“The Panama Papers”: las secretas finanzas offshore de líderes mundiales, empresarios y celebridades

Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación




La más grande filtración de documentos de la historia del periodismo deja al descubierto el mundo de las sociedades offshore de 12 líderes mundiales, muchos de ellos en el poder. También entrega detalles sobre los negocios secretos de 140 políticos y funcionarios públicos alrededor del mundo. Entre ellos destaca el Presidente ruso Vladimir Putin, cuyos asociados movieron hasta US$2 mil millones a través de bancos y sociedades ocultas (ver interactivo con líderes políticos).


Los registros filtrados -que fueron revisados por un equipo de 376 periodistas de 76 países- provienen de un poco conocido pero poderoso bufete de abogados con base en Panamá: Mossack-Fonseca, con sucursales en Hong Kong, Miami, Zurich y más de 35 otros puntos alrededor del globo.


Son 11,5 millones de documentos que muestran cómo la industria global de bufetes de abogados y grandes bancos vende secreto financiero a políticos estafadores y traficantes de drogas, así como a billonarios, celebridades y estrellas deportivas (ver video).


Estos son algunos de los hallazgos clave de una investigación realizada durante un año por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el diario alemán Süddeutsche Zeitung y más de 100 medios de comunicación del mundo, entre ellos CIPER.


Los archivos de Mossack Fonseca revelan sociedades offshore controladas por los primeros ministros de Islandia y Pakistán, el rey de Arabia Saudí y los hijos del Presidente de Azerbaiyán. También incluyen a por lo menos 33 personas y compañías que integran la lista negra del gobierno de los Estados Unidos en base a evidencia de que han hecho negocios con capos mexicanos de la droga, organizaciones terroristas como Hizbulá y naciones que han violado tratados internacionales, como Corea del Norte e Irán.


Una de las compañías que aparece en estos registros, proveyó combustible para las aeronaves que el gobierno de Siria utilizó para bombardear y matar a miles de sus propios ciudadanos, acusaron las autoridades de Estados Unidos.


“Estos hallazgos demuestran cuán profundamente infiltradas están la criminalidad y las prácticas dañinas en el mundo offshore”, dijo Gabriel Zucman, un economista de la Universidad de California en Berkeley y autor de “La Riqueza Oculta de las Naciones: El Azote de los Paraísos Fiscales”. Zucman, quien fue informado sobre esta investigación, dijo que la publicación de los documentos filtrados debería impulsar a los gobiernos a buscar “sanciones concretas” contra las jurisdicciones e instituciones que venden secretismooffshore.


Líderes mundiales que han impulsado programas para combatir la corrupción también aparecen en los archivos filtrados. Así ocurre con las sociedades offshore vinculadas a la familia del presidente argentino Mauricio Macri y del líder chino Xi Jinping, quien ha jurado dar batalla contra los “ejércitos de corrupción” de su país, de este tipo.


Los archivos también contienen nuevos detalles de los negocios offshore del difunto padre del Primer Ministro británico David Cameron, un líder que precisamente impulsa una reforma de los paraísos fiscales.


Los datos filtrados cubren casi 40 años -desde 1977 hasta fines de 2015- y permiten una mirada inédita al corazón del mundo offshore: un vistazo día a día, década a década, de cómo el dinero sucio fluye por el sistema financiero global, generando crimen y despojando a las tesorerías nacionales de los preciados ingresos de impuestos.


La mayor parte de los servicios que la industria offshore provee son legales. Siempre y cuando quienes los utilicen acaten la ley. Pero los “Papeles de Panamá” filtrados demuestran que bancos, firmas legales y otros actoresoffshore a menudo no han seguido los requerimientos legales para asegurarse de que sus clientes no estén envueltos en actividades criminales, evasión de impuestos o corrupción política. Incluso, los archivos revelan cómo en algunas instancias intermediarios, offshore se protegieron a sí mismos y a sus clientes ocultando transacciones sospechosas o alterando registros oficiales.


Otro hecho importante que dejan en claro esos documentos financieros, es que grandes bancos son importantes impulsores de la creación de compañías difíciles de rastrear en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísosoffshore. Los archivos exhiben más de 15.300 compañías de papel que los bancos establecieron para clientes que quieren mantener ocultas sus finanzas. Entre ellas aparecen centenares que han sido creadas por gigantes de las finanzas internacionales como UBS y HSBC.


La investigación de esos registros permitió penetrar un enjambre de maniobras encubiertas por parte de bancos, compañías y personas vinculadas al líder rusoVladimir Putin. Y descubrir que compañías offshore vinculadas a esta red mueven dinero en transacciones de hasta US$200 millones a la vez. Asociados a Putin disfrazaron pagos, fecharon incorrectamente documentos y ganaron influencia oculta dentro de las industrias de medios y automóviles en Rusia.


Un portavoz de Putin no respondió a las preguntas que se le formularon para esta investigación. No obstante, el 28 de marzo afirmó públicamente que ICIJ y sus medios asociados estaban preparando un malintencionado “ataque informativo” contra el presidente ruso y sus cercanos.


La firma de abogados Mossack Fonseca es una de las principales creadoras de sociedades pantalla en el mundo, estructuras corporativas que pueden ser usadas para esconder a los reales propietarios de los bienes. Los archivos internos filtrados de este bufete contienen información sobre 214.488 entidades offshore relacionadas con personas en más de 200 países y territorios. ICIJ publicará la lista completa de compañías y personas vinculadas a ellas a principios de mayo.


Los datos que contienen esos registros incluyen correos electrónicos, formularios financieros, pasaportes y registros corporativos, todo lo cual deja al descubierto a los propietarios secretos de cuentas bancarias y compañías en 21 jurisdicciones offshore, desde Nevada a Singapur y las Islas Vírgenes Británicas.


Mossack Fonseca ha dejado sus huellas en el tráfico de diamantes en África, el mercado internacional del arte y otros negocios que se benefician del secretismo. La firma ha prestado servicios a tantos miembros de la realeza del Medio Oriente que todos ellos podrían llenar un palacio. Entre ellos, destacan dos reyes, Mohammed VI de Marruecos y el rey Salman de Arabia Saudí, a quienes Mossack Fonseca ayudóa salir al mar en lujosos yates.


En Islandia, los archivos filtrados muestran cómo el Primer Ministro Sigmundur David Gunnlaugsson y su esposa eran los controladores secretos de una firmaoffshore que tenía millones de dólares en bonos bancarios islandeses durante la crisis financiera de ese país.


Los archivos dejan al desnudo las sociedades offshore de 29 de las 500 personas más adineradas del mundo que figuran en el ranking de la revistaForbes.


Entre las sociedades que aparecen en los registros de Mossack Fonseca, figuran seis de propiedad de la estrella de cine Jackie Chan. Y como sucede con muchos de los clientes de esa firma de abogados, no hay evidencia de que Chan haya usado sus compañías para fines ilegales. Tener una compañía offshore no es ilegal. Es más, para algunas transacciones de negocios internacionales es una opción lógica.


Lo que convierte a los documentos filtrados de Mossack Fonseca en un valioso registro, es que entre sus clientes aparecen estafadores que utilizan el “Esquema Ponzi” (estafas piramidales), capos de la droga, evasores de impuestos y al menos un criminal sexual condenado. Se trata de un hombre de negocios estadounidense condenado por haber viajado a Rusia para tener sexo con menores de edad, quien firmó papeles para una sociedad offshoremientras cumplía su condena de prisión en Nueva Jersey.


Los “Papeles de Panamá” contienen nueva información sobre grandes escándalos, desde el más infame robo de oro en Inglaterra hasta antecedentes secretos de los protagonistas de los sobornos que remecen a la FIFA, el ente que regula el fútbol mundial.


Los documentos filtrados revelan que el bufete de abogados de Juan Pedro Damiani, un miembro del Comité de Ética de la FIFA, tenía relaciones de negocios con tres hombres que han sido inculpados en el escándalo de los sobornos: el ex vicepresidente de la FIFA Eugenio Figueredo y Hugo y Mariano Jinkis, el dúo padre-hijo acusado de pagar sobornos para ganar los derechos de transmisión de eventos de fútbol para Latinoamérica. Los registros muestran que la firma de Damiani en Uruguay representó a una compañía offshorevinculada a los Jinkis y a siete compañías vinculadas a Figueredo.


En virtud de los descubrimientos de la investigación de ICIJ y sus medios asociados, el Comité de Ética de la FIFA inició una investigación preliminar sobre la relación entre Damiani y Figueredo. Un vocero del Comité de Ética de este organismo confirmó que Damiani les informó el 18 de marzo de sus lazos financieros con Figueredo. Damiani lo hizo un día después de que ICIJ y sus reporteros asociados le enviaran preguntas detalladas sobre el trabajo de su firma de abogados para compañías ligadas al ex vicepresidente de la FIFA.


El mejor jugador de fúbtol del mundo, el delantero del Barcelona Lionel Messi, también aparece en los documentos. Los registros muestran a Messi y a su padre como dueños de la sociedad panameña Mega Star Enterprises Inc. Esto, añade un nuevo nombre a la lista de sociedades pantalla que se sabe están vinculadas a Messi. Sus negocios offshore son hoy el blanco de un juicio por evasión de impuestos en España.


Los documentos filtrados muestran cómo Mossack Fonseca trabaja agresivamente para proteger los secretos de sus clientes. En Nevada, por ejemplo, el bufete de abogados trató de protegerse a sí mismo y a sus clientes de las consecuencias de una acción legal en la Corte de Distrito de EE.UU. Lo hizo sacando papeles de su sucursal en Las Vegas y haciendo que sus técnicos borraran registros electrónicos de teléfonos y computadoras.


Los archivos filtrados muestran también que la firma ofreció con regularidad a sus clientes fechar incorrectamente documentos para ayudarlos a obtener ventaja en sus asuntos financieros. Era una práctica tan común que, en 2007, un intercambio a través de correos electrónicos muestra a empleados de Mossack Fonseca hablando de establecer una estructura de precios: los clientes pagarían US$8,75 por cada mes que la fecha de un documento corporativo sería atrasada.


En una respuesta por escrito a preguntas del ICIJ y sus socios en esta investigación, los directivos de Mossack Fonseca afirmaron que la firma “no alberga o promueve actos ilegales. Sus acusaciones de que proveemos a los accionistas de estructuras supuestamente diseñadas para esconder la identidad de los verdaderos propietarios, son completamente infundadas y falsas”.


También dijeron que poner fechas atrasadas en documentos “es una práctica bien fundada y aceptada”, la que es “común en nuestra industria y cuyo objetivo no es encubrir o esconder actos ilegales”. Y que no podían responder preguntas sobre clientes específicos pues están obligados a mantener la confidencialidad de sus clientes.


El cofundador del bufete de abogados, Ramón Fonseca, dijo en una entrevista reciente en la televisión panameña que la firma no tiene responsabilidad por lo que los clientes hacen con las compañías offshore que ella ofrece. Comparó a su estudio con una “fábrica de autos”, cuya responsabilidad termina una vez que el auto es fabricado. Culpar a Mossack Fonseca por lo que la gente hace con sus compañías, sería como culpar a la fábrica de autos “si el auto se usa en un robo”, dijo.


BAJO ESCRUTINIO


Hasta hace poco, Mossack Fonseca operaba principalmente en las sombras. Pero se ha visto bajo creciente escrutinio a medida que los gobiernos han obtenido filtraciones parciales de sus archivos, y que autoridades de Alemania y Brasil comenzaran a indagar en sus prácticas.


En febrero de 2015, Süddeutsche Zeitung reportó que organismos judiciales de Alemania habían lanzado una serie de redadas apuntando a uno de los principales bancos del país: Commerzbank. La investigación se refería a una evasión de impuestos que según las autoridades de ese país podría conducir a cargos criminales contra empleados de Mossack Fonseca.


En Brasil, el bufete de abogados se ha convertido en blanco del escándalo por sobornos y lavado de dinero que ha provocado una grave crisis política en ese país. En enero, fiscales brasileños calificaron a Mossack Fonseca como un “gran lavador de dinero” y anunciaron que se le imputaron cargos criminales a cinco empleados de la oficina brasileña de la firma por sus roles en la llamada “Operación Lava Jato”. Hasta ahora, figuran como acusados destacados políticos y se abrió una investigación sobre los bienes del popular ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El escándalo amenaza con la destitución en un juicio político de la Presidenta Dilma Rousseff.


Mossack Fonseca niega haber incumplido la ley en Brasil.


En la colaboración periodística más grande de la historia, periodistas trabajando en más de 25 idiomas, investigaron el manejo interno de Mossack Fonseca y rastrearon los negocios secretos de los clientes de la firma alrededor del mundo. Compartieron la información y persiguieron pistas generadas por los archivos filtrados utilizando archivos corporativos, registros de propiedad, declaraciones financieras, documentos judiciales y entrevistas con agentes de la ley y expertos en lavado de dinero.


Reporteros del Süddeutsche Zeitung obtuvieron millones de registros de una fuente confidencial y los compartieron con ICIJ y otros socios. Los medios involucrados en esta investigación no pagaron por los documentos.


Antes de que Süddeutsche Zeitung obtuviera esta filtración, las autoridades de impuestos de Alemania compraron a un informante una serie más pequeña de documentos de Mossack Fonseca, antecedentes que impulsaron las redadas en Alemania a principios de 2015. Esa serie más pequeña de documentos fue luego ofrecida a las autoridades del Reino Unido, Estados Unidos y otros países, de acuerdo a fuentes con conocimiento sobre el tema.


La serie más grande de archivos obtenida por periodistas ofrece mucho más que una simple mirada a los métodos de negocios de Mossack Fonseca y al catálogo de sus clientes más reprochables. Permite una amplia mirada al interior de una industria que ha trabajado para mantener sus prácticas ocultas y ofrece pistas sobre por qué los esfuerzos por reformar el sistema han fallado.


La historia de Mossack Fonseca es, en muchas formas, la historia del mismísimo sistema offshore.


EL CRIMEN DEL SIGLO


Antes del amanecer del 26 de noviembre de 1983, seis hombres se infiltraron en el depósito de Brink’s-Mat en el Aeropuerto Heathrow de Londres. Los delincuentes ataron a los guardias de seguridad, los empaparon en gasolina, encendieron un fósforo y amenazaron con prenderles fuego si no abrían la bóveda del depósito. En su interior los ladrones hallaron casi 7 mil barras de oro, diamantes y dinero en efectivo.


“Muchísimas gracias por su ayuda. Que pasen una linda Navidad”, dijo uno de los ladrones antes de partir.


Los medios británicos llamaron al robo el “Crimen del Siglo”. Gran parte del botín -incluyendo el dinero conseguido al derretir el oro y venderlo- nunca fue recuperado. A dónde se envió el dinero desaparecido es un misterio que sigue fascinando a los estudiosos del bajo mundo de Inglaterra.


Ahora, documentos en los archivos de Mossack Fonseca revelan que ese bufete y su cofundador, Jürgen Mossack, habrían ayudado a los ladrones a mantener el botín fuera del alcance de las autoridades, protegiendo a una compañía ligada a Gordon Parry, un operador londinense que lavaba dinero para Brink’s-Mat.


Quince meses después del robo, según los registros, Mossack Fonseca creó una compañía pantalla en Panamá: Feberion Inc. Jürgen Mossack fue uno de los tres directores “nominales” de la sociedad, término usado en el negocio para los testaferros que controlan una compañía en el papel, pero no ejercen real control sobre sus actividades.


Un memo interno escrito por Jürgen Mossack muestra que él ya sabía en 1986 que la sociedad Feberion estaba “aparentemente envuelta en el manejo de dinero del famoso robo de Brink’s-Mat en Londres. La compañía en sí no ha sido usada ilegalmente, pero podría ser que invirtió dinero proveniente de fuentes ilegítimas a través de cuentas bancarias y propiedades”.


Los registros de Mossack Fonseca evidencian que Parry era quien estaba detrás de la sociedad Feberion. En vez de ayudar a las autoridades a conseguir acceso a los bienes de Feberion, el bufete ejecutó acciones que impidieron a la policía del Reino Unido tomar el control de esa sociedad.


Luego de que la policía inglesa obtuvo los dos certificados que controlaban la propiedad de Feberion, Mossack Fonseca hizo que la sociedad emitiera 98 nuevas acciones, un movimiento que le habría arrebatado el control a los investigadores, indican los registros filtrados.


No fue hasta 1995 -tres años después de que Gordon Parry fuera sentenciado a prisión por su rol en el robo de oro- que Mossack Fonseca terminó su relación de negocios con Feberion.


Un vocero de Mossack Fonseca señaló que cualquier vínculo con el robo de Brink’s-Mat “es enteramente falso”. Y agregó que Jürgen Mossack nunca tuvo vínculos con Parry y que nunca fue contactado por la policía sobre este delito.


La defensa que hizo Mossack Fonseca de la dudosa compañía utilizada por los delincuentes ilustra lo lejos que muchos operadores offshore pueden llegar para servir los intereses de sus clientes.


El sistema offshore depende de una amplia industria global de banqueros, abogados, contadores y otros intermediarios que trabajan mancomunadamente para proteger los secretos de sus clientes. Estos expertos en secretismo usan compañías anónimas, fondos y otras entidades de papel para crear estructuras complejas que pueden ser usadas para disfrazar los orígenes del dinero sucio.


“Son la bencina que impulsa el motor, una pieza extraordinariamente importante de la fórmula del éxito para las organizaciones criminales”, dice Robert Mazur, un ex agente antidrogas de Estados Unidos y autor de “El Infiltrador: Mi Vida Secreta Dentro de los Bancos Sucios Detrás del Cartel de Medellín de Pablo Escobar” .


Mossack Fonseca dijo al ICIJ que respetan “tanto la letra como el espíritu de la ley. Porque hacemos eso, no hemos recibido cargos por acciones criminales en casi 40 años de operatividad”.


Los hombres que fundaron la firma décadas atrás -y continúan hoy como sus principales figuras- son bien conocidos en la sociedad y la política panameña.


Jürgen Mossack es un inmigrante alemán cuyo padre buscó una nueva vida para su familia en Panamá tras servir en la Waffen-SS de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Ramón Fonseca es un novelista premiado que ha trabajado como consejero del presidente de Panamá. En marzo de este año se tomó una licencia como consejero presidencial luego de que su firma fuera implicada en el escándalo de coimas en Brasil y que ICIJ y sus socios comenzaran a hacer preguntas sobre las prácticas de la firma.


Desde su base en Panamá, una de las principales zonas de secreto financiero del mundo, Mossack Fonseca siembra compañías anónimas en ese país, en las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos fiscales.


La firma ha trabajado de cerca con grandes bancos y sociedades legales en otros países, como México, Estados Unidos, los Países Bajos y Suiza, ayudando a sus clientes a mover dinero o reducir sus pagos de impuestos, indican los registros secretos.


El análisis que hizo el equipo del ICIJ de los archivos filtrados arrojó que más de 500 bancos, sus subsidiarias y sucursales han trabajado con Mossack Fonseca desde los ’70 para asesorar a sus clientes en el manejo de compañías offshore. UBS estableció más de 1.100 compañías offshore a través de Mossack Fonseca. HSBC y sus filiales crearon más de 2.300.


En total, los archivos revelan que Mossack Fonseca trabajaba con más de 14.000 bancos, bufetes de abogados, gestores de compañías y otros intermediarios para establecer sociedades, fundaciones y fondos para clientes.


Mossack Fonseca dice que estos intermediaron son sus verdaderos clientes, no los eventuales clientes que usan compañías offshore. Y que estos intermediaron proveen niveles adicionales de supervisión a la hora de analizar a nuevos clientes. En cuanto a sus propios procedimientos, Mossack Fonseca dice que a menudo exceden “las reglas y estándares existentes a los que nosotros y otros estamos atados”.


En su afán de proteger a Feberion Inc., la compañía vinculada al robo de Brink’s-Mat, Mossack Fonseca utilizó los servicios de una firma con base en Panamá, Chartered Management Company, encabezada por Gilbert R.J. Straub, un estadounidense que tuvo un pequeño rol en el escándalo de Watergate.


En 1987, mientras la policía del Reino Unido investigaba la compañía pantalla, Jürgen Mossack y otros directores de papel de Feberion, renunciaron en el entendido de que serían reemplazados por nuevos directores designados por la Chartered Management de Straub, indican los archivos secretos.


Straub habría sido detenido en una operación de la Administración Antidrogas de Estados Unidos no relacionada al caso Brink’s-Mat, según Mazur, un ex agente encubierto. Mazur armó esa investigación, la que llevó a que Straub se declarara culpable de lavado de dinero en 1995. Según Mazur, durante su trabajo encubierto, Straub trató de establecer sus credenciales criminales describiendo cómo encaminó dinero de forma ilegal hacia la campaña de reelección de 1972 del presidente Richard Nixon.


SECRETOS Y VÍCTIMAS


El padre de Nick Kgopa trabajaba en una mina de oro en el norte de Sudáfrica y murió cuando Nick tenía 14 años. Los compañeros de trabajo de su padre dijeron que había muerto por exposición a químicos. Nick, su madre y su hermano menor, que es sordo, sobrevivieron gracias a cheques mensuales de un fondo para viudas y huérfanos de trabajadores mineros. Hasta que un día, los pagos cesaron.


La familia de Nick fue una de muchas que perdieron sus pagos a causa de un fraude de inversión de US$60 millones llevado a cabo por hombres de negocio sudafricanos. Los fiscales acusaron que un grupo de individuos conectados a una compañía de manejo de bienes, Fidentia, había conspirado para robar millones de dólares de fondos de inversión, entre ellos, el que correspondía a los beneficios por muerte de los mineros y que mantenía a unas 46 mil viudas y huérfanos.


Los documentos filtrados de Mossack Fonseca muestran que al menos dos de los hombres involucrados en el fraude emplearon a ese bufete de abogados con base en Panamá para crear compañías offshore. Y también revelan que Mossack Fonseca estuvo dispuesta a ayudar a uno de los estafadores a proteger su dinero, incluso luego de que las autoridades lo vincularan públicamente con el escandaloso robo.


Estafadores como los Ponzi y otros embaucadores que roban grandes sumas de sus víctimas frecuentemente usan estructuras offshore para llevar a cabo sus operaciones y esconder las ganancias. El Caso Fidentia no es el único fraude de escala mayor que aparece en los archivos de los clientes de Mossack Fonseca.


En Indonesia, por ejemplo, pequeños inversores aseguran que una compañía registrada por Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas se utilizó para estafar a 3.500 personas en al menos US$150 millones.


“De verdad necesitamos ese dinero para pagar la educación de nuestro hijo en abril”, escribió un inversor indonesio a Mossack Fonseca, en 2007, luego de que los pagos cesaron. “¿Pueden darnos alguna sugerencia sobre qué podemos hacer?”, preguntó el inversor en un inglés imperfecto tras ver el nombre de Mossack Fonseca en el folleto de publicidad del fondo de inversiones.


En el Caso Fidentia, los registros de Mossack Fonseca muestran que uno de los hombres posteriormente encarcelado en Sudáfrica por su participación en el fraude, Graham Maddock, pagó a Mossack Fonseca US$59 mil en 2005 y 2006 para establecer dos series de compañías offshore, incluyendo una llamadaFidentia North America. Los registros de la firma dicen que le dieron “el servicio VIP”.


Mossack Fonseca también creó estructuras offshore para Steven Goodwin, un hombre que, según fiscales sudafricanos, había tenido un “rol instrumental” en la estafa de Fidentia. Cuando el escándalo se hizo público en 2007, los registros filtrados del bufete indican que Goodwin voló a Australia y luego a Estados Unidos, donde un abogado de Mossack Fonseca se reunió con él en un hotel de lujo en Manhattan para discutir sus propiedades offshore.


El empleado de la firma luego escribió que él y Goodwin “hablamos en profundidad” sobre el escándalo de Fidentia y que él había “convencido a Goodwin de proteger mejor” los bienes de su compañía offshore pasándolos a un tercero. En su memo –que se encuentra en los registros- el empleado de la firma dijo a sus colegas que Goodwin no estaba involucrado en el escándalo“de forma alguna”: era solo “una víctima de las circunstancias”.


En abril de 2008, el FBI arrestó a Goodwin en Los Ángeles y lo envió de vuelta a Sudáfrica, donde se declaró culpable de fraude y lavado de dinero. Fue sentenciado a diez años de prisión. Un mes después de la sentencia de Goodwin, un empleado de Mossack Fonseca sugirió un plan para frenar a los fiscales sudafricanos que debían indagar en los bienes vinculados a la compañía offshore de Goodwin, Hamlyn Property LLP, la que había sido creada para comprar bienes raíces en Sudáfrica.


El empleado propuso que un contador “prepare” (las comillas son del emailoriginal que aparece en el registro filtrado) auditorías para 2006 y 2007, que permitan “tratar de prevenir que el fiscal tome acciones contra las entidades tras Hamlyn”. No está claro si la propuesta fue adoptada.


Mossack Fonseca no respondió a las preguntas de ICIJ sobre su relación con Goodwin. Un representante de Goodwin dijo a ICIJ que él “no tenía absolutamente nada” que ver con el colapso de Fidentia “o con cualquier cosa directa o indirectamente relacionada con las 46 mil viudas y huérfanos”.


POLITICAMENTE EXPUESTO


El 10 de febrero de 2011, una compañía anónima en las Islas Vírgenes Británicas llamada Sandalwood Continental Ltd. prestó US$200 millones a una también misteriosa firma basada en Chipre: Horwich Trading Ltd. Al día siguiente, Sandalwood asignó los derechos a recolectar pagos por el mencionado préstamo (incluyendo intereses) a Ove Financial Corp., otra misteriosa compañía de las Islas Vírgenes Británicas.


Por esos derechos, Ove pagó 1 dólar. Pero el rastro del dinero no terminó allí. Ese mismo día, Ove reasignó sus derechos a recolectar por el mismo préstamo a una compañía de Panamá: International Media Overseas. Esta sociedad también pagó 1 dólar.


En solo 24 horas el préstamo había atravesado –en el papel- tres países, dos bancos y cuatro compañías, haciendo prácticamente imposible rastrear la ruta del dinero. Había varias razones por las que quienes estaban detrás de la transacción podían querer disfrazarla, incluyendo el hecho de que el origen de los recursos venía desde muy cerca del líder ruso Vladimir Putin.


El Banco Rossiya, con base en San Petersburgo, una institución cuyo dueño mayoritario ha sido llamado uno de los “cajeros” de Putin, había creadoSandalwood Continental y dirigido el flujo del dinero.


En cuanto a International Media Overseas, donde los derechos a los pagos con intereses del préstamo de US$200 millones parecen haber terminado, era controlada en el papel por uno de los más viejos amigos de Putin: Sergey Roldugin, un chelista clásico y padrino de la hija mayor de Putin.


El préstamo de US$200 millones fue una de las docenas de transacciones -que sumaron al menos US$2 mil millones- que se encontraron en los registros filtrados de Mossack Fonseca y que involucran a personas o compañías relacionadas a Putin. Formaron parte de una operación del Banco Rossiya, el que ganó influencia indirecta sobre el accionista mayoritario de la principal fábrica de camiones de Rusia, y que también amasó acciones secretas de la propiedad de un importante medio de comunicación en Rusia.


Los pagos sospechosos hechos por el círculo de Putin pueden haber sido en algunos casos sobornos a cambio de contratos y ayudas del gobierno ruso. Los documentos secretos de Mossack Fonseca sugieren que gran parte del dinero prestado que figura en los registros, proviene de un banco en Chipre que por entonces tenía como dueño mayoritario al VTB Bank, controlado por el Estado ruso.


En una conferencia de prensa la semana pasada el vocero de Putin, Dmitry Peskov, dijo que el gobierno no respondería al cuestionario de ICIJ y sus medios asociados, porque contiene preguntas que “han sido hechas cientos de veces y respondidas cientos de veces”. Peskov agregó que Rusia tiene “disponible todo un arsenal legal en el ámbito nacional e internacional para proteger el honor y dignidad de nuestro Presidente”.


Leyes nacionales y acuerdos internacionales obligan a los bufetes de abogados -como Mossack Fonseca- que ayudan a crear sociedades y cuentas bancarias, a mantener la alerta ante clientes que puedan estar involucrados en lavado de dinero, evasión de impuestos u otros delitos. Y se les exige que presten especial atención a “personas políticamente expuestas” (PEP, funcionarios de gobierno o sus familiares o socios). Si alguien es “PEP”, los intermediarios encargados de crear sus compañías deben revisar sus actividades cuidadosamente para asegurarse de que no están envueltos en corrupción.


Mossack Fonseca dijo a ICIJ que ha “establecido políticas y procedimientos para identificar y manejar los casos en que individuos califican como PEP”.


