Según Poliarquía, Patricia Bullrich es la funcionaria con peor desempeño e imagen del gobierno
Una encuesta ubicó a Patricia Bullrich como una de las funcionarias con peor desempeño
Un estudio de la Poliarquía determinó que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el vicejfe de Gabinete, Mario Quinta, son los funcionarios con menos valoración dentro de la gestión Cambiemos. En el podio de los mejores, Rogelio Friguerio y Marcos Peña.
Poliarquía Consultores realizó un análisis a líderes y formadores de opinión pública de diferentes ámbitos con la intención de indagar algunas cuestiones de interés nacional. Participaron 200 personas, entre ellas, gobernadores e intendentes; ministros nacionales y provinciales; legisladores; empresarios; periodistas y comunicadores; académicos e investigadores de universidades públicas y privadas; además de consultores y profesionales.
Encuesta a 200 líderes de opinión
De esta manera, y ante la consulta sobre el desempeño de algunos funcionarios, los encuestados ubicaron en los peores lugares a los ministros Patricia Bullrich y Mario Quinta. Entre los dos mejores, el ministro del Interior, Rogelio Friguerio, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
En tanto, en el podio de los dirigentes argentinos con mejor imagen, sigue la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Le siguen el presidente, Mauricio Macri. Entre los líderes de la oposición, el gobernador Juan Manuel Urtubey, el ex diputado nacional Sergio Massa, y la senadora Cristina Fernández, se ubican primeros.
Por otra parte, los líderes consultados estimaron que "los tres desafíos económicos" que debería priorizar el Gobierno nacional son "reducir el gasto público", "reducir la inflación" e "impulsar el nivel de actividad económica".
Un estudio de la Poliarquía determinó que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el vicejfe de Gabinete, Mario Quinta, son los funcionarios con menos valoración dentro de la gestión Cambiemos. En el podio de los mejores, Rogelio Friguerio y Marcos Peña.
Poliarquía Consultores realizó un análisis a líderes y formadores de opinión pública de diferentes ámbitos con la intención de indagar algunas cuestiones de interés nacional. Participaron 200 personas, entre ellas, gobernadores e intendentes; ministros nacionales y provinciales; legisladores; empresarios; periodistas y comunicadores; académicos e investigadores de universidades públicas y privadas; además de consultores y profesionales.
Encuesta a 200 líderes de opinión
De esta manera, y ante la consulta sobre el desempeño de algunos funcionarios, los encuestados ubicaron en los peores lugares a los ministros Patricia Bullrich y Mario Quinta. Entre los dos mejores, el ministro del Interior, Rogelio Friguerio, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
En tanto, en el podio de los dirigentes argentinos con mejor imagen, sigue la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Le siguen el presidente, Mauricio Macri. Entre los líderes de la oposición, el gobernador Juan Manuel Urtubey, el ex diputado nacional Sergio Massa, y la senadora Cristina Fernández, se ubican primeros.
Por otra parte, los líderes consultados estimaron que "los tres desafíos económicos" que debería priorizar el Gobierno nacional son "reducir el gasto público", "reducir la inflación" e "impulsar el nivel de actividad económica".
Venezuela elige alcaldes sin los principales partidos de la oposición
La abstención de las fuerzas críticas con Maduro vaticina una victoria aplastante del oficialismo en 335 alcaldías y la Gobernación del Estado de Zulia
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, muestra un lingote de oro durante un acto.
El cierre de campaña de Érika Farías, candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la Alcaldía del municipio de Libertador (Caracas), fue interrumpido por una mujer que se coló en la tarima el pasado jueves. “No tengo cocina, no tengo nada… Once familias en la calle, los malandros (delincuentes) nos dejaron en la calle”, dijo. Su reclamo quedó a medias. Fue abrazada por la aspirante a alcaldesa y Elías Jaua, ministro de Educación, hasta ser despojada sutilmente del micrófono, mientras el animador del mitin pedía una “bulla” al público y su voz se desoía en la gritería. “El pueblo, su pasión y sus angustias. Recuerdo a nuestro comandante Hugo Chávez [fallecido en 2013], que una vez me dijo: ‘Elías, es la cruz de Cristo, nuestro pueblo, y nosotros decidimos cargarla. ¡Llevémoslo con humildad, con dignidad!”, justificó Jaua.
El oficialismo recurrió, una vez más, a la memoria de Chávez en vísperas de elecciones ante la infructuosa gestión del presidente Nicolás Maduro. El domingo, los venezolanos votarán por 335 alcaldes y un gobernador en el Estado occidental de Zulia sin la participación de los principales partidos opositores, Voluntad Popular (fundado por Leopoldo López), Primero Justicia (liderado por Henrique Capriles) y Acción Democrática (dirigido por Henry Ramos Allup), que consideran inexistentes las condiciones electorales después de denunciar graves irregularidades en los comicios regionales del mes de octubre.
Solo los opositores de Un Nuevo Tiempo (UNT), Copei y Avanzada Progresista presentaron candidatos en las votaciones municipales. La abstención es vista como un error político por una fracción de la oposición, mientras que otros apoyan la decisión. La oposición puede perder varias de las 76 alcaldías que controlan desde diciembre de 2013. Esto sumaría más feudos al Gobierno que, además, dominar 18 de 23 provincias de Venezuela.
Una victoria opositora tampoco sería garantía de poder político, sin embargo. El Tribunal Supremo de Justicia, afín al Gobierno, ordenó el arresto de varios alcaldes por no impedir las protestas antigubernamentales entre abril y julio, en las que murieron 121 personas, un 25% de ellas a manos de cuerpos policiales y militares.
David Smolansky, militante de Voluntad Popular, era alcalde del municipio caraqueño de El Hatillo cuando fue amenazado con la cárcel. Él debió abandonar su cargo para huir del país. Otros, en cambio, son prisioneros. Alfredo Ramos, el alcalde de Iribarren en el Estado de Lara, fue detenido por el Sebin (Servicio de Inteligencia Bolivariana Nacional) a finales de julio. Su familia denunció que su salud empeoró desde que está arrestado, según EFE.
Pese a los antecedentes, Yon Goicoechea, un español-venezolano, postuló su candidatura a la Alcaldía de El Hatillo unos días después de ser sido liberado por orden del régimen, en noviembre. En varias entrevistas, el exprisionero político asegura que decidió permanecer en Venezuela.
En Zulia, los votantes opositores pudieran estar menos animados a participar en las elecciones después de que Juan Pablo Guanipa, el gobernador electo en octubre, fue destituido por el Consejo Legislativo de ese estado por no juramentar su cargo ante la ANC. Manuel Rosales, líder de UNT y excandidato presidencial, busca ganar la Gobernación. Este político estuvo seis años en el exilio, en Perú, y fue arrestado cuando regresó a Venezuela en 2015. Las autoridades de su país lo acusaban de enriquecimiento ilícito. Fue calificado como preso político por la coalición Mesa de la Unidad Democrática. En diciembre de 2016, el dirigente fue liberado. De ahí su postura es menos radical contra el régimen.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, muestra un lingote de oro durante un acto. El cierre de campaña de Érika Farías, candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la Alcaldía del municipio de Libertador (Caracas), fue interrumpido por una mujer que se coló en la tarima el pasado jueves. “No tengo cocina, no tengo nada… Once familias en la calle, los malandros (delincuentes) nos dejaron en la calle”, dijo. Su reclamo quedó a medias. Fue abrazada por la aspirante a alcaldesa y Elías Jaua, ministro de Educación, hasta ser despojada sutilmente del micrófono, mientras el animador del mitin pedía una “bulla” al público y su voz se desoía en la gritería. “El pueblo, su pasión y sus angustias. Recuerdo a nuestro comandante Hugo Chávez [fallecido en 2013], que una vez me dijo: ‘Elías, es la cruz de Cristo, nuestro pueblo, y nosotros decidimos cargarla. ¡Llevémoslo con humildad, con dignidad!”, justificó Jaua.
El oficialismo recurrió, una vez más, a la memoria de Chávez en vísperas de elecciones ante la infructuosa gestión del presidente Nicolás Maduro. El domingo, los venezolanos votarán por 335 alcaldes y un gobernador en el Estado occidental de Zulia sin la participación de los principales partidos opositores, Voluntad Popular (fundado por Leopoldo López), Primero Justicia (liderado por Henrique Capriles) y Acción Democrática (dirigido por Henry Ramos Allup), que consideran inexistentes las condiciones electorales después de denunciar graves irregularidades en los comicios regionales del mes de octubre.
Solo los opositores de Un Nuevo Tiempo (UNT), Copei y Avanzada Progresista presentaron candidatos en las votaciones municipales. La abstención es vista como un error político por una fracción de la oposición, mientras que otros apoyan la decisión. La oposición puede perder varias de las 76 alcaldías que controlan desde diciembre de 2013. Esto sumaría más feudos al Gobierno que, además, dominar 18 de 23 provincias de Venezuela.
Una victoria opositora tampoco sería garantía de poder político, sin embargo. El Tribunal Supremo de Justicia, afín al Gobierno, ordenó el arresto de varios alcaldes por no impedir las protestas antigubernamentales entre abril y julio, en las que murieron 121 personas, un 25% de ellas a manos de cuerpos policiales y militares.
David Smolansky, militante de Voluntad Popular, era alcalde del municipio caraqueño de El Hatillo cuando fue amenazado con la cárcel. Él debió abandonar su cargo para huir del país. Otros, en cambio, son prisioneros. Alfredo Ramos, el alcalde de Iribarren en el Estado de Lara, fue detenido por el Sebin (Servicio de Inteligencia Bolivariana Nacional) a finales de julio. Su familia denunció que su salud empeoró desde que está arrestado, según EFE.
Pese a los antecedentes, Yon Goicoechea, un español-venezolano, postuló su candidatura a la Alcaldía de El Hatillo unos días después de ser sido liberado por orden del régimen, en noviembre. En varias entrevistas, el exprisionero político asegura que decidió permanecer en Venezuela.
En Zulia, los votantes opositores pudieran estar menos animados a participar en las elecciones después de que Juan Pablo Guanipa, el gobernador electo en octubre, fue destituido por el Consejo Legislativo de ese estado por no juramentar su cargo ante la ANC. Manuel Rosales, líder de UNT y excandidato presidencial, busca ganar la Gobernación. Este político estuvo seis años en el exilio, en Perú, y fue arrestado cuando regresó a Venezuela en 2015. Las autoridades de su país lo acusaban de enriquecimiento ilícito. Fue calificado como preso político por la coalición Mesa de la Unidad Democrática. En diciembre de 2016, el dirigente fue liberado. De ahí su postura es menos radical contra el régimen.
Líbano llama a los países árabes a sancionar a EE.UU. por el reconocimiento de Jerusalén
El ministro de Exteriores libanés, Gebran Bassil, hizo el llamado para prevenir que Washington retire su embajada de Tel Aviv.
Un soldado en guardia en el pueblo libanés de Khiam, cerca de la frontera con Israel. 2 de diciembre de 2017.
El ministro de Relaciones Exteriores del Líbano, Gebran Bassil, hizo este sábado un llamado a los países árabes a imponer sanciones económicas contra EE.UU. para prevenir que traslade a Jerusalén su embajada en Israel, según reporta Reuters.
"Deben tomarse medidas preventivas contra la decisión [...] comenzando con medidas diplomáticas, luego políticas, y después económicas y financieras", aseveró Bassil en una reunión de cancilleres de la Liga Árabe en El Cairo, Egipto. Deben tomarse medidas diplomáticas, luego políticas, y después económicas y financieras contra EE.UU. Ministro de Asuntos Exteriores del Líbano, Gebran Bassil
Previamente, el presidente libanés, Michel Aoun, había condenado la decisión de Donald Trump. "El Líbano y su pueblo están con los palestinos y no reconocerán Jerusalén como capital de Israel", dijo el mandatario del país de los cedros en una conversación con su homólogo palestino, Mahmud Abbás.
Palestina pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que obligue a EE.UU. a revocar su decisión, que califica como "unilateral y provocativa". Por su lado, Arabia Saudita consideró irresponsable la movida, e instó a Washington a cambiar su posición en la misma línea de lo que han hecho Irak, Egipto, Baréin, Jordania y otras naciones en la región.
El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte de EE.UU. ha generado una ola de protestas e indignación, y ha sido condenado no solo por naciones opuestas a la política exterior estadounidense, sino también por aliados tradicionales de Washington en Oriente Medio y alrededor del mundo.
Un soldado en guardia en el pueblo libanés de Khiam, cerca de la frontera con Israel. 2 de diciembre de 2017.
El ministro de Relaciones Exteriores del Líbano, Gebran Bassil, hizo este sábado un llamado a los países árabes a imponer sanciones económicas contra EE.UU. para prevenir que traslade a Jerusalén su embajada en Israel, según reporta Reuters.
"Deben tomarse medidas preventivas contra la decisión [...] comenzando con medidas diplomáticas, luego políticas, y después económicas y financieras", aseveró Bassil en una reunión de cancilleres de la Liga Árabe en El Cairo, Egipto. Deben tomarse medidas diplomáticas, luego políticas, y después económicas y financieras contra EE.UU. Ministro de Asuntos Exteriores del Líbano, Gebran Bassil
Previamente, el presidente libanés, Michel Aoun, había condenado la decisión de Donald Trump. "El Líbano y su pueblo están con los palestinos y no reconocerán Jerusalén como capital de Israel", dijo el mandatario del país de los cedros en una conversación con su homólogo palestino, Mahmud Abbás.
Palestina pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que obligue a EE.UU. a revocar su decisión, que califica como "unilateral y provocativa". Por su lado, Arabia Saudita consideró irresponsable la movida, e instó a Washington a cambiar su posición en la misma línea de lo que han hecho Irak, Egipto, Baréin, Jordania y otras naciones en la región.
El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte de EE.UU. ha generado una ola de protestas e indignación, y ha sido condenado no solo por naciones opuestas a la política exterior estadounidense, sino también por aliados tradicionales de Washington en Oriente Medio y alrededor del mundo.
Cristina recibió a Dilma y denunciaron "Lawfare" para perseguir opositores
Las ex presidentas hablaron del uso de la justicia para tapar las consecuencias del neoliberalismo.
Cristina Kirchner se reunió este sábado con la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, tras haber sido procesada por el juez federal Claudio Bonadio, quien pidió su desafuero como senadora y dictó su detención en la causa por el acuerdo de la Argentina con Irán por el caso AMIA.
Según Cristina, en el encuentro ambas ex presidentas coincidieron en que en que en sus países se hace un uso de la justicia como "arma" para ir contra líderes opositores.
"Entrañable encuentro en mi casa con la compañera Dilma", escribió en Twitter la senadora nacional por Unidad Ciudadana, quien compartió fotos sobre la jornada y relató: "Conversamos sobre una realidad que se está imponiendo en nuestros países. Un proceso que se denomina mundialmente Lawfare y consiste en la utilización del aparato judicial como arma para destruir a la política y a los lideres opositores".
Cristina habló de 'Lawfare', un proceso que usa al aparato judicial como 'arma' contra líderes opositores
La ex Presidenta describió a ese proceso como una "matriz" que tiene otra pata fundamental en los medios de comunicación. "Una instancia central en esta estrategia de persecución", lanzó.
"El objetivo es el mismo en Brasil y acá: ocultar el desastre económico que están llevando a cabo los gobiernos neoliberales en la región", afirmó Cristina, haciendo así una analogía entre su caso y el proceso que sucedió en el país vecino, cuando en agosto del año pasado Rousseff fue destituida de la presidencia por el Senado y apeló ese procedimiento en la Corte Suprema.
Dilma llegó a Argentina después de participar de un Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) junto al ex presidente uruguayo, José "Pepe" Mujica, en Montevideo.
La brasileña habló en la misma sintonía que el también ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien habló de una "preocupante cacería judicial y mediática" contra Cristina.
"Expreso mi solidaridad a la presidenta Cristina Kirchner y a sus colaboradores que tanto hicieron por el pueblo argentino y por la integración sudamericana", dijo Lula en en su cuenta de Twitter.
El líder del Partido de los Trabajadores escribió: "Es preocupante la verdadera cacería judicial y mediática lanzada contra esta compañera a quien tanto admiro y estimo".
Cristina Kirchner se reunió este sábado con la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, tras haber sido procesada por el juez federal Claudio Bonadio, quien pidió su desafuero como senadora y dictó su detención en la causa por el acuerdo de la Argentina con Irán por el caso AMIA.
Según Cristina, en el encuentro ambas ex presidentas coincidieron en que en que en sus países se hace un uso de la justicia como "arma" para ir contra líderes opositores.
"Entrañable encuentro en mi casa con la compañera Dilma", escribió en Twitter la senadora nacional por Unidad Ciudadana, quien compartió fotos sobre la jornada y relató: "Conversamos sobre una realidad que se está imponiendo en nuestros países. Un proceso que se denomina mundialmente Lawfare y consiste en la utilización del aparato judicial como arma para destruir a la política y a los lideres opositores".
Cristina habló de 'Lawfare', un proceso que usa al aparato judicial como 'arma' contra líderes opositores
La ex Presidenta describió a ese proceso como una "matriz" que tiene otra pata fundamental en los medios de comunicación. "Una instancia central en esta estrategia de persecución", lanzó.
"El objetivo es el mismo en Brasil y acá: ocultar el desastre económico que están llevando a cabo los gobiernos neoliberales en la región", afirmó Cristina, haciendo así una analogía entre su caso y el proceso que sucedió en el país vecino, cuando en agosto del año pasado Rousseff fue destituida de la presidencia por el Senado y apeló ese procedimiento en la Corte Suprema.
Dilma llegó a Argentina después de participar de un Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) junto al ex presidente uruguayo, José "Pepe" Mujica, en Montevideo.
La brasileña habló en la misma sintonía que el también ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien habló de una "preocupante cacería judicial y mediática" contra Cristina.
"Expreso mi solidaridad a la presidenta Cristina Kirchner y a sus colaboradores que tanto hicieron por el pueblo argentino y por la integración sudamericana", dijo Lula en en su cuenta de Twitter.
El líder del Partido de los Trabajadores escribió: "Es preocupante la verdadera cacería judicial y mediática lanzada contra esta compañera a quien tanto admiro y estimo".
Se vende la revista Rolling Stone
Wenner Media cede a presiones financieras, se cierra una era
La revista "Rolling Stone", que escribió las páginas más relevantes de la historia musical de Estados Unidos durante casi 50 años, fue puesta en venta por presiones financieras.
Se cierra así una era. Wenner Media está dispuesta a ceder la cuota de control de la sociedad en respuesta a las presiones financieras, según reportó hoy el New York Times. Jann y Gus Wenner, presidente y jefe de operaciones de Rolling Stone, se comprometen a permanecer al frente de la revista, pero admiten que la decisión final están en manos del nuevo propietario.
Wenner contrató bancos para explorar la venta: en carrera podría estar American Media, el grupo que ya absorbió Us Weekly y Men's Journal de Wenner.
La revista "Rolling Stone", que escribió las páginas más relevantes de la historia musical de Estados Unidos durante casi 50 años, fue puesta en venta por presiones financieras.Se cierra así una era. Wenner Media está dispuesta a ceder la cuota de control de la sociedad en respuesta a las presiones financieras, según reportó hoy el New York Times. Jann y Gus Wenner, presidente y jefe de operaciones de Rolling Stone, se comprometen a permanecer al frente de la revista, pero admiten que la decisión final están en manos del nuevo propietario.
Wenner contrató bancos para explorar la venta: en carrera podría estar American Media, el grupo que ya absorbió Us Weekly y Men's Journal de Wenner.
Pablo Kosiner, titular del interbloque Argentina Federal, y la ley de reforma previsional Un debate con final abierto
El presidente del interbloque de diputados que agrupa a legisladores justicialistas planteó sus dudas sobre el proyecto macrista. Críticas al fallo contra Cristina.
Kosiner, la cara visible de los diputados peronistas que responden a un bloque de gobernadores.
El presidente del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, expresó hoy que se viene un debate “con final abierto” en la Cámara Baja por la reforma previsional. El diputado salteño consideró que “no veo muchos diputados oficialistas dispuestos a defender” la iniciativa macrista y que “no avanzaremos en tanto no haya una posición abroquelada” del interbloque de Cambiemos.
Para Kosiner los cambios “son complicados para el propio oficialismo” y adelantó un final incierto, en un marco en el que no hay reformas al proyecto girado desde el Senado. El diputado conduce un bloque que reúne a 35 diputados de provincias como Salta, Tucumán, Córdoba, San Juan, Chaco y Misiones que responden a los gobernadores.
En ese sentido, se mostró respetuoso del acuerdo fiscal firmado por la Casa Rosada y los mandatarios provinciales. “Hay leyes que pueden llegar a tener salida si se modifican aspectos que tienen que ver con el acuerdo fiscal firmado”. Apuntó a la ley de responsabilidad fiscal y tributaria y especificó que “en nuestra agenda está la problemática de las provincias, como las economías regionales”.
Sobre la decisión de pedir el desafuero de Cristina Fernández opinó que “es muy preocupante” dado que “la Justicia tiene la responsabilidad de no caer en la grieta como la política”. Adujo que “pedir la detención de uno de los principales referentes políticos de la oposición implica una profunda repercusión”. Con todo, estimó que “si bien ahora cambió aquello de que lo normal es esperar el proceso en libertad”, en alusión a los arrestos realizados estos últimos días y “confío en que funcione bien la revisión en los tribunales superiores”. Por último dijo que “no hay que darle tanto micrófono a la política”, sino a quienes “hablan desde el derecho, donde hay unanimidad sobre algo que deja dudas”.
Kosiner, la cara visible de los diputados peronistas que responden a un bloque de gobernadores.
El presidente del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, expresó hoy que se viene un debate “con final abierto” en la Cámara Baja por la reforma previsional. El diputado salteño consideró que “no veo muchos diputados oficialistas dispuestos a defender” la iniciativa macrista y que “no avanzaremos en tanto no haya una posición abroquelada” del interbloque de Cambiemos.
Para Kosiner los cambios “son complicados para el propio oficialismo” y adelantó un final incierto, en un marco en el que no hay reformas al proyecto girado desde el Senado. El diputado conduce un bloque que reúne a 35 diputados de provincias como Salta, Tucumán, Córdoba, San Juan, Chaco y Misiones que responden a los gobernadores.
En ese sentido, se mostró respetuoso del acuerdo fiscal firmado por la Casa Rosada y los mandatarios provinciales. “Hay leyes que pueden llegar a tener salida si se modifican aspectos que tienen que ver con el acuerdo fiscal firmado”. Apuntó a la ley de responsabilidad fiscal y tributaria y especificó que “en nuestra agenda está la problemática de las provincias, como las economías regionales”.
Sobre la decisión de pedir el desafuero de Cristina Fernández opinó que “es muy preocupante” dado que “la Justicia tiene la responsabilidad de no caer en la grieta como la política”. Adujo que “pedir la detención de uno de los principales referentes políticos de la oposición implica una profunda repercusión”. Con todo, estimó que “si bien ahora cambió aquello de que lo normal es esperar el proceso en libertad”, en alusión a los arrestos realizados estos últimos días y “confío en que funcione bien la revisión en los tribunales superiores”. Por último dijo que “no hay que darle tanto micrófono a la política”, sino a quienes “hablan desde el derecho, donde hay unanimidad sobre algo que deja dudas”.
Preocupación en el Gobierno ante un efecto boomerang
En el oficialismo alertan por las medidas dictadas a ex funcionarios. Y analizan que pueda utilizarse el mismo criterio contra procesados de la actual administración.
Ezequiel Spillman
El pedido de desafuero y prisión preventiva de Cristina Kirchner generó una fuerte alerta dentro del Gobierno. En particular, en la Casa Rosada apuntan al efecto boomerang que pueda tener la decisión de poner preso a un ex funcionario sin siquiera estar confirmado su procesamiento.
Este fue uno de los temas que debatieron en la “mesa jurídica” que animan los principales asesores letrados del presidente Mauricio Macri. La evaluación que realizaron, en este marco, es que no sólo la ex presidenta no debería ir presa tras la decisión del juez Claudio Bonadio, sino que, incluso, varios se animaron a cuestionar la legitimidad de la prisión para Amado Boudou.
“Es una locura, esto puede volver contra nosotros como un boomerang. Si la preventiva es por entorpecer una causa, la mitad de los funcionarios actuales imputados por Comodoro Py podrían estar presos con el mismo criterio”, le dice a PERFIL uno de los juristas que asesora al jefe de Estado.
En ese marco, la llamada “doctrina Irurzun”, por el camarista que avaló la detención de Julio De Vido en la causa por irregularidades en Río Turbio, parece haber sido leída de una manera extensiva a cualquier causa, según la lectura que realizan en el poder macrista.
En este contexto, otras dos cuestiones ocupan el centro de las implicancias políticas del caso: en primer lugar, la repercusión internacional de la causa a días de la apertura de la reunión de la Organización Mundial de Comercio y en vistas al encuentro del G20. En segundo lugar, que no se instale la idea de que el oficialismo fue el “verdugo” de la ex presidenta ante los ojos del PJ no kirchnerista, del sindicalismo y acaso de la opinión pública.
Evaluación. En plena ebullición política –y penitenciaria–, el presidente Macri decidió tomarse el fin de semana largo, junto a su mujer Juliana Awada y su hija Antonia, en Potrerillo de Larreta, un country en la ciudad de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba.
A pesar de ello, el pedido de detención de CFK, junto con otro grupo de ex funcionarios y dirigentes kirchneristas, dominó la agenda de la Casa Rosada el jueves. En el primer piso de Balcarce 50, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el viceministro político del Interior, Sebastián García de Luca, y las principales espadas parlamentarias de Cambiemos analizaron el tema a fondo.
Una de las principales conclusiones a la que arribaron los colaboradores del jefe de Estado es que el escenario tras el fallo del juez Bonadio por la causa de encubrimiento y “traición a la patria” por el caso AMIA no es favorable. En ese marco, surgió la clara idea de no exponer al Gobierno como el “verdugo” de la ex presidenta.
Por ello, el propio jefe de Gabinete bajó línea: afirmó que había que sostener que no hay “intromisión” en el Poder Judicial, que los poderes son independientes y que, en todo caso, el trámite de desafuero siga sus carriles ordinarios en el Senado sin que sea impulsado por el macrismo en sesiones extraordinarias.
“Tener a una ex presidenta detenida o con pedido de prisión es muy fuerte. Hasta el caso De Vido está dentro de los márgenes, lo de Cristina es demasiado”, razonó ante PERFIL uno de los funcionarios con despacho en la Casa Rosada.
A ello hay que sumarle una consecuencia impensada: la unión de varios polos de la oposición, desde centrales obreras pasando por partidos de izquierda en contra de la medida judicial contra CFK y sus ex funcionarios.
Ezequiel Spillman
El pedido de desafuero y prisión preventiva de Cristina Kirchner generó una fuerte alerta dentro del Gobierno. En particular, en la Casa Rosada apuntan al efecto boomerang que pueda tener la decisión de poner preso a un ex funcionario sin siquiera estar confirmado su procesamiento.
Este fue uno de los temas que debatieron en la “mesa jurídica” que animan los principales asesores letrados del presidente Mauricio Macri. La evaluación que realizaron, en este marco, es que no sólo la ex presidenta no debería ir presa tras la decisión del juez Claudio Bonadio, sino que, incluso, varios se animaron a cuestionar la legitimidad de la prisión para Amado Boudou.
“Es una locura, esto puede volver contra nosotros como un boomerang. Si la preventiva es por entorpecer una causa, la mitad de los funcionarios actuales imputados por Comodoro Py podrían estar presos con el mismo criterio”, le dice a PERFIL uno de los juristas que asesora al jefe de Estado.
En ese marco, la llamada “doctrina Irurzun”, por el camarista que avaló la detención de Julio De Vido en la causa por irregularidades en Río Turbio, parece haber sido leída de una manera extensiva a cualquier causa, según la lectura que realizan en el poder macrista.
En este contexto, otras dos cuestiones ocupan el centro de las implicancias políticas del caso: en primer lugar, la repercusión internacional de la causa a días de la apertura de la reunión de la Organización Mundial de Comercio y en vistas al encuentro del G20. En segundo lugar, que no se instale la idea de que el oficialismo fue el “verdugo” de la ex presidenta ante los ojos del PJ no kirchnerista, del sindicalismo y acaso de la opinión pública.
Evaluación. En plena ebullición política –y penitenciaria–, el presidente Macri decidió tomarse el fin de semana largo, junto a su mujer Juliana Awada y su hija Antonia, en Potrerillo de Larreta, un country en la ciudad de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba.
A pesar de ello, el pedido de detención de CFK, junto con otro grupo de ex funcionarios y dirigentes kirchneristas, dominó la agenda de la Casa Rosada el jueves. En el primer piso de Balcarce 50, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el viceministro político del Interior, Sebastián García de Luca, y las principales espadas parlamentarias de Cambiemos analizaron el tema a fondo.
Una de las principales conclusiones a la que arribaron los colaboradores del jefe de Estado es que el escenario tras el fallo del juez Bonadio por la causa de encubrimiento y “traición a la patria” por el caso AMIA no es favorable. En ese marco, surgió la clara idea de no exponer al Gobierno como el “verdugo” de la ex presidenta.
Por ello, el propio jefe de Gabinete bajó línea: afirmó que había que sostener que no hay “intromisión” en el Poder Judicial, que los poderes son independientes y que, en todo caso, el trámite de desafuero siga sus carriles ordinarios en el Senado sin que sea impulsado por el macrismo en sesiones extraordinarias.
“Tener a una ex presidenta detenida o con pedido de prisión es muy fuerte. Hasta el caso De Vido está dentro de los márgenes, lo de Cristina es demasiado”, razonó ante PERFIL uno de los funcionarios con despacho en la Casa Rosada.
A ello hay que sumarle una consecuencia impensada: la unión de varios polos de la oposición, desde centrales obreras pasando por partidos de izquierda en contra de la medida judicial contra CFK y sus ex funcionarios.
Enemigos más o menos inesperados
Las reformas enfrentan enemigos inesperados, como Susana Giménez, y otros más anunciados, como el Papa. Pero el Gobierno jamás imaginó tanto activismo del Santo Padre: no solo se sacó la foto con la familia de Santiago Maldonado y le dijo a un conductor de Crónica TV que "ya era hora de que (los periodistas) se preocuparan" por la libertad de prensa en Argentina. También viene de recibir con honores a Pablo Moyano y acaba de entrevistarse, más silenciosamente, con Gustavo Menéndez, el flamante jefe del PJ bonaerense. Bendiciones en la semana de la Inmaculada Concepción.
El Grupo Techint invertirá más de u$s 1000 millones en México
El grupo siderúrgico Techint invertirá más de 1.000 millones de dólares en la instalación de una nueva planta en ese país, anunció hoy la Presidencia mexicana.
La planta de laminación de acero en caliente se construirá en el Centro Industrial que Techint tiene desde 2013 en la localidad de Pesquería, en Nuevo León, y entrará en operaciones en el segundo semestre de 2020, con una capacidad anual de producción de 3,7 millones de toneladas métricas.
El proyecto fue comunicado por el presidente de Techint, Paolo Rocca, al presidente de México, Enrique Peña Nieto, en una reunión que mantuvieron en Ciudad de México, se informó en un comunicado.
Roca informó a Peña Nieto que la planta "estará encaminada a la fabricación de productos cuyo avance tecnológico satisfaga la demanda tanto de la industria automotriz como de los sectores de electrodomésticos, maquinaria, energía y construcción", indicó la Presidencia.
Techint tiene en México nueve plantas industriales, dos plantas en operaciones mineras, cinco centros de servicio y 11 centros de distribución, recordó la agencia DPA.
Está presente en el sector acerero, en la construcción y tendido de líneas eléctricas, construcción de plantas químicas y petroquímicas, oleoductos y gasoductos, centrales eléctricas y obras civiles.
En 2016 produjo 3,5 millones de toneladas de acero, que representan 18,7 por ciento de la producción total mexicana.
Las estaciones de servicio no aceptarán pagos con tarjetas de crédito a partir de enero
Es ante la falta de respuesta a sus pedidos de reducir el arancel que cobran los bancos por el pago con plásticos y su plazo de acreditación, que es de 28 días.
Los estaciones reclaman una baja en las comisiones que cobran los bancos emisores de las tarjetas de crédito.
Los dueños independientes de estaciones de servicio de todo el país anunciaron que ya no aceptarán más pagos con tarjetas de crédito desde enero, en protesta por la negativa de los bancos a reducir las comisiones por el pago con plásticos y su plazo de acreditación, que hoy es de 28 días.
La decisión fue tomada por los empresarios agrupados en la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), tras un extenso debate y al no hallar una respuesta favorable antes sus planteos a las emisoras de tarjetas y el Gobierno.
“Las empresas de tarjetas de crédito se quedan con el 15% de la rentabilidad de un estacionero que afronta todos los riesgos de este rubro comercial con márgenes que ya son reducidos‘, dijo el presidente de CECHA, Carlos Gold, al explicar los motivos de la decisión.
Los estacioneros reclaman que los bancos a reduzcan las comisiones por el pago con plásticos y su plazo de acreditación, que hoy es de 28 días.
Gold explicó que la entidad viene realizando desde hace cuatro años el planteo a la empresa Prisma (controlada por 14 bancos públicos y privados) para una reconversión de las comisiones y de los plazos de acreditación del dinero.
“No lo planteamos sólo desde el punto de vista económico, sino también desde la necesidad de impulsar el pago con medios electrónico para reducir el uso del efectivo por la seguridad física de las empresas”, añadió.
Precisamente los directivos de CECHA habían mantenido reuniones con autoridades del Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, y del Banco Central, que preside Federico Sturzenegger, para impulsar un proceso de migración hacia los medios electrónicos de pago.
Gold dijo que los estacioneros tienen voluntad de “cobrar con medios electrónicos”, pero necesitan que “se revean las comisiones porque son muy altas”. Y continuó: “Vimos predisposición en las autoridades del Estado, pero acá la decisión pasa por la empresa Prisma”.
Un reclamo de larga data
La iniciativa de poner fin a lo que consideran un “abuso” que agrava la falta de rentabilidad real del sector fue impulsada inicialmente por la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (Faeni), de Santa Fe.
A la Faeni se le sumó la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines (Fecac) de Córdoba, y los representantes de ambas cámaras llevaron el reclamo a la mesa de diálogo de Cecha, donde se decidió implementar una medida de fuerza.
Si bien las comisiones fueron reducidas a principios de año, los estacioneros consideran que aún permanecen altas y quieren abrir una etapa de negociación con las emisoras de las tarjetas, con el arbitrio del Gobierno, para que sean mejoradas las condiciones actuales.
La cuestión de los impuestos
Gold sostuvo también que hay un problema adicional: las empresas que emiten las tarjetas retienen “un gran volumen de impuestos”.
“Esto genera un saldo a favor de cada estación de servicio que luego se hace imposible de recuperar”, señaló.
La interrupción del cobro con tarjetas de crédito será implementada en forma gradual, por zonas y en diferentes horarios, dado que los estacioneros saben que los consumidores también resultar n perjudicados.
Los estaciones reclaman una baja en las comisiones que cobran los bancos emisores de las tarjetas de crédito.
Los dueños independientes de estaciones de servicio de todo el país anunciaron que ya no aceptarán más pagos con tarjetas de crédito desde enero, en protesta por la negativa de los bancos a reducir las comisiones por el pago con plásticos y su plazo de acreditación, que hoy es de 28 días.
La decisión fue tomada por los empresarios agrupados en la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), tras un extenso debate y al no hallar una respuesta favorable antes sus planteos a las emisoras de tarjetas y el Gobierno.
“Las empresas de tarjetas de crédito se quedan con el 15% de la rentabilidad de un estacionero que afronta todos los riesgos de este rubro comercial con márgenes que ya son reducidos‘, dijo el presidente de CECHA, Carlos Gold, al explicar los motivos de la decisión.
Los estacioneros reclaman que los bancos a reduzcan las comisiones por el pago con plásticos y su plazo de acreditación, que hoy es de 28 días.
Gold explicó que la entidad viene realizando desde hace cuatro años el planteo a la empresa Prisma (controlada por 14 bancos públicos y privados) para una reconversión de las comisiones y de los plazos de acreditación del dinero.
“No lo planteamos sólo desde el punto de vista económico, sino también desde la necesidad de impulsar el pago con medios electrónico para reducir el uso del efectivo por la seguridad física de las empresas”, añadió.
Precisamente los directivos de CECHA habían mantenido reuniones con autoridades del Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, y del Banco Central, que preside Federico Sturzenegger, para impulsar un proceso de migración hacia los medios electrónicos de pago.
Gold dijo que los estacioneros tienen voluntad de “cobrar con medios electrónicos”, pero necesitan que “se revean las comisiones porque son muy altas”. Y continuó: “Vimos predisposición en las autoridades del Estado, pero acá la decisión pasa por la empresa Prisma”.
Un reclamo de larga data
La iniciativa de poner fin a lo que consideran un “abuso” que agrava la falta de rentabilidad real del sector fue impulsada inicialmente por la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (Faeni), de Santa Fe.
A la Faeni se le sumó la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines (Fecac) de Córdoba, y los representantes de ambas cámaras llevaron el reclamo a la mesa de diálogo de Cecha, donde se decidió implementar una medida de fuerza.
Si bien las comisiones fueron reducidas a principios de año, los estacioneros consideran que aún permanecen altas y quieren abrir una etapa de negociación con las emisoras de las tarjetas, con el arbitrio del Gobierno, para que sean mejoradas las condiciones actuales.
La cuestión de los impuestos
Gold sostuvo también que hay un problema adicional: las empresas que emiten las tarjetas retienen “un gran volumen de impuestos”.
“Esto genera un saldo a favor de cada estación de servicio que luego se hace imposible de recuperar”, señaló.
La interrupción del cobro con tarjetas de crédito será implementada en forma gradual, por zonas y en diferentes horarios, dado que los estacioneros saben que los consumidores también resultar n perjudicados.
El negocio de las patentes y la guerra entre Samsung y Apple
El negocio de las patentes: ¿el dinero es el único estímulo para crear?
Las empresas de tecnología disputan su supremacía valiéndose del monopolio sobre su innovación. Pero el modelo de patentes no siempre potencia la salida de nuevos productos y servicios al mercado. ¿Se puede llegar a un modelo alternativo que permita una mayor colaboración a la vez que cuide el derecho a la propiedad? El software ofrece una lección.
Por FLORENCIA PULLA
Desde la aparición del smartphone en 2007, Apple y Samsung disputan su dominio sobre el mercado de manera descarnada: lanzamientos de flag-ships con cortos time to market y grandes presupuestos de investigación y desarrollo son la norma para poder ganar un punto más de mercado. En esta “Guerra Fría” del mercado de electrónica de consumo masivo las grandes compañías tienen una herramienta, quizás inusual, para hacer valer sus innovaciones: las patentes.
Desde 2011, de hecho, los dos tanques se pelean la supremacía del mercado, no solamente en las góndolas, sino en los tribunales de Justicia. No es poco lo que está en juego: ambas compañías se precian a sí mismas como las más innovadoras y ser catalogado como quien copia la tecnología del otro podría significar un paso en falso en los mercados y, también, de cara a los consumidores. Las patentes en danza son innovaciones básicas de diseño —Apple, por ejemplo, tiene una controversial patente en los Estados Unidos sobre los celulares rectangulares con puntas redondeadas— o piezas de software funcionales que hacen a la experiencia de usuario. Por ejemplo, el famoso “pinch to zoom”, que permite pellizcar para agrandar una imagen o el doble click que sirve para agrandar y centrar una imagen.
Como las patentes son por países, los juicios se multiplicaron con resultados variados. Uno de los primeros —en 2012— le otorgaba a Apple daños por US$ 1.050 millones, pero la empresa surcoreana logró reducir la suma e incluso lograr reveses judiciales: ahora se preparan para un nuevo juicio en los Estados Unidos, quizás el definitivo.
Lo cierto es que el sector tecnológico goza de buena salud en lo que a patentes se refiere. Este año las ocho compañías tech más grandes del mundo lograron la aprobación de 18.516 patentes en los Estados Unidos, el mercado más competitivo del mundo y el que habilita el patentamiento en muchos otros países para compañías multinacionales. Sorpresivamente, ninguna de las empresas más agresivas en su postura litigiosa está al tope de la lista: es IBM quien lidera con 5.797 patentes. Samsung tiene 4.143 y Apple solo 1.559, después de Intel (2.064), Google (1.775) y Microsoft (1.673), según datos de la Oficina de Patentes y Propiedad Intelectual del país del norte.
El argumento de muchas de ellas es que para proteger la inversión que promueve la innovación se necesita la garantía de un monopolio limitado sobre la comercialización. Pero el “Juego de patentes” es más complejo. El pico de patentamientos impulsado por la industria tecnológica —de 1992 a 2002 aumentaron 40 por ciento en ese sector solamente, según datos de Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE, por sus siglas en inglés) y, en general, se incrementaron 30 por ciento de 2003 a 2010 en los Estados Unidos— funciona no solo como escudo sino como lanza: patentar cualquier innovación, incluso la más pequeña, limita que otros lo hagan y las empresas se apuran a hacerlo. Esta lógica permitió que apareciesen lo que se conoce como “trolls de patentes”: personas o fondos de inversión que se hacen de los derechos de patentes muy generales simplemente para “extorsionar” a compañías que los necesitan para algún desarrollo puntual. Los litigios y arreglos extrajuiciales costaron, en 2011, US$ 290.000 millones, según un paper de la facultad de Derecho de la Universidad de Boston.
La competencia en el mercado de patentes es tal que la adquisición de empresas solo para hacerse de sus patentes se ha convertido en una norma. En su momento, Google compró Motorola Mobility por US$ 12.500 millones para venderla después a Lenovo por US$ 2.900 millones. ¿El botín? 17.000 patentes.
No es un caso testigo. La multiplicación de patentes en el sector tecnológico a escala global marca una práctica extendida. En este contexto, no son pocos los que se preguntan si el modelo de patentes es el más efectivo para “premiar” la innovación o si, por el contrario, la obstruye. ¿Por qué innovamos? ¿Existen modelos alternativos al de patentes que permitan, a la vez, incentivar y cuidar la innovación?
La letra chica
El modelo de patentes no es nuevo. De hecho, su origen puede situarse en Venecia —esa tierra de mercaderes medievales— y su aparición, en 1450, está relacionada con los “secretos artesanos” que guardaban los maestros encargados de darle forma al cristal de Murano. “La idea era incentivar a los talleres, en las incipientes burguesías de la época, a revelar técnicas que generalmente se pasaban de maestro a aprendiz. A cambio de la divulgación de ese secreto se les otorgaba una garantía para ejercer un monopolio comercial. El Estado buscaba que las invenciones se hicieran públicas; las leyes de Patentes y Propiedad Intelectual fueron hechas para engordar el dominio público”, explica Beatriz Busaniche, parte de la fundación de software libre Vía Libre y Magíster en Propiedad Intelectual por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Y aclara: “Por eso no es un sistema de premios sino de incentivos. Existen los secretos industriales pero el Estado entiende que eso no es socialmente útil; la patente es un estímulo para contar cómo se hizo. Hay una meta colectiva.”
Fernando Peirano, economista.Los regímenes que protegen la innovación nacieron así, como un win-win entre privados y el Estado. “El capitalismo es poco propenso a dar monopolios, pero entendió que había una utilidad social en dar una concesión limitada en el tiempo para lograr que la creatividad de las personas sea incentivada; para que puedan vivir de su creación”, cuenta Ariel Manoff, abogado especialista en patentes. Cuenta que los tiempos de permisos varían de país en país; en la Argentina, las patentes son otorgadas por el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) y duran 20 años.
La Argentina no es, dentro del esquema global de patentes, un jugador muy activo: una fuente cercana al INPI estima en menos de 800 la cantidad de patentes otorgadas cada año. Los tiempos burocráticos para el otorgamiento varían entre los tres y los seis años. El costo, además, es oneroso: según Manoff, puede estar entre $25.000 y $50.000, si se tiene en cuenta la solicitud y los gastos de los abogados. “En el país, la importancia de las patentes es más bien reducida y eso nos pone lejos de los países que más hacen uso de esa reglamentación —explica a Infotechnology el economista especializado en innovación Fernando Peirano—. Eso tiene que ver con los sectores en los que se innova en el país y, también, con un tema cultural.”
Las particularidades del sistema argentino quizás expliquen esta baja en las patentes, especialmente en el sector tecnológico. Mientras que en los Estados Unidos el software y las innovaciones matemáticas pueden patentarse, en la legislación argentina entran dentro del régimen de Propiedad Intelectual, que tiene otras características y otras protecciones. Es por eso que el algoritmo que utiliza Google para indexar contenidos en su buscador está protegido por las leyes de patentes y no del copyright. “En la Argentina, el software se entiende como si fuese una innovación matemática o un proceso y, por lo tanto, no pueden patentarse. En los Estados Unidos lograr esa protección costó muchos años de litigios. Eso explica también por qué es muy habitual en Silicon Valley comprar otras empresas para hacerse de patentes. Si una compañía cree que hacerse de un portfolio viene bien para atacar o defenderse, es probable que avance. En la Argentina se habla mucho del pirata, del que comete fraude en La Salada, pero en los Estados Unidos hay infracciones todo el tiempo: lo que sucede es que las empresas pagan”, explica Manoff.
Para Busaniche, la decisión de la Argentina de no patentar software jugó a favor del desarrollo de una industria local robusta y explica, quizás, por qué los unicornios argentinos salieron, todos, de la llamada “Economía del conocimiento”. “En el país, no tendríamos industria de software si estuviese protegida por el sistema de patentes —dice, tajante—. El régimen de Propiedad Intelectual cubre la expresión de la idea, no importa el qué.” Entonces, por ejemplo, si una persona o empresa escribe un programa para generar un editor de textos, eso no impide que otra desarrolle una aplicación con el mismo objetivo, siempre y cuando no plagie el código entero. “Si dentro de la patente estuviese incluido el uso, por ejemplo, de la negrita, otro no lo podría incluir en sus desarrollos propios”, explica.
El software argentino permite innovar sin esa protección que da la patente lo que apunta a otras razones por las que personas y organizaciones ponen lápiz en mano y crean soluciones creativas que nada tienen que ver con un estímulo financiero. (Ver “¿Por qué innovamos?”)(Ver “¿Por qué innovamos?”)
Economía Open Source
A escala global es justamente la industria del software la que ha podido desarrollar modelos de negocios alternativos —y altamente lucrativos— a los tradicionales que están más basados en propiedad intelectual o patentes. El Open Source, cuyos desarrollos hoy son parte de un grueso de las empresas globales de tecnología, propone la liberación del código para el desarrollo en comunidad de nuevas soluciones. Este modelo, en las antípodas del de software privativo que defiende un modelo de licencias y de innovación cerrada, ha tomado impulso en los últimos años. Hoy, el software que impulsa todos los gadgets y plataformas con los que interactuamos a diario, fue hecho —al menos parcialmente— utilizando software Open Source.
Pero no siempre fue así. Hace una década, el mundo de los negocios —y también el sector público— consideraba que adoptar software Open Source era una movida arriesgada: los bugs, pensaban, podrían multiplicarse en un entorno en donde “cualquiera pudiese hacer lo que quisiese”. Ocurrió lo contrario. “Más ojos, más manos, siempre es mejor”, opina Sebastián Biagini, gerente general de Red Hat, compañía insignia del Open Source para el segmento corporativo. “La velocidad de la innovación sobre un producto comunitario es mucho más grande que sobre un producto cerrado. El modelo es más horizontal porque la opinión de todos enriquece al producto; hay una necesidad de mejora continua que se ve en las comunidades. Y eso incluye a la seguridad; ser abierto no es ser vulnerable.”
Beatriz Busaniche, Fundación Vía Libre.Hay conversos. Empresas de software del mundo privativo, como Microsoft, han concedido al Open Source una victoria moral a abrirse a empresas del segmento, con una filosofía distinta, y cambiando su modelo de licencias a uno de suscripciones. La alianza con Red Hat para simplificar sus server containers fue, en ese sentido, histórica. Diego Bekerman, gerente general del gigante de la ventanita para la Argentina y Uruguay, explica este cambio de actitud. “Los que no se adaptan, desaparecen. Si entendés que tu contexto cambia, hay que evolucionar rápido para adelantarte y que no te pasen por encima. Quedarse en la palabra `innovación´ es un cliché; las empresas tienen que transformarse por voluntad propia porque si no otro lo va a hacer más rápido. El producto en sí mismo no tiene valor; lo que tiene valor es cómo lo ponés a disposición del cliente. Antes nos impulsaban las licencias y las plataformas cerradas pero ese mundo no existe más; hoy los entornos son abiertos y colaborativos.”
En el centro de esta nueva Microsoft está Azure, su plataforma en la nube, que —por la naturaleza de su tecnología— se basa en un modelo de suscripciones y en un “pay as you use” que permite que empresas más pequeñas accedan a los beneficios que antes solo tenían aquellos que contaban con Data Centers propios. “El procesamiento que te da la nube no existía hace 10 años; procesar grandes volúmenes de datos era solo para grandes compañías. El negocio hoy no está más en el mercado de las PC sino en el de poder de cómputo”, cuenta Bekerman.
Otras empresas de verticales ajenos al software han adoptado esta filosofía. Los hackatones Open Source son un ejemplo de ello: solo este año, en nuestro país, se han abierto convocatorias de Barrick y Mondelez para crear soluciones a sus verticales. En consumo masivo, Motorola Mobility apostó al Open Hardware como modelo de desarrollo de los módulos que se adosan al nuevo Moto Z, el modelo de más alta gama de la compañía. En el sector financiero, empresas como JP Morgan están acelerando empresas fintech como Hyperledger, de la Fundación Linux, que usa blockchains Open Source para potenciar la innovación en el sector bancario. “Las empresas están viendo que el software cerrado es peor que el software abierto porque se verifica mucho menos y porque atrae a un pool de talento que es diverso. Es una simple cuestión de escala”, explica a Infotechnology Rodrigo Ramele, doctorando en Ingeniería Informática y profesor del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y cita ejemplos. “Google, Facebook y Microsoft están entre las empresas más grandes del mundo y todas tienen programas in house de desarrollo Open Source.”
El poder de la comunidad es, a esta altura, innegable para potenciar la innovación pero el modelo de negocios de empresas “puras” no siempre es tan claro. “Si bien el ecosistema de empresas que ofrecen software cerrado está muriendo, Red Hat hay una sola. Es decir, empresas que hayan encontrado el modelo de negocios en la periferia de ese producto, y no dando servicios, son pocas”, concede Ramele.
Además, mantener vivos proyectos no es una tarea fácil y requiere de una comunidad amplia, con un interés que perdure a lo largo del tiempo, lo que no siempre sucede. La sustentabilidad es un problema que la comunidad del Software Libre no ha sabido resolver del todo.
Biagini la defiende; dice que los proyectos no fracasan sino que son reemplazados por otros, más ambiciosos, que atraen la atención de un mercado de talento más amplio. “Los proyectos que mueren no lo hacen por tener detrás un modelo Open Source sino porque aparecen otros mejores. El incentivo de participar en proyectos como Open Stack no es monetario sino profesional”. Es cierto: para aquellos que participan en proyectos comunitarios firmar un desarrollo es una especie de “CV digital” al que muchas empresas del sector prestan cada vez más atención.
Mientras tanto, las empresas cuyo producto es abierto tienen más problema para conseguir capital inicial que aquellas protegidas por patentes o que presentan un producto protegido por el secreto industrial. Yaeltex —una startup local fundada por los hermanos Alejo y Mateo Yael en conjunto con Franco Grassano y Teo Bonilla— entiende las consecuencias potenciales de elegir un modelo abierto. Ellos se dedican a la creación de controladores Midi a medida y basan su modelo de negocios en el Open Hardware: liberan sus productos para que cualquiera pueda producirlos. “El mejor camino para hacer las cosas es compartir conocimiento. Y hoy el mercado da para eso: no todos quieren hacer sus controladores desde cero entonces hay un nicho de mercado para nosotros”, cuenta Mateo Yael. Pero agrega: “Hay un estigma que pesa todavía sobre los emprendimientos Open Source; un miedo a que el negocio es muy fácil de perder. Asumimos que es un riesgo pero preferimos hacer un producto único”.
Busaniche, de Fundación Vía Libre, es optimista. “El modelo económico del Software Libre es interesante porque no propone un monopolio excluyente como garantía de buenos negocios o de buen desarrollo del producto. El modelo abierto ya no es alternativo; es el que mejor funciona.”
Una excepción
Por todas las cosas a favor que tiene el software Open Source, hay sectores en donde el modelo de patentes no solo impera sino que encontrar alternativas colaborativas se vuelve difícil. El sector farmacéutico y de biotecnología es donde se presentan la mayor cantidad de patentes. Esto es cierto en el mundo pero también en la Argentina. Una fuente del INPI así lo confirmó a Infotechnology.
Tiene sentido. Según estima la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que concentra a los laboratorios extranjeros en el país, llevar una droga al mercado requiere de una inversión intensiva: se calcula que de todas las drogas en investigación actualmente, solo 5 por ciento llegarán al mercado y requerirán una inversión promedio de US$ 2.000 millones para pasar las distintas fases de desarrollo que implican probar su efectividad en humanos. Las patentes, argumentan, son necesarias para promover las inversiones en investigación y desarrollo. “Los procesos de aprobación de una patente son largos y el research puede durar más de 10 años; entonces, la duración real de una patente se reduce al 50 por ciento”, explica José Priegue, gerente de Asuntos Gubernamentales de Caeme. “Necesitas un sistema que permita el recupero de la inversión.”
Hay, además, una justificación científica detrás. Mientras que generar innovación en el sector implica sangre, sudor y lágrimas, el negocio de copiar una molécula farmacéutica es indoloro. “Es muy difícil sacar una molécula al mercado, porque la inversión es altísima, pero copiarla es muy sencillo: los costos de producción nunca van a ser tan altos como los de investigación”, dice Carlos Peralta, Chief Scientific Officer (CSF) de Novartis. Coincide en este punto el VP de Propiedad Intelectual de la alemana Bayer, Thomas Henshaw. “El sistema de patentes es lo más justo en la industria farmacéutica porque cuida al innovador; si no se genera una competencia desleal con los que copian y se benefician con la inversión de muchos años, y también muchos fracasos, que tienen a cuestas las empresas que innovan.”
Un argumento que pone en duda la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), que protege los intereses de los laboratorios locales, de menor espalda financiera que las grandes multinacionales. “No hay presentadas estructuras de costos para estimar cuánto sale crear una molécula farmacéutica. La exclusividad que da una patente es un precio muy alto que paga la sociedad para estimular la investigación porque ese monopolio permite a las grandes empresas controlar cantidad y precio; la relación entre la inversión y los años de duración de una patente son totalmente desproporcionados”, alega Mariano Genovesi, titular de Asuntos Legales de Cilfa.
La discusión patentes versus genéricos es lo que motiva, en principio, el recelo que tienen los laboratorios por su propiedad intelectual. Pero muchos de ellos participan, con segundas marcas, en el mercado de las copias. A esto se suman los biosimilares, fármacos de origen biológico que emulan a los productos propietarios, en donde también comienzan a competir: Novartis, por ejemplo, tiene Sandoz y Pfizer tiene Pfizer Biosimilars. A escala local, empresas como Insud y Biosidus están metiendo los pies en el mercado de los biosimilares, lo que adelanta una contienda por el dominio de este mercado que regula Anmat y no el INPI (Ver “Hacer móleculas de la patente caída”).
Lo cierto es que en un mercado tan delicado como el de la salud, no son pocos quienes cuestionan al monopolio limitado que dan las patentes sobre la comercialización de nuevos descubrimientos porque, dicen, retarda la innovación. “El modelo de patentes no siempre es bueno para resolver necesidades sociales”, aclara Busaniche. “Mucho dinero de investigación va a resolver cuestiones de la estética, mientras que no se destinan suficientes recursos para investigar enfermedades que afectan a un sector de la población que quizás no puede pagar por esa innovación.”
Hay dos cuestiones centrales: las estrategias de pricing y, su consecuencia lógica, el acceso a las nuevas drogas. Desde Caeme hacen una salvedad. “El sistema argentino tampoco permite que cualquiera ponga el precio que quiera. Hay múltiples metodologías desarrolladas por los sistemas de salud para hacer sustentable el sistema”, acota Priegue. Además, dice, en el mercado existen genéricos cuyo precio es mayor al de los medicamentos patentados y da el caso de Docetaxel, una droga de Sanofi Pasteur, que tiene copias más caras que el original.
Para Henshaw, es el Estado, con su poder de compra quien, en todo caso, tiene que resolver ese desequilibrio. “Hay que entender que una nueva droga tiene una relación costo-beneficio sobre el sistema; se tiene que ver, caso por caso, si esa droga permite un ahorro o un avance social y ahí discutir sobre el precio.” Para Genovesi, “la salud es un derecho constitucional y el Estado sí tiene una responsabilidad en cómo asigna exclusividades en el mercado y en cómo asigna sus presupuestos”.
Si en el mundo del software, existen diferentes modelos que conviven, en el mercado farmacéuticos, estos modelos colaborativos no parecen ser opciones del todo viables. “Esa es la gran discusión —concede Daniel Ciriano, director médico para la región de Roche— porque hay muchas aristas a considerar. Hay modelos de crowd innovation en el mundo para colaborar pero, ¿hay estimulo suficiente como para que eso lleve a la creación de nuevos productos que tengan la calidad que hoy tienen en su manufactura final? Es totalmente especulativo.”
¿Sirve o no sirve?
Cuando se habla de organizaciones y no de individuos, la relación entre innovación y protección por patentes se vuelve menos clara. Las conclusiones derivadas de estudiar “la economía de las patentes” son distintas y varían por sector. No es lo mismo hablar de la economía Open Source y de los aportes creativos de la comunidad, entonces, que de la industria farmacéutica y su modelo de investigación y desarrollo que, aunque controversial, saca al mercado drogas para extender y mejorar la vida. “Es difícil encontrar una prenda que les entre a todos en todo momento y lugar. El problema del sistema de patentes es que es un traje hecho a medida de algunas industrias, que sí requieren ciertas certezas para invertir, pero que no sirve para todos”, dice Peirano.
Un estudio de la facultad de Económicas de la Universidad de Oxford ilustra esto. Encontró que cuando las patentes se otorgan en el sector manufacturero y de servicios, las inversiones en investigación y desarrollo suelen ser mayores. Especialmente en sectores en los que la inversión es intensiva y el riesgo de recupero alto, el incentivo de las patentes se vuelve clave. En otras, la relación es menos clara.
De hecho, en sectores donde la innovación no viene asociada a grandes inversiones en tecnología —muchas son mejoras a productos o técnicas existentes—, las patentes muestran menos efectividad marca un paper de la Escuela de Negocios de la ciudad de Copenhague.
“El de patentes es un juego de equilibrios —reconoce Peirano—porque tiene que ser adecuado para incentivar pero sin excederse y obstaculizar la innovación. Hoy, hay cada vez más patentes pero eso no significa que vivimos en un mundo más innovador. Muchas veces las patentes se usan para crear corralitos en diferentes temas de investigación; no para innovar o proteger lo estudiado sino para obstaculizar proyectos de los competidores.” Las conclusiones de un working paper de la Reserva Federal de Saint Louis, en los Estados Unidos, son similares: la cantidad de patentes subió de 189.597, en 2003, a 244.341, en 2010, mientras que los presupuestos de I+D se mantienen más o menos estables.
Valentín Muro, filósofo.Valentín Muro, filosofo y entusiasta de la ética hacker, habla de un modelo para armar; estas, dice, son épocas de transición. “La idea de innovación es tramposa porque casi todo es un remix de cosas que surgieron antes. Si impedís el acceso al conocimiento es difícil crear en base a combinaciones anteriores. El modelo de patentes está llegando a su límite. Pero las empresas del futuro van a tener que presentar un modelo alternativo que sea igual de sustentable”. Busaniche coincide. “No es que el modelo no sirve sino que se ha vuelto injusto; no hay que arrojar el sistema a la basura sino que hay que redefinirlo.”
La clave, parece ser, es encontrar un traje a medida por industria. “Durante mucho tiempo prevaleció la mirada sectorial de la industria del entretenimiento y de la farmacéutica; hicieron que su traje a medida, que funciona, sea la regla general y eso también ha generado problemas. Hace 30 años el discurso dominante era el de las patentes; hoy hay modelos alternativos que sirven en otros sectores y que podrían aplicarse en otros verticales”, dice Peirano. En la Economía del Conocimiento, el viejo modelo de patentes enfrenta su batalla más difícil.
Dura réplica militar israelí, tras misiles
Ataque con cañones y aviones, varios heridos reportan en Gaza
Israel lanzó ataques con aviones sobre Gaza, a posiciones de Hamas.
Israel lanzó hoy ataques en el norte de la Franja de Gaza, con cañones y aviones, que causaron varios heridos, según reportes locales, en respuesta al lanzamiento de cohetes contra su territorio.
"En respuesta al lanzamiento de cohetes lanzados desde Gaza esta noche hacia Israel, nuestra aviación golpeó un campo de entrenamiento de Hamas y un depósito de municiones en la Franja de Gaza", dijo un portavoz militar, confirmando las noticias recibidas en previamente desde la Franja. "Israel -añadió el informante- cree que Hamas es el único responsable de todos los actos de hostilidad contra Israel que comenzaron en la Franja".
Mientras tanto, se precisó desde Gaza, en base a fuentes palestinas, que los aviones israelíes también atacaron el área de Sudanya, desde donde supuestamente se lanzaron misiles.
Las explosiones fueron muy poderosas y también se escucharon en la cercana ciudad israelí de Ashqelon. Fuentes palestinas informaron que la onda de choque ha causado daños a muchas casas y que varios civiles también han resultado heridos al romperse ventanas y mamposterías.
Dos cohetes fueron lanzados desde Gaza contra Israel este viernes, admitió un portavoz militar israelí, lo que se suma a los lanzados en la víspera, en medio de una tensión creciente.
El primero de esos misiles, indicó el informante, fue interceptado por el sistema de defensa Iron Dome, mientras que por el momento no se sabe dónde cayó el segundo. La población israelí en el área recibió instrucciones de permanecer cerca de refugios o habitaciones blindadas en sus hogares. Las alarmas sonaron insistentemente en el sur de Israel este viernes.
Ayer desde Gaza se lanzaron tres cohetes hacia las ciudades israelíes de Sderot y Ashqelon. Dos de ellos cayeron dentro de la Franja, el tercero aparentemente en un área abierta.
Tras eso, las Fuerzas Armadas de Israel, lanzaron ataques contra posiciones de Hamas, el grupo armado que lucha por una Palestina libre.
Los ataques israelíes del jueves consistieron en disparos con tanques y ataques aéreos, dijeron fuentes castrenses del estado judío.
La tensión en la región se disparó tras el anuncio de los Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital israelí, algo que formalizó el presidente Donald Trump el miércoles pasado.
El sistema de defensa antimisiles de Israel, Iron Dome (Cúpula de Hierro), fue diseñado para interceptar cohetes de corto y mediano alcance, así como misiles balísticos, incluidos proyectiles guiados, misiles de crucero, aviones e incluso aviones no tripulados.
Los incidentes se produce cuando en Jerusalén y Cisjordania estallaron disturbios entre las fuerzas israelíes y los palestinos, cuyos dirigentes habían llamado a manifestar su "ira" dos días después de que Estados Unidos reconociera Jerusalén como capital de Israel.
Israel lanzó ataques con aviones sobre Gaza, a posiciones de Hamas.
Israel lanzó hoy ataques en el norte de la Franja de Gaza, con cañones y aviones, que causaron varios heridos, según reportes locales, en respuesta al lanzamiento de cohetes contra su territorio.
"En respuesta al lanzamiento de cohetes lanzados desde Gaza esta noche hacia Israel, nuestra aviación golpeó un campo de entrenamiento de Hamas y un depósito de municiones en la Franja de Gaza", dijo un portavoz militar, confirmando las noticias recibidas en previamente desde la Franja. "Israel -añadió el informante- cree que Hamas es el único responsable de todos los actos de hostilidad contra Israel que comenzaron en la Franja".
Mientras tanto, se precisó desde Gaza, en base a fuentes palestinas, que los aviones israelíes también atacaron el área de Sudanya, desde donde supuestamente se lanzaron misiles.
Las explosiones fueron muy poderosas y también se escucharon en la cercana ciudad israelí de Ashqelon. Fuentes palestinas informaron que la onda de choque ha causado daños a muchas casas y que varios civiles también han resultado heridos al romperse ventanas y mamposterías.
Dos cohetes fueron lanzados desde Gaza contra Israel este viernes, admitió un portavoz militar israelí, lo que se suma a los lanzados en la víspera, en medio de una tensión creciente.
El primero de esos misiles, indicó el informante, fue interceptado por el sistema de defensa Iron Dome, mientras que por el momento no se sabe dónde cayó el segundo. La población israelí en el área recibió instrucciones de permanecer cerca de refugios o habitaciones blindadas en sus hogares. Las alarmas sonaron insistentemente en el sur de Israel este viernes.
Ayer desde Gaza se lanzaron tres cohetes hacia las ciudades israelíes de Sderot y Ashqelon. Dos de ellos cayeron dentro de la Franja, el tercero aparentemente en un área abierta.
Tras eso, las Fuerzas Armadas de Israel, lanzaron ataques contra posiciones de Hamas, el grupo armado que lucha por una Palestina libre.
Los ataques israelíes del jueves consistieron en disparos con tanques y ataques aéreos, dijeron fuentes castrenses del estado judío.
La tensión en la región se disparó tras el anuncio de los Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital israelí, algo que formalizó el presidente Donald Trump el miércoles pasado.
El sistema de defensa antimisiles de Israel, Iron Dome (Cúpula de Hierro), fue diseñado para interceptar cohetes de corto y mediano alcance, así como misiles balísticos, incluidos proyectiles guiados, misiles de crucero, aviones e incluso aviones no tripulados.
Los incidentes se produce cuando en Jerusalén y Cisjordania estallaron disturbios entre las fuerzas israelíes y los palestinos, cuyos dirigentes habían llamado a manifestar su "ira" dos días después de que Estados Unidos reconociera Jerusalén como capital de Israel.
La CGT se plantó por el desafuero de Cristina y apuntó contra Bonadío
Héctor Daer salió a hablar y remarcó que "no se pueden juzgar actos de gobierno", dado que perjudica a la democracia.
Héctor Daer cuestionó el pedido de desafuero de Cristina Kirchner del juez Claudio Bonadio por el memorandon con Irán, ratificado luego por el pleno del Congreso.
El triunviro de la CGT analizó que "no se pueden juzgar actos de gobierno", dado que perjudica a la democracia. "No suelo opinar sobre la justicia, pero lo sucedido ayer me obliga: no se pueden juzgar actos de gobierno, es complicado para la democracia", escribió en su cuenta personal de Twitter.
Además, Daer explicó que la decisión del magistrado responde a una orden de Mauricio Macri para desviar la atención de los recortes y los ajustes que realiza el Gobierno nacional. "Mientras tanto, la reforma previsional se aprueba en el Senado, perjudicando a los más vulnerables: los jubilados", remató.
El jueves, Bonadio pidió el desafuero de la senadora y ordenó la detención de Luis D'Elia y del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini.
Héctor Daer cuestionó el pedido de desafuero de Cristina Kirchner del juez Claudio Bonadio por el memorandon con Irán, ratificado luego por el pleno del Congreso.
El triunviro de la CGT analizó que "no se pueden juzgar actos de gobierno", dado que perjudica a la democracia. "No suelo opinar sobre la justicia, pero lo sucedido ayer me obliga: no se pueden juzgar actos de gobierno, es complicado para la democracia", escribió en su cuenta personal de Twitter.
Además, Daer explicó que la decisión del magistrado responde a una orden de Mauricio Macri para desviar la atención de los recortes y los ajustes que realiza el Gobierno nacional. "Mientras tanto, la reforma previsional se aprueba en el Senado, perjudicando a los más vulnerables: los jubilados", remató.
El jueves, Bonadio pidió el desafuero de la senadora y ordenó la detención de Luis D'Elia y del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini.
Tensión y heridos durante el desalojo de una maderera en Neuquén
Un diputado provincial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) fue herido durante un desalojo que hizo la Policía de Neuquén en una maderera ocupada por sus trabajadores en rechazo al cierre del establecimiento.
Se trata del dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) Raúl Godoy, quien sufrió heridas en una de sus piernas y afirmó que le dispararon "por la espalda".
"La Policía provincial de Neuquén acaba de dispararme por la espalda. Me destrozaron el pantalón, zapatilla y tobillo", denunció el legislador patagónico a través de su cuenta de Twitter.
En el Parque Industrial de Neuquén, Godoy participaba de la protesta que realizaban trabajadores de la empresa maderera MAM, quienes ocupaban la planta desde hace varios meses en rechazo a los despidos y el cierre de la firma.
"Me identifiqué como diputado, le pedí la orden al jefe del operativo, pero se reían e iban de un lado para el otro. La policía está muy cebada acá en Neuquén", relató el legislador en diálogo con Radio 10.
Y agregó: "Quise alejar a una mujer para que no la golpearan y uno de los policías me disparó una bala de goma en el tobillo, que me destrozó porque me dispararon a un metro de distancia. Hay que ver si tengo perdigones en otras partes".
La empresa Maderas al Mundo (MAM) había anunciado una crisis económico en julio pasado y había despedido a la mitad de los trabajadores y suspendido al resto.
"El tema es muy complejo. Quieren hacer creer que hay una unanimidad de trabajadores tomando la empresa para conservar sus trabajos cuando en realidad es solo un grupo reducido", planteó el fiscal Pablo Vignaroli, quien junto a su par Marcelo Jara había pedido la orden de desalojo a la jueza Ana Malvido.
Escándalo internacional por las deportaciones por la cumbre de la OMC
La deportación de un activista noruego y una periodista británica generaron protestas internacionales.
El gobierno de Macri ofreció un rostro poco agradable al mundo a horas de que comience la cumbre mundial de la OMC en Buenos Aires. La decisión de impedir el ingreso al país del activista noruego Petter Titland y disponer su deportación a Brasil, ya generó un conflicto diplomático. La canciller de ese país Ine Eriksen Soreide anticipó que exigirá explicaciones a la cancillería y el escándalo ya llegó a medios internacionales como el New York Times
"Pedimos disculpas por la decisión argentina de cancelar la suscripción y de denegar la entrada a varios participantes de ONG, incluido Petter Titland, titular de Attac Noruega. Creemos que el diálogo con la sociedad civil es una parte importante de la cooperación internacional también en la OMC. La decisión de Argentina es desafortunada y envía una señal equivocada", afirmó a ABC News el asesor de comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, Guri Solberg, cuando fue consultado por la decisión del Gobierno de deportar a Titland y otros miembros de ONG del mundo que iban a participar de la reunión de la OMC, que se realizará en Buenos Aires del 10 al 13 de diciembre.
El hecho sucedió esta madrugada, cuando el ciudadano noruego y varios integrantes de diferentes ONG del mundo llegaron a Ezeiza y fueron retenidos y, posteriormente, la mayoría de ellos deportados.
Mejor suerte corrió la ONG Siemenpuu, ya que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia presionó para que rebocaran la negativa a ingresar al país y logró el acceso de la organización.
Titland lidera un grupo que logró repatriar miles de millones de dólares fugados de Noruega a paraísos fiscales y brega por la aplicación de la tasa Tobin a los capitales financieros.
"El equipo de Seguridad de la organización de esta Conferencia Ministerial anticipó a la OMC la existencia de algunos inscriptos, registrados por dicha Organización en nombre de algunas ONG's, que habían hecho explícitos llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos", sostuvo el canciller Jorge Faurie en un comunicado, para justificar la decisión.
Por Twitter, Titland difundió una carta en inglés dirigida a Faurie de parte del área de Comercio de la Unión Europea. En ella le expresan "preocupación" por la decisión argentina de revocar la acreditación para la cumbre de la OMC. En la misiva se preguntan "cómo es posible que ONGs de Europa a las que le revocan la acreditación sean una amenaza para la seguridad".
La periodista inglesa Sally Burch, de la Agencia Latinoamericana de Información, tampoco pudo ingresar al país. Quedó detenida en Ezeiza y la deportaron a Ecuador, donde vive.
Burch habló desde Ezeiza antes de ser deportada: "Pienso que es una actitud poco democrática del gobierno de Argentina que no quiere que estemos en la Organización Mundial de Comercio", afirmó .
El CELS había presentado un habeas corpus para evitar que la deporten, pero fue rechazado por la justicia federal y recién este viernes la Cámara Federal de La Plata le dio curso, pero la periodista ya estaba rumbo a Quito.
"Soy periodista británica y estoy siendo rechazada para entrar en la Argentina. Soy parte de un grupo de 60 personas que no pueden participar de la cumbre de la OMC", explicó Burch.
"Cuando llegué a Migraciones dije que entraba como turista y aparecí en una lista que no podía entrar", contó Burch a Radio 10. Precisamente ese fue el argumento del Gobierno, la periodista declaró que venía en viaje de turismo, no de trabajo.
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