Significados políticos de la unidad sindical

Por Edgardo Mocca
Imagen: Bernardino Avila.

La movilización sindical del pasado 29 de abril marca un jalón importante en el curso de los acontecimientos políticos. La impulsaron los cinco agrupamientos que se autodefinen como centrales obreras; la deserción final de Barrionuevo no altera para nada el significado de la acción: una movilización unida y multitudinaria del movimiento obrero organizado contra las políticas públicas desarrolladas en los primeros cuatro meses de gobierno por la coalición de derecha triunfante en las últimas elecciones. En estas horas, la impresionante movilización de trabajadores en Comodoro Rivadavia (el Comodorazo, como se lo mencionará a partir de ahora) refuerza la idea de un nuevo momento del movimiento obrero argentino, fenómeno que ocupará un lugar central en la evaluación de las relaciones de fuerza entre el proyecto neoliberal en marcha y el movimiento popular.

Lo primero que impacta es la amplitud del arco sindical convocante. Varios de los dirigentes sindicales que impulsaron la marcha estuvieron entre los apoyos explícitos del nuevo gobierno apenas iniciada su gestión y se insinuaba hasta hace poco un nuevo capítulo del acuerdo de hecho entre gobierno y sindicatos que en la década de los noventa facilitó el proceso de privatizaciones, enajenación del patrimonio, desindustrialización, caída del salario y aumento en flecha de la desocupación. Sin embargo, es muy difícil hoy, después del trágico balance de aquel proceso, la reedición de la trama empresarial-sindical que le dio sustento político; así vino a subrayarlo de modo tajante la movilización del 29. Es la expresión de un movimiento sindical que, aún en la división entre diversas organizaciones, llega a esta etapa después de un proceso de fortalecimiento orgánico y político. Los años de kirchnerismo fueron años de expansión de la demanda popular, de impulso a la reindustrialización, de recuperación inédita del empleo, de convenciones colectivas de trabajo sin piso y en un contexto de fortaleza gremial, de recuperación consecuente del salario y de conquistas de nuevos derechos, particularmente en los eslabones más débiles del movimiento. La permanencia de índices en baja pero considerables de empleo informal afecta el balance pero no lo niega. Esta referencia histórica es un gran dato de la lucha política en la Argentina: las clases dominantes no cuentan hoy con la poderosa palanca que significó el desmadre inflacionario y el derrumbe económico en los años previos al triunfo del menemismo. No es un movimiento obrero desmovilizado y en retroceso el que enfrenta este nuevo capítulo del neoliberalismo; en esa diferencia radica buena parte de las posibilidades actuales de resistir el curso puesto en marcha furiosamente por el macrismo. En eso consiste uno de los grandes logros del proceso político de los últimos años.

El episodio tiene un peso político que desborda los límites sectoriales. En primer lugar por su indudable influencia en el conjunto del pueblo argentino. El movimiento obrero organizado puso su impronta en las grandes páginas de la resistencia popular a las políticas de los sectores del poder económico concentrado. Así fue en los años de la resistencia posterior al derrocamiento de Perón, como en el enfrentamiento antidictatorial que tuvo su página central en la virtual insurrección del pueblo cordobés en Córdoba, en mayo de 1969. Aún en la época de la colusión entre el menemismo y la jerarquía sindical-empresarial fue un vasto sector sindical organizado en el Movimiento de Trabajadores Argentinos y en la Central de Trabajadores Argentinos el que produjo los actos más importantes de rechazo a la reconversión neoliberal. Las pequeñas y medianas empresas, los empresarios importantes vinculados al mercado interno, amplios sectores profesionales y culturales, los universitarios, técnicos y científicos, los barrios populares, un amplísimo arco de sectores sociales ha reconocido siempre en el movimiento obrero a un animador de sus reclamos y de sus luchas: así es desde hace muchas décadas y así vuelve a insinuarse en nuestros días.

La clave de este resurgimiento en un nuevo nivel del movimiento obrero es la “unidad en la acción”, una poderosa síntesis política que viene a producir una ruptura con un proceso de divisiones cuyas causas y cuyo significado habrá que seguir discutiendo. Siempre hubo tensiones y divisiones entre distintas tradiciones sindicales, particularmente entre quienes sostenían posiciones más apaciguadoras del conflicto y más negociadoras y quienes impulsaban la lucha frontal en defensa de sus derechos. En todo caso, lo específico del proceso de división en la CGT y la CTA durante los últimos años es el hecho de que algunos sectores y dirigentes que habían sostenido una línea de combatividad en los años del menemismo pasaron a una línea de enfrentamiento con los gobiernos kirchneristas que los colocó, de hecho, en el cuadrante político de quienes hoy gobiernan el país y practican las políticas que acaban de ser masivamente repudiadas. Así y todo, la unidad en la acción fue posible. Y lo fue porque la dinámica del avance neoliberal en el mundo del trabajo asumió la forma del ataque al poder adquisitivo del salario (devaluación, tarifazos, condicionamiento de las paritarias) y su contracara necesaria de despidos estatales y privados. Esto es sustancial porque la cuestión del salario y del nivel de empleo está en el corazón de cualquier política económica y de cualquier política pública en general; es la expresión más concentrada de la relación de fuerzas entre el capital y el trabajo. Cualquier definición del neoliberalismo, en el país y en todo el mundo, tiene en su centro la cuestión del avance del capital sobre el trabajo; del capital sobre el derecho a la tierra, al techo y al trabajo, como postula el papa Francisco. De modo que la lucha por el salario y el empleo es políticamente central en estos días.

¿Es la unidad en la acción el techo de lo posible para el movimiento sindical en esta etapa o puede avanzarse hacia la unidad orgánica y programática? Si miramos el pasado, la cuestión insinúa muchas dificultades. Nadie puede ocultar la existencia de muchas cuestiones litigiosas, factibles de ser pensadas como trabas para esa unificación. Es evidente que la unidad no puede ser ideológica porque no hay una ideología que una a todos los trabajadores y a sus representantes. Tampoco puede pasar por una única posición políticoelectoral porque aquí también hay diferencias visibles. La cuestión es si existen un conjunto de líneas unificadoras en lo que concierne a los derechos de los trabajadores en su relación con los patrones y con el Estado. Venimos de una época en que el centro de esa agenda era ocupada para algunos dirigentes por la cuestión del piso para el impuesto a las Ganancias. Es decir un tema que concierne a un sector ampliamente minoritario de la clase trabajadora, aún cuando sea legítima su discusión y eventualmente el reclamo. Hoy la agenda ha cambiado y tiene en su centro el punto central de la cuestión laboral, el salario y el empleo. No se trata de dos cuestiones sino de una sola cuestión: el desempleo es el arma central del poder económico para el disciplinamiento de los trabajadores en la dirección de aceptar una baja en el salario real; así lo exige, según la interpretación neoliberal, la “competitividad” de la economía argentina. Por eso, la cuestión no es meramente coyuntural sino que acompañará toda la experiencia de la relación de los trabajadores con la coalición conservadora que hoy está en el gobierno.

Claro que el solo enunciado de la cuestión del salario y el empleo no constituye un programa político; son posibles muchos abordajes políticos que pretendan constituirse en soluciones aptas para el reclamo sindical. Y es lógico que en el movimiento obrero organizado puedan convivir distintos proyectos al respecto. Pero la hoja de ruta de un proceso de unidad orgánica y programática no puede sino pasar centralmente por ese punto. La cuestión no se resuelve en el plano corporativo del conflicto y la negociación sino en el de la lucha política por el poder. Pero justamente para esa disputa por el poder es que hace falta un movimiento sindical unido que esté en condiciones de impulsar la lucha contra el ajuste neoliberal. Y es esa lucha la que crea mejores condiciones para una solución política favorable a los intereses de los trabajadores.

Para el espacio político que reivindica la experiencia kirchnerista y se pronuncia por su recuperación crítica y superadora, la cuestión del movimiento obrero es crucial. Lo es por su influencia social nacional y por la naturaleza estratégica de lo que lo enfrenta a los planes neoliberales. Ninguna agitación sectaria y ningún pase de facturas históricas deberían nublar la visión de la nueva situación política que se ha abierto y que constituye una gran oportunidad. Una oportunidad para impulsar el paso a primer plano de una amplia camada de nuevos dirigentes gremiales de empresa y de organizaciones de primer grado en la dirección de una profunda renovación y democratización del movimiento, entendida como tarea del propio movimiento. No es un momento para anclarse en la queja por el sindicalismo realmente existente sino de encarar la tarea de su renovación. Una renovación que no vendrá de la mano del clásico discurso antisindical y antiperonista que le llama democracia sindical a la atomización y a la despolitización del movimiento obrero. Una renovación que vendrá de una amplia discusión política cuyo mejor marco será un proceso de unificación orgánica.

El capital combatiendo




La frase premiada de Aranguren. La ideología al rojo vivo. Isela, epistolario y discursos. El Estado y el mercado en la narrativa macrista. La emergencia ocupacional, el posible veto bronca. La amenaza del desempleo, más allá de los ñoquis y La Cámpora. Brasil, decime qué se siente.

Por Mario Wainfeld

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, se alzó con el Olimpia de Platino de la semana (¿del mes?) en la disciplina “Macrismo explícito”. El jurado, por unanimidad y aclamación, premió la frase: “Si el consumidor considera que este nivel de precios es alto en comparación a otros gastos de su economía, dejará de consumir. En cambio, si entiende que el costo no es tan alto, continuará cargando nafta”. Ninguneó, canchereando, el impacto de un nuevo, consuetudinario, aumento de los combustibles líquidos.

Los Olimpia de Oro y Plata fueron declarados desiertos. Fiel a su idiosincrasia, Aranguren había elevado mucho la vara de la competencia.

La medalla de bronce quiso estimular a Isela Costantini, titular de Aerolíneas Argentinas, que se mostró muy comunicativa, en varios géneros. Optó por el epistolar para los empleados, un texto afectuosamente titulado “La carta de Isela”. Tras llamarlos, creativamente, “colegas” la ex CEO de General Motors anunció una reducción de costos formidable. En un texto similar, fechado en enero, “Isela” afirmaba que su tijera no cortaría gastos en Recursos Humanos. Esa minucia no se menciona en su carta reciente.

Luego, en formato discurso, Costantini comentó ante otra vertiente de colegas (empresarios): “Dentro de una empresa es natural que llegue alguien que es el jefe de tu jefe y te diga que vas a tener que ajustar. Uno dice ‘okay’ y no lo toma en pánico (...) pero en el mundo de la función pública cualquier palabra puede ser utilizada contra cualquier persona dentro del sector o dentro del Gobierno”. Costantini prometió, antigardeliana ella, que “el día que los empleados no me quieran voy a ser la primera en irme”.

El jurado, tras prolongado cabildeo, confirió la distinción valorando que el dilema de la funcionaria no es ajustar sino cómo se comunica.

Lástima que el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay se haya autoexcluido de la premiación, aplicado a despotricar off the record contra el titular del Banco Central Federico Sturzenegger. “Alfonso” se alzó con varios Olimpia de Oro por hallazgos tales como “cada uno sabe dónde le aprieta el zapato” anunciando que los sindicatos deberán elegir entre una reducción del valor adquisitivo de los sueldos o los despidos.

Un antecedente conceptual del proverbio de Aranguren, que ranquea en buen orden al capitalismo y a la democracia, al consumidor y al ciudadano, si tal categoría existe.

Okay, sigamos con el relato.

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Derechos, vade retro: El consumidor agudo aunque con billetera flaca es libre de elegir entre llenar el tanque o, póngale, renovar el vestuario o comprar alimentos. Si escoge ese rubro puede optar por reducir la ingesta de carne o inclinarse por las segundas marcas, con beneplácito de los editores de Clarín: ¡ha nacido una tendencia!

En el ideario macrista (que Aranguren expresa con menos ambages que sus pares en el gabinete) la sociedad es un hipermercado. A nadie se le ocurriría llenar el changuito si no tiene con qué pagar en la caja.

De derechos, ni hablar. La palabra escapa al vocabulario oficialista: se “ayuda”, hay dirigentes “ocupados y preocupados” y se hace “lo necesario”. La necesidad tiene cara de hereje neo–con: para construirla no se computan los derechos establecidos por la Constitución y las leyes laborales todavía vigentes.

“Lo necesario” es una ecuación económica, ideológica al extremo.

La prensa oficialista le hace chas chas a Aranguren. Le falta tacto, dictaminan los más ingeniosos. Ahorremos bromas veloces o procaces sobre el tacto real existente del ministro deslenguado. “Niño, que eso no se dice.”

Consultores económicos no marxistas, Miguel Bein a la cabeza, dictaminan que la supresión de subsidios resuelta por el ex CEO de Shell son desmesuradas, que benefician desmedidamente a las empresas y descalabran equilibrios económicos.

El conflicto de intereses es un problema nodal de la CEOcracia, subestimado o ignorado por académicos, opineitors o periodistas aliados de PRO. Eppur si muove, siempre en la misma dirección Aranguren es uno de los ejemplos más chocantes porque maneja la cartera que más concierne a las petroleras. Hasta acá no se equivocó nunca: imposible negarle amor a la camiseta. Si alguna vez retorna a la actividad privada, tendrá las puertas giratorias abiertas. Lo ha ganado, meritocráticamente.

El conflicto de intereses no atañe al imaginario dominante porque presupone una escala jerárquica de valores entre lo público y lo privado. Si Aranguren lo tuviera en cuenta viviría excusándose. Estaría paralizado, delegando o tercerizando barbaridades. Fácticas, en lo esencial: las verbales son accesorias, las siguen como la sombra al cuerpo.

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La plata es mía, mía, mía: El oficialismo propugna y encarna una visión del mundo, tributaria de su extracción de clase. Sería reduccionista hablar de economicismo. El operador cultural Darío Lopérfido divaga así, cuando justifica reducción de inversiones en su área: “Es mejor que la gente pague menos impuestos y que hagan lo que quieran con su dinero”. La cita se toma de “Las veinte verdades” publicadas por Ernesto Semán en el portal Panamarevista.com. Agrega el autor: “Pocos líderes serían peor descriptos como economistas carentes de ideales que los economistas que han hecho de la evidencia dura de los datos del mercado su horizonte. Lo que hay no es una contradicción, lo que presenciamos es un espiral de violencia ofuscada contra la realidad, cuyas víctimas directas no serán precisamente ellos”.

Una utopía contradictoria en los términos, una distopía tal vez anima al macrismo, en palabras de quien esto firma. En las de Semán: (fantasean que) “la liberación de las fuerzas productivas provocará en la riqueza nacional el milagro de elevar socialmente a los más postergados sin tocar la riqueza de los que más tienen”. El orden de prelación se conoce: lo primero es garantizar la intangibilidad de la riqueza, el resto vendrá por añadidura.

A los “colegas” se les pide comprensión y apoyo, mientras se le cortan los víveres, se mutilan derechos, se licuan salarios o en el extremo se los despide. Entonces podrán elegir qué hacer, si son hábiles.

Los impuestos o los subsidios son un modo de reasignar la riqueza. Desde ya eso no convalida cualquier gabela, cualquier escala, cualquier imputación. Pero la intervención estatal, como compensatoria de las injusticias del mercado, es básica en un sistema capitalista que quiera conciliar con los ideales o las normas democráticas.

“Si los impuestos vuelven al pueblo ¿para qué los cobran?”, bromeaba un comerciante exitoso que conocimos en el pasado remoto. La respuesta es que los impuestos debe(ría)n cobrarse en forma progresiva por lo que la plata no se reintegra, sino se re adjudica. O se redistribuye, otro vocablo ausente del neo diccionario M.

Un fundamentalismo banal predica que la riqueza de pocos favorece al conjunto por vía del derrame o hasta del ejemplo subjetivo. Un ideal vetusto y peligroso. En la Argentina hasta se usó para desprestigiar a uno de los sistemas jubilatorios más inclusivos del continente. La experiencia falló de modo patético y le cupo a los gobiernos kirchneristas reparar parcialmente el desquicio.

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De los ñoquis al temor: “Somos un equipo”, proclama el presidente Mauricio Macri, jefe de los jefes. La máxima es repetida en la propaganda oficial, Costantini le hace eco mientras les pide a sus colegas-dependientes que pongan las barbas en remojo.

Las cautas reacciones sindicales cegetistas enardecen al oficialismo que no termina de asumir la relación pragmática entre los líderes y los trabajadores. Macri pide comprensión y otra clase social le responde con el bolsillo.

La manifestación del 29 de abril fue una advertencia, encarnada por trabajadores sindicalizados, en su mayoría. No los convocó el estandarte del Frente para la Victoria, sino la sensata lectura de sus derechos y conquistas jaqueados. Los ciudadanos tienen derecho a trabajar y hasta a tener ingresos si están desocupados o ganan poco. He ahí una diferencia fundante con los clientes de las estaciones de servicio.

“La gente” teme al desempleo, revelan las encuestas que cualquier gobierno lee devotamente (ver páginas 2/3). La propaganda oficial quiso disipar temores: solo fueron, son y serán despedidos los ñoquis o los nefastos militantes de La Cámpora.

El macrismo buscaba la empatía de la opinión pública, ajena a esos colectivos. El receptor masivo lo acompañó, unos meses. Cuando el cuadro general se espesó, el Gobierno divulgó entusiastas lecturas sobre el número de despedidos, en el sector público o en el privado. No le creen, achalay. Algo falló en la comunicación o en la realidad, usted dirá.

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Argumentos flojos: La ley de emergencia laboral (alias “antisespidos”) que cuenta con media sanción en el Senado, se transforma en un casus belli para el Gobierno.

Los argumentos macristas son flojos. Una norma similar dictada en 2002 coincidió con el mayor aumento de puestos de trabajo de la historia nacional desde 2003. No fue la letra escrita, fue la economía política, claro. La regla sirvió como marco, como señal al empresariado que tampoco tenía muchos incentivos para despedir con el crecimiento a tasas chinas.

El espantajo “van a ahuyentar las nuevas inversiones” es insostenible: los (muy virtuales) nuevos empleos estarán fuera de la nueva cobertura legal.

Tampoco es consistente aducir que no hay ni habrá cesantías. Si así fuera, poco importarían los “procedimientos de crisis” previos o la indemnización agravada, si la patronal es porfiada.

Ninguna norma es panacea ni generadora masiva de empleo. Lo que subleva y violenta al gobierno es que el Congreso dicte una ley protectoria mayormente testimonial, que contradice su Dogma laico.

Ocurre que en la caja de herramientas esperan turno leyes flexibilizadoras, reformas “a la baja” del sistema previsional. Y un blanqueo generoso para los evasores, instrumento que ningún gobierno ha dejado de lado... Bajo cualquier administración, fue y será nefasto éticamente solo para empezar.

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Del veto bronca al pedido de gauchada: Por ofuscación Macri incurrió en apresuramiento político al anticipar el veto, que sería rechazado por los dos tercios del Senado y se sostendría merced a poco más de un tercio de los diputados. Todos con la casaca amarilla de Cambiemos, en flagrante soledad.

Flojo escenario para el oficialismo que lanza globos de ensayo para disuadir a los diputados. Ayer mismo, el ministro de Producción Francisco Cabrera imploró-”exigió” a los empresarios: “Digan que durante 60, 70 u 80 días no van a despedir a nadie”. Procura reemplazar una ley por una pequeña ayuda de los amigos. Una regla general por una promesa imprecisa, un marco institucional por una gauchada de los patrones. Solidaridad de clase, bien light.

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Representaciones y amenazas: La representación democrática es, como intuye la sagaz Constantini, más endiablada que la praxis empresaria. El macrismo se engolosinó con movidas inteligentes y taimadas, dividiendo el campo opositor. Pero los gremialistas, los gobernadores o los legisladores defienden sus posiciones. Arrimarse a un oficialismo triunfador en las elecciones es una táctica transitoria, condicionada a los vaivenes de la legitimidad de ejercicio.

Hasta los adversarios gremiales o políticos más transigentes se distancian porque es imposible adherir al macrismo sin perder sustento propio.

Macri culpa al kirchnerismo de todos los males, hasta de arrastrar a las demás vertientes opositoras. El manual de Cambiemos predica que solo se es kirchnerista por ignorancia o corrupción o por ambos factores. Mala lectura y mal mensaje para un gobierno que ensalza el diálogo, el parlamentarismo, el consenso.

El rumbo económico es apenas uno de los problemas del oficialismo. “El mundo” que supuestamente nos está abriendo los brazos, agrega otros. El más preocupante, no apenas para el oficialismo sino para la Argentina, es la crisis política del Brasil. El golpe de estado “blando” parece encaminarse a una salida suicida y riesgosa para la gobernabilidad regional. Un logro que se sostuvo desde 2003 tiembla en la principal potencia de este Sur, asediado por otra derecha del vecindario.

Los fanáticos de derecha son peligrosos. De eso se trata, colegas y amigos.

Visiones cruzadas entre el PRO y el mercado por la autonomía de Sturzenegger

Las metas de inflación exigen un nivel de autonomía del Central al que la política no está

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, junto a directos de la entidad.


En el resto del mundo los banqueros centrales son las figuras de referencia en la economía, más que los ministros de Hacienda o de Economía. Son los encargados de velar por la estabilidad de la moneda y los garantes de mantener las expectativas alineada en caso de que sean necesarias correcciones de precios relativos frente a shocks externos.



En un esquema de metas de inflación, como el que propone la nueva dirección del Banco Central con Federico Sturzenegger a la cabeza, la credibilidad del presidente organismo monetario es vital. Por eso es tan importante, opinan los economistas, que Sturzenegger no ceda a ningún tipo de presión política y sea plenamente autónomo.



Sin embargo, en el Congreso opinan lo contrario y el ala política del PRO siente que la creciente autonomía de Sturzenegger está dinamitando el futuro político de la coalición. La altísima tasa de interés que fijó Sturzenegger congeló la economía y aumentó el malestar de Pymes, comercios y sectores industriales, que ven cómo la pérdida de competitividad de sus productos se ve reforzada por un marco crediticio prohibitivo para sus posibilidades.

El principal desafío para la autonomía de Sturzenegger de las presiones políticas, es su situación de presidente "interino" del Central ya que todavía no cuenta con un mandato aprobado por el Senado, como exige la Carta Orgánica.



En ese contexto, a los diputados del PRO se les hace enormemente difícil frenar el proyecto de ley antidespidos, cuando una política monetaria contractiva les priva de cualquier herramienta para persuadir en favor de sacrificios presentes que redunden en reactivaciones futuras.



“Esta necesidad política del Gobierno por crecimiento económico y ya no tanto por estabilidad monetaria, pueden comenzar a condicionar aún más la política económica actual, generando presiones mayores sobre la política monetaria del Banco Central”, advierte un informe de coyuntura.

Además, Sturzenegger es un presidente del Banco Central "interino", su designación nunca fue ratificada por el Senado como exige la Carta Orgánica del organismo. Es que en el Senado Macri está muy lejor de la mayoría propia y de hecho todavía no logró que la aprueben los pliegos de los dos jueces que propuso para completar la Corte Surprema. Más complicada parece incluso la situación de Sturzenegger que arrastra un procesamiento por el megacanje.



Por otra parte, su interinidad es funcional para quienes como en el Ministerio de Hacienda no tienen la mejor de las percepciones sobre el titular del Banco Central, con quien llevan una disputa desde hace semanas sobre la política económica. Una situación de debilidad institucional que acaso tampoco desagrada a Macri que todavía no giró su pliego.



La mirada del mercado



En el mercado, sin embargo, la percepción es bien distinta. Los agentes financieron evalúan imperioso, luego de 12 años de lo que juzgan como de sumisión del BCRA al Ministerio de Economía, construir credibilidad a través de una marcada independencia de acción con respecto al Ministerio de Hacienda. Solo así creen que se logrará constituir un Banco Central como garantía de la baja de la inflación, una vez desprendidos del ancla inflacionaria del dólar.



Es que hasta ahora la cotización de la divisa junto con el nivel de reservas marcaron el ritmo de las expectativas de devaluación y de inflación. Con el ingreso a partir de septiembre en un régimen de metas de inflación con tipo de cambio flotante, el ancla antiinflacionaria será la credibilidad de la palabra del presidente del Banco Central.



Para eso, Sturzenegger requiere una autonomía plena, un compromiso con el estudio de los fundamentals de la economía que lo conviertan en un garante de cara al mundo de las inversiones, un guardián de la estabilidad que sofrenará, como Agustín Carstens en México o Julio Velarde en Perú, las tentaciones regulacionistas y expansivas en las que podrían incurrir por necesidad electoral el Ejecutivo.

El presidente del Banco Central de México, Agustín Carstens y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

En ese contexto, la baja de la tasa de Lebacs a 35 días del 38% al 37,5% interpretada como un “gesto político con Macri” o un “guiño a Prat Gay” en el mercado, también es vista como una brecha de complacencia política que alarma: hoy un medio por ciento, mañana quizás más, rompiendo el mantra que Sturzenneger entronizó desde su aterrizaje en el palacio de la calle Reconquista: las tasas bajarán si y solo si la inflación muestra una clara tendencia a la baja.



Para los que son de esta opinión, es preocupante que Sturzenegger haya elegido bajar la tasa la misma semana en que se anunciaron subas de combustibles y en que además la consultora del Ministro del Interior Rogelio Frigerio, Economía y Regiones haya revelado que, de acuerdo con sus estimaciones, la inflación “core” o subyacente (la que no contempla el impacto del tarifazo), se haya acelerado del 1,8% al 2,6% en abril.

El temor que, en el afán de conciliar con las necesidades políticas del gobierno de Mauricio Macri, el presidente del Central vaya más allá de lo "testimonial" y rompa su promesa, sumado a su interinidad institucional, hace temer que su ambición “autonomista” de ser un Alan Greenspan de Microcentro quede truncada. Básicamente, se trata del temor de que las diferencias de criterios entre Prat Gay y Sturzzenegger se acentúen y sea la cabeza del presidente del BCRA la pieza de caza mayor que tranquilice los debates del gabinete económico.

En el mercado tomaron la baja "testimonial" de medio punto de Sturzenegger como una muestra de su permeabilidad a las presiones políticas y temen que termine rompiendo su mantra de bajar las tasas sólo cuando baje la inflación.

Sería mucho sacrificio en términos de producción para no ver la recompensa en términos de reducción sustancial de la inflación.

Desde luego, no todos los analistas comparten el nivel de alarma. Hay quienes creen que, de recrudecerse las tensiones, Sturzenegger tiene las de quedarse por ser un hombre orgánico del PRO, a diferencia de Prat Gay que llegó al Ejecutivo bajo el ala de Carrió.

Los que se inclinan por esta interpretación, imaginan en Sturzenegger un banquero central a la Carstens, capaz de ser reelecto pese al cambio de signo político del Gobierno -lo nombro el PAN y lo ratificó el priista Peña Nieto- y con autonomía suficiente como para ponerle los puntos sobre las íes al ministro de Hacienda respecto de la relajación de las metas fiscales.

Para ellos, la baja de medio puntito fue un gesto político, pero uno con margen de acción porque entienden que “pese a la baja nominal simbólica, en realidad la tasa de interés real esperada subió”, es decir que las expectativas de inflación se redujeron aun más de lo que se redujo la tasa nominal. “Y por lo tanto se mantiene el sesgo contractivo de la política monetaria”, explicaron.

Jorge Triaca comparó el proyecto de ley contra los despidos con el cepo al dólar del kirchnerismo

El ministro de Trabajo aseguró que la propuesta de la oposición "no es beneficiosa ni funcional para generar trabajo". Anticipó que actualizarán el seguro de desempleo
Jorge Triaca, ministro de Trabajo de la Nación

"Si hace falta un acuerdo sentémonos en una mesa y dialoguémoslo. Lo que es importante es que no limitemos o no le pongamos un freno a la posibilidad de crecimiento de la economía, a la posibilidad de generación de empleo". Ese fue el pedido que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, hizo ante el cepo laboral, el proyecto de ley que busca prohibir despidos por 180 días.

"La generación de empleo no se logra con un cepo, ese proyecto lo que hace es evitarla, es una situación análoga con el cepo al dólar", indicó el funcionario nacional. Una vez más, reiteró que la norma propuesta podría frenar el crecimiento económico y no servirá para la generación de empleo

Además, Triaca pidió a los legisladores de la oposición que reevalúe sus iniciativas para sacar una ley que prohíba los despidos por seis meses. "No es beneficioso ni funcional para generar trabajo", aseguró el ministro tras resaltar que el mismo implicaría "instalar un cepo al crecimiento económico".

El ministro rechazó las críticas de quienes advierten un desinterés del gobierno nacional por las personas que quedan sin trabajo y aseguró que planean "actualizar el seguro de desempleo" en la próxima convocatoria del Consejo del Salario. Triaca anticipó que el seguro de desempleo se actualizará en el próximo Consejo del Salario

Respecto a la postura crítica de las centrales obreras por los despidos, Triaca planteó: "Entiendo que tengan esas preocupaciones y es válido que hagan sus reclamos en relación a cuidar el empleo, lo que no es funcional a generar trabajo es este proyecto de ley". "Cuando escucho a los dirigentes sindicales plantear el tema de los despidos les pido que tengan la certeza que por parte del Ministerio de Trabajo van a estar a disposición todas las herramientas para ayudar a empresas que estén en situaciones complicadas", prometió, en diálogo con radio Mitre.

El ministro explicó que "generar empleo no se resuelve poniéndole un cepo" a la salida de trabajadores porque en la práctica lo que hace "es evitar la entrada" de nuevos empleados. Respecto a la postura del diputado kichnerista Héctor Recalde, uno de los principales impulsores del cepo laboral, el ministro acusó que "hay una deficiencia para poder mirar el verdadero problema"."No veo que estos mismos dirigentes se hayan preocupado por la creación de empleo en los últimos cinco años, y ahí está puesto nuestro foco de atención", replicó.

Consultado sobre llamados del gobierno a entidades empresarias para que no haya despidos en los próximos dos o tres meses, Triaca expresó: "Tiene que haber instancias de diálogo en todos los ámbitos, no solo en el Congreso sino también hay que trabajar en conjunto con los dirigentes empresarios y sindicalistas". "Hay un 35% de la población que hoy está en la informalidad laboral. (...) Esa es la deuda
pendiente que tiene Argentina con su fuerza de trabajo", acusó. También cuestionó a quienes "plantean el deseo de que a este gobierno le vaya mal porque quieren volver al poder", y dijo: "Macri dio respuestas en cuatro o cinco meses a muchísimas cosas quae durante años no se resolvían".

Francisco Cabrera le pide a los empresarios " algo que genere impacto y frene la ley antidespidos"



EL MINISTRO CABRERA LES PIDIO QUE HAGAN "ALGO QUE GENERE IMPACTO", QUE "FIRMEN UN COMPROMISO DE NO DESPEDIR PERSONAL" PARA FRENAR LA LEY DE EMERGENCIA OCUPACIONAL
Un ruego del Gobierno a los empresarios

El ministro de Producción, Francisco Cabrera pidió a los empresarios que planteen alguna alternativa al proyecto de ley que impulsa la oposición para prohibir los despidos, por ejemplo comprometerse a que "durante 60, 70 u 80 días no va a despedir a nadie".


"Ante una ley antidespidos que consideramos defectuosa, porque no va a cumplir con los objetivos que se plantea sino que va a hacer lo contrario, le pedimos a los empresarios que una forma de generar un impacto sobre quienes toman estas decisiones es tener algo que decir", sostuvo Cabrera de cara al debate en la Cámara de Diputados del proyecto de ley con media sanción del Senado que instala la doble indemnización, entre otros puntos.

En ese sentido, el funcionario les propuso que "para poder sentarse a la mesa con autoridad, que digan que durante 60, 70 u 80 días no van a despedir a nadie", como alternativa. Que digan "algo que ya piensan hacer, que lo manifiesten públicamente con un compromiso, por escrito y que den la cara".

Eso sí, les aclaró que el Gobierno no va a "convocarlos" sino que ellos deberían hacerlo "voluntariamente, dado que es importante que participen en las decisiones que se tomen desde la política en temas con el empleo y la inversión".

Recorrido, memoria y agenda de los votantes jóvenes




Rubén Weinsteiner



Del total del padrón de electores , un 31% tiene menos de 30 años, el 51,2% no llega a cumplir los 40 años de edad al momento de votar y 6 de cada 10 electores tiene 45 años o menos. Esto convalida la creciente participación que los jóvenes tienen en la política.


La incorporación de los jóvenes a la política es un fenómeno contundente en términos cualitativos, típico de la repolitización de la sociedad Argentina post crisis del 2001.

La clave de la participación política creciente de los jóvenes fue sin duda la capacidad de resituar y desplegar conflictoscontra poderes grandes, y con final abierto.


"El 31% de los electores tiene menos de 30 años, el 51,2% no llega a cumplir los 40 años de edad al momento de votar, mientras 6 de cada 10 electores al ejercer el sufragio en 2013 tendrá 45 años o menos."

Pero si la participación juvenil es la nota de mayor volumen cualitativo de la época, cuando se analiza la distribución del padrón de electores con la novedosa incorporación de 750.000 jóvenes de 16 y 17 años que ejercen su nuevo derecho ciudadano, el análisis cuantitativo muestra la fuerte impronta juvenil del electorado nacional, que sin duda es la característica central que deberán atender las distintas dirigencias en competencia electoral si es que no quieren resultar obsoletas y con ellas sus propuestas. En efecto, el 8,9% de los votantes este año tiene entre 16 y 19 años mientras otro 11,2% recorre el tramo etario que va entre los 20 y 24 años.Completando el tramo de menores de treinta años un 11,4% adicional de electores cursa edades entre los 25 y 29 años.


Las conclusiones son notables. Por ejemplo, dada la estructura etaria que lo segmenta, para el 50% del padrón de electores el gobierno de Raúl Alfonsín y los ciclos hiperinflacionarios de los años 1989 y 1990 no resultaron experiencias vividas, e incluso buena parte de la década de los año noventas tampoco lo fue en plenitud.

Más aún, la crisis del año 2001 fue vivida con menos de 15 años de edad por el 25% de los empadronados, que inician su adolescencia y los primeros contactos con la realidad política nacional ya con el kirchnerismo gobernando el país.

Con la crisis del 2001 cambiaron los paradigmas de representación política en el voto joven en la Argentina. Lo que Bernard Manin llama “metamorfosis de la representación”, un cambio profundo del lazo que une a quienes eligen, con quienes son elegidos.


La pobreza, la indigencia, la ruptura del contrato social y el desempleo constituyeron el núcleo de deslegitimación del sistema de paradigmas viejo. La pérdida de la legitimidad de las generaciones dirigenciales mayores, que revelaron debilidad e impotencia, les quitó autoridad y capital simbólico ante los jóvenes. Autoridades e instituciones, bancos, medios de comunicación y partidos políticos, perdieron autoridad validatoria de las marcas politicas. Junto con eso, el colapso de la ilusión del retiro del estado, la convertibilidad y “estar en el primer mundo”, encuentra a los actores sociales jóvenes, más afectados que ninguna otra franja en la dura lucha por la supervivencia, o bien irse del país. Encarnando en ambos casos un fuerte componente contracultural.

El voto joven a partir del cambio de paradigmas de 2001, ha dejado de organizarse a partir de identidades sociales tradicionales permanentes: la sociedad individualista arrasó durante la década del 90 con esas identidades, las cuales se volvieron múltiples volátiles y complejas, difíciles de organizar alrededor de variables duras, como edad, lugar de residencia, años de escolaridad, y mas organizables por variables blandas, como temas de interés y convocatoria, es decir, más lo que la gente hace, que lo que la gente es.


Esto impone en el escenario, como consecuencia, una elevada volatilidad del voto del electorado joven de elección en elección.

La tensión entre lo prohibido y lo permitido, subyacente de un escenario como el de 2001, donde la crisis instaló nuevos debates sumados a los viejos, como el consumo de marihuana o el aborto, o en otras épocas, desde el divorcio, hasta circular por el espacio público en pantalones cortos, plantea un trade off que cliva y divide la cancha entre los “caretas” y los propios, porque el joven pone en emergencia conductas “asociales” , que muchos viven y practican subterráneamente y que en definitiva en muchos casos es “lo que viene”.


Por eso las propuestas políticas que pongan sobre la mesa las tensiones “prohibido-permitido” tendrán siempre muchas más, atención, receptividad y aceptación en los diferentes microsegmentos jóvenes.


Solo el 19% de los electores efectivos - tenía 15 años o más en la década de los años setenta y vivieron con conciencia plena los gobiernos de Cámpora, Perón e Isabel y el último golpe cívico militar.


En conclusión, la fijación de temas de agenda que se anclan demasiado rígidamente en experiencias del pasado, aún las más convulsionantes, estrategia tan recurrente en buena parte de la oposición e incluso un recurso que sobre utiliza algún sector del oficialismo, no parecen poder interpelar de manera exitosa a una mayoría de electores sencillamente porque no forma parte de su experiencia de vida, y, si bien es cierto que la historia se transmite entre generaciones, nunca es bueno para la dirigencia política abusar de esa circunstancia confundiendo lo dicho con lo vivido.



Rubén Weinsteiner

Sturzenegger giró al Tesoro casi cinco veces más que Vanoli en el mismo período


La asistencia ya alcanza los $42.000 M



María Eugenia Baliño



Bajo el mando de Federico Sturzenegger, el Banco Central ya giró al Tesoro en lo que va de este año casi cinco veces más que el total de la asistencia brindada por la anterior gestión de Alejandro Vanoli durante el mismo período de 2015 para financiar el déficit fiscal.

Según datos del propio BCRA, entre el 1 de enero de 2016 y el 29 de abril último, la autoridad monetaria le dio al Tesoro en concepto de “transferencias de utilidades” y de “adelantos transitorios” $41.976 millones, mientras que en igual lapso del año pasado la administración kirchnerista había girado 8.750 millones de pesos.

Este incremento se debe a que el déficit fiscal sigue siendo muy elevado, a pesar del recorte del gasto que está llevando adelante el Gobierno de Mauricio Macri, y a que hasta fines de abril la Argentina tuvo bloqueado el acceso al crédito internacional por el conflicto con los holdouts.

No obstante, las asistencias brindadas por el Banco Central al Tesoro desde enero último están en línea con las metas establecidas en el Plan Monetario 2016, que contempla una emisión de $160.000 millones para este año, a razón de $40.000 millones por trimestre.

Si se cumple el plan del BCRA, los giros previstos para el Tesoro este año resultarán un 20% menores a los de 2015.

De acuerdo con los números informados, en los primeros cuatro meses de 2016 el Central envió al Tesoro $30.176 millones en concepto de transferencia de utilidades y aportes y 11.800 millones como adelantos transitorios.

El año pasado, en el mismo período, toda la asistencia brindada por Vanoli al Tesoro fue mediante adelantos. El riesgo de este incremento en la asistencia de la autoridad monetaria, según explica el economista de Cesur Amílcar Collante, “es que en la transición hacia un esquema de metas de inflación, los agregados monetarios crezcan mucho y puedan complicar al Central en el cumplimiento de sus objetivos inflacionarios para 2016”.

Para sustituir esta fuente de financiamiento en su cobertura del importante bache en las cuentas públicas que dejó el Gobierno anterior, el Tesoro salió en marzo a tomar deuda en el mercado local, pero el déficit es tan grande que de todas formas tuvo que salir a pedir auxilio a Sturzenegger para cubrir sus necesidades.

Hoy, el Tesoro volverá a recurrir al mercado en busca de financiamiento, con una serie de Bonac con vencimiento en 2017 y dos letras en dólares, a 91 y 182 días.

Los Bonac servirán para darle un respiro al BCRA, mientras que los títulos en dólares buscan atraer los billetes verdes guardados bajo el colchón con el fin de engrosar las reservas internacionales de la entidad monetaria, que ayer sufrieron una fuerte merma tras el pago de los bonos bajo ley Nueva York, que había sido suspendido por la medida cautelar dictada por el juez Thomas Griesa.

En la city porteña auguraban una buena aceptación del mercado a estas nuevas emisiones, principalmente para los títulos en pesos, que ajustan su rendimiento de acuerdo con las tasas de las letras internas del Central a noventa días, que el martes rondaron el 34 por ciento.

“Serán atractivas las tasas en pesos.Si proyectamos que la tasa de inflación irá decreciendo en el segundo semestre, será una tasa real positiva que permita cubrirse de la pérdida de poder adquisitivo”, indicó Collante.

El monto autorizado a colocar para los Bocan 2017 es de 12.500 millones de pesos.

Las reservas del BCRA cerraron ayer en u$s31.511 millones, lo que significó una caída de u$s2.707 millones respecto del martes, tras el pago a los bonistas reestructurados.

“Comodorazo”contra el ajuste petrolero



SESENTA MIL PERSONAS SE MANIFESTARON EN COMODORO RIVADAVIA EN DEFENSA DEL EMPLEO Y LA ECONOMIA REGIONAL
Masiva movilización contra el ajuste petrolero

El incumplimiento del compromiso del gobierno nacional de subsidiar la producción petrolera para no paralizar los yacimientos tuvo una contundente respuesta. El “comodorazo”, como se lo denominó, movilizó a la población contra el ajuste.

Por Raúl Dellatorre


Cerca de sesenta mil trabajadores y vecinos de Comodoro Rivadavia, ciudad de 300 mil habitantes, se movilizaron hasta la intersección de las rutas 3 y 26 cercana a dicha localidad, en defensa de los puestos de trabajo de la industria petrolera y en repudio a la situación de indefinición que vive el sector desde el 1º de febrero, cuando el gobierno nacional garantizó un subsidio a las exportaciones de hidrocarburos para asegurar la continuidad de la actividad, que aún no ha hecho efectivo. Las empresas operadoras en la región del Golfo San Jorge mantienen paralizados 22 equipos de producción (perforación y “work over”), de los cuales habían vuelto a comprometer la reactivación de 12 de ellos para el mes de abril. Pero ante el incumplimiento del gobierno nacional, los mantuvieron inactivos. El sindicato petrolero convocó a un paro de 12 horas (que se cumplió ayer entre las 8 y las 20 horas) y a la movilización mencionada, que contó con el respaldo del gobernador de Chubut y el intendente de la ciudad, además de una participación que llevó a que los medios locales la denominaran “comodorazo”. Los trabajadores de la región de Chubut y Santa Cruz norte, junto al resto de la comunidad, le dieron ayer una respuesta contundente al gobierno nacional y a las empresas petroleras: no aceptarán retroceder sobre los derechos conquistados ni ajustes en el empleo por “razones de mercado”.

El incumplimiento de los compromisos firmados en Buenos Aires el 1º de febrero y ratificados el 11 de abril recibieron una respuesta masiva ayer en Comodoro. Esta vez, ni siquiera la promesa del gobierno nacional y las empresas petroleras, de que en los próximos días llegarán los subsidios y se pondrán en actividad los equipos de producción, fue suficiente para frenar la convocatoria. El conflicto tiene su origen en la caída del precio internacional del petróleo, que afecta principalmente al tipo de crudo pesado que se extrae en la cuenca del Golfo San Jorge y se destina mayormente a la exportación. Además, desde enero el gobierno de Mauricio Macri, a través de su ministro de Energía, Juan José Aranguren, viene planteando su intención de abandonar la política del gobierno anterior de garantizar una retribución a la producción que promoviera la exploración y la exportación. La política de búsqueda del autoabastecimiento y la soberanía energética, planteada en 2012 por el kirchnerismo, fue dejada de lado por el macrismo con la idea de que las refinerías pudieran sacar provecho de la baja del precio internacional.

Pero la resistencia de los gremios petroleros y la firme movilización de las regiones que resultarían afectadas por la paralización de la actividad, obligó al gobierno nacional a sentarse a una mesa de negociación y firmar un acuerdo de respaldo a la producción local. Por el compromiso asumido, se le garantizaba a las petroleras que operan en la cuenca (PAE, YPF, Tecpetrol y Sipetrol) un subsidio de 10 dólares por barril exportado (2,50 a cargo del gobierno de Chubut, 7,50 a aportar por el Estado nacional), a cambio de garantizar la estabilidad del personal y sus remuneraciones. Pero el gobierno nacional fue demorando el giro de los fondos y, en consecuencia, la industria petrolera mantuvo inactivos los equipos.

El domingo 1º de mayo, en Asamblea General del Sindicato del petróleo y el gas privado de Chubut, su secretario general, Jorge “Loma” Avila, pronunció un encendido discurso en el que convocó al paro de ayer. “Sin equipos, no hay paz social”, advirtió, proponiendo el paro y la movilización de ayer. Explicó que la medida sería la respuesta al “incumplimiento de las actas firmadas por el Gobierno nacional y el provincial, donde decía que el 30 de abril tenían que salir los equipos parados y no salió ninguno.”

La convocatoria movilizó a todo el pueblo, incluso a sus autoridades, concientes de lo que estaba en juego era sostener el crecimiento que logró Comodoro Rivadavia en la última década y media, o convertirse en un pueblo fantasma. Carlos Linares, intendente de la ciudad, cerró el acto de ayer respondiendo al desafío. “Hemos dado un ejemplo al país, tenían dudas de cuánta gente íbamos a mover y aquí está la respuesta”, señaló, frente a una multitud en la que participaron todas las organizaciones sindicales locales, sin excepción. Hasta los trabajadores de La Anónima, la cadena de supermercados de la familia del secretario de Comercio Interior, Miguel Braun, dieron el presente.

“Esto es un acto de los trabajadores, no de los políticos, pero sin ellos tampoco hubiéramos llegado donde estamos”, dijo Jorge Avila al abrir el extenso discurso con el que inauguró el acto central de la convocatoria. Confirmó que existe el compromiso de reactivar los equipos petroleros en las próximas semanas, pero que pese a la promesa se había decidido mantener la medida de fuerza. Y advirtió que éstas se endurecerán si no se cumple, como ocurrió en las oportunidades anteriores. Las organizaciones sindicales participantes elaboraron un documento en el cual se ratificó el objetivo de defender los puestos de trabajo y la economía de la región, descartando cualquier intencionalidad política, aunque no ahorraron condenas a las medidas que atentan contra el poder adquisitivo del salario, como la suba de precios y tarifazos en los servicios.

La pueblada que agitó la provincia patagónica tuvo su mensaje más claro en una de las expresiones que remató el discurso de Avila a la multitud. “No nos asusta si quieren confrontar con los trabajadores. No vamos a renunciar a nada de lo que tenemos. Vamos a reclamar todo lo que nos corresponde”. El destinatario, el gobierno nacional, por ahora no acusó recibo.

Panamá Papers: la fuente anónima reveló por qué filtró los documentos


En una carta al ICIJ



El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) difundió una carta escrita por la fuente anónima que filtró los documentos de firma de abogados panameña Mossack Fonseca, en la que explicó los motivos que lo llevaron a hacerlo.

Se trata de 11,5 millones de documentos que la fuente entregó al diario alemán Süddeutsche Zeitung y que dieron origen al denominado Panamá Papers, un escándalo internacional que involucra a políticos y empresarios que tienen sociedades offshore, entre los que se encuentra salpicado incluso el presidente Mauricio Macri.

El autor de la filtración explicó en la carta que "no trabaja para ninguno gobierno o agencia de inteligencia". "Decidí exponer a Mossack Fonseca porque me imaginé que sus fundadores, empleados y clientes tendrían que responder por su participación en estos crímenes, de los cuáles solo algunos han salido a la luz por el momento. Tomará años, tal vez décadas, para que la magnitud total de los sórdidos actos del bufete se conozca", afirmó.

A continuación la carta completa:

LA REVOLUCIÓN SERÁ DIGITALIZADA

La desigualdad de ingresos es uno de los principales problemas de nuestros tiempos. Nos afecta a todos de manera mundial. A pesar de los numerosos discursos, análisis estadísticos, unas escasas protestas y documentales ocasionales, el debate sobre su repentina aceleración se ha multiplicado por años con políticos, estudiosos y activistas por igual quienes luchan indefensos para detener este crecimiento constante. Aún quedan las incógnitas: ¿por qué? y ¿por qué ahora?

Los Panama Papers ofrecen una convincente respuesta a estas preguntas: corrupción masiva generalizada. Y no es coincidencia que la respuesta provenga de un bufete de abogados. Más que tan solo un engranaje en la máquina de la "gestión de patrimonios", Mossack Fonseca utilizó su influencia para redactar y torcer leyes a nivel mundial para favorecer los intereses de criminales por décadas. En el caso de la isla de Niue, el bufete administraba esencialmente un paraíso fiscal de principio a fin. Ramón Fonseca y Jürgen Mossack nos habrían hecho creer que las "empresas fantasmas" de su negocio, a veces llamadas "vehículos con propósitos especiales", son [como autos]. Pero los empresarios de autos usados no redactan leyes. Y el único "propósito especial" de los autos que producían era constantemente el fraude a gran escala.

Las empresas fantasma son comúnmente asociadas con el crimen de evasión de impuestos, pero los Panama Papers muestran sin la más mínima sombre de dudas que aunque estas empresas fantasma no son ilegales por definición, son utilizadas para llevar a cabo una gran serie de crímenes graves que son más grandes que la evasión de impuestos. Decidí exponer a Mossack Fonseca porque me imaginé que sus fundadores, empleados y clientes tendrían que responder por su participación en estos crímenes, de los cuáles solo algunos han salido a la luz por el momento. Tomará años, tal vez décadas, para que la magnitud total de los sórdidos actos del bufete se conozca.

Mientras tanto, se ha dado inicio a un nuevo debate global, lo cual es alentador. A diferencia de la retórica política de antaño que cuidadosamente omitió cualquier sugerencia de malos actos por parte de la élite, este debate se concentra directamente en lo importante.

Tengo varios comentarios con respecto a eso.

Que conste, no trabajo para ningún gobierno o agencia de inteligencia de manera directa o como contratista, y nunca lo he hecho. Mi perspectiva es meramente propia, así como lo fue mi decisión de compartir los documentos con Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), no por propósitos políticos, sino simplemente porque entendí lo suficiente sobre su contenido para comprender el nivel de injusticias descritas.

La narrativa de los medios dominantes hasta el momento se ha concentrado en el escándalo de lo que es legal y permitido en el sistema. Lo permitido es claramente polémico y debe cambiarse. Pero no debemos perder de vista otro factor importante: el bufete, sus fundadores y empleados, sí violaron deliberadamente un sinfín de leyes a nivel mundial, repetidas veces. Clamaron inocencia al público, pero los documentos muestran conocimiento detallado y actos de mala fe adrede. En los casos más recientes que ya conocemos que Mossack personalmente levantó falsos testimonios ante la corte federal en Nevada, y también se conoce que su equipo de técnicos intentó encubrir las mentiras. Todos deben ser juzgados como se debe, sin ningún trato especial.

Al final, miles de enjuiciamientos podrían provenir de los Panama Papers si tan solo el cumplimiento de la ley pudiera acceder y evaluar los documentos en cuestión. El ICIJ y sus medios asociados han declarado firmemente que no los entregarán a las autoridades policiales. Sin embargo, estoy dispuesto a cooperar con las autoridades en la medida de lo posible.

Dicho esto, he presenciado como uno tras otro, a denunciantes y activistas en los Estados Unidos y Europa, les han destruido sus vidas por las circunstancias en las que se encuentran luego de revelar evidentes actos de mala fe. Edward Snowden se encuentra varado en Moscú, exiliado por la decisión del gobierno de Obama de enjuiciarlo bajo la Ley de Espionaje. Por sus revelaciones sobre la NSA (Agencia Nacional de Seguridad), merece una bienvenida heroica y un reconocimiento considerable, no el destierro. Bradley Birkenfeld recibió millones por su aporte informativo sobre el banco suizo USS y, de todas formas, recibió una pena de cárcel por el Departamento de Justicia. Antoine Deltour se encuentra en juicio por proveer información a periodistas sobre cómo Luxemburgo ofreció "tratos preferenciales" secretos sobre acuerdos de impuestos a empresas multinacionales, efectivamente robando miles de millones en ingresos fiscales a sus países vecinos. Y existen muchos otros ejemplos.

Los denunciantes legítimos que exponen actos de mala fe incuestionables, ya sean personas internas o externas, merecen inmunidad de represalias del gobierno, fin de la discusión. Hasta que los gobiernos codifiquen la protección legal para denunciantes, los organismos de seguridad simplemente tendrán que depender de sus propios recursos o de la constante cobertura mediática mundial para consultar los documentos.

Por el momento, hago un llamado a la Comisión Europea, al Parlamento Británico, al Congreso de los Estados Unidos y a todas las naciones a tomar acción rápida no solo para proteger a los denunciantes, sino también para detener el abuso global de los registros corporativos. En la Unión Europea, los registros corporativos de cada estado miembro deben ser de acceso libre, con suficiente información detallada disponible sobre los dueños beneficiarios supremos. El Reino Unido puede estar orgulloso de sus iniciativas domésticas por ahora, pero aún tiene la responsabilidad vital de detener el ocultismo financiero en varias islas de sus territorios, que son, sin lugar a duda, la piedra angular de la corrupción institucional a nivel mundial. Y Estados Unidos claramente no puede confiar más en sus cincuenta estados para tomar decisiones concretas sobre su propia información empresarial. Desde hace mucho tiempo, el Congreso debió tomar las riendas y exigir transparencia por medio de estándares de divulgación y acceso público.

Una cosa es exaltar las virtudes de la transparencia gubernamental en cumbres y en grandes discursos, pero otra cosa es realmente implementarlo. Se sabe que en Estados Unidos los representantes electos pasan la mayoría de su tiempo recaudando fondos. La evasión de impuestos no se puede solucionar mientras los funcionarios electos aleguen dinero a sus mismas élites, las cuales tienen los incentivos más grandes para evadir impuestos relacionados a cualquier otra sección de la población. Estas dudosas prácticas políticas cierran el círculo y son irreconciliables. Es inminente una reforma a la fracasada campaña de Estados Unidos sobre su sistema financiero.


Por supuesto, esos son apenas unos de los tantos problemas que deben solucionarse. El Primer Ministro de Nueva Zelanda John Key, ha mantenido un curioso silencio sobre el papel de su país en permitir la meca del fraude financiero; las Islas Cook. En Gran Bretaña, los conservadores han sido desvergonzados sobre ocultar sus propias prácticas que involucran a empresas trasnacionales, mientras que Jennifer Shasky Calvery, directora de la Red de Vigilancia contra Delitos y Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, justo anuncia su renuncia para trabajar para HSBC, uno de los bancos más conocidos a nivel mundial (no por casualidad localizado en Londres). Y así el conocido silbido de la puerta giratoria de Estados Unidos hace eco en medio de un silencio global ensordecedor de miles de dueños beneficiarios finales que pronto serán descubiertos y que, probablemente, rezan para que su reemplazo sea igual de débil. En el rostro de la cobardía política, es tentador rendirse ante la derrota, discutir que el estado actual se mantiene fundamentalmente inalterado, mientras que los Panama Papers son, sin más, un síntoma evidente de la fábrica moral decaída y progresivamente enferma de nuestra sociedad

Pero la problemática está finalmente sobre la mesa y no es sorpresa que ese cambio tome tiempo. Por cincuenta años, ramas ejecutivas, legislativas y judiciales alrededor del mundo, han fallado completamente en abordar la metástasis de los paraísos fiscales en la superficie de la Tierra. Incluso en la actualidad, Panamá declara que quiere ser conocida por más que papeles, pero su gobierno ha examinado convenientemente tan solo uno de los casos de su embrollo trasnacional.

Bancos, reguladores financieros y autoridades fiscales han fallado. Se han tomado decisiones que han escatimado a los ricos mientras se concentran en controlar a los ciudadanos de clase media y clase baja.

Las Cortes ineficientes y desesperadamente retrógradas han fallado. Los jueces han adquirido por mucho tiempo los argumentos de los ricos, cuyos abogados -y no solo Mossack Fonseca- han sido bien entrenados en honrar los escritos legales, mientras que a la vez hacen todo en su poder para profanar su espíritu.

Los medios de comunicación han fallado. Muchas cadenas de noticias son parodias caricaturescas de sus propios perfiles anteriores, multimillonarios parecen haber tomado las riendas de los periódicos como pasatiempo, poniendo límites a la cobertura de temas serios sobre la riqueza y la falta de fondos para serias investigaciones periodísticas. El impacto es real: además de Süddeutsche Zeitung y el ICIJ, y a pesar de que se diga lo contrario, varios medios de comunicación líderes tuvieron a editores revisando documentos de los Panama Papers. Eligieron no darles cobertura. La triste verdad es que entre las organizaciones capaces y prominentes de medios en el mundo, no hubo una sola interesada en cubrir la historia. Ni siquiera Wikileaks contestó su línea directa de manera repetida.

Pero sobre todo, la profesión jurídica ha fallado. La gobernanza democrática depende de los individuos responsables en el sistema que entienden y defienden la ley, no quienes la entienden y la utilizan. En promedio, los abogados se han vuelto tan profundamente corruptos que es imperativo aplicar cambios significativos en la profesión, más allá de propuestas dóciles que ya están sobre la mesa. Para comenzar, el término "ética jurídica", sobre la cual se basan códigos de conducta y licencias, se ha convertido en un oxímoron. Mossack Fonseca no trabajó en un vacío-a pesar de sus multas repetitivas y violaciones reglamentarias documentadas, encontró aliados y clientes en los bufetes más grandes en prácticamente cada país. Si la economía quebradiza de la industria no fuera ya evidencia suficiente, ahora no hay manera de negar que a los abogados no debe permitírseles regularse entre ellos. Simplemente no funciona. Aquellos capaces de pagar más, siempre pueden encontrar un abogado que sirva sus fines, ya sea que ese abogado sea parte de Mossack Fonseca o de otro bufete que no conocemos. ¿Qué pasa con el resto de la sociedad?

El impacto colectivo de estos fallos ha sido una completa erosión de los estándares éticos, finalmente dirigiéndose a un sistema innovador que todavía llamamos Capitalismo, pero el cual es equivalente a la esclavitud económica. En el sistema -nuestro sistema- los esclavos no están conscientes de su estado y de sus dueños, quienes existen en un mundo aparte donde los grilletes intangibles se ocultan cuidadosamente entre montones de inalcanzables jergas jurídicas. La terrorífica magnitud de detrimento al mundo debería de despertarnos a todos. Pero cuando se necesita a un informante para sonar la alarma, es causa de una preocupación mayor. Demuestra que los cheques y saldos de la democracia han fallado, que la crisis es sistemática y que la inestabilidad severa podría estar a la vuelta de la esquina. Este es el momento de la verdadera acción, y se inicia formulando preguntas.

Los historiadores pueden relatar con facilidad cómo problemas de impuestos y desequilibrios de poder han llevado a revoluciones en el pasado. Entonces, fuerzas militares eran necesarias para calmar a las masas, mientras que en la actualidad, la restricción al acceso de información es similar o igual de efectivo, ya que el acto es casi siempre invisible. Pero vivimos en tiempos de almacenamiento digital gratis e ilimitado y conexiones rápidas a Internet que trascienden las fronteras nacionales. No se necesita mucho más para conectar los puntos: de principio a fin, la concepción de distribución de medios globales; la próxima revolución será digitalizada.

O, tal vez, ya inició.

Seria y civilizada: Paradojas del retorno de Argentina al mundo

Política exterior: la ideología de la ausencia de ideología










TOMAS BONTEMPO y NICOLAS COMINI*

La puesta en marcha de una política exterior desideologizada. El papel del oficialismo en los organismos de integración regional. La “vuelta” al mundo y los debates en torno a una política exterior “seria”.


Un potente conglomerado de fuerzas festeja el regreso de Argentina a la comunidad internacional. Se trata del fin del ostracismo y de la salida de una vida en la marginalidad que duró más de una década, dicen. Más allá de cuestionar la subestimación intelectual que propone este tipo de perspectiva, consideramos necesario debatir sobre algunas de las principales paradojas que deja traslucir el gobierno nacional.



Paradoja 1: Desideologización de la política exterior/Accionar moralista


Cuando hacia fines de marzo el presidente Mauricio Macri promulgó el inicio de una nueva época signada por el fin del aislamiento, su canciller, Susana Malcorra, decretó la reinserción de nuestro país en el mundo. ¿Cómo se alcanzó tamaño logro en tan corto tiempo? En palabras de la funcionaria, gracias a la puesta en marcha de una política exterior desideologizada: “Nuestro gobierno no verá al mundo exterior como un enemigo, sino como una oportunidad para el desarrollo del potencial argentino” decía la plataforma de Cambiemos. ¿Es el mundo, ahora, una oportunidad a la que accedemos sin ideas, valores o dogmas? Dejemos que los datos hablen.

Desde su perspectiva, las visitas de los mandatarios de Italia, Francia, Estados Unidos dan muestra de un positivo renacer del interés del norte occidental por Argentina. A ellas se suman reuniones como las de Horacio Cartes en la Casa Rosada o las del canciller español José Manuel García-Margallo en el Palacio San Martín. Además, Macri salió del país en varias oportunidades: como presidente electo estuvo en Brasil y Chile, y una vez asumido viajó a Davos, donde tuvo reuniones con las autoridades de Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña, amén de sus encuentros con CEOs de varias empresas multinacionales. También se hizo presente en la Cumbre de Seguridad Nuclear, en donde se reunió con el presidente chino Xi Jinping. A estos encuentros se suman las horas de vuelo de Malcorra, que ha estado recientemente en Moscú y en la Unión Europea, y de otros tantos funcionarios. Esta situación muestra una intención por imprimir pluralidad a la política exterior nacional. “Todos están en el tablero” afirmó la canciller.


Dicho esto, existen ciertas acciones que atentan contra la sustentabilidad del discurso desideologizante. La manera en la que se han venido capitalizando los espacios de integración regional es una de ellas. En la cumbre del Mercosur la concentración estuvo en intentar apartar a Venezuela de la comunidad regional, donde Argentina – al momento de escribirse estas líneas- no tiene aún embajador designado. Luego, el acto por los 25 años del bloque representó una nueva oportunidad para observar la ausencia argentina. Otros espacios, como la CELAC y la UNASUR, permanecen ausentes en el discurso oficial. Macri no fue a la cumbre de la CELAC, en la que sí estuvieron presentes otros 22 presidentes. Hasta Sebastián Piñera supo capitalizar este foro mientras fue presidente de Chile, llegando a presidirlo. En este sentido, también es importante destacar el silencio oficial ante el golpe político-judicial en Brasil, o la intención de dejar de reconocer al Estado Palestino. Todo esto en sintonía con la presión por sumarse al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), algo que Miguel Braun ya expresó en varias oportunidades, o a la Alianza del Pacífico.


Este tipo de acciones u omisiones son la representación de una lógica de política exterior principista basada en una reconfiguración de los patrones de ponderación de ideas, valores o dogmas. La forma de pensar cómo volver a ese mundo tiene, entonces, una ideología de fondo.

Existen ciertas acciones que atentan contra la sustentabilidad del discurso desideologizante. La manera en la que se han venido capitalizando los espacios de integración regional es una de ellas. Paradoja 2: Ampliación de las opciones internacionales/Reproducción de las agendas de terceros


Uno de los principales argumentos de la vuelta a la comunidad internacional se arraiga en el hecho de que a partir de ahora se ampliarán las opciones para Argentina. No obstante ello, surge aquí una segunda paradoja.

En estos meses se sucedieron una serie de acciones que erosionan las pulsaciones autonómicas, tales como el avance en el enfoque de “guerra contra las drogas”, visible en el decreto de emergencia en seguridad pública y en el acuerdo firmado con Estados Unidos en marzo entre las carteras de seguridad de ambos países. El panorama es también desalentador si se añade la forma en la que se “resolvieron” las negociaciones con los holdouts, que culminaron con en una ganancia de 1600% para los agentes predatorios, a pesar de que el año anterior Argentina obtuviera el respaldo de la ONU sobre la reestructuración de deudas soberanas.

Esto último se da además en el marco de la búsqueda de convalidación de medidas económicas de corte ortodoxo (a la española) adoptadas en el plano nacional como forma de buscar inversiones extranjeras. Mientras tanto, vuelven a alentarse las revisiones del FMI sobre la economía argentina y el secretario del Tesoro estadounidense demanda el fin de la política que su país mantenía la cual los llevaba a oponerse a los préstamos a Argentina provenientes de bancos multilaterales como el BID o el BM, expresión del ingreso a un mundo en que los prestamos técnicos requieren de una condicionalidad política.

Resulta necesario definir las prioridades, identificar cuáles son las opciones vigentes y los recursos disponibles. (…) Esperemos que el renacer del interés del “Occidente desarrollado” no nos haga olvidar que el destino propio de nuestro país es América Latina, nuestra plataforma de proyección internacional. Seriedad
La definición de una política exterior “seria” -que nosotros llamaríamos autónoma-, radica en evitar los alineamientos automáticos, las relaciones carnales y, fundamentalmente, la reproducción de las agendas de actores que perjudiquen los procesos de ampliación de derechos de los sectores más vulnerables de nuestro país. Por el contrario, resulta necesario definir las prioridades, identificar cuáles son las opciones vigentes y los recursos disponibles. En palabras de un escritor peruano, el mundo es amplio y ajeno y la inserción de Argentina en él radica en trabajar prioritariamente en el área de las negociaciones y los consensos de manera pragmática. Esperemos que el renacer del interés del “Occidente desarrollado” no nos haga olvidar que el destino propio de nuestro país es América Latina, nuestra plataforma de proyección internacional.
*Magíster en Integración Latinoamericana (UNTREF)**Doctor en Ciencias Sociales (UBA)

Despedirán a 500 trabajadores "sobrantes" de Renatea

Los programas del organismo, su infraestructura y su personal serán apartados por la restauración del Renatre.


Ana Paula Rodríguez


 
El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatea) despedirá a 500 trabajadores que considera "sobrantes" y venderá toda la infraestructura para restaurar el Renatre, organismo que se había disuelto en 2011 por decisión de la Justicia.


Desde marzo se viene gestando el desmantelamiento del Renatea y la vuelta al viejo esquema del Renatre, lo cual implica eliminación de sus programas y supone que el Estado ya no podrá fiscalizar y controlar las relaciones laborales del campo. Ex trabajadores denunciaron que los vehículos y oficinas del organismo se pondrán a la "venta".


Renatea surgió como el organismo estatal nacional encargado de velar por los derechos de trabajadores agrarios a partir de la Ley 26.727 sancionada por el Congreso en el año 2011. Esta Ley dispuso la disolución del Renatre, que era dirigido por un consejo directivo compuesto por la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y el sindicato Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) encabezado por Gerónimo "el Momo" Venegas.


Era la propia patronal quien se fiscalizaba, y fue también quien al aprobarse la ley apeló a la Corte Suprema de Justicia, que la mantuvo congelada por tres años hasta que dos días después del ballotage presidencial, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 106 y 107 de la ley, quitándole así las principales funciones al Renatea.


El titular de UATRE, Gerónimo "Momo" Venegas, aliado del presidente Mauricio Macri, a quien apoyó durante la campaña, señaló a ED que en el Renatre "tenían 264 trabajadores, hay otros que sobran y es el Estado quien se tiene que hacer cargo de ellos". También opinó que: "los programas que el Renatea decía llevar a cabo son puras mentiras que en la auditoría se van a ver y cuando asuma lo mostraré en una conferencia de prensa".


Sin embargo, los registros del Renatea señalan que entre los años 2013 y 2015 realizó denuncias penales que involucraron de 962 víctimas de casos de trata laboral. También registraron como peones rurales a más de 120.000 trabajadores e inscribieron a 9500 nuevos empleadores. A su vez, del total de peones que figuraban en el Renatre hacia fines de 2011, sólo el 42 por ciento tenía aportes registrados por la AFIP. A fines del 2015, la ecuación es del 84 por ciento.


Además, con los programas del organismo se capacitaron a más de 12.000 trabajadores agrarios mediante cursos de recalificación laboral, se alfabetizaron a más de 3000 personas, apoyaron a más de 40 espacios de cuidado infantil, se trabajaron con más 150 escuelas en la capacitación docente y promoción de derechos del trabajo con estudiantes.


El organismo ya despidió a 30 personas entre febrero y marzo, y hoy el puesto de 500 trabajadores corre peligro. En las gacetillas de prensa enviadas por Ranulfo Eduardo Bazán, nuevo director general del Renatea sostiene que "el personal del ex Renatre aumentó un 1.000 por ciento en sus cuatro años de existencia" y que el organismo "no realizó concurso alguno para más de 500 empleados".

Imputaron a Caputo, Quintana y Curat en denuncia por dólar futuro


Denuncia del bloque del FpV



El fiscal federal Jorge Di Lello pidió ampliar una investigación respecto del director del Banco Central, Pablo Curat y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, de acuerdo a un pedido de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la denuncia por la venta del dólar futuro que impulsaron diputados kirchneristas.

El requerimiento de Di Lello alcanzó además a José Torello, jefe de asesores de la Presidencia y amigo de Mauricio Macri. También a las firmas Caputo, de Nicolas Caputo, otro de los amigos del presidente Mauricio Macri-, y Chery Socma SA, de la familia Macri.

Las imputaciones son en la denuncia que presentaron un grupo de diputados kirchneristas quienes sostienen que los verdaderos responsables del perjuicio económico de la operatoria del dólar futuro fueron el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el juez Claudio Bonadio, quien tiene imputada a la ex presidenta en otra causa.

Según la presentación del fiscal federal, Carlos Beraldi denunció a partir de la información publicada por un portal de noticias, que Quintana - actual Secretario de Coordinación Ministerial- "habría sido uno de los funcionarios intervinientes en la decisión del precio de referencia con el cual se cancelarían los contratos del Mercado a término de Rosario (ROFEX) (...) el nombrado se desempeñó como director de la firma Farmacity y CEO del fondo Pegasus los cuales habrían adquirido dólares a futuro por un monto de 11.480.000 dólares".

Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal citó lo dicho por el letrado respecto a Pablo Curat y a otras personas y sociedades, que podrían estar vinculadas a la compra de dólar futuro.

Los aprietes del señor Morales



MABEL BALCONTE, LA DIPUTADA QUE CAMBIO SU TESTIMONIO Y ACUSO A MILAGRO SALA, INTENTO SUICIDARSE

Otra víctima de los aprietes en Jujuy

La diputada provincial que, por presiones del entorno del gobernador Gerardo Morales, denunció a la líder de la Tupac Amaru de entregarle valijas con dinero al diputado Máximo Kirchner en Olivos fue internada ayer tras ingerir 15 pastillas de somníferos.

Por Ailín Bullentini

La diputada provincial jujeña Mabel Balconte, ex referente de Tupac Amaru que cambió su testimonio por presión del entorno del gobernador Gerardo Morales y acusó a Milagro Sala de entregarle valijas con dinero al diputado Máximo Kirchner en la quinta de Olivos, permanece internada desde ayer en la unidad de terapia intensiva del Sanatorio Santa María de San Pedro, en Jujuy, con un cuadro de intoxicación tras haber ingerido 15 somníferos. A pesar de que su abogado intentó restarle gravedad al asunto al asegurar que la diputada había sufrido una “descompensación” debido a una “baja de presión”, la clínica informó que permanece bajo tratamiento por “intento de suicidio” y advirtió a la Justicia, que investiga a través del fiscal José Alfredo Blanco.

Balconte fue internada en el Sanatorio Santa María ayer a las 10.15 de la mañana. Sus hijos, con quienes vive en San Pedro, no pudieron despertarla y la llevaron a la clínica, en donde de inmediato fue ingresada en la unidad de terapia intensiva. En poco tiempo, la información que advertía que Balconte había querido suicidarse comenzó a tomar fuerza.

La periodista Cynthia García fue una de las primeras en encender la alarma: “Urgente. Jujuy: la diputada Mabel Balconte está en terapia intensiva por intento de suicidio. Clínica Santa María de la localidad de San Pedro”, tuiteó y comenzó el efecto dominó en diarios locales y radios nacionales. El actual abogado de Balconte en la causa en la que la diputada denunció a Sala, Kirchner y a algunos otros dirigentes kirchneristas, Guillermo Puerta, lideró la estrategia para contrarrestar el peso del intento suicida. En declaraciones a la agencia Télam, que después replicó ante cada micrófono que se le puso enfrente, informó que su defendida había sido internada por “una descompensación” debido a una “baja de presión” y que los médicos del Sanatorio Santa María, a los que acudió, le indicaron que se quedara “internada para su recuperación”. La familia y el entorno de la legisladora, en tanto, guardaron silencio de manera oficial, aunque diversas fuentes aseguraron ayer haber escuchado a sus integrantes indicar que “Mabel está bajo mucha presión” o “Mabel no soportó la presión” en referencia a la denuncia judicial y mediática que la legisladora realizó en contra de la dirigente de la Tupac y el hijo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La confirmación del intento de suicidio con “exceso de pastillas” provino ayer mismo, a última hora, y del propio expediente judicial, que inició la Fiscalía Número 9 de Jujuy, a cargo de Blanco, luego de que los directivos de la clínica San Pedro dieran aviso a la Justicia. Según informó el Ministerio Público Fiscal Penal de la provincia, Blanco no caratuló la investigación aún, pero ordenó medidas. Entre ellas, solicitó al sanatorio que informe sobre el estado en que ingresó Balconte. La respuesta no tardó en llegar. Según el documento que surge del expediente judicial, la clínica informó a Blanco que Balconte ingresó “con cuadro de somnolencia con diagnóstico de intoxicación con benzodiazepina” y que supo por medio de sus “familiares” que no fueron uno sino dos los episodios de ingesta de pastillas. En el primero, los familiares que acompañaron a Balconte a la clínica informaron que fueron “15 pastillas de Alprazolam de un miligramo” las que la mujer “había consumido 48 horas antes” del segundo episodio, del que no se conoce la cantidad de cápsulas ingeridas. “Se le realizó un lavaje de estómago, pero su resultado fue negativo porque habían pasado más de dos horas desde el consumo de pastillas (segundo episodio)”, certifica el informe enviado a Blanco. Por último, la institución informó que “ante el cuadro clínico existente, se procedió a aplicar el protocolo de intervención médica ante intento de suicidio”. Además, recomendó al fiscal que “realice un seguimiento a través de especialista en psiquiatría y licenciado en psicología”.

En un parte médico difundido públicamente en la tarde de ayer, la subdirectora del sanatorio, Ana Gómez, confirma el diagnóstico de “intoxicación con benzodiazepina” e informa que “la paciente Mabel Balconte permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del sanatorio Santa María (...), hemodinámicamente estable”, y que seguirá internada bajo las mismas condiciones durante dos días más. No informa sobre el intento de suicidio que sí aparece en el informe presentado ante la Justicia.

Desde el bloque legislativo provincial del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular (Fuyo) denunciaron que la descompensación de la legisladora se debía a un “exceso de pastillas”, atribuyendo el hecho a que la misma “es una víctima de la feroz persecución impulsada por (el gobernador jujeño Gerardo) Morales”.

Balconte fue elegida diputada provincial por el Fuyo y encabezaba junto a sus hijos una de las cooperativas de construcción de viviendas que integraba la Red de Organizaciones Sociales cuya principal referente es Milagro Sala. Al igual que Sala, Balconte y dos de sus hijos fueron imputados por la Justicia jujeña por cometer los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión a partir de una denuncia del gobierno de Morales por supuestos malos manejos con la plata para la construcción de viviendas. Balconte siguió unida a su referente y a la Tupac hasta hace poco menos de un mes, cuando repentinamente cambió de abogados defensores y modificó su postura: en una ampliación de su declaración indagatoria, la semana pasada, acusó a Sala, su marido, Raúl Noro, y otros integrantes de la Tupac, de pagar “retornos” a Máximo Kirchner. Luego de declarar ante la Justicia, en diversos programas televisivos repitió que Milagro Sala llevaba personalmente el dinero de los “retornos” a la quinta de Olivos, en donde era recibido por Kirchner, Andrés Larroque o el ex ministro de Infraestructura Julio De Vido.

El lunes pasado, un grupo de diputados nacionales y provinciales, integrantes de la Tupac y periodistas denunciaron a Morales y al Presidente Mauricio Macri por “coacción agravada”: creen que el repentino cambio de testimonio de Balconte se debe a amenazas y presiones por parte del gobernador de Jujuy, un plan del que el jefe de Estado tiene conocimiento, denunciaron. El mismo día, el referente porteño de la Tupac, Alejandro Garfagnini, denunció a Balconte por injurias y anteayer hizo lo propio Patricia Jaldin, una de las principales colaboradoras de Sala, quien acusó a la legisladora por las falsas imputaciones que ésta había vertido en su contra en la ampliación de su declaración indagatoria.

Lanzan la fórmula Tapia-Moyano y Angelici amenaza con boicotear el torneo

El camionero va de vice para calmar la interna entre Pablo Moyano y Tapia. Macri a fondo con la Superliga.


Luis "Chiqui" Tapia, el candidato de Moyano para presidir la AFA.


Este viernes bien avanzada la noche, terminó una reunión clave en el predio de la AFA de Ezeiza, en la que Daniel “El Tano” Angelici llevó el proyecto de la Superliga para que comience a ser debatido entre los clubes de Primera División. "Sale o sale", revelaron a LPO en el entorno Angelici, que asumió abiertamente el rol de operador de las posiciones del presidente Mauricio Macri en el fútbol argentino.



Es más, el presidente de Boca incluso afirmó que si la AFA no se reforma y habilita la Superliga, el torneo de Primera directamente no arrancará.



La idea central que une a este sector al que se sumó Marcelo Tinelli, es evitar a como de lugar que Moyano se haga con el control de la AFA. Enterado de eso, el camionero puso fin a una feroz interna familiar y cerró la fórmula Tapia-Moyano.

Angelici dejó en claro en la reunión que la Superliga sale con o sin el aval de la AFA y amenazó con no arrancar el torneo de Primera si le traban la iniciativa.
Confirmó así que no será candidato a presidente el 30 de junio próximo, pero sí tomará el cargo de vicepresidente con su yerno Claudio Tapia a la cabeza para enfrentar en las elecciones a Tinelli, hasta ahora el candidato aceptado por Macri.



Moyano aceptó ir segundo para calmar a su hijo Pablo Moyano que está muy enfrentado con Tapia y además le reclama a su padre que no se desentienda de los temas sindicales."A Hugo lo queremos en la CGT, no en el fútbol", afirmó Pablo días atrás. Con esta solución de compromiso, Moyano deja un delegado en la AFA que le permita zigzaguear entre el fútbol y la CGT.

El líder de la CGT y presidente de Independiente, Hugo Moyano.



Lo notable es que Macri este tratando de abortarle al camionero ese puente de plata para que salga de la primera línea del sindicalismo. Moyano le explicó con la impactante movilización del Día del Trabajador que acaso sería mejor que lo deje entretenerse en la AFA, pero el mensaje no logró alterar la decisión del Presidente.



La Superliga y el fantasma de la intervención



Moyano como vice de Tapia, plantea además para esa fórmula el acompañamiento de uno de los cinco clubes grandes del país, ya que el camionero es el presidente de Independiente y su yerno no es visto con buenos ojos por River, San Lorenzo y Racing, entre otros, por ser responsable de Barracas Central, una institución de la Primera B.



Con esta dupla fuerte confirmada, habrá que ver si el proyecto de Tinelli y Angelici, respaldado por el Gobierno, llega a buen puerto por los carriles normales. Es que el propio Tano ya amenazó a Luis Segura con "intervenir" la AFA y "mandarlos a todos en cana" si las cosas no terminan como quiere Macri.

De los 30 que forman la Primera A, ayer a Ezeiza fueron representantes de 22 clubes y otros cuatro enviaron sus avales (curiosamente faltaron Rafaela, Colón, San Martín de San Juan y Patronato).

El presidente de Boca, Daniel Angelici.

Angelici planteó allí la idea de refundar el fútbol mediante la creación de la Superliga y anunció que a mitad de este mes vendrá al país Javier Tebas (presidente de Liga Profesional de España) para dar una charla al respecto en la AFA. Claro, para que este plan avance habría que reformar el Estatuto de la AFA a través de una Asamblea y allí volvería a verse el peso del Ascenso. En concreto: Para que la SuperLiga sea una realidad se necesitan 60 votos sobre 75.



El planteo de la Superliga a punta a un torneo rápido de 20 equipos, lo que obligaría a mandar a diez de un saque al descenso, lo que ya está generando resistencias.

Por eso, Angelici planea una reunión con los directivos de las categorías menores la semana que viene, con la idea de convencerlos de que los recursos que generará el nuevo torneo son imposibles de lograr de otra manera. El tema es que a la reunión de anoche no fue convocada la B Nacional, lo que ya generó una bronca importante entre los directivos. Y más: la B, C, D y los campeonatos Federal quedarían bajo la órbita de la AFA y no de la Superliga que absorbería sólo a la B Nacional, por lo que convencer a esos clubes para que voten a favor del proyecto no será fácil.

Como se repartiría la plata




De movida, la SuperLiga respetaría los 30 clubes que hoy están en Primera División, pero Angelici fue claro cuando subrayó: "Todos estamos convencidos de que hay que volver a un torneo de 20 equipos rápido". Eso implicaría implementar 10 descensos de un saque, lo que no muchos están dispuestos a soportar.



El tema de los ingresos es otro nudo de la pelea. La división de la plata sería 85% para los equipos de la A y el resto para los de la B Nacional. La mitad de lo recaudado para la A, se repartiría en partes iguales entre los 30 clubes. Pero después existe una distribución un tanto complicada, tomada en parte del sistema del fútbol ingles: 25% por rating e historia, 20% por la campaña del anterior torneo y el 5% restante en base a la cantidad de socios que posee cada uno. Es decir, los más grandes se alzarán con la parte del león.

Fútbol para Pocos: la Copa Argentina por TyC Sports

Arranca el torneo más federal del fútbol argentino, que desde este año será televisado por la señal de cable del Grupo Clarín.



Por APU

Pese a las promesas de campaña, cada día queda más claro que el fútbol camina hacia una privatización, como en los años de oro del neoliberalismo en la Argentina. El macrismo le devuelve favores al Grupo Clarín, y en este caso le otorgó la transmisión en exclusiva de la Copa Argentina a su señal TyC Sports.
El torneo más federal de nuestro fútbol, ahora sólo podrá verse en las provincias del país a través del cable. Una política que durante los ´90 le permitió al grupo comprar los cableoperadores locales con la extorsión del fútbol, parece volver a imponerse. Y la amenaza es que en breve sucederá lo mismo con el torneo de primera división.

Como informa la página del canal, “la Copa Argentina es el torneo más federal del fútbol argentino y se suma a las transmisiones regulares de Primera B Nacional y Primera B Metropolitana que ofrece TyC Sports semana tras semana”. Mientras que la página oficial del torneo indica que “el canal líder de deportes en el país” además de “los partidos de la Selección argentina, los Mundiales, la Copa América, los Juegos Olímpicos y las Eliminatorias sudamericanas, también se encargará de transmitir la Copa”.

Rápidamente, los negocios de Clarín vuelen a restaurarse. Y las mentiras de campaña macristas se muestran sin tapujos. Muy lejos de lo que llamaron “campaña del miedo”, se vuelve una triste constatación en la realidad. Cambiamos.

La venta de insumos de la construcción se derrumbó 22,3 por ciento en abril


Según el relevamiento del Grupo Construya, que agrupa a las principales empresas comercializadoras de productos del sector, la venta de insumos para la construcción bajó en marzo 5,47% de manera desestacionalizada, mientras el mismo índice de abril, comparado con el mismo mes del año pasado, arroja una baja del 22,3 por ciento.


En tanto, en el primer cuatrimestre del año el Índice Construya acumuló una caída de 8,8 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.

La fuerte disminución del nivel de actividad en abril pasado se debe a la desaceleración de la economía con el agravante de las lluvias caídas a lo largo del mes en la zona central del país, señala el informe.

El Índice mide la venta de productos como ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, pisos y revestimientos cerámicos, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, grifería y caños de conducción de agua.

Massa, Bossio y el kirchnerismo buscan un acuerdo para la ley antidespidos


Los ex Anses se reunieron con Gioja. Negocian sancionar la ley del Senado y otra para Pymes.


Sergio Massa metió otra diagonal en la negociación por ley antidespidos y en compañía de Diego Bossio se reunió con José Luis Gioja, presidente del Partido Justicialista y miembro del bloque de diputados del FpV-PJ.


El encuentro trajo dos novedades, capaces de alterar la ya cambiante dinámica parlamentaria: Massa y Bossio blanquearon que trabajan en tándem más de lo que se supone y, por primera vez, someten a sus bloques a una negociación con el FpV-PJ, que de suceder siempre dejaría a Cambiemos como testigo de la Cámara de Diputados.

La buena relación de los ex Anses es un secreto a voces en los pasillos, donde recuerdan que en la última sesión entraron juntos a dar quórum, un gesto que no le pasó por alto a Emilio Monzó.

Esta tarde buscaron acercar posiciones con Gioja, quien nada lento sumó al vicejefe de bloque Luis Basterra, una forma de no quedar expuesto ante Héctor Recalde y sus protegidos de La Cámpora.


De la charla habría surgido como escenario inevitable sancionar la ley antidespidos aprobada en el Senado para saciar la furia de los sindicatos y, recién después, avanzar con leyes para proteger a las pequeñas y medianas empresas.


“Vamos a sancionar la ley del Senado. Con eso no hay marcha atrás”, repetían esta tarde los voceros del FpV, temerosos de informaciones cruzadas, tan habituales estos días. Lo cierto es que Massa y Bossio tampoco tienen muchas opciones.


El de Tandil integra un bloque plagado de sindicalistas como Diego Romero (Smata) y Alberto Roberti (petroleros), quienes sumaron presión gremial a un nuevo plenario de comisiones.


El tigrense reunió su bloque y aliados anoche y no logró saciar las diferencias. Los cuatro diputados sindicalistas insisten en sancionar el proyecto del Senado cuanto antes, pero el industrial Horacio De Mendiguren presiona para proteger a las Pymes. La mayoría lo respalda pero nadie está dispuesto a inmolarse.



Hábil, Graciela Camaño sugirió agregar los beneficios para las Pymes en el proyecto y reenviar el texto al Senado sólo con ese retoque. Pero la presión gremial no cede y esta tarde se hizo sentir con el plantón de los jefes gremiales a la reunión de comisión y una ruidosa manifestación de la UOM afuera del Congreso.



Tal vez por eso al rato Massa, Bossio y Gioja hablaron también de acelerar los trámites y tratar el proyecto el miércoles, cuando la Comisión de Presupuesto tiene citado a Jorge Triaca.


Monzó tiene cómo responder: ordenarle a Luciano Laspina que cancele las reuniones de Comisión de la semana próxima y así impedir que haya un dictamen y pueda sancionarse con mayoría simple. Sin diputados de Cambiemos en el recinto, es difícil conseguir los dos tercios.

Carrió ya no denunciará más a Caputo ni a Angelici, sería candidata del PRO para enfrentar a Cristina en 2017





Lilita Carrió solía denunciar los negocios y actividades en general non sanctas de Nicolás Caputo, de Angelo Calcaterra y  Daniel Angelici.

Caputo es el apoderado del PRO, "hermano de la vida" de Macri, su socio, quien pagó el rescate cuando su secuestro, el que lo acompaño en su luna de miel... si y el destinatario de casi toda la obra pública de la ciudad y ahora del país.

Calcaterra es primo y socio de Macri y destinatario del resto de la obra pública que no agarra Caputo.

Angelici es el presidente de Boca, y operador macrista de la justicia.
Caputo es Macri, Calcaterra es Macri y Angelici es Macri.


Carrió solía denunciarlos:


"Yo me voy a seguir ocupando de investigar la corrupción aunque Angelici lo quiera impedir. El presidente de Boca interfiere en la Justicia y el presidente de la República lo sabe", había opinado Carrió en una entrevista para el programa de TV La Cornisa.

Otro día dijo: "Durán Barba es un personaje que yo detesto porque ha asesorado al gobierno sobre que no hay que meterse en los temas de corrupción porque no le interesan a la gente. Es un doble agente".

"No puedo garantizar que este gobierno no siga robando si no se termina con la impunidad", concluyó Carrió.





Al parecer Jorge Macri, habría acordado con Carrió ser la candidata del PRO al Senado por la provincia de Buenos Aires para 2017.


Tengamos en cuenta la candidatura de Cristina al Senado por la provincia de Buenos Aires es una condición sine qua non para que Cristina tenga aspiraciones de volver a ser presidenta o por lo menos de sostener su poder dentro del peronismo.


De esta manera afrontaría 3 problemas con una sola jugada:


1) Tendría a Carrió callada y neturalizada sin que se meta en la gestión


2) Conseguiría una candidata competitiva en la provincia de Buenos Aires, que hoy no tiene

3) Polarizaría con Cristina.



El año próximo se dará en la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas. quien resulte vencedor allí, habrá construido una candidatura sólida para 2019.