Macrì prometió en su discurso inaugural que no reclutaría a los nuevos jueces entre sus amigos, conocidos o partidarios, lo cual confirma la práctica de los dos ex presidentes Kirchner, que tuvieron tiempo de celebrarlo y tiempo de lamentarlo. Pero esto no garantiza la independencia de los magistrados. En el caso de Rosenkrantz es conveniente recordar que su estudio es uno de los que representaron al Grupo Clarín en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema para analizar la constitucionalidad de la ley audiovisual, que Macrì también quiere derogar por decreto. La lista de clientes de su estudio es mucho más impresionante. Incluye también a YPF, Musimundo, América TV, Avila Inversora, Cablevisión, La Nación, la Rural Predio Ferial de Palermo, Carbap, McDonald’s, las cerveceras Anheuser-Busch InBev, Quilmes y Grupo Modelo; Grupo De Narváez, Core Security Technologies, Panamerican Energy, IRSA, Satlink, 5 a sec, los Fondos de Inversiones GP, Aconcagua Ventures, HWF Capital y Pegasus; la productora de televisión MV, la de cine Mil Producciones; Arisco/Unilever; Control Systems Internacional; la desarrolladora inmobiliaria IRSA, las petroquímicas Dow y Cuyo, la trader Velleman & Tas BV, la transnacional de inspección, verificación, ensayos y certificación SGS; las empresas de medicina prepaga Total, Itoiz, Antártida, Galileo, Cruz Blanca, IMA y Buen Ayre; el fideicomiso de siembra Rumbo Norte; la minera canadiense Oromin; la telefónica Claro y la empresa de integración telefónica por Internet Networld Communications Inc; el instituto universitario Escuela Argentina de Negocios y las provincias de Corrientes y Santa Fe, entre otros.
Los servicios que ofrece su estudio son múltiples: en su misma dirección está registrada la Asociación en Defensa de la Competencia, que en 2011 consiguió que la justicia suspendiera una resolución que había declarado caduca la licencia de Fibertel. Rosenkrantz no actuó allí como abogado del Grupo Clarín sino como presidente de esa asociación fantasma. La Constitución Nacional incorporó en su artículo 43 las acciones colectivas, como recurso “contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor” y definió que podrían presentarlos “el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización”. Los jueces de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal Graciela Medina y Ricardo Recondo accedieron a la solicitud de Rosenkrantz y dejaron en pie la licencia de Fibertel. Una investigación publicada por TELAM en aquel momento determinó que la ADC sólo actuó en esa causa y en otra en la que cuestionó que la fusión de Telefonica y Telecom tuviera un efecto monopólico, cuando el Grupo Clarín y su socio Fintech intentaban conseguir el control accionario de Telecom.
Rosenkrantz, junto con el estudio del ex ministro Ricardo Gil Lavedra, también representó a la provincia de Santa Fe ante la Corte Suprema en tres casos impositivos contra la Nación, por la detracción de fondos de la coparticipación federal y de la ley del cheque para financiar el sistema previsional y la AFIP. Todavía está pendiente de respuesta un pedido de informes aprobado por la Cámara de Diputados santafesina hace tres semanas, que inquirió al gobierno provincial por qué se realizó una contratación directa sin licitación y cuál es su monto total, desde 2008 hasta la fecha. El Procurador de la Corte Jorge Barraguirre, quien era fiscal de Estado cuando Santa Fe presentó las demandas, reconoció que ambos estudios ya cobraron unos dos millones de pesos en honorarios, negó que hayan acordado el pago del 30 por ciento de los 25.000 millones de pesos que recibirá la provincia pero admitió que “no está cerrada la negociación” final y que “aún falta la regulación judicial”. Según el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, una ley no puede limitar la voluntad del presidente y el Poder Ejecutivo sigue reclamando por los medios la renuncia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, creada por una ley que regula su duración, y de la Procuradora General de la Nación, que tiene protección constitucional. El más craso decisionismo schmittiano se propone en reemplazo de la cuidadosa arquitectura de pesos y contrapesos de la cultura sajona importada en la Constitución histórica y aún vigente en sus sucesivas reescrituras. El Führerprinzip debe prevalecer sobre cualquier otra consideración.
