Los investigadores Norberto Emmerