Aranguren le dio siete de ocho licitaciones a Shell, empresa de la que es accionista


El gobierno se dispone a importar gasoil para afrontar el invierno. La petrolera holandesa mejoró su performance respecto de 2015.






El gobierno le adjudicó a la petrolera Shell siete de las ocho licitaciones que se pusieron en juego para la importación de gasoil al país, que el Ejecutivo activará entre mayo y agosto a fin de afrontar el invierno.


El dato es la cercanía del ministro Juan José Aranguren con la empresa de origen holandés que ganó por lejos la oferta de cargamentos para proveer a la Argentina de energía. El funcionario fue cabeza de la petrolera en el país hasta junio de 2015 y aún mantiene acciones en la firma por unos 13 millones de pesos.

Según su declaración jurada patrimonial presentada a la Oficina Anticorrupción con datos de 2014, el actual titular de la cartera de Energía tiene el equivalente a unos $ 13 millones en acciones Clase A de Royal Dutch Shell, la casa matriz controlante tanto de la petrolera local como del trading que interviene en la operatoria de importación de crudo.

Como informó Perfil, esta semana Cammesa (empresa que administra el mercado eléctrico mayorista), adjudicó la contratación de ocho barcos de gasoil. Se invitó a 22 proveedores, de los cuales nueve mostraron interés y participaron de la licitación. Fueron BP, Cargill, Shell Western, Gunvor, Lukoil, Vitol, Noble, Glencore y Trafigura.

La gran ganadora fue Shell Western, unidad de trading de la petrolera angloholandesa Royal Ducth Shell, que se quedó siete cargamentos. Mejoró así su performance respecto de 2015, cuando según fuentes del mercado había conseguido quedarse con unos cuatro.

Shell ofertó los mejores precios en la licitación que se definió el jueves pasado, mientras que el cargamento restante quedó en manos de la suiza Gunvor, según confirmaron fuentes privadas al tanto de la operación.

A pesar de ser una sociedad mixta donde están representados generadores, transportistas y distribuidoras eléctricas, Cammesa es controlada por el Gobierno. Su máxima autoridad –designado como vicepresidente- es Julio Bragulat, un ejecutivo histórico del sector eléctrico que retornó a la empresa en enero por decisión de Aranguren.

Cammesa pagará cerca de US$ 18 millones por cada barco de gasoil importado. La factura total por los ocho cargamentos rondará los US$ 150 millones que serán solventados con subsidios del Tesoro nacional.

En rigor, el proceso licitatorio lo realizó YPF por cuenta y orden de Cammesa. Es una de las herencias de la gestión del ex ministro de Economía Axel Kicillof que tomó esa decisión en 2012.

“Teniendo en cuenta los condicionantes de cada oferta, YPF evaluó la combinación más económica para cada alternativa de pago: prepago o pago tres días antes de la fecha de arribo. La opción más económica resultó ser la de prepago, con una diferencia de más de 3 millones de dólares respecto a la opción de pago a 90 días y de más de US$ 4 millones respecto a la opción de pago a 120 días”, explicaron desde la cartera de Energía.

Shell Western ganó la licitación por ofrecer un premio inferior al de sus competidores. Cobrará un plus de entre 0,10 y 1,10 centavos de dólar por galón de gasoil importado. Cada cargo tiene un premio diferente. Gunvor se adjudicó su carga con una oferta de 1,63 centavos de dólar por galón.

En todos los casos, son valores muy inferiores a los abonados durante los gobiernos kirchneristas.

La crisis del petróleo –que marcó el derrumbe del precio internacional del barril hasta los US$ 40 cuando en 2014 llegó a cotizar por encima de los 100 dólares- jugó a favor de Cammesa: la tonelada de gasoil se consigue hoy por debajo de los US$ 300 cuando hace dos años cotizaba por encima de los 1000 dólares.

Shell Western, que también ganó los dos cargamentos de petróleo crudo importados por las refinadoras locales en lo que va del año, es uno de los grandes traders de combustibles a nivel internacional. “Como hay una sobreoferta de combustibles por la recesión internacional, desde septiembre del año pasado Shell tiene una política muy agresiva en materia de precios para ganar nuevos mercados”, indicó un trader que compite usualmente con la petrolera anglo-holandesa.

Encuesta a 150 días de Macri: el 60% cree que la inflación seguirá subiendo

La consultora Raúl Aragón & Asociados marcó que el desacuerdo con la eliminación de los subsidios aumentó de 43,8% a 57,1%.
¿Cómo influyeron los Panamá Papers?.


La inflación es uno de los principales problemas del país y las medidas que adopta el gobierno de Mauricio Macri no parece que estén orientadas a reducir el índice. El 57,9% de los encuestados por la consultora de Raúl Aragón lo ve así ya que cree que la inflación será más alta que en 2015.


Además, Aragón señala que el desacuerdo con la eliminación de los subsidios aumentó de 43,8% a 57,1%, y la calificación positiva no varió (39,5%).


Por último, a modo de síntesis, el impacto de la inflación se mantiene estable mientras que el efecto resulta nulo o casi nulo. Esto posiblemente se debe a la diferencia en el modo en que ambos fenómenos se registran en el imaginario. La inflación es un fenómeno de percepción y efecto directos, mientras que el registro de los Panamá Papers͟ es mediado por los medios de comunicación y de naturaleza representacional abstracta sin un efecto directo perceptible sobre la vida de los individuos.


La reciente difusión respecto de la participación de Macri en varias sociedades off shore no ha registrado una variación en la calificación positiva de su imagen. Esta registraba 50,1% de calificaciones positivas en la medición realizada el 6 de abril y registra 51,3% en la concluida el 17 de abril; es una variación que no resulta estadísticamente significativa.

El futuro del kirchnerismo

Por José Natanson

¿Qué es hoy el kirchnerismo?

Es, en primer lugar, una cultura política. Durante años confinada a un rincón de la academia, que la consideraba una forma apenas disimulada de referirse a ese pescado resbaloso que los peronistas originarios llamaban “ser nacional”, la cultura política fue rescatada por los estudios pioneros de Gabriel Almond y hoy goza de un status científico equivalente al de variables en apariencia más cuantificables y explicativas. Medida a través de complejas investigaciones de opinión, estudios de comportamiento y grupos focales, la cultura política refiere básicamente al modo en que una sociedad organiza sus intereses y valores, tramita sus conflictos y se da a sí misma un orden que refleja su idiosincrasia y que es, por lo tanto, un saldo provisorio de su historia.

La encuesta de orientaciones ideológicas elaborada por Flacso-Ibarómetro es, en este sentido, contundente. De acuerdo a la investigación, un porcentaje mayoritario de los argentinos (61,8 por ciento) prefiere la intervención del Estado en la economía antes que la mano invisible del mercado, elige las alianzas con los países de la región antes que con las potencias del primer mundo (53,6 por ciento), apoya los juicios por violaciones a los derechos humanos (61,4) y cree que la búsqueda de la igualdad, más que la libertad, debe ser el principal objetivo de un gobierno democrático (50,5 contra 32,8).

Estos resultados, que hubieran sido muy diferentes en otros momentos de nuestra historia, por ejemplo en los 90, son también distintos si se los compara con los de otros países. Y confirman una evidencia: las principales orientaciones políticas de la década kirchnerista definen un núcleo básico de ideas compartido por un porcentaje mayoritario de la población. Ideas que, curiosamente, se encuentran todavía más afianzadas en los sectores medios: el mismo estudio revela que la clase media –definida por ingresos y nivel educativo– apoya estas políticas en porcentajes aún mayores que el promedio social. Como el gallego que habla en prosa sin saberlo, la clase media es kirchnerista sin darse cuenta.

Probablemente aquí radique la principal explicación del súbito “giro estatista” decidido por Mauricio Macri antes de su elección como presidente, que incluyó la promesa, honrada hasta el momento, de mantener bajo control público las jubilaciones, YPF y Aerolíneas. Y seguramente también se encuentren aquí los motivos que dan cuenta de las continuidades entre una gestión y otra, difíciles de apreciar a un lado y otro de la grieta pero no por eso menos reales.

Avancemos con cuidado para evitar los botellazos.

Es cierto que el diseño macroeconómico del macrismo es ostensiblemente neoliberal, que se mueve a dos velocidades –muy rápidamente para transferir recursos a los sectores privilegiados y muy lentamente para compensar los costos– y que su apuesta, en última instancia, consiste en la creación de empleo por vía del crédito para obra pública (es decir deuda) y la inversión privada (es decir derrame). Pero también es verdad que ha decidido sostener en lo esencial el amplio entramado de protección social construido durante el kirchnerismo, tal como demuestran los anuncios formulados por el presidente hace diez días: aunque tardíos e insuficientes para enfrentar una situación que a todas las luces se deteriora, incluyeron mejoras en derechos otorgados durante la década anterior (Asignación Universal y jubilaciones) y una innovación importante (la devolución del IVA a los sectores más vulnerables). Incluso se anunció un aumento para los cooperativistas del plan Argentina Trabaja, considerado clientelismo puro y duro durante la campaña.

Del mismo modo, tan cierto es que el desempleo, consecuencia de los despidos en el Estado y la recesión económica, seguramente aumentará durante el año, como que no se han impulsado iniciativas de flexibilización o precarización de la legislación laboral al estilo menemista, se siguen aplicando los Repro, aunque con menos entusiasmo, y hasta se ha llegado a un “pacto de gobernabilidad” con los movimientos sociales que garantiza la paz de los territorios. El hecho de que en cuatro meses de gestión Macri haya recibido a los líderes sindicales más veces que Cristina en todo su segundo mandato no convierte a su gobierno en un gobierno de los trabajadores sino en uno que se muestra dispuesto a hablar con sus referentes. Hasta cuándo puede durar esta estrategia es la pregunta del momento.

Como sea, estos trazos de continuidad, presentes en materia social y educativa y en menor medida laboral, confirman que el macrismo es algo nuevo, diferente a la vieja derecha conservadora pero también al menemismo de los 90, lo cual –sigamos caminando despacio– no debería leerse como un apoyo sino como un intento por reconocer la forma exacta del animal político en cuestión, así sea para no repetir errores: quizás uno de los principales motivos de la derrota del Frente para la Victoria en las elecciones de octubre haya sido el dogmatismo inconducente con el que concibió a su adversario.

Recuperando el razonamiento inicial, digamos que la prolongación de algunas políticas públicas de una gestión a otra es la reacción pragmática del gobierno ante el conjunto de orientaciones afianzado durante la década kirchnerista. Y como la política no es un arte de intenciones sino de hechos, y como los dirigentes no son juzgados por sus deseos sino por lo que finalmente hacen con ellos, importa menos si el macrismo cree de verdad en las políticas sociales que la evidencia de que las está aplicando.

Sucede que la cultura política opera entre otras cosas como una frontera que define lo que es posible hacer y lo que no, que dibuja, por así decirlo, el perímetro de la tolerancia social: así como la cultura política alfonsín-cafierista desterró el recurso a la violencia como forma de resolver los conflictos sociales, la cultura política pos-neoliberal excluye el ajuste sin compensación: cirugía pero con anestesia. Esto se refleja en la curiosa división de tareas del macrismo: en un gabinete dotado de una homogeneidad social, profesional y fonética inédita desde recuperación de la democracia, los ex gerentes de multinacionales se ocupan de las áreas duras de la gestión (finanzas, energía, empresas públicas), en tanto que aquellos que provienen de la sociedad civil se hacen cargo de las zonas blandas (desarrollo social, medio ambiente). En el particular juego de rol del macrismo, los CEO ajustan y los ONGistas compensan.

Pero hablábamos del kirchnerismo, de su sobrevida como cultura política y como su otra forma principal: el kirchnerismo como minoría intensa. Provisto de un conjunto de recursos institucionales, un liderazgo y un programa (oposición dura), la reaparición de Cristina le devuelve al kirchnerismo parte de la vibración épica y la conexión emocional que había logrado en el período más brillante de su largo ciclo en el poder, aquel que comenzó con una derrota (el voto no positivo) y concluyó con una tragedia (la muerte de Néstor), y que incluyó la estatización de las AFJP, la ley de medios, la ley de matrimonio igualitario y los festejos del Bicentenario.

Mi impresión es que el kirchnerismo se sintió demasiado cómodo en ese papel poco exigente, y que incluso después de haber obtenido el 54 por ciento de los votos siguió funcionando más como oposición de la oposición, como dice Martín Rodríguez, que como una fuerza hegemónica que incorpora e incluye, tal como confirma la trayectoria descendente de sus dos grandes dispositivos simbólicos: el programa 6,7,8, necesario en un contexto defensivo pero que se fue volviendo nocivo conforme iba pasando el tiempo; y el one-hit-wonder Carta Abierta, que tras su célebre hallazgo (el famoso “clima destituyente”) emprendió un camino sinuoso que lo llevó a respaldar al gobierno cuando era el momento de cuestionarlo (cuando era fuerte y estaba a tiempo de introducir correcciones) y a criticarlo (el “voto desgarro”) cuando había llegado el tiempo de apoyarlo más allá de toda crítica.

Con un despliegue hiperactivo aunque un poco redundante en las redes sociales y mucha presencia mediática (que no siempre suma), el kirchnerismo recuperó su centralidad tras la vuelta de su líder, obligó al resto del peronismo a definirse y confirmó que es el único actor político capaz de movilizar multitudes. Y sin embargo, el argumento “Cristina moviliza más que Macri” no es del todo pertinente, porque la estrategia del gobierno no consiste en oponer una movilización a otra sino, más sencillamente, no hacer movilizaciones (no se trata de contestar un cacerolazo con un acto masivo sino de evitar el cacerolazo). Las pruebas están al alcance de la mano (literalmente): Macri no quita a Evita del billete de cien pesos para hacer ingresar a Frondizi o Alsogaray sino para hacerle lugar a la ballena y al hornero. No quiere ganar la batalla cultural: quiere sobrevolarla, y trasladar sus tropas al nuevo teatro de operaciones de las finanzas, la economía y la obra pública.

El regreso de Cristina repuso el clivaje kirchnerismo-anti-kirchnerismo que había empezado desdibujarse. Y su reto a los manifestantes que insultaban a Bossio (“Así no van a convencer a nadie”), así como su propuesta de Frente Ciudadano (nebulosa pero que pareciera apelar a una cierta apertura), demuestra que es más inteligente que el kirchnerismo sunita que la rodea y aplaude. Pero ocurren dos cosas: por un lado, como escribió Verónica Gago, la orden de autogestionar un nuevo espacio resulta contradictoria (la autoorganización desde arriba es un oxímoron). Por otro, no está claro aún cuál será el mecanismo político, la astucia de la razón que traducirá la activación militante, el sustrato afectivo y el ascendente social que conforman el capital político del kirchnerismo en una opción de poder real, lo que en un sistema democrático significa en última instancia una opción capaz de disputar y ganar elecciones.

Concluyamos, también con cuidado.

Como ningún otro ciclo político desde la recuperación de la democracia, el kirchnerismo logró sobrevivir a su desalojo del poder. Y sin embargo, transformado hoy en una cultura política y una minoría intensa, no puede proponerse simplemente como un guardián de las conquistas del pasado, como un eco reivindicante de la década, por más ganada que haya sido. Para que no se reduzca a “un conjunto de personas con algunos recuerdos en común”, como decía Ricardo Sidicaro, el kirchnerismo necesita reinventarse apelando a nuevos sectores, recursos y discursos, una tarea pendiente desde el 2010 pero que debe encarar cuanto antes si quiere superar la derrota, que no es un accidente de la historia ni una conspiración de los poderosos sino el lugar en el que lo puso la sociedad tras las últimas elecciones.

Panamá Papers: secretario legal y técnico de Macri ofició de intermediario para firmas offshore


Más vínculos con el Gobierno argentino


El secretario legal y técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas, ofició de intermediario durante 10 años entre su estudio jurídico y Mossack Fonseca, la firma panameña especializada en crear sociedades offshore alrededor del mundo. La información sobre el amigo de la infancia de Mauricio Macri se destapó con los documentos filtrados llamados Panamá Papers.

Según informó el matutino La Nación, Clusellas, se relacionó con Mossack Fonseca a través del estudio Romero, Zapiola, Clusellas, Monpelat, por lo menos hasta 2008. Además, Clusellas formó parte en 2006 del directorio de la firma Sinosocma SA, una empresa del holding Macri.

Desde Presidencia sostuvieron que Clusellas se había desvinculado del estudio en 2007, cuando asumió como secretario legal y técnico del gobierno porteño. Pero según se desprende de su declaración jurada del período 2014, el funcionario declaró poseer el 1% de las acciones del estudio jurídico. Como si esto fuera poco, en los registros públicos de la sociedad figuró con cargo ejecutivo dentro del estudio hasta 2009, inclusive.

El estudio jurídico que integró Clusellas aparece catalogado como "intermediario", lo que significa que desde Mossack Fonseca lo utilizaban como nexo con los verdaderos dueños de las sociedades offshore y para que organicen la estructura jurídica y contable de las inversiones.

Según consta en la ficha de clientes de Mossack Fonseca, los empleados del estudio panameño visitaron al actual funcionario nacional el 4 de mayo de 1999 en la oficina de su estudio jurídico porteño. "Ambiente profesional, decoración excelente, oficina muy grande. Contacto: Pablo Clusellas. Cordial, 35-45 años, apariencia muy buena", escribieron en ese registro. "Visitamos oficinas donde trabajan 20 personas, abogados con especialización empresarial. Brindan servicios para todas las áreas. Se le presentaron nuevos servicios e info que no conocía sobre fundaciones, pero hablaba con mucho conocimiento", continuó el relato.

Lavagna criticó al Gobierno por "festejar" el acuerdo con los buitres

El ex ministro de Economía aseguró que el pago a los holdouts "ha implicado aumentar la deuda" y advirtió a Hacienda: "Cuidado con el endeudamiento".


El ex ministro de Economía Roberto Lavagna criticó hoy el "festejo bastante tonto" de los funcionarios nacionales por el acuerdo que el Gobierno alcanzó con los fondos buitres, al tiempo que advirtió: "Cuidado con el endeudamiento".


"Las primeras dos reestructuraciones implicaron reducir la deuda, ésta última ha implicado aumentar la deuda", detalló Lavagna, quien a su vez agregó que la negociación que llevó adelante el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, derivó en "un cierre todavía no del todo, quedan todavía posibles litigantes".


Es por ello que el ex funcionario cuestionó el "festejo bastante tonto" de los funcionarios nacionales "por haber salido del default, porque salir pagando lo que se pagó...", reflexionó el economista, en relación al monto cercano a los 10.500 millones de dólares que efectivizó el Estado a los holdouts.


Según Lavagna, "ese cierre tan oneroso crea el riesgo de volver a entrar en la etapa del endeudamiento", porque -puntualizó en diálogo con radio Mitre- "lo que aplauden los mercados financieros son sus negocios".

SMATA NO ARMARA MAS AUTOS QUE AUMENTEN SUS PIEZAS IMPORTADAS

En defensa del empleo nacional

En un plenario nacional, el sindicato de mecánicos decidió negarse a montar aquellas autopartes que reemplacen desde el lunes a las de producción nacional. “Cada pieza que se desnacionaliza es un retroceso”, aseguró el jefe del gremio, Ricardo Pignanelli.

Unos dos mil delegados de Smata reunidos ayer en Cañuelas analizaron la crítica situación del sector.

Los mecánicos del Smata decidieron poner en marcha una de las medidas de fuerza más originales y drásticas de los últimos tiempos: se negarán a montar aquellas piezas importadas que a partir del lunes reemplacen a las de fabricación nacional. Así lo resolvieron ayer más de dos mil delegados reunidos en el plenario nacional del gremio, fruto del cual vio la luz un duro documento donde fundamentan la medida en que “el contenido nacional de los vehículos bajó del 35 por ciento en 2014 al 20 por ciento en 2016” y en que el negocio de las patronales automotrices “hoy es la importación y no la producción”. Para Smata, esa es una de las razones por las cuales dos mil trabajadores del sector perdieron su empleo en los últimos meses. “Es una estaca que ponemos los trabajadores para que la industria automotriz, una actividad multiplicadora de empleo, eche raíz en el país”, graficó el secretario general del gremio, Ricardo Pignanelli, en diálogo con Página/12.

El origen de la medida, explicó Pignanelli, es la puesta en práctica de los postulados de un proyecto de ley que impulsa Smata que plantea llegar al 50 por ciento de participación nacional en la producción de autopartes. Como el proyecto “podría tardar más de un año en aprobarse y reglamentarse”, dijo el dirigente, los trabajadores tomarán en sus propias manos la idea hasta tanto la iniciativa –que tiene acompañamiento oficial, aunque por ahora sólo de palabra– se concrete.

“Cada pieza que se desnacionaliza es un retroceso. Conocemos las mañas de los empresarios. Por eso, de acá en más, esa pieza no la vamos a montar”, afirmó Pignanelli. Consultado sobre cómo podrían reaccionar las patronales ante la medida, el dirigente sostuvo que “si algún patrón se enoja, está equivocado. Tendrían que aplaudir al gremio: lo que estamos haciendo es por mejor calidad de vida y más trabajo para todos”.

Pignanelli fue el encargado de cerrar ayer el plenario de Smata, que reunió dos mil delegados de todo el país en el polideportivo que posee el gremio en Cañuelas. Durante varias horas, los delegados intercambiaron ideas sobre la situación de los 200 trabajadores en conflicto de la planta de Honda en Florencio Varela, que marcharon el jueves hacia la Secretaría de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y forzaron la conciliación obligatoria. Además, en el temario se abordó el licenciamiento de trabajadores en Volkswagen, la situación delicada de Ford y de la planta cordobesa de Fiat. El documento final, en cuyo título se hace referencia a las tres “T” (Tierra, Techo y Trabajo) por las que brega el papa Francisco, recoge posiciones críticas con las patronales y con la apertura económica que lleva adelante el Gobierno.

“Vemos con preocupación como los empresarios intentan cambiar las reglas de juego que traccionaron el crecimiento durante casi 10 años, no sólo en las terminales, sino en toda su cadena de valor que en la actualidad cuenta con no menos de un millón y medio de puestos de trabajo”, advierte el documento, que fue leído ante los delegados por el secretario adjunto, Mario Manrique.

El texto hace un repaso de los motivos del “retroceso” en la industria automotriz. Entre los principales, destaca “la reducción de los aranceles de las unidades importadas”, “las permanentes presiones de las multinacionales” del sector para “abandonar el mercado interno”, y “el aumento del precio en dólar de los insumos producto de la devaluación que las propias patronales pidieron a gritos”.

“La especulación le quiere ganar al trabajo, la desesperación a los sueños y la anarquía a la organización”, reza el documento, que pide “seguridad jurídica” para los trabajadores, “la misma que reclamaban las empresas para invertir y hoy desconocen o buscan vacíos jurídicos para especular y desabastecernos en pos de un mejor negocio sin contenido social”.

Dentro de la industria automotriz, Smata comparte representación con otros gremios con mayor peso dentro del rubro, como la UOM que conduce Antonio Caló y que tuvo su propio congreso esta semana, donde se planteó un plan de lucha que incluye un paro nacional de 48 horas a partir del 5 de mayo. Las reivindicaciones son similares: el freno a los despidos a partir del decreciente nivel de actividad industrial y, en ese marco de conflictividad, mejores acuerdos paritarios. “A pesar de que los gerentes no nos aprecian mucho, somos los más vehementes para cuidar la industria nuestra, que es muy débil aún, porque significa proteger el trabajo de la gente”.

Informe: Matías Ferrari.

“Desalienta el empleo”

El temor empresarial a la emergencia laboral






por Andrés Asiain

Una reciente editorial publicada en La Nación “Prohibir despidos desalienta el empleo” se pronuncia en contra de un proyecto de ley que fue consensuado por amplio abanico de diputados de la oposición de variada pertenencia política.



El proyecto busca declarar la emergencia laboral desde el 1º de marzo del presente año hasta diciembre de 2017, período en el cuál quedarán prohibidos los despidos sin causa justa en el ámbito público y privado, debiendo pagarse una doble indemnización en el caso de que el despido se consume y el empleado desista de su reincorporación mediante litigio judicial.



Para el editorialista “la prohibición del despido o su encarecimiento desmedido crearían una prevención de los empleadores a contratar nuevo personal o siquiera a reemplazar a los que renuncien o se retiren. De esta manera, aparentemente se beneficiaría a los que ya están trabajando, pero se castigaría a quienes estén desempleados, ya que les resultaría mucho más dificultoso salir de esa situación”.


Por último concluye que “en épocas de crisis deben evitarse, con más razón, estas rigideces y sobrecostos. Si lo que se pretende es una política laboral de promoción del empleo, deberían estudiarse mecanismos de flexibilización y, particularmente, la descentralización de las negociaciones de salarios y condiciones de trabajo, privilegiando los acuerdos a nivel de empresa”.


Al respecto, el temor empresarial a que la emergencia laboral inhiba la contratación de nuevos empleados, esta contemplada en el proyecto que en su artículo 15 señala que la emergencia laboral no rige para empleos generados desde el 1º de marzo de 2016. De esa manera, el incremento del costo de los despidos no inhibe la creación de empleo ya que sólo rige para los empleos pre-existentes a la fecha que se establece el inicio de la emergencia que tiene un período retroactivo para evitar despidos preventivos antes de que se sancione la ley.


La idea del editorialista de que ante situaciones de crisis económicas deben abaratarse los despidos en lugar de encarecerse roza el disparate. El argumento flexibilizador que sostiene que cuanto más barato sea despedir un trabajador mayor estímulo tendrá un empresario para contratarlo parte de suponer que la economía marcha a plena actividad. En ese contexto, el menor costo potencial de los despidos puede ser un estímulo a contratar mano de obra para empresarios cuya actividad económica marcha bien.


En situaciones de debacle económica, abaratar los despidos no incrementa el empleo ya que nadie contrata trabajadores si sus ventas están cayendo. Es más, en esos contextos, abaratar los despidos tiene a favorecer que los empresarios intenten compensar sus menores ventas reduciendo personal. De esa manera, se acentúa la pérdida de puestos de trabajo y como un desocupado más es un consumidor menos, se agrava la merma en las ventas empresariales profundizándose la crisis económica y laboral.


Por último, la descentralización de las negociaciones de salarios y condiciones de trabajo a nivel empresa, busca compensar a la crítica situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas por la reciente reducción del mercado interno con suba de costos de los servicios, a partir de un deterioro de las condiciones laborales de sus trabajadores.


Una alternativa que contempla las desigualdades empresariales sin descargarlas sobre el eslabón más débil, son mecanismos solidarios a nivel cámara empresarial para que las empresas más grandes cubran solidariamente parte de los costos laborales de las PyMES de su sector. Una opción que privilegia el empleo que se concentra mayoritariamente en establecimientos pequeños y medianos.

El PJ bonaerense llamó a "ganar la calle para ponerle un freno" al Gobierno de Cambiemos

El Partido Justicialista bonaerense se reunió hoy en San Nicolás en medio del debate por la interna del partido, y a la espera de la resolución de la Cámara Nacional Electoral sobre la viabilidad de los próximos comicios, y llamó a "ganar la calle para ponerle un freno" al Gobierno de Cambiemos.







El jefe del sello provincial, Fernando Espinoza, sostuvo en ese marco que "el peronismo tiene que ganar la calle para ponerle un freno" a las medidas económicas del macrismo, informó hoy la agencia DyN.

"No nos derrotaron, perdimos una elección ellos nos ganaron pero una cosa es ganar una elección y otra cosa es saber gobernar", consideró en su discurso el ex intendente de La Matanza.

En este sentido, apuntó que "en estos 140 días de Gobierno lo único que vimos son ajustes salvajes para los que menos tienen y vimos beneficiar a los que más tienen. Cada día retrocedemos más y el peronismo tiene que ganar la calle para ponerle un freno".

"Vemos un gobierno muy improvisado con funcionarios que no tienen sensibilidad social ya que son CEOS de empresas, no conocen a los pobres, no conocen los trabajadores", opinó.

A su vez, el ex candidato a Presidente por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, manifestó que "el sector financiero tiene que estar a disposición del sector productivo y no para el trabajo financiero".

"Tenemos que defender la industria nacional que se ve muy perjudicada por la devaluación y las medidas tomadas por este gobierno", proclamó.

La diputada nacional y vicepresidenta del PJ bonaerense, Cristina Alvarez Rodríguez, en tanto, señaló que la reunión fue "muy intensa" y se mostraron "preocupados por los despidos" en distintos sectores y "por el impacto del aumento de las tarifas no sólo en los hogares, sino también en las pymes".

"La unidad del peronismo hoy es importante para enfrentar el ajuste y el tarifazo de Macri", señaló y consideró "fundamental el proyecto de emergencia laboral que queremos tratar desde el Congreso".

Espinoza convocó a los dirigentes a tres días de la ruptura ocasionada en el bloque de diputados provinciales del Frente para la Victoria, a partir de la salida de un grupo de 13 legisladores referenciados en el peronismo vinculado a los intendentes y enfrentados a los sectores del kirchnerismo alineados con la ex presidenta Cristina Fernández. Por esa razón, si bien el PJ bonaerense logró una amplia convocatoria, el cónclave no contó con la presencia de los referentes de La Cámpora ni de los intendentes encuadrados en el kirchnerismo, aunque los organizadores remarcaron ante DyN que fue un encuentro de la Segunda Sección electoral.

El documento del sello, que tuvo como eje central el repudio a los despidos, llevó la consigna "Ni un despido más, ni un derecho menos".

Bajo los lemas "Lealtad y Unidad" y "Convicción y Futuro", el encuentro se realizó en el Centro de Jubilados de la UOM de San Nicolás, un distrito gobernador por el peronista Ismael Passaglia, y estuvo estructurado en cuatro paneles.

Del primer panel, de orden político, participaron el diputado provincial Walter Abarca, jefe de la flamante bancada del FpV-PJ; la intendenta de La Matanza, Verónica Magario; el senador Juan Manuel Abal Medina; el ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez y el referente del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro, entre otros.

El panel de "Trabajo y Producción", fue encabezado por el jefe de la CGT Alsina, Hugo Caló, y participaron los dirigentes Débora Giorgi, Osvaldo Rial, Naldo Brunelli, Alejandro "Topo" Rodríguez y Marcelo Fernández, mientras la mesa económica fue coordinada por Roberto Feletti y Silvina Batakis.

El peronismo espera para el lunes la resolución de la Cámara Electoral sobre la viabilidad de la lista de unidad conformada para los comicios internos de mayo, luego de haber apelado la decisión de la jueza María Servini de Cubría de prorrogar la fecha de cierre de nóminas para dar lugar a una organización que apoya al ex presidente Eduardo Duhalde.

Vidal envió diputados a Mar del Plata para contener la posible salida de Arroyo

  Un grupo de legisladores de distintas fuerzas recorrieron instituciones. Malestar con el intendente.

Manino Iriart, Manuel Mosca, Maximiliano Abad y Alejandra Martínez.


María Eugenia Vidal envió a legisladores de distintas fuerzas a Mar del Plata para buscar una salida política a la crisis que atraviesa esa ciudad desde el inicio de la gestión de Carlos Arroyo.

Coordinados por el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, un grupo de diputados de distintos bloques recorrieron instituciones y mantuvieron reuniones políticas con el objetivo de llevar contención a la ciudad más importante en términos demográficos del interior bonaerense.



En Mar del Plata la situación es compleja. Arroyo asumió tras varios años de una mala gestión de Gustavo Pulti. Pero las particularidades del nuevo intendente hicieron que el gobierno entre rápidamente en un desgaste que ya preocupa en el gobierno de Vidal.


La personalidad de Arroyo no ayuda. “Ya no encuentro a nadie que diga: ‘yo lo voté’”, decía preocupado un legislador de esa ciudad. El panorama es complejo: funcionarios que renuncian, otros salpicados por hechos de corrupción, enemistado con el poder de Aldrey Iglesias, y con una relación cada vez más tensa tanto con el gobierno de Mauricio Macri como con el de Vidal. Hace pocos días salió a cruzar al Presidente por los incrementos en la tarifa de gas. Ya lo había hecho antes.


Es en ese contexto que la Gobernadora ordenó dejar de lado diferencias políticas y comenzar a trabajar con todos los sectores en una salida a la crisis.



Durante viernes y sábado los legisladores estuvieron en La Posada del Inti, donde se trabaja con chicos con adicciones; el Club Deportivo Once Unidos; visitaron el Cuartel de Bomberos de Sierra de los Padres y el Club Estación Camet. En paralelo mantuvieron reuniones políticas en busca de frenar las tensiones que se dan en ese distrito.



Quizás una señal concreta de la tensión entre el gobierno de Vidal con Arroyo es que el grupo de diputados -que recorrió varios puntos de la ciudad durante dos días- no mantuvo ni siquiera una breve conversación con el intendente. Y aunque lo negaran, la recorrida parecía en los hechos una intervención del gobierno de Vidal sobre la gestión da Arroyo.



Por el lado de la oposición, estuvieron el diputado Rodolfo ‘Manino’ Iriart, Alejandra Martínez, los dos de la flamante bancada del Frente para la Victoria-PJ que se separó el viernes de La Cámpora y el Movimiento Evita. En tanto, por el oficialismo, Mosca estuvo acompañado por Guillermo Castello y Maximiliano Abad.



Uno de los objetivos del encuentro fue justamente empoderar a Abad como interlocutor con el Ejecutivo. De origen radical y cercano a los sectores universitarios de Mar del Plata, Abad podría emerger como el sucesor de Arroyo.

Horacio Rovelli:“Van a hipotecar el país”



OPINIONES SOBRE EL PAGO A LOS FONDOS BUITRE Y SUS CONSECUENCIAS


Horacio Rovelli señaló que Argentina volverá a quedar sujeta a las condiciones que imponen el FMI y el capital internacional. Alejandro Otero advirtió que es “una buena nueva para bancos globales y fondos buitre”, pero no para los sectores populares.


“Igual que pasó en la década de los 70 con los petrodólares, existe en el mundo desarrollado un fuerte excedente de liquidez que no condice con una economía en estado vegetativo; eso explica por sí solo por qué fue importante la oferta de divisas en la licitación de bonos que realizara en los mercados de Estados Unidos y en Londres el gobierno de (Mauricio) Macri, máxime cuando las tasas de corte superan en 12 veces las de la Reserva Federal (Estados Unidos) y en 8 la tasa Libor (Londres)”, explicó el economista Horacio Rovelli, de EPA (Economía Política para la Argentina), los resultados de la colocación de deuda del 18 y 19 de abril, que el gobierno nacional presentó como un éxito y una demostración de “confianza” en el país. “Igual que (José Alfredo) Martínez de Hoz, van a utilizar la deuda para hipotecar al país, sujetarlo al monitoreo del FMI y el capital internacional”, apuntó, en referencia a las consecuencias económicas y políticas de esta operación, comparada con la ejecutada entre 1976 y 1980 por el ministro de Economía de la dictadura cívico-militar encabezada por Jorge Rafael Videla.

Para las autoridades del gobierno, tanto desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas como en palabras del Presidente, esta cancelación con los fondos buitre significa cerrar una etapa nefasta y abre una perspectiva económica muy auspiciosa, y así lo celebró. Rovelli, sin embargo, advirtió que “Argentina dejará abierta la posibilidad a los otros fondos que aún no han pactado, para que puedan ingresar a futuro a la propuesta de pago realizada, o bien seguirá sometida a los avatares que dicte la Justicia estadounidense o donde se dirima, en relación al universo del uno por ciento de inversores en default del 2001, que podrían seguir litigando. Ello sin contar el riesgo cierto de los fondos que sí entraron al canje de deuda (2005 y 2010), que litiguen ante el trato dispar, ya que ellos cobran con una quita del 65 por ciento del capital y a plazo, y los beneficiados por Macri, al contado efectivo y la suma que ellos quieren.”

Rovelli, de EPA, hizo un comentario adicional para señalar lo inequitativo que resultará esta política de endeudamiento. “Para asegurar la colocación de los nuevos títulos de deuda, el gobierno se supera a sí mismo y permite que los argentinos que quieran comprar más de dos millones de dólares en una sola operación puedan hacerlo, aunque solamente si destinan esas divisas a la compra de títulos públicos, con lo cual cierra el circuito. Para los argentinos de a pie: inflación, tarifazos, altas y leoninas tasas de interés en créditos inaccesibles, paritarias inciertas, flexibilización laboral y el fantasma de la desocupación y la marginalidad. Para los bancos y sus principales clientes, la posibilidad de superar la compra de dos millones de dólares por operación para hacer un gran negocio financiero”.

El economista de EPA, con amplia experiencia en cuentas nacionales y presupuesto, explicó además que se le va a pagar “generosamente a los fondos buitre una parte del nuevo endeudamiento, 12.500 millones de dólares, y los 4000 millones restantes lo convertirán en pesos, al tipo de cambio oficial, para que el Estado con esa plata pague deuda interna, su déficit provocado por la eliminación y reducción de las retenciones a la exportación, que es un sesenta por ciento de esa suma en un año”. Esa transferencia, que en consecuencia irá a las arcas de los sectores exportadores más concentrados, “serán fugados al exterior en el giro de utilidades de las empresas extranjeras que operan en nuestro país y que son las más grandes, las que más ganan y más facturan, y a través de la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones”.

A su vez, Alejandro Otero, economista y dirigente del Frente Grande, al referirse a la oferta por más de 60 mil millones de dólares recibida por Argentina, para una demanda de dinero de 15 mil millones (inicialmente), señaló que “es como si convocaras a una fiesta y la cola para entrar da tres vueltas a la manzana; la fiesta es un éxito, pero hay que preguntarse qué ofreciste para semejante convocatoria, y la explicación, en este caso, es la tasa de interés del 7,2 por ciento, que es una tasa espectacular para una situación de exceso de liquidez en el mercado, cuando no hay quien quiera tomarla, porque la economía mundial está planchada”. Otero recordó que, “en el medio, además, aparecen los grandes bancos colocadores, el HSBC, JP Morgan, Citi, Santander y otros, embolsando importantes comisiones por obrar de intermediarios. Para estos bancos, y para los fondos buitre que cobran, esta aparición de Argentina en el mercado es una buena nueva, mientras que para otros, los sectores más vulnerables internamente, las noticias no son tan buenas, con medidas tardías e insuficientes, como la devolución del IVA y el refuerzo a las asignaciones a desempleados”.

Otero, especialista en temas fiscales (acaba de publicar, junto a Alfredo Iñíguez, el libro Elementos para una reforma tributaria en la Argentina), subrayó que, de los 16.500 millones de dólares que se captó con la emisión de deuda, “hay 12.500 millones que nunca van a entrar al país, porque se acreditan directamente a favor de los buitres”. El resto se destinaría a cubrir déficit y a un plan de inversiones en obra pública. “No se explicó en qué proporción ni a qué obras, pero se da a entender que no va a haber más ajustes por este año, ni reducciones de gasto público ni eliminación de subsidios. Y que con la obra pública quizás sea posible reactivar la economía, para salir del estado de estancamiento con inflación en el que existe el riesgo de estar entrando, que es el escenario más temido de cualquier gobierno”.

Al ser consultado sobre si esta inyección de dinero le daría al gobierno la chance de frenar el proceso inflacionario, y tener en el segundo semestre del año un horizonte de mayor estabilidad como asegura el ministro Alfonso Prat-Gay, Otero advirtió que “la política antiinflacionaria del gobierno no es el endeudamiento, sino la recesión”. Explicó que el brutal aumento de precios de los artículos de consumo, los tarifazos, la devaluación y el impacto de los despidos y suspensiones sobre el ingreso de los trabajadores, “va a tener por consecuencia una caída del consumo, y de esta forma el gobierno espera ponerle un freno a la inflación. Pero a un alto costo social, que quizás sea un problema más grave que la propia inflación”.

La gran apuesta a los capitales especulativos

DUDAS EN EL ESTABLISHMENT POR LAS PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA. EL GOBIERNO SE ABRAZA AL SALVAVIDAS DE CAPITALES ESPECULATIVOS


El Gobierno espera que la inversión privada se convierta en el motor del crecimiento. El ajuste deprime el mercado interno y el contexto internacional es desfavorable. La opción oficial es que el pago a los buitres convoque a capitales especulativos.

Por Alfredo Zaiat

Una pregunta que ha empezado a recorrer con intensidad en el mundo de los hombres de negocios es si puede funcionar la estrategia económica del gobierno de Mauricio Macri. La definición de “funcionar” la refieren a ubicar a la economía en un sendero de crecimiento con preservación de una tasa de rentabilidad elevada, disminución de la inflación y estabilidad social. No es que extrañan lo que despectivamente mencionan como “populismo”. Conseguido el objetivo de desplazar el proyecto político que rechazaban, incluyendo al repudiado “intervencionismo estatal” en la dinámica de la actividad privada, empiezan a emerger dudas sobre las perspectivas de la economía en general, y de su empresa en particular. La promesa oficial es que superado el conflicto con los fondos buitre, última estación del ajuste que denominan “sinceramiento” que recorrió las paradas de la megadevaluación, el daño fiscal autoinfligido con la eliminación de retenciones, el tarifazo y la apertura comercial, comenzará la recuperación de la economía. La cuestión que no tiene respuesta oficial, dado que el consumo interno tiene una relevancia central en la economía doméstica, es cómo lograrán encender los motores del crecimiento luego de provocar una muy fuerte regresión distributiva del ingreso castigando el salario y beneficiando al complejo agroexportador, sectores industriales exportadores, empresas de servicios públicos y al sistema financiero local e internacional.

La economía transita el peor momento del ciclo, tranquiliza el gobierno y promete que a partir de ese piso comenzará la recuperación. La duda que atraviesa al sector empresario es si el presente ajuste es sólo un trago amargo o el inicio de uno mayor porque se abrieron las puertas a un círculo vicioso de deterioro. En estos meses ha habido inflación elevada provocada por la megadevaluación, el tarifazo y la eliminación de las retenciones conviviendo con salarios viejos en muchos sectores a la espera de las negociaciones paritarias. Coexistiendo además con altas tasas de interés del Banco Central, cuya conducción asegura que las seguirá sosteniendo en esos niveles hasta tanto no haya señales de reducción de la inflación. Así ha aumentado el costo financiero y disminuido el acceso a préstamos.

Si bien el canal dinamizador del crédito es limitado debido a su escasa relevancia en la economía, representando apenas el 12 por ciento del PIB, las tasas altas enfrían aún más esa demanda para el consumo y las empresas. En lo que va del mes, ha habido un importante retroceso en el promedio mensual del stock de los Adelantos en cuenta corriente, la financiación vía Documentos y a través de Tarjetas, según las estadísticas proporcionadas por el BCRA. Hasta el año pasado el crédito productivo estaba impulsado por líneas subsidiadas que el Banco Central restringió.

La gran apuesta del Gobierno a la inversión privada queda entonces condicionada a una tasa de rendimiento esperada casi imposible de competir con el costo de oportunidad del capital al 38 por ciento anual de las Lebac del BCRA. Las inversiones se postergan además por el enfriamiento del mercado interno, la debilidad del crecimiento del comercio internacional y la pronunciada recesión brasileña.
Inversión

Existe una notable disociación en los protagonistas del mundo empresario entre la ideología y las condiciones materiales para permitir su desarrollo. Con una estrategia económica “populista” crecía su actividad pero no tenían “libertad”; ahora tienen libertad pero su negocio no prospera. Antes criticaban a los subsidios porque significaban derroche de recursos públicos, y ahora cuando se aplica una reducción de ese beneficio reclaman porque registran un aumento de sus costos asfixiante. Son propagandistas del liberalismo pero cuando se aplica esa receta se sienten amenazados por la apertura económica que facilita la colocación de productos de China o excedentes de producción de países en crisis, como Brasil, en el mercado local. El argumento de la “herencia recibida” es de corto trayecto político y sólo podrán seguir manteniéndolo aquellos que padecen el Síndrome CCL (Capacidad de Comprensión Limitada).

Es una gran apuesta del oficialismo que el sector privado invierta y actúe como motor del crecimiento. Todas las medidas económicas que ha implementado son procíclicas, o sea agudizan las condiciones internas y externas desfavorables para la economía. El empresariado invierte cuando tiene perspectivas de aumento de la demanda por el crecimiento económico; la relación causal es inversa a la que postula el Gobierno. El panorama no es el más favorable para reclamar inversiones y cuidar el empleo como interpeló el presidente Macri a los dueños y principales ejecutivos de las grandes firmas que operan en el país. El comercio mundial no muestra señales positivas, Brasil está en una profunda recesión y el mercado interno ha sido castigado por la suba de la tasa de interés y el shock inflacionario que deprimió la capacidad de compra del salario.

Como la inversión privada no muestra la vitalidad reclamada, el Gobierno se abraza el salvavidas del ingreso de capitales financieros especulativos luego de firmar la capitulación en el juzgado de Griesa y posterior pago a los fondos buitre. Pero la tranquilidad transitoria que esos fondos puedan brindar junto al período de mayor liquidación de divisas de la cosecha, sigue sin ofrecer un horizonte que permita prever la salida de la actual recesión hacia un sendero de recuperación del Producto Interno Bruto. En ese tránsito, si los dólares especulativos no son suficientes, la opción prevista para el segundo semestre es un nuevo blanqueo de capitales. De ese modo la gran apuesta es que la acumulación financiera se convierta en el factor dinamizador del crecimiento, aunque los antecedentes de esa estrategia no son muy alentadores en ese sentido.

El objetivo oficial de corto plazo, pensando en las elecciones de medio término de 2017, es alcanzar una tasa de inflación anualizada similar a la de octubre del año pasado. O sea, llegar al mismo punto de partida previo al nuevo gobierno, aunque concretando en el trayecto una impresionante transferencia de ingresos. Con una tasa de inflación de abril estimada del 6,5 al 8,0 por ciento, la acumulada en lo que va del año sumará 20 por ciento, y del 27 al 29 por ciento desde fines de octubre. Los aumentos de precios empezaron a filtrarse por la expectativa de megadevaluación luego del resultado en la primera vuelta y por la declaración de Alfonso Prat-Gay referida a que la modificación de la paridad cambiaria no iba a impactar en los precios. No fue así y el shock inflacionario ha provocado una caída del 16 al 20 por ciento en el salario real en apenas cuatro meses.
Tarifazo

El titular de Techint, Paolo Rocca, trasmitió el siguiente reclamo en un Encuentro Multisectorial organizado por IDEA, el jueves pasado: existe “la necesidad de que el gobierno vaya mostrando ‘senderos’ que permitan a los empresarios acelerar la planificación y los proyectos de inversión”. En áreas del gobierno y en ámbitos del poder económico (IDEA y AEA) existen lapidarias críticas a la falta de coordinación en el equipo económico, que promete saldar con la presentación del programa fiscal-financiero (Prat Gay) y monetario (Sturzenegger). Esa falta de coordinación –”senderos” para Rocca– en la gestión de gobierno quedó más en evidencia con el manejo del tarifazo. Por un lado, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, sumando irritación en las semanas previas al anuncio y confusión luego de informarlo. Por otro, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, mostrando su costado humorístico al indicar que el ajuste sería gradual y cuidando el bolsillo de la población para luego desmentir a su colega de Energía acerca de que no habrá una segunda vuelta.

La consultora de Miguel Bein realiza en su último informe una observación crítica acerca del fuerte ajuste aplicado a la tarifa de gas. Considera que los aumentos en los servicios (luz, gas, agua, transporte y naftas) no pueden calificarse de “graduales” (estima que en forma directa suma 8 puntos porcentuales a la tasa de inflación en abrilmayo). Indica que la devaluación aumentó los costos en pesos de los subsidios energéticos, y advierte que el tarifazo en gas priorizó la transferencia de recursos a las petroleras en lugar de disminuir la carga en las cuentas fiscales. Estimó que de los 3500 millones de dólares que implican el nuevo precio que pagarán familias y empresas, sólo una tercera parte reducirá las erogaciones del fisco, mientras que el resto irá a las arcas de las petroleras. Menciona, como es previsible, que el aumento del gas impactará en los costos (competitividad) de las empresas (por ejemplo, en las petroquímicas) y también en los costos de generación de energía eléctrica. Entonces especula con que si no se modifica ese sesgo del ajuste subirá la cuenta de los subsidios o habrá un nuevo aumento de las tarifas eléctricas.
Deuda y atraso cambiario

En el esquema del ajuste ortodoxo del Gobierno, el endeudamiento es el puente para cruzar hacia el camino del crecimiento ayudado con el ingreso estacional de dólares por el período de mayor ritmo de liquidación de la cosecha. El atraso cambiario también empieza a ser evaluado como un atajo para disminuir la tasa de variación de los precios y frenar la caída de la economía. No deja de sorprender la capacidad de adaptación discursiva de la ortodoxia. Durante los últimos años ha cuestionado lo que evaluaban como una política de atraso cambiario y ahora, luego de padecer la perturbadora experiencia de la megadevaluación, terminan apelando a esa misma estrategia de estabilización. ¿No será que la mejora de la competitividad de la economía argentina requiere de otras variables que no sea el tipo de cambio? ¿No será que quienes insisten con la competitividad-tipo de cambio, en realidad, lo que están buscando son rentas extraordinarias para sus capitales dolarizados? Mientras la ortodoxia sigue confundida en su laberinto conceptual, continúan las expectativas de una mayor devaluación en los principales actores económicas, por ahora contenidas con una tasa del 38 por ciento anual de las Lebac del BCRA.

Luego de la megaemisión de deuda y si Prat-Gay cumple con lo prometido, no habrá nuevas colocaciones de deuda en el mercado internacional. El financiamiento para pagar deudas y cubrir el desequilibrio fiscal –una parte se atenderá con adelantos del BCRA– será entonces con emisión de deuda en pesos y en dólares en el mercado doméstico. La estimación es que el gobierno requerirá de 13.000 a 16.000 millones de dólares para cerrar las brechas fiscal y externa.

El desafío de este objetivo es doble: la escasa profundidad de la plaza local para absorber el monto requerido para cubrir esas necesidades, que desplazará el escaso crédito al sector privado para destinarlo a financiar al Estado, y la alteración de la confianza inversora luego de manipular el índice de actualización de bonos atados al CER (fue reemplazado el IPC-CABA, elegido inicialmente por Economía, por el IPC-San Luis, que se ubica por debajo del primero). En su momento, cuando comenzaron los cambios en el indicador de precios del Indec, en 2007, expertos en finanzas aseguraron que se trataban de un nuevo default y que, por ese motivo, empezó a subir el riesgo país –la tasa de interés que debía pagar Argentina para emitir deuda–. Si bien en otro contexto político, no aparecen ese tipo de análisis que más que técnicos se revelan ahora que tenían una clara intencionalidad política de obturar el acceso del anterior gobierno al financiamiento en el mercado de capitales.

Si bien la apertura de la cuenta capital puede ayudar a financiar la transición propuesta por el macrismo, con un menor costo en términos de inflación y recesión, no es condición suficiente para asegurar el lanzamiento de un vigoroso proceso de inversión privada. Más aún cuando existe un fenómeno estructural de la economía local que lo limita: la fuga de capitales. En el primer trimestre de este año sumó de 3500 a 4000 millones de dólares, información que el Banco Central conoce y no difunde. La restricción del desarrollo no es la existencia de un cuestionamiento social a que los empresarios ganen mucho dinero, como se lamenta el establishment, sino a que gran parte de las ganancias la fugan.

El esquema macroeconómico del macrismo está basado fundamentalmente en domesticar la puja distributiva para alentar la inversión privada. Para ello impulsa una ola de despidos masivos (público y privado) que no debe ser frenada por ley para que una tasa de desempleo creciente discipline a los trabajadores en sus reclamos salariales. Es un supuesto muy fuerte teniendo en cuenta la historia económica argentina, el elevado piso desde donde parten las condiciones materiales de los trabajadores y la tradición de resistencia de sectores gremiales.

12 definiciones políticas de los curas que apoyan a Cristina Kirchner



El grupo Opción por los Pobres, liderados por sacerdote Francisco "Paco" Olivera, emitieron su 5° epístola dirigida a los fieles de su comunidad. El martes se reunieron con la ex presidente en la Isla Maciel. Aquí los fragmentos más destacados


1

"Hace ya demasiado tiempo sigue injustamente detenida Milagro Sala, y reclamamos su inmediata libertad".


2

"La Biblioteca Nacional se encuentra en un virtual estado de parálisis, con un director ausente, numerosos despidos y presencia policial intimidatoria".


3

"El Gobierno nacional y el gobierno porteño insisten en crear una Inspección General de Justicia en Buenos Aires para que sea más flexible; es decir transformar Buenos Aires en una ciudad apta para la generación de empresas off shore. Algo a lo que oportunamente se opuso la entonces fiscal, y hoy procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó".


4

"Con motivo del 188º aniversario de Bahía Blanca, la gobernadora María Eugenia Vidal participó del acto central en la plaza Rivadavia. Fue un acto "vip", impopular; la plaza y las calles de los alrededores estaban sitiadas por la policía y absolutamente cerradas con vallas, mientras ATE y CGT locales pulseaban por entrar para manifestar sus reclamos. La respuesta fueron los gases lacrimógenos".


5

"Resultan gravísimos los compulsivos descuentos (de hasta el 80 % de sus salarios, $ 6000 a $ 8000) que sufrieron 65.000 auxiliares docentes de la provincia de Bs. As. (tanto los que hicieron huelga como los que no), como modo de presión y amedrentamiento para impedir el derecho a huelga".


6

"Se siguen muriendo nuestros jóvenes que pueden comprar drogas como caramelos en las fiestas de Costa Salguero, donde todos los testigos denuncian que se ve a los vendedores a simple vista; ¿habría que averiguar de quienes son esas empresas y cómo se hacen los seguimientos del municipio? ¿Qué relación tienen los concesionarios con el gobierno municipal?".


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7

"Mirando la causa llamada "de dólar futuro", y mirando quiénes son los que se han beneficiado con ello no podemos sino concluir que acusar en un lado para moverse por otro es una política "del tero" a la que nos vamos acostumbrando con la evidente complicidad de miembros del poder judicial".


8

"Es muy preocupante la situación en la provincia de Tierra del Fuego: tanto por el cierre de empresas como la crisis del sistema previsional que tiene virtualmente paralizada la administración pública desde comienzos de marzo. La pasividad del Estado Nacional en este conflicto es incomprensible. El ministro del interior brilla por su ausencia en un conflicto que precisamente amenaza la paz interior".


9

"En coherencia con lo que viene ocurriendo desde la asunción del actual gobierno, siguen los despidos indiscriminados: unos 600 en la industria electrónica de Tierra del Fuego, amenaza de 2400 despidos en la central nuclear de la estatal Atucha II, 1000 suspensiones en Techint de Campana. Nos parece importante señalar, que la inmensa mayoría de los despedidos no son "ñoquis" (y si lo fueran, echándolos no se mejora la situación y nos alejamos cada vez más de la declamada "pobreza cero").


10

"Hay que reconocer que con el apoyo de los medios hegemónicos de comunicación oral, escrita, radial, televisiva y digital, el gobierno se ha apropiado del "sentido" de esta y otra palabras remitiéndonos a tiempos como el de "algo habrán hecho".


11

"Repudiamos la negociación llevada a cabo por el Ministerio de Finanzas y el ministro a cargo Alfonso Prat Gay de contratar a siete bancos, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, Citigroup y UBS para emitir los bonos de deuda con que se les pagara a los fondos buitres, diligencia por la cual percibirán intereses del 0,18% del total de la deuda o sea 27 millones de dólares".


12

"Continúa una campaña de persecución evidente contra la Procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, tanto buscando recortarle espacios de acción como intentando provocar su renuncia".


La carta completa aquí.

Espinoza reunió al PJ de la Segunda

El presidente del PJ bonaerense reunió en la localidad de San Nicolás a quince referentes del peronismo de la Segunda Sección Electoral para realizar una “Jornada de Reflexión y Debate”.




El Partido Justicialista se la Provincia de Buenos Aires, encabezado por su presidente Fernando Espinoza, llevó adelante hoy, sábado 23 de abril, una nueva “Jornada de Reflexión y Debate” en San Nicolás donde participaron representantes de la segunda sección electoral.

En el encuentro, al que asistieron intendentes, legisladores, gremios y militantes de los 15 distritos bonaerenses que integran la segunda sección electoral, se llevaron a cabo comisiones de trabajo para analizar la realidad política, social y económica del país.

Espinoza al dirigirse a los presentes dijo: “El peronismo bonaerense se pone en marcha en la segunda sección electoral, con los intendentes, la militancia, los gremios y distintos sectores” y agregó “no nos derrotaron, perdimos una elección ellos nos ganaron pero una cosa es ganar una elección y otra cosa es saber gobernar”.

Asimismo, el presidente del Partido Justicialista señalo que “en estos 140 días de gobierno lo único que vimos son ajustes salvajes para los que menos tienen y vimos beneficiar a los que más tienen. Cada día retrocedemos más y el peronismo tiene que ganar la calle para ponerle un freno”.

Espinoza remarcó que “los peronistas vemos un gobierno muy improvisado con funcionarios que no tienen sensibilidad social ya que son CEOS provenientes de empresas, no conocen a los pobres, no conocen los trabajadores”.

El líder del peronismo bonaerense lo convocó a retrotraer las medidas que se vienen llevando a cabo. “Presidente Macri gobernar es sentarse al lado de los que más necesitan, gobernar es hacer lo que la mayoría de los ciudadanos quieren sino es una dictadura” enfatizó.

Por su parte el ex candidato a Presidente Daniel Scioli manifestó que “desde el peronismo queremos hacer un aporte a los trabajadores y amas de casa por las medidas económicas que se están llevando a cabo y que los perjudican. Yo estuve y seguiré estando incondicionalmente al lado de todos ustedes y los que más necesitan”.

Para el exgobernador es claro que “el sector financiero tiene que estar a disposición del sector productivo y no para el trabajo financiero”. En su discurso ante los asistentes, Scioli remarcó que “tenemos que defender la industria nacional que se ve muy perjudicada por la devaluación y las medidas tomadas por este gobierno. Que quede claro que los peronistas estamos a favor del trabajo”.

El anfitrión del evento, el intendente de San Nicolás, Ismael Passaglia, agradeció la presencia de los dirigentes en su distrito y habló desde su experiencia como jefe comunal. "Quiero decirle y agradecerle en nombre de Fernando Espinoza por venir a nuestra ciudad ya que esta es una jornada de reflexión, porque pasamos tiempos difíciles desde lo económico y político, por eso debemos trabajar unidos y el gran desafío que tenemos todos nosotros es hacer una Patria Grande".

Los cerca de dos mil asistentes a las jornadas se dividieron el análisis en mesas de trabajo que trataron los siguientes temas: Actualidad política; Política económica; Trabajo, producción y desarrollo local; y Nuevas políticas económicas: impacto en la estructura social. Las conclusiones del debate fueron presentadas a través de un documento, que a su vez será material de trabajo en la siguientes Jornadas de Reflexión y Debate.

Canasta ampliada CABA $14.089,54 -para familia tipo -




La canasta de consumo total en la ciudad de Buenos Aires, que se utiliza habitualmente para medir pobreza, alcanzó en marzo un valor de 14.089,54 pesos para un matrimonio con dos hijos, con un incremento del 4,2 por ciento respecto de febrero, del 12 por ciento en el primer trimestre y del 35,5 por ciento en los últimos doce meses. La información fue suministrada por la Dirección de Estadística y Censos porteña, que también reveló que en febrero el aumento de la tarifa de energía eléctrica representó un alza de 253,3 por ciento.


El organismo presentó las canastas de consumo desde agosto de 2015 a marzo de este año, contemplando también los datos de marzo del año pasado para poder realizar la comparación interanual. En el informe, presenta cinco casos de unidades de consumo, de los que se tomaron para la medición el de un matrimonio en el que ambos cónyuges tienen 35 años, están en actividad, tienen dos hijos varones de 6 y 9 años y son propietarios de una vivienda.


Valuación Para una familia de esas características, la canasta alimentaria de marzo fue de 6.256,86 pesos, un 4,4 por ciento más que en febrero, con un acumulado en el primer trimestre de 14,4 por ciento y un 35,3 por ciento interanual. En cuanto a la canasta total, fue en el mes pasado de 14.089,54 pesos, con subas del 4,2 por ciento mensual, 12 por ciento trimestral y 35,5 por ciento interanual.

Universidades públicas al borde de la quiebra: falta de presupuesto ante los tarifazos

El aumento de las tarifas en los servicios eléctricos es una de las variables para que las universidades públicas entren en una crisis económica. Desde la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Matanza ya alertaron sobre esta situación en medio de un presupuesto educativo a la baja.





Desde la Universidad de la Matanza alertaron sobre la posibilidad de cerrar sus puertas debido al impacto que provocó en el presupuesto universitario el aumento de la tarifa de luz, mientras que desde la Universidad de Buenos Aires coincidieron al afirmar que en medio de la devaluación y los tarifazos podrían estar "incapacitados" de pagar los servicios.

Según fuentes de la Secretaría Administrativa de la UNLaM, y que publicó Primereando, la casa de estudio pagaba en promedio 100 mil pesos mensuales por el suministro eléctrico, pero en febrero tuvo que pagar 711 mil pesos.

Sebastián Garber, prosecretario administrativo de la institución, explicó que “el presupuesto universitario se aprobó el año pasado, antes de todos los aumentos, y no va a cambiar”. Además, agregó que “es lógico el crecimiento del consumo porque la Universidad sigue creciendo, con nuevas carreras y obras de infraestructura”.

Según el analisis que hacen, con el aumento en la tarifa del servicio radioeléctrico, la UNLaM podría pagar 8 millones de pesos anuales mientras en 2015 pagó algo más de 1.200.000 millones a la empresa Edenor.

En las últimas horas, los trabajadores de la educación que se desempeñan en la universidad recibieron un correo electrónico de las autoridades con un alarmante pedido. El mail se titula “Ahorro de energía UNLAM pedido especial” y allí solicitan que “economicen recursos”, por ejemplo “apagando las luces cuando se retiran del aula”.

Esta institución pública no es la única envuelta en una situación de crisis. De hecho, desde la Universidad de Buenos Aires alertaron que el presupuesto para este año "no aumentó un solo peso respecto del año pasado" y que esta situación podría generar que la universidad se vea "incapaz de pagar siquiera los servicios de lus y gas".

Según informaron desde la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), el rector Alberto Barbieri presentó ante la comisión de hacienda del Consejo Superior el proyecto de presupuesto 2016 para la universidad "donde el aumento es el 0%".

Al respecto, el consejero superior por el claustro estudiantil Lucas Valderrama explico que “las autoridades de la UBA presentaron un presupuesto donde el dinero destinado para los servicios, gastos de funcionamiento, obras, etcétera, no aumenta en un solo peso respecto al año pasado".

"Informaron que el exiguo aumento será integralmente utilizado para el pago de salarios. Es decir que en medio de la devaluación y los tarifazos generalizados estamos ante una universidad incapaz de pagar siquiera los servicios de luz y gas. Aceptar este presupuesto sólo empeorará el cuadro de derrumbe edilicio, obras paralizadas, docentes precarizados y deserción estudiantil que atraviesa la UBA”, agregó Valderrama.

Asimismo, el presidente de la FUBA Julián Asiner dijo que "rechazamos este presupuesto y sumamos el reclamo a la pelea por el salario docente y el boleto educativo".

Cae 30% la facturación de los hoteles y restaurantes en 2016



Por Francisco Martirena Auber

La enorme crisis en el consumo excedió largamente las góndolas de hipermercados, súper y almacenes. Los hoteles, restaurantes y bares en la Argentina cayeron al menos 30% en su facturación en lo que va del año. En diálogo con BAE Negocios, el presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), Roberto Brunello, manifestó que “estamos resistiendo con la mejor intención para que no haya despidos. Estoy recorriendo todas las provincias y es muy fuerte la caída del consumo”.

Asimismo, dejó en claro que la solución no pasa por una ley para que haya una doble indemnización y precisó que “la AFIP tiene que permitir de nuevo que las pymes puedan acogerse a más de dos planes de pago” para deudas de carácter impositivo.

“Tenemos que hablar de una cifra de al menos 30% en la caída de las ventas y del mismo porcentaje para la baja de los niveles de ocupación en los hoteles, no sólo de los lugares turísticos sino en todo el país”, aseguró Brunello. En un dato por demás gráfico, dijo que “cuando antes salían a comer tres personas juntas, hoy van dos y ya no piden postre o se toman una segunda gaseosa”.

La única recuperación que se observó fue en los fines de semana largos, aunque leve. Desde la Fehgra, que comenzará a negociar desde el próximo mes las paritarias, consideran que “hoy se trabaja con muy poca rentabilidad o a pérdida en algunos casos, y con gran presión tributaria”.

Brunello aseguró que “con gran esfuerzo no ha habido despidos hasta el momento” en el sector, aunque vaticinó: “Lamentablemente algún establecimiento lo va a tener que tomar”. Brunello hizo una descripción del panorama por el que atraviesa la actividad. “Bajó el consumo y la inflación que estamos sufriendo es bastante importante. Nosotros no somos formadores de precios, no asumimos la responsabilidad de los aumentos”, aclaró.

La Fehgra nuclea a 35.000 restaurantes y 15.000 hoteles que emplean a 500.000 trabajadores, por lo que el impacto negativo de la crisis económica amenaza a uno de los segmentos que moviliza una importante cantidad de dinero.

Encuesta sobre consumo de medios en brasil, año 2015








El cuadro de apertura muestra el consumo de medios según soporte y desagregados por sexo y edad, renta familiar, escolaridad , ocupación y tamaño del municipio.


Como se observa en la apertura ( click para agrandar) el dominio de la TV - en general y la abierta en particular - es pleno sobre el resto de los soportes, aunque debe destacarse el avance de Internet en especial en los tramos jóvenes, donde en el tramo entre 16 y 25 años ya iguala a la televisión, fenómeno de expansión de internet que se expande incluso hasta los encuestados de 35 años que la utilizan con una frecuencia del 50% del universo relevado.


En sentido contrario el retroceso en la lectura de diarios respecto a formatos anteriores es notable. La frecuencia de uso de Televisión e Internet es de promedio 4,5 hs diarias.







La confianza en las publicidades y mensaje según soporte ( mayor en medios gráficos que en redes ) , el desagregado de consumo según días a la semana, la cantidad de horas diarias de consumo según soporte y el grado de conocimiento de portales gubernamentales, canales de TV oficiales, etc. puede observarse en la Encuesta de Media, Brasil 2015, completa acá

Todos los indicadores en caída, salvo tarifas y endeudamiento externo





El presente post , resumen del informe del CEPA tiene el objetivo de brindar un monitoreo de las principales variables en la coyuntura económica actual.

Informe completo se baja acá


•En lo que refiere a la evolución de la actividad económica, los distintos indicadores arrojan invariablemente caídas en la actividad. Las ventas minoristas evidencian una caída de 5,8% en marzo (1) . La construcción presenta cuatro meses consecutivos de caída de la actividad desde diciembre de 2015. La producción siderúrgica experimentó un claro declive a partir de noviembre de 2015, acelerándose esta caída a partir de diciembre. El complejo automotriz redujo sus exportaciones 38% en marzo y 40% en el primer trimestre de 2016. La evolución del faenado de vacunos manifestó una caída de 7% en marzo, mientras que para el primer trimestre la caída se amplía a 4,3% alcanzando en ese período 2,95 millones de cabezas, aproximadamente. A su vez, la producción vacuna del primer trimestre de este año cayó 9%.


•Los principales índices de inflación exponen un importante salto en los precios minoristas a partir de diciembre de 2015, y de manera sostenida en enero y febrero de 2016. Entre diciembre 2015 y febrero de 2016 la inflación acumulada se ubicó entre 10 y 13% para los 3 meses comprendidos (diciembre, enero y febrero). Existen proyecciones que arrojan una inflación acumulada superior a 20% para los primeros cinco meses de gestión de las nuevas autoridades económicas, en contraste con un nivel similar (20%) al acumulado para el período enero a noviembre de 2015.


•El desempeño salarial, a partir de la devaluación y el consiguiente traslado a precios (o pass through) en los meses sucesivos, registró una caída de los salarios en dólares como también una disminución de 10 puntos del poder adquisitivo del Salario Mínimo Vital y Móvil entre noviembre de 2015 y marzo de 2016. Las paritarias adelantan un nivel de recomposición salarial que llegaría a 18,01% para el primer semestre, frente a una evolución de 24% del índice de precios minoristas para los últimos seis meses.


•El empleo, público y privado, expone una tendencia a la contracción. Un relevamiento realizado arrojó 141.542 despidos entre enero y marzo de 2016, con mayor incidencia en el sector de la construcción (mano de obra menos calificada) en el sector privado, y de las provincias en el sector público.

•En materia de política monetaria se evidencia un importante incremento del interés pagado por el BCRA en sus Letras (38% a 35 días) así como del spread bancario bajo la nueva gestión de la autoridad monetaria.


•La política fiscal experimentó un sustancial incremento en el déficit en el mes de diciembre, se neutralizó en enero para luego volver a acelerarse en febrero (último mes con información disponible), impulsada en parte por la caída de los ingresos públicos generada a partir de la reducción y quita de impuestos a los sectores más concentrados de la economía y la ralentización de la actividad económica.


• En lo que refiere al sector externo, las exportaciones nacionales registraron un aumento de 4% en el primer bimestre del año. Dicha suba se explica por el aumento en las cantidades de exportación de productos primarios (+63%) y de manufacturas agropecuarias (+45%) producto de la liquidación de cosecha retenida por parte de los principales actores del agro a partir de la eliminación de las retenciones y de los ROE. Las manufacturas industriales experimentaron una disminución de las exportaciones y un retroceso en la participación de las exportaciones totales. El resultado arrojó un déficit comercial de 102 millones de dólares en el primer bimestre de 2016.


•La deuda externa presenta un crecimiento en los últimos meses que, a partir de la operación de repo del BCRA en enero y del posible acuerdo total con los holdouts, se ubicaría en torno a los 20 mil millones de dólares y generaría un aumento, cercano a los 4 puntos, de la incidencia de la deuda en dólares del sector público sobre el PBI. Estas operaciones representan un incremento promedio de los servicios de la deuda de más de 2 mil millones de dólares anuales (+20% sobre los servicios de deuda presupuestados para 2016). El foco de las operaciones futuras deberá estar en la tasa a la que se logren colocar las emisiones de deuda, post acuerdo en NY.


•En lo que refiere a las tarifas eléctricas, se estima que los cargos tarifarios por la quita de subsidios aumentarían 225% para residencias y comercios y 600% para la industria en zona AMBA.


•En producción hidrocarburífera, en línea con la cuestión energética, se observa una evolución diferente en las principales variables con una tendencia a la caída en la cantidad de equipos de perforación y una potencial pérdida de puestos de trabajo en la industria. Este análisis adelanta una eventual disminución de la producción de crudo y gas, particularmente para el caso de YPF.


•En cuanto a las economías regionales, se observa que, aun con la devaluación del tipo de cambio y la quita de retenciones, no se han solucionado los principales problemas que se venían presentando en relación a los precios a la baja y la caída de la demanda internacional. Al analizar el desempeño del complejo vitivinícola, los despachos al consumo interno muestran una evolución negativa en el primer bimestre de 2016, con una caída de 7,3% en cantidades. En el complejo de frutas de pepita el precio al productor se mantuvo relativamente estable en los últimos meses, mientras que los precios en el mercado interno se han incrementado fuertemente (principalmente en marzo). Para el complejo lácteo se evidencia una caída del precio promedio de la leche cruda informado por la industria en febrero (-13,7%), en paralelo con el aumento del litro de leche en góndola de 34% solamente entre octubre de 2015 y enero de 2016.


(1) Las variaciones porcentuales expuestas en el presente Informe refieren a comparaciones interanuales, salvo indicación en contrario.

La pregunta de Moyano : "si no piensan despedir gente ¿en qué les molesta la doble indemnización?"

El líder de camioneros y presidente de Independiente opinó sobre la ley que impulsan varios sectores opositores para prohibir los despidos y promover la doble indemnización. Además adelantó que pedirán 30 por ciento de aumento




El jefe de la CGT Azopardo y del gremio Camioneros, Hugo Moyano se refirió al contexto actual, donde varios sectores opisitores impulsan una ley para impedir los despidos y en caso de que sucedan se aplique la doble indemnización. Además adelantó que su gremio pedirá cerca de un 30 por ciento de aumento.


Los coqueteos con el Presidente y sus críticas hacia el gobierno han hecho de la figura de Hugo Moyano un personaje ambivalente. En un comienzo de la historia, el sindicalista más conocido de la Argentina se mostró cercano a Mauricio Macri y pidió darle tiempo. De a poco la relación fue tomando distancia y los chispazos por algunas medidas del ejecutivo se hicieron cada vez más notorias.


Hoy Moyano, en declaraciones radiales apoyó el reclamo por la doble indemnización como medida para paliar los despidos, medida que apoya todo el arco sindical y la mayoría de los bloques opositores. "Si no piensan despedir gente ¿en qué les molesta la doble indemnización?", lanzó Moyano. Agregó también que la medida es para "garantizar la estabilidad laboral en un momento tan especial como el que vivimos".

Radiografía del malhumor social

DOS DE CADA TRES VEN MAL O MUY MAL LA SITUACION ECONOMICA. PREOCUPAN MAS EL DESEMPLEO Y LA POBREZA


Una encuesta revela un alto nivel de malestar con la situación económica. El eje de la preocupación de la población se corrió de la inseguridad a las cuestiones socioeconómicas, por encima de la corrupción. Los datos del estudio de Ibarómetro.

Por Raúl Dellatorre


Un 66,7 por ciento de personas describe la situación económica actual como “mala” (41,5) o “muy mala” (25,2), mientras que apenas el 26,7 por ciento la califica en términos positivos (el 3,9 por ciento como “muy buena” y el 22,8 como “buena”). Este es el resultado de un estudio nacional de opinión pública realizado por la consultora Ibarómetro entre el 12 y el 15 de este mes. Es decir, la semana pasada. La evolución de los resultados, con respecto a las dos encuestas anteriores, señala un empeoramiento progresivo de la percepción económica de la población. Las opiniones negativas pasaron del 53,1 por ciento en diciembre de 2015 a 66,1 por ciento en febrero, creciendo en la consulta de la semana pasada en seis décimas más. En tanto, las opiniones positivas pasaron del 35 por ciento en diciembre, a 27,7 en febrero para volver a caer en abril al 26,7 por ciento.

La percepción económica de los encuestados mejora cuando se los consulta sobre el futuro. Concretamente, ante la pregunta: ¿cómo cree que será la situación económica del país dentro de un año? Un 49,6 por ciento dio una respuesta positiva, haciendo la salvedad que sólo el 42,9 por ciento señala que “mejorará”. Otro 6,7 por ciento responde que se mantendrá “igual de bien” que en el nivel actual. Las respuestas negativas suman 40,6 por ciento, que se compone del 26,4 que opina que “empeorará”, y el 14,2 por ciento que cree que se mantendrá “igual de mal” como en la actualidad. Un 9,8 por ciento dice no saber cómo será.

Vale destacar que la pregunta refiere a la situación económica general y no a la individual del encuestado. Además, por la calificación que hace la consultora, con respecto al 20,9 por ciento de respuestas que consideran que la situación se mantendrá “igual”, se valora la respuesta anterior sobre cómo describiría la situación actual, para clasificar las opiniones en dos tipos de respuestas: “igual de bien” (6,7) o “igual de mal” (14,2). En esta parte de la consulta, referida a la percepción de la situación económica futura, Ibarómetro también da cuenta de un empeoramiento de las respuestas respecto a las dos encuestas anteriores. Las respuestas positivas variaron del 59,1 por ciento en diciembre de 2015, a 51 por ciento en febrero y 49,6 por ciento en abril. Las negativas, pasaron del 29,4 por ciento en diciembre, a 39,5 por ciento en febrero y 40,6 por ciento en el presente mes de abril.

Otra observación de Ibarómetro, a partir de los resultados de su encuesta sobre el balance de las políticas del gobierno nacional, es que “los problemas socioeconómicos representan la principal preocupación de los argentinos (45,5 por ciento de las respuestas); dentro de este conjunto, las inquietudes asociadas al desempleo son las que exhiben el mayor crecimiento desde febrero”.

En efecto, en respuesta a la consulta “en su opinión, ¿cuál es el principal problema del país?”, en la encuesta de la semana pasada el 15 por ciento respondió “el desempleo”. Este guarismo es casi cinco puntos superior al exhibido en los resultados de la encuesta de febrero (10,2 por ciento). También hubo un salto, aunque menor, en el número de quienes señalan a “la pobreza” como preocupación mayor, que del 12,3 por ciento en febrero, pasó a 14,1 este mes. Los que indican a “la inflación” en primer lugar, se mantuvieron estables en el 16,4 por ciento. De tal modo, el 38,9 por ciento de los encuestados elegía en febrero a alguno de los tres problemas socioeconómicos como principal preocupación, mientras que este mes fue el 45,5 por ciento.

La “corrupción” y la “inseguridad” son las otras dos preocupaciones con fuerte peso en la opinión de la sociedad. La primera tuvo el 20,7 por ciento de respuestas que la señalaron como principal problema, que pasó al 24,4 por ciento en este mes. En cambio, la “inseguridad” quedó desplazada del lugar de preocupación principal casi al mismo tiempo que desaparecía del espacio central de los noticieros de la televisión, a expensas de algún caso resonante de “corrupción”: de un 19,9 por ciento que señalaba a “la inseguridad” como preocupación central en febrero, en apenas dos meses la proporción de esas respuestas bajó a 13,4 por ciento. Bastante más atrás quedó “la educación”, con 11,3 por ciento de respuestas en febrero y 8,7 por ciento en abril. La encuesta, lamentablemente, no mide si esta variación en las respuestas está asociada a que la población que cambió de opinión considera que los problemas de la educación se han resuelto, o si hay otros que han crecido tanto que lo superan como preocupación principal. Lo mismo vale para “la salud”, que de 2,9 por ciento que lo consideraba como preocupación mayor en febrero, en la última encuesta quedó relegada al uno por ciento de las respuestas. La encuesta de Ibarómetro también consultó a los entrevistados sobre su evaluación de las medidas económicas tomadas por el gobierno nacional en sus primeros cuatro meses de gestión. Las respuestas reflejan una notable paridad entre quienes consideran que “son medidas necesarias producto de la mala gestión de Cristina Kirchner”, afirmación a la que adhirió el 46 por ciento de los encuestados, y quienes se identifican con el enunciado “son medidas que responden a la nueva política económica del presidente Macri”, que recogió el 47 por ciento. El restante 7 por ciento, dice no saber. Tal paridad, de algún modo, podría estar reflejando el resultado parejo de la elección en balotaje de noviembre en la que salió electo presidente Mauricio Macri por sobre Daniel Scioli. A su vez, el gobierno nacional obtiene un estrecho margen de confianza cuando la consulta refiere al impacto de las medidas. Concretamente, la opción propuesta fue “lograrán impulsar el crecimiento del país”, o “provocarán una crisis económica”. El 43 por ciento optó por la primera, pero el 39 por ciento auguró una crisis económica. El 18 por ciento, mirando las respuestas de un lado y de otro, quizás con un nudo en la garganta, puso la cruz en el casillero de “No sabe”.

El FpV en el Senado le marca la cancha al Gobierno nacional con la deuda y los despidos

El bloque de senadores nacionales del PJ-FpV buscará el miércoles próximo realizar una sesión especial de la Cámara Alta para tratar los proyectos de ley de emergencia ocupacional y de límite al endeudamiento público, respaldados por distintos sectores de oposición.




La intención del bloque con mayor cantidad de integrantes, y que cuenta con quórum propio en el Senado, es solicitar una sesión especial para el miércoles próximo y así tratar los dos temas aludidos, en un intento de marcarle la cancha al gobierno nacional, informó una fuente parlamentaria.

Se trata del proyecto que declara la emergencia ocupacional en todo el territorio nacional y prohíbe los despidos en el ámbito público y privado, que obtuvo dictamen comisión esta semana (el cual fue respaldado por la ex presidenta Cristina Fernández, aunque pidió que se unifique con el dictamen aprobado en Diputados en el mismo sentido).

También el proyecto impulsado en su momento por el jefe de la bancada referido, Miguel Pichetto, y su par del interbloque Compromiso Federal, Adolfo Rodríguez Saá, que busca limitar futuros endeudamientos por parte del Poder Ejecutivo, aunque este último obtuvo varias modificaciones a nivel de comisión.

Este proyecto apunta a devolver al Congreso facultades que fueron cedidas al Ejecutivo en todo lo relativo a la emisión de nueva deuda por parte del Estado Nacional, informó la agencia DyN.

Distribución del ingreso

Por David Cufré


El ajuste recesivo que provocó el Gobierno con la devaluación, la quita de retenciones, el aumento de tarifas y los despidos no es un efecto no deseado de la política económica, es el punto de partida de un programa orientado a modificar estructuralmente la distribución del ingreso. Mientras más tarden en asumirlo los sectores afectados, que son las mayorías populares, más a fondo avanzará el macrismo en la configuración de un nuevo escenario social. La respuesta del Presidente al proyecto de ley que busca poner freno a las cesantías es el ejemplo de esta semana. Si realmente estuviera preocupado por la ola de despidos acompañaría esa iniciativa, que en 2002 y 2003 resultó efectiva como dique de contención a la sangría laboral, en lugar de amenazar con vetarla. Pero lo cierto es que fue el Gobierno quien empezó a agitar las aguas de la desocupación con la expulsión de miles de trabajadores del sector público. Tras ello se montaron empresas del sector privado, en parte como respuesta defensiva a la contracción del consumo que dañó sus negocios. Otra muestra en la misma dirección de la política oficial son las trabas que está poniendo el Ministerio de Trabajo para continuar con los Repro, el plan de sostenimiento del empleo que arrancó en 2009 luego del estallido de la crisis financiera internacional. En aquel momento el Estado llegó a destinar recursos hasta para defender puestos de trabajo en una multinacional como General Motors. Ahora se crean cada vez más obstáculos y, en lugar de los Repro, el Gobierno proyecta un aumento en el monto del subsidio por desempleo. Es decir, se pasó de proteger al trabajador a facilitar su salida. Un tercer ejemplo es el anuncio de 2500 despidos por parte de YPF, que achicó para este año sus proyectos de inversión.

En un contexto internacional difícil, con Brasil hundido en la depresión económica luego de devaluar y profundizar el ajuste fiscal desde enero del año pasado –en un plan comprado por Dilma Rousseff al banquero que puso como ministro de Hacienda, Joaquim Levy–, el Gobierno lanzó una batería de medidas que pegaron en el principal sostén que tenía la economía nacional: el mercado interno. No fue un error. Fue un acto deliberado, cuyo objetivo es el disciplinamiento social. A nadie escapaba que soltar el tipo de cambio provocaría una estampida inflacionaria, lo mismo que bajar retenciones y subir tarifas. Eliminar las estructuras creadas en el Estado para controlar la formación de precios tampoco podía redundar en una baja de la inflación. Subir a 38 por ciento las tasas de interés de referencia del Banco Central no podía favorecer nunca a los sectores industriales ni promover el consumo. Quitar la obligación a bancos y compañías de seguros de destinar una parte de sus carteras al financiamiento de proyectos productivos y de infraestructura no se condice con ningún plan de desarrollo. Liberar a los bancos de la obligación de ajustar las tasas de interés para los ahorristas en línea con las subas de las tasas para los créditos solo puede satisfacer al sector financiero. Paralizar obras públicas, proyectos como Atucha III y el satélite Arsat III, evidencia el desinterés del Gobierno en áreas estratégicas del desarrollo nacional y el desprecio por sus trabajadores.

Frente a todo ello, la mayor capacidad que demostró Cambiemos desde la campaña electoral hasta el presente es el manejo político. Seguramente le hubiera resultado más difícil sin el acompañamiento del aparato mediático, que hasta logró disimular la decena de sociedades offshore que tiene el Presidente y su familia en guaridas fiscales, lo mismo que otros destacados representantes de la alianza de gobierno. Pero el macrismo consiguió un apoyo social decisivo para avanzar hasta donde llegó. Primero la promesa fue que ninguna de las medidas que tomaría desde el poder afectaría las conquistas del kirchnerismo. El punto de partida de esa estrategia fue la noche del triunfo de Horacio Rodríguez Larreta en el ballotage porteño, cuando Macri se disfrazó de peronista y dijo que su fuerza venía a construir sobre lo construido. Ya en el poder, el Presidente cambió ese discurso por el de la pesada herencia para justificar las medidas antipopulares. Es un recurso que aún le rinde frutos, por más que el Indec lo desmintió reconociendo que en 2015 la economía creció 2,1 por ciento y los registros de la AFIP dieron cuenta de la generación de cerca de 150 mil empleos privados el año pasado. De todos modos, la imposibilidad de tapar el sol con la mano está obligando al Gobierno a hacer un tercer giro, que tomará cada vez más forma, hacia la gastada teoría del derrame. El argumento es que los sectores populares deben aceptar un sacrificio inicial para permitir un aumento de la rentabilidad empresaria, que supuestamente luego redundará en una economía pujante que incluirá a todos. La experiencia nacional e internacional demuestra que el derrame nunca se produce, mientras que los sacrificios requeridos y la pérdida de derechos sociales son cada vez mayores.

El principal elemento de seducción que presenta ahora el Gobierno para convencer a la sociedad de seguir creyendo en la teoría del derrame es el plan deuda. La emisión de bonos por 16.500 millones de dólares esta semana, después de recibir ofertas de inversores internacionales por 68.000 millones, fue presentada por el equipo económico como la comprobación del éxito de su gestión, dedicada casi en exclusividad durante cuatro meses a arreglar con los fondos buitre y volver a los mercados. La reinserción de la Argentina en la lógica del capitalismo financiero es funcional al objetivo de producir un cambio profundo en la orientación del ingreso, a favor de sectores concentrados y en contra de los trabajadores. En ese proceso, la vuelta del Fondo Monetario Internacional es un elemento clave.

Una vez instalada la muletilla de que sin financiamiento en los mercados el país no tiene destino, lo que seguirá será una sucesión interminable de medidas para demostrar a los inversores que pueden seguir dando crédito. El arreglo con los buitres fue la primera muestra de cómo opera esa matriz de ceder primero para tener como recompensa el acceso a moneda dura. La apertura de la cuenta capital se inscribe en la misma línea. La libre entrada y salida de divisas es una concesión primaria a los mercados, lo que a su vez agilizará la fuga de recursos generados en el país a plazas extranjeras. Si la fuga de capitales era uno de los mayores problemas de la economía nacional, el Gobierno lo agigantó con esa decisión, y para compensarlo lo que ofrece es aceptar las condiciones que impongan los financistas para comprar títulos de deuda a tasas generosas.

El ajuste de las cuentas públicas, reformas en leyes laborales, previsionales y del sistema educativo, privatizaciones, corrimiento del Estado como regulador del poder económico irán apareciendo en la agenda del Gobierno de aquí en más. No es una predicción arriesgada. Es lo que pasó en los ‘90, una etapa de la que el macrismo es heredero. El FMI y los mercados ocuparán el mismo rol que entonces, funcionando como escudo del oficialismo frente a la sociedad para que vaya aceptando cada pérdida de derechos como un mandato inevitable. Por eso la actual recesión y la angustia de trabajadores y empresarios que dependen del mercado interno no es una falla del sinceramiento económico, es el inicio del plan.