El 6 de noviembre la mayor economía del mundo va a elecciones legislativas que serán, como siempre ocurre con las de “medio término”, clave para medir el apoyo o no del cual goza el Presidente, en este caso el excéntrico republicano Donald Trump. Con el ingrediente de que los demócratas y en especial los llamados “globalistas”, cuyo proyecto confronta con el de los “nacionalistas”, quieren avanzar en un juicio político de destitución de Trump si llegan a recuperar posiciones en el Capitolio, donde hoy son minoría en ambas cámaras.
Pese a estar en el epicentro de la crisis capitalista de 2008, Estados Unidos se recuperó más rápido que otras naciones víctimas. Es cierto que sufrió entonces un año y medio de recesión continua, la mayor desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y que el desempleo se duplicó de 5 a 10 por ciento para 2009. Pero a partir de ahí el PIB no paró de crecer (Obama tuvo seis meses de recesión y el resto de sus dos presidencias, un crecimiento aunque algo desequilibrado) y ya para 2014, luego de las multimillonarias emisiones monetarias del Tesoro para salvar a los bancos y a la economía toda desde el primer momento de la crisis, la ocupación había vuelto a los niveles pre-caída de Lehman Brothers. No ocurrió lo mismo con los salarios, que recién recuperaron el nivel perdido en 2017, ya con Trump en la Casa Blanca.
Aunque este inusual primer mandatario les habla o más bien tuitea siempre a sus bases “populares” del centro geográfico estadounidense lo cierto es que basó su plan de reactivación en una rebaja fiscal que en general benefició a las clases media y alta, como no se veía desde la década de 1980, y en los frutos de una reforma pedida por Wall Street a Obama, que él concedió y de la cual Trump ahora recoge los frutos: la llamada ley Dodd-Frank, que viene evitando nuevos riesgos sistémicos de la banca al haber dividido el negocio entre bancos comerciales y de inversión. Hoy muchos economistas creen que Estados Unidos está prácticamente en pleno empleo (datos oficiales le dan razón: la tasa actual de desocupación de 3,9 por ciento no se veía desde fines de los años ‘60).
Por el lado del frente financiero, se vive un pico histórico de los mercados bursátiles, por lo que varios analistas auguran una “corrección” fuerte en algún momento cercano.
En materia de relaciones económicas internacionales, Trump ha pateado el tablero muchas veces y reacomodado acuerdos a su criterio. Se salió del TTP (tratado transpacífico, aunque este sigue su negociación con los miembros restantes), dividió a Canadá y a México para renegociar el viejo NAFTA por uno nuevo entre los tres (USMCA, por el nombre de los tres países en inglés), aplicó aranceles a las importaciones de todo el mundo, incluidos socios históricos de Europa (o a la Argentina, que le hizo todo tipo de concesiones a cambio de nada), y cumplió su promesa de campaña de enfrentarse con la economía que le pisa los talones, la de China, a la que le libra una “guerra comercial” que apunta a dañarla en lo que más le interesa, el desarrollo tecnológico y de inteligencia artificial. Pero China también represalia en sectores que afectan a las bases electorales de Trump. La semana pasada, The Wall Street Journal dijo que se negocia un encuentro del republicano con el líder chino Xi Jinping en Buenos Aires para noviembre, cuando se reúna el G-20, para frenar la escalada o en todo caso “ordenar” en qué punto está la relación de fuerzas entre ambas potencias a escala del poder mundial.
Por ahora, es difícil medir quién sale más golpeado. Muchas empresas
estadounidenses están siendo afectadas por la guerra con China y no se
ven resultados positivos palpables del cierre de importaciones o de
repatriación de empresas, al menos a un nivel que justifique el riesgo
del conflicto. Y el economista chileno Orlando Caputo, calcula que en el conjunto de las empresas
manufactureras, las ganancias cayeron desde el último trimestre de 2014
al primer trimestre de 2018 más de 51 por ciento en términos
anualizados, basándose en datos oficiales del Departamento de Comercio.
En un texto realizado junto con la economista Graciela Galarce, indica que las empresas de bienes no durables vieron afectadas
sus utilidades en 55 por ciento y las de durables, 47. Y llama la
atención a que en la pre-crisis (2007/8), esos valores eran parecidos y
anticiparon el marasmo que afectó a todo el mundo capitalista.
Las conclusiones de Caputo y Galarce difieren de otras optimistas que hablan de la recuperación de Estados Unidos en esta década (como las de los medios dominantes, el FMI o la OMC), pero que ello es así porque, dicen, “las fuertes disminuciones de los impuestos (como hizo Trump) llevan a que los análisis comparativos con períodos anteriores de las ganancias después de impuestos aumenten ocultando la disminución de las ganancias efectivas”. Además, señalan, las ganancias de las grandes empresas incluyen las remesadas por las firmas estadounidenses en el exterior, que subieron 18,4 por ciento anualizada, pero las que tienen base en Estados Unidos, insisten, están viendo reducir sus utilidades. Finalmente, plantean que un crecimiento de 4,1 por ciento del PIB del segundo trimestre del año sólo indicaría que “las crisis se precipitan en la fase ascendente del ciclo, que es seguida por una caída de los índices accionarios”. En cuanto al presupuesto estadounidense, el rojo fiscal alcanza 4,2 por ciento (apenas superaba 1 por ciento en 2007, antes del estallido de la crisis de las hipotecas) y podría llegar a quebrar la barrera de 5 por ciento en 2022, como sólo pasó un puñado de veces desde la Segunda Guerra Mundial.
El salario en caída libre: los/as trabajadores/as ante el peor año desde 2002
Salarios : sin reapertura de negociaciones , el retroceso del salario real en el 2018 será el más grande desde la crisis de 2002.
Presentamos un informe donde se sistematiza la evolución del salario en 10 actividades (servicios, industria, sector público) al cuarto trimestre de 2018 en comparación con el mismo período de 2015 y 2017. Para ello se incluyeron los aumentos salariales ya previstos para los próximos meses y la inflación estimada en el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central.
En comparación con el IV trimestre de 2017 las pérdidas son de entre el 10% y el 17%, siendo los sectores más afectados la industria de la alimentación y la administración pública nacional, con caídas interanuales del 17%. Por el contrario, comercio y sanidad registran una caída de "solo" el 10%.
Si la comparación se realiza con el cuarto trimestre de 2015, los mayores retrocesos son en la industria textil y en la administración pública nacional, con caídas del 25% en términos reales, mientras que comercio y sanidad vuelven a registrar las menores caídas, en torno al 13%. Aquí también se destaca la evolución de algunas actividades como transporte automotor de cargas (camioneros) e industria metalúrgica (UOM), que registran caídas acumuladas en tres años cercanas al 20%.
En todos los casos, de no mediar una reapertura generalizada de las negociaciones salariales, el retroceso de los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras durante el 2018 será el más importante desde la crisis de 2002.
Most Americans want to limit campaign spending, say big donors have greater political influence
By Bradley Jones
Americans overwhelmingly support limits on political campaign spending, and most think new laws could effectively reduce the role of money in politics. A recent Pew Research Center report finds several indications of public concern over campaign spending. There is widespread – and bipartisan – agreement that people who make large political donations should not have more political influence than others, but Americans largely don’t see that as a description of the country today.
And there is extensive support for reining in campaign spending: 77% of the public says “there should be limits on the amount of money individuals and organizations” can spend on political campaigns; just 20% say they should be able to spend as much as they want.
A somewhat smaller majority (65%) says that new campaign finance laws could be written that would be effective in reducing the role of money in politics, while 31% say any new laws would not be effective. Democrats are more likely to support limits on campaign spending than are Republicans, and there is a similar gap in views on whether effective laws could be written. Still, 71% of Republicans and Republican-leaning independents say there should be limits on campaign spending and 54% say new laws that would be effective in limiting the influence of money in politics could be written. Among Democrats and Democratic leaners, even larger majorities favor spending limits (85%) and think new laws would be effective (77%).
Nearly three-quarters of the public (74%) says it is very important that major political donors not have more influence than others, while an additional 16% view this as somewhat important.
However, only a relatively small share of the public feels this is actually the case today. About a quarter (26%) feel that the statement “people who give a lot of money to elected officials do not have more influence than others” describes the country very or somewhat well; roughly seven-in-ten (72%) say this does not describe the country well, with 43% saying it describes it “not at all well.”
Across the political spectrum, few people think that big donors do not command more influence than others: Only about a quarter of those in both parties say this describes the country well. But Democrats are more likely than Republicans (50% vs. 35%) to say this statement describes the country not at all well. Those who have contributed to candidates or campaigns themselves in recent years – the vast majority of whom make donations of less than $250 – are particularly likely to reject the characterization of the country as a place where people who give a lot of money to elected officials do not have more influence than others: 50% say this does not describe the country at all well, compared with 41% of those who have not given a political contribution in the past five years.
Contributors more likely to see elected officials as responsive
Those who have contributed money to a political candidate or group in the past year are much more likely than those who have not made a recent contribution to say that their representative in Congress would help them if they had a problem. They are also more likely to say ordinary citizens can do a lot to influence the government in Washington if they are willing to make the effort. Overall, 37% of Americans say that they feel it is at least somewhat likely their representative would help them with a problem if they contacted her or him. However, about half (53%) of those who have given money to a political candidate or group in the last year believe their representative would help. Belief that one’s member of Congress will help them with a problem is highest (63%) among the subset of donors who have given more than $250 to a candidate or campaign in the past year.
A similar pattern is seen on the question of whether or not people feel ordinary citizens can make a difference. Among those who did not make a political contribution in the past year, about half say there is a lot ordinary citizens can do to influence the government in Washington. By comparison, 66% of donors, including 74% of those who gave more than $250, say there is a lot ordinary citizens can do to make a difference.
Bolsonaro y un liderazgo subrogante
Bolsonaro le responde a Vilas Boas, su referente, jefe del ejército y enfermo terminal.
Para aminorar rechazos, Bolsonaro hizo spots televisivos con un homosexual, una mujer, un afrobrasileño y un ex votante de Lula.
Los sondeos muestran que la ventaja de Bolsonaro es muy alta en Brasil, al mismo tiempo que la euforia inicial de los mercados se fue atenuando, ante algunas contradicciones de su equipo. Un primer sondeo dado a conocer por la empresa Datafolha presentó una proyección en la cual ganaba por 58% a 42% en la segunda vuelta. Una segunda presentación de la misma empresa, dio al primero un voto definido de 49% sobre 36% de Haddad, el candidato del PT. En el primer caso la ventaja a su favor es de 16 puntos y en el segundo de 13. Otra de Ibope, difundida el lunes 15, da 59% para Bolsonaro y sólo 41% para el candidato del PT. El nivel de rechazo del primero ha bajado a nada más que 35% y el de Haddad ha subido a 47%. Los mercados festejaron el triunfo del capitán retirado paracaidista y ello se reforzó al conocerse los nombres de su gabinete, con una fuerte presencia de banqueros y directivos de empresa, junto con militares y algunos políticos. Pero declaraciones de Bolsonaro limitando su amplio plan de privatizaciones, coincidentes con las realizadas por algunos de sus aliados, generaron dudas sobre el entusiasmo inicial de los mercados. A ello se sumó una denuncia de fraude contra su principal asesor económico (Guedes), la que parece haber sido superada.
El candidato ganador en primera vuelta no abandonó su discurso confrontativo y dijo que si ganaba su adversario vendría el "comunismo". Pero al mismo tiempo realizó algunos actos para ganar votantes entre los segmentos que más lo resistían. Difundió una foto con su "amigo homosexual", un maquillador que colabora con él. También fueron presentados spots televisivos, con un homosexual, una mujer, un afrobrasileño y un ex votante de Lula, diciendo por qué ahora votaban por Bolsonaro. También ha conseguido el apoyo de atletas y deportistas populares. Ha criticado a los medios y ha propuesto la energía nuclear para resolver el déficit que tiene el país en esta materia. Pero ha logrado pocos apoyos explícitos en la política tradicional e incluso el PSDB, que en las últimas elecciones ha tenido el voto de centro-derecha, se declaró prescindente. Por consejo médico -y oportunidad política- ha reducido su presencia al mínimo en la campaña y no ha participado en los debates televisivos con el candidato del PT.
Haddad, por su parte, tiene un equipo desmoralizado, que busca replantear la campaña girando hacia el centro y buscando nuevos apoyos, como el de la Iglesia Católica. Se acercó a esta, reuniéndose con obispos y coincidiendo con las críticas sociales del Episcopado, buscando competir con el apoyo explícito de los evangélicos a su adversario. Intentó girar hacia el centro tomando distancia de Lula y tratando de motivar al 20,5% que se abstuvo para que concurra a votar. Bolsonaro también trabajó sobre este sector. Cabe señalar que ha sido la abstención más alta desde 1998, es decir en veinte años. Haddad presentó un nuevo logo como símbolo de su replanteo. Ha asumido que ha sido un error importante usar el color rojo como identificación partidaria, dejando el verde y el amarillo (los colores de la bandera nacional) a su adversario. Se planteó así, en términos de identidad visual, una diferenciación entre la ideología y lo nacional, algo que fue hábilmente utilizado por Bolsonaro. Esta identificación de colores viene desde la destitución de Dilma, cuando quienes la apoyaban usaban el rojo y quienes la exigían se identificaban con el verde y amarillo. Haddad intentó negociar el voto de pequeños partidos, pero aparentemente los resultados fueron limitados. Algunos hechos de violencia producidos por partidarios de Bolsonaro han sido utilizados por el PT para desacreditarlo, pero con más efecto en el exterior que en el país. El movimiento feminista realizó una intensa campaña en las redes sociales cuestionándolo, pero con poco resultado concreto. El argumento de que si gana Bolsonaro anulará los planes sociales fue neutralizado al decir él que no sólo va a mantenerlos, sino también a ampliarlos.
