Ley de protección al empleo : Funes, el desmemoriado

¿Quién es el empresario que se cruzó con Bregman por la ley antidespidos?

Por Lucho Aguilar

En el debate por el proyecto de ley antidespidos la diputada del Frente de Izquierda denunció la “escandalosa ofensiva patronal” contra la ley. El vocero de escandaloso prontuario.


“La ley antidespidos generó un duro cruce entre la UIA y diputados de la oposición” titularon algunos diarios.


-Esta sesión es escandalosa. Es parte de la ofensiva patronal para que no haya ley antidespidos en la Argentina – dijo Myriam Bregman.


-Nuestra presencia nunca ha sido escandalosa ni es ninguna maniobra – se intentó defender Daniel Funes de Rioja.


Para entender un poco el trasfondo del debate, La Izquierda Diario te recuerda la historia del dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la COPAL (cámara de industriales alimenticios).
Abogados del diablo


Los 850 metros cuadrados que poseen sus oficinas están valuados en 5 millones de dólares. En su interior, el mármol de Carrara abunda en pisos y columnas. Por allí desfila un nutrido ejército de 100 abogados, que sigue los 14.400 expedientes que lleva el estudio.


El abogado del diablo ronda las oficinas de personal de las grandes empresas, pero atiende en Puerto Madero. Desde el piso 11 de la lujosa torre se tiene una vista privilegiada al río y la Ciudad, pero la mirada de Daniel Funes de Rioja en general está fijada a varios kilómetros de allí, en la Zona Norte del Gran Buenos Aires y otras localidades que alojan a las fábricas de la alimentación.
El heredero


En 2009, algunas semanas después del duro conflicto de Kraft, los medios dieron la noticia. “Carlos Pedro Blaquier, titular de Ledesma; y Luis Pagani, dueño de Arcor, acordaron el nombramiento de Daniel Funes de Rioja al frente de la poderosa COPAL, para un bienio que se prevé conflictivo por el surgimiento de un gremialismo de izquierda adepto a los paros salvajes” (Ambito Financiero).


Las patronales habían tomado nota, y así como los trabajadores del gremio elegían delegados combativos, ellos también “optaron por un cambio”. La COPAL nombró a sus nuevos generales y reorganizó su ‘comando superior’. Podrá sonar muy castrense, si no fuera que se trata de la COPAL. Y de Funes de Rioja.


Nada que envidiarle a Zorreguieta


En esos días, los medios intentaron dar en la tecla. “Jorge Zorreguieta era resistido entre los organismos de Derechos Humanos por haber desempeñado funciones durante la última dictadura”.


Es que el titular de la COPAL entonces había sido secretario de Agricultura de Videla. Era mucho. Quizá prestaron poca importancia a su reemplazante no tenía tanto que envidiarle. Funes de Rioja fue - durante el gobierno de Videla - asesor del Ministerio de Planeamiento de la Nación, desde donde se hacían millonarios negociados con las obras públicas y los amigos de la patria contratista. Pero tuvo un rol quizá más perverso: fue consejero y delegado por el sector empresario ante la Organización Internacional del Trabajo desde 1976. Mientras Funes de Rioja era representante patronal ante la OIT, eran asesinados y desaparecidos miles de delegados y activistas obreros, se intervenían sindicatos a punta de pistola y se prohibían las huelgas. Muchas denuncias llegan a ese organismo. ¿Qué hacía el ilustre abogado patronal? ¿Yo señor? No señor...


Quizá con nostalgia de aquellos años, ha creado con viejos camaradas la Academia Nacional de la Empresa. Lo acompañan Eduardo Zavalía, Eduardo Roca y Alejandro Estrada, todos funcionarios de la dictadura. Según su acta fundacional, “la Academia congregará en su seno a quienes, gozando de una intachable conducta moral y cívica, se hayan destacado en las ciencias empresarias”. Intachables...


Tamaña trayectoria le ha valido el reconocimiento internacional: “usted ha hecho lo difícil, lo que necesitamos en Colombia, que es creer en nuestra empresa privada, en nuestros empleadores, en sus principios cristianos y democráticos”. Las palabras son de Alvaro Uribe, presidente colombiano, al condecorar hace poco tiempo a Funes de Rioja. Los empresarios colombianos - cristianos y democráticos - ya llevan asesinados 2900 sindicalistas desde 1985. Las más acusadas son las empresas alimenticias, como Nestlé y Coca-Cola, que también integran la COPAL en Argentina.
No sólo de libros vive el hombre


Para los diarios de negocios, Funes de Rioja es parte “de la tendencia de poner al frente de sus cámaras a dirigentes sin empresa”. Los medios ocultan que el abogado del diablo es también un ascendente empresario. Funes de Rioja es accionista y socio del conocido Laboratorio Rommers, de cuyo directorio es vicepresidente.


Pero además, es uno de los dueños de Task Solutions, que terceriza el servicio de call centers de las grandes empresas telefónicas, en Córdoba y Buenos Aires. Fiel a sus principios, el abogado-patrón tiene a sus 2000 empleados enrolados en el sindicato... metalúrgico. Que raro. ¿Atenderán con teléfonos de acero y voces metálicas?
Sí, escandaloso


No son los únicos laureles que porta Funes en beneficio de su clase. Fue uno de los grandes ideólogo de las reformas laborales, como dirigente de la UIA, y también como funcionario del gobierno de Menem. Desde la COPAL, además, cobijó una buena relación con Rodolfo Daer. Juntos fueron precursores de la flexibilización laboral, con el convenio de la alimentación 244/94 que lleva estampadas sus firmas.


No sólo craneó muchas de las leyes y proyectos antiobreros. También se ha convertido en un vocero repetido de los empresarios. Su primera prueba fue aquella dura huelga de Kraft, a cuyos obreros calificó como ‘constructores de conflictos’ y les dedicó su arenga represiva titulada “Orden republicano” publicada por La Nación.


En estos años siguió siendo la voz de una clase que prefiere “preservar” a los dueños para que su conciencia hable a través de personajes como Funes de Rioja. Por eso se encargó de condenar los métodos obreros ("El piqueterismo sindical es un abuso"), de reclamar límites para el derecho de huelga (“si se reconociera en forma indeterminada, podrían generarse fórmulas anárquicas”) y exigir techo salarial hace algunas semanas mientras los alimentos subían fortunas (“se necesita racionalidad en las paritarias”).


Tiene razón Bregman. Lo de Funes de Rioja es un escándalo; en el presente, y en el pasado también.

Impeachment: ¿y ahora qué?

La dudosa fundamentación jurídica del impeachment y la acusación de golpe suave




Por Thomas Manz


El impeachment necesita una sólida justificación jurídica, lo que no ha ocurrido en el caso brasileño. Mientras tanto, la crisis y las maniobras conspirativas continúan.


En vista del margen de acción indiscutiblemente escaso del gobierno de Rousseff, son entendibles y legítimos los pedidos para que sea separada del cargo. Sin embargo, en un sistema presidencial como el brasileño, en el que la jefa de Estado obtiene su legitimación por una elección directa, no es posible interrumpir su mandato mediante un mero voto de desconfianza (como en un sistema parlamentario), incluso aunque resulte clara su pérdida de respaldo por parte de la población y del Congreso. Tampoco basta con remitirse a la figura de la destitución (impeachment) prevista por la Constitución brasileña.


El impeachment está pensado solo para el caso de que el jefe o jefa de Estado incumpla gravemente los deberes de su cargo, incurriendo así en los llamados «crímenes de responsabilidad»1. Como se trata de infracciones jurídicas («crímenes») o violaciones de la Constitución y las normas de la administración pública, el impeachment es un proceso jurídico que, no obstante, es llevado adelante por órganos políticos (la Cámara de Diputados y el Senado). Por lo tanto, al estar en manos del Congreso la decisión sobre si se ha dado un caso de «gobierno irresponsable» y, como consecuencia, sobre la destitución de la jefa de Estado, el impeachment es indudablemente un instrumento político que, no obstante, necesita una sólida justificación jurídica. La insatisfacción con el gobierno o la baja aprobación que, según las encuestas de opinión, tiene la presidente, no son razón suficiente para un proceso de destitución.


La fundamentación jurídica del proceso iniciado contra la presidente Rousseff se basa en la acusación de que no cumplió con las leyes de presupuesto cuando en 2014, año de elecciones, supuestamente intentó ocultar la real magnitud del déficit presupuestario mediante manipulaciones fiscales, las llamadas «pedaladas fiscais»2. Esta argumentación es rechazada no solo por el gobierno y las fuerzas políticas cercanas al mismo. Entre los adversarios de Rousseff hay también muchas voces que advierten que la fundamentación jurídica esgrimida para un proceso de destitución presenta deficiencias. Así, The Economist publicó en su edición del 26 de marzo que el proceso de destitución, conforme a la fundamentación aducida, es improcedente y es solo una excusa para quitarse de encima una presidente impopular. Luego, en la votación nominal realizada en la Cámara de Diputados, la aducida violación de las leyes presupuestarias tampoco jugó papel alguno, sino que más bien se usaron como argumentos la mala situación económica o la incriminación general de abuso de autoridad. Sin una sólida justificación jurídica, no queda claro que el proceso de destitución cumpla –según Marco Aurelio Mello, juez del Supremo Tribunal Federal (STF), la Corte Suprema de Justicia– con la función que prevé la ley y da la sensación de ser un «golpe de Estado parlamentario». «Golpe» contra un gobierno legítimo es también el grito de guerra de los defensores del gobierno y de quienes se oponen al impeachment. Si bien este término puede no ser adecuado para conducir por sendas de razonabilidad el acalorado y frecuentemente agresivo debate, acierta en dar en el núcleo del actual proceso: el abuso de un importante instrumento democrático para imponer una nueva relación de fuerzas y una nueva agenda política. Este abuso es una quiebra del orden democrático y sienta un peligroso antecedente para la democracia brasileña pues permite que pesen más las encuestas de opinión y las marchas de protesta que los fundamentos constitucionales.


Además, sobre el proceso del impeachment pesa el hecho de que hay investigaciones penales en curso contra una cuarta parte de los miembros de la comisión parlamentaria especial que redactó la recomendación para el pleno. El propio Eduardo Cunha, presidente del Parlamento y artífice del juicio político, fue suspendido poco después por el Tribunal Supremo por las acusaciones de corrupción y lavado de dinero que pesan en su contra. Queda, pues, en entredicho la autoridad moral de los miembros de la comisión para emitir juicios sobre posibles faltas que haya cometido la presidenta en el ejercicio de su cargo. Los reparos contra la fundamentación y realización del proceso de destitución han sido tratados varias veces por el Supremo Tribunal Federal y han dejado expuestas diferencias fundamentales entre los jueces en materia de interpretación jurídica. Ha habido incluso acusaciones mutuas de parcialidad. El proceso de impeachment ha dañado finalmente también la integridad de la máxima instancia jurídica del país.


La alternativa: un gobierno en el que no se confía


Con la destitución de Rousseff se haría cargo de la presidencia quien fue hasta ahora su vicepresidente, Michel Temer. La dudosa fundamentación jurídica del impeachment y la acusación de «golpe suave» serían una pesada hipoteca para la legitimidad del gobierno al que dará lugar. A esto se suma el hecho de que, si bien desde comienzos de 2015 el Partido del Movimiento democrático Brasileño (PMDB) ha ido independizándose por etapas del gobierno de Rousseff, algunos políticos de sus filas han sido hasta último momento una parte fundamental del gabinete de la ahora sancionada presidenta. Es por ello que al PMDB le corresponde una cuota considerable de responsabilidad en la actual crisis económica. En su calidad de vicepresidente, Temer firmó, al igual que Rousseff, decretos atinentes a las objetadas «pedaladas fiscais». No debe descartarse que por este motivo se inicie un proceso de destitución también contra él. No resulta sorprendente, pues, el nulo entusiasmo que despierta en muchos adversarios del PT el hecho de que, en caso de confirmarse definitivamente la destitución de Rousseff, el gobierno quede en manos del PMDB. En encuestas sobre posibles escenarios electorales para 2018 Temer no pasa del 2% de aprobación; en sondeos referidos directamente a su imagen, solo un 5% da un voto positivo frente al 61% que tiene una imagen negativa de él.

Una pesada carga para el gobierno de Temer es también su correligionario Eduardo Cunha, quien es considerado uno de los políticos más corruptos de Brasil y contra el cual el ministerio público ha presentado cargos por corrupción y lavado de dinero. Mientras en las encuestas aproximadamente el 60% de los encuestados ve con buenos ojos la destitución de Rousseff, el voto contra Cunha, el maestro de ceremonias del proceso de impeachment, es mucho más claro: el 77% exige que sea separado del cargo. Por eso, muchos creen que el fallo judicial contra Cunha, que lo sacaría –por lo menos temporalmente– de juego, es un alivio para Temer aunque le complicará la aprobación de iniciativas legislativas en la Cámara de Diputados. El presidente del Senado, Renan Calheiros, y el senador Romero Jucá, previsto como Ministro de Planeación en el futuro gobierno de Temer, son otros de los renombrados políticos del PMDB sospechados de corrupción. Es por ello que muchos suponen que Temer intentará finalizar la operación Lava Jato (que investiga la red de sobornos de Petrobras) antes de que alcance a algunos de los miembros de su propio partido.

El informe secreto de los senadores radicales que critica la gestión económica

El senador Ángel Rozas encargó un estudio que advierte que “se necesita incorporar política a la gestión económica”.

Los radicales Rozas y Cobos hablan con el peronista Pichetto.

Los senadores oficialistas se sorprendieron esta semana cuando a sus despachos llegó un informe encargado por los radicales, integrante de la la Coalición de Gobierno, en el que se cuestiona la estrategia económica y se critica con dureza a la política comunicacional de Marcos Peña.

El informe, lo encargó el senador radical Ángel Rozas y lleva la firma del economista Jorge Pazzi, profesor de la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca.

“En materia económica, se necesita incorporar la política”, es el título del informe de Pazzi que desglosa las medidas llevadas adelante por el Gobierno hasta el momento.

En primer lugar, el informe cuestiona la estrategia que adoptó el Gobierno para esconder las “malas noticias”. “El gobierno se empeño inicialmente en no dar ninguna mala noticia económica, según sugirió el principal asesor político presidencial y acataron la mayoría de los máximos funcionarios, y es reacio aún a hacer explícitas las dificultades que se deben atravesar”, advierte el informe en relación a la utópica estrategia de dar buenas noticias en medio un ajuste.

El Gobierno se empeño en no dar ninguna mala noticia económica, según sugirió el principal asesor político presidencial y acataron la mayoría de los funcionarios", advirtió el informe elaborado por el economista Jorge Pazzi, en obvia referencia a Marcos Peña.

“Es inevitable luego, cuando se toman medidas, que se produzca una inconsistencia entre las expectativas positivas de algunos sectores y las consecuencias distributivas desfavorables que la modificación del tipo de cambio y la actualización de las tarifas domiciliarias genera en esos mismos sectores”, explica el documento.

En otro punto del informe Pazzi cuestiona una vez más la comunicación oficial al señalar que “el gobierno no logró consolidar la presentación” de los “hechos positivos” y se “mantiene la percepción de un descontento que se extiende a varios sectores” pese a que “el impacto inflacionario y el efecto sobre el nivel de actividad iniciales fueron menores a la devaluación del kirchnerismo a principios de 2014” y que “la resolución del conflicto con los holdouts” abrió la posibilidad “de atenuar los efectos” del ajuste. “Hay culpas ajenas, pero también propias”, señala el informe.

La decisión de cargar las tintas sobre Marcos peña no parece casual, el radicalismo lanzó hace ya un par de meses una operación política para instalar la "necesidad" de reemplazar al actual jefe de Gabinete por el ex titular de la UCR, Ernesto Sanz.

Críticas a Prat Gay

El único apuntado en el informe no es el jefe de gabinete: Pazzi da a entender que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, se durmió en los laureles tras “el modo exitoso por el cual pudo ser abandonado el cepo cambiario”.

“Es posible que un cierto sentimiento de autocomplacencia se haya instalado allí; de ahí a minimizar los rasgos negativos de la política en marcha y sobrevalorar los instrumentos utilizados, hay un trecho corto”, advierte el texto.

Acto seguido, Pazzi cuestiona el reiterado intento que hace el Gobierno por depositar todas las expectativas de un repunte en el segundo semestre y descree del éxito que tendrá para bajar la inflación: “El Gobierno machaca insistentemente en que una mejora será inexorable a partir de la segunda mitad del año y apunta, para ello, a una fuerte caída de la tasa de inflación para entonces”.

El economista pone el foco en las dos cosas en las que confía el equipo económico para bajar la inflación: el ingreso de capitales y una política monetaria restrictiva. Respecto del primer punto, asegura que “no es claro que la ‘lluvia de dólares’ sea inminente”. “Seguramente vendrán, pero el cuándo es relevante dadas las necesidades políticas del gobierno, entre las cuales la creación de empleo es ciertamente de las primeras”, asegura.

Es posible que (ante la salida del cepo) un cierto sentimiento de autocomplacencia se haya instalado; de ahí a minimizar los rasgos negativos de la política en marcha y sobrevalorar los instrumentos utilizados, hay un trecho corto, advierte el trabajo.

Respecto de la política monetaria, que “parece estar en el centro de las disputas en el interior del equipo económico”, el informe indica que “hoy exhibe características claramente restrictivas, con tasas de interés muy altas”. Y recuerda que en Argentina eso suele tener efectos “severos” en el nivel de actividad, es decir, recesión.

En este punto agrega que la “inercia inflacionaria” es evidente luego de las paritarias y advierte que “no se ha podido convencer a aquellos sectores más perjudicados por la devaluación inicial que la situación es transitoria, y que vale la pena el sacrifico de aceptar correcciones de salarios que contemplen la inflación futura que planea el gobierno”.

La conclusión de Pazzi es que el Gobierno “ha sido demasiado ambicioso en sus objetivos” al intentar lograr en simultáneo “una corrección de precios relativos, una baja en la inflación y reiniciar el crecimiento”, contando como únicos instrumentos la actual política monetaria y el supuesto ingreso de capitales.

En ese sentido, aclara que es posible una salida si se agrega una política de ingresos consistente en “sentar a la mesa a trabajadores y empresarios” y asegura que “para eso está la política”, en una clara alusión al “Pacto del Bicentenario” que proponía el senador Miguel Pichetto con el visto bueno de Gabriela Michetti.

Ese pacto fue dinamitado por el propio Peña, que el pasado lunes debió recibir junto a Macri a los empresarios en el Salón Blanco de la Rosada y luego a los sindicalistas en el Salón de los Científicos. Nunca se cruzaron.

Un enigma llamado Daniel Ortega

Sus detractores lo califican de dictador y lo acusan de haber acabado con la institucionalidad y de utilizar el Estado y la cooperación venezolana como fuentes inagotables de recursos para su enriquecimiento y el de su familia. Puede estar en el tratado de libre comercio con Estados Unidos y en el alba con la Venezuela bolivariana. Sin embargo, el ex-comandante guerrillero sandinista goza de uno de los mayores niveles de aceptación en la historia para un presidente de Nicaragua. Esto lo transforma en un número puesto para ganar las elecciones de noviembre de 2016.

Por Ivania Álvarez / Mauricio Miranda





La noche del domingo 5 de noviembre de 2006, los nicaragüenses durmieron –si es que algunos pudieron dormir– sumidos en la incertidumbre. Después de tres intentos fallidos de regresar al poder, el ex-guerrillero y comandante sandinista José Daniel Ortega Saavedra sorprendió al país entero cuando las autoridades del Consejo Supremo Electoral (cse) lo anunciaron como el presidente electo, pese a que apenas pudo alcanzar 37,99% de los votos. Esa noche, sus simpatizantes, que por 16 años habían sobrellevado su militancia y lealtad al Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsln) resintiendo el estigma que los marcó tras la histórica derrota que sufrieron en 1990 frente a Violeta Barrios de Chamorro, se volcaron a las calles, avenidas, plazas, barrios y carreteras, a celebrar un triunfo que muchos, aun dentro de las mismas filas del partido, consideraban improbable.


Ciertamente, el partido no había contado desde la derrota de 1990 con una mayoría importante en las urnas –tampoco lo hizo en 2006–. Y los fantasmas de la escasez extrema, de las decenas de miles de muertos en la guerra civil de los años 80, de las confiscaciones de propiedad privada que incluyeron firmas empresariales importantes, así como la inmanejable inflación y la deuda externa que se generaron durante el primer gobierno sandinista, entre 1979 y 1990, hicieron preguntarse a muchos si había llegado el momento de abandonar Nicaragua como lo hicieron miles para huir de la guerra, del hambre y de la represión. Sin embargo, los analistas políticos lo han reconocido y, de algún modo, la oposición también lo ha tenido que hacer a regañadientes: si hay una razón por la cual en estos momentos el fsln se ha ubicado como principal fuerza política en Nicaragua, a punto de cumplir en noviembre de 2016 diez años de gobierno y con las condiciones favorables para quedarse otros cinco años más, ha sido por la astucia de Ortega Saavedra, quien demostró que esta vez no está dispuesto a ceder el poder.


Hoy en Nicaragua se están repitiendo casi las mismas condiciones que garantizaron su reelección en noviembre de 2011: el presidente mantiene el control político sobre los otros tres poderes del Estado, el Judicial (Tribunales de Justicia), el Legislativo (Asamblea Nacional) y el Electoral (Consejo Supremo Electoral). Este último se encuentra inmerso en una crisis de credibilidad entre los nicaragüenses desde que su titular, el magistrado Roberto Rivas, no solo comenzó a expresar de manera explícita su simpatía hacia Ortega durante periodos de campaña, sino que alineó a la institución en un marcado favoritismo hacia el fsln; por ejemplo, retrasando la entrega de cédulas de identidad –que es obligatorio presentar para votar– a ciudadanos de zonas del país históricamente antisandinistas, o bien asumiendo una actitud intransigente hacia los partidos de oposición en materia de organización y acreditación electoral, o bien permitiendo la celebración de votaciones sin la presencia de observadores electorales nacionales que antaño han denunciado las irregularidades y anomalías que suelen presentarse en los comicios. Por otro lado, el partido rojinegro ostenta un poder económico que ya resulta difícil de medir, pero que a la vista de todos es producto del acuerdo petrolero firmado con Venezuela, el cual le permite a Ortega contar con dinero en efectivo.


Reportes periodísticos recientes estiman que, en los últimos ocho años, el fsln habría «privatizado» unos 3.047 millones de dólares provenientes de la cooperación venezolana, capital con el cual se financia el partido así como la logística y la propaganda para su consolidación en el poder, el surgimiento de un grupo empresarial privado sandinista y la ejecución de programas y obras sociales dirigidos a los sectores más pobres del país1. Pero además, y muy visible, está el crecimiento de la fortuna de Ortega y su familia: sus hijos ahora se presentan como empresarios propietarios de canales de televisión, radioemisoras y agencias de publicidad que, naturalmente, sirven de plataforma para proyectar la imagen del mandatario y del partido.


El otro factor que podría permitir una nueva reelección de Ortega en noviembre de 2016 es que el mandatario carece de verdaderos adversarios, y ese ha sido, quizá, uno de sus mayores logros como estratega: mantener a la oposición dividida. La táctica le funcionó en 2006 y en 2011. El liberal Eduardo Montealegre reconoce que la oposición no se encuentra en su mejor momento:


¿De qué nos sirve poner un candidato si no logramos que tu voto pueda elegir? Porque si ponemos un candidato y al final Ortega decide, eso no es elección. Lo que queremos son elecciones, no asignaciones. Y al estar enfocados en buscar candidatos como lo han hecho otros partidos [de oposición], en lugar de buscar cómo se apliquen [sic] las reglas del juego y las leyes establecidas, estamos haciendo «zancudismo», oportunismo político.2


¿Una izquierda neoliberal?


Sin duda, un buen punto de partida es el ámbito macroeconómico. En este caso, el gobierno sandinista ha elaborado un discurso cuyo objetivo es convencer a la opinión pública nacional e internacional, pero sobre todo, a sus propios militantes, de que sus políticas económicas tienen un fundamento socialista e incluso anticapitalista, según el cual las clases trabajadoras son las que llevan la voz cantante en el crecimiento y el desarrollo económico del país.


En efecto, en el discurso utilizado como punta de lanza a través de los más variopintos medios de propaganda en los últimos años (megarrótulos, spots televisivos y radiofónicos, calcomanías, cuadernos, tazas, bolígrafos, calendarios de oficina, camisetas y gorras utilizadas durante mítines políticos e inclusive canciones, por mencionar algunos ejemplos), se afirma que el FSLN es «cristiano, socialista y solidario». Pero en la práctica, el Poder Ejecutivo elabora y aplica sus políticas macroeconómicas apegado por completo al modelo neoliberal. Y en ese sentido, ningún experto ni analista está en desacuerdo. «El modelo económico prácticamente es un modelo impuesto por el Fondo Monetario Internacional (fmi) desde la década de los 90.


Ese modelo no ha cambiado», asegura el economista independiente Néstor Avendaño, director ejecutivo de la firma Consultores para el Desarrollo Empresarial en Nicaragua (Copades)3. Sin embargo, cuenta con una variante: la inclusión de las políticas sociales en los acuerdos suscritos entre el gobierno y el fmi. Mientras que en los gobiernos anteriores de Violeta Barrios (1990-1996), Arnoldo Alemán (1997-2002) y Enrique Bolaños (2002-2007) el fmimantuvo un seguimiento estricto y determinante de las políticas monetaria, fiscal y comercial, que incluyó reformas estructurales a la economía, con la administración de Ortega este control se ha mantenido, pero a su vez ambas partes han logrado un consenso sobre políticas sociales. «Nunca antes el Fondo había hecho eso», sostiene el economista, para quien existen motivaciones políticas detrás de esto: por un lado, Ortega puede afirmar que la misión de su gobierno es el combate contra la pobreza, especialmente la extrema; y por otro lado, el FMI puede asegurar que en Nicaragua, aún considerado el segundo país más pobre de América Latina, su programa ha sido un éxito.


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1.Octavio Enríquez: «El ‘botín’ de los petrodólares» en Confidencial, 8/6/2015.
2.Entrevista de los autores, 17/10/2015.
3.Entrevista de los autores, 14/10/2015.

Hollande aplicará la polémica reforma laboral por decreto

Adoptó esa decisión tras una rebelión de los diputados de izquierda. Se multiplican las manifestaciones de protesta en todo el país.




Obreros y estudiantes, contra el decreto presidencial. |@ AFP

Confrontado a la rebelión de diputados de izquierda, el gobierno francés decidió ayer hacer adoptar sin voto del Parlamento una nueva ley laboral, contra la cual se multiplican las manifestaciones desde hace dos meses.

El presidente socialista François Hollande convocó a primera hora de la tarde un Consejo de ministros extraordinario, que autorizó el recurso a un artículo de la Constitución, el 49,3, que permite evitar el voto parlamentario invocando la responsabilidad del gobierno.

En tal caso, según la Constitución, la ley es adoptada salvo si se presenta y adopta una moción de censura al gobierno.

El primer ministro Manuel Valls anunció poco después en la Asamblea Nacional (cámara baja) el recurso a ese artículo, argumentando que “la reforma debe hacerse” y “el país debe avanzar”.

Esta reforma laboral, presentada como el último proyecto importante del mandato del presidente François Hollande, desató las mayores protestas sociales desde que asumió la presidencia en 2012.

Desde el 9 de marzo, sindicatos de asalariados y de estudiantes organizaron media docena de manifestaciones nacionales, algunas de las cuales dieron lugar a enfrentamientos con la policía.

Compartiendo las inquietudes de los manifestantes, varias decenas de diputados de izquierda indicaron que no votarían a favor del texto.

Dado que sin ellos no tendría mayoría, el gobierno decidió recurrir al artículo 49-3 de la Constitución, que había utilizado ya en 2015 para hacer adoptar otra reforma económica que no recogía la mayoría requerida en la Asamblea.

La oposición de derecha presentó inmediatamente una moción de censura, que será debatida mañana, y exhortó a los diputados de izquierda hostiles al proyecto a ser “coherentes” y a votarla.

Despidos, al tope de las preocupaciones en el conurbano

En los primeros días de mayo la consultora Analogías, realizó una encuesta en la zona del Gran Buenos Aires con 500 casos con personas de entre 16 y 74 años en la cual se evaluó el efecto generado con los despidos.
Entre algunos resultados, se destaca que el 48% cree que hay bastante y muchas probabilidades de que alguien de su familia pierda trabajo este año y 64% se muestra en la misma postura ante la probabilidad de que aumente el desempleo en 2016. Asimismo el 63% se manifiesta de acuerdo a la aprobación de la ley antidespidos y 61% en favor de la doble indemnización.
La anterior encuesta de la consultora mostraba a la corrupción en lo más alto de los temas que preocupaban y a Macri, si bien en caída, manteniendo un buen porcentaje de imagen positiva.

La promesa de los empresarios de no despedir duró poco: Techint vuelve a echar trabajadores

Le prometieron mantener la actual plantilla de empleados, pero parece que no están dispuestos a cumplir: no dijeron nada respecto a echar trabajadores antiguos para cambiarlos por otros más 'baratos'.


Con bombos y platillos y para contrarrestar la ley antidespidos que trata el Congreso, Mauricio Macri se reunió con empresarios para acordar con ellos que, durante 90 días, no efectuarían despidos.


Entre los invitados a Casa Rosada, donde se realizó el conciliábulo, estaba el CEO del multinacional Grupo Techint, Paolo Rocca; titular de un conglomerado de empresas entre las que figura Siat Tenaris, productora de tubos de acero con costura.

Y bien, es en esa empresa ubicada en Valentín Alsina donde el empleo de 15 trabajadores penden de un hilo: continúan en sus puestos gracias a una conciliación obligatoria decretada por el Ministerio de Trabajo.

Al igual que su colega empresario Macri, Rocca inició en su holding un proceso de ajuste que incluye, claro está, despidos de personal con antigüedad de hasta 30 años. Y según se puede advertir, al vencer la conciliación, el 23 de este mes, la empresa insistirá con esas cesantías.

Porque Rocca, como todos los presentes en la reunión convocada por Macri, prometió mantener la cantidad de trabajadores, pero no dijo nada sobre despedir empleados antiguos con buenos sueldos y tomar gente nueva con salarios inferiores.

El ministro de justicia recibió a Cecilia Pando y trató de ocultarlo

EL MINISTRO DE JUSTICIA, GERMAN GARAVANO, SE REUNIO CON LA APOLOGISTA DE LA DICTADURA CECILIA PANDO
Un encuentro que trataron de ocultar

La mujer, principal apologista pública del terrorismo de Estado, fue recibida por el ministro para quejarse por las condiciones de detención de los represores. La reunión no fue difundida por el Gobierno. “Fue privada. No sé cómo salió el dato”, dijo a Página/12 Pando.
Por Alejandra Dandan


El lunes 25 de abril, el titular del Ministerio de Justicia, Germán Garavano, se reunió con Cecilia Pando, fervorosa defensora del terrorismo de Estado y un símbolo de las posturas más ultras entre quienes consideran a los represores “presos políticos” y a los juicios de lesa humanidad como escenarios de venganza. El encuentro se hizo en la sede de la calle Sarmiento del Ministerio de Justicia, pero no trascendió. Ante una consulta de este diario, la propia Cecilia Pando confirmó que tuvo carácter de “privado” y no iba a dar a conocerse. “Iba a quedar todo así, nuestra intención no era comentarlo, ni que saliera por ningún lado, ¡no sé cómo salió el dato, realmente!”. Recién cuando Página/12 consultó al Ministerio de Justicia por ese encuentro, voceros del ministro admitieron que se realizó.

Hace tres meses, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, se reunió, en el predio de la ex ESMA, con integrantes del Celtyv (Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas), una asociación que defiende a los perpetradores del terrorismo de Estado. El encuentro fue repudiado de modo unánime por los organismos de derechos humanos que pidieron en un documento público que estos encuentros no pueden ocurrir jamás en espacios de construcción de memoria colectiva. El tema quedó incluido en un documento que entregaron más tarde, primero al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y luego al presidente Mauricio Macri. El nuevo encuentro con quienes claman por el fin de los juicios a los militares no se hizo, esta vez, en el predio de la ex ESMA. Pero quienes participaron guardaron un sigilo culposo. No fue comunicado a los medios de prensa. Y recién fue admitido cuando este diario lo consultó.

Pando integra una asociación llamada de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina que consideran que los represores que se hayan sujetos a los distintos procesos de Justicia con todas las garantías de la ley, son “presos políticos”. El domingo pasado este diario llamó a su casa y ella se sorprendió ante la consulta, evidentemente convencida de que no iba a saberse.

–Queremos confirmar un encuentro suyo con Germán Garavano y Claudio Avruj en el Ministerio de Justicia –explicó este diario a Pando.

–Sí. Pero te explico que fue una reunión privada. Iba a quedar todo así, nuestra intención no era comentarlo, ni que saliera por ningún lado, ¡no sé cómo salió el dato, realmente! –contestó la mujer.

Pando aseguró que la reunión tuvo un carácter “humanitario”. “Nuestra preocupación es el tema de las irregularidades en cuanto a los juicios a los militares”, señaló. Enumeró los reclamos que llevaron ante los representantes del gobierno, que son los mismos que enarbolaban frente al palacio de Tribunales. En la lista, incluyó la prolongación de situaciones de prisiones preventivas y la “cantidad de muertos” en las cárceles. Con un discurso más aggiornado que cuando insultaba jueces a los gritos después de una condena a represores, le hacía el gesto de degüello al secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde y decía que estaba orgullosa de defender a quienes se habían apropiado hijos de desaparecidos, explicó que los militares detenidos en cárceles comunes se hayan en “condiciones inhumanas de detención”. Por esas características, reclama al Estado por la figura de “abandono de persona”. “Nosotros le manifestábamos nada más que esto”, dijo ella.

Cuando este diario le preguntó por una versión según la cual ellos están pidiendo un lugar en la ex ESMA, lo negó: “Nada que ver –dijo–. Eso no es así.” Explicó que desde el Gobierno le dijeron que debían hacer los pedidos a los tribunales, pero que los representantes del Estado manifestaron que “sí, que el tema tiene que tener una solución”.

Este diario volvió a llamarla ayer para consultarle sobre detalles de la reunión, entre otras cosas, si estaba segura de que Avruj había participado, ya que sus voceros lo habían negado con énfasis. Pando se corrigió y dijo que el secretario no participó. También negó que estén recorriendo los ministerios para pedir un pronunciamiento del Ejecutivo en contra de los juicios, otra de las versiones que circulaban.

Los rumores sobre la realización de ese encuentro comenzaron a correr apenas se hizo. Hubo muchos actores involucrados. Desde las personas de la mesa de entrada, el protocolo y ceremonial del ministerio y los trabajadores. Facundo Di Filippo ex legislador porteño y dirigente del Partido Social fue uno de los primeros en saberlo. “Me preocupó la hipótesis que había surgido sobre una posible sesión del predio de la ex ESMA a ellos, eso me parece terrorífico. Pero espantada esa posibilidad, esto me hace reflexionar sobre la apertura que esta teniendo el gobierno nacional a sectores con ese nivel de conservadurismo y tan reaccionarios. Y me preocupa altamente el desfinanciamiento de las tareas del personal y la posiciones laxas en materia de preservación de memoria y que a su vez se den en un marco de amplitud con Cecilia Pando y personas que generan serias dudas porque siguen sosteniendo posturas contra lo que se consiguió después de muchos años de pelea en el último plazo de un gobierno nacional”.

La misma preocupación sostiene Pablo Llonto, querellante de las causas de lesa humanidad. “Creo que esto merece nuestro mayor repudio porque es una vergüenza que el ministro de Justicia reciba a un símbolo de la defensa del terrorismo de Estado y del genocidio, a una provocadora, que se ha expresado en contra de los organismos de derechos humanos y además a alguien que no fue a hablar por un familiar sino en nombre de un organismo o una asociación que reivindica el terrorismo de Estado. Si cambiáramos de escenario y por un momento nos fuéramos a Alemania, es como si allí viésemos que algunas de las instituciones dedicadas a las políticas del Nunca Más, a la lucha contra lo que fue el Holocausto, empezaran a recibir a los representantes de los nazis”.

Uno de los puntos en debate es el rol de las agencias del Estado en su relación con perpetradores y sus familiares. Luis Alén fue subsecretario de Derechos Humanos durante el kirchnerismo y asegura que él mismo recibió un pedido de entrevista de Pando y que dieron lugar al encuentro pero, a diferencia de lo que sucedió ahora, no le dieron el carácter de privado sino que lo dieron a conocer. “La Secretaría es un órgano del Ministerio de Justicia y Derechos humanos, sus competencias están en el decreto de estructura explica ante la consulta de este diario. En la estructura que teníamos nosotros no estaba prevista la atención a familiares de represores. Nosotros atendíamos a víctimas: esa es la obligación del Estado. Imposible considerar como víctima al familiar de un represor, por lo tanto si necesita asistencia tendrá que recurrir a su obra social, medicina prepaga o lo que sea como cualquier persona”.

Llonto también explica que los represores tienen “derecho y cualquiera tiene derecho a quejarse o peticionar sobre las cuestiones de cada detenido, pero eso tienen que hacerlo ante la Justicia”. Y señala que “esto es una petición sectorial de un grupo de condenados. Es como si un grupo de condenados por violación forman una asociación de familiares de condenados por violación y dicen que son presos políticos. Y acá el Estado está demostrando que lentamente lo que dice por un lado, lo borra por el otro. Avruj dice que no está de acuerdo con la teoría de los dos demonios, pero su postura se va confirmando mes a mes con cada paso. Primero recibió a los familiares en enero. Ahora la secretaría de Derechos Humanos está respondiendo notas a los represores en vez de ponerle un sello y poner que sean presentadas en los Juzgados. Hacen hasta dictámenes y muchas están esperando una resolución como si hubiese algo para pensar en todo esto. La secretaría que no se abrió para esto, va a terminar teniendo una ventanilla a la izquierda para las víctimas y una a la derecha para los perpetradores del genocidio y esto va a llevar al ridículo una cuestión tan seria como la política argentina en esta materia que fue el primer país que implementó un espacio como este para la defensa de las víctimas”.



Garavano dijo que se reunió con Pando porque el Gobierno "se maneja con equilibrio"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos admitió haber mantenido un encuentro con la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina, Cecilia Pando, en la que ésta le pidió que el Gobierno intervenga en la situación de los detenidos por violación a los derechos humanos, tal como lo reveló Página/12 en su edición de hoy.


El funcionario dijo que su respuesta fue que ese reclamo se debía hacer "en la Justicia" porque su cartera "no tiene facultad para intervenir en procesos judiciales como prisiones preventivas o problemas de salud" de los detenidos.

En diálogo con la agencia oficial Télam, Garavano agregó que, para la gestión de Mauricio Macri, "las políticas de derechos humanos son políticas de Estado" y "tienen que ver con la democracia y su fortalecimiento", pero también con igualdad de criterio hacia a los familiares víctimas de secuestros, torturas y desapariciones, y a los allegados de quienes cometieron esos delitos de lesa humanidad. Desde su ministerio, dijo, "no se fomentará situaciones de división o conflicto" porque el Gobierno "se maneja con prudencia y equilibrio".

Añadió que su misión es "recibir a todo el mundo" y dijo que su gestión sigue "una línea de trabajo que, con matices, viene desde el gobierno de Raúl Alfonsín" y sostuvo que también "seguimos con muchas políticas del gobierno anterior, aunque a lo mejor se han dejado de lado algunos actores que eran funcionarios políticos".

La UBA en pie de guerra: denuncian ajuste de Macri

 

El jueves las Federaciones de docentes y estudiantes reclamarán ante el Ministerio de Educación por el aumento del presupuesto y mejoras salariales.



Las universidades públicas de todo el país realizaron un paro en reclamo que giró en torno al aumento del presupuesto y mejoras salariales en todas las casas de altos estudios. El jueves próximo, organizaciones docentes y estudiantiles confluirán en una gran protesta nacional de los universitarios.



Esta es una semana de medidas de fuerza en las universidades nacionales convocadas por la CONADU Histórica, que incluye paro de actividades hasta el viernes y clases públicas, volanteadas y cortes de calle para este martes. Entre las medidas adoptadas, se destaca la que encabezaron estudiantes y docentes que tomaron el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras, cortando el tránsito en avenida Rivadavia y Puan.



Los docentes universitarios, conjuntamente con los estudiantes, reclaman un aumento salarial del 45 por ciento y un mayor presupuesto para las casas de estudios públicas.



El pasado 4 de mayo, en la última reunión de paritarias, el Ministerio de Educación ofreció un aumento del 15% en mayo y un 1% por recomposición del Nomenclador, un aumento del plus por título de posgrado de un 2% en julio, un nuevo aumento del 5% en octubre y otro del 11% en diciembre.



Las Federaciones CONADUH, CONADU, UDA, CTERA FAGDUT y FEDUN rechazaron en conjunto dicho aumento, por considerarla insuficiente, y resolvieron realizar una "marcha nacional educativa" a la que se suman más de quince federaciones estudiantiles, incluidas las de la UBA, de La Plata, del Comahue, de Rosario y de la Patagonia. La marcha prevista para el jueves partirá a las 16.30 de Plaza Housay (Córdoba y Junín) y si dirigirá al Ministerio de Educación de la Nación.



El presidente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL), Maximiliano Laplagne, dijo a Télam: "Tomamos la facultad para impulsar la lucha de nuestros docentes, llevando adelante decenas de clases públicas en las calles, luego de rechazar los intentos de desalojo por parte de la policía".



El Secretario General de la FEDUN, Daniel Ricci, declaró: “La movilización de este jueves se centrará en la importancia de mantener la calidad educativa de las Universidades. Exigimos que las autoridades nacionales despierten, la comunidad universitaria en su conjunto rechazamos la implementación de políticas de ajuste en nuestras instituciones académicas”.



También se expresó el presidente de la Federación Universitaria de Buenos Airas (FUBA), Julián Asiner, quien señaló que "los anuncios del 1 por ciento de aumento presupuestario sólo conformaron a las autoridades que ejecutan el ajuste en la Universidad, sean kirchneristas, radicales o del PRO, no a los docentes, no docentes y estudiantes, que sufren salarios de miseria y condiciones de cursada insostenibles".



En tanto, el secretario general de la CONADU Histórica, Luis Tiscornia, aseguró a ámbito.com que "el acatamiento es muy alto". El gremialista añadió que "en los colegios universitarios se dan los mayores porcentajes, cercanos al 90%". A la vez, agregó que en las universidades nacionales la adhesión está "arriba del 76%, como en el caso de las universidades de Luján, Cuyo y Tucumán".

Lebac: BCRA mantuvo tasa de corto plazo en 37,5%

A la espera de descenso de la inflación

El Banco Central mantuvo en 37,5 por ciento la tasa de interés de las Lebac a 35 días de plazo, a la espera de un descenso en la inflación.

La entidad que conduce Federico Sturzenegger señaló que "durante la última semana no se tuvieron noticias relevantes respecto de la dinámica inflacionaria" y que "continúa esperando un descenso de la inflación subyacente en abril con respecto a marzo".

No obstante, advirtieron que "recientes subas en el precio de algunos bienes sugieren cautela". A diferencia del comunicado de la semana pasada, cuando el Central alertó el impacto que puede tener sobre la inflación la suba del 10 por ciento dispuesta en el precio de los combustibles desde principio de mes, en esta oportunidad no hizo foco en algún bien en especial.

De esta forma, el organismo decidió mantener su postura monetaria esta semana, al convalidar la tasa de corte de Lebac de 35 días en 37,5%. A esto se sumó que tampoco modificó el corredor de tasas de pases activos y pasivos a uno y siete días.

El Central precisó que en la licitación de hoy concretó una contracción de la liquidez en 6.451 millones pesos, que se suma a una absorción por operaciones en el mercado secundario durante la última semana de 3.218 millones, con lo que el resultado total por operaciones con estos títulos suma 9.669 millones de pesos.

Por último, el Banco Central precisó que mantuvo las tasas de corte 35,5%, 34%, 30,99%, 30,75%, 30,75% y 30,75% para los plazos de 63, 98, 119, 147, 203 y 252 días, respectivamente.

La oposición, cerca de conseguir el número para sancionar la ley antidespidos

El FPV logró sesión para el jueves. Massa va con dictamen propio, pero no sabe si atreverse a demorar todo.




La ley que prohíbe los despidos por 6 meses e incorpora la doble indemnización se tratará el jueves y FpV confía en llegar a los 129 votos necesarios para sancionarla, aunque la cuenta está fina sobre porque el Frente Renovador anunció que firmará dictamen propio.

Lo decidió esta noche en una reunión de bloque dirigida por su jefa Graciela Camaño y Sergio Massa, quien insistió en no dejarse arrastrar ni por el kirchnerismo ni por el Gobierno.
Experimentada en temas parlamentarios, Camaño sugirió tener dictamen propio pero, sutilmente, dejó entrever que, si no pasa el filtro del recinto podría buscarse una maniobra para dejar pasar el proyecto del Senado sin cambios y evitar una rabieta de los gremios, que no quieren esperar más para frenar los despidos.

Curioso: los dos sindicalistas del bloque, Juan Moyano y Héctor Daer, hoy no hablaron en la reunión. Los kirchneristas descuentan con sus votos y el de Claudia Rucci, pero la dinámica que tomó el Congreso les impide relajarse.

Con el massismo en la cancha, el oficialismo acepta que no tiene sentido estirar la discusión y se resigna a bajar al recinto.

Antes, mañana el polémico proyecto se tratará en un nuevo plenario de comisiones y con la visita del ministro de Trabajo Jorge Triaca. Tras su exposición, el kirchnerismo pedirá firmar dictámenes aun cuando ese paso iba a darse en una reunión del jueves.

En Cambiemos pensaban hasta esta tarde en exigir que se respete el cronograma, pero varios creen que no será muy distinto, porque la alianza opositora puede dictaminar el jueves e ir directo al recinto.

Entusiasmados, los líderes del kirchnerismo se pusieron a contar y se encontraron cerca de los 129 necesarios para aprobar su dictamen. El primer festejo lo habían tenido a la mañana al confirmar el respaldo del los 17 del bloque peronista, aquellos escindidos del FpV liderados por Diego Bossio.

La polémica por los despidos los juntó, sobre todo porque dos de sus miembros son figuras sindicales: su jefe Oscar Romero (de Smata) y Alberto Roberti (petroleros).

Ambos tenían esperanzas de hacer retroactiva la suspensión de los despidos, pero prefirieron no dar la discusión, por temor a futuros reclamos de inconstitucionalidad.

El FpV tiene 79 y 3 aliados firmes, como son Alejandro Pereyra, Carlos Heller y el metalúrgico fueguino Oscar Martínez. Y para este tema suman a los 4 del Frente de Izquierda y a los 8 del arco progresista (4 socialistas, 3 de Libres del Sur y Margarita Stolbizer).

También al sanjuanino Ramón Bernabey (que se fue del FpV), el tucumano José Orellana, los sindicalistas Omar Plaini (canillitas) y Jorge Taboada (Camioneros), Alcira Argumedo, de Proyecto Sur; el porteño Julio Raffo, un ex ladero de Pino Solanas.

Hasta ahí, sin contar al Frente Renovador, la cuenta da 117, a 12 del quórum, pero quedan sueltos muchos bloques que en estas 48 horas podrán ayudar a los gremios y acorralar a Massa o tener un gesto con el Gobierno que Macri difícilmente olvide, aunque tal vez no tenga como retribuirlo. De eso se tratan las negociaciones parlamentarias este año, sin bloques capaces de reunir la mayoría con los propios.


Están en la mira los seis diputados de Santiago del Estero, dirigidos por el senador Gerardo Zamora, esposo de la gobernadora Claudia Abdala. Tras votar a favor de la ley antidespidos, Zamora se la pasó en la Casa Rosada, pero nadie se fía de él.

También en los tres puntanos de Compromiso Federal, aun cuando Adolfo Rodríguez Saá votó a favor. No sería la primera vez que desorienten.

Lo K confían más en los dos diputados del chubutense Mario Das Neves y hasta ponen una ficha el salteño Alfredo Olmedo.

Facundo Moyano destrozó el acuerdo con empresarios y dijo que Macri embarra la cancha

“En el documento que firmaron se comprometen a no reducir sus planteles de empleados, que no es lo mismo que no despedir”, dijo el diputado del Frente Renovador.




El diputado del Frente Renovador Facundo Moyano salió a criticar con dureza el acuerdo del Gobierno nacional con los empresarios, dijo que el Presidente debe dejar al legislar al Congreso “y no embarrar la cancha con estos anuncios” y calificó el documento como “un artilugio para seguir dilatando” el debate de la ley de emergencia laboral.


“El anuncio del presidente peca en el mejor de los casos de voluntarista. De hecho en el documento que firmaron se comprometen a no reducir sus planteles de empleados, que no es lo mismo que no despedir. Con voluntarismo no se resuelve ni la inflación ni el miedo de la gente a perder su trabajo”, aseguró Moyano.


El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa) afirmó que con este compromiso el Gobierno ratifica que “el problema de la desocupación es real y no puede ocultarse más”.


“¿Cómo se van a levantar mañana los cientos de miles de trabajadores cuyos empleadores no figuran entre los que firmaron el compromiso? Ni siquiera anunciaron promoción para la PYME. Sólo este artilugio para seguir dilatando el debate en Diputados de la ley de emergencia laboral”, dijo el diputado, quien de esta manera ratificó la voluntad de un sector de los diputados del Frente Renovador de votar la ley anti despidos cuanto antes, sin introducir modificaciones que la envíen de regreso al Senado.

En Diputados avanza la ley antidespidos

Reuniones en el Congreso


Luciano Laspina y Alberto Roberti continuarán con las actividades entorno a la ley antidespidos en Diputados a pesar del compromiso de los empresarios de no achicar sus plantillas, lo que no impide cambiar trabajadores viejos por nuevos.

El compromiso de no reducir la planilla de personal firmado por un grupo empresarios ante el Gobierno nacional no frena el avance del tratamiento de la ley antidespidos en el Congreso.

Este martes, la Cámara de Diputados continuará en comisiones con el análisis de la norma que tiene media sanción del Senado. "No hay ningún cambio", admitió el legislador de Cambiemos Luciano Laspina, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que junto a la de Legislación del Trabajo, que conduce el sindicalista Alberto Roberti, del Bloque Justicialista de Diego Bossio, sesionará en un plenario a partir de las 11.

Roberti, precisamente, también confirmó que el tratamiento de la ley sigue a pesar del "compromiso asumido por el sector empresario" en la Casa Rosada. "Nos parece bien que tomen intervención en algo sobre lo que no habían dicho nada, no habían fijado una posición. Creemos que el hecho de que digan que no van a modificar sus planteles es sumamente importante", dijo el gremialista petrolero.

Las comisiones de Presupuesto y Legislación del Trabajo escucharán durante la jornada la opinión de expertos en mercado laboral. En este marco, se debatirán la posible incorporación de modificaciones al proyecto impulsado por el senador del FpV Miguel Ángel Pichetto. La ley establece la emergencia ocupacional por seis meses, durante los cuales regirá la doble indemnización por despidos sin causa. Pero el massismo y el bossismo pretenden sumar dos artículos o capítulos extras: facilidades para promover el primer empleo y beneficios impositivos para las pymes. Esta división en tres permitiría a Macri concretar un veto parcial a la primera parte de la ley, sin alterar el resto.

El miércoles, en tanto, el plenario de comisiones continuará con la visita del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien opinará sobre la inconveniencia de la iniciativa. Para el jueves está previsto que ambas comisiones emitan dictámenes, aunque algunos diputados opositores pretenden que se adelanten los dictámenes para el miércoles, para que al día siguiente se trate la ley en el recinto, en una sesión especial.

El bloque del FPV buscará emitir dictamen favorable hoy mismo al proyecto votado por el Senado sin modificaciones. Junto con el Frente de Izquierda y de los Trabajadores quieren ir a una sesión especial mañana para forzar allí la votación del proyecto que prohíbe despidos y que votó el Senado. No tendrán chances de hacerlo si no logran que el Frente Renovador de Sergio Massa baje a sesionar. También el oficialismo puede bloquear esa sesión si ingresa al recinto.

El compromiso firmado entre Macri y los empresarios -cuya cantidad no fue informada por el Gobierno- consta de tres puntos: no reducir los planteles de empleados por los próximos 90 días; generar planes de inversión para promover más puestos de trabajo y trabajar junto al Gobierno y sindicatos en una agenda de desarrollo. La medida no implica cambiar trabajadores viejos por nuevos.

Empresarios dijeron que no querían firmar el acuerdo antidespidos con Macri, y que lo hicieron presionados

Molestia tres el encuentro en Casa Rosada


El titular de la Asociación Empresaria aseguró que algunos no querían firmar el papel propuesto por el Gobierno. El llamado "Compromiso por el empleo" les exige no despedir gente por 90 días.






Empresarios que firmaron ayer el “Compromiso por el empleo” con el presidente Mauricio Macri sugirieron que hubo presión por parte del Gobierno para firmar el documento y aseguraron que quienes asistieron no tienen la “tradición” de despedir a sus empleados.

“Hubo un conjunto de empresarios que dijeron 'yo voy al acto, porque hay que apoyar este momento'. Ahora, hubo gente que dijo '¿es necesario realmente que firmemos un papel si yo no tengo previsto despedir?'”, sostuvo el presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos. En declaraciones a radio La Red, el empresario contó que la convocatoria al encuentro con Macri llegó en el mediodía de ayer y que si bien estaba latente la idea de algún tipo de acuerdo, no estaba prevista ninguna reunión formal.

Además, Campos ratificó la postura en contra de la ley antidespidos del sector empresarial y contó que quienes suscribieron al acuerdo para no reducir su plantel por 90 días, “realmente no tienen una tradición de despedir gente”. “No ha sido común que esas empresas despidan en forma importante. Entonces, suscribir un documento en el que digan que no van a despedir, es un poco forzarlos a decir que no van a hacer algo que nunca han hecho", agregó sobre el clima en el cual pusieron su firma.

El "Compromiso por el empleo" hace hincapié en la idea de "no reducir" los "planteles de empleados durante al menos 90 días"; "generar planes de inversión para promover más puestos de trabajo"; y trabajar en una "agenda de desarrollo" junto a los gremios.

“Si no sale la ley, vamos camino a un paro general”

LAS CENTRALES DE TRABAJADORES ARGENTINOS NO FUERON INVITADAS


Por Laura Vales


Los titulares de las dos CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli, calificaron al anunciado “compromiso por el empleo” de los empresarios con el presidente Mauricio Macri como una “maniobra hecha a las apuradas” para frenar la sanción de la ley antidespido, o para vetarla con un menor costo político. Las centrales no fueron invitadas a la reunión que el Presidente tuvo con representantes de las tres CGT en la Casa Rosada antes de presentar el acuerdo, pero aseguraron que hablaron con Hugo Moyano y que la unidad para impulsar la ley antidespidos sigue firme. “Si no sale la ley, vamos camino a un paro nacional”, anticiparon.

Para los dirigentes, “lo único rescatable” del anuncio de Macri en el Salón Blanco fue que el Presidente reconoció, finalmente, que hay despidos y de una magnitud grave. Por lo demás, dijeron que el acuerdo no garantizará el empleo.

“Es una truchada total. Los empresarios que firmaron ese compromiso son un grupo reducido. Lamentablemente, Macri no tuvo convocatoria como para sentar a sectores realmente representativos del empresariado: no dejó de ser una reunión de amigos”, sostuvo Yasky.

El titular de la CTA de los Argentinos señaló además “la contradicción de que el Estado nacional haya sido el primer empleador en disparar la ola de despidos. De tener una real intención de frenarla, tendría que haber hecho público un compromiso de no echar a ningún trabajador del sector público. Evidentemente no lo hace, y eso nos reafirma en la necesidad de que se sancione una ley que garantice la estabilidad laboral, tanto en el sector público como en el privado”.

Micheli, por su cercanía con Moyano, fue el que lo llamó cuando trascendió que las CGT habían sido invitadas a la Rosada para hablar de la “tregua”. Moyano le adelantó que él no iba a concurrir, pero que mandaría a Juan Carlos Schmid, titular de la Confederación de Trabajadores del Transporte. Sin embargo, le aseguró que no iban a firmar “nada” y que seguía con la misma posición con respecto la necesidad de la ley antidespidos “se sancione cuanto antes”.

“El Poder Ejecutivo y los empresarios son los dos sectores responsables de más de cien mil despidos en cinco meses ¿Cómo vamos a confiar en que ellos vayan a cuidar el empleo? No lo van a hacer ni medio minuto”, sostuvo el secretario general de la CTA Autónoma.

Micheli coincidió en que se trata “de una maniobra para que si sale la ley, que es lo más probable, y el presidente la veta, lo haga pagando el menor costo político, con el argumento de que ya tiene un compromiso de no despidos firmado con los empresarios”.

“Llama la atención que el gobierno nos pida que creamos que este acuerdo pueda ser cumplido, cuando nos estuvo mintiendo hasta ayer, diciéndonos que el nivel de empleo se mantenía estable... y ahora llama de urgencia a las patronales para evitar los despidos durante 90 días”, apuntó.

Sobre la promesa de Macri de que las políticas de Cambiemos van a generar la creación de “millones” de puestos de trabajo “de calidad”, el dirigente consideró que es “una aspiración del presidente, pero no tiene nada que ver con lo que está haciendo. Es una profesión de fe como otras: ‘se van a crear millones de empleos’, ‘la inflación va a bajar a un punto’, ‘van a llegar inversiones’. La verdad es que son una expresión de deseo, pero no un dato de la realidad”.

El mercado duda que el Gobierno logre bajar la inflación "core" del 2 por ciento

Creen que la secuencialidad de los tarifazos atenta contra el objetivo de llegar al 25 por ciento anual.


Inflación subyacente, inflación núcleo, inflación "core". Son todos términos para definir la evolución de los precios de aquellos bienes que no están regulados como las tarifas de servicios públicos y las prepagas, o que dependen de fenómenos estacionales. Y es la variable que sigue el Banco Central para decidir cómo evoluciona la tasa de interés.

En los mercados temen que, más allá de la discusión de shock o gradualismo, la estrategia elegida para corregir tarifas atenta contra la factibilidad de alcanzar las metas de inflación señaladas por Prat Gay. Un analista de Wall Street consultado por LPO advirtió que la decisión del Gobierno de escalonar los tarifazos en el tiempo, genera inercia inflacionaria.

Hace que la inflación total no sea tan alta un mes como si se hubieran hecho todas juntas, pero su efecto contagio -conocido como "de segunda ronda"- sobre los precios de los bienes "núcleo" o "core" se prolonga más tiempo. De allí que el Gobierno haya modificado a mitad de camino su estrategia y en abril haya optado por un tarifazo más global.

La decisión de escalonar los tarifazos hace que su efecto contagio -conocido como inflación de segunda ronda- no sea tan fuerte, pero la prolonga en el tiempo y crea su propia inercia inflacionaria.

Por eso, las correcciones de tarifas de febrero y marzo dieron, por efecto de segunda ronda, una inflación "core" más alta en abril. Y con el tarifazo de abril, anticipan los especialistas que no habrá una reducción sustancial en mayo ni en junio de esta inflación subyacente.

De momento, sea que este martes Sturzenegger mantenga o baje la tasa de interés, el dólar está planchado y no se va a disparar la divisa aunque pueda haber más volatilidad en la cotización. Por los próximos meses no se anticipan turbulencias por este lado.

El gran interrogante es qué sucederá si la tasa de inflación en junio no arroja un valor menor o igual al 2% por estos efectos de segunda ronda; ya sea que el Banco Central haya bajado las tasas de interés de Lebacs, ya sea que se haya sostenido firme en su posición pero la inercia resulte más persistente.

Las metas de Prat Gay

El analista consultado recordó que no fue el presidente del Banco Central quien fijó los objetivos inflacionarios para los próximos cuatro años, como normalmente sucede, sino que fue el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay. "Las metas que se propuso el Ministro de desinflación son mucho más ambiciosas que las de experiencias exitosas de estabilización de precios con tipo flotante en países similares como Chile o Colombia", agregó la fuente. El titular del Palacio de Hacienda fijó para este año una meta de inflación del 25 por ciento.

Este exceso de ambición, según los analistas consultados, atenta contra la confiabilidad porque pone al Banco Central alcorrer de atrás a la inflación, dando la imagen de una derrota permanente.

"El Banco Central pudo anticipar la baja de los precios de los commodities y una etapa de tipos de cambio altos con metas de inflación más realistas de mediano plazo, en lugar de desaprovechar la credibilidad del nuevo gobierno", estimó el analista.

Precisamente por eso Sturzenegger decidió esperar hasta septiembre antes de empezar a comprometer su credibilidad con un esquema detallado de metas. Hasta el momento se limitó a construir confianza en torno a un solo lema: "Las van a bajar si y solo si la inflación baja."

Sin embargo, Sturzenegger ya se las jugó y anticipó a la prensa que en septiembre la inflación será del 1,5 por ciento. Y envalentó a varios miembros del equipo económico a repetir que en junio la inflación núcleo estará en 2% y en agosto la inflación total será del 2%.

Podemos y la Izquierda Unida acordaron una coalición ante las elecciones en España

Juntos aspiran a sacarle el segundo lugar al PSOE en junio; el viernes concluye el plazo para presentar la fórmula

Los partidos Podemos e Izquierda Unida (IU) llegaron a un acuerdo y se presentarán como coalición en las elecciones españolas del 26 de junio con la que aspiran a arrebatar el segundo lugar al partido socialista (PSOE).

Así lo anunció Podemos en su cuenta de Twitter con el hashtag "Sumamos para ganar". El adelanto fue una foto donde se veía a los líderes de ambas fuerzas, Pablo Iglesias y Alberto Garzón, abrazados entre simpatizantes.

Según las últimas encuestas, la coalición de Podemos e IU superaría al PSOE. Ambas fuerzas políticas intentaron formar sin éxito una coalición de cara a las elecciones del 20 de diciembre pasado, cuando el PSOE consiguió el 22% de los votos, algo menos de dos puntos por encima de Podemos (20,6%). IU, que consiguió el 3,6% de los votos y dos escaños en el Congreso de los Diputados, pide a Podemos para formar la coalición entre 8 y 12 escaños garantizados, uno de los principales escollos de las negociaciones.

Los dos partidos se comprometieron a someterlo a un referéndum entre sus bases esta semana antes del viernes, cuando concluye el plazo para presentar las coaliciones de cara a las elecciones.


El líder de IU, Alberto Garzón, había adelantado que esperaba cerrar pronto el acuerdo con el partido de Pablo Iglesias. "Yo creo que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo, que estamos en un entorno de ajustar dos o tres escaños", había declarado Garzón.

El adversario de la coalición en los comicios, según el líder de IU, no será el PSOE sino el Partido Popular (PP) del presidente en funciones, Mariano Rajoy, que podría alcanzar la mayoría absoluta pactando con el centrista Ciudadanos.

Por su parte, el líder socialista Pedro Sánchez dice no estar preocupado por la posible alianza y no teme que le superen pues, según él, sacarían menos escaños si se presentan juntos que separados.

Garzón reconoció mientras que el PSOE presionó el mes pasado a IU para disuadirle de las ventajas de la coalición con Podemos, señalándole que su formación está al alza en las encuestas mientras que los de Iglesias están a la baja. En cuanto al programa electoral que tendría la coalición, IU ha propuesto a Podemos unos mínimos en los que elude algunas de las materias que separan a ambas formaciones.

El Trece levanta el programa de Jorge Lanata por bajo rating

Debido al bajo rating tras sus primeros dos programas, el canal decidió terminar el ciclo del periodista anticipadante. Saldrán 3 envíos más al aire.



Después de 2 emisiones al aire, El argentino más inteligente, programa de entretenimientos que conduce Jorge Lanata por El Trece, el canal decidió que el ciclo finalice antes de lo previsto, según pudo confirmar Ciudad.com. La decisión llegó tras el bajo rating que registró en su segundo programa, ya que pasó de 11.4 puntos del estreno (miércoles 27 de abril) a 7.1 puntos la semana pasada (miércoles 4 de mayo).

El miércoles Lanata grabará la quinta emisión del programa, que será la última del ciclo, 5 menos de las 10 que estaban planeadas en un principio. El 25 de mayo saldrá al aire el último envío y la emisora aún no definió que pondrá en su lugar.

El programa, un formato de origen canadiense, es un show en el que 4 participantes juegan en una competencia basada en la Teoría de las Inteligencias Múltiples y desde su debut padeció las altas cifras de Moisés y los Diez Mandamientos, la telenovela brasileña que emite Telefe.

Yasky: "Es una truchada y una burla a los trabajadores"

El secretario general de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, denunció a través de Twitter que "El acuerdo de @mauriciomacri con empresarios es una truchada para dilatar la sanción de la #LeyAntidespidos y una burla a los trabajadores".

Yasky destacó como "lo único positivo del acuerdo" al reconocimiento de los despidos por parte del Poder Ejecutivo y afirmó: "Creo que ante una ola de despidos el Gobierno se cruzó de brazos y emitió una señal muy fuerte despidiendo 25 mil trabajadores más del sector público", y  dijo que si el Presidente veta la ley antidespidos "deberá pagar las consecuencias".

"Este acuerdo es una truchada: queremos una ley que garantice que no haya despidos", sentenció.

Daer criticó el acuerdo de Macri con empresarios: "Sólo es una expresión de deseo"

El titular del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, Rodolfo Daer, criticó hoy el acuerdo al que llegó el presidente Mauricio Macri con los empresarios sobre la problemática de los masivos despidos al afirmar que "es sólo una expresión de deseo".




El dirigente sindical minimizó el acuerdo al que llegó hoy el Gobierno nacional con empresarios para evitar despidos por 90 días al asegurar que sólo fue "una expresión de deseo del presidente".

En este sentido, y en diálogo con Demasiado Humo, que se emite por Qm Noticias, Daer propuso que el Ejecutivo nacional respalde la inciativa que se está tratando en la Cámara de Diputados: "Tiene que haber una sanción en el Parlamento para que esto tenga fuerza de ley".

Además, el titular del sindicato de la alimentación recordó que "todas las centrales obreras marcharon el viernes 29" en el marco del Día del Trabajador para repudiar "los despidos" en el sector público y privado.

Camaño advirtió que avanzarán en la aprobación de la ley antidespidos

La diputada massista señaló que "esto solo no sirve", en referencia al acuerdo entre Macri y empresarios.

La diputada nacional por el Frente Renovador Graciela Camaño afirmó que "si no hay otra cosa" continuarán avanzando con el tratamiento de ley antidespidos, y advirtió que el acuerdo que firmó gobierno nacional con los empresarios para evitar despidos por 90 días "no sirve" porque "no tiene efecto jurídico".


"Esto solo no sirve, no tiene efecto jurídico. No sabemos ni siquiera quiénes son los representantes que participaron. Lo que hizo es un acto político con empresarios para decir lo obvio", apuntó Camaño en declaraciones a DyN. Al ser consultada respecto a qué pasará con la ley antidespidos, respondió: "Si no hay otra cosa continuaremos. Buscaremos incluir el tema Pymes".


No obstante, consideró que el gobierno reconoció que "hay un problema en serio", lo que implica que el gobierno entienda que no estaban "hablando por hablar ni por oportunistas". Sobre esto, enfatizó: "Parece que no estábamos tan locos, que lo que decíamos era real. Bienvenido el gobierno a la realidad".


En el Salón Blanco de la Casa Rosada, el gobierno nacional firmó un acuerdo con empresarios con el objetivo de evitar los despidos por unos 90 días.

Despidos: el documento que Macri firmó con los empresarios

En una reunión que se llevó a cabo en Casa Rosada, ambas partes firmaron un "compromiso" para suspender los despidos por 90 días. En un documento de menos de una carilla, el gobierno evidencia su preocupacióna nte la Ley Antidespidos.


Los empresarios y Macri firmaron un documento de menos de una carilla que se asemeja más a una gacetilla para los medios que a un texto con verdadero valor legal.

El texto, en extremo breve, es la respuesta que encontró el gobierno para intentar frenar la Ley Antidespidos que generó amplio consenso opositor en la Cámara de Diputados donde se aprobaría con modificaciones.

Dice el documento:

"Ante el momento de cambio positivo que está viviendo la Argentina y de transición económica que genera dificultades de corto plazo en los argentinos, nosotros como empresarios, desde nuestro rol de generadores de empleo y producción, queremos comprometernos a:

- No reducir nuestros planteles de empleados durante al menos los próximos 90 días.


- Generar planes de inversión para promover más puestos de trabajo.

- Trabajar junto al gobierno nacional y a los sindicatos en una agenda de desarrollo y de mejora de calidad del empleo en el país, sector por sector.

Creemos que las medidas que está tomando el Gobierno Nacional son las adecuadas para alentar la creación de nuevos puestos de trabajo.

Por el contrario, consideramos que la propuesta de ley antidespidos que tiene media sanción en el Congreso introduce un cepo al trabajo que dificulta las nuevas inversiones y generará el efecto contrario al que dicen buscar".

Los empresarios que firmaron el compromiso son los mismos que iban a retrotraer los precios al 30 de noviembre de 2015 y no sólo no lo hicieron sino que dispararon la ola inflacionaria más violenta desde la salida de la convertibilidad.

La reunión de Macri con los empresarios se pareció más a un montaje para los medios que apenas expresa supuestas buenas intenciones: los trabajadores reclaman garantías y eso sólo se lo puede brindar una ley del Congreso de la Nación.

Escracharon e insultaron a Grindetti en medio de la presentación de un proyecto

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, no encuentra estabilidad política luego de los escándalos locales e internacionales en los que se vio envuelto. Si bien presentó uno de los proyectos más ambiciosos para el distrito, no pudo escapar al escrache y repudio de un grupo de vecinos.



Fuente: /JuanDiasFotografia


El jefe comunal de Cambiemos Néstor Grindetti encabezó hoy junto a autoridades de AySA un proyecto que pretende ampliar la red cloacal a todo el distrito en los próximos cuatro años. Si se concreta la ambiciosa iniciativa, Lanús pasaría a ser uno de los pocos Municipios en contar con este derecho. Aún así, la presentación quedó practicamente en un segundo plano luego de que un grupo de vecinos escracharan, entre insultos y carteles de repudio, al ex ministro de Hacienda de Mauricio Macri.

Según pudo saber INFOCIELO, el acto que se llevó a cabo en la Estación de Bombeo que está construyendo AySA en Dardo Rocha y Quirno Costa, de Remedios de Escalada, terminó con un clima tenso para el dirigente del PRO. Es que pocos minutos después de que bajara de un escenario fue increpado por una decena de personas.

Con algunos carteles en mano, los manifestantes le recordaron a Grindetti su vinculación en empresas offshore, que se presumen fueron creadas para lavar dinero, y el pedido de captura de Interpol que recayó sobre él hace tan sólo pocos meses.

La escandalosa situación continuó hasta el último minuto en el que el intendente estuvo en el lugar. El auto oficial, que por poco no pudo sacarlo del lugar por la presión vecinal, tampoco pudo aislarlo de los insultos.




El Plan de Cloacas 2016-2019:

Grindetti junto al director general de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos Martín Heinrich encabezaron la presentación del proyecto de obra 2016-2019, periodo en el que se estima que el cien por ciento de la población cuente con el servicio.

“Es una enorme satisfacción poder anunciar por primera vez un plan concreto y sistemático de cloacas para todo Lanús gracias a la colaboración de AySA que realmente entendió el problema ya que Lanús es el Municipio que menos obras de cloacas tiene", destacó Grindetti al referirse a que tan sólo el 38 por ciento de los vecinos cuentan con el servicio.

Por su parte, el director general de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos, Martín Heinrich, indicó que AySA está concretando “una licitación por día”, lo que asegura el cumplimiento del plan de obras en cuatro años.

Presidente interino de cámara de Diputados anula impeachment a Dilma Rousseff

Waldir Maranhão argumenta que la votación del impeachment en el Congreso estaba fuera de los límites de la denuncia que revisaban.

El Presidente interino de cámara de Diputados la salva, por ahora a Dilma Rousseff del impeachment. |Statesman


La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha sido salvada del proceso de impeachment luego de que Waldir Maranhão, amigo de uno de sus principales colaboradores (el gobernador de Maranhao, Flavio Dino) , asumió la presidencia interina de la Cámara de Diputados.

Eduardo Cunha, el principal impulsor del impeachment, fue suspendido por denuncias de corrupción, por lo que Maranhão asumió la presidencia interina de la Cámara de Diputados y libró a Rousseff del proceso, según el diario Folha.



Para Waldir Maranhão la votación del impeachment en el Congreso estaba fuera de los límites de la denuncia que revisaban. Cunha impulsó el juicio político a Rousseff que la cámara autorizó en abril. Este iba a suspender a la presidenta por hasta 180 días por presunta violación de una ley de responsabilidad fiscal.

Rousseff está acusada de utilizar préstamos de bancos estatales para ocultar déficit presupuestarios en 2014, año de su reelección, y en 2015.

 

Movilizados contra el presupuesto cero

ESTUDIANTES, DOCENTES Y NO DOCENTES REALIZAN CORTES Y BANDERAZOS CONTRA LA FALTA DE FONDOS PARA LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS


“El conflicto arrancó por todo el tema del salario docente. En un principio desde el Ministerio (de Educación) les ofrecieron un cero por ciento de incremento salarial, y luego incrementaron la propuesta a un 15, lo que es insuficiente con respecto a la inflación con la que se vive que es más del 40 por ciento”, explicó a Télam Sofía Rocha, Consejera Estudiantil de FADU-UBA.

La dirigente estudiantil informó sobre el corte que se realiza desde las 12 en la avenida Cantilo y Ciudad Universitaria y adelantó que se repetirá a las 19 con la esperanza de “que se solucione este tema, ya que desde que se inició que no hay clases regulares, siempre hay alguna cátedra que se suspende o que se hacen públicas”.
“El Consejo Superior votó un proyecto que establecía un cero por ciento de aumento para el funcionamiento de las universidades y las propias autoridades remarcaron que no saben si llegan a cubrir los gastos hasta el mes de agosto, dado que aumentó la luz, el gas y todo lo que implica el funcionamiento”, advirtió Rocha.


El presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció el pasado martes una partida de 500 millones de pesos que será destinada a las universidades públicas, monto que desde muchas universidades consideran insuficiente.


"Los 500 millones de pesos para 49 universidades implican 1 por ciento de aumento para los docentes”, explicó Rocha, y recordó que la partida “tampoco cubre los gastos exclusivos del funcionamiento de todos los establecimientos”.


Los actos para revertir la situación de la educación superior pública continuarán el próximo miércoles con clases públicas frente al Ministerio de Educación de la Nación desde la mañana, mientras que el jueves habrá jornadas de concientización de la problemática, clases abiertas y una marcha educativa por el salario docente, más presupuesto para la UBA y el boleto educativo.