjetas de crédito pasó del 36,6% en 2015 al actual 101,1%, según el Celag) que frenó el crédito al consumo y a la producción, llevó a la parálisis de la actividad. De hecho, el mandato de Cambiemos cerrará con tres de los cuatro años en recesión.
El país se empobreció. El PBI per cápita en dólares cayó de US$14.884 en 2015 a US$9.912 en 2019, de acuerdo con el citado reporte.
La inversión en equipos durables bajó 19,8% entre 2016 y 2019. En ese lapso, cerraron 19.131 empresas. Y con una economía abierta a la importación y un mercado interno en caída libre, la actividad más golpeada fue la industria manufacturera. En ese mismo período, la sector fabril se derrumbó 12,8%. A su interior, las ramas más golpeadas fueron la textil, que se hundió 34,1%; la de maquinaria y equipos, 26%; y la automotriz, 24,4%.
Desempleo y pobreza
Las otras grandes consecuencias fueron el aumento del desempleo y de la pobreza a los niveles más altos desde 2006 y 2008, respectivamente.
Por la caída del poder adquisitivo, cerca de un millón de personas salieron a buscar trabajo. Algunas lo consiguieron y muchas otras no. Con un nivel empleo sostenido por la creciente precarización en las modalidades de contratación, esa dinámica fue la que explicó que la desocupación pasara del 5,9% en 2015 al 10,6% en el segundo trimestre de 2019 (último dato disponible del Indec).
Mientras tanto, según los datos consignados por el Celag, unos 2,6 millones de argentinos ingresaron en la pobreza, que saltó del 29,7% en el segundo semestre de 2015 (sin datos oficiales por el apagón estadístico del Indec, otras series privadas la ubicaban en torno al 27%) al 54% de la primera mitad de 2019. Por el recrudecimiento de la crisis, los especialistas coinciden en que el número crecerá este semestre y se acercará al 40%.
La profundidad de la emergencia social es imposible de reflejar en estadísticas. Aunque hay una que, tal vez, logra acercarse un poco a eso. En los últimos tres años, el consumo por cada habitante de leche, el alimento básico para el desarrollo en la infancia, cayó 19%.
A poco más de un mes de terminar el mandato presidencial de Mauricio Macri, es hora de comenzar los balances. Tras impulsar un modelo orientado a privilegiar la especulación financiera por sobre la actividad productiva, un proceso de endeudamiento sin precedentes y una amplia gama de medidas de ajuste y liberalización, los resultados en materia económica y social arrojan un boletín de calificaciones teñido de rojo.
Así se desprende de una compilación de datos oficiales y cálculos propios elaborado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) con la información disponible hasta hoy en una suerte de balance sobre el Gobierno de Macri.
Deuda, fuga y devaluaciones
Sin dudas, la marca principal que dejarán los cuatro años de gestión Cambiemos es la crisis de deuda que estalló en 2018 y llevó al país al default ya consumado de las letras de corto plazo y a una pronta reestructuración de los pasivos de mediano y largo plazo.
Después de la aprobación en el Congreso del pago a los fondos buitre, el Gobierno inició un megaendeudamiento de un volumen y una velocidad sin precedentes. De acuerdo al reporte del Celag, entre 2016 y 2019 se emitieron US$98.000 millones de deuda en moneda extranjera y $1,4 billones en moneda local.
Con todas los controles a los movimientos cambiarios y de capitales eliminados, la contracara de ese ingreso de dólares vía deuda externa fue la financiación sistemática de la fuga de divisas, que desde noviembre de 2015 acumula US$84.100 millones, según datos del Banco Central.
El grifo del endeudamiento en los mercados internacionales se cerró a comienzos del año pasado, cuando los capitales especulativos consideraron que la dinámica financiera del país era insostenible en el tiempo e iniciaron una huida masiva del país, que terminó con la vuelta del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el préstamo stand by más grande de la historia (US$57.000 millones). Así, el riesgo país saltó de los 487 puntos del 10 de diciembre de 2015 a los 2.331 puntos de hoy.
Con un stock de pasivos en moneda extranjera casi duplicado, un dólar que se disparó 568% en casi cuatro años y una economía en recesión, el peso de la deuda pública bruta sobre el PBI pasó del 52,6% en 2015 al 98,2% en 2019.
Inflación y salarios
Como consecuencia de esas devaluaciones y de tarifazos acumulados que llegaron a superar el 3.000%, la inflación se aceleró. Lejos de bajarla fácilmente a un dígito, como prometió Macri en la campaña que lo llevó a ocupar el sillón de Rivadavia, pasó de viajar al 27,5% anual en 2015 al actual 54%, el número más alto desde la salida de híper en 1991. Así, en poco menos de cuatro años, la suba de precios ya acumuló 285%, según calculó el Celag.
Los ingresos de los trabajadores registrados no aumentaron al mismo ritmo. De acuerdo a los datos del IET, entre noviembre de 2015 y septiembre de 2019 el salario real se desplomó 19,1%.
Lo propio ocurrió con los sectores más vulnerables. El Celag precisó que, medidos en dólares, el salario mínimo cayó 54% al pasar de US$580 a US$266 y la jubilación mínima, 56%.
Recesión
Una de las consecuencias de esta dinámica fue el deterioro de la capacidad de consumo de la población. Eso, sumado a la supertasa con la que el Gobierno buscó calmar el dólar y la inflación (por caso, la tasa de interés límite de las tarjetas de crédito pasó del 36,6% en 2015 al actual 101,1%, según el Celag) que frenó el crédito al consumo y a la producción, llevó a la parálisis de la actividad. De hecho, el mandato de Cambiemos cerrará con tres de los cuatro años en recesión.
El país se empobreció. El PBI per cápita en dólares cayó de US$14.884 en 2015 a US$9.912 en 2019, de acuerdo con el citado reporte.
La inversión en equipos durables bajó 19,8% entre 2016 y 2019. En ese lapso, cerraron 19.131 empresas. Y con una economía abierta a la importación y un mercado interno en caída libre, la actividad más golpeada fue la industria manufacturera. En ese mismo período, la sector fabril se derrumbó 12,8%. A su interior, las ramas más golpeadas fueron la textil, que se hundió 34,1%; la de maquinaria y equipos, 26%; y la automotriz, 24,4%.
Desempleo y pobreza
Las otras grandes consecuencias fueron el aumento del desempleo y de la pobreza a los niveles más altos desde 2006 y 2008, respectivamente.
Por la caída del poder adquisitivo, cerca de un millón de personas salieron a buscar trabajo. Algunas lo consiguieron y muchas otras no. Con un nivel empleo sostenido por la creciente precarización en las modalidades de contratación, esa dinámica fue la que explicó que la desocupación pasara del 5,9% en 2015 al 10,6% en el segundo trimestre de 2019 (último dato disponible del Indec).
Mientras tanto, según los datos consignados por el Celag, unos 2,6 millones de argentinos ingresaron en la pobreza, que saltó del 29,7% en el segundo semestre de 2015 (sin datos oficiales por el apagón estadístico del Indec, otras series privadas la ubicaban en torno al 27%) al 54% de la primera mitad de 2019. Por el recrudecimiento de la crisis, los especialistas coinciden en que el número crecerá este semestre y se acercará al 40%.
La profundidad de la emergencia social es imposible de reflejar en estadísticas. Aunque hay una que, tal vez, logra acercarse un poco a eso. En los últimos tres años, el consumo por cada habitante de leche, el alimento básico para el desarrollo en la infancia, cayó 19%.
El ascenso de Vox desata nervios en los grandes partidos en la recta final
La fuerza de Abascal tras el debate eleva la incertidumbre
El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un mitin en Dos Hermanas (Sevilla)
Los asesores políticos tratan de demostrar que todo está bajo control, pero lo cierto es que los veteranos saben bien que una campaña electoral es un caos imprevisible donde cualquier cosa puede alterar los planes. El PSOE, por ejemplo, estaba muy satisfecho con el resultado del debate del lunes y esperaba una recta final tranquila, pero este miércoles se ha encontrado con un incendio imprevisto por una metedura de pata del presidente que esta vez, con las encuestas en contra, ha ofrecido más entrevistas que nunca.
Pedro Sánchez ha irritado a los fiscales y ha provocado incluso un inusual comunicado contra él de la asociación mayoritaria al dar por hecho —en RNE— que la Fiscalía depende del poder ejecutivo y que por tanto todo lo que haga para traer a España a Carles Puigdemont es algo que hay que atribuir al Gobierno. La polémica ha crecido tanto que primero la vicepresidenta, Carmen Calvo, y después el propio presidente han tenido que salir a matizar sus palabras. “Trabajaremos para que el sistema judicial español pueda juzgar a Puigdemont. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en defensa de la ley y el interés general”, escribió Sánchez para buscar un punto de equilibrio entre su nuevo discurso duro sobre Cataluña —en el debate llegó a decir que Puigdemont “se le fugó” a un Gobierno del PP y él lo traerá de vuelta a España— y el respeto a la autonomía del poder judicial.
Aparte del evidente error de Sánchez en la recta final de una campaña donde todo sigue abierto, lo que ha roto los esquemas de todos es el imparable ascenso de Vox. En julio, cuando se empezó a pensar en serio en la repetición electoral tras el fracaso de las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, ninguna encuesta avanzaba una subida del partido de Santiago Abascal. Al contrario, después de las elecciones europeas, autonómicas y municipales, donde frenó su crecimiento, se daba por hecho que el PP lograría reabsorber una buena parte de este voto que en su mayoría venía de personas que antes respaldaron a la formación de Pablo Casado. Sin embargo, la crisis catalana parece haber dado alas a la extrema derecha, que podría convertirse en el tercer partido, y eso ha descolocado por completo los planes de campaña de casi todos.
En España está prohibido publicar encuestas en los últimos días de campaña, pero eso no quiere decir que no se hagan. Los partidos manejan datos de todo tipo y los últimos que llegan, aún preliminares, mostrarían que Vox sigue subiendo después de un debate electoral en el que casi nadie quiso confrontar con Abascal, algo que ha generado intensas discusiones en los partidos.
En teoría, los más perjudicados deberían ser el PP y Ciudadanos, competidores naturales de Vox en la derecha españolista y la extrema derecha. Sin embargo, el reparto de restos también podría afectar a Podemos o al PSOE.
En estos días, los partidos rezuman optimismo en público, pero en privado los nervios son muy evidentes. Desde el PSOE señalan que Vox devora a Ciudadanos y hunde las expectativas de crecimiento del PP. El riesgo es que Vox le supere en algunas provincias. La dirección de los populares, por el contrario, asegura que si Cs se hunde y el voto se divide solo entre el PP y Vox podría ser beneficioso para el bloque de la derecha. De hecho dicen que entre estos dos partidos podrían llegar hasta los 150 escaños. Pero eso parte de la base de que el PP podría irse a 110, algo que no señala ninguna encuesta. Tan irreal parece esa cifra como la que plantea el PSOE, que cree que podría pasar como en 2016, cuando las encuestas daban a Mariano Rajoy un máximo de 120 en la repetición electoral y sin embargo llegó a los 137.
Lo único seguro es que todos han movido su campaña en los últimos días en función del ascenso de Vox. Sánchez, que evitó contrastar con Abascal en el debate, lo hace ahora desde los mítines, en un intento claro de movilizar a la izquierda. Este miércoles ha dicho que el PSOE es el único que garantiza un Gobierno “valiente” frente la ultraderecha “envalentonada” porque PP y Cs están “acobardados” ante Vox. Mientras, Pablo Iglesias ha culpado a “las políticas económicas de Merkel, Montoro y Calviño” y a los medios de comunicación del auge de Vox, y ha propuesto combatirlo con políticas sociales para proteger a los ciudadanos que puedan sentir la tentación de apoyarles.
Al margen del resultado de estas elecciones, lo que inquieta a algunos políticos veteranos de izquierda es el riesgo del fenómeno francés. Allí la socialdemocracia parecía satisfecha por la división del voto de la derecha que generaba el Frente Nacional. Pero cuando creció, el grupo de los Le Pen empezó a devorar también el electorado comunista y socialdemócrata, y ahora estos partidos están bajo mínimos. En España ese fenómeno no parece haber llegado aún, y las encuestas no detectan que Vox esté entrando en ese voto de izquierda, pero el debate del lunes ha disparado todas las alarmas para el futuro.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un mitin en Dos Hermanas (Sevilla)
Los asesores políticos tratan de demostrar que todo está bajo control, pero lo cierto es que los veteranos saben bien que una campaña electoral es un caos imprevisible donde cualquier cosa puede alterar los planes. El PSOE, por ejemplo, estaba muy satisfecho con el resultado del debate del lunes y esperaba una recta final tranquila, pero este miércoles se ha encontrado con un incendio imprevisto por una metedura de pata del presidente que esta vez, con las encuestas en contra, ha ofrecido más entrevistas que nunca.
Pedro Sánchez ha irritado a los fiscales y ha provocado incluso un inusual comunicado contra él de la asociación mayoritaria al dar por hecho —en RNE— que la Fiscalía depende del poder ejecutivo y que por tanto todo lo que haga para traer a España a Carles Puigdemont es algo que hay que atribuir al Gobierno. La polémica ha crecido tanto que primero la vicepresidenta, Carmen Calvo, y después el propio presidente han tenido que salir a matizar sus palabras. “Trabajaremos para que el sistema judicial español pueda juzgar a Puigdemont. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en defensa de la ley y el interés general”, escribió Sánchez para buscar un punto de equilibrio entre su nuevo discurso duro sobre Cataluña —en el debate llegó a decir que Puigdemont “se le fugó” a un Gobierno del PP y él lo traerá de vuelta a España— y el respeto a la autonomía del poder judicial.
Aparte del evidente error de Sánchez en la recta final de una campaña donde todo sigue abierto, lo que ha roto los esquemas de todos es el imparable ascenso de Vox. En julio, cuando se empezó a pensar en serio en la repetición electoral tras el fracaso de las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, ninguna encuesta avanzaba una subida del partido de Santiago Abascal. Al contrario, después de las elecciones europeas, autonómicas y municipales, donde frenó su crecimiento, se daba por hecho que el PP lograría reabsorber una buena parte de este voto que en su mayoría venía de personas que antes respaldaron a la formación de Pablo Casado. Sin embargo, la crisis catalana parece haber dado alas a la extrema derecha, que podría convertirse en el tercer partido, y eso ha descolocado por completo los planes de campaña de casi todos.
En España está prohibido publicar encuestas en los últimos días de campaña, pero eso no quiere decir que no se hagan. Los partidos manejan datos de todo tipo y los últimos que llegan, aún preliminares, mostrarían que Vox sigue subiendo después de un debate electoral en el que casi nadie quiso confrontar con Abascal, algo que ha generado intensas discusiones en los partidos.
En teoría, los más perjudicados deberían ser el PP y Ciudadanos, competidores naturales de Vox en la derecha españolista y la extrema derecha. Sin embargo, el reparto de restos también podría afectar a Podemos o al PSOE.
En estos días, los partidos rezuman optimismo en público, pero en privado los nervios son muy evidentes. Desde el PSOE señalan que Vox devora a Ciudadanos y hunde las expectativas de crecimiento del PP. El riesgo es que Vox le supere en algunas provincias. La dirección de los populares, por el contrario, asegura que si Cs se hunde y el voto se divide solo entre el PP y Vox podría ser beneficioso para el bloque de la derecha. De hecho dicen que entre estos dos partidos podrían llegar hasta los 150 escaños. Pero eso parte de la base de que el PP podría irse a 110, algo que no señala ninguna encuesta. Tan irreal parece esa cifra como la que plantea el PSOE, que cree que podría pasar como en 2016, cuando las encuestas daban a Mariano Rajoy un máximo de 120 en la repetición electoral y sin embargo llegó a los 137.
Lo único seguro es que todos han movido su campaña en los últimos días en función del ascenso de Vox. Sánchez, que evitó contrastar con Abascal en el debate, lo hace ahora desde los mítines, en un intento claro de movilizar a la izquierda. Este miércoles ha dicho que el PSOE es el único que garantiza un Gobierno “valiente” frente la ultraderecha “envalentonada” porque PP y Cs están “acobardados” ante Vox. Mientras, Pablo Iglesias ha culpado a “las políticas económicas de Merkel, Montoro y Calviño” y a los medios de comunicación del auge de Vox, y ha propuesto combatirlo con políticas sociales para proteger a los ciudadanos que puedan sentir la tentación de apoyarles.
Al margen del resultado de estas elecciones, lo que inquieta a algunos políticos veteranos de izquierda es el riesgo del fenómeno francés. Allí la socialdemocracia parecía satisfecha por la división del voto de la derecha que generaba el Frente Nacional. Pero cuando creció, el grupo de los Le Pen empezó a devorar también el electorado comunista y socialdemócrata, y ahora estos partidos están bajo mínimos. En España ese fenómeno no parece haber llegado aún, y las encuestas no detectan que Vox esté entrando en ese voto de izquierda, pero el debate del lunes ha disparado todas las alarmas para el futuro.
Quince países de Asia acuerdan la mayor zona de libre comercio mundial
La India ha optado por quedarse fuera, de momento, de la RCEP, una alianza abanderada por China y que excluye a EE UU
Quince países de Asia han concluido este lunes en Bangkok las negociaciones para constituir lo que promete ser la mayor zona de libre comercio del mundo y que se ratificará el año próximo. La RCEP, la Asociación Económica Integral Regional, es un proyecto promovido principalmente por Pekín, que se negociaba desde 2012 y que no incluye a Estados Unidos. En las negociaciones en la capital asiática, la India ha decidido no sumarse finalmente tampoco a la alianza por razones de “interés nacional”.
Los presidentes y primeros ministros de los países reunidos este lunes en Bangkok. En vídeo, declaraciones de varios de los ministros.
En el comunicado al término de la cumbre de países de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) celebrada en Bangkok, los líderes de los 16 países negociadores indican que 15 de ellos “han concluido las negociaciones para los 20 capítulos y esencialmente todos los temas sobre acceso a los mercados”.
“No habrá ningún problema para que los 15 participantes en el tratado lo firmen el año próximo”, ha declarado el viceministro de Asuntos Extranjeros chinos, Le Yucheng. La India será “bienvenida” si en el futuro decide sumarse a esta asociación, formada por China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, además de los diez países de la ASEAN (Indonesia, Tailandia, Singapur, Malasia, Filipinas, Vietnam, Myanmar, Camboya, Laos y Brunei).
Si todo sale como el viceministro chino promete y la India se suma al pacto, la futura RCEP abarcará el 47% de la población mundial, o 3.400 millones de personas, y el 32,2% del PIB mundial, 20,6 billones de euros. También acaparará el 32,5% de la inversión global y el 29% del comercio del planeta.
Para Pekín, el éxito de las negociaciones representa un espaldarazo económico y político. Como promotora de la iniciativa, consolida su influencia en Asia y el papel que busca de adalid global del multilateralismo. El acuerdo también servirá para apuntalar su economía en momentos en los que su crecimiento se hace más lento y se enfrenta con Estados Unidos en una guerra de trincheras comercial y tecnológica.
Las negociaciones para esta alianza habían alcanzado inicialmente escasos progresos desde que se lanzó la propuesta inicial en Camboya hace siete años. Pero recibieron un nuevo ímpetu después de que, inmediatamente después de llegar a la Casa Blanca, Donald Trump ordenara la salida de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), el ambicioso tratado de libre comercio para ambas orillas del Pacífico que la Administración de Barack Obama concebía como el pilar económico para apuntalar la influencia de Washington en la región. La retirada de EE UU supuso la cuasi-defunción, a efectos prácticos, de aquel proyecto, pese a que 11 de sus miembros lo han ratificado.
En cambio, la propuesta china recibió una inyección de vitalidad. “No cabe duda de que daremos un giro hacia la RCEP si el TPP no avanza”, dijo en su día el primer ministro japonés, Shinzo Abe, uno de los principales adalides del acuerdo transpacífico.
La desaceleración generalizada entre las economías asiáticas al hilo de la guerra comercial entre EE UU y China terminó de suministrar el incentivo necesario para que las negociaciones llegaran a buen puerto.
La RCEP y el TPP son muy diferentes. Donde el TPP se centraba en la reducción de barreras no arancelarias (protección del medioambiente, estándares para la inversión extranjera), la RCEP pone el énfasis principalmente en los aranceles, sin las protecciones a los derechos laborales que ofrece el tratado que originalmente lideró EE UU.
La alianza, que requerirá la ratificación de los respectivos parlamentos nacionales, eliminará aranceles sobre más del 90% de los bienes intercambiados entre los miembros. El acuerdo también incluye protecciones sobre la propiedad intelectual y capítulos sobre inversiones y comercio de bienes y servicios. También estipula mecanismos para la resolución de disputas entre los países.
Entre otros problemas, las negociaciones han afrontado las reticencias de la India, una economía con déficit en su balanza comercial, a diferencia de las del resto de los países miembros, todas con superávit. Nueva Delhi teme que una amplia zona de libre comercio inunde su mercado de productos chinos y su industria manufacturera se viera perjudicada. También ve con sospecha la posibilidad de que los bienes agrícolas de Australia o Nueva Zelanda pudieran dañar a este sector de su economía.
“Nuestra decisión ha venido guiada por el impacto que este acuerdo tendría sobre nuestros ciudadanos”, ha declarado Vijay Thakur Singh, del Ministerio indio de Asuntos Exteriores, en una rueda de prensa citada por AFP.
La resistencia de la India no es el único problema por resolver en este acuerdo gigantesco, que aúna a economías tan dispares como la avanzadísima japonesa, la “socialista con características chinas” de Pekín o la de sistema comunista de Laos, uno de los países más pobres del mundo. Está por ver si el deterioro actual en las relaciones entre Japón y Corea del Sur tendrá algún impacto en la puesta en marcha de esta amplia zona comercial. Y Australia y Nueva Zelanda han expresado también su interés en fortalecer los derechos laborales o las protecciones medioambientales, como hace el TPP.
Desinterés de EE UU
En lo que se ha interpretado en un nuevo gesto de desinterés hacia la región -el enésimo-, Estados Unidos solo envió a la cumbre de Bangkok a una delegación de bajo perfil, encabezada por el secretario de Comercio, Wilbur Ross. En completo contraste -muy descriptivo de la balanza actual de influencias en el continente-, China envió a su primer ministro, Li Keqiang.
El asistente del presidente Trump para temas de Seguridad Nacional, Robert O'Brien, que representó a Washington en la reunión con la ASEAN, acusó a China de "imperialista" y de "intimidar" a otros países del Sudeste Asiático en las aguas disputadas en el mar de China Meridional para apropiarse de los recursos naturales, informa EFE.
Precisamente, Pekín y los países de la ASEAN se comprometieron durante la cumbre a cerrar un código de conducta para evitar una escalada de las tensiones en esas aguas.
Quince países de Asia han concluido este lunes en Bangkok las negociaciones para constituir lo que promete ser la mayor zona de libre comercio del mundo y que se ratificará el año próximo. La RCEP, la Asociación Económica Integral Regional, es un proyecto promovido principalmente por Pekín, que se negociaba desde 2012 y que no incluye a Estados Unidos. En las negociaciones en la capital asiática, la India ha decidido no sumarse finalmente tampoco a la alianza por razones de “interés nacional”.
Los presidentes y primeros ministros de los países reunidos este lunes en Bangkok. En vídeo, declaraciones de varios de los ministros.
En el comunicado al término de la cumbre de países de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) celebrada en Bangkok, los líderes de los 16 países negociadores indican que 15 de ellos “han concluido las negociaciones para los 20 capítulos y esencialmente todos los temas sobre acceso a los mercados”.
“No habrá ningún problema para que los 15 participantes en el tratado lo firmen el año próximo”, ha declarado el viceministro de Asuntos Extranjeros chinos, Le Yucheng. La India será “bienvenida” si en el futuro decide sumarse a esta asociación, formada por China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, además de los diez países de la ASEAN (Indonesia, Tailandia, Singapur, Malasia, Filipinas, Vietnam, Myanmar, Camboya, Laos y Brunei).
Si todo sale como el viceministro chino promete y la India se suma al pacto, la futura RCEP abarcará el 47% de la población mundial, o 3.400 millones de personas, y el 32,2% del PIB mundial, 20,6 billones de euros. También acaparará el 32,5% de la inversión global y el 29% del comercio del planeta.
Para Pekín, el éxito de las negociaciones representa un espaldarazo económico y político. Como promotora de la iniciativa, consolida su influencia en Asia y el papel que busca de adalid global del multilateralismo. El acuerdo también servirá para apuntalar su economía en momentos en los que su crecimiento se hace más lento y se enfrenta con Estados Unidos en una guerra de trincheras comercial y tecnológica.
Las negociaciones para esta alianza habían alcanzado inicialmente escasos progresos desde que se lanzó la propuesta inicial en Camboya hace siete años. Pero recibieron un nuevo ímpetu después de que, inmediatamente después de llegar a la Casa Blanca, Donald Trump ordenara la salida de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), el ambicioso tratado de libre comercio para ambas orillas del Pacífico que la Administración de Barack Obama concebía como el pilar económico para apuntalar la influencia de Washington en la región. La retirada de EE UU supuso la cuasi-defunción, a efectos prácticos, de aquel proyecto, pese a que 11 de sus miembros lo han ratificado.
En cambio, la propuesta china recibió una inyección de vitalidad. “No cabe duda de que daremos un giro hacia la RCEP si el TPP no avanza”, dijo en su día el primer ministro japonés, Shinzo Abe, uno de los principales adalides del acuerdo transpacífico.
La desaceleración generalizada entre las economías asiáticas al hilo de la guerra comercial entre EE UU y China terminó de suministrar el incentivo necesario para que las negociaciones llegaran a buen puerto.
La RCEP y el TPP son muy diferentes. Donde el TPP se centraba en la reducción de barreras no arancelarias (protección del medioambiente, estándares para la inversión extranjera), la RCEP pone el énfasis principalmente en los aranceles, sin las protecciones a los derechos laborales que ofrece el tratado que originalmente lideró EE UU.
La alianza, que requerirá la ratificación de los respectivos parlamentos nacionales, eliminará aranceles sobre más del 90% de los bienes intercambiados entre los miembros. El acuerdo también incluye protecciones sobre la propiedad intelectual y capítulos sobre inversiones y comercio de bienes y servicios. También estipula mecanismos para la resolución de disputas entre los países.
Entre otros problemas, las negociaciones han afrontado las reticencias de la India, una economía con déficit en su balanza comercial, a diferencia de las del resto de los países miembros, todas con superávit. Nueva Delhi teme que una amplia zona de libre comercio inunde su mercado de productos chinos y su industria manufacturera se viera perjudicada. También ve con sospecha la posibilidad de que los bienes agrícolas de Australia o Nueva Zelanda pudieran dañar a este sector de su economía.
“Nuestra decisión ha venido guiada por el impacto que este acuerdo tendría sobre nuestros ciudadanos”, ha declarado Vijay Thakur Singh, del Ministerio indio de Asuntos Exteriores, en una rueda de prensa citada por AFP.
La resistencia de la India no es el único problema por resolver en este acuerdo gigantesco, que aúna a economías tan dispares como la avanzadísima japonesa, la “socialista con características chinas” de Pekín o la de sistema comunista de Laos, uno de los países más pobres del mundo. Está por ver si el deterioro actual en las relaciones entre Japón y Corea del Sur tendrá algún impacto en la puesta en marcha de esta amplia zona comercial. Y Australia y Nueva Zelanda han expresado también su interés en fortalecer los derechos laborales o las protecciones medioambientales, como hace el TPP.
Desinterés de EE UU
En lo que se ha interpretado en un nuevo gesto de desinterés hacia la región -el enésimo-, Estados Unidos solo envió a la cumbre de Bangkok a una delegación de bajo perfil, encabezada por el secretario de Comercio, Wilbur Ross. En completo contraste -muy descriptivo de la balanza actual de influencias en el continente-, China envió a su primer ministro, Li Keqiang.
El asistente del presidente Trump para temas de Seguridad Nacional, Robert O'Brien, que representó a Washington en la reunión con la ASEAN, acusó a China de "imperialista" y de "intimidar" a otros países del Sudeste Asiático en las aguas disputadas en el mar de China Meridional para apropiarse de los recursos naturales, informa EFE.
Precisamente, Pekín y los países de la ASEAN se comprometieron durante la cumbre a cerrar un código de conducta para evitar una escalada de las tensiones en esas aguas.
México emerge como uno de los grandes ganadores de la guerra comercial entre EE UU y China
El desvío de intercambios convierte al país norteamericano en el segundo máximo beneficiado de la trifulca entre las dos potencias globales, solo por detrás de Taiwán
Un hombre trabaja con un tractor en un cultivo de soja en Iowa
A largo plazo ningún país sale reforzado de una guerra comercial tan global y de tamaña envergadura como la que libran las dos mayores potencias mundiales, Estados Unidos y China. Pero, como apuntó el siempre brillante John Maynard Keynes en un ya lejano 1923, en el largo plazo todos estaremos muertos. Y, mientras, el conflicto —que ha penalizado el comercio internacional, ha llevado el crecimiento global a su nivel más bajo desde el final de la Gran Recesión y ha acelerado las desglobalización— deja un puñado de naciones que están logrando pescar en río revuelto: Taiwán, México y Vietnam, así como Japón, Corea del Sur y el bloque europeo emergen como los grandes beneficiados por la desviación comercial, según un estudio elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés).
Taiwán fue el gran beneficiado por los aranceles, con un aumento de casi 4.200 millones de dólares (3.800 millones de euros) en sus exportaciones a EE UU, en buena medida maquinaria y equipamiento de comunicaciones. México, con un incremento de ventas hacia su vecino del norte de 3.500 millones —solo en la fracción achacable a la pugna comercial con China—, aparece en segundo lugar con tres sectores especialmente beneficiados: alimentación, equipamiento de transporte y maquinaria. Muy por detrás figuran la Unión Europea —que Naciones Unidas toma como un caso único y no desagrega en 28 economías—, con 2.700 millones en aumento de las exportaciones hacia la primera potencia mundial; Vietnam, con 2.600 millones; Japón, con algo más de 1.500 millones y Corea del Sur, Canadá e India (entre 900 y 1.500 millones). El resto del sudeste asiático sumó 1.700 millones, mientras en el resto de América Latina (México excluido, pero Brasil incluido) y en el África subsahariana el impacto positivo fue marginal.
En el caso de México, la noticia de que está acaparando buena parte del mercado que naturalmente debería cubrir China es especialmente positiva por el momento en el que llega: en plena fase de zozobra financiera, cuando su economía lidia cara a cara con el fantasma de la recesión y en plena caída de las inversiones extranjeras, una de las fuentes tradicionales de crecimiento para la segunda mayor economía de América Latina. La sustitución de China en algunos segmentos, sin embargo, es solo parte de la foto: aunque el superávit comercial mexicano con EE UU está en zona de máximos, los especialistas en comercio internacional rebajan las expectativas y subrayan que el país norteamericano no debería lanzar las campanas al vuelo: con tantas cadenas de valor interconectadas con los dos protagonistas de la guerra comercial, su industria también está sufriendo el golpe por otra vía.
Tras la pérdida de cuota de mercado por parte de Pekín en el mercado estadounidense —"aunque, a pesar de todo, China ha logrado preservar el 75% del comercio de productos afectados por las tarifas"—, la segunda consecuencia de los aranceles ha sido la desviación de comercio hacia otros países, en su mayoría asiáticos pero no solo. Los técnicos del organismo dependiente de la ONU estiman en alrededor de 21.000 millones de dólares (casi 19.000 millones de euros) la desviación total de exportaciones chinas hacia otras naciones que ofrecen productos sustitutivos únicamente como producto de los aranceles impuestos por la Casa Blanca.
Esta última cifra —nada despreciable; un dato: las ventas del gigante asiático a EE UU ascendieron a 130.000 millones solo en la primera mitad de 2018 y a 95.000 millones en el mismo periodo del año en curso—, supone que casi las dos terceras partes de la reducción de importaciones estadounidenses procedentes de China fueron sustituidas por compras en terceros países. El resto, unos 14.000 millones, fue reemplazado por producción nacional o simplemente fue consecuencia de un menor consumo en EE UU. El Unctad explica que si la desviación comercial no fue mayor es, en gran medida, por la insuficiente capacidad instalada en el resto del mundo para asumir una oportunidad del calibre de la que ha abierto la escalada arancelaria.
La merma en las ventas de productos chinos con destino final EE UU no ha dejado de crecer con el paso de los meses. Según los cálculos de Unctad, las pérdidas en el segundo trimestre de 2019 fueron "relativamente mayores" que en anteriores periodos. Una tendencia que ha obligado a los exportadores del gigante asiático a asumir buena parte de los aranceles como única forma de aumentar su competitividad y poder mantener cuota de mercado. Los datos llegan justo cuando la diatriba comercial entre Washington y Pekín, que ya suma más de un año, empieza a dar signos de distensión: hace tres semanas, Donald Trump anunció un acuerdo parcial para ir cerrando un conflicto que empieza a hacer mella a su economía. A un año vista de las elecciones presidenciales y con los sondeos arrojando un empate virtual con los demócratas, no puede correr riesgos.
Un hombre trabaja con un tractor en un cultivo de soja en Iowa
A largo plazo ningún país sale reforzado de una guerra comercial tan global y de tamaña envergadura como la que libran las dos mayores potencias mundiales, Estados Unidos y China. Pero, como apuntó el siempre brillante John Maynard Keynes en un ya lejano 1923, en el largo plazo todos estaremos muertos. Y, mientras, el conflicto —que ha penalizado el comercio internacional, ha llevado el crecimiento global a su nivel más bajo desde el final de la Gran Recesión y ha acelerado las desglobalización— deja un puñado de naciones que están logrando pescar en río revuelto: Taiwán, México y Vietnam, así como Japón, Corea del Sur y el bloque europeo emergen como los grandes beneficiados por la desviación comercial, según un estudio elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés).
Taiwán fue el gran beneficiado por los aranceles, con un aumento de casi 4.200 millones de dólares (3.800 millones de euros) en sus exportaciones a EE UU, en buena medida maquinaria y equipamiento de comunicaciones. México, con un incremento de ventas hacia su vecino del norte de 3.500 millones —solo en la fracción achacable a la pugna comercial con China—, aparece en segundo lugar con tres sectores especialmente beneficiados: alimentación, equipamiento de transporte y maquinaria. Muy por detrás figuran la Unión Europea —que Naciones Unidas toma como un caso único y no desagrega en 28 economías—, con 2.700 millones en aumento de las exportaciones hacia la primera potencia mundial; Vietnam, con 2.600 millones; Japón, con algo más de 1.500 millones y Corea del Sur, Canadá e India (entre 900 y 1.500 millones). El resto del sudeste asiático sumó 1.700 millones, mientras en el resto de América Latina (México excluido, pero Brasil incluido) y en el África subsahariana el impacto positivo fue marginal.
En el caso de México, la noticia de que está acaparando buena parte del mercado que naturalmente debería cubrir China es especialmente positiva por el momento en el que llega: en plena fase de zozobra financiera, cuando su economía lidia cara a cara con el fantasma de la recesión y en plena caída de las inversiones extranjeras, una de las fuentes tradicionales de crecimiento para la segunda mayor economía de América Latina. La sustitución de China en algunos segmentos, sin embargo, es solo parte de la foto: aunque el superávit comercial mexicano con EE UU está en zona de máximos, los especialistas en comercio internacional rebajan las expectativas y subrayan que el país norteamericano no debería lanzar las campanas al vuelo: con tantas cadenas de valor interconectadas con los dos protagonistas de la guerra comercial, su industria también está sufriendo el golpe por otra vía.
Tras la pérdida de cuota de mercado por parte de Pekín en el mercado estadounidense —"aunque, a pesar de todo, China ha logrado preservar el 75% del comercio de productos afectados por las tarifas"—, la segunda consecuencia de los aranceles ha sido la desviación de comercio hacia otros países, en su mayoría asiáticos pero no solo. Los técnicos del organismo dependiente de la ONU estiman en alrededor de 21.000 millones de dólares (casi 19.000 millones de euros) la desviación total de exportaciones chinas hacia otras naciones que ofrecen productos sustitutivos únicamente como producto de los aranceles impuestos por la Casa Blanca.
Esta última cifra —nada despreciable; un dato: las ventas del gigante asiático a EE UU ascendieron a 130.000 millones solo en la primera mitad de 2018 y a 95.000 millones en el mismo periodo del año en curso—, supone que casi las dos terceras partes de la reducción de importaciones estadounidenses procedentes de China fueron sustituidas por compras en terceros países. El resto, unos 14.000 millones, fue reemplazado por producción nacional o simplemente fue consecuencia de un menor consumo en EE UU. El Unctad explica que si la desviación comercial no fue mayor es, en gran medida, por la insuficiente capacidad instalada en el resto del mundo para asumir una oportunidad del calibre de la que ha abierto la escalada arancelaria.
La merma en las ventas de productos chinos con destino final EE UU no ha dejado de crecer con el paso de los meses. Según los cálculos de Unctad, las pérdidas en el segundo trimestre de 2019 fueron "relativamente mayores" que en anteriores periodos. Una tendencia que ha obligado a los exportadores del gigante asiático a asumir buena parte de los aranceles como única forma de aumentar su competitividad y poder mantener cuota de mercado. Los datos llegan justo cuando la diatriba comercial entre Washington y Pekín, que ya suma más de un año, empieza a dar signos de distensión: hace tres semanas, Donald Trump anunció un acuerdo parcial para ir cerrando un conflicto que empieza a hacer mella a su economía. A un año vista de las elecciones presidenciales y con los sondeos arrojando un empate virtual con los demócratas, no puede correr riesgos.
Los muchachos peronistas árabes
Raanan Rein: la política migratoria de Perón no fue la del crisol de razas
El historiador israelí, que presenta hoy su libro en la Legislatura, analiza el proceso de inserción de las colectividades árabes en el país.
Por Maximiliano Mendoza
Raanan Rein
El historiador israelí Raanan Rein, presentó en la Legislatura su libro "Los muchachos peronistas árabes", que escribió con Ariel Nojovich.
En esa obra el autor analiza uno de los aspectos menos conocidos de la historia del peronismo y con ello se propone desarmar muchos prejuicios en torno a las políticas migratorias de la época, tal y como hiciera con la anterior obra "Los Muchachos Peronistas Judíos" (2015).
En una entrevista con Salta/12, Rein explica su tesis, que se enfoca en demostrar que durante el primer peronismo se promovió la integración multicultural y multireligiosa. Además analiza aspectos soslayados como la identidad étnico cultural y pone en entredicho el mito liberal del "Crisol de Razas".
- Usted en su libro sostiene que las políticas migratorias del primer peronismo configuran un modelo a imitar aún en la actualidad. ¿Cuáles, según su opinión, fueron las políticas que permitieron esa integración cultural de los distintos grupos étnicos?
- Efectivamente, estamos viviendo en los últimos años un mundo cada vez menos tolerante. En muchos países como Brasil, Estados Unidos, Hungría o Polonia, se percibe una creciente xenofobia, un creciente racismo, un discurso fuertemente antiinmigratorio. En ese sentido, el modelo que ofreció el primer peronismo fue algo distinto y para mí es un modelo a emular hoy en día, porque ofreció a distintos grupos de inmigrantes y sus descendientes nacidos en la Argentina un reconocimiento sin precedentes. Brindó legitimidad a sus idiosincrasias, a sus lazos con sus países de origen, y de algún modo otorgó nuevos significados al concepto de ciudadanía. En este sentido, es importante el contraste con el concepto liberal de "Crisol de Razas", según el cual los inmigrantes tenían que dejar de lado su bagaje cultural, religioso e idiomático, y en el caso del primer gobierno peronista lo que vemos es un nuevo espacio para la elaboración de identidades híbridas, que diferencian al primer peronismo de periodos anteriores de la historia argentina. El peronismo otorga a estos colectivos derechos políticos en un sentido integrador. Otro aspecto importante es el concepto de la Comunidad Organizada, que busco también incorporar a los colectivos étnicos. Con su postura anti liberal, que dio más importancia a derechos colectivos que a los derechos individuales, el peronismo ofrece un nuevo espacio a los distintos colectivos inmigrantes.
- En consonancia con su anterior libro, "Los muchachos peronistas judíos", usted hace hincapié en la valoración positiva de los discursos de Perón con respecto a los argentinos-árabes. ¿Cuáles fueron las similitudes y las diferencias en la integración de ambos grupos étnicos a la argentinidad?
- Efectivamente han habido muchas similitudes en las estrategias de integración de ambas colectividades. Las profesiones que adoptaron durante la primera generación de inmigrantes tienen muchas similitudes con la segunda. Ambas colectividades se beneficiaron de las nuevas políticas del peronismo hacia los inmigrantes semitas (judíos, árabes, musulmanes, etcétera). Asimismo, en este periodo se verifican a menudo estereotipos negativos similares en relación a estos inmigrantes no latinos, no cristianos, pero también se verifican distintas estrategias de lucha contra las actitudes discriminatorias contra estos inmigrantes. En cuanto a las diferencias, los inmigrantes judíos se instalaron en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores (de hecho el 80% de los inmigrantes judíos y sus descendientes se concentra en dicha área), mientras que los inmigrantes árabes se instalaron a lo largo y ancho del país, teniendo una mayor incidencia demográfica, económica, política y cultural en la región del noroeste. Otra diferencia a tener en cuenta es que los inmigrantes judíos lograron en una etapa más temprana establecer organizaciones comunitarias para la representación de la comunidad judía ante las autoridades, cosa que los inmigrantes árabes establecieron un poco después.
- En el libro se mencionan los casos de los directores de migraciones que fueron expulsados por Perón por mantener posiciones antisemitas. Sin embargo, aún está latente cierta historiografía que coloca al entonces presidente dentro del universo nazi-fascista... ¿Por qué es tan difícil romper con ese sentido común a pesar de las fuentes históricas que lo contradicen?
- La imagen nazi-fascista de Perón tenía que ver sobre todo con la neutralidad argentina durante la segunda guerra mundial. Los norteamericanos nunca han perdonado a la Argentina esta política y la falta de solidaridad con los EEUU después del ataque de Pearl Harbor en diciembre de 1941. De hecho, cuando llegamos a las etapas finales de la segunda guerra mundial, la Argentina es la única república americana en no apoyar a los aliados. Además, una vez terminada la guerra y una vez elegido presidente Perón, la política económica y social desafiaba los intereses norteamericanos. Y también en este periodo muchos criminales de guerra nazi aprovecharon para venir al país, lo cual ayudó a pintar una imagen nazi-fascista del líder justicialista. Aunque entraron criminales de guerra nazis a otros países, incluyendo los Estados Unidos. Perón era bien consciente de esta imagen negativa que tenía en los medios de comunicación estadounidenses, en la Casa Blanca y el Departamento de Estado, e intentaba de diferentes maneras cambiarla. Su política hacia los colectivos inmigrantes, y sobre todo hacia los judíos, tenía que ver justamente con ese esfuerzo de limpiar su imagen en los Estados Unidos, pero fracasó en ese intento. Logró hacerlo sólo en algunos círculos del país norteamericano.
- Un aspecto importante del libro consiste en señalar los motivos por los que la mayoría de los argentinos árabes se instalaron en el norte argentino ¿Cuáles destaca de esos?
- Eso tiene que ver en parte con la llegada algo tardía de los árabes a la Argentina. Tenían que buscar lugares con más posibilidades laborales y de movilidad social que en los espacios ya ocupados por otros inmigrantes, y optaron por la región del noroeste. Además, como en otros casos, se nota una inmigración en cadena; una vez que las primeras generaciones se asentaron, invitaron a sus familiares y a sus correligionarios de sus regiones de origen a que vengan al país. Mañana (por hoy) seguramente estaré junto a muchos descendientes de esta corriente durante la presentación, así que estoy agradecido por ello desde ya.
El historiador israelí, que presenta hoy su libro en la Legislatura, analiza el proceso de inserción de las colectividades árabes en el país.
Por Maximiliano Mendoza
Raanan Rein
El historiador israelí Raanan Rein, presentó en la Legislatura su libro "Los muchachos peronistas árabes", que escribió con Ariel Nojovich.
En esa obra el autor analiza uno de los aspectos menos conocidos de la historia del peronismo y con ello se propone desarmar muchos prejuicios en torno a las políticas migratorias de la época, tal y como hiciera con la anterior obra "Los Muchachos Peronistas Judíos" (2015).
En una entrevista con Salta/12, Rein explica su tesis, que se enfoca en demostrar que durante el primer peronismo se promovió la integración multicultural y multireligiosa. Además analiza aspectos soslayados como la identidad étnico cultural y pone en entredicho el mito liberal del "Crisol de Razas".
- Usted en su libro sostiene que las políticas migratorias del primer peronismo configuran un modelo a imitar aún en la actualidad. ¿Cuáles, según su opinión, fueron las políticas que permitieron esa integración cultural de los distintos grupos étnicos?
- Efectivamente, estamos viviendo en los últimos años un mundo cada vez menos tolerante. En muchos países como Brasil, Estados Unidos, Hungría o Polonia, se percibe una creciente xenofobia, un creciente racismo, un discurso fuertemente antiinmigratorio. En ese sentido, el modelo que ofreció el primer peronismo fue algo distinto y para mí es un modelo a emular hoy en día, porque ofreció a distintos grupos de inmigrantes y sus descendientes nacidos en la Argentina un reconocimiento sin precedentes. Brindó legitimidad a sus idiosincrasias, a sus lazos con sus países de origen, y de algún modo otorgó nuevos significados al concepto de ciudadanía. En este sentido, es importante el contraste con el concepto liberal de "Crisol de Razas", según el cual los inmigrantes tenían que dejar de lado su bagaje cultural, religioso e idiomático, y en el caso del primer gobierno peronista lo que vemos es un nuevo espacio para la elaboración de identidades híbridas, que diferencian al primer peronismo de periodos anteriores de la historia argentina. El peronismo otorga a estos colectivos derechos políticos en un sentido integrador. Otro aspecto importante es el concepto de la Comunidad Organizada, que busco también incorporar a los colectivos étnicos. Con su postura anti liberal, que dio más importancia a derechos colectivos que a los derechos individuales, el peronismo ofrece un nuevo espacio a los distintos colectivos inmigrantes.
- En consonancia con su anterior libro, "Los muchachos peronistas judíos", usted hace hincapié en la valoración positiva de los discursos de Perón con respecto a los argentinos-árabes. ¿Cuáles fueron las similitudes y las diferencias en la integración de ambos grupos étnicos a la argentinidad?
- Efectivamente han habido muchas similitudes en las estrategias de integración de ambas colectividades. Las profesiones que adoptaron durante la primera generación de inmigrantes tienen muchas similitudes con la segunda. Ambas colectividades se beneficiaron de las nuevas políticas del peronismo hacia los inmigrantes semitas (judíos, árabes, musulmanes, etcétera). Asimismo, en este periodo se verifican a menudo estereotipos negativos similares en relación a estos inmigrantes no latinos, no cristianos, pero también se verifican distintas estrategias de lucha contra las actitudes discriminatorias contra estos inmigrantes. En cuanto a las diferencias, los inmigrantes judíos se instalaron en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores (de hecho el 80% de los inmigrantes judíos y sus descendientes se concentra en dicha área), mientras que los inmigrantes árabes se instalaron a lo largo y ancho del país, teniendo una mayor incidencia demográfica, económica, política y cultural en la región del noroeste. Otra diferencia a tener en cuenta es que los inmigrantes judíos lograron en una etapa más temprana establecer organizaciones comunitarias para la representación de la comunidad judía ante las autoridades, cosa que los inmigrantes árabes establecieron un poco después.
- En el libro se mencionan los casos de los directores de migraciones que fueron expulsados por Perón por mantener posiciones antisemitas. Sin embargo, aún está latente cierta historiografía que coloca al entonces presidente dentro del universo nazi-fascista... ¿Por qué es tan difícil romper con ese sentido común a pesar de las fuentes históricas que lo contradicen?
- La imagen nazi-fascista de Perón tenía que ver sobre todo con la neutralidad argentina durante la segunda guerra mundial. Los norteamericanos nunca han perdonado a la Argentina esta política y la falta de solidaridad con los EEUU después del ataque de Pearl Harbor en diciembre de 1941. De hecho, cuando llegamos a las etapas finales de la segunda guerra mundial, la Argentina es la única república americana en no apoyar a los aliados. Además, una vez terminada la guerra y una vez elegido presidente Perón, la política económica y social desafiaba los intereses norteamericanos. Y también en este periodo muchos criminales de guerra nazi aprovecharon para venir al país, lo cual ayudó a pintar una imagen nazi-fascista del líder justicialista. Aunque entraron criminales de guerra nazis a otros países, incluyendo los Estados Unidos. Perón era bien consciente de esta imagen negativa que tenía en los medios de comunicación estadounidenses, en la Casa Blanca y el Departamento de Estado, e intentaba de diferentes maneras cambiarla. Su política hacia los colectivos inmigrantes, y sobre todo hacia los judíos, tenía que ver justamente con ese esfuerzo de limpiar su imagen en los Estados Unidos, pero fracasó en ese intento. Logró hacerlo sólo en algunos círculos del país norteamericano.