Sin embargo, a menudo Mossack Fonseca parece no percatarse de quiénes son sus clientes. Una auditoría interna de 2015 estableció que la firma conocía la identidad de los dueños reales de solo 204 de las 14.086 compañías que había incorporado en Seychelles, un paraíso fiscal en el Océano Índico.


Las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas multaron a Mossack Fonseca con US$37.500 por violar reglas antilavado debido a que la firma incorporó una compañía para el hijo del ex presidente egipcio Hosni Mubarak, pero no identificó la conexión, incluso después de que padre e hijo fueran acusados de corrupción. Una evaluación interna de la firma concluyó: “nuestra fórmula de análisis de riesgo es seriamente imperfecta”.


En total, el análisis de los archivos de Mossack Fonseca realizado por el equipo de ICIJ, identificó a 58 familiares y asociados a primeros ministros, presidentes y reyes.


Los registros revelan, por ejemplo, que la familia del Presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, utilizó fundaciones y compañías en Panamá para mantener acciones secretas en minas de oro y bienes raíces en Londres. Los hijos delPrimer Ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, también poseían bienes raíces en Londres a través de compañías creadas por Mossack Fonseca.


Los familiares de al menos ocho miembros actuales y pasados del Comité del Politburó de China, el principal cuerpo gubernamental de ese país, tienen compañías offshore manejadas a través de Mossack Fonseca. Entre ellos figura el cuñado del Presidente Xi Jinping, quien estableció dos compañías en las Islas Vírgenes Británicas en 2009.


Representantes de los líderes de Azerbaiyán, Pakistán y China no respondieron a las consultas formuladas.


La lista de líderes mundiales que utilizaron a Mossack Fonseca para establecer entidades offshore incluye al actual Presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien era director y vicepresidente de una compañía en Las Bahamas manejada por Mossack Fonseca cuando era alcalde de Buenos Aires. Un vocero de Macri dijo que el presidente nunca fue personalmente propietario de acciones en esa firma, la que era parte de los negocios de su familia.


En 2014, durante los días más sangrientos de la invasión rusa en la región Donbas de Ucrania, los registros de Mossack Fonseca muestran que representantes del líder ucraniano Petro Poroshenko buscaron con urgencia una copia de una factura para completar el papeleo que requería crear una compañía en las Islas Vírgenes Británicas. Un vocero de Poroshenko dijo que la creación de esa compañía no tenía relación con “eventos políticos o militares en Ucrania”.


Los consejeros financieros de Poroshenko dijeron que el presidente no incluyó a la firma de las Islas Vírgenes en su declaración financiera de 2014, porque ni esa compañía ni dos compañías relacionadas en Chipre y Países Bajos tenían bienes. Y afirmaron que esas compañías eran parte de una reestructuración corporativa para facilitar la venta del negocio de confección de Poroshenko.


Cuando Sigmundur David Gunnlaugsson se convirtió en Primer Ministro de Islandia en 2013, ocultó un secreto que podría haber dañado su carrera política. Él y su esposa compartían la propiedad de una compañía offshore en las Islas Vírgenes Británicas cuando él entró al parlamento en 2009. Meses después, vendió su parte a su esposa en US$1.


La compañía tenía bonos que originalmente valían millones de dólares en tres grandes bancos islandeses que colapsaron durante la crisis financiera global de 2008, lo que la hacía acreedora en sus bancarrotas. El gobierno de Gunnlaugsson negoció un acuerdo con los acreedores el año pasado sin revelar el interés financiero de su familia en el resultado.


Gunnlaugsson ha negado recientemente que los intereses financieros de su familia hayan influenciado su postura. Los registros filtrados no dejan en claro si las posiciones políticas de Gunnlaugsson beneficiaron o redujeron el valor de los bonos que poseía a través de la compañía offshore.


En una entrevista con Reykjavik Media, medio asociado de ICIJ, Gunnlaugsson negó haber ocultado bienes. Cuando se le confrontó con el nombre de la compañía offshore a la que se lo vincula -Wintris Inc.- el Primer Ministro dijo:“Me estoy empezando a sentir raro con estas preguntas porque parece que me estás acusando de algo”. Poco después, dio por terminada la entrevista.


Cuatro días después, su esposa hizo público el asunto. Escribió una nota enFacebook en la que afirmó que Wintris Inc. era de su propiedad y no de su esposo, y que ella había pagado todos los impuestos. Desde entonces, miembros del parlamento de Islandia han cuestionado por qué Gunnlaugsson jamás reveló la compañía offshore, y un legislador pidió que el Primer Ministro y su gobierno renuncien.


El Primer Ministro contraatacó con un comunicado de ocho páginas, en el que argumentó que él no fue requerido a reportar públicamente su conexión con Wintris, porque esta sociedad era realmente de propiedad de su esposa y porque era “solo una compañía holding, no vinculada a actividades comerciales”.


ENCUBRIMIENTOS OFFSHORE


En 2005, el barco de turismo Ethan Allen se hundió en el lago George de Nueva York, con un saldo de 20 turistas de avanzada edad ahogados. Luego de que los sobrevivientes y las familias de los fallecidos demandaron, se enteraron de que la compañía turística no tenía seguro porque estafadores le habían vendido una póliza falsa.


En 2011, Malchus Irvin Boncamper, un contador de la isla caribeña de St. Kitts, se declaró culpable en una corte de EE.UU., por haber ayudado a los estafadores a lavar las ganancias de sus fraudes.


El hecho le creó un problema a Mossack Fonseca: Malchus Irvin Boncamper había sido el testaferro -director “nominativo”-para 30 compañías creadas por la firma.


Al enterarse de la condena criminal de Boncamper, Mossack Fonseca actuó rápidamente. Se impartieron instrucciones para que en sus oficinas se reemplazara a Boncamper como director de las compañías y se modificaran las fechas de los registros para que apareciera en algunos casos que los cambios habían tenido lugar una década antes.


Lo ocurrido con Boncamper es uno de los ejemplos que aparecen en los archivos filtrados que muestran a Mossack Fonseca utilizando tácticas dudosas para esconder sus métodos o las actividades de sus clientes de la mirada de las autoridades legales.


En la “Operación Lava Jato” en Brasil, los fiscales acusaron que empleados de Mossack Fonseca destruyeron y escondieron documentos para enmascarar la participación de la firma en lavado de dinero. Un documento policial dice que, en un momento, un empleado de la sucursal brasileña de la firma envió unemail pidiendo a sus compañeros esconder registros relacionados a un cliente que podía ser blanco de una investigación policial: “No dejen nada. Los voy a guardar en mi auto o en mi casa”.


En Nevada, según indican los archivos filtrados, empleados de Mossack Fonseca trabajaron a finales de 2014 para oscurecer los vínculos entre la sucursal de la firma en Las Vegas y su central en Panamá, anticipándose a una orden de la Corte de EE.UU. de que entreguen información sobre 123 compañías incorporadas por la firma. Fiscales argentinos habían vinculado a esas compañías con base en Nevada con un escándalo de corrupción que involucró a un asociado de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.


En un intento por liberarse de la jurisdicción de la corte estadounidense, Mossack Fonseca aseguró que su oficina en Las Vegas, MF Nevada, no era una sucursal, por lo que no tenían control sobre ella.


Los registros internos de la firma demuestran lo opuesto. Mossack Fonseca sí controlaba la cuenta bancaria de MF Nevada, y sus cofundadores, junto a otro funcionario de la firma, eran propietarios del 100% de MF Nevada.


Para eliminar la evidencia de la conexión, la firma se preparó para sacar documentos de la sucursal y se dispuso a borrar los rastros informáticos del vínculo entre las operaciones de Nevada y Panamá, según muestran correos electrónicos internos. Una gran preocupación, según un correo electrónico, era que el gerente de la sucursal podía ser demasiado “nervioso” para llevar a cabo la tarea, lo que podía facilitar que los investigadores descubrieran “que estamos escondiendo algo”.


Mossack Fonseca declinó responder preguntas sobre los casos de Nevada y Brasil, pero negó en forma genérica que haya obstruido investigaciones o encubierto actos impropios: “No es nuestra política esconder o destruir documentación que pueda ser de utilidad para alguna investigación o procedimiento”.


REFORMANDO EL MUNDO SECRETO


En 2013, el líder del Reino Unido, David Cameron, urgió a los territorios de ultramar de su país -incluyendo a las Islas Vírgenes Británicas- a trabajar en conjunto para “poner nuestras casas en orden” y unirse en la lucha contra la evasión de impuestos y el secretismo offshore.


Cameron no tenía más que mirar hacia su difunto padre para ver lo difícil que eso sería.


Ian Cameron, un multimillonario corredor de bolsa, era un cliente de Mossack Fonseca que utilizó la firma para esconder su fondo de inversión, Blairmore Holdings Inc., de los impuestos en el Reino Unido. El nombre del fondo provino de Blairmore House, la ancestral estancia de su familia en el campo. Mossack Fonseca registró el fondo de inversión en Panamá a pesar de que muchos de sus inversores clave eran británicos. Ian Cameron controló el fondo desde su creación en 1982 hasta su muerte en 2010.


Un prospecto para inversores decía que el fondo “debería ser manejado y conducido de forma que no sea residente en el Reino Unido, por propósitos de impuestos”. Los registros filtrados indican que el objetivo selogró usando certificados de propiedad imposibles de rastrear -“acciones al portador”- y empleando funcionarios “nominales” con base en Bahamas.


La historia de Ian Cameron con los paraísos fiscales es un ejemplo de cuán profundamente arraigado está el secreto offshore en las vidas de las élites políticas y financieras alrededor del mundo. También es un importante motor económico para varios países. Ese factor ha hecho que las reformas sean difíciles.


En Estados Unidos, por ejemplo, jurisdicciones como Delaware y Nevada, que han permitido que los propietarios de compañías permanezcan anónimos, siguen oponiéndose a los intentos por imponer más transparencia corporativa.


Por miedo a que su industria offshore se quede en desventaja competitiva, Panamá, país de origen de Mossack Fonseca, se ha rehusado a adoptar un plan para el intercambio mundial de información sobre cuentas bancarias. Funcionarios de ese país dicen que intercambiarán información, pero a una escala más modesta.


El desafío que enfrentan los reformadores y agentes de la ley es cómo descubrir y detener el comportamiento criminal cuando éste está enterrado bajo varias capas de secretismo. Las herramientas más efectivas para penetrar este secretismo han sido las filtraciones de documentos offshore que han sacado a la luz los negocios ocultos.


Filtraciones de documentos investigados y develados por ICIJ y sus medios asociados han impulsado investigaciones oficiales y el avance en la legislación en docenas de países. Esas publicaciones también han provocado efecto en clientes offshore ante el temor de que sus negocios secretos puedan ser descubiertos.


En abril de 2013, luego de que ICIJ publicara sus artículos de “Filtraciones Offshore”, basadas en documentos confidenciales de las Islas Vírgenes Británicas y Singapur, algunos clientes de Mossack Fonseca escribieron a la firma pidiendo que se les asegure que sus bienes offshore estarían a salvo del escrutinio.


La respuesta de Mossack Fonseca fue que no se preocuparan, que su compromiso con la privacidad de sus clientes “siempre ha sido prioridad, y en respeto a eso, su información confidencial se almacena en nuestro centro de datos de alta tecnología, y toda comunicación dentro de nuestra red global se lleva a cabo a través de un algoritmo de encriptación acorde a los estándares de clase mundial más altos”.


Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
Esta investigación fue realizada y escrita por Bastian Obermayer, Gerard Ryle, Marina Walker Guevara, Michael Hudson, Jake Bernstein, Will Fitzgibbon, Mar Cabra, Martha M. Hamilton, Frederik Obermaier, Ryan Chittum, Emilia Díaz-Struck, Rigoberto Carvajal, Cécil Schilis-Gallego, Marcos García Rey, Delphin Reuter, Matthew Caruana-Galizia, Hamish Boland-Rudder, Miguel Fiandor y Mago Torres.Fuente:
http://ciperchile.cl/2016/04/03/the-panama-papers-las-secretas-finanzas-offshore-de-lideres-mundiales-empresarios-y-celebridades/Traducción:Centro de Investigación Periodistica de Chile- CIPER Diario ABC Color de Paraguay

En el FR ya hablan de "implosión social" y dicen que están "distanciados" del Gobierno


El dirigente massista y actual miembro del Directorio del Banco Provincia, Daniel Arroyo, afirmó que gracias a las políticas de Cambiemos se generó "una implosión social" y que, sumado a otras gestiones, desde su espacio están "claramente distanciados" del Gobierno.

"No hay todavía un fenómeno de explosión social, pero sí de implosión social, anda todo el mundo muy sacado, y revienta para adentro: el que anda mal, sin trabajo, llega se pelea con la mujer con el hijo y con todo lo que tiene cerca, van a jugar un partido de fútbol terminan todos sacados", comentó Arroyo en diálogo con Lado P.

El refernte del Frente Renovador, dijo además que desde que asumió el Gobierno de Cambiemos "aumentó la pobreza" y esta problemática "es evidente por tres cosas: inflación (alimentos y transportes); segundo porque se paró la construcción y las changas; y en tercer lugar porque hubo pérdida de empleo público y privado".

Es por ello que Arroyo analizó que "es evidente" que las políticas de los últimos meses "empeoraron la situación social en el país".
"Salir del cepo cambiario, quitar las retenciones; todo en el mismo momento, es gobernar para un solo lado. El Gobierno sabe lo que quiere hacer con el mercado, no sabe lo que quiere hacer con el Estado", criticó.
En este sentido, el dirigente que responde a Sergio Massa sostuvo que "claramente nos vamos distanciando del Gobierno" y que el Ejecutivo que dirige Mauricio Macri "está muy equivocado", ya que, agregó, sus políticas "no llevan a la pobreza cero, sino todo lo contrario".
"El macrismo está gobernando, como si nunca hubiesen leído un libro de historia. Están repitiendo ciclos, que ya fracasaron en Argentina", sentenció.

Cristina convocó a "un frente ciudadano para defender los derechos arrebatados"






Ante miles de militantes y ciudadanos que se acercaron a los tribunales de Cómodoro Py, la expresidenta Cristina Kirchner pidió crear un "frente ciudadano organizado" porque "no podemos permitir un retroceso como el que hemos vivido en otras etapas históricas". La exmandataria sostuvo que el eje para unificar ese frente no tiene que ver con pertenencias políticas, sindicales o sociales sino "que se le pregunte: ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo estabas antes del 10 de diciembre?".

La expresidenta —quien demoró varios minutos en iniciar su discurso por el saludo fervoroso de los militantes— señaló que ese frente debe solicitarle a los legisladores del Congreso nacional que "representen el voto que los llevó a esa banca" porque "hay políticas por corregir y el Congreso tiene que hacer esas correcciones".

"Que ese Congreso al que llamaron 'la escribanía de Cristina' sea la escribanía del pueblo", ironizó la exmandataria, quien destacó tener el "orgullo" de haber sido presidenta por 8 años y contar con "escasísimos decretos de necesidad y urgencia. Y uno de ellos fue el que creó la asignación unviersal por hijo".

Cristina también se dirigió al Poder Ejecutivo y le exigió que "cumpla con la voluntad popular, a la que le prometió que cada día iba a estar un poco mejor e iba a ser más feliz". "Nunca vi tantas calamidades cometidas en 120 días", lamentó la exjefa de Estado al referirzar a la devaluación, la suba de precios y los tarifazos.

En ese tono, volvió a insitir con la idea de un frente ciudadano que convoque a reflexionar "¿Cómo vivió los últimos 12 años? Si con el mismo esfuerzo llenan el mismo chango" en el supermercado e interpeló a los dirigentes sindicales que "nos hacían huelga porque no querían pagar el impuesto a las ganancias y hoy están echando a los trabajadores como perros". La exmandataria insistió en el "frente patriótico debe ser de ciudadanos sin afiliación, porque hay gente que nunca va a ser kirchnerista y está bien, pero las cuentas hay que pagarlas y los changos los tienen que llenar igual".

"Siento que el pasado nos ha atrapado nuevamente", advirtió la exmandataria al enumerar —como lo hizo en el escrito presentado ante el juez federal Claudio Bonadío— los planes económicos y la persecusión aplicada por los gobiernos que derrocaron a Hipólito Yrigoyen y a Juan Domingo Perón. "Si pudieran borrar la letra K del abecedario, lo harían", sostuvo y recordó los dichos de "una diputada" respecto de que debían inhabilitar para ejercer cargos públicos de por vida: "Otra vez, la proscripción en la Argentina. Qué poco originales".

Cristina recordó que la Corte Suprema avaló el golpe contra Yrigoyen para advertir: "No podían haberse consumado los atropellos, las entregas, la desgracia sobre tantos argentinos y argentinas sin la complicidad del Poder Judicial".

Refieriéndose a la causa de dólar futuro por la que Bonadío la imputó, la expresidenta pidió a las miles de personas que la acompañaron que "no se preocupen" y resaltó: "Ustedes saben que voluntariamente renuncié a tener fueros. Se cansaron de editorializar, de publicar que iba a tener un cargo para conseguir los fueros, pero no los necesito, tengo los fueros que me dio el pueblo en dos elecciones consecutivas".

"Estén muy tranquilos, me pueden citar 20 veces más, me pueden meter presa, pero no callar. Voy a estar siempre con ustedes. No vean este hecho como el ataque a una persona. Reflexionemos juntos, recordemos la historia y verán que no es el único caso en el que una expresidenta perseguida", indicó y mencinó luego la detención de la dirigente social Milagro Sala, quien continúa encarcelada en Jujuy "sin saber de qué se la acusa, lo que atenta contra los derechos elementales de una democracia".

La ex jefa de Estado insistió en la "necesidad de organizarse" ante las medidas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri "porque después cuesta mucho recuperarse y más en un mundo tan complejo. Vemos que historias similares se repiten a nivel regional con los gobiernos populares, que permitieron mejorar la vida de millones. Esto es una matriz comunicacional, política y judicial que se extiende en toda la región para identificar a los gobiernos populares con la corrupción" para abrir el camino a gobiernos de tinte conservador.

La tarea de los medios de comunicación se llevó un capítulo importante en el discurso de Cristina, en particular, con la resonancia de las cuentas offshore del presidente Mauricio Macri y parte de su gabinete reveladas por los Panamá Papers: "Las denuncias figuraron en todas las tapas de todos los diarios internacionales, menos en los de la Argentina. Una vez más, los medios de comunicación como con Yrigoyen, Perón y también con las atrocidades de la última dictadura, intentan tapar el sol con las manos".

Además del "escándalo internacional" de los Panamá Papers, la expresidenta recordó que como senadora llevó adelante —en una comisión de la que participaba la diputada de Cambienos Elisa Carrió— el juicio político contra tres ministros de la Corte Suprema, aquella de "la mayoría automática que absolvió al presidente por contrabando de autos" y calificó a la familia Macri como la "clave insignia de la patria contratista".

"¿Se imaginan si yo hubiese sido presidenta con antecendetes de ser absuelto por contrabando agravado? ¿Se imaginan si me hubiesen encontrado cuentas offshore a mí, a mí ministro de economía (en referencia al exministro de Hacienda porteño y actual intendente de Lanús, Néstro Grindetti), de mi hermano, mi padre...? Tanto que buscaron la ruta del dinero K, se encontraron con la ruta del dinero M", sentenció Cristina en la puerta de Comodoro Py ante los miles de seguidores, que respondieron: "Hay que saltar, hay que saltar... el que no salta tiene cuenta en Panamá".

"Los argumentos moralizantes tienen un solo objeto ir por los derechos adquiridos, por el bienestar que los argentinos se ganaron en estos 12 años de gobierno, en los que generamos millones de puestos de trabajo", aseguró la exmandataria y denunció: "Hay muhcos más despidos en el sector privado que en el público, hay persecusión ideológica, trabajadores que cambian sus perfiles en las redes sociales. Hay industrias en crisis, comercios cerrados, tarifazos sobre servicios imprescindibles para la gente".

"El Gobierno no cuida a los argentinos. Hemos sido respetuosos de la voluntad popular, como expresidenta he guardado un respetuoso y democrático silencio. Pero la voluntad popular no la tiene que respetar solo la oposición, el que más la tiene que respetar es el Gobierno, que ganó diciendo que no iba a echar, no iba a haber ajuste, no iba a devaluar. Que él respete esa voluntad", advirtió Cristina e insistió en la creación de un frente ciudadano en el que "el punto de unidad sean los derechos perdidos o la felicidad perdida".

Carmen Polledo legisladora del PRO también tiene una cuenta offshore

La diputada Carmen Polledo tiene una empresa con su marido, dueño del complejo Costa Salguero.


La vicepresidenta 1° de la Legislatura porteña, Carmen Polledo.
El PRO sigue acumulando legisladores y funcionarios ligados a sociedades offshore. Ahora, trascendió que la vicepresidenta de la Legislatura porteña, Carmen Polledo, abrió una sociedad anónima, Rank International Corporation, con domicilio en Panamá, según consta en los registros oficiales de ese país.

Un informe publicado por el portal Nueva Ciudad demuestra que la empresa no se encuentra en la declaración jurada de la Legisladora ante la ONG Poder Ciudadano, en 2009. La compañía fue abierta en 1998 junto a su esposo, Fernando Adolfo Polledo Olivera, dueño del complejo Costa Salguero, con la colaboración del estudio panameño Fonseca y Asociados.

Se agrava la crisis de las Lebacs y en el mercado ya hablan de un plan Bonex

La acumulación de vencimientos de las letras del Banco Central amenaza la estabilidad del plan antiinflacionario.




Hoy como todos los martes vencen Letras del Banco Central (Lebacs) y se licitan nuevas. La alta tasa de interés de este instrumento quedó fijada como el instrumento clave de la política monetaria de Federico Sturzenegger en el Banco Central (BCRA) para bajar la inflación.

La letra busca retirar el exceso de dinero en circulación a cambio de un pago sustancial a futuro que va del 38% para el plazo de 35 días al 32,5% para el plazo de 252 días, en una problemática estructura de tasas invertida.

“Pan para hoy y hambre para mañana” dicen los analistas. Por cada $1.000 que saca hoy de la calle, en 35 días el Central tiene que devolver $1.031,45, lo que genera mayor cantidad de pesos en circulación y la necesidad de sacar los mil originales y los $31,45 adicionales. Así por retirar esos $1.000 durante 70 días, el BCRA tiene que desembolsar $63,90.

Hoy vencen $69.181 millones, un monto récord, y los vencimientos se acumulan cada vez más en el corto plazo. El sistema financiero ya tiene un exceso de $19.000 millones en la posición de efectivo mínimo y empiezan a crecer dudas sobre si Sturzenegger logrará renovar la totalidad de los vencimientos. Por otro lado, no puede seguir subiendo la tasa para hacer más atractiva la letra, porque ya tiene un impacto demoledor sobre la actividad, demorando el regreso del crecimiento. Sí se espera que se sostenga esta tasa hasta que la inflación baje, como blanqueó el propio Sturzenegger, en su intervención en el seminario de Bloomberg.


“Si nos guiamos por la relación histórica reciente entre volumen ofertado, monto de vencimientos y total colocado, creemos que el BCRA no logrará renovar la totalidad de los vencimientos de Lebacs que operan esta semana", señala un reporte de mercados al que accedió LPO.



En sí lo que propusieron una suerte de “mini plan Bonex”, un cambio de Lebacs por un bono del Tesoro a más largo plazo, a semejanza del canje de plazos fijos por bonos de Erman González.

Las sumas récord preocupan porque esta estrategia antiinflacionaria tiene un triste antecedente. A fines de los 80, hubo una escalada similar de la cantidad de Lebacs y de acumulación de vencimientos. Cuando los bancos perdieron el apetito por posicionarse en estos instrumentos y el Central tuvo que desembolsar la totalidad de los pesos, se disparó la hiperinflación.

Por eso los analistas miran con recelo la acumulación de vencimientos de corto plazo y hablan de probables soluciones al problema, antes de que dispare otra crisis. Para el 11 de mayo se espera otro pico inédito en los vencimientos de Lebacs, 76.800 millones de pesos.

Un plan Bonex voluntario

La versión más difundida fue la aportada por los economistas del CEMA. Alejandro Rodríguez la detalló para La Nación. En sí lo que propusieron fue una suerte de “Mini Plan Bonex”, un cambio de Lebacs por un bono del Tesoro a más largo plazo, a semejanza del canje de plazos fijos por bonos de Erman González. Ninguna fuente oficial consultada por LPO lo confirma. Pero tampoco lo descartan.



“Se metieron en camisa de once varas solitos”, dijo un analista a LPO. Y en el mercado se preguntan cómo hará Sturzenegger para bajar la tasa sin generar una corrida hacia el dólar una vez que la inflación ceda. “Dejaron subir el dólar a $16 y luego corregirlo implicó una fuerte suba de tasas cuando podrían haberlo moderado y quedado con una tasa del 36%, ligeramente por encima de la inflación”, opinaron.

“Si la gente ve que la inflación sigue alta y la tasa de Lebacs baja del 35%, van a apurarse a pasarse al dólar por la sensación de falta de cobertura contra la inflación. Por eso la tasa no puede bajar sin que antes baje la inflación. Y ahora con 8% de inflación para abril, difícilmente puedan hacerlo”, señaló a LPO el analista de mercados Francisco Uriburu. Y acotó: “Más ahora, que el dólar está artificialmente barato.”

“Personalmente, no optaría por un bono; sino por normalizar progresivamente la pendiente del corredor de tasas y pagar más por una colocación de largo plazo que por una de corto. Pero si van a cambiar letras por bonos, es crucial que sea un canje voluntario. De lo contrario, se quebraría la confianza de los inversores: abandonarían las colocaciones en pesos y se pasarían a dólares”, advirtió Uriburu.

Si van a cambiar letras por bonos, es crucial que sea un canje voluntario. De lo contrario, se quebraría la confianza de los inversores: abandonarían las colocaciones en pesos y se pasarían a dólares”, advirtió Uriburu.


Si el canje fuera compulsivo aquellos que reciban por sus Lebacs, bonos en lugar de los pesos y quieran recuperar la liquidez, deberían rematarlos en el mercado a un 90% de su precio nominal, lo que implicaría una caída del rendimiento. Por lo que deberían canjearse a una paridad que compense esta pérdida para evitar reclamos judiciales. De ser voluntario, igualmente los bonos deberían tener un premio respecto de otros bonos del Tesoro para seducir a los inversores que hoy por hoy con los pesos que cobran por las Lebacs pueden adquirir ya instrumentos existentes a una tasa similar.


A la vez, cuando un inversor compra Lebacs el deudor es el Banco Central; y con este “mini Bonex” pasaría a ser el Tesoro Nacional. El cambio de deudor también implica un riesgo distinto, por lo que los analistas consultados advirtieron acerca de la conveniencia de que los bonos tengan una compensación en este sentido.


En el fondo, se estarían sincerando las cuentas. Cada vez que el BCRA vende Lebacs, está tomando una deuda del 32,5% al 38% “de gusto”, no es una deuda productiva. Es dinero que el Banco Central toma del mercado para contener la inflación generada por el exceso de emisión que le exige el Tesoro. Por esto mismo se denomina “deuda cuasi fiscal”. Al cambiar las Lebacs por bonos del Tesoro, el Banco Central dejaría de ser responsable por la deuda cuasi fiscal y el Tesoro pasaría a ser el responsable de más deuda fiscal.

Profunda recesión con alta inflación: lo que viene en Argentina en los próximos 2 años

El economista Daniel Artana, de FIEL, sostuvo que la información disponible de las primeras semanas del año sugiere que la economía transita una recesión moderada con alta inflación. En tanto el Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL mostró una contracción en enero de alrededor de medio punto respecto de enero de 2015 y del nivel de diciembre ajustado por estacionalidad.
Así, el adelantamiento al segundo semestre del año pasado de algunas compras de bienes durables y la reducción temporaria de salarios y jubilaciones, medido en moneda constante, ayudan a explicar la caída en la confianza del consumidor que se reflejaría en el consumo privado de los primeros meses del año.
Para Artana, "la aceleración observada en la tasa de inflación era predecible. Una depreciación del tipo de cambio entre 55% y 60% y los aumentos en las tarifas de la energía eléctrica necesariamente debían reflejarse en el índice de costo de vida, más si se lo compara con la inflación reprimida de finales de 2015".
"El shock real negativo que recibió la Argentina por la combinación de la caída en el precio de las commodities y la recesión y devaluación en Brasil han complicado el frente externo argentino", manifestó.
Para el economista "de ahora en más, el desarrollo de la economía debe ir acompañado de un aumento en la inversión privada y pública de rentabilidad social positiva y de las exportaciones".
"Ello es lo que brinda la capacidad de repagar las deudas con el exterior que puedan contraer el sector público y los privados", precisó.
Agregó que "sin esa transformación estructural, los riesgos se potencian. Debe evitarse el endeudamiento externo para financiar sobre empleo público, un sistema previsional quebrado o la expansión de sectores privados ultraprotegidos".

"Pagar $ 100 millones llevaría a Chascomús a la quiebra"



Javier Gastón

El municipio de Chascomús deberá pagar $100 millones a dos vecinas por el sorteo en 1995 de un campo que nunca se pudo escriturar. Asi lo decidió la Corte Suprema de la Nación, al rechazar un recurso presentado por esa comuna, que ahora deberá afrontar una deuda que pone en riesgo su situación financiera. En es contexto, el intendente Javier Gastón aseguró que pagar esa suma llevaría al municipio "a la quiebra".

"La Corte definió que no tenemos razón pero apelamos a establecer con un juicio sumario el monto a pagar", sostuvo el funcionario en declaraciones a Radio 10.

Asimismo, dijo que lo que deben pagar representa más del 30% del presupuesto municipal. "Tenemos que negociar y encontrar una salida que no comprometa el funcionamiento de la Municipalidad", agregó.

En ese sentido, Gastón reconoció que el Estado municipal obró mal en su momento al tiempo que agregó: "Somos responsables por los servicios que le damos a la población".

El PJ bonaerense liderado por Espinoza, convoca a marchar por Cristina a Comodoro Py

El partido que lidera Fernando Espinoza apuntó que el gobierno de Macri se ha buscado aislar y estigmatizar a la ex Presidenta.



El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires convocó a marchar por Cristina Kirchner cuando declare el miércoles en Comodoro Py ante el juez federal Claudio Bonadío por la causa denominada "dólar futuro".


A través de un comunicado, el partido que preside Fernando Espinoza señaló: "En estos 100 días del gobierno de Macri se ha buscado aislar y estigmatizar a la ex Presidenta, al peronismo y a las fuerzas que integran al FpV".


El objetivo de la convocatoria es "para reafirmar nuestro compromiso con estos últimos doce años de profundas transformaciones económicas y sociales a favor de las grandes mayorías populares de los 40 millones de argentinos; en defensa de la normalidad institucional y la Democracia; y en reivindicación de nuestras banderas históricas por una Patria Justa, Libre y Soberana, como nos legaron Perón y Evita".


Además, apuntó contra el Poder Judicial: "La política ha sido desplazada y disuelta por sectores del poder judicial que atenta contra los principios republicanos de la división de poderes". Asimismo, señala que "con la promoción de causas judiciales se busca distraer la atención de la opinión pública ante uno de los más grandes ajustes económicos y sociales que se recuerde desde la vuelta de la democracia".


Por último, advierte que "se pretende tomar por tontos a los ciudadanos cuando se ve que el actual presidente Mauricio Macri figura en operaciones de fuga de capitales y lavado de dinero a través de cuentas en el exterior, y explica de la legalidad de la constitución de estas sociedades cuando es evidente la acción de evasión y/o elusión fiscal".

Una comisión parlamentaria aprobó el juicio político contra Dilma Rousseff

Si la Cámara de Diputados convalida la decisión por dos tercios de los votos, la presidenta sería separada de su cargo por 180 días.



La crisis política del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil parece no tener fin. Una comisión parlamentaria recomendó abrir un juicio de destitución (impeachment) de la presidenta Dilma Rousseff, acusada de supuesta adulteración de las cuentas públicas.

La decisión fue aprobada por 38 votos a favor y 27 en contra. El debate de diez horas concluyó con gritos entre opositores y oficialistas.

Ahora la pelota está en terreno de la Cámara de Diputados: si ese cuerpo convalida la decisión de la comisión por una mayoría de dos tercios, y luego el Senado la ratifica, Rousseff sería separada de su cargo por un plazo máximo de 180 días, a la espera de que la cámara alta dé su fallo definitivo.

Si eso sucede, el vicepresidente Michel Temer, ahora enfrentado a Rousseff, la reemplazaría hasta el fin de su mandato, en 2018, según informó la agencia AFP.

El gobierno y el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) daban por sentada la derrota en esta comisión, dominada por la oposición. Ahora aputan a evitar que los partidarios del impeachment obtengan en la cámara baja los 342 votos necesarios (sobre un total de 513) para seguir el proceso.

Rousseff, de 68 años, así como su predecesor Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) y el PT denuncian el impeachment como una tentativa de "golpe de Estado".

Lula participaba en Rio de Janeiro en un acto de apoyo a Rousseff junto al cantante y compositor Chico Buarque y varias figuras del mundo cultural y artístico de Brasil.

Alconada Mon dijo que encontraron una offshore llamada Macri Group pero no sabe si es del presidente


La agencia estatal Télam difundió las declaraciones ante el juez Casanello del periodista de La Nación.


El periodista Hugo Alconada Mon reveló al declarar hoy ante el juez Sebastián Casanello sobre los Panamá Papers, que en la nómina de empresas offshore detectadas por esa investigación aparecen datos de otra sociedad "denominada Macri Group", que se suma a otras dos ya conocidas.


"Aparecieron datos sobre otra sociedad denominada Macri Group" contestó el periodista al declarar bajo juramento ante el titular del Juzgado Federal 7 por la revelación de que el Presidente figura como directivo de la sociedad "Fleg Trading LTD" asentada en Bahamas.

"También aporta documentos al juzgado", precisa el acta de la declaración del periodista de La Nación que participó de la investigación sobre las sociedades armadas en paraísos fiscales por el estudio jurídico panameño Mossak Fonseca.

Fuentes judiciales dijeron a la agencia estatal Télam que el periodista no pudo confirmar si la sociedad pertenecía en realidad al presidente, pero que lo declaró porque prefería que fuera la Justicia quien lo determine.

A través de un mensaje publicado en la red social Twitter, Alconada Mon dijo que "hasta donde sabemos Macri Group sería un falso positivo", en referencia a una posible firma homónima que no tendría relación con el ex jefe de Gobierno porteño.

El periodista negó en cambio que la empresa "Kagemusha", vinculada a la familia presidencial por otra investigación periodística, integrara la filtración de ese estudio ya que había sido constituida por otra consultora panañema.

El fiscal Federico Delgado, que impulsó la investigación sobre la firma off shore vinculada a Macri, pidió hoy al periodista Tomás Lukin, del diario Página/12, la información sobre la segunda empresa adjudicada al presidente.

Alconada Mon, del diario La Nación, brindó detalles de la investigación que realizó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre las empresas y cuentas armadas en países con reguardo de confidencialidad, generalmente para eludir impuestos en sus países de origen.

Allí, aseguró que la primera mención del apellido Macri detectado en las gigantesca base de datos filtrada, se produjo el martes 8 de diciembre de 2015 y la realizó su colega Iván Ruiz, del equipo de investigación del mismo diario.

A partir de ese momento, "comenzaron a rastrear el apellido Macri" como así también de sociedades en que aparecía vinculado a los empleados y ejecutivos de Mossak Fonseca que manejaban su legajo.

La investigación comenzó a revelarse el 3 de abril, momento en el que se habían recopilado "diez documentos de distinta extensión" referidos al presidente, que el periodista entregó hoy al juzgado.

Alconada Mon precisó que un mes antes de la publicación un periodista español que integra el consorcio consultó en la Presidencia, comunicándose con el vocero presidencial Iván Pavlovsky, quien prometió responderle pero le entregó "unos pocos e insuficientes datos", lo que hizo ampliar la consulta al secretario de Prensa, Jorge Greco.

Alconada Mon se comprometió ante el juzgado a facilitar el soporte digital de la investigación periodística para que se copie las referencias al presidente.

"Sólo aparece información y acotada sobre los dueños de esa sociedad de la que sólo surgen quienes son sus directivos", añadió.

No obstante admitió que información complementaria podría obtenerse en "el registro de comercio de Panamá, el Banco Central de Panamá, autoridades tributarias de Panamá, al igual que de Bahamas".

En relación a "Fleg Trading LTD" recordó que "se activó, se paralizó durante cuatro o cinco años, se revitalizó durante el 2004 y se habría cerrado en 2009".

Alconada Mon negó haber consultado registros en Brasil, donde según Macri su padre, el empresario Franco Macri, pensaba realizar una inversión que motivó la constitución de la empresa offshore.

Sanz prendió el ventilador y disparó contra Carrió: "Le cuesta mucho trabajar en equipo"

Bergman choca con Aranguren y especulan que ya tiene un pie afuera

El respaldo de Nicky Caputo ya no alcanza al rabino para evitar las críticas. Cali Villalonga en el banco.



La gestión del rabino Sergio Bergman como ministro de Medio Ambiente pasa por su peor momento. Es que a las protestas de ATE por los despidos en su cartera se sumó
una serie de enfrentamientos internos que el funcionario, lejos de resolver, acrecentó.

El rabino decidió rodearse de algunos incondicionales en puestos claves para contrarrestar la rebelión que atraviesa en buena parte de la estructura administrativa de su cartera.

Sucede que a muchos funcionarios que conocen a fondo las complejidades técnicas y políticas del medio ambiente les resulta indefendible el alto grado de desconocimiento que muestra el rabino en cada intervención pública e, incluso, en reuniones privadas.

Así fue como, en una de las últimas reuniones de Gabinete, Bergman tuvo un cruce con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, cuando se animó a plantear una idea impracticable: Que todo el transporte público del país sea eléctrico.

“De dónde crees que va a salir la energía que necesitas para tu proyecto”, lo cruzó, enseguida y visiblemente enfadado, Aranguren. Ante esto, el rabino, descolocado, contestó: “Tengo que mostrar una gestión sustentable”. El tema quedó ahí.

La cuestión es que los frentes que abrió el rabino en sus primeros meses de gestión son bien variados: en la Casa Rosada cuentan que Bergman ya no tiene el apoyo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, ni del secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y que en este momento su único respaldo sería el de su amigo Nicolás “Nicky” Caputo.

Una gestión sin rumbo

Sucede que a más de 100 días de asumir, el rabino aún no puede mostrar ni un éxito concreto de su gestión, mientras permanece ajeno a los temas que más preocupan a la opinión pública en medio ambiente, como la contaminación de la mega minería, la polución del Riachuelo o el cuidado del impacto de los agroquímicos.

En su momento la falta de muñeca política de Bergman en ACUMAR le costó al Gobierno dos renuncias en el consejo directivo del organismo encargado de llevar a cabo las obras de saneamiento del Riachuelo.

Respecto a la Ley de Bosques, el rabino tampoco tuvo definiciones concretas acerca de si el macrismo va a enviar los fondos que corresponden a las provincias o bien se seguirá incumpliendo la norma de manera sistemática como de 2010 a la fecha.

Y, quizás el tema más delicado, es la política del Gobierno para la actividad minera. En este sentido, en Medio Ambiente están preocupados porque el rabino se muestra inmóvil ante cada presión que recibe de las empresas mineras y los ambientalistas.

Los funcionarios del Ministerio también están molestos con Bergman por algunas decisiones que tomó como la repartija de los autos oficiales únicamente para sus asesores de confianza. “A los que no estamos en su círculo, no nos saluda”, dicen.

En la misma línea, el malestar es aún más grande porque los cargos políticos de Medio Ambiente -la mayoría de los cuales provienen del gobierno de la Ciudad- no cobran su sueldo desde diciembre por cuestiones administrativas todavía no resueltas.

Por otro lado, las fuentes consultadas cuentan que Bergman se muestra muy preocupado por el ascenso político del diputado Cali Villalonga, un especialista en medio ambiente que trabajó durante 16 años en Greenpeace y está vinculado a la ecología desde 1983.

Elecciones en perú



Ipsos a boca de urna: Keiko en segunda vuelta y PPK con Verónika Mendoza en empate técnico


PUEDES VER: Elecciones 2016: todos los resultados a boca de urna

Después de la ofensiva judicial, Lula lidera los sondeos presidenciales en Brasil



De cara a las elecciones previstas para 2018, Datafolha registró que Lula es el favorito en las encuestas. El ex presidente supera por 3 y 4 puntos a sus rivales. Además, los sondeos señalan que se diluye el juicio político a Dilma Rousseff.



Los datos aparecieron en el diario Folha de S.Paulo y generaron un impacto en el escenario social de Brasil, tan convulsionado en los últimos tiempos. Según se informó, Luiz Inácio Lula da Silva está al frente en la encuesta sobre potenciales candidatos a la presidencia.




El ex mandatario supera dirigente ambientalista Marina Silva, y Aécio Neves, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, la mayor fuerza opositora y defensora del golpe institucional contra Dilma Rousseff, cayó al tercer lugar.



Lula cuenta con un respaldo inicial del 21 por ciento de intenciones de voto, dos más que la Silva y 4 por encima de Neves.



En tanto, el apoyo al juicio político de la presidenta Dilma Rousseff, trámite que puede votarse en la Cámara de Diputados el próximo domingo 17, se redujo del 67% al 61%.



Luiz Lula da Silva, en medio de la ofensiva judicial, pasó a ser el favorito para las elecciones de 2018, de acuerdo a una encuesta de Datafolha divulgada hoy.

Renunció el primer ministro de Ucrania por los #panamápapers

Primer ministro

El primer ministro de Ucrania, Arseni Yatsenyuk, ha renunciado este domingo a su cargo, según lo anunció durante un discurso televisado semanal.

"He decidido dejar el puesto de primer ministro de Ucrania. El martes, 12 de abril, mi decisión será presentada a la Rada Suprema", aseguró el primer ministro ucraniano.


El presidente de Ucrania Petro Poroshenko se vio afectado el lunes por un escándalo de documentos que revelaron sus inversiones extraterritoriales. Algunos de sus adversarios reclamaron que sea removido del cargo. Poroshenko, un magnate de las golosinas que ganó las elecciones en 2014, insistió el lunes en que no hizo nada malo y que no ha manejado sus bienes desde que fue elegido.

Oleh Lyashko, líder del Partido Radical, dijo el lunes que los datos revelados por un consorcio internacional de prensa han implicado a Poroshenko en supuesto abuso del cargo y evasión impositiva.

Poroshenko prometió a los votantes que vendería su negocio de golosinas, Roshen, cuando se postuló a la presidencia, pero documentos filtrados de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca indicaron que, en cambio, instaló un consorcio extraterritorial para trasladar sus negocios a las Islas Vírgenes Británicas, posiblemente ahorrándole millones de dólares en impuestos en Ucrania.
La investigación difundida  por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) revela que el grupo empresarial Roshen, propiedad de Poroshenko, abrió en 2014 tres sociedades opacas en las Islas Vírgenes Británicas, en Chipre y en Holanda.

El líder ucraniano recordó hoy en su Facebook que tras asumir la presidencia, dejó la dirección de la empresa "en manos de compañías jurídicas y consultorías".

"Espero que me ofrezcan exhaustivas explicaciones para la prensa ucraniana e internacional", recalcó.

El Comité Anticorrupción de Ucrania señaló que según las leyes ucranianas, el presidente del país está fuera de su jurisdicción, lo que le impide iniciar una investigación de las filtraciones del ICIJ, conocidas como "los papeles de Panamá".

Tras fundar en 2014 una empresa opaca en las Islas Vírgenes Británicas "con el objetivo de preparar la venta del grupo Roshen" a inversores extranjeros, Poroshenko obvió indicarlo en su declaración de bienes.

El portavoz del presidente ucraniano, Makar Paseniuk, argumentó que la creación de la empresa Prime Asset Parthners Limites en las Islas Vírgenes Británicas no se incluyó en la declaración porque las acciones de la compañía no tenían valor nominal.

Sin embargo, los documentos del bufete panameño Mossack Fonseca en los que se basa la investigación periodística demuestran que las 1.000 acciones de la empresa estaban valoradas en 1.000 dólares, por lo que debieron ser incluidos en la declaración de Poroshenko.

A lo largo de 2014, Prime Asset Parthners Limites creó otra sociedad en Chipre, que a su vez fundó una tercera en Holanda la compañía Roshen Europe BV.

Los asesores jurídicos de Poroshenko han asegurado a los periodistas que la fundación de las tres sociedades "se corresponde con la práctica de mercado habitual en Ucrania para las empresas que deben ser vendidas a inversores estratégicos".

Otros documentos de "los papeles de Panamá" desvelan movimientos de empresas "offshore" vinculadas a la familia del presidente chino, Xi Jinping; al entorno del presidente ruso, Vladímir Putin, o al difunto padre del primer ministro británico, David Cameron, entre otros.

La investigación de los documentos se prolongó durante un año, liderada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el ICIJ, y con la colaboración de periodistas de más de un centenar de medios de comunicación de todo el mundo.

Con la hija de Fujimori como favorita, comenzaron elecciones en Perú





23 millones de peruanos acuden a las urnas para decidir quién será su próximo presidente. Si bien Keiko Fujimori es la favorita en las encuestas, resta saber si habrá segunda vuelta. Llegado el caso, sus posibles rivales serán o bien la candidata del izquierdista Frente Amplio, Verónika Mendoza, o el ex ministro y economista neoliberal Pedro Pablo Kuzcynski.

Algunos sondeos consideran que el recelo que despierta en muchos peruanos el autoritarismo y los delitos del padre de la candidata conservadora, Alberto Fujimori, muestran que no le ayudaría lograr la mayoría absoluta necesaria para evitar la segunda vuelta el 5 de junio.

La carrera más peleada este domingo es la del segundo puesto. En un virtual empate Kuczynski lucha con la izquierdista Verónika Mendoza, que plantea medidas radicales como cambiar la política económica de libre mercado.

En su cierre de campaña, Fujimori dijo que sabe "muy bien qué capítulos" tiene "que dejar de lado" y reiteró que trabajará "para fortalecer" la democracia y respetará la independencia de poderes.

También incidió en la inseguridad, una de las principales preocupaciones de los peruanos junto con la corrupción, y aseguró que "tiene los pantalones bien puestos para acabar con la delincuencia" y que construirá prisiones a más de 4.000 metros de altura para los que cometan delitos mayores.

La última sorpresa de una campaña enrarecida e inédita, en la que el ente electoral ha excluido a varios candidatos presidenciales, ha sido la subida en las encuestas en las últimas semanas de Verónika Mendoza, del izquierdista Frente Amplio, que ha alcanzado a Kuczynski, del centroderechista Peruanos Por el Kambio.

Una de las razones de esta subida de Mendoza es la búsqueda de los electores de un rostro nuevo y otra forma de hacer política por el desprestigio de los partidos políticos en Perú desde 1990, cuando el desconocido Alberto Fujimori venció de forma sorpresiva al premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

"Avruj fue la mano derecha de Rubén Beraja"

Leemos en la APU

El periodista Daniel Schnitman analizó los avances en dos causas: el caso Nisman y la investigación de la bomba en la AMIA.



Por Enrique de la Calle

APU: ¿Qué opina del traspaso de la causa Nisman a la Justicia Federal?

Daniel Schnitman: Con el cambio de Gobierno lograron lo que querían, pasar la causa al fuero federal. Lo que no van a lograr es encontrar pruebas para demostrar que fue un asesinato como quieren algunos sectores. Lo que hay hasta ahora es que el fiscal corrupto Alberto Nisman pidió una pistola, eso está demostrado. Y después se sabe que Nisman estaba metido en operaciones oscuras que nada tienen que ver con un funcionario público. Eso es lo único que hay.

APU: ¿Cuáles son los argumentos para ese pase?

DS: No hay ninguna prueba. Ninguna otra persona entró al lugar donde fue encontrado Nisman. Esas son las pruebas aportadas por 15 peritos que estudiaron el tema. Después están las opiniones y los intereses.

APU: Está bueno lo que describe: hasta acá lo único que hay en la causa es el arma utilizada y la prueba de que nadie entró en el baño además de Nisman. Sin embargo, en los medios y en una parte de la sociedad está el convencimiento de que se trató de un asesinato.

DS: Es así. Pasó lo mismo con la causa AMIA. Son cosas que quedan así. Los que investigamos la causa AMIA durante 20 años estamos cansados de ver qué sucede con este tipo de causas. La Justicia Federal es un poder impresionante. Ya lograron desnivelar la última elección haciendole creer a la gente que el gobierno mató a Nisman.

APU: ¿Que la causa vaya a la Justicia Federal tiene por objetivo ser utilizada contra el gobierno anterior, contra Cristina?

DS: No me cabe ninguna duda. Es lo que pasó con AMIA. Quieren dejarlo en la nada, como va a pasar con ese juicio en ausencia a los iraníes. Porque no tienen nada. Con esto se quiere hacer lo mismo, mantener la causa sin investigar seriamente. Algo que quería decir tiene que ver Claudio Avruj, el secretario de Derechos Humanos. Fue el delfín del hombre que encubrió el atentado a la AMIA. Fue director ejecutivo de la DAIA durante la presidencia de Rubén Beraja. Fueron los que encubrieron la causa. Avruj estuvo como diez años con Beraja. ¿Ese era su mérito para ser Secretario de Derechos Humanos?

#panamápapers:"Los secretos más importantes aún no se revelaron", dijo Walker

La vicedirectora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la argentina Marina Walker, que lideró la investigación de los Panamá Papers, dijo que el ICIJ no entregará datos a ningún gobierno.


"Vamos a seguir publicando, hay mucho que no hemos descubierto. Es como una Caja de Pandora y, quizás, los secretos más importantes aún no se han revelado", dijo Walker en una entrevista telefónica.

La periodista mendocina, que vive en Washington, fue quien tuvo el primer contacto para trabajar en red con el diario alemán Süddeutsche Zeitung luego de que una fuente anónima filtrara a ese periódico 11,5 millones de documentos del estudio de abogados panameños Mossack Fonseca.

La filtración, que sacó a la luz 214.488 compañías offshore creadas por ese estudio en los últimos 38 años, llegó al diario alemán de manos de un "John Doe" (anónimo) que "lo hizo para exponer a esa criminalidad del mundo de los paraísos fiscales", contó Walker.

Correos electrónicos, cuentas bancarias, pasaportes y registro de clientes revelados tras un año de trabajo colaborativo de 376 periodistas de 77 países pusieron en jaque a 140 políticos, reyes y familiares, ganadores de premios Nobel y más de 500 bancos mencionados como poseedores de empresas opacas.

Entre los nombres más resonantes, el affaire salpicó a los presidentes Mauricio Macri; al ruso Vladimir Putin; al ucraniano Petro Poroshenko; al primer ministro británico, David Cameron, y a su ex par islandés, Sigmundur Gunnlaugsson, el primero en renunciar por el escándalo, esta semana.

También figuran los reyes de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, la hermana del rey emérito de España, familiares de nueve líderes chinos de Mao Tse-tung al actual líder Xi Jinping, herederos del dictador Francisco Franco, el escritor Mario Vargas Llosa y hasta el astro argentino del fútbol Lionel Messi.

Frente al potencial pedido del material filtrado, Walker fue rotunda: "No vamos entregar los datos a ningún gobierno, no es nuestra función, ni somos el brazo de ningún gobierno, la respuesta es 'no' para todos", aunque sí "incorporaremos más periodistas" para continuar la indagación en países "donde no pudimos trabajar".

"Vamos a resistir pedidos de la justicia, no vamos a ceder fácilmente, no creemos que sea la función de los periodistas; pero si ocurre se tomarán las decisiones en consulta con nuestros abogados. Cualquiera que lo pida tiene que venir a lidiar a la jurisdicción de Estados Unidos", dijo.

Sobre el rebote mundial, Walker contó que sabían que era una historia grande por los personajes involucrados, pero "la reacción tan rápida de parte de autoridades reguladoras de todo el mundo nos sorprendió".

"Esto -agregó- muestra que una de las fortalezas de la investigación es que no hay sector, ni color político que no esté involucrado en esta economía paralela, en este mundo secreto de paraísos fiscales".

En la investigación, que comenzó a ser publicada por distintos diarios del mundo el domingo pasado, los nombres de los implicados fueron puestos "en orden alfabético según el país", y el criterio utilizado para el destape fue el de "las figuras públicas y no la criminalidad", explicó.

En muchos casos, dijo, se pudo comprobar que "había evidencia de criminalidad, en otros no, pero sí de usos poco transparentes de negocios" y agregó "cualquiera que crea una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, Bahamas o las Caimán no está eligiendo el modo más transparente de operar".

"Hicimos la diferencia en cada caso, expusimos la situación y a todos se les pidió su descargo semanas antes, les hicimos quince preguntas por escrito con todos los detalles. La idea no era sorprender a nadie", relató desde Washington, entre entrevistas, pocas horas de sueño y almuerzos cortados.

El escándalo impacta en "víctimas absolutamente reales", y "cuando ves que traficantes de armas y drogas esconden su dinero en paraísos fiscales y en el sistema bancario internacional, el tendal que dejan esos criminales es bien conocido", indicó.

Durante los Panamá Papers, el ICIJ, con sede en Washington, también apuntó a empresas de energía y ligadas al mundo de los recursos extractivos que "producen enorme daño al medio ambiente y tienen gran participación en el mundo offshore", contó Walker.

Y sumó: "Hay datos de gente ligada al abuso sexual de menores usando estas compañías. Las víctimas son de todos los colores y formas; son miles, empezando por el ciudadano común que no puede acceder a estos privilegios, paga sus impuestos y no recibe buenos servicios públicos".

"Cuando se está robando a los fiscos, es plata que tendría que ir a las arcas públicas y no va. Hay un sector privilegiado que puede guardársela y esto afecta a la gran mayoría de las poblaciones empobrecidas que no se benefician en inversiones de transporte, hospitales, rutas y todo en lo que un gobierno debe invertir para su gente", detalló.

Defensas, negaciones, desvinculaciones, renuncias y hasta alegatos de desconocimiento salieron de boca de varios de los implicados en las tramas de los últimos días.

"Las personas pueden decir lo que quieran, pero queda en manos de los entes reguladores o de la opinión pública de cada país el nivel de tolerancia a las explicaciones que pueden ser certeras y legítimas", matizó Walker.

Asimismo, los entes y la gente "pueden decidir aceptarlas, y no pasa más, o como sucedió en Islandia, donde ni ciertos sectores del gobierno ni el pueblo estuvieron dispuestos a aceptar las explicaciones y el primer ministro ha tenido que dar un paso al costado", analizó.

La investigación también destacó a personas del círculo íntimo de Putin que crearon sociedades offshore para lavar hasta 2.000 millones de dólares con ayuda de empresas estatales rusas.

Rápidamente, Putin acusó a Estados Unidos de "producir" el Panamá Papers y desde Kremlin apuntaron a una "putinofobia" de Occidente.

"No está diciendo nada nuevo, es el mismo mote que ha aplicado a otras críticas. Nos reímos. Si el piensa que la CIA va a cooptar a cien medios de comunicación de todo el mundo, es un interesante guión de película", arremetió Walker, quien deslizó la intranquilidad que sufren los periodistas rusos y chinos que investigan las filtraciones.

La investigación fue realizada por periodistas de un arco amplio de medios prestigiosos: "Hay progresistas, conservadores, pequeños centros sin fines de lucro", subrayó.

El ICIJ, que ya reveló casos como la filtración del sistema informático del HSBC conocida como SwissLeaks, trabaja hace cuatro años temas de lavado y evasión fiscal y "nunca" vieron respuesta de organismos oficiales.

Pero tras revelar el Panamá Papers, hasta "Barack Obama salió a decir que van a impulsar una legislación para que se sepa quiénes son los beneficiarios últimos de personas que tienen cuentas bancarias", contó.

Incluso, entre las reacciones más fuertes, en Suiza los fiscales "se están moviendo y mandaron cartas a veinte bancos para que revelen si estaban metidos en Panamá Papers para seguir el saneamiento de la banca suiza a que le queda mucho por delante", recordó.

La investigación, finalmente, es lo "suficientemente fuerte, global y detallada como para que no veamos reformas. No creo que reformen todo y dejen de existir los paraísos fiscales, tampoco hay que ser inocentes".

Incluso a las iniciativas "esperanzadoras", les cabe otro lado 'B': la de "una milicia de contadores y abogados que ganan muy buenos sueldos y cuya función en la vida es diseñar atajos fiscales y secretismos para el 1% de la población global. Esa gente hoy está ocupada tratando de ver cómo cierran los agujeros", señaló.

Comedores escolares: confirma Vidal que mantiene igual valor per cápita que 2015 con inflación interanual del 40%

Vidal salió a desmentir "recortes" en las partidas, pero confirmó que mantiene el valor $6.5 por alumnos que heredó de la gestión Scioli, y que se abona desde el año pasado. La inflación interanual marzo 2015- marzo 2016 se ubica en 35%, y superaría el 40% en abril. En ese marco, el "recorte" que denunciaron los proveedores, sería inflacionario aunque no nominal como salió a aclarar la Provincia.








La Provincia salió a desmentir hoy que haya habido “recortes” en las partidas para comedores escolares, aunque admitió que mantiene idénticos valores de la ecuación ‘costo por alumno’, que giraba la administración Scioli, una cifra que ya había sido fuertemente cuestionada el año anterior.

La polémica se generó durante la semana que termina, como consecuencia de denuncias públicas por parte algunos proveedores, y representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado de algunos distritos. En la tarde de hoy, desde Gobernación, salieron a “desmentir” recortes en el área, aunque admitieron que actualmente se destinan $6,5 por alumnos, una cifra que generó polémicas el año anterior, durante la administración Scioli.

La “desmentida”, sin embargo, confirma la denuncia: por efecto de la inflación, la partida destinada para los comedores escolares de la Provincia, sufrió un fuerte recorte que en abril podría superar el 40%.

En efecto, la inflación interanual marzo 2015- marzo 2016, se ubica en torno del 35%. La suba del costo, incluso, superaría el 40% al final del mes de abril, cuando, según las proyecciones, se registre la mayor alza en lo que va de la gestión macrista. Así, entonces, mantener los mismos valores per cápita que giraba la gestión anterior, tal como confirmó al sitio LPO, supone un recorte promedio del 40% por efecto de la inflación, aun cuando no haya habido un ajuste nominal en esa partida, como aclararon desde la Gobernación.

En la desmentida, incluso, desde la Provincia admitieron un retraso calculado en esos valores, al anticipar que “en los próximos días”, se anunciaría una suba en el valor per cápita, de los $6.5 actuales –que permanecen desde la gestión anterior-, hasta “$12 pesos”.

Ñoquis Pro: Macri incrementó en forma inédita la planta política del estado




Diversos estudios demuestran que en paralelo al despido de miles de estatales, la administración macrista hizo infinidad de nombramientos políticos. Los números más conservadores indican que esos cargos crecieron un 23 por ciento.

Por Alejandra Dandan


Los despedidos en el Estado nacional superan los 10 mil, un número que se duplica en gobernaciones y municipios de todo el país y que aún no está cerrado si se tiene en cuenta que el gobierno de Mauricio Macri tiene todos los contratos bajo revisión. La narrativa del achique de un Estado desbordado por “la fiesta” de designaciones de “la grasa militante” del kirchnerismo oculta en realidad un crecimiento sin precedentes desde el retorno de la democracia, de funcionarios políticos con rangos de ministros, secretarios y subsecretarios creados en estos primeros 100 días por la administración macrista. De acuerdo al análisis de los datos publicados en el Boletín Oficial, la consultora Prospectiva señala que las secretarías de Estado pasaron de 71 el 10 de diciembre de 2015 a 88 al 31 de marzo. Y las subsecretarías, de 165 a 205 en el mismo período. Las cuentas más conservadoras señalan que ese crecimiento de 23 por ciento en designaciones políticas permiten proyectar la generación de, por lo menos, 80 nuevas direcciones nacionales y 240 nuevos cargos de directores simples y coordinadores: también están asociados a cuadros cercanos al espacio de gobierno. El crecimiento de esas áreas del Estado no sólo supera los números del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, vilipendiado por el PRO. Plantea también un inédito desplazamiento de dinero a un sector con los salarios más altos en el escalafón del Estado. Mientras despiden a empleados de bajos rangos, el salario en bruto de un secretario es de 105 mil pesos y de un subsecretario, de 95 mil. Pero los números del nuevo funcionariado PRO no terminan ahí. Expertos en gestión pública están verdaderamente espantados por la polución de cargos sin ton ni son denominados “extra-escalafonarios”, que son puestos sin estructura orgánica en el Estado, destinados históricamente a asesores políticos: sólo durante los primeros tres meses de gestión, el macrismo designó más asesores que los que tuvo CFK durante el 2015. Al 10 de diciembre, los extra-escalafonarios eran 303; al 30 de marzo, 389. Eso marca un crecimiento real de 86 cargos, pero no sólo eso: como obviamente los asesores de CFK dejaron sus puestos con el cambio de gobierno, la cifra también está diciendo que no sólo usó todos esos cargos para nombrar asesores sino que además generó más espacios.

Andrés Gilio es politólogo, ex subsecretario de Gestión Pública y Empleo, dirige IFED (Iniciativa para el fortalecimiento del Estado y democracia) e integra la consultora Prospectiva. En diálogo con este diario, señala que de acuerdo a los datos de los primeros tres meses de gobierno, la señal que emite el organigrama de la nueva “estructura” del gobierno de Macri es un altísimo crecimiento de “funcionarios políticos”. “A contramano de las políticas de racionalización de la planta de empleados –dice–, el Ejecutivo nacional ha hecho crecer la planta política en un 23 por ciento, si se lo compara con el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner. Llegando a tener 309 funcionarios políticos entre ministros, secretarios y subsecretarios –sin tomar en cuenta, las áreas de directores hacia abajo–, esto representa una de las estructuras ‘políticas’ más grandes desde la restitución de la democracia.” En estos números, remarca, “hay mucho de contradictorio: por un lado el Gobierno dice: ‘queremos sacar la grasa militante’ pero aumenta los cargos políticos. Quiere cuidar supuestamente el presupuesto pero después mete militantes de cuadros políticos militantes en esos puestos”.

Datos semejantes maneja Claudio Lozano, coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP). “Desde que asumió Macri tenemos 4 ministerios más, 15 secretarías adicionales a las existentes y unas 35 subsecretarías más”, sostiene. “En paralelo se está produciendo un importante incremento de la burocracia política asociada al conjunto de CEO que ocupan hoy el Estado argentino, el 52 por ciento del gabinete está integrado por funcionarios de las principales empresas del país, con predominio de los bancos y las empresas transnacionales. Pese a que el objetivo declarado es la profesionalización y despolitización del plantel de trabajadores estatales, lo que parece ocurrir es una mayor politización de la estructura estatal afín al gobierno de Cambiemos que ha sido resultado de la vil práctica política que él mismo denuncia.”
Desaguisados

El cuadro de nombramientos en el Estado tiene otras irregularidades más conocidas. Como ciertas designaciones incompatibles con la función pública determinadas por la Ley de Etica Pública. Allí están encuadrados el caso del nombramientos de parientes, como el de Carla Piccolomini, la esposa del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, en el directorio de Radio y Televisión Argentina (RTA). La prima de la vicepresidenta Gabriela Michetti, María Alejandra Illia, quien ascendió dos categorías consecutivas en el Senado. También están los más conocidos de los CEO que ahora manejan los ministerios ligados a Economía y Producción. Algunos ejemplos son David José Tezanos, ex presidente de Metrogas como interventor de Enargas, o Juan Garade, ex director de Planificación de Edesur y ex gerente de Edenor como vocal Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). El capítulo de V artículos 13 y 14 de la Ley de Etica Pública señala que quienes hayan “tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones regulatorias de esas empresas o servicios”.

Pero sobre ese mapa hasta ahora más conocido, el crecimiento de los cargos políticos dentro del Estado está dando cuenta además de una explosión de “ravioles” en el organigrama de un Estado que supuestamente iba a ser achicado.

Hay un parámetro que los expertos en gestión pública miran para medir esos números: la llamada Ley de Ministerios regulada por el decreto de 355 de 2002 sobre el funcionamiento de la Administración Pública Nacional. Toman ese decreto como el punto cero del Estado: una foto de un Estado surgido de la crisis de 2001, con estructuras racionalizadas y reducidas en todos sus niveles pero aún así con espacios importantes destinados a la contención social. Con el correr de los años, la estructura completa creció. Llegó a uno de los puntos más elevados durante la segunda administración de Cristina Fernández. Pero al revés de lo que pregona el PRO, con la narrativa de la austeridad y la transparencia, los números reales pegaron un salto de 23 por ciento en los niveles más altos.

Cualquier análisis deductivo permite proyectar el impacto que pueden tener –y tendrán– las nuevas designaciones en la generación de otros puestos de jerarquía.

La composición del Estado Nacional tiene forma de pirámide. A la cabeza está Presidencia de la Nación y debajo se encuentran ministerios y organismos descentralizados. En cada ámbito, los organigramas repiten el esquema de la pirámide: los ministerios tienen un órgano Ejecutivo, bajo el cual se encuentran secretarias y subsecretarías. A grandes rasgos puede decirse que de cada una de las áreas se desprenden de direcciones nacionales, direcciones simples y coordinaciones. Y de ellas, a la vez, las estructuras de trabajadores. Aunque se supone, por la Ley de Ministerios, que los cargos políticos llegan sólo hasta el rango de subsecretarios, en los hechos también suelen alcanzar a las direcciones y coordinaciones dado que tienen responsabilidades de gestión. Lo mismo sucede con los extra-escalafonarios o asesores.

Es por eso, que para la proyección sirven algunas cuentas basadas en tendencias históricas. Según Gilio, históricamente existe una tendencia que dice que el aumento de los cargos políticos va acompañado por el crecimiento de los puestos inferiores. Los cargos de la superestructura generan aperturas de direcciones y coordinaciones. Aunque en este caso, esos números todavía no se conocen, la proyección señala que un crecimiento de 23 por ciento en los niveles superiores puede deparar un aumento de 40 por ciento en los cuadros medios. El dato no es menor. No sólo porque, como se dijo también, son técnicos o operadores políticos afines al espacio, sino por el perfil de incorporaciones que marcan los niveles de salarios: así como el salario bruto de un subsecretario es 95 mil pesos, el básico de un director general sin antigüedad es de 62 mil.

“Hasta ahora –dice ahora otro ex funcionario– se crearon 40 nuevas subsecretarías. Cada subsecretaría tiene por lo menos 2 direcciones nacionales, aunque por lo menos suelen ser 3. Cada dirección nacional, tiene a cargo por lo menos otros 3 cargos de jerarquía: 2 direcciones simples y/o 1 coordinación. Esto es lo básico de lo básico. Y podés contarlo así: 40 x 2 = 80; 80 x 3 = 240. Así podemos decir que de los 40 nuevos ‘ravioles’ del Estado destinados a las subsecretarías, se van a desprender en el corto plazo 80 nuevos ‘ravioles’ para direcciones nacionales y otros 240 para direcciones simples y coordinaciones.”
Los símbolos

Otro dato, es el significado simbólico. En momentos de crisis extremas en Argentina, como el post Tequila y o la crisis de 2001, el Estado se achicó. Lo hizo Carlos Menem y lo hizo, por ejemplo, Eduardo Duhalde. Pero lo que dice Gilio es que cuando salieron a hacer ajustes, también cortaron sobre los niveles más altos como gesto político. “Esos cambios también fueron un mensaje que la clase política tuvo que dar. Hubo recorte del gasto público en diferentes áreas. Era claro que eso no resolvía el tema fiscal, pero la clase política tuvo que hacer un gesto ante la sociedad e indicar que como colectivo también realizaba un ahorro. Entonces, lo que es contradictorio ahora es que por un lado, aparece un discurso casi noventista del tipo la ‘grasa militante’, pero por otro la única forma con la que utiliza una de las principales herramientas que es la de generar cargos públicos, está destinada a los funcionarios de los sectores aliados”.

El otro ex funcionario agrega: “Cuando asumió el gobierno de Macri con el discurso del ajuste en el Estado, uno pensaba que iban a empezar a desarmar el árbol completo, pero no: están haciendo todo lo contrario, sacaron abajo para hacer crecer por arriba”.

Una de las razones de este crecimiento es la creación y jerarquización de cuatro áreas que hasta diciembre tenían rangos de secretarias: Ambiente, Comunicaciones, Modernización y Energía. El análisis más detallado de ministerio por ministerio, muestra también generación de nuevas áreas que hablan además de cambios de prioridades de las agendas públicas. Una de las áreas con mayor crecimiento es Seguridad: las secretarías pasaron de 3 a 6 entre diciembre y abril y las subsecretarias de 11 a 17. Hay que pensar durante ese crecimiento se disolvieron áreas como la Dirección Nacional de Derechos Humanos de ese ministerio, esencial para investigar las causas de lesa humanidad. Otros datos indican que bajaron los números de la Jefatura de Gabinete, pero que áreas que dependían hasta ahora de Jefatura de Gabinete como Modernización y Comunicaciones crecieron exponencialmente al transformarse en ministerios. También creció Producción con la inclusión de la Secretaría de Comercio que llegó a 5 secretarías y 14 subsecretarías.

“Los presidentes argentinos tienen históricamente dos herramientas institucionales para perfilar sus equipos de gobierno”, dice Gilio. “La primera es la Ley de Ministerios y el diseño del organigrama político por el cual determinar las responsabilidades de cada cartera y objetivos. Y la segunda, es la potestad exclusiva para nombrar secretarías, subsecretarios y demás funcionarios políticos. En este primer trimestre a partir del Decreto 13/2016 DNU que modificó la Ley de Ministerios y de una docena de decretos, el Gobierno terminó de perfilar y diseñar el gabinete de la primera etapa. El organigrama que resultó muestra dos cuestiones –dice–: por un lado, qué prioridades tiene una gestión, las problemáticas sociales a las que apunta y qué lugar tendrán los temas en la agenda de políticas públicas. Y la planta de funcionarios políticos reflejan el tipo y amplitud de las coaliciones políticas y sectoriales sobre las que se apoyará”.

Una de las grandes novedades de este gabinete, lo dice Lozano también, es que las áreas de Economía y Energía están atendidas por dueños: en Energía, la mayor parte pasaron de las empresas energéticas. En el Ministerio de Hacienda y Finanzas están representados los hombres del sector financiero. En Agricultura, lo mismo: están las corporaciones o patronales del campo. El espacio de la “política” quedó reducido a un pequeño circulo. El gabinete “loteado” y la construcción de áreas con intereses enfrentados son otra de las características de este tiempo.
Extra-escalafonarios

Los cargos extra-escalafonarios son cargos que cuelgan de los organigramas de los distintos ministerios, de Presidencia, de Jefatura de Gabinete y de organismos descentralizados. Son cargos creados y usualmente asignados a asesores. Aunque por sus características no tienen rangos, son designados con rangos equiparables a los altos grados del escalafón del Estado: directores, subsecretarios y secretarios. Lo mismo ocurre con los sueldos: son iguales a los de ellos y oscilan entre 60 y 100 mil pesos en bruto.

Por la cantidad de nombramientos ad-hoc realizados en estos primeros meses, los expertos en organigramas del Estado hablan de índices inéditos: al 10 de diciembre de 2015, los extra-escalafonarios eran 303; al 30 de marzo de 2016, 389. El crecimiento neto es de 86 cargos, lo que representa un 28 por ciento de aumento. En este caso también los extra-escalafonarios se fueron junto CFK dejaron sus puestos con el cambio de gobierno y por lo tanto, los indican que Macri gobierno ocupó los cargos de su antecesora y más.

Entre los datos que surgen de las designaciones, hay otro escándalo. En la época de CFK, sólo alrededor de un 30 por ciento de los asesores tenían “unidades redistributivas”; es decir, dinero asignado. En este momento, ese número ronda el 80 por ciento. “Los extra-escalafonarios son puestos de trabajo –dice Gilio–. Lo que pasó en los últimos años es que se crearon cargos para duplicar la estructura de secretarías, subsecretarías y sobre todo para poner un tapón o control sobre los directores nacionales o directores simples. Cuando digo que son puestos de trabajo, lo que quiero decir es que estaban pensados en principio para funcionar como una suerte de asesores de ministros, secretarios y subsecretarios. No pueden teóricamente tener personal a cargo y las competencias no pueden ir más allá de sus asesorías o coordinaciones de áreas, lo que está sucediendo en este momento es que se están creando muchos con responsabilidad administrativas y de gestión.”

Eso son las “unidades retributivas”, con dinero para contratar personal de rápida disposición. Un mapeo de las designaciones está diciendo que la mayor parte de estos puestos, un 25 por ciento, se designaron en el área de Presidencia. Luego hay un reparto equitativo en el resto de las áreas. Y según el politólogo, esta distribución con el acento en Presidencia es lógico porque esa es la jurisdicción más política.

Caló: "este primero de mayo no habrá nada para festejar"

 
El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica pide que se sancione una ley para prohibir los despidos como mínimo por un año. “Cuando se enfría la economía se pierden puestos de trabajo y se achican los gremios”, describe.


Está cumpliendo su tercer período como secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica y lleva tres años y medio al frente de una de las tres centrales que reivindican la sigla CGT, la Confederación General del Trabajo. Primer metalúrgico en ocupar ese cargo desde José Rucci, Antonio Caló (Villa Lugano, 1947) discute estos días la implementación de la unidad cegetista junto con los otros jefes de las CGT restantes, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, y acuerda medidas de acción común junto con las dos variantes de la Central de Trabajadores Argentinos, la de Hugo Yasky y la de Pablo Micheli. Mientras, se deja un tiempo libre para negociar la lista de unidad del Partido Justicialista que encabezarían José Luis Gioja y Daniel Scioli y él mismo acompañaría como otro vicepresidente. Pero su prioridad es, dice, afrontar las cesantías y buscar el modo de evitarlas por ley.

–¿Cuántos despidos constató la UOM en el sector de actividad de sus afiliados?

–El sector está compuesto por 22 mil empresas. Y ya registramos tres mil compañeros despedidos. Lo más duro ocurrió en Siderar, donde hubo despidos masivos. También en Comodoro Rivadavia, porque YPF dejó de comprarle a proveedores metalmecánicos. Y en Campana, donde los despidos afectaron a compañeros de empresas tercerizadas que le dan suministros a Siderca. Al mismo tiempo hay un goteo de despidos. Uno acá, dos allá, cinco en aquella otra empresa...

–¿Hace cuánto que la UOM no registraba tres mil despidos en tres meses?

–No sé, tal vez en el 2001. En los últimos 12 años no pasó.

–Aunque todos los trabajadores no están sindicalizados, le pido unas cifras como termómetro. ¿Cuántos afiliados son hoy en la UOM?

–Somos 250 mil.

–¿Cuántos eran en el 2001?

–Éramos 60 mil.

–¿Y cuando usted asumió, en el 2004?

–Fue después de Lorenzo Miguel. La cifra de afiliados llegaba a 90 mil.

–¿Cómo se elabora la cifra de despidos?

–La elaboran los cuerpos de delegados.

–¿De las empresas grandes?

–De todas. O de afiliados en empresas chiquitas, donde empiezan despidiendo menos porque los patrones saben lo que cuesta formar a un trabajador. Yo mismo pregunto, y todos los compañeros que son dirigentes preguntan permanentemente en todas las empresas para saber la situación exacta. Por ejemplo, una frase puede ser: “Todavía no me suspendieron, pero hace una semana que no hago nada”. Bueno, cuando escuchamos eso es como si se encendiera una luz amarilla. Porque después viene la suspensión y al final puede llegar el despido. Si primero el empresario no les da trabajo, ¿cuánto tiempo pasará hasta que les diga que no los puede mantener en el puesto y los eche? Hay que prestar mucha atención.

–¿El sindicalismo quiere una ley contra los despidos o una discusión en un consejo económico y social con sindicatos, empresarios y el Estado?

–Ya mismo una ley de emergencia ocupacional. ¿No hay emergencias para otras cosas? ¿Por qué no podemos declarar la emergencia cuando ya hay signos de desempleo o registramos muchos casos de desempleo abierto?

–¿Cuál sería el punto clave de la ley de emergencia ocupacional?

–Que se suspendan los despidos.

–¿Por cuánto tiempo?

–Mínimo por un año. Después veremos si la situación mejora o empeora y volveremos a discutir.

–¿Para usted las cosas están mejorando o empeorando?

–Empeorando. Los funcionarios dicen que va a mejorar, claro.

–¿Y usted no les cree?

–No es cuestión de creer. Es cómo son las cosas hoy. Están peor y siguen empeorando. Ojalá que los funcionarios terminen teniendo razón, pero al menos hoy yo lo dudo mucho.

–¿Lo dice partiendo de un razonamiento político?

–No. Parto de la realidad. De lo que vemos en el gremio. De lo que ven en los otros gremios. Para discutir la política hay tiempo. Hoy no estamos en período electoral. Concentrémonos en el trabajo de los compañeros.

–¿Usted descarta un acuerdo económico y social?

–No, para nada. Pero vendrá después. No perdamos de vista las prioridades: ahora es el momento de la ley ocupacional. Y es el momento porque ya ola de despidos. La ola es un problema.

–¿Por qué lo dice?

–Por una cuestión de cantidad y también por los abusos. Hay empresarios que por ahí tienen resto y ya quieren despedir. Cuando hay una ola como la de los últimos tiempos aparecen los empresarios que se abusan. ¿Sabe qué me dicen? “Y bueno, si el Gobierno también despide...”

–¿Qué les contesta?

–Que no quiero que nadie despida a nadie. Y menos con excusas. Pero esto demuestra qué equivocados están los que minimizan la importancia de los despidos en el Estado. Terminan siendo una señal para los empresarios privados. Una mala señal. Por eso nosotros tenemos que ser solidarios. Yo personalmente acompañé las protestas y las carpas de muchos compañeros, aunque no fueran trabajadores industriales como los de la UOM. Acompañé las protestas de bancarios, de aeronáuticos... De muchísimos. La semana pasada, cuando los dirigentes de las centrales sindicales fuimos a la Cámara de Diputados les dije que no hay cosa más triste que una persona que llega a su casa y anuncia: “Hoy me quedé sin trabajo”. Todo cambia. Los pibes empiezan a pensar si podrán seguir yendo a la escuela o al colegio, si comerán como antes o si podrán comprarse un par de zapatillas. Ellos también empiezan a vivir la vida con incertidumbre. Se ponen inquietos.

–¿Por qué le dieron tanta importancia a las reuniones en las Cámaras de Diputados y de Senadores?

–Porque queremos discutir a fondo los temas y porque aspiramos a que haya un acuerdo y que la emergencia ocupacional salga por ley. Ni siquiera pedimos un decreto. Pedimos una ley con toda la fuerza de la democracia.

–En la conversación con los diputados había legisladores solo de las distintas variantes de la oposición. En el Senado también asistieron a la reunión con ustedes legisladores de Cambiemos. ¿Prometieron algo?

–No, solo escucharon. Los que prometieron fueron los otros. Igual yo valoro que hayan ido también de Cambiemos. Ahora espero que se pongan a la altura de las circunstancias.

–Caló, ¿los Panama Papers son un tema de discusión hoy para ustedes?

–Yo conozco la Argentina. Cuando hablan de esas cosas raras a veces ni me ocupo. No es para nosotros. Estamos para defender a los trabajadores. Para defender los salarios, la salud y el turismo. Sobre todo cuando peligran. Es difícil meterse en temas que son para entendidos. O para los empresarios que montan esas empresas.

–¿Las offshore? Aparecen tantas que el que no tiene una parece un seco, ¿no?

–Yo ni en La Salada tengo una empresa. Por eso le repito: discutamos y lleguemos a un acuerdo para que no despidan a nadie más. Es la prioridad de la Argentina hoy.

–A solo 100 días de gobierno las tres CGT y las dos CTA se pusieron de acuerdo en varios puntos. ¿Ese nivel de coincidencias es una novedad?

–(Se ríe). Bueno, la novedad es que haya cinco centrales. Ahora hablando en serio, como usted sabe ya convocamos al Comité Central Confederal y a la unidad en una sola CGT. Los trabajadores lo están pidiendo. La situación amerita que estemos juntos. El viernes 29 de abril nos vamos a juntar todos para conmemorar el Día del Trabajador del 1º de Mayo.

–La tradición peronista clásica no hablaba de conmemoración sino de festejo. Ya le escuché la palabra “conmemorar” a Hugo Moyano, a Juan Carlos Schmid y ahora a usted. ¿Por qué no habrá festejo?

–Porque hoy no hay nada que festejar. En las épocas buenas jugábamos al fútbol y comíamos el asadito. La situación que atravesamos ahora es para estar preocupados por el futuro. Bien preocupados después del aumento de los despidos y las suspensiones. Estamos igual en todos los gremios. El que no entienda que ése es el sentimiento de los trabajadores se quedará afuera. El colectivo de la preocupación ya arrancó.

–Usted dijo antes que no es momento de discutir la política electoral.

–No, no es momento.

–¿Tampoco hacia atrás? Los cinco principales dirigentes sindicales del país no votaron al mismo candidato. En algunos casos es una certeza y en otros una suposición, obviamente.

–El voto es secreto pero igual en este momento no me interesa debatir por quién voto cada uno. Es momento de buscar la unificación. No le está yendo bien a nadie en ninguna rama porque cuando se enfría la economía se pierden puestos de trabajo y se achican los gremios. Es una cadena inevitable de problemas. Si la economía se cae todavía más, sufrirán todos: los metalúrgicos, los camioneros, los gastronómicos, los docentes o los estatales. En estos casos nadie se salva. Nadie.

B’nai B’rith internacional desmiente a Claudio Avruj y le destruye su coartada


Una coartada que se derrumba

Kalushy SA fue creada en 1992 y todavía figura vigente. El secretario de Derechos Humanos es su presidente y su esposa la tesorera. Avruj había dicho que había sido la entidad humanitaria la que constituyó la empresa pero la organización lo negó terminantemente.

Por Werner Pertot


La organización B’nai B’rith internacional desmintió al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien aseguró que la sociedad anónima Kalushy, radicada en Panamá, fue creada por esa organización para “cumplir con la normativa laboral” de Panamá cuando Avruj fue director del distrito 23 área Caribe de B’nai B’rith. Este diario publicó la existencia de esa empresa en un paraíso fiscal, que figura a nombre suyo y de su esposa, y luego la aclaración que hizo Avruj. Sin embargo, consultado por este diario, B’nai B’rith Internacional indicó que “B’nai B’rith no estableció, ni autorizó la constitución de ninguna empresa en Panamá”. Incluso advirtió que esto es contrario a los principios de esa organización “cuyas finanzas son enteramente transparentes”.

Este diario había revelado la existencia de esa sociedad anónima en un paraíso fiscal en la que figura Avruj como presidente. Según el Registro Público de Panamá, Kalushy SA fue creada el 27 de julio de 1992. Como tesorera, aparece Elisa Alfie, esposa de Avruj, y como secretario Ramie Attie. Según los registros públicos continúa “vigente”. Antes de esta publicación, Página/12 intentó comunicarse con Avruj, que no respondió a los llamados.

La empresa de Avruj se sumó a otras radicadas en Panamá y otros países que se conocieron en estos días. La lista, aún incompleta, incluye al intendente de Lanús, Néstor Grindetti; al de Vicente López, Jorge Macri; al titular de la AFI, Gustavo Arribas; y a los dos asesores y amigos del presidente, el empresario Nicolás Caputo y el presidente del Club Boca Juniors, Daniel “El Tano” Angelici.

Luego de que se conociera la existencia de la empresa, la Secretaría de Derechos Humanos nacional emitió un comunicado de prensa que tituló: “Claudio Avruj nunca tuvo sociedades offshore”. En él, detalló que “Avruj trabajó en Venezuela para la organización B’nai B’rith, reconocida a nivel mundial por su tarea en derechos humanos, institución que lo designó como su director internacional del distrito 23 área Caribe, en Panamá, entre los años 1992 y 1995”.

El comunicado indicó que “la organización constituyó a través de sus representantes la sociedad anónima Kalushy, a los efectos de cumplir con la normativa laboral local y permitirle a Avruj asentar su residencia en aquel país”. Es decir que, según afirmó el secretario de Derechos Humanos, fue la organización y no él la que creó la empresa. B’nai B’rith es una entidad humanitaria creada en 1843 que tienen como objetivo luchar contra el antisemitismo y las violaciones a los derechos humanos. Tiene sedes en más de cincuenta países, incluyendo a la Argentina.

“La firma creada oportunamente es una sociedad anónima local, de carácter perpetua, y de ninguna manera se compadece con los parámetros de una sociedad offshore, ni tuvo movimiento alguno desde su registro el 20 de julio de 1992”, aseguró en el comunicado, aunque no proveyó evidencia de estos dichos. “Es necesario aclarar que Claudio Avruj dejó de cumplir funciones en Panamá el 1º de enero de 1995 y, desde entonces, la sociedad permanece abierta por su condición constitutiva, pero sin movimiento alguno ni vinculación con la función del secretario”, indicó.

Página/12 se puso en contacto con las autoridades de B’nai B’rith Internacional en Wahington para verificar la explicación que dio el funcionario de Mauricio Macri.

En respuesta, en un correo enviado por el vicepresidente del área de Comunicaciones de la organización, Sharon Bender, B’nai B’rith Internacional formuló esta declaración oficial: “B’nai B’rith no estableció, ni autorizó a constituir ninguna empresa en Panamá. Crear una empresa con el propósito de ocultamientos de cualquier tipo es completamente contrario a nuestros principios y prácticas como una organización caritativa, cuyas finanzas son enteramente transparentes”.

Este diario intentó volver a comunicarse con Avruj para pedirle nuevas explicaciones sobre Kalushy SA, pero todos los celulares del secretario de Derechos Humanos se encontraban cerrados.