En materia internacional, su afirmación más relevante ha sido "más EEUU y menos China", el nacionalismo europeo celebró su triunfo pero con limitaciones y los gobiernos de la región acusan el impacto del triunfo de un candidato que pensaban no podía ganar y con quien tienen poco contacto. Aunque no lo haya explicitado, la Administración Trump prefiere el triunfo de Bolsonaro, que ha manifestado reiteradamente su intención de alinearse con Washington, antes que el de Haddad, que mantiene una línea de equidistancia entre EEUU y China, defiende el rol de Brasil en los BRICS y tiene una posición contemporizadora con Venezuela. El eventual canciller del candidato que ganó en la primera vuelta podría ser el director del área "EEUU, Canadá y Asuntos Interamericanos" de Itamaraty, el embajador Ernesto Fraga Araujo, considerado por sus colegas "un admirador de Trump". El populismo europeo, a través del ministro del Interior italiano (Salvini), lo felicitó y varios de los dirigentes de esta orientación de diversos países hicieron lo mismo. Pero Marie Le Pen puso un límite al decir que afirmaciones del candidato brasileño que ganó en la primera vuelta no podían trasladarse a su país porque eran "culturas distintas". En la región el "eje bolivariano" (Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua) ven con temor el triunfo de Bolsonaro en Brasil y su probable coincidencia con los intereses estadounidenses en la región. El presidente chileno (Piñera) inicialmente apoyó a Bolsonaro, diciendo que era el "camino económico correcto para Brasil". Pero pocos días después, coincidiendo con la duda de los mercados, las expresó sobre él, manifestando que era necesario aislar a Venezuela y expresando preocupación por la crisis económica de Argentina. Bolsonaro -que en varias oportunidades ha desacreditado al Mercosur- ha planteado que podría articular un eje con Buenos Aires.
Pero el sector militar, en particular el Ejército, es sin duda el verdadero poder detrás de Bolsonaro y ello tiene múltiples evidencias. La más notoria es la presencia de decenas de candidatos ganadores para legisladores, gobernadores e intendentes, provenientes de esta fuerza. A ello se suma su participación en el Gabinete. El ministro de Defensa sería un general retirado (Heleno), quien fue jefe de la fuerza multinacional de paz en Haití y luego fue comandante de la región de Amazonia, cargo desde el cual criticó la política indigenista de Lula y expresó que los militares podían tener un rol en materia de seguridad interior si se vencían los prejuicios ideológicos. Heleno fue el coordinador de los equipos que han preparado los planes de gobierno del candidato.
Otro general recientemente retirado (Murao) es el vicepresidente, caracterizado por impulsar las políticas de "mano dura" con la delincuencia. Hay generales en actividad que permanecerían en sus cargos, como el jefe del Servicio de Inteligencia (Echegoyen), y tendrían roles relevantes otros dos generales en actividad, que ocupan el Ministerio de Defensa y la intervención en Río de Janeiro en materia de seguridad pública. Pero es el jefe del Ejército (Vilas Boas) la figura clave en cuanto al liderazgo del poder militar detrás de Bolsonaro. Él ha sido decisivo para dos replanteos en el pensamiento militar que el candidato ha encarnado: la aproximación a los EEUU y el apoyo a políticas más liberales en lo económico, así como la decisión de que las Fuerzas Armadas asuman un rol más activo en seguridad interior. Al igual que los demás generales en actividad, utilizan con intensidad Twitter, para tener una comunicación directa con todos sus subordinados hasta nivel de soldado y para transmitir su pensamiento a la sociedad civil. La cuestión es que Vilas Boas está muy enfermo, manda el Ejército desde una silla de ruedas y por ello permanecerá poco tiempo más en su cargo, pero se ha mantenido hasta hoy, día de la segunda vuelta, y seguirá al menos hasta el 1 de enero cuando asuma el Presidente electo. Quien lo suceda será un dato clave para prever la política brasileña hacia delante.
En conclusión: la ventaja inicial de Bolsonaro está entre 16 y 13 puntos, siendo casi irreversible; ratifica sus dichos y políticas, pero realiza gestos hacia los públicos que ha agraviado, a la vez que ratifica -aunque con contradicciones- su apoyo a las políticas de libre mercado; Haddad está al frente de una fuerza desmoralizada, se alejó de Lula buscando el voto del centro, se acercó a la Iglesia Católica y abandonó el rojo como color de identidad política; la Administración Trump ve con buenos ojos un triunfo de Bolsonaro, lo apoya la mayoría de los líderes populistas europeos, en la región lo ven con temor los gobiernos del eje bolivariano y con reservas los gobiernos de centro-derecha y el Ejército es el verdadero poder detrás de Bolsonaro, como lo muestran múltiples manifestaciones, por eso será muy importante quien sea el próximo jefe de esta fuerza tras el retiro del general Vilas Boas.
Para aminorar rechazos, Bolsonaro hizo spots televisivos con un homosexual, una mujer, un afrobrasileño y un ex votante de Lula.
Los sondeos muestran que la ventaja de Bolsonaro es muy alta en Brasil, al mismo tiempo que la euforia inicial de los mercados se fue atenuando, ante algunas contradicciones de su equipo. Un primer sondeo dado a conocer por la empresa Datafolha presentó una proyección en la cual ganaba por 58% a 42% en la segunda vuelta. Una segunda presentación de la misma empresa, dio al primero un voto definido de 49% sobre 36% de Haddad, el candidato del PT. En el primer caso la ventaja a su favor es de 16 puntos y en el segundo de 13. Otra de Ibope, difundida el lunes 15, da 59% para Bolsonaro y sólo 41% para el candidato del PT. El nivel de rechazo del primero ha bajado a nada más que 35% y el de Haddad ha subido a 47%. Los mercados festejaron el triunfo del capitán retirado paracaidista y ello se reforzó al conocerse los nombres de su gabinete, con una fuerte presencia de banqueros y directivos de empresa, junto con militares y algunos políticos. Pero declaraciones de Bolsonaro limitando su amplio plan de privatizaciones, coincidentes con las realizadas por algunos de sus aliados, generaron dudas sobre el entusiasmo inicial de los mercados. A ello se sumó una denuncia de fraude contra su principal asesor económico (Guedes), la que parece haber sido superada.
El candidato ganador en primera vuelta no abandonó su discurso confrontativo y dijo que si ganaba su adversario vendría el "comunismo". Pero al mismo tiempo realizó algunos actos para ganar votantes entre los segmentos que más lo resistían. Difundió una foto con su "amigo homosexual", un maquillador que colabora con él. También fueron presentados spots televisivos, con un homosexual, una mujer, un afrobrasileño y un ex votante de Lula, diciendo por qué ahora votaban por Bolsonaro. También ha conseguido el apoyo de atletas y deportistas populares. Ha criticado a los medios y ha propuesto la energía nuclear para resolver el déficit que tiene el país en esta materia. Pero ha logrado pocos apoyos explícitos en la política tradicional e incluso el PSDB, que en las últimas elecciones ha tenido el voto de centro-derecha, se declaró prescindente. Por consejo médico -y oportunidad política- ha reducido su presencia al mínimo en la campaña y no ha participado en los debates televisivos con el candidato del PT.
Haddad, por su parte, tiene un equipo desmoralizado, que busca replantear la campaña girando hacia el centro y buscando nuevos apoyos, como el de la Iglesia Católica. Se acercó a esta, reuniéndose con obispos y coincidiendo con las críticas sociales del Episcopado, buscando competir con el apoyo explícito de los evangélicos a su adversario. Intentó girar hacia el centro tomando distancia de Lula y tratando de motivar al 20,5% que se abstuvo para que concurra a votar. Bolsonaro también trabajó sobre este sector. Cabe señalar que ha sido la abstención más alta desde 1998, es decir en veinte años. Haddad presentó un nuevo logo como símbolo de su replanteo. Ha asumido que ha sido un error importante usar el color rojo como identificación partidaria, dejando el verde y el amarillo (los colores de la bandera nacional) a su adversario. Se planteó así, en términos de identidad visual, una diferenciación entre la ideología y lo nacional, algo que fue hábilmente utilizado por Bolsonaro. Esta identificación de colores viene desde la destitución de Dilma, cuando quienes la apoyaban usaban el rojo y quienes la exigían se identificaban con el verde y amarillo. Haddad intentó negociar el voto de pequeños partidos, pero aparentemente los resultados fueron limitados. Algunos hechos de violencia producidos por partidarios de Bolsonaro han sido utilizados por el PT para desacreditarlo, pero con más efecto en el exterior que en el país. El movimiento feminista realizó una intensa campaña en las redes sociales cuestionándolo, pero con poco resultado concreto. El argumento de que si gana Bolsonaro anulará los planes sociales fue neutralizado al decir él que no sólo va a mantenerlos, sino también a ampliarlos.
En materia internacional, su afirmación más relevante ha sido "más EEUU y menos China", el nacionalismo europeo celebró su triunfo pero con limitaciones y los gobiernos de la región acusan el impacto del triunfo de un candidato que pensaban no podía ganar y con quien tienen poco contacto. Aunque no lo haya explicitado, la Administración Trump prefiere el triunfo de Bolsonaro, que ha manifestado reiteradamente su intención de alinearse con Washington, antes que el de Haddad, que mantiene una línea de equidistancia entre EEUU y China, defiende el rol de Brasil en los BRICS y tiene una posición contemporizadora con Venezuela. El eventual canciller del candidato que ganó en la primera vuelta podría ser el director del área "EEUU, Canadá y Asuntos Interamericanos" de Itamaraty, el embajador Ernesto Fraga Araujo, considerado por sus colegas "un admirador de Trump". El populismo europeo, a través del ministro del Interior italiano (Salvini), lo felicitó y varios de los dirigentes de esta orientación de diversos países hicieron lo mismo. Pero Marie Le Pen puso un límite al decir que afirmaciones del candidato brasileño que ganó en la primera vuelta no podían trasladarse a su país porque eran "culturas distintas". En la región el "eje bolivariano" (Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua) ven con temor el triunfo de Bolsonaro en Brasil y su probable coincidencia con los intereses estadounidenses en la región. El presidente chileno (Piñera) inicialmente apoyó a Bolsonaro, diciendo que era el "camino económico correcto para Brasil". Pero pocos días después, coincidiendo con la duda de los mercados, las expresó sobre él, manifestando que era necesario aislar a Venezuela y expresando preocupación por la crisis económica de Argentina. Bolsonaro -que en varias oportunidades ha desacreditado al Mercosur- ha planteado que podría articular un eje con Buenos Aires.
Pero el sector militar, en particular el Ejército, es sin duda el verdadero poder detrás de Bolsonaro y ello tiene múltiples evidencias. La más notoria es la presencia de decenas de candidatos ganadores para legisladores, gobernadores e intendentes, provenientes de esta fuerza. A ello se suma su participación en el Gabinete. El ministro de Defensa sería un general retirado (Heleno), quien fue jefe de la fuerza multinacional de paz en Haití y luego fue comandante de la región de Amazonia, cargo desde el cual criticó la política indigenista de Lula y expresó que los militares podían tener un rol en materia de seguridad interior si se vencían los prejuicios ideológicos. Heleno fue el coordinador de los equipos que han preparado los planes de gobierno del candidato.
Otro general recientemente retirado (Murao) es el vicepresidente, caracterizado por impulsar las políticas de "mano dura" con la delincuencia. Hay generales en actividad que permanecerían en sus cargos, como el jefe del Servicio de Inteligencia (Echegoyen), y tendrían roles relevantes otros dos generales en actividad, que ocupan el Ministerio de Defensa y la intervención en Río de Janeiro en materia de seguridad pública. Pero es el jefe del Ejército (Vilas Boas) la figura clave en cuanto al liderazgo del poder militar detrás de Bolsonaro. Él ha sido decisivo para dos replanteos en el pensamiento militar que el candidato ha encarnado: la aproximación a los EEUU y el apoyo a políticas más liberales en lo económico, así como la decisión de que las Fuerzas Armadas asuman un rol más activo en seguridad interior. Al igual que los demás generales en actividad, utilizan con intensidad Twitter, para tener una comunicación directa con todos sus subordinados hasta nivel de soldado y para transmitir su pensamiento a la sociedad civil. La cuestión es que Vilas Boas está muy enfermo, manda el Ejército desde una silla de ruedas y por ello permanecerá poco tiempo más en su cargo, pero se ha mantenido hasta hoy, día de la segunda vuelta, y seguirá al menos hasta el 1 de enero cuando asuma el Presidente electo. Quien lo suceda será un dato clave para prever la política brasileña hacia delante.
En conclusión: la ventaja inicial de Bolsonaro está entre 16 y 13 puntos, siendo casi irreversible; ratifica sus dichos y políticas, pero realiza gestos hacia los públicos que ha agraviado, a la vez que ratifica -aunque con contradicciones- su apoyo a las políticas de libre mercado; Haddad está al frente de una fuerza desmoralizada, se alejó de Lula buscando el voto del centro, se acercó a la Iglesia Católica y abandonó el rojo como color de identidad política; la Administración Trump ve con buenos ojos un triunfo de Bolsonaro, lo apoya la mayoría de los líderes populistas europeos, en la región lo ven con temor los gobiernos del eje bolivariano y con reservas los gobiernos de centro-derecha y el Ejército es el verdadero poder detrás de Bolsonaro, como lo muestran múltiples manifestaciones, por eso será muy importante quien sea el próximo jefe de esta fuerza tras el retiro del general Vilas Boas.
Positive Views of Economy Surge, Driven by Major Shifts Among Republicans
Few say stock market movements have big impact on finances
Americans’ views of national economic conditions continue to improve, with the share saying the economy is in good or excellent condition now at its highest point in nearly two decades.
The overall rise in positive assessments seen over the last year is driven by the shifting views of Republicans and Republican-leaning independents. Nearly three-quarters of Republicans (74%) now view the economy in positive terms. That is a marked improvement from last October (57%). In December 2016, shortly after the presidential election, just 14% of Republicans rated the economy as excellent or good. By contrast, just 37% of Democrats say the economy is in excellent or good shape. This is modestly higher than last fall (when 30% said this), but lower than the 46% who said this in December 2016.
The latest national survey by Pew Research Center, conducted March 7-14 among 1,466 adults, also finds a wider partisan difference in personal economic assessments than in recent years. Today, 62% of Republicans say their personal financial situation is in excellent or good shape, compared with 44% of Democrats who say the same. GOP views have improved substantially since Donald Trump’s election. Democratic views have changed little following the shift in administration. Democrats are somewhat less positive about their future personal financial situation than they were during Barack Obama’s presidency, while Republicans have become more bullish. Today Republicans are 19 percentage points more likely to say they expect their personal finances to improve over the next year (82% vs. 63%). Throughout much of Obama’s tenure, the expectations gap was the reverse.
The survey finds that Americans’ views of factors affecting their personal financial pressures have changed somewhat in recent years. In particular, far fewer Americans (37%) say the price of gas affects their personal finances “a lot” than did so in 2013 or 2011, during periods of higher gas prices. In those years, majorities said the price of gas affected their household finances a lot (64% in 2013, 69% in 2011).
About half each say health care costs (53%) and the price of food and consumer goods (48%) have a major impact. By contrast, just 22% say the federal budget deficit affects their finances a lot and 21% say the same about “how the stock market is doing.”
Unlike overall opinions about the economy and personal financial evaluations, views of financial pressures are not all that partisan. However, Democrats are more likely than Republicans to say that health care costs and real estate values affect their household finances a lot. Among members of both parties, particularly Republicans, the shares saying the federal budget deficit has a major effect on their finances is much lower today than it was in 2011. The share of Republicans who say the deficit affects their finances a lot has declined by about half since 2011, from 48% to 23%. About one-in-five Democrats (22%) also say the deficit has a big financial impact, down from 38% seven years ago.
This is the latest indication of diminished public concern over the budget deficit. In Pew Research Center’s annual policy priorities survey in January, 48% of Americans said that reducing the budget deficit should be a top priority for the president and Congress, down from 72% in 2013. The decline came among members of both parties, though the shift among Republicans was more pronounced.
Public’s views of the economy 2008-2018
The current survey comes 10 years after the collapse of Bear Stearns, seen by many as the moment the extent of the financial crisis became clear. In March 2008, just days after the firm’s collapse, only 11% of the public said that national economic conditions were good or excellent, while 32% said they were only fair and 56% said they were poor.
The share viewing the economy in positive terms changed little over the next several years – but the share saying the economy was poor increased as the economic crisis deepened, reaching 71% in February 2009.
The trajectory of these views differed for Republicans and Democrats. In March 2008, though few in either party had positive views of economic conditions, the assessments of Republicans and Republican leaners were somewhat more positive than those of Democrats and Democratic leaners: 23% of Republicans rated national economic conditions as good or excellent, compared with only 4% of Democrats.
After Barack Obama took office, these views reversed, and throughout most of Obama’s presidency Democrats were more likely than Republicans to view economic conditions positively. Since Trump’s election, Republicans have grown substantially more positive about the state of the national economy. Currently Republicans are twice as likely as Democrats to say that national economic conditions are excellent or good (74% to 37%).
Within parties, income differences in economic expectations
Looking ahead, the public has mixed views of how they think the national economy will perform over the next year. While slightly more say they expect conditions to be better a year from now (34%) than worse (25%), 40% expect conditions to be about the same.
While opinions about the economy are much better today than they were a decade ago, the public’s economic expectations are similar to views at that time. In March 2008, 33% expected the economy to be better a year from then, 22% worse and 39% about the same. The public became increasingly optimistic about the economy in 2008 and early 2009, as conditions worsened. But economic optimism subsequently declined.
Republicans and Democrats currently have starkly different expectations. While 59% of Republicans say economic conditions will get better in a year, just 10% of Democrats say the same. Four-in-ten Democrats expect economic conditions to get worse over the next year, compared with just 9% of Republicans (31% of Republicans and 48% of Democrats expect conditions to stay about the same).
While economic expectations do not differ by income in the public overall, the picture is very different within each of the two parties. Higher-income Republicans are more likely than those with lower incomes to say that they expect economic conditions to improve in the next year: 68% of those with family incomes of $75,000 or more say this, compared with 50% of those with incomes of less than $30,000.
Among Democrats, the pattern is reversed; lower-income Democrats are modestly more likely to say they expect economic conditions to improve (though this view is not widely held among Democrats at any income level), and while 52% of Democrats with incomes of $75,000 or more expect conditions to worsen, that view is only held by about a third (35%) of those with lower family incomes.
Republicans and Republican leaners have become significantly more optimistic about the future economy since Trump took office. Today, 59% say they expect conditions to be better a year from now. Until Trump’s election, no more than a third of Republicans had expressed this sentiment during Obama’s administration. However, the current share of Republicans expressing this optimistic view is down from the three-quarters (75%) of Republicans and Republican leaners who said this in February 2017, shortly after Trump’s inauguration. Today, 40% of Democrats and Democratic leaners say they expect conditions to get worse in the coming year, down 9 percentage points since February 2017, but still higher than at any point during Obama’s presidency.
What affects household finances?
Among the factors that affect household finances, the public ranks the cost of health care and the prices of food and consumer goods highest. About half of Americans say the cost of health care affects their household’s financial situation a lot (53%), and nearly as many (48%) say the same about prices of food and consumer goods. Real estate values (37%), gas prices (37%) and the availability of jobs (34%) are mentioned by about a third of Americans as affecting their household’s finances a lot. Only about two-in-ten say the same of the stock market (21%) or the federal budget deficit (22%).
Today, far fewer consider gas prices as a top pressure than did so seven years ago: In April 2011, when gas prices were far higher than they have been in recent years, fully 69% of Americans said gas prices affected their situation a lot – the highest of the six factors included in the survey. Today, the cost of health care – asked for the first time in this survey – ranks higher than most other pressures. Fewer today see the federal budget deficit as a chief concern for their household’s financial situation than did so in 2011, and the then 10-percentage-point partisan gap in assessments of its personal impact has dissipated.
And while the prices of food and consumer goods remains a top pressure for household finances, the share reporting it affects them a lot has dipped 10 points since 2011, from 58% to 48%.
Those who say the availability of jobs affects their finances a lot also has declined slightly from 2011, in the midst of the financial recession, when 42% said it impacted their household finances a lot.
The share who say their households are affected a lot by the stock market or real estate values is little different today than it was seven years ago. There continue to be wide differences across income categories in assessments of the impact of financial pressures, but health care costs is a top household financial pressure across all income levels. About half (53%) of households earning $100,000 or more a year say it affects their financial situations a lot; about as many (52%) of those earning $30,000 a year or less say the same.
On the impact of other pressures, there are some substantial differences across income groups. While about six-in-ten in lower income households say the prices of food and consumer goods impacts their finances a lot (59% of those in households with incomes of less than $30,000 a year), four-in-ten of those in higher income households say the same (40% of households making $75,000 annually or more).
Gas prices are also more likely to be characterized as having a lot of impact among middle- and low-income households than higher-income households: Just 26% of those with family incomes of $100,000 or more say this, compared with about four-in-ten of those with lower family incomes.
By contrast, high-earning households are more likely to see real estate values as affecting them (46% of those with family incomes of $100,000 or more a year, compared with only about a third of those with lower incomes). And while about one-in-three with family incomes of $75,000 or more (32%) say the stock market affects their households’ finances a lot, only 15% of those with lower family incomes say this.
Cómo deben ser el armado del peronismo para ganar la provincia de Buenos Aires en 2019
Ante los comicios del año próximo, dos cuestiones características del electorado bonaerense determinan qué debería hacer la oposición peronista para conseguir el voto partido en dos de la Provincia: por un lado el conurbano y por otro el interior.
por Marcos Schiavi
Hace alrededor de un mes junto a Juan Pablo Pilorget y Tomás Aguerre publicamos “Bastión interior: ofertas electorales del peronismo en la provincia de Buenos Aires para el 2019”. Allí planteamos que de cara al 2019 el peso del voto del GBA (dos tercios del total) permite proyectar una victoria del “peronismo oficial o mayoritario” solo con un aumento de su caudal de votos en ese territorio, pero que eso no alcanza, que la provincia no se gobierna sólo dominando el Ejecutivo: se necesitan intendentes, diputados y senadores provinciales.
Afirmamos que la posibilidad de obtener mejores resultados no está dada únicamente por la necesidad de incrementar la cantidad de votos totales sino por redistribuirlos geográficamente mejor. Eso dependerá de presentar una oferta electoral capaz de recuperar terreno en el interior de la provincia de Buenos Aires. Para ello, el diseño de la boleta a gobernador resulta clave, sostuvimos.
Consideramos que las elecciones simultáneas entre PBA y Nación actúan como un incentivo positivo en este sentido: permiten cubrir las fortalezas del “peronismo oficial o mayoritario” (el espacio del Conurbano bonaerense, donde obtuvo sus mejores rendimientos) con la boleta de la candidatura presidencial, mientras que “alivia” la boleta al cargo de gobernador de esa tarea y permite perfilarla hacia el interior de la provincia. Una candidata o candidato a la presidencia que le hable al Conurbano, una candidata o candidato a la gobernación que interpele centralmente al interior de la provincia. Dos cuestiones importantes nos permiten esbozar este doble planteo.
Por un lado, en la opinión pública del Conurbano el peso de la gestión provincial es muy débil. Nada de lo que ocurre parece ser responsabilidad de la gobernación, son pocos los que miran para La Plata. El principal interpelado es el poder ejecutivo nacional y luego los gobiernos locales. La provincia brilla por su ausencia.
Desde el Centro de Estudios Metropolitanos, realizamos de manera periódica un Monitor del Clima Social. En él analizamos percepciones y experiencias vinculadas a inseguridades sociales: la cuestión laboral, económica, alimentaria, habitacional, sanitaria, entre otras. Dentro de las preguntas que realizamos hay una batería centrada en las responsabilidades: “¿Quién considera Ud. que es el principal responsable de la situación laboral?”, “¿quién considera Ud. que es el principal responsable de la situación de la salud pública?”, etcétera. Tomando los tres monitores realizados en 2017 se observa que al ser consultados sobre su situación laboral apenas el 9% de los entrevistados consideró que la responsabilidad recaía en la gobernadora.
En la cuestión económica y alimentaria ese porcentaje baja al 6%. Esto puede, en principio, ser entendible porque las variables económicas son principalmente responsabilidad nacional y porque el mercado laboral es claramente metropolitano (igualmente, no deja de ser un dato importante). Lo llamativo son las otras variables monitoreadas en 2017: apenas el 8% considera responsable a la gobernación de la provincia por su situación habitacional o la calidad del transporte, el 11% por la situación de la salud pública y sólo (!!!) el 18% por la situación educativa. En la mayoría de los casos el gobierno nacional supera el 50% de responsabilidad y los gobiernos municipales rondan el 10%. La gestión provincial se pierde en el mar del Conurbano, más allá de lo institucional: allí el voto es nacional (y municipal).
En cuanto al segundo factor del doble planteo, y más allá de la cuestión ya tantas veces analizadas del factor rural (el impacto de la 125), a la hora de pensar el voto del interior de la provincia tal vez sea hora de pensar cómo juega el tándem simbólico conurbano/interior. El “otro” conurbano en el interior. Gabriel Kessler, al referirse al conurbano, analiza dos concepciones simbólicas disímiles pero en cierta medida complementarias; una en la que se lo describe como una entidad atípica, diferente a la capital y al interior, con una clara y disímil identidad propia; otra en la que se lo define como un territorio donde se concentran variados atributos negativos o conflictivos, un territorio signado por déficits y carencias.
Cuando se habla del Conurbano se habla de algo que es diferente al interior de la provincia y que, claramente, es peor, más peligroso, más pobre (algo de esto ya habíamos escrito en la columna anterior). Adrián Gorelik, por su parte, afirma que entre CABA y GBA se ha consolidado “una muralla de prejuicios en la opinión pública que presenta al GBA como una suerte de Far West violento y peligroso”; como una amenaza que rodea a la capital, su antítesis. Este planteo, con algunas salvaguardas, bien puede ser aplicado al vínculo conurbano-interior. El Conurbano es una construcción indisociable de CABA y del interior, construida desde la diferencia y la distancia a pesar de ser parte de una misma metrópoli y de una misma provincia. Se conjugan en él alteridad, cercanía y amenaza. Aunque nos moleste esta imagen, aunque la consideremos injusta y equivocada, no podemos perder de vista qué imagen política y social se le construye a un votante del interior de la provincia cuando le ofrecemos conurbano.
El voto de la provincia de Buenos Aires está partido en dos: Conurbano e interior. Diversos análisis electorales lo han planteado y demostrado: tienen lógicas e identidades diferentes. En 2019 (como es costumbre) vamos a tener dos boletas fuertes. La boleta presidencial (y la municipal) puede “cubrir” el voto de un conurbano donde el papel de la gobernación es difuso; mientras, la boleta a gobernador puede interpelar a un interior que el “peronismo mayoritario” necesita recuperar para poder ganar, una interpelación que no debería desatender la tensión simbólica entre el interior y el conurbano.
por Marcos Schiavi
Hace alrededor de un mes junto a Juan Pablo Pilorget y Tomás Aguerre publicamos “Bastión interior: ofertas electorales del peronismo en la provincia de Buenos Aires para el 2019”. Allí planteamos que de cara al 2019 el peso del voto del GBA (dos tercios del total) permite proyectar una victoria del “peronismo oficial o mayoritario” solo con un aumento de su caudal de votos en ese territorio, pero que eso no alcanza, que la provincia no se gobierna sólo dominando el Ejecutivo: se necesitan intendentes, diputados y senadores provinciales.
Afirmamos que la posibilidad de obtener mejores resultados no está dada únicamente por la necesidad de incrementar la cantidad de votos totales sino por redistribuirlos geográficamente mejor. Eso dependerá de presentar una oferta electoral capaz de recuperar terreno en el interior de la provincia de Buenos Aires. Para ello, el diseño de la boleta a gobernador resulta clave, sostuvimos.
Consideramos que las elecciones simultáneas entre PBA y Nación actúan como un incentivo positivo en este sentido: permiten cubrir las fortalezas del “peronismo oficial o mayoritario” (el espacio del Conurbano bonaerense, donde obtuvo sus mejores rendimientos) con la boleta de la candidatura presidencial, mientras que “alivia” la boleta al cargo de gobernador de esa tarea y permite perfilarla hacia el interior de la provincia. Una candidata o candidato a la presidencia que le hable al Conurbano, una candidata o candidato a la gobernación que interpele centralmente al interior de la provincia. Dos cuestiones importantes nos permiten esbozar este doble planteo.
Por un lado, en la opinión pública del Conurbano el peso de la gestión provincial es muy débil. Nada de lo que ocurre parece ser responsabilidad de la gobernación, son pocos los que miran para La Plata. El principal interpelado es el poder ejecutivo nacional y luego los gobiernos locales. La provincia brilla por su ausencia.