- Un aspecto importante del libro consiste en señalar los motivos por los que la mayoría de los argentinos árabes se instalaron en el norte argentino ¿Cuáles destaca de esos?
- Eso tiene que ver en parte con la llegada algo tardía de los árabes a la Argentina. Tenían que buscar lugares con más posibilidades laborales y de movilidad social que en los espacios ya ocupados por otros inmigrantes, y optaron por la región del noroeste. Además, como en otros casos, se nota una inmigración en cadena; una vez que las primeras generaciones se asentaron, invitaron a sus familiares y a sus correligionarios de sus regiones de origen a que vengan al país. Mañana (por hoy) seguramente estaré junto a muchos descendientes de esta corriente durante la presentación, así que estoy agradecido por ello desde ya.
Bolsonaro tuiteó que tres multinacionales se mudarán de la Argentina a Brasil, lo desmintieron y borró el mensaje
Jair Bolsonaro dijo que tres multinacionales cerrarán sus fábricas en la Argentina y se instalarán en Brasil Fuente: Reuters - Crédito: Adrián Machado
Quiso destacar la confianza de los inversores extranjeros en su país y protagonizó un papelón. En un nuevo traspié diplomático que suma tensión al vínculo con el mandatario electo Alberto Fernández, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, usó su cuenta de Twitter para informar que tres empresas multinacionales cerrarían sus fábricas en la Argentina para instalarse en territorio brasileño por el triunfo del kirchnerismo en las elecciones. Desde las compañías lo desmintieron y Bolsonaro borró el mensaje.
En medio de la tirante relación entre las autoridades brasileñas y Fernández, Bolsonaro envió esta mañana un tuit para destacar la confianza de los inversores extranjeros en Brasil. "MWM, fábrica de motores americanos; Honda, gigante de automóviles; y L'Oréal anunciaron el cierre de sus fábricas en Argentina y la instalación en Brasil", escribió.
Y agregó: "La nueva confianza del inversor viene a generar más empleos y un mayor giro económico en nuestro país". Pocos minutos después, el presidente de Brasil eliminó el mensaje.El tuit de Bolsonaro con el anuncio que luego borró
En agosto pasado, dos días después de las PASO, Honda anunció que dejará de producir autos en su planta de Campana desde 2020 a partir de una decisión estratégica global: pasará a ser importadora de automóviles y centralizará su producción local solo en motos.
"Honda no cierra su planta en la Argentina, sino que mantendrá sus operaciones en el país tal como estaba previsto, a partir del 2020 concentrando su producción en la línea de motocicletas. La división de autos también continuará en el país con modelos provenientes del exterior", confirmaron hoy desde la empresa a LA NACION.
En tanto, la fábrica de motores diésel y de generadores MWM Argentina cerró su planta en la ciudad de Jesús María, Córdoba, el mes pasado. Al hacer el anuncio, en septiembre, la empresa indicó que el "respaldo" para todos los productos MWM en Mercosur se proporcionaría a través de sus operaciones en Brasil, con un enfoque en la red de servicio local de Argentina, asistencia técnica y distribución de repuestos.
En tanto, la empresa de cosméticos L'Oreál no tiene previsto el cierre de ninguna fábrica en la Argentina.
"L'Oréal produce en Argentina cerca de 40 millones de unidades por año en sociedad con un productor local. No existe ningún plan para cambiar esto, de hecho, nuestra ambición es continuar incrementando la producción local", indicó la compañía a través de un comunicado.
"La Argentina es un mercado estratégico para L'Oréal y la compañía está comprometida en acompañar el crecimiento económico del país", añadió.
Tras la victoria de Fernández en las elecciones presidenciales, Bolsonaro dijo que los argentinos "eligieron mal" y aseguró que no pensaba felicitar al presidente electo de la Argentina, principal socio comercial de Brasil. "Nos preparamos para lo peor", afirmó.
Al presidente de Brasil le molesta que Fernández sea aliado del exmandatario Luiz Inacio Lula da Silva.
Por su parte, el canciller de Brasil, Ernesto Araújo, afirmó que "las fuerzas del mal" festejaron la victoria del kirchnerismo. Y advirtió que vislumbraba en la Argentina un modelo de "cierre comercial, modelo económico retrógrado y apoyo a las dictaduras".
Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamara a Fernández para felicitarlo por su triunfo, Bolsonaro dijo que no le deseaba el mal a la Argentina.
Sin embargo, pocas horas después, confirmó que no participará de la asunción del presidente electo, el 10 del mes próximo. Y enviará a Buenos Aires a su vicepresidente, Hamilton Mourao.
En Japón redujeron la semana laboral a 4 días y aumentaron la productividad
El experimento de Microsoft para promover el descanso
Mientras algunas empresas en Japón apuestan por las extenuantes jornadas laborales de 12 horas, la filial local de Microsoft hizo un experimento particular de reducir la semana de trabajo a cuatro días. Los resultados fueron ampliamente satisfactorios: descubrieron que el descanso impulsó la productividad y las ventas un 40 por ciento.
Los 2300 empleados de la compañía que participaron del proyecto Work Life Choice Challenge2019 tuvieron cinco fines de semana de tres días, sin que le disminuyeran el sueldo ni que se disminuyeran sus derechos. Siguieron cobrando lo mismo pero con cinco días libres extra durante ese mes.
Además de tener los días viernes libre, el personal recibió una “licencia especial” paga de 100 mil yenes (700 euros), se limitaron las reuniones de trabajo a 30 minutos y cinco participantes máximo y se promovió la comunicación en línea en lugar de en persona o por correo.
"Trabaje poco tiempo, descanse bien y aprenda mucho. Es lo que recomiendo a mis empleados. Es necesario tener un entorno que le permita sentir su propósito en la vida y tener un mayor impacto en el trabajo", evaluó el presidente y CEO de Microsoft Japón, Takuya Hirano. El empresario aclaró que su objetivo es que sus empleados "piensen y experimenten cómo pueden lograr los mismos resultados con un 20 por ciento menos de tiempo de trabajo".
Como las oficinas de Microsoft Japón estuvieron vacías durante cinco días adicionales, el uso de electricidad disminuyó un 23,1 por ciento y los empleados también imprimieron 58,7 por ciento menos páginas, lo que significa que una semana laboral más corta podría ser buena tanto para las personas como para el medio ambiente
Este experimento interviene en un momento en el que el gobierno japonés intenta promover modos de trabajo más flexibles, como el teletrabajo, el trabajo a tiempo parcial y horarios de oficina cambiantes para evitar la hora pico en los transportes. En tanto que el mercado presiona para extender la jornada laboral.
Estas iniciativas pretender sobre todo luchar contra el fenómeno del "karoshi" (muerte por exceso de trabajo) y favorecer la natalidad, en descenso en el país.
“América Latina se ha equivocado al renunciar a la política industrial”
LOURDES CASANOVA | DIRECTORA DEL INSTITUTO DE MERCADOS EMERGENTES
La profesora de la universidad de Cornell (EE UU) llama al regreso de los bancos de desarrollo: "Hace falta algo más que solo mercado y la región no puede ir en dirección contraria"
Lourdes Casanova, durante el Foro EE UU, América Latina y España
La receta de crecimiento de las últimas décadas ha dado un giro drástico: de la idea de que la mejor política industrial es la no política industrial, que tantos adeptos sumó en las últimas décadas, se ha pasado, en unos pocos años, a la revalorización de la figura del Estado como timón que fije el rumbo a largo plazo. "Hemos entrado en otra fase", confirma Lourdes Casanova (Fraga, 1958) directora del Instituto de Mercados Emergentes y profesora de la Escuela de Administración Samuel Curtis Johnson, ambos adscritos a la Universidad de Cornell. Y América Latina —una de las regiones que más de cerca sigue desde la academia— no puede ser ajena a esta nueva realidad: “Ha de tenerla en cuenta. Hay una vuelta a los bancos de desarrollo en todo el mundo, muchos países de la región se han dado cuenta de que hace falta algo más que solo mercado y la región no puede ir en dirección contraria. En Estados Unidos, por ejemplo, han crecido las voces que piden al Estado tener un papel importante en la puesta en marcha de la red 5G, algo que habría sido impensable hace unos años”, apunta en conversación con EL PAÍS en un céntrico hotel neoyorquino, a un paso de Central Park.
La revalorización de la función rectora del Estado ha exhibido la realidad contraria, sobre todo en América Latina: "Que igual se ha ido demasiado lejos en la desindustrialización de sus economías a la busca de beneficios a corto plazo. Claramente, se han equivocado en renunciar a una política industrial". En un mundo cambiante, subraya Casanova, la necesidad de planes a largo plazo es más importante que nunca. "Y eso es, lamentablemente, todo lo contrario a lo que vemos en muchos países latinoamericanos, donde los bandazos y cambios de dirección son demasiado frecuentes, y apenas se piensa en medio y largo plazo. El consenso en torno a políticas de futuro es lo que da fuerza a una nación: la mayoría de países exitosos son los que han conseguido alcanzarlo".
La necesidad de las luces largas en la región
La sempiterna ausencia de valor añadido sobre las exportaciones latinoamericanas es, apunta, un buen ejemplo de a qué se refiere cuando habla de ausencia de planificación con luces largas. “Pensemos en la soja: Argentina y Brasil se han convertido en dos de los mayores productores mundiales de soja, en buena medida para abastecer el mercado chino. Pero hasta ahora no han sido capaces de darle un valor añadido al producto”. ¿Se puede hablar de maldición de las materias primas? "Ni mucho menos; solo hay que ver los casos de Canadá, EE UU, Australia o Nueva Zelanda. Son una bendición, pero solo si eres capaz de agregarles valor. No tiene sentido, por ejemplo, que una de las mayores partidas de importaciones de México sea la gasolina: no es normal exportar petróleo e importar carburante".
La otra gran lección del discurrir de la economía global en los últimos años es que la lucha por ver quien produce más barato "se ha terminado". Es una batalla, afirma la profesora de Cornell, que ha ganado Asia: primero China —"que ahora ya ha pasado a otra fase, de inversión, a la que hay que prestar mucha atención, porque participa cada vez en más compras de empresas en el extranjero"— y, más recientemente, Vietnam y Camboya. "Es algo que tiene que aprender América Latina y, muy especialmente, México, un país que hoy por hoy tiene un coste laboral incluso más bajo que China cuando, a la larga, lo que sirve es la escala, la cadena de valor y el tamaño del mercado interno".
La integración comercial, clave para el crecimiento
En su abanico de recomendaciones, Casanova, hoy referente en una universidad que compite en las grandes ligas de las universidades estadounidenses tras años de docencia en la prestigiosa escuela francesa de negocios Insead, no se limita a los Gobiernos y llama también a la reflexión a los grandes capitales latinoamericanos. "Tener una de las sociedades más desiguales del mundo lastra mucho el crecimiento: tienen que recuperar el espíritu de sus antecesores, que era contribuir al desarrollo de sus países". También ser conscientes, añade, de que "para que sus empresas prosperen es necesario que aumente el consumo. Y de que la pobreza y la desigualdad no son solo problemas éticos gravísimos, sino una rémora para el crecimiento económico".
¿Vamos hacia una mayor integración comercial en América Latina? Cada año, según un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la región afronta una factura superior a los 11.000 millones de dólares por, en vez de tener un único acuerdo comercial, contar con dos grandes bloques (la Alianza del Pacífico y Mercosur) y una treintena larga de acuerdos bilaterales. No será fácil, pero el camino a seguir es, "inevitablemente", integrarse más para poder competir como bloque. "Ojalá llegue pronto. Pero, mientras tanto, hay que acabar con la fragmentación en la medida de lo posible: impide coordinar los esfuerzos de desarrollo de tecnología y de innovación, que deberían ser regionales. Cada país, simplemente, no puede hacer la guerra por su cuenta".
La profesora de la universidad de Cornell (EE UU) llama al regreso de los bancos de desarrollo: "Hace falta algo más que solo mercado y la región no puede ir en dirección contraria"
Lourdes Casanova, durante el Foro EE UU, América Latina y España
La receta de crecimiento de las últimas décadas ha dado un giro drástico: de la idea de que la mejor política industrial es la no política industrial, que tantos adeptos sumó en las últimas décadas, se ha pasado, en unos pocos años, a la revalorización de la figura del Estado como timón que fije el rumbo a largo plazo. "Hemos entrado en otra fase", confirma Lourdes Casanova (Fraga, 1958) directora del Instituto de Mercados Emergentes y profesora de la Escuela de Administración Samuel Curtis Johnson, ambos adscritos a la Universidad de Cornell. Y América Latina —una de las regiones que más de cerca sigue desde la academia— no puede ser ajena a esta nueva realidad: “Ha de tenerla en cuenta. Hay una vuelta a los bancos de desarrollo en todo el mundo, muchos países de la región se han dado cuenta de que hace falta algo más que solo mercado y la región no puede ir en dirección contraria. En Estados Unidos, por ejemplo, han crecido las voces que piden al Estado tener un papel importante en la puesta en marcha de la red 5G, algo que habría sido impensable hace unos años”, apunta en conversación con EL PAÍS en un céntrico hotel neoyorquino, a un paso de Central Park.
La revalorización de la función rectora del Estado ha exhibido la realidad contraria, sobre todo en América Latina: "Que igual se ha ido demasiado lejos en la desindustrialización de sus economías a la busca de beneficios a corto plazo. Claramente, se han equivocado en renunciar a una política industrial". En un mundo cambiante, subraya Casanova, la necesidad de planes a largo plazo es más importante que nunca. "Y eso es, lamentablemente, todo lo contrario a lo que vemos en muchos países latinoamericanos, donde los bandazos y cambios de dirección son demasiado frecuentes, y apenas se piensa en medio y largo plazo. El consenso en torno a políticas de futuro es lo que da fuerza a una nación: la mayoría de países exitosos son los que han conseguido alcanzarlo".
La necesidad de las luces largas en la región
La sempiterna ausencia de valor añadido sobre las exportaciones latinoamericanas es, apunta, un buen ejemplo de a qué se refiere cuando habla de ausencia de planificación con luces largas. “Pensemos en la soja: Argentina y Brasil se han convertido en dos de los mayores productores mundiales de soja, en buena medida para abastecer el mercado chino. Pero hasta ahora no han sido capaces de darle un valor añadido al producto”. ¿Se puede hablar de maldición de las materias primas? "Ni mucho menos; solo hay que ver los casos de Canadá, EE UU, Australia o Nueva Zelanda. Son una bendición, pero solo si eres capaz de agregarles valor. No tiene sentido, por ejemplo, que una de las mayores partidas de importaciones de México sea la gasolina: no es normal exportar petróleo e importar carburante".
La otra gran lección del discurrir de la economía global en los últimos años es que la lucha por ver quien produce más barato "se ha terminado". Es una batalla, afirma la profesora de Cornell, que ha ganado Asia: primero China —"que ahora ya ha pasado a otra fase, de inversión, a la que hay que prestar mucha atención, porque participa cada vez en más compras de empresas en el extranjero"— y, más recientemente, Vietnam y Camboya. "Es algo que tiene que aprender América Latina y, muy especialmente, México, un país que hoy por hoy tiene un coste laboral incluso más bajo que China cuando, a la larga, lo que sirve es la escala, la cadena de valor y el tamaño del mercado interno".
La integración comercial, clave para el crecimiento
En su abanico de recomendaciones, Casanova, hoy referente en una universidad que compite en las grandes ligas de las universidades estadounidenses tras años de docencia en la prestigiosa escuela francesa de negocios Insead, no se limita a los Gobiernos y llama también a la reflexión a los grandes capitales latinoamericanos. "Tener una de las sociedades más desiguales del mundo lastra mucho el crecimiento: tienen que recuperar el espíritu de sus antecesores, que era contribuir al desarrollo de sus países". También ser conscientes, añade, de que "para que sus empresas prosperen es necesario que aumente el consumo. Y de que la pobreza y la desigualdad no son solo problemas éticos gravísimos, sino una rémora para el crecimiento económico".
¿Vamos hacia una mayor integración comercial en América Latina? Cada año, según un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la región afronta una factura superior a los 11.000 millones de dólares por, en vez de tener un único acuerdo comercial, contar con dos grandes bloques (la Alianza del Pacífico y Mercosur) y una treintena larga de acuerdos bilaterales. No será fácil, pero el camino a seguir es, "inevitablemente", integrarse más para poder competir como bloque. "Ojalá llegue pronto. Pero, mientras tanto, hay que acabar con la fragmentación en la medida de lo posible: impide coordinar los esfuerzos de desarrollo de tecnología y de innovación, que deberían ser regionales. Cada país, simplemente, no puede hacer la guerra por su cuenta".
Prepagas impagables: en los últimos cuatro años las cuotas aumentaron un 330%
Sin techo
El costo representa el 72,1% de una jubilación media y el 30,4% de un salario medio.
El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) dio a conocer que la cuota de la medicina prepaga aumentó un 330% en promedio, en los últimos cuatro años. De este modo, representa el 72,1% de una jubilación media y el 30,4% de un salario medio.
El peso de la prepaga sobre los ingresos subió 16,4 puntos en las jubilaciones medias y 8,9 puntos sobre el salario medio, entre 2015 y 2019. A su vez, desde el año 2016, el costo de la medicina privada creció un 13,3% por encima del nivel de la inflación general de precios.
En base a datos del INDEC, “las cuotas medias para la medicina prepaga acumularán un aumento del 330%, cuando la inflación rondará el 317%, es decir, 13 puntos porcentuales por encima del IPC”
En ese marco, en los últimos 34 meses, los costos de la salud a consumidor final aumentaron un 181% promedio. “El poder de compra en relación al costo de la medicina prepaga cayó en un 23,9% en el caso de la jubilación mínima; 27,1% en el de los salarios medios; y 29,8% para el caso del SMVyM”, expuso el informe.
En menos de tres años, el costo de la medicina prepaga creció 11 puntos porcentuales sobre el nivel de los salarios, y ya promedia un 30%. “El peso de la cuota media de medicina prepaga pasó de representar el 19% del salario promedio al 30,1% en noviembre del 2019, y podría llegar al 33% en diciembre cuando se efectivice el último aumento del año del 12%”, concluyó.
El costo representa el 72,1% de una jubilación media y el 30,4% de un salario medio.
El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) dio a conocer que la cuota de la medicina prepaga aumentó un 330% en promedio, en los últimos cuatro años. De este modo, representa el 72,1% de una jubilación media y el 30,4% de un salario medio.
El peso de la prepaga sobre los ingresos subió 16,4 puntos en las jubilaciones medias y 8,9 puntos sobre el salario medio, entre 2015 y 2019. A su vez, desde el año 2016, el costo de la medicina privada creció un 13,3% por encima del nivel de la inflación general de precios.
En base a datos del INDEC, “las cuotas medias para la medicina prepaga acumularán un aumento del 330%, cuando la inflación rondará el 317%, es decir, 13 puntos porcentuales por encima del IPC”
En ese marco, en los últimos 34 meses, los costos de la salud a consumidor final aumentaron un 181% promedio. “El poder de compra en relación al costo de la medicina prepaga cayó en un 23,9% en el caso de la jubilación mínima; 27,1% en el de los salarios medios; y 29,8% para el caso del SMVyM”, expuso el informe.
En menos de tres años, el costo de la medicina prepaga creció 11 puntos porcentuales sobre el nivel de los salarios, y ya promedia un 30%. “El peso de la cuota media de medicina prepaga pasó de representar el 19% del salario promedio al 30,1% en noviembre del 2019, y podría llegar al 33% en diciembre cuando se efectivice el último aumento del año del 12%”, concluyó.
El monotributo aumentará un 51% y la categoría más baja pasará a pagar $1.955
La suba surge tras la aplicación de la ley 27.346 y por ese motivo la escala sufrirá modificaciones.
En medio de las discusiones sobre una reforma impositiva, trascendió que a partir de enero de 2020 el monotributo y el aporte en cada una de las categorías tendrán un incremento de 51,1%. La actualización surge al aplicar la ley 27.346, que establece que las variables de este esquema se actualizan una vez por año.
Para quienes realizan una actividad de prestación de servicios, el ingreso máximo anual para ingresar y permanecer en el régimen impositivo simplificado será de aproximadamente $1.739.261, un promedio de $144.938 mensuales. En la actualidad, ese tope es de $1.151.000 pero con la inflación es cada vez más complicado mantenerse en este régimen. En tanto, en el sector del comercio la facturación anual admitida será de hasta $2.608.892 y un promedio de 217.408 mensuales.
Por la actualización que se aplicará, la categoría "A" admitirá el año próximo a quienes facturen no más de $208.711 en doce meses, mientras que para las categorías "B" y "C" las cifras serán de $313.067 y de $417.423, respectivamente.
La nueva escala quedará de esta manera: en la categoría "A", la más baja, el aporte mensual total, subirá a $1.955,4, en la "B" de $2186,5; en la "C" el importe del componente impositivo comienzan a diferenciarse según se trate de actividad comercial o de servicios, y en el primer caso el total a pagar cada mes de 2020 será de casi $2.500, y en el segundo, de $2.457.
Asimismo, el pago con destino a la prestación de salud será en todos los casos de $1.041,1 por persona beneficiaria, mientras que el aporte jubilatorio se paga en función del nivel de facturación. También se modificará el valor de los alquileres devengados en un año para desarrollar la actividad económica y el tope vigente para las categorías más altas, será de $313.067.
Sebastián Piñera: Por supuesto que voy a llegar al fin de mi gobierno
El estallido social que se desató en Chile contra los aumentos y en reclamo de una nueva Constitución no cesa. La escalada de violencia hizo que el presidente Sebastián Piñera declarara el estado de emergencia y algunos ponen en duda su continuación en el cargo y hasta le reclaman que dé un paso al costado, aunque él se muestra seguro de finalizar su mandato.
El mandatario chileno concedió la primera entrevista desde el inicio de la crisis al medio británico BBC. En la nota con las enviadas especiales Katy Watson y Fernanda Pau descartó que deje la presidencia antes de lo previsto: “Por supuesto que voy a llegar al fin de mi gobierno. Fui elegido democráticamente por una enorme mayoría de chilenos y tengo un deber y compromiso con esos que me eligieron y con todos los demás”, consideró Piñera.
En ese sentido, sostuvo que quien quiera puede llevar a cabo una acusación constitucional en su contra, pero se mostró seguro de que “ ninguna de ese tipo de acusaciones va a prosperar”.
Al ser consultado por qué autocrítica realiza su gestión, el jefe de Estado manifestó: “Muchas. Por de pronto, nadie predijo o tuvo la sensibilidad para darse cuenta de esto. No escuchamos con suficiente atención, no entendimos con suficiente claridad el mensaje. Y esta no es una crítica solamente al gobierno, esto se viene acumulando hace décadas”.
El mandatario chileno justificó su decisión de llevar a los militares a las calles: “Esa violencia no puede ser admitida, no está dentro de la ley. Tuvimos que usar herramientas democráticas y constitucionales, como el decretar el estado de emergencia, para restituir el orden público y proteger a nuestros ciudadanos. Una historia muy diferente son las manifestaciones legítimas y las protestas de los ciudadanos chilenos. Por supuesto que las personas tienen derecho a protestar. Y reconocemos eso y protegemos ese derecho porque es parte de nuestra democracia”.
Con respecto a ello, Piñera aseveró que se tomaron todas las precauciones necesarias al llamar al estado de emergencia como convocar al instituto nacional de derechos humanos, se establecieron las reglas de uso de la fuerza y se contactaron con la fiscalía para ordenar que investiguen cada cada presunto delito o uso excesivo de la fuerza.
"Por supuesto, hay quejas sobre el uso excesivo de la fuerza y los derechos humanos. Si eso sucedió, puedo garantizar que será investigado y procesado por nuestro sistema tradicional. No habrá impunidad. Ni con las personas que prendieron fuego a los supermercados y a la mayoría de nuestras estaciones de metro, ni con aquellas que eventualmente cometieron un exceso de uso de la fuerza o el crimen. Así es como lo haremos en una sociedad democrática como la nuestra", consignó el presidente chileno.
No obstante, Piñera dijo que a raíz de las decisiones que tomó, como declarar el estado de emergencia, una agenda social y cambios en su gabinete, el ambiente en el país es "más pacífico, con más control sobre el orden público y más seguridad ciudadana".
El mandatario expresó que se necesitan "unidad, acuerdos, grandeza, responsabilidad" dado que su fuerza tiene minoría y necesita el apoyo de la oposición para impulsar los proyectos. En esa línea, afirmó que tras restaurar el orden público "estamos dispuestos a conversarlo todo, incluyendo una reforma a la constitución".
La doctrina Estrada,entre la ideología y la realpolitik
La neutralidad mexicana que lleva el nombre de un célebre secretario de Relaciones Exteriores (Genaro Estrada) es irrenunciable, y responde a la posición geopolítica de México como integrante de norteamérica (Estados Unidos y Canadá), pese a su íntima relación con Centroamérica y América del Sur.
La Doctrina Estrada (nombrada por su autor como Doctrina mexicana) es el nombre del ideal central de la Política Exterior de México desde 1930. Su nombre se deriva de Genaro Estrada, Secretario de Relaciones Exteriores durante la Presidencia de Pascual Ortiz Rubio, que la redactó y publicó mediante un comunicado de dicha secretaría el 27 de septiembre de 1930. Esta doctrina se manifiesta en contra de que los países decidan si un gobierno extranjero es legítimo o ilegítimo, especialmente si este proviene de movimientos revolucionarios. La doctrina Estrada contradecía la costumbre de su época, que cada país debía reconocer al gobierno de otro país para que este fuera considerado válido o legítimo. Igualmente se mostraba en contra de la doctrina Tobar y del intervencionismo.
Aunque nació en la década de los 30, tuvo su esplendor durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos impuso un bloqueo económico a Cuba y otros países socialistas exigiendo que sus aliados se manifestaran en los mismos términos. México no lo hizo y en cambio insistió en ofrecer ayuda humanitaria a quienes lo solicitaran. Una postura similar tomó cuando brotaban las dictaduras en Sudamérica.
Esta doctrina trata únicamente sobre el reconocimiento de un gobierno hacia los gobiernos extranjeros, pero no es aplicable al reconocimiento de un gobierno hacia una nación extranjera, es decir, no declara que un país no deba manifestarse a favor o en contra de la creación de una nueva nación.
La doctrina Estrada se fundamenta en aspectos de la política internacional, especialmente el principio de no intervención y derecho de autodeterminación de los pueblos. La Doctrina Estrada favorece una visión cerrada de soberanía nacional. Afirma que gobiernos extranjeros no deberían juzgar (para bien o para mal), gobiernos o cambios en gobiernos de otras naciones ya que implicaría una violación a su soberanía.9
En su propuesta formal, la doctrina Estrada indicaba lo siguiente:
El gobierno de México no otorga reconocimiento porque considera que esta práctica es denigrante, ya que a más de herir la soberanía de las otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores pueden ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. El gobierno mexicano sólo se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, sin calificar precipitadamente, ni a posteriori, el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades. Ley Estrada. 27 de septiembre de 1930
Posicionarse o liderar un bloque hoy contradeciría tal doctrina, una renuncia que el propio AMLO reprochó a su antecesor cuando Enrique Peña Nieto invitó al entonces candidato Donald Trump a Los Pinos y, más tarde, México se unió al Grupo de Lima para firmar una condena internacional contra el régimen chavista de Venezuela.
"El Grupo de Puebla yo mismo lo impulsé mucho antes de mi candidatura presidencial, junto con Ominami desde Chile. Nosotros vemos con mucha atención lo que pasa en el continente, pero los vínculos internacionales no pueden estar gobernados por la ideología, porque cada pueblo determina sus gobiernos", señaló Alberto, en una impactante marcha a atrás después de meses de instalar la idea de un incipiente bloque regional.
Fernández aseguró, en cambio, que AMLO le había ofrecido toda su ayuda para que Argentina supere la crisis económica. Reconoció incluso que el mexicano está "al día" sobre lo que ocurre en las entrañas de su país. Una afirmación interesante, que aún no fue confirmada públicamente por López Obrador. La prensa mexicana consultó entonces cómo podría colaborar con la difícil negociación que deberá enfrentar con el FMI.
"México tiene representación en el directorio del Fondo. La opinión de México es muy importante. El apoyo que puedan darnos es mucho", fue la escueta respuesta del argentino, quien más adelante insistió en que los inversionistas mexicanos en Argentina entienden la importancia de tal ofrecimiento de ayuda.
Finalmente, Fernández contó que había preguntado a López Obrador por su programa "Jóvenes Construyendo Futuro", un plan de capacitación para los menores de 30 años, que no estudian ni trabajan. "Queremos estudiar si podemos llevarlo a Argentina", admitió. Una beca que ofrecería al mercado laboral una generación que de otro modo difícilmente accedería a un trabajo remunerado.
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