Desde el Centro de Estudios Metropolitanos, realizamos de manera periódica un Monitor del Clima Social. En él analizamos percepciones y experiencias vinculadas a inseguridades sociales: la cuestión laboral, económica, alimentaria, habitacional, sanitaria, entre otras. Dentro de las preguntas que realizamos hay una batería centrada en las responsabilidades: “¿Quién considera Ud. que es el principal responsable de la situación laboral?”, “¿quién considera Ud. que es el principal responsable de la situación de la salud pública?”, etcétera. Tomando los tres monitores realizados en 2017 se observa que al ser consultados sobre su situación laboral apenas el 9% de los entrevistados consideró que la responsabilidad recaía en la gobernadora.
En la cuestión económica y alimentaria ese porcentaje baja al 6%. Esto puede, en principio, ser entendible porque las variables económicas son principalmente responsabilidad nacional y porque el mercado laboral es claramente metropolitano (igualmente, no deja de ser un dato importante). Lo llamativo son las otras variables monitoreadas en 2017: apenas el 8% considera responsable a la gobernación de la provincia por su situación habitacional o la calidad del transporte, el 11% por la situación de la salud pública y sólo (!!!) el 18% por la situación educativa. En la mayoría de los casos el gobierno nacional supera el 50% de responsabilidad y los gobiernos municipales rondan el 10%. La gestión provincial se pierde en el mar del Conurbano, más allá de lo institucional: allí el voto es nacional (y municipal).
En cuanto al segundo factor del doble planteo, y más allá de la cuestión ya tantas veces analizadas del factor rural (el impacto de la 125), a la hora de pensar el voto del interior de la provincia tal vez sea hora de pensar cómo juega el tándem simbólico conurbano/interior. El “otro” conurbano en el interior. Gabriel Kessler, al referirse al conurbano, analiza dos concepciones simbólicas disímiles pero en cierta medida complementarias; una en la que se lo describe como una entidad atípica, diferente a la capital y al interior, con una clara y disímil identidad propia; otra en la que se lo define como un territorio donde se concentran variados atributos negativos o conflictivos, un territorio signado por déficits y carencias.
Cuando se habla del Conurbano se habla de algo que es diferente al interior de la provincia y que, claramente, es peor, más peligroso, más pobre (algo de esto ya habíamos escrito en la columna anterior). Adrián Gorelik, por su parte, afirma que entre CABA y GBA se ha consolidado “una muralla de prejuicios en la opinión pública que presenta al GBA como una suerte de Far West violento y peligroso”; como una amenaza que rodea a la capital, su antítesis. Este planteo, con algunas salvaguardas, bien puede ser aplicado al vínculo conurbano-interior. El Conurbano es una construcción indisociable de CABA y del interior, construida desde la diferencia y la distancia a pesar de ser parte de una misma metrópoli y de una misma provincia. Se conjugan en él alteridad, cercanía y amenaza. Aunque nos moleste esta imagen, aunque la consideremos injusta y equivocada, no podemos perder de vista qué imagen política y social se le construye a un votante del interior de la provincia cuando le ofrecemos conurbano.
El voto de la provincia de Buenos Aires está partido en dos: Conurbano e interior. Diversos análisis electorales lo han planteado y demostrado: tienen lógicas e identidades diferentes. En 2019 (como es costumbre) vamos a tener dos boletas fuertes. La boleta presidencial (y la municipal) puede “cubrir” el voto de un conurbano donde el papel de la gobernación es difuso; mientras, la boleta a gobernador puede interpelar a un interior que el “peronismo mayoritario” necesita recuperar para poder ganar, una interpelación que no debería desatender la tensión simbólica entre el interior y el conurbano.
Qué está en juego en las elecciones de medio término de EE.UU.
- Si los demócratas obtienen el control de la Cámara de Diputados, es posible que inicien una serie de investigaciones sobre las declaraciones de impuestos de Donald Trump, la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 y las acusaciones de acoso sexual contra el juez Brett Kavanaugh
- Si los demócratas obtienen el control de la Cámara de Diputados, esto también podría dar lugar a que se inicie un proceso de destitución contra Trump
- Si los demócratas obtienen el control del Senado, podrían bloquear nuevas designaciones de Trump a la Suprema Corte
- Si los republicanos pierden en cualquiera de las cámaras, no podrán presionar con una agenda política más conservadora, que incluya la derogación del Obamacare o nuevos recortes fiscales
- Las elecciones de este año para las legislaturas y gobernaciones estaduales influirán en gran medida en la siguiente ronda de rediseño de distritos electorales de 2021
- Si los demócratas obtienen el control de la Cámara de Diputados, esto también podría dar lugar a que se inicie un proceso de destitución contra Trump
- Si los demócratas obtienen el control del Senado, podrían bloquear nuevas designaciones de Trump a la Suprema Corte
- Si los republicanos pierden en cualquiera de las cámaras, no podrán presionar con una agenda política más conservadora, que incluya la derogación del Obamacare o nuevos recortes fiscales
- Las elecciones de este año para las legislaturas y gobernaciones estaduales influirán en gran medida en la siguiente ronda de rediseño de distritos electorales de 2021
La Legislatura porteña dejó más cerca el voto electrónico y le hackearon su web
Publicaron un texto antisistema en el sitio del ente público, que luego quedó "en mantenimiento".
La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó ayer con 49 votos a favor y 9 en contra su propio Código Electoral. Con esta normativa, el Gobierno porteño podrá, entre otras cuestiones, unificar sus elecciones con las nacionales por primera vez. Además, se delegaría la facultad de implementar avances en materia de voto electrónico a un órgano electoral a crear.
La nueva ley implica la creación de un Instituto de Gestión Electoral, un ente autárquico con la capacidad de elegir cualquier sistema de voto electrónico, potestad que cuestionan desde diversos sectores. En ese marco, esta mañana el sitio web oficial de la Legislatura porteña fue hackeado. En la sección "Comunicados" apareció un texto con el título "No al voto electrónico".
Si bien ese apartado de la web se encuentra al cierre de esta nota en "mantenimiento" se hicieron diversas capturas de pantalla del hecho que se distribuyeron en las redes sociales. Parte del mensaje en el sitio web. “Dejamos este mensaje aquí como muestra de la inseguridad del sistema de la Legislatura de la CABA (que nos permitió acceder a la base de datos completa, incluyendo todas las contraseñas de los legisladores y sus asesores), con la esperanza de que les sirva para darse cuenta de que todo sistema informático es vulnerable, y será vulnerado”, se expresó en uno de los tramos del texto. El oficialismo defiende desde hace años la implementación del voto electrónico.
En los comicios de 2015, cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno porteño se aplicó el sistema de la Boleta Única Electrónica (BUE) en la ciudad de Buenos Aires, que permitió seleccionar los candidatos en una pantalla táctil, imprimir la boleta con la opción elegida y depositarla en la urna. Las máquinas no guardaron información, sólo imprimieron el voto y lo registran en un chip. No obstante, ya en ese momento se cuestionó aplicar un sistema electrónico en unas elecciones. Ahora con su propio Código Electoral, Capital Federal está un paso más cerca de implementar el voto electrónico. B.D.N.
Magario ya habla como candidata: "En 2019 vamos a revertir la historia"
En el homenaje a Néstor Kirchner, dijo que Vidal es insensible y que el año que viene "vamos a hacer una provincia para todos los bonaerenses". Estuvo acompañada de intendentes.
La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, hizo un fuerte pronunciamiento electoral durante el homenaje por el octavo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. La jefa comunal, que ya fue ungida por algunos de sus pares como posible candidata a la gobernación bonaerense, sostuvo que "hoy no se ven obras, están parados los hospitales y en la provincia de Buenos Aires no se pone para nuestra gente".
Magario fue una de las oradoras del homenaje que organizó junto al diputado nacional Fernando Espinoza para recordar la figura del ex presidente Néstor Kirchner al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte. En el escenario montado en el Club Deportivo y Social Almafuerte, ubicado en Villa Palito, La Matanza, la intendenta hizo un llamamiento de corte electoral al remarcar que "el '19 viene llegando y el '19 vamos a revertir la historia porque vamos a hacer una argentina para todos los argentinos y una provincia para todos los bonaerenses".
En tanto, el diputado nacional Fernando Espinoza destacó que “hoy Néstor está más presente que nunca" y recordó que "dijo que no iba a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada y no lo hizo, las sostuvo hasta el día de su muerte”.
El ex intendente de La Matanza sostuvo, con relación a las políticas llevadas adelante por el exmandatario nacional, que “hoy más que nunca tenemos que seguir su legado, que fue la contracara de lo que está haciendo Cambiemos, volviendo al Fondo Monetario Internacional, sometiendo al país a intereses extranjeros y endeudándolo para la especulación financiera”.
La intendenta estuvo acompañada por varios intendentes peronistas que tienen anclaje tanto en el conurbano bonaerense como en el interior. Mientras pronunciaba su enfático discurso, aplaudían a su lado Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Leo Nardini (Malvinas Argentinas), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Juani Ustarroz (Mercedes), Juan Zabaleta (Hurlingham), Alberto Descalzo(Ituzaingó) y Marcelo Santillán (Gonzalez Chávez).
El propio Ferraresi había sido quien nombró a Magario como posible candidata del peronismo para pelear la gobernación en 2019. Semanas atrás el intendente de Avellaneda sostenía: “a mí me gusta Verónica (Magario) para la provincia; es buena candidata". Sin embargo, otros trece intendentes le habían pedido a Insaurralde en junio de este año que se anime a ser candidato a gobernador por el peronismo. Un ofrecimiento que el lomense por ahora le esquiva, ya que pretende enfocar en su municipio. El tiempo pasó y todo pareciera encarrilar hacia Magario.
Este sábado la intendenta confrontó no solo con Macri si no también con Vidal. "En esta argentina de hoy hay un presidente que mira al costado y una gobernadora insensible", dijo Magario.
"Vamos a recuperar los derechos de nuestros pueblo y vamos a bailar pero de alegría. Quiero pedirle a todos los que están acá en este lugar tan simbólico que no solo no bajemos los brazos sino que además mostremos lo que sucede", sostuvo.
En esta línea de "mostrar lo que sucede", explicó que "aquí en La Matanza donde hubo derecho para cada uno de los chicos, ahora nos generan el elefante de la Universidad, no quieren salud, educación ni derechos para nuestros pibes".
"Les pido que demos este paso porque despacito, despacito vamos a llegar al futuro. Néstor vive, Cristina está presente para dar esa lucha y vos Máximo - le dijo- también tenés que acompañarla", cerró.
Magario fue aplaudida no solo por los intendentes presentes. En el escenario también se ubicaron legisladores provinciales de los dos bloques que tiene el peronismo en la Legislatura bonaerense. La bancada de Unidad Ciudadana por un lado y del bloque PJ Unidad y Renovación por el otro. Todos estuvieron juntos y el acto se leyó en sintonía con la última gran jornada que celebró el PJ bonaerense el pasado 17 de octubre, con motivo del Día de la Lealtad que se celebró en el distrito de Merlo.
Sin embargo, esa unidad quedará explícitamente cerrada -o no- con lo que será la votación del Presupuesto bonaerense 2019. En diálogo con este medio, Ferraresi había advertido que quienes acompañen la ley que la gobernadora María Eugenia Vidal girará a la Legislatura "no tendrá nada que ver con nuestro proyecto".
Trump’s approval ratings so far are unusually stable – and deeply partisan
President Trump during his speech at the “Make America Great Again Rally” at the Florida State Fairgrounds Expo Hall in Tampa on July 31. (Joe Raedle/Getty Images)
Over the course of an eventful first 18 months in office, President Donald Trump’s approval ratings have remained remarkably stable. There has also been a wider gap between Republicans’ and Democrats’ views of Trump than for any other U.S. president in the modern era of polling.
Four-in-ten Americans approve of Trump’s job performance while 54% say they disapprove, according to a Pew Research Center survey in June. Trump’s approval ratings have hardly moved in surveys conducted by the Center this year, and his current rating is nearly identical to the 39% who said they approved of his performance in February 2017, shortly after his inauguration.
Trump’s steady ratings early in his tenure are unique among recent presidents. And while his ratings are also the most polarized along party lines, this divide represents a continuation of a trend seen in assessments of recent presidents, including Barack Obama and George W. Bush.
An average of 84% of Republicans say they approve of Trump’s job performance, compared with an average of just 7% of Democrats, according to Pew Research Center data collected over the past year and a half. This 77-percentage-point gap is even larger than the partisan divides seen in average ratings of Obama (67 points) and Bush (58 points) during their presidencies. (A Pew Research Center report last year documented the parallel growing partisan divide in political values that has occurred over the past decade.) The growing partisan gap in assessments of U.S. presidents has been driven by more negative ratings among members of the party that’s out of the White House. The 7% of Democrats who approve of Trump is lower than the 14% of Republicans who approved of Obama and the 23% of Democrats who approved of Bush during their respective administrations. Out-party ratings of the president were higher in previous decades. For example, an average 31% of Democrats approved of Ronald Reagan’s job performance.
Trump’s support among Republicans is comparable to the ratings other presidents have received from members of their own party. The 84% of Republicans who approve of the job Trump is doing is similar to the 81% of Democrats who approved of Obama’s job performance over the course of his administration and the 81% of Republicans who approved of Bush during his two terms.
Approval ratings have fluctuated for other recent presidents
Looking at approval ratings from individual surveys over time, the trajectory of Trump’s ratings during his first term differs from those of his recent predecessors. Trump began his administration with assessments far lower (39% approval) than those of other recent presidents at the outset of their administrations, including Obama (64% approval) and George W. Bush (53% approval). While Trump’s ratings today are about the same as they were 18 months ago, other presidents saw far more change.
Approval ratings for Obama, Bill Clinton and Reagan all moved lower during their first two years in office, and by December of their second years, their ratings were in the low-to-mid 40s.
Bush’s approval ratings moved sharply higher in September of his first year – they reached 86% in the wake of the 9/11 terrorist attacks – before beginning to steadily decline. George H.W. Bush also saw his approval ratings improve in his first year before they turned lower and closed his second year in office about where they had started.
Trump’s approval rating is 8 percentage points lower than Obama’s was in June 2010 (40% vs. 48%) – a much smaller difference than was seen at earlier stages of their respective presidencies.
The share of the public approving of Trump’s job performance is not very different from the share approving of Clinton (42%) or Reagan (44%) 18 months into their administrations. However, Trump’s disapproval rating at this point is higher than both of these predecessors: 54% disapprove of Trump’s handling of the job, compared with 44% who said this of Clinton in June 1994 and 46% who disapproved of Reagan’s handling of the job in June 1982. (Fewer Americans say they “don’t know” how to rate Trump’s job performance at this point in his presidency than said the same thing at similar points for most of his predecessors.)
How Trump is seen by partisan ‘leaners’
Trump’s approval rating is broadly positive among independents who say they lean toward the Republican Party, though not quite as high as among self-identified Republicans. Through Trump’s first year and a half in office, an average of 71% of Republican leaners approve of his job performance, compared with 84% of Republican identifiers. This is broadly similar to patterns in past administrations: During Obama’s time in office, an average of 81% of Democrats approved of how he handled his job, compared with 72% of Democratic leaners. An average of 81% of self-identified Republicans approved of George W. Bush’s job performance, compared with 70% of those who identified as GOP leaners.
Very small shares of both Democrats (7%) and Democratic-leaning independents (8%) say they approve of Trump. Similarly, Democratic leaners’ views of George W. Bush closely tracked the views of Democrats during his presidency. For both Obama and Clinton, Republican leaners were modestly more positive in their ratings than GOP identifiers. Across individual surveys fielded since he took office, Trump’s approval rating has been largely stable among Republicans, Republican leaners, Democrats and Democratic leaners alike.
Emerging Markets Don't Control Their Own Destiny
Their fate is in the hands of big central banks. So much for the "decline of the West."
by
Daniel Moss
It still doesn't pay to buck the Fed.
For all the hype about the decline of the West, it still largely controls whether emerging markets thrive or suffer.
The broad global pick-up in growth this year propelled emerging markets toward the biggest gains in stocks and currencies in almost a decade. China's debt binge did add ballast to the global expansion, and the country's neighbors are vulnerable to any sudden blow-up there, as implausible as it is. (A gradual unwinding, guided by the state, seems more likely.)
But in a year cluttered with commentary about the retreat of the U.S. and the contentious divorce proceedings between Britain and the EU, it's worth remembering that in some arenas the Old still punches way above its weight relative to the New. The withdrawal of monetary accommodation in the U.S. and the euro zone enters a new phase in 2018, and how that plays out will matter far more than anything emerging markets do themselves. Even Japan may begin easing up on liquidity.
The Fed is further ahead than anyone. Unlike in past Fed interest-rate cycles, big emerging market countries like Indonesia and Brazil have been able cut borrowing costs. That's partly because inflation has been relatively low, and also because the Fed's actions have been predictable; forward guidance has been a reliable script. Here's the risk: What if the Fed feels it needs to be more aggressive in 2018 than indicated, because unemployment gets so low that wages and inflation pick up?
Emerging markets can probably handle four Fed hikes next year, rather than the three indicated by the celebrated "dot plot." The tension is that four aren't priced by investors. Some models even show less than two steps baked in. A shift in pricing could spell volatility in emerging market assets, says Luis Oganes, head of global emerging market research at JPMorgan. Things might start to get hairy if the Fed has to again do more in 2019.
The European Central Bank is on track to end quantitative easing in September. It doesn't say that baldly, only that the current whittled-down program of 30 billion euros a month runs until September. But you can't be as optimistic as Mario Draghi was last week, and then say you need more QE beyond the current horizon. It's a gradual phasing out, but when it ends, a chapter in monetary history is over.
Japan, for one, seems closer to the end of QE than to the beginning, even if no immediate cutoff is likely.
The second big threat to EM also originates in the developed world. And it just wouldn't be December 2017 without mentioning bitcoin or the flattening U.S. yield curve, right? The yield curve gets the prize. While its record as a predictor of recession isn't perfect, it might be telling us something is amiss. There is little indication from elsewhere that a recession is approaching. Something to watch, cautions Oganes, is whether the curve points to reduced lending appetite from banks, which would in turn erode credit supply and constrain growth.
Political risks are scattered through individual countries, principally elections, though not on a level that is likely to prove systemic. Elections in Mexico and Brazil top the list. On the former, left-wing populist Andres Manuel Lopez Obrador is ahead in most opinion polls, and some of his positions are hard for investors to stomach. That said, Lopez Obrador is trying to placate critics. He's made several visits to New York recently and this month said he would name Carlos Urzua as finance minister if he wins. Urzua is a former finance minister of Mexico City and well respected. Lopez Obrador may be less of a revolutionary than investors fear.
Then again, perhaps politics doesn't matter so much anyway. After all, 12 months ago one of the most-cited risks was that Donald Trump would start a trade war and that globalization was dead. Either of those would have gravely wounded emerging market assets.
Good thing the developed world central banks are really running things. China and India are rising, but can't yet bend the financial world to their will consistently. It still doesn't pay to fight the Fed.
by
Daniel Moss
It still doesn't pay to buck the Fed.
For all the hype about the decline of the West, it still largely controls whether emerging markets thrive or suffer.
The broad global pick-up in growth this year propelled emerging markets toward the biggest gains in stocks and currencies in almost a decade. China's debt binge did add ballast to the global expansion, and the country's neighbors are vulnerable to any sudden blow-up there, as implausible as it is. (A gradual unwinding, guided by the state, seems more likely.)
But in a year cluttered with commentary about the retreat of the U.S. and the contentious divorce proceedings between Britain and the EU, it's worth remembering that in some arenas the Old still punches way above its weight relative to the New. The withdrawal of monetary accommodation in the U.S. and the euro zone enters a new phase in 2018, and how that plays out will matter far more than anything emerging markets do themselves. Even Japan may begin easing up on liquidity.
The Fed is further ahead than anyone. Unlike in past Fed interest-rate cycles, big emerging market countries like Indonesia and Brazil have been able cut borrowing costs. That's partly because inflation has been relatively low, and also because the Fed's actions have been predictable; forward guidance has been a reliable script. Here's the risk: What if the Fed feels it needs to be more aggressive in 2018 than indicated, because unemployment gets so low that wages and inflation pick up?
Emerging markets can probably handle four Fed hikes next year, rather than the three indicated by the celebrated "dot plot." The tension is that four aren't priced by investors. Some models even show less than two steps baked in. A shift in pricing could spell volatility in emerging market assets, says Luis Oganes, head of global emerging market research at JPMorgan. Things might start to get hairy if the Fed has to again do more in 2019.
The European Central Bank is on track to end quantitative easing in September. It doesn't say that baldly, only that the current whittled-down program of 30 billion euros a month runs until September. But you can't be as optimistic as Mario Draghi was last week, and then say you need more QE beyond the current horizon. It's a gradual phasing out, but when it ends, a chapter in monetary history is over.
Japan, for one, seems closer to the end of QE than to the beginning, even if no immediate cutoff is likely.
The second big threat to EM also originates in the developed world. And it just wouldn't be December 2017 without mentioning bitcoin or the flattening U.S. yield curve, right? The yield curve gets the prize. While its record as a predictor of recession isn't perfect, it might be telling us something is amiss. There is little indication from elsewhere that a recession is approaching. Something to watch, cautions Oganes, is whether the curve points to reduced lending appetite from banks, which would in turn erode credit supply and constrain growth.
Political risks are scattered through individual countries, principally elections, though not on a level that is likely to prove systemic. Elections in Mexico and Brazil top the list. On the former, left-wing populist Andres Manuel Lopez Obrador is ahead in most opinion polls, and some of his positions are hard for investors to stomach. That said, Lopez Obrador is trying to placate critics. He's made several visits to New York recently and this month said he would name Carlos Urzua as finance minister if he wins. Urzua is a former finance minister of Mexico City and well respected. Lopez Obrador may be less of a revolutionary than investors fear.
Then again, perhaps politics doesn't matter so much anyway. After all, 12 months ago one of the most-cited risks was that Donald Trump would start a trade war and that globalization was dead. Either of those would have gravely wounded emerging market assets.
Good thing the developed world central banks are really running things. China and India are rising, but can't yet bend the financial world to their will consistently. It still doesn't pay to fight the Fed.
Is Hillary Clinton secretly planning to run in 2020?
By Michael Goodwin
Getty Images for The Women's Forum of New York
The messages convey a sense of urgency, and are coming with increasing frequency. They are short, focused reactions to the latest “outrage” committed by President Trump.
Some end by asking for money, some urge participation in protests. All read as if they are sent from the official headquarters of the resistance.
Hillary Clinton is up to something.
Five times in the last month alone, she sent emails touting her super PAC’s role in combating President Trump. Most seized on headline events, such as the family separation issue at the southern border.
Under the message line, “horrific,” she wrote June 18: “This is a moral and humanitarian crisis. Everyone of us who has ever held a child in their arms, and every human being with a sense of compassion and decency should be outraged.” She said she warned about Trump’s immigration policies during the 2016 campaign.
Three days later, she was back again, saying that her group, Onward Together, raised $1 million and would split it among organizations working to change border policy, including the American Civil Liberties Union and a gaggle of immigrant, refugee, Latino and women’s groups.
And the day after Supreme Court Justice Anthony Kennedy announced his retirement, Clinton introduced a newly minted resistance partner. Called Demand Justice, it promises to protect “reproductive rights, voting rights and access to health care” by keeping Senate Democrats united in opposing any conservative Trump nominee.
The instant, in-house nature of Demand Justice was reflected by the name of its executive director: Brian Fallon, Clinton’s campaign press secretary.
In truth, Fallon’s role doesn’t tell us something we didn’t know. Onward Together, formed in May 2017, is a Clinton 2020 campaign vehicle in waiting.
Its homepage says the group “is dedicated to advancing the vision that earned nearly 66 million votes in the last election.”
Advancing the vision? More like advancing the candidate who collected those votes despite not having a vision.
With the Democratic Party locked in a battle between its far left wing and its far, far left wing, no single leader has emerged to unite it. Clinton is trying to play that role by being a mother hen to the fledgling activists drawn to politics by their hatred of Trump.
If they were active in 2016, they most probably supported Bernie Sanders in his primary challenge to Clinton. But by helping to fund them now, she is putting them in her debt for later.
Ah, but will she need their support later? Is she really going to make a third run for the White House?
Not long ago, I told a group of friends, all liberal Dems, that I believed she was keeping open the possibility of a rematch against Trump, and might already have decided to run.
It was unanimous — they were horrified. “I would not give her a single cent,” one man, formerly a big donor to Clinton, said emphatically.
Their reasons are no surprise: Her moment has passed, she was a terrible candidate and her endless claims of victimhood are tiring rather than inspiring. It’s time to find new blood.
Those assessments are unassailable, and certainly are shared by the 20 or so Dems lining up to take their shot at the nomination.
Moreover, there isn’t any clamoring for another Clinton run in Hollywood or other leftist hotbeds. They want a new blockbuster, not a sequel to failure.
So she’s toast, right? Maybe.
On the other hand, the odds are zero that she is playing community organizer just to be a kingmaker. When it comes to money and power, the Clintons assume charity begins at home.
Here’s how I believe she sees the playing field, and why she can’t be ignored.
First, because there’s no clear front-runner for the nomination 18 months into Trump’s presidency, Clinton remains the closest thing to an incumbent. She’s also got numerous advantages, from name recognition to campaign experience to an off-the-shelf cabinet, that could give her a head start.
Second, a crowded, diverse field diminishes the chances of anyone knocking her off. Recall how Trump outlasted 16 GOP rivals by having a committed core of supporters that grew as the field shrank. Clinton could be in a similar position — unpopular among many, but also unbeatable by a single opponent.
Third, looking ahead to the 2020 primaries, she sees no reason to fear the favorite daughters and sons in key blue states. She would almost certainly beat Sen. Kamala Harris in California, Sen. Cory Booker in New Jersey and Gov. Andrew Cuomo in New York.
And please — forget Sanders and Joe Biden. Sanders is already 76 and Biden, at 75, has never been a viable candidate for president and still isn’t.
Fourth, money is not an issue. Some donors will resist Clinton at first, but any Dem nominee can count on all the money in the world to run against Trump.
To be clear, there are scenarios where Clinton doesn’t run. Health reasons, for example, or a younger rival could rocket to the top of the pack and become the party’s next Barack Obama. Either way, recurring nightmares of two previous defeats would send her back to wandering through the Chappaqua woods.
For now, I am convinced Clinton wants to go for it. Doubters should recall the line about pols who get the presidential itch: There are only two cures — election or death.
Besides, the third time could be the charm.
The Empire State of anarchy
For their next trick, will New York Dems try to secede from the United States?
First, Gov. Andrew Cuomo proposed cockamamie schemes to avoid new federal limits on state and local tax deductions. Now Manhattan Assemblyman Richard Gottfried fantasizes about a “workaround” for the Supreme Court ruling that allows municipal workers to skip union fees.
Remember way back when Dems warned Donald Trump would not accept the election results if he lost? Well …
Doth protest too much
Most immigrants are grateful for the opportunity and freedom they find in America. Then there is Therese Patricia Okoumou.
An immigrant from the Democratic Republic of the Congo, where civil war is endless and where protesters are shot, the 44-year-old Okoumou caused visitors to be evacuated from Liberty Island on July 4th when she climbed the base of Lady Liberty to protest American immigration policies.
She was also arrested in a demonstration last year. In 2011, she was hit with $4,500 in fines after illegally posting ads for services as a personal trainer, The Post reports.
Since America isn’t up to her standards, Okoumou should try another country. Perhaps a return to her homeland would make her happy.
Hot-dogged competitor
The stomach-turning quote of the week comes from Joey Chestnut, the Nathan’s July 4th hot-dog-eating champ. Judges initially ruled he ate 64 dogs in 10 minutes, but Chestnut knew he had eaten 10 more.
“At the end,” he said, “I knew I’m at 74 — 64 feels a lot different in the stomach than 74.”
Getty Images for The Women's Forum of New York
The messages convey a sense of urgency, and are coming with increasing frequency. They are short, focused reactions to the latest “outrage” committed by President Trump.
Some end by asking for money, some urge participation in protests. All read as if they are sent from the official headquarters of the resistance.
Hillary Clinton is up to something.
Five times in the last month alone, she sent emails touting her super PAC’s role in combating President Trump. Most seized on headline events, such as the family separation issue at the southern border.
Under the message line, “horrific,” she wrote June 18: “This is a moral and humanitarian crisis. Everyone of us who has ever held a child in their arms, and every human being with a sense of compassion and decency should be outraged.” She said she warned about Trump’s immigration policies during the 2016 campaign.
Three days later, she was back again, saying that her group, Onward Together, raised $1 million and would split it among organizations working to change border policy, including the American Civil Liberties Union and a gaggle of immigrant, refugee, Latino and women’s groups.
And the day after Supreme Court Justice Anthony Kennedy announced his retirement, Clinton introduced a newly minted resistance partner. Called Demand Justice, it promises to protect “reproductive rights, voting rights and access to health care” by keeping Senate Democrats united in opposing any conservative Trump nominee.
The instant, in-house nature of Demand Justice was reflected by the name of its executive director: Brian Fallon, Clinton’s campaign press secretary.
In truth, Fallon’s role doesn’t tell us something we didn’t know. Onward Together, formed in May 2017, is a Clinton 2020 campaign vehicle in waiting.
Its homepage says the group “is dedicated to advancing the vision that earned nearly 66 million votes in the last election.”
Advancing the vision? More like advancing the candidate who collected those votes despite not having a vision.
With the Democratic Party locked in a battle between its far left wing and its far, far left wing, no single leader has emerged to unite it. Clinton is trying to play that role by being a mother hen to the fledgling activists drawn to politics by their hatred of Trump.
If they were active in 2016, they most probably supported Bernie Sanders in his primary challenge to Clinton. But by helping to fund them now, she is putting them in her debt for later.
Ah, but will she need their support later? Is she really going to make a third run for the White House?
Not long ago, I told a group of friends, all liberal Dems, that I believed she was keeping open the possibility of a rematch against Trump, and might already have decided to run.
It was unanimous — they were horrified. “I would not give her a single cent,” one man, formerly a big donor to Clinton, said emphatically.
Their reasons are no surprise: Her moment has passed, she was a terrible candidate and her endless claims of victimhood are tiring rather than inspiring. It’s time to find new blood.
Those assessments are unassailable, and certainly are shared by the 20 or so Dems lining up to take their shot at the nomination.
Moreover, there isn’t any clamoring for another Clinton run in Hollywood or other leftist hotbeds. They want a new blockbuster, not a sequel to failure.
So she’s toast, right? Maybe.
On the other hand, the odds are zero that she is playing community organizer just to be a kingmaker. When it comes to money and power, the Clintons assume charity begins at home.
Here’s how I believe she sees the playing field, and why she can’t be ignored.
First, because there’s no clear front-runner for the nomination 18 months into Trump’s presidency, Clinton remains the closest thing to an incumbent. She’s also got numerous advantages, from name recognition to campaign experience to an off-the-shelf cabinet, that could give her a head start.
Second, a crowded, diverse field diminishes the chances of anyone knocking her off. Recall how Trump outlasted 16 GOP rivals by having a committed core of supporters that grew as the field shrank. Clinton could be in a similar position — unpopular among many, but also unbeatable by a single opponent.
Third, looking ahead to the 2020 primaries, she sees no reason to fear the favorite daughters and sons in key blue states. She would almost certainly beat Sen. Kamala Harris in California, Sen. Cory Booker in New Jersey and Gov. Andrew Cuomo in New York.
And please — forget Sanders and Joe Biden. Sanders is already 76 and Biden, at 75, has never been a viable candidate for president and still isn’t.
Fourth, money is not an issue. Some donors will resist Clinton at first, but any Dem nominee can count on all the money in the world to run against Trump.
To be clear, there are scenarios where Clinton doesn’t run. Health reasons, for example, or a younger rival could rocket to the top of the pack and become the party’s next Barack Obama. Either way, recurring nightmares of two previous defeats would send her back to wandering through the Chappaqua woods.
For now, I am convinced Clinton wants to go for it. Doubters should recall the line about pols who get the presidential itch: There are only two cures — election or death.
Besides, the third time could be the charm.
The Empire State of anarchy
For their next trick, will New York Dems try to secede from the United States?
First, Gov. Andrew Cuomo proposed cockamamie schemes to avoid new federal limits on state and local tax deductions. Now Manhattan Assemblyman Richard Gottfried fantasizes about a “workaround” for the Supreme Court ruling that allows municipal workers to skip union fees.
Remember way back when Dems warned Donald Trump would not accept the election results if he lost? Well …
Doth protest too much
Most immigrants are grateful for the opportunity and freedom they find in America. Then there is Therese Patricia Okoumou.
An immigrant from the Democratic Republic of the Congo, where civil war is endless and where protesters are shot, the 44-year-old Okoumou caused visitors to be evacuated from Liberty Island on July 4th when she climbed the base of Lady Liberty to protest American immigration policies.
She was also arrested in a demonstration last year. In 2011, she was hit with $4,500 in fines after illegally posting ads for services as a personal trainer, The Post reports.
Since America isn’t up to her standards, Okoumou should try another country. Perhaps a return to her homeland would make her happy.
Hot-dogged competitor
The stomach-turning quote of the week comes from Joey Chestnut, the Nathan’s July 4th hot-dog-eating champ. Judges initially ruled he ate 64 dogs in 10 minutes, but Chestnut knew he had eaten 10 more.
“At the end,” he said, “I knew I’m at 74 — 64 feels a lot different in the stomach than 74.”
La generación Z desbanca a los ‘millennials’
Han crecido con los móviles inteligentes y con la recesión. Los estudios muestran que los nacidos a partir de 1996 son menos rebeldes y más tolerantes e inclusivos
Concierto el 3 de agosto en el festival Arenal Sound de Burriana, Castellón. En vídeo: Cómo es la Generación Z.
A los adolescentes se les sigue etiquetando como millennials, aunque hace años que dejaron de serlo. Los nacidos a partir de 1996 pertenecen a otra generación. Forman parte de la iGen, la Generación Z o simplemente puede decirse que son posmillennials. Aunque sus inmediatos antecesores generacionales son todavía jóvenes, entre unos y otros podemos encontrar diferencias: los adolescentes de hoy son la generación de la crisis y del smartphone.
Es un tópico decirlo, pero los posmillennials son los primeros que se han criado con Internet. En España la mayoría de ellos tiene móvil desde los 11 años y usan las redes sociales ya en la adolescencia: están siempre hablando aunque no pronuncien ni una palabra. Según un estudio de Ipsos en Reino Unido, dedican 22 horas a la semana a comunicarse, 7 más que los millennials. Nadie sabe qué implicaciones tendrá en el futuro haber crecido siempre conectados, pero cuesta pensar que sea irrelevante.
El otro hito que define a la nueva generación es la recesión económica. Si para los millennials la crisis fue una sorpresa, para los posmillennials ha sido el paisaje que, en lugar de truncar sus expectativas, les dio forma. Es posible que su experiencia de la crisis esté haciéndolos más responsables: “Se dan cuenta de que van a tener que trabajar duro”, explica la catedrática de psicología en la Universidad de San Diego, Jean Twenge, en su libro iGen.
Discuten menos con sus padres por dormir fuera, beber o salir hasta tarde y se meten en menos peleas
En España el 96% de los adolescentes dice que el trabajo es “un aspecto importante de la vida”, según un estudio de la Fundación SM. Además, los adolescentes dan hoy más valor a la formación académica que hace 10 años, se sienten más apoyados por los profesores, les gusta el colegio y creen que allí se dicen cosas importantes.
También son más familiares. “Los chicos y chicas están felices en casa”, dice al teléfono María Carmen Moreno, catedrática de psicología de la Universidad de Sevilla y directora en España del estudio sobre conductas saludables en jóvenes escolarizados HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children) promovido por la Organización Mundial de la Salud. Moreno añade una explicación a la paz doméstica de los iGen: “La brecha entre padres e hijos se ha reducido. Se comunican mejor. Además, el deseo de independencia es menor y les llega de otra manera”.
Otra de las características menos publicitadas de los posmillennials es que son menos rebeldes, en el mejor sentido posible. Cuando miramos las estadísticas, lo que vemos es que los adolescentes se meten en menos peleas, delinquen menos, fuman menos y beben menos. Según los datos del Plan Nacional sobre Drogas, desde 1996 los adolescentes que fuman a diario han pasado del 22% al 9%. Se reduce el consumo de cannabis, cocaína y otras drogas como el éxtasis, las anfetaminas o los alucinógenos. Desde 2010, también baja el consumo de alcohol. Los jóvenes se emborrachan menos y es más raro que beban todas las semanas, según el ya citado estudio HBSC.
Los adolescentes salen menos de noche. Solo el 25% sale casi todos los fines de semana, mientras que en 1999 eran el 64%, según datos de la Fundación SM. También estos jóvenes vuelven hoy a casa más temprano que generaciones anteriores a su edad y discuten menos con sus padres por dormir fuera, beber o salir hasta tarde. Para explicar estas tendencias, Jean Twenge apunta a los smartphones: es menos imperioso pasar tiempo en la calle cuando puedes contactar con tus amigos desde tu cuarto.
Los adolescentes dan hoy más valor a la formación académica y a los estudios que hace 10 años
Pero no todo son buenas noticias. Entre los adolescentes estadounidenses se ha observado que aumentan los síntomas de estrés, depresión y ansiedad. También ocurre en España: “Las tasas de sintomatología depresiva e ideación suicida son más altas que hace unos años”, dice José Pedro Espada, catedrático de tratamientos psicológicos en la Universidad Miguel Hernández. Determinar las causas de estos problemas emocionales ha generado un enorme debate. Algunos expertos sospechan y señalan a las pantallas y las redes sociales, pero otros son menos alarmistas.
Una revisión de la literatura al respecto realizada por Unicef concluyó que abusar de los dispositivos digitales puede tener un “pequeño impacto negativo”, mientras que un uso moderado puede ser positivo. Además, está la huella de la crisis económica, que puede ser otra fuente de problemas. Es posible que los jóvenes se sientan más presionados por los estudios, que la incertidumbre del futuro les agobie o que estén reflejando la tensión que han visto en sus casas: “Los adolescentes con más estrés son los que viven en hogares donde falta el empleo”, dice la profesora Moreno. “Sobre todo aquellos en los que padre y madre están desempleados o cuando es la madre quien trabaja y el padre no”.
La conducta de los posmillennials tiene un punto paradójico: aunque ellos se sienten escrutados, en el colegio o en Instagram, renuncian a juzgar a los demás. Puede que esto acabe por hacerles más inseguros, pero hay señales de que también les hace ser tolerantes y especialmente inclusivos.
El informe de Ipsos sobre la nueva generación destaca que tienen un concepto “cada vez más fluido” y menos estanco de sí mismos. No es solo que no encajen en las etiquetas, sino que parecen rechazarlas a propósito. Como ejemplo suelen mencionarse los datos sobre la orientación sexual: el 60% de los jóvenes británicos de 15 y 16 años cree que la sexualidad es una escala. Como apunta Espada: “En mayor medida que hace unos años tienden a colocarse en puntos intermedios. No tienen una concepción tan categórica y firme de su orientación sexual”.
La cultura de la diversidad racial y sexual no es un coto exclusivo de los posmillennials. Occidente vive un momento feminista que denuncia y se rebela ante el poder patriarcal, e influye que EE UU —y su potente producción cultural— subraya cada vez más la diversidad. Internet, de nuevo, podría estar amplificando esa tendencia entre los adolescentes: es más fácil ser quien eres hoy sin sentirte marginado, aunque en tu escuela pertenezcas a una minoría, porque encuentras que hay gente parecida a ti en Netflix y YouTube.
Es importante, no obstante, evitar exagerar las diferencias entre generaciones. No es como si de la noche a la mañana los niños se despertasen y parecieran llegados de otro planeta. También es absurdo pensar que nuestra fecha de nacimiento nos define con más fuerza que la clase social o el lugar donde nacemos; o creer que una caricatura generacional describe a millones de personas como si fuesen un ejército de clones.
Y sin embargo, estudiar generaciones es útil, porque es una buena forma de ver el futuro. Si se entiende a los adolescentes, aunque sea mínimamente, se pueden empezar a hacer algunas predicciones. Porque aunque el mundo nunca cambia tanto como querían los jóvenes cuando lo eran, los cambios casi siempre llegan en la dirección que ellos señalaban.
Concierto el 3 de agosto en el festival Arenal Sound de Burriana, Castellón. En vídeo: Cómo es la Generación Z. A los adolescentes se les sigue etiquetando como millennials, aunque hace años que dejaron de serlo. Los nacidos a partir de 1996 pertenecen a otra generación. Forman parte de la iGen, la Generación Z o simplemente puede decirse que son posmillennials. Aunque sus inmediatos antecesores generacionales son todavía jóvenes, entre unos y otros podemos encontrar diferencias: los adolescentes de hoy son la generación de la crisis y del smartphone.
Es un tópico decirlo, pero los posmillennials son los primeros que se han criado con Internet. En España la mayoría de ellos tiene móvil desde los 11 años y usan las redes sociales ya en la adolescencia: están siempre hablando aunque no pronuncien ni una palabra. Según un estudio de Ipsos en Reino Unido, dedican 22 horas a la semana a comunicarse, 7 más que los millennials. Nadie sabe qué implicaciones tendrá en el futuro haber crecido siempre conectados, pero cuesta pensar que sea irrelevante.
El otro hito que define a la nueva generación es la recesión económica. Si para los millennials la crisis fue una sorpresa, para los posmillennials ha sido el paisaje que, en lugar de truncar sus expectativas, les dio forma. Es posible que su experiencia de la crisis esté haciéndolos más responsables: “Se dan cuenta de que van a tener que trabajar duro”, explica la catedrática de psicología en la Universidad de San Diego, Jean Twenge, en su libro iGen.
Discuten menos con sus padres por dormir fuera, beber o salir hasta tarde y se meten en menos peleas
En España el 96% de los adolescentes dice que el trabajo es “un aspecto importante de la vida”, según un estudio de la Fundación SM. Además, los adolescentes dan hoy más valor a la formación académica que hace 10 años, se sienten más apoyados por los profesores, les gusta el colegio y creen que allí se dicen cosas importantes.
También son más familiares. “Los chicos y chicas están felices en casa”, dice al teléfono María Carmen Moreno, catedrática de psicología de la Universidad de Sevilla y directora en España del estudio sobre conductas saludables en jóvenes escolarizados HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children) promovido por la Organización Mundial de la Salud. Moreno añade una explicación a la paz doméstica de los iGen: “La brecha entre padres e hijos se ha reducido. Se comunican mejor. Además, el deseo de independencia es menor y les llega de otra manera”.
Otra de las características menos publicitadas de los posmillennials es que son menos rebeldes, en el mejor sentido posible. Cuando miramos las estadísticas, lo que vemos es que los adolescentes se meten en menos peleas, delinquen menos, fuman menos y beben menos. Según los datos del Plan Nacional sobre Drogas, desde 1996 los adolescentes que fuman a diario han pasado del 22% al 9%. Se reduce el consumo de cannabis, cocaína y otras drogas como el éxtasis, las anfetaminas o los alucinógenos. Desde 2010, también baja el consumo de alcohol. Los jóvenes se emborrachan menos y es más raro que beban todas las semanas, según el ya citado estudio HBSC.
Los adolescentes salen menos de noche. Solo el 25% sale casi todos los fines de semana, mientras que en 1999 eran el 64%, según datos de la Fundación SM. También estos jóvenes vuelven hoy a casa más temprano que generaciones anteriores a su edad y discuten menos con sus padres por dormir fuera, beber o salir hasta tarde. Para explicar estas tendencias, Jean Twenge apunta a los smartphones: es menos imperioso pasar tiempo en la calle cuando puedes contactar con tus amigos desde tu cuarto.
Los adolescentes dan hoy más valor a la formación académica y a los estudios que hace 10 años
Pero no todo son buenas noticias. Entre los adolescentes estadounidenses se ha observado que aumentan los síntomas de estrés, depresión y ansiedad. También ocurre en España: “Las tasas de sintomatología depresiva e ideación suicida son más altas que hace unos años”, dice José Pedro Espada, catedrático de tratamientos psicológicos en la Universidad Miguel Hernández. Determinar las causas de estos problemas emocionales ha generado un enorme debate. Algunos expertos sospechan y señalan a las pantallas y las redes sociales, pero otros son menos alarmistas.
Una revisión de la literatura al respecto realizada por Unicef concluyó que abusar de los dispositivos digitales puede tener un “pequeño impacto negativo”, mientras que un uso moderado puede ser positivo. Además, está la huella de la crisis económica, que puede ser otra fuente de problemas. Es posible que los jóvenes se sientan más presionados por los estudios, que la incertidumbre del futuro les agobie o que estén reflejando la tensión que han visto en sus casas: “Los adolescentes con más estrés son los que viven en hogares donde falta el empleo”, dice la profesora Moreno. “Sobre todo aquellos en los que padre y madre están desempleados o cuando es la madre quien trabaja y el padre no”.
La conducta de los posmillennials tiene un punto paradójico: aunque ellos se sienten escrutados, en el colegio o en Instagram, renuncian a juzgar a los demás. Puede que esto acabe por hacerles más inseguros, pero hay señales de que también les hace ser tolerantes y especialmente inclusivos.
El informe de Ipsos sobre la nueva generación destaca que tienen un concepto “cada vez más fluido” y menos estanco de sí mismos. No es solo que no encajen en las etiquetas, sino que parecen rechazarlas a propósito. Como ejemplo suelen mencionarse los datos sobre la orientación sexual: el 60% de los jóvenes británicos de 15 y 16 años cree que la sexualidad es una escala. Como apunta Espada: “En mayor medida que hace unos años tienden a colocarse en puntos intermedios. No tienen una concepción tan categórica y firme de su orientación sexual”.
La cultura de la diversidad racial y sexual no es un coto exclusivo de los posmillennials. Occidente vive un momento feminista que denuncia y se rebela ante el poder patriarcal, e influye que EE UU —y su potente producción cultural— subraya cada vez más la diversidad. Internet, de nuevo, podría estar amplificando esa tendencia entre los adolescentes: es más fácil ser quien eres hoy sin sentirte marginado, aunque en tu escuela pertenezcas a una minoría, porque encuentras que hay gente parecida a ti en Netflix y YouTube.
Es importante, no obstante, evitar exagerar las diferencias entre generaciones. No es como si de la noche a la mañana los niños se despertasen y parecieran llegados de otro planeta. También es absurdo pensar que nuestra fecha de nacimiento nos define con más fuerza que la clase social o el lugar donde nacemos; o creer que una caricatura generacional describe a millones de personas como si fuesen un ejército de clones.
Y sin embargo, estudiar generaciones es útil, porque es una buena forma de ver el futuro. Si se entiende a los adolescentes, aunque sea mínimamente, se pueden empezar a hacer algunas predicciones. Porque aunque el mundo nunca cambia tanto como querían los jóvenes cuando lo eran, los cambios casi siempre llegan en la dirección que ellos señalaban.
La estrategia Cambiemos 2019
Por Claudio Scaletta
A sólo un año de las elecciones presidenciales, la última Carta de Intención al FMI y el reporte del staff que aprobó el nuevo acuerdo con el organismo revelan dos cuestiones fundamentales. La primera es la estrategia del gobierno para llegar a las elecciones de 2019. La segunda es el fuerte apoyo político del Fondo, es decir de Estados Unidos, a Mauricio Macri, apoyo que llega al punto de retorcer proyecciones para fingir la sustentabilidad externa de largo plazo. Del informe del staff surge una conciencia clara de la insustentabilidad de la deuda. Se le contrapone una excesiva confianza en que será refinanciada por los mercados voluntarios una vez que el ajuste reencause la economía. Es decir que hay un fuerte supuesto: que el potente torniquete del déficit primario cero en 2019 y el superávit en 2020 permitirán recuperar “la confianza de los mercados” y, con ello, retomar el crecimiento. Es decir todo mejorará cuando el ajuste fiscal logre aquello que históricamente nunca logró.
El análisis incluye también otro clásico del organismo, el reconocimiento de que todas las proyecciones del primer acuerdo, realizadas ayer nomás, no se cumplieron: la recuperación de la confianza de los inversores estuvo por debajo de lo esperado, la devaluación fue mucho mayor y el crecimiento será todavía menor. Y en particular también reconoce el error sobre el dato que más importa: la magnitud de la deuda pública y su evolución, a la que ahora considera “sostenible pero no con una alta probabilidad”.
Según el reporte “se proyecta que la deuda del gobierno federal (…) aumente por encima del umbral de alto riesgo (70 por ciento)”. En concreto, en 2018 superará el 80 por ciento del PIB. Dada la fiabilidad histórica de las proyecciones, las tablas que muestran a la deuda descendiendo en torno al 60 por ciento para 2023 son completamente irrelevantes. El Fondo advierte también sobre la alta proporción en moneda extranjera de los pasivos, ese detalle siempre desdeñado por los economistas del establishment, y lo matiza recordando que una porción importante es intra sector público. Pero es sobre esta base de una deuda pública “sostenible pero no con una alta probabilidad” es que aconseja aumentar los desembolsos según el pedido de la Carta de Intención.
El dato central, entonces, no es que se aumenta en algo más de 7000 millones de dólares hasta más de 57.000. Tampoco que esta semana llegarán 5700 millones. El dato clave es que alrededor del 88 por ciento del programa, poco más de 50 mil millones, se desembolsará durante la actual administración. Dado que ya se recibieron 15.000 millones, esto quiere decir que en el año que comienza a partir de hoy el gobierno de Mauricio Macri recibirá 35.000 millones adicionales. Estos números deben compararse no sólo con los vencimientos totales, que en lo que resta de 2018 y en 2019 suman, entre letras y bonos, capital e intereses, el equivalente a más de 80.000 millones de dólares (para simplificar la exposición, dado que es mala praxis sumar pasivos en pesos y en dólares). A los vencimientos de deuda deben agregarse las restantes fuentes de demanda de divisas. Se espera que el déficit de turismo y el comercial, así como la remisión de utilidades, se alivien por el combo devaluación más recesión, algo que ya comenzó a suceder, pero no pasará lo mismo con la salida de capitales, que no se detuvo este año y normalmente aumenta en los años electorales.
La fuga de 2018 se proyecta en 30.000 millones (ya van cerca de 25.000) en tanto se esperan 40.000 para 2019, aunque las proyecciones siempre son aventuradas. Los números revelan que el fuerte apoyo del FMI significa un alivio cierto para una economía que en sólo dos años fue llevada nuevamente al borde del default. Pero la sostenibilidad de la deuda dependerá de factores adicionales que involucran componentes con algo de azar, como la renovación de vencimientos, el contexto global y, precisamente, “la confianza de los inversores”, amén de seguir renovando el acuerdo con el Fondo, ahora bimestralmente. No todo es pájaro en mano y hay muchos volando todavía. Quizá a esto se refiera el FMI cuando dice que la deuda es “sostenible pero no con una alta probabilidad”.
A pesar de este escenario, la lectura del Gobierno, según surge de la Carta de Intención, es optimista. Además de la dimensión que corresponde al mundo de las creencias, como por ejemplo que el ajuste será expansivo y que logrará recuperar la confianza de los mercados, se suma el factor cosecha. Como siempre, les ponen muchas fichas a los dólares que aportará el campo.
Otro componente clave será la decisión, también en línea con el FMI, de “contener por abajo”, o sea destinar más recursos para la ayuda a los más pobres, pero con la novedad de que los aportes en dinero se reforzarán en especie con el reparto de alimentos y medicamentos, lo que supondrá una interacción extra (hacer política) con los movimientos sociales y otras organizaciones con presencia territorial.
Otra lectura compartida por el Gobierno y el Fondo es que la resistencia social y política al ajuste lanzado fue más baja de lo esperado. Según sostiene literalmente el reporte del Staff: “A pesar de una situación económica complicada y una historia difícil de los préstamos del FMI a la Argentina, la oposición social al programa ha sido más moderada de lo que podría haberse esperado”. La conclusión surge de sumar la disposición de la mayoría de los gobernadores a compartir el costo del ajuste, el apoyo del “jefe del bloque del partido Justicialista en el Senado” y, por supuesto, la aprobación del jueves en Diputados del Presupuesto de déficit cero, un apoyo legislativo tácito y mayoritario al programa con el organismo. La percepción política del Fondo es más correcta que sus proyecciones numéricas. No debe sobreestimarse, pero tampoco subestimarse, la capacidad de Cambiemos para hacer política, incluso en un escenario muy adverso. A juicio del FMI, el Gobierno demostró “capacidad institucional y política para realizar el ajuste”.
Será sobre estas bases que Cambiemos sostendrá la campaña para la reelección de sus tres alfiles máximos en Nación, PBA y CABA. La lectura principal para el Gobierno sería que la población acepta y entiende el ajuste como un mal necesario, en tanto sus efectos extremos en las clases más bajas serán contenidos con el refuerzo de la asistencia económica y en especie, lo que servirá para la negociación política territorial, donde las voluntades son más adversas. Los 35.000 millones del Fondo deberían alcanzar para estabilizar la macroeconomía y, si todo sale bien, evitar nuevos saltos devaluatorios al menos durante el próximo año.
Sobre la fecha de las elecciones los indicadores comenzarán a compararse contra los peores momentos de 2018, es decir que no serán tan negativos. Esto le permitiría al ejercito mediático reeditar nuevamente que “lo peor ya pasó”, mientras gracias a un poco de apreciación cambiaria se relajará la presión sobre el salario y la demanda.
Como económicamente todo igual tendrá gusto a poco, ya que un nuevo shock de consumo como en 2017 es impensable por la restricción de la cuenta corriente y del Gasto, será necesario que se hable de economía lo menos posible y que se redoble la demonización del adversario, “la cleptocracia populista”, tarea que seguirá cumpliendo la trinidad “AFI - Comodoro Py - prensa hegemónica”.
Si se miran los números, el Gobierno podría caerse solo. Sin embargo, ello podría no suceder en 2019. Si la verdadera oposición no se dispone a tragar saliva, apurar los tiempos y construir lo más pronto posible una alianza muy amplia, podría en cambio concretarse otro vaticinio muy conocido: en 2020 todos estaremos muertos.
A sólo un año de las elecciones presidenciales, la última Carta de Intención al FMI y el reporte del staff que aprobó el nuevo acuerdo con el organismo revelan dos cuestiones fundamentales. La primera es la estrategia del gobierno para llegar a las elecciones de 2019. La segunda es el fuerte apoyo político del Fondo, es decir de Estados Unidos, a Mauricio Macri, apoyo que llega al punto de retorcer proyecciones para fingir la sustentabilidad externa de largo plazo. Del informe del staff surge una conciencia clara de la insustentabilidad de la deuda. Se le contrapone una excesiva confianza en que será refinanciada por los mercados voluntarios una vez que el ajuste reencause la economía. Es decir que hay un fuerte supuesto: que el potente torniquete del déficit primario cero en 2019 y el superávit en 2020 permitirán recuperar “la confianza de los mercados” y, con ello, retomar el crecimiento. Es decir todo mejorará cuando el ajuste fiscal logre aquello que históricamente nunca logró.
El análisis incluye también otro clásico del organismo, el reconocimiento de que todas las proyecciones del primer acuerdo, realizadas ayer nomás, no se cumplieron: la recuperación de la confianza de los inversores estuvo por debajo de lo esperado, la devaluación fue mucho mayor y el crecimiento será todavía menor. Y en particular también reconoce el error sobre el dato que más importa: la magnitud de la deuda pública y su evolución, a la que ahora considera “sostenible pero no con una alta probabilidad”.
Según el reporte “se proyecta que la deuda del gobierno federal (…) aumente por encima del umbral de alto riesgo (70 por ciento)”. En concreto, en 2018 superará el 80 por ciento del PIB. Dada la fiabilidad histórica de las proyecciones, las tablas que muestran a la deuda descendiendo en torno al 60 por ciento para 2023 son completamente irrelevantes. El Fondo advierte también sobre la alta proporción en moneda extranjera de los pasivos, ese detalle siempre desdeñado por los economistas del establishment, y lo matiza recordando que una porción importante es intra sector público. Pero es sobre esta base de una deuda pública “sostenible pero no con una alta probabilidad” es que aconseja aumentar los desembolsos según el pedido de la Carta de Intención.
El dato central, entonces, no es que se aumenta en algo más de 7000 millones de dólares hasta más de 57.000. Tampoco que esta semana llegarán 5700 millones. El dato clave es que alrededor del 88 por ciento del programa, poco más de 50 mil millones, se desembolsará durante la actual administración. Dado que ya se recibieron 15.000 millones, esto quiere decir que en el año que comienza a partir de hoy el gobierno de Mauricio Macri recibirá 35.000 millones adicionales. Estos números deben compararse no sólo con los vencimientos totales, que en lo que resta de 2018 y en 2019 suman, entre letras y bonos, capital e intereses, el equivalente a más de 80.000 millones de dólares (para simplificar la exposición, dado que es mala praxis sumar pasivos en pesos y en dólares). A los vencimientos de deuda deben agregarse las restantes fuentes de demanda de divisas. Se espera que el déficit de turismo y el comercial, así como la remisión de utilidades, se alivien por el combo devaluación más recesión, algo que ya comenzó a suceder, pero no pasará lo mismo con la salida de capitales, que no se detuvo este año y normalmente aumenta en los años electorales.
La fuga de 2018 se proyecta en 30.000 millones (ya van cerca de 25.000) en tanto se esperan 40.000 para 2019, aunque las proyecciones siempre son aventuradas. Los números revelan que el fuerte apoyo del FMI significa un alivio cierto para una economía que en sólo dos años fue llevada nuevamente al borde del default. Pero la sostenibilidad de la deuda dependerá de factores adicionales que involucran componentes con algo de azar, como la renovación de vencimientos, el contexto global y, precisamente, “la confianza de los inversores”, amén de seguir renovando el acuerdo con el Fondo, ahora bimestralmente. No todo es pájaro en mano y hay muchos volando todavía. Quizá a esto se refiera el FMI cuando dice que la deuda es “sostenible pero no con una alta probabilidad”.
A pesar de este escenario, la lectura del Gobierno, según surge de la Carta de Intención, es optimista. Además de la dimensión que corresponde al mundo de las creencias, como por ejemplo que el ajuste será expansivo y que logrará recuperar la confianza de los mercados, se suma el factor cosecha. Como siempre, les ponen muchas fichas a los dólares que aportará el campo.
Otro componente clave será la decisión, también en línea con el FMI, de “contener por abajo”, o sea destinar más recursos para la ayuda a los más pobres, pero con la novedad de que los aportes en dinero se reforzarán en especie con el reparto de alimentos y medicamentos, lo que supondrá una interacción extra (hacer política) con los movimientos sociales y otras organizaciones con presencia territorial.
Otra lectura compartida por el Gobierno y el Fondo es que la resistencia social y política al ajuste lanzado fue más baja de lo esperado. Según sostiene literalmente el reporte del Staff: “A pesar de una situación económica complicada y una historia difícil de los préstamos del FMI a la Argentina, la oposición social al programa ha sido más moderada de lo que podría haberse esperado”. La conclusión surge de sumar la disposición de la mayoría de los gobernadores a compartir el costo del ajuste, el apoyo del “jefe del bloque del partido Justicialista en el Senado” y, por supuesto, la aprobación del jueves en Diputados del Presupuesto de déficit cero, un apoyo legislativo tácito y mayoritario al programa con el organismo. La percepción política del Fondo es más correcta que sus proyecciones numéricas. No debe sobreestimarse, pero tampoco subestimarse, la capacidad de Cambiemos para hacer política, incluso en un escenario muy adverso. A juicio del FMI, el Gobierno demostró “capacidad institucional y política para realizar el ajuste”.
Será sobre estas bases que Cambiemos sostendrá la campaña para la reelección de sus tres alfiles máximos en Nación, PBA y CABA. La lectura principal para el Gobierno sería que la población acepta y entiende el ajuste como un mal necesario, en tanto sus efectos extremos en las clases más bajas serán contenidos con el refuerzo de la asistencia económica y en especie, lo que servirá para la negociación política territorial, donde las voluntades son más adversas. Los 35.000 millones del Fondo deberían alcanzar para estabilizar la macroeconomía y, si todo sale bien, evitar nuevos saltos devaluatorios al menos durante el próximo año.
Sobre la fecha de las elecciones los indicadores comenzarán a compararse contra los peores momentos de 2018, es decir que no serán tan negativos. Esto le permitiría al ejercito mediático reeditar nuevamente que “lo peor ya pasó”, mientras gracias a un poco de apreciación cambiaria se relajará la presión sobre el salario y la demanda.
Como económicamente todo igual tendrá gusto a poco, ya que un nuevo shock de consumo como en 2017 es impensable por la restricción de la cuenta corriente y del Gasto, será necesario que se hable de economía lo menos posible y que se redoble la demonización del adversario, “la cleptocracia populista”, tarea que seguirá cumpliendo la trinidad “AFI - Comodoro Py - prensa hegemónica”.
Si se miran los números, el Gobierno podría caerse solo. Sin embargo, ello podría no suceder en 2019. Si la verdadera oposición no se dispone a tragar saliva, apurar los tiempos y construir lo más pronto posible una alianza muy amplia, podría en cambio concretarse otro vaticinio muy conocido: en 2020 todos estaremos muertos.
Del ilusionismo y otras prácticas esotéricas que usa el Gobierno para retener poder político
Todo es ilusión
Por Julián Guarino
El Mago, de Hieronymus Bosch
Una de las cosas más desconcertantes que escuché en boca de un pensador fue una justificación basada en el uso y abuso de la ilusión. El impacto que me generó fue importante, porque emanó de Beatriz Sarlo. Hace apenas algunas semanas, y refiriéndose a la diferencia sustancial entre las promesas electorales del Presidente y los resultados obtenidos, Sarlo dijo: “Para mí (el Gobierno) no (va) bien. Sus predicciones cayeron todas. Todo lo que dijo Macri en el debate presidencial era una ilusión o era una fantasía”. Luego continuó, señalando: “Creo que era una mezcla de ilusión e ignorancia”.
Dos cosas, entonces. Por un lado está claro que, tratándose de quien se trata, Sarlo no pude pensar en su fuero íntimo eso que dijo; en todo caso, eligió ser políticamente correcta. Por otro, y sacando menciones no menores a “la fantasía” y “la ignorancia”, lo único que queda en limpio de esa intervención es que el Presidente habría pecado de “iluso”, es decir, según la definición de la RAE, alguien que se deja engañar con facilidad, generalmente porque cree que todo el mundo actúa con buena voluntad y en forma.
Hay una diferencia fundamental entre sufrir los efectos de la ilusión y ser el artífice o hacedor de la misma. El Presidente y su equipo podrían quedar en este segundo lugar. Al menos habrá que evaluar si no es el propio Gobierno el que se vale del ilusionismo para urdir y llevar a cabo polémicas decisiones de política económica, algunas de ellas muy lejos de la topografía que suele utilizar la verdadera política. Es, de alguna forma, la refutación final de la ilusión, pero, paradójicamente, utilizando métodos que son propios del ilusionismo. El modo en que se utiliza la inteligencia depende siempre de la voluntad.
Con habilidad o sin ella, el ilusionista debe saber engañar al público desviando su atención a través de gestos, palabras, omisiones y silencios. En última instancia, su objetivo será siempre que miremos hacia donde él quiere para distraernos de la resolución final. De la misma forma, el Gobierno ha puesto en marcha una dinámica que no prescinde de gestos, palabras, omisiones y silencios pero que resultan fácilmente reconocibles ante el mínimo análisis.
Una de las dinámicas más transparentes en esta línea es lo que algunos denominan el “errorismo”, es decir, la vindicación del error como núcleo blando de una supuesta transformación, que pone en valor todo aquello que está asociado con el proceso de “aprendizaje” y el “emprendedurismo”. Nobleza obliga, la corriente errorista, que bebe de la imperfección de la naturaleza, promueve “la belleza de la equivocación” en sus muchas zonas de abordaje como lo artístico y lo espiritual, pero concentra sus cañones en lo académico y educativo, donde para aprender se supone que hay que equivocarse.
Mi hipótesis es que el Gobierno utilizó el errorismo como forma de ilusión, avanzando en diversos frentes que implicaban polémica y riesgo político y retrocediendo con la excusa del error en muchas cuestiones como las tarifas, la reforma laboral, los primeros intentos de la reforma previsional y en gran medida en temas financieros y monetarios. Sin embargo, el componente ilusorio llegaba después: la supuesta marcha atrás nunca era tal o, en todo caso, era parcial o marginal. Como ejemplo basta tomar algo ocurrido hace unos días, cuando el secretario de Energía, Javier Iguacel, se dispuso a aplicar un retroactivo de 24 cuotas a los usuarios del servicio de gas natural para compensar por la devaluación a las empresas productoras. Si bien esa propuesta fue anulada a las pocas horas de ser presentada por el rechazo que generó, sí en cambio dejó firme la compensación a las gasíferas, la legislación que habilitaba esta compensación, la suba de hasta el 50% en la tarifa del gas, la modificación (para peor) de la tarifa social y eliminó el componente de ahorro, lo que implicó una reducción presupuestaria.
Con esta lógica ilusionista el Gobierno pone en marchas otras dinámicas, por ejemplo, la del “cambio cultural”, que le sirve como pantalla vaga para traficar otros conceptos más definidos pero menos susceptibles de ser mostrados. En rigor, si se lo piensa, el cambio cultural no ha sido más que la voluntad de aplicar un sesgo ideológico a todo el arco transversal de políticas públicas, entendido como la relación que cualquiera de nosotros tiene con el Estado y a cómo se va estableciendo esta relación según cambian los gobiernos, que ejecutan los resortes que controlan, por ejemplo, el presupuesto.
Pero me interesa detenerme en un punto más relevante y crítico que también se sirve de las técnicas del ilusionismo: el vaciamiento de la discusión pública sobre los temas que hacen a la vida cotidiana de los argentinos; la metamorfosis solapada del debate de aquellas cuestiones que guardan una relación directa y fácilmente comprobable con las dificultades y problemas que se imbrican en el intento de millones de familias de llegar a fin de mes; la vida material que se viene transformando para peor desde hace ya tres años como mínimo.
No son los grandes discursos, las cadenas por radio y televisión, las conferencias de prensa, los escribas oficialistas, los que pueden generar este potente efecto que se busca desde el poder político. En cambio, sí podría pensarse en cierta influencia que ejercen expresiones aisladas y algunas formas sintácticas que, muchas veces, buscan incorporarse subrepticiamente a los debates públicos y son adoptadas en forma consciente e inconsciente. En rigor, se parece a la ingesta de pequeñas dosis de veneno: al principio parecen no surtir efecto, pero un tiempo después, por arte de magia, se produce una secuela tóxica.
Sin embargo, vale la pena considerar que el efecto más relevante se imprime de mano de aquellos que pueden torcer o desvirtuar el debate. Desde esta perspectiva, ya no se trata de las palabras utilizadas, sino también de la ausencia de las mismas. Son las palabras, las ideas, que han ido evaporándose, una desaparición que impide finalmente pensar qué ha sido, qué es y que será de aquellas asignaturas pendientes de la sociedad que buscan alguien que las tome en cuenta.
Se sabe: hay destrucciones programadas cuyos efectos devastadores no se advierten hasta que es demasiado tarde. Habrá que preguntarse si el gobierno —y un sector importante del establishment político consorte— esconde debajo de la alfombra los objetivos que sabe no va a cumplir. Se cambia la lógica de las discusiones. Se esconden otras. Es una lluvia ácida. Se vacía de a poco de contenido manteniendo la forma. Quizás porque al Gobierno no le conviene que el grueso de los argentinos se ponga a pensar por qué han trepado las tarifas y no los salarios, por qué el país no ha crecido, por qué las inversiones no han llegado.
Se discute sobre la pesada herencia, pero se evita debatir sobre las verdaderas causas de la inflación, el aumento de la pobreza, el desempleo y la recesión, mientras se dispara la deuda externa y se cambia déficit primario por déficit financiero. Se plantea que el gobierno no es infalible ante los supuestos errores que se cometieron cuando se intentó cambiar las fórmulas que ajustaban los haberes jubilatorios: “Soy falible y si me equivoco doy un paso atrás y corrijo”, dijo el Presidente en ese momento. Otra más: ante el inminente nuevo ajuste tarifario, los funcionarios suelen decir que les duele pero que si no se realizaban “iban a aumentar los cortes” o “iban a subir aún más las tarifas”. Para analizar el aumento de la pobreza y señalar cómo se va a buscar que disminuya, el gobierno eligió señalar que “la pobreza no desaparece porque se deje de medirla. Siempre vamos a decir la verdad y presentar las cifras como son”. El gobierno no admite que debe explicar por qué se vuelve más opaca la distribución del ingreso, y el Presidente prefiere sacar a relucir que los argentinos “pretenden cobrar más de lo que vale su trabajo porque así dejan a cientos de miles de argentinos sin empleo”: una idea insensata y desmedida sobre el valor determinante del ingreso para la suerte del país (según el INDEC, en el segundo trimestre el peso de los asalariados cayó tres puntos en apenas un año; pasó del 48,1% al 45,2%).
Crecimiento. Desarrollo. Progreso. Bienestar. Cuidado. Comercio. Industria. Justicia. Seguridad Social. Salud. Educación. Expectativa. Futuro. Responsabilidad. Política. Calidad de vida. Son ejes de discusión corridos a un lado en forma intencional, a expensas de ciertos mantras mesiánicos que comercian con promesas de cambio. Aquí y allá se busca consumar hasta sus últimas consecuencias una estética de la gobernabilidad montada sobre argumentos inconsistentes que ponen a prueba a la sociedad y que se extienden a la política, la economía, la ideología y las instituciones, muchas veces esmerilando algunos principios básicos de la democracia. Si la misión confesa y publicitada de los políticos en términos sociales es, como suelen decir, recuperar la ilusión de la gente, entonces el ilusionismo como práctica esotérica debería ser borrado como herramienta de manipulación. Por supuesto, eso no va a pasar. Salvo el poder, todo es ilusión.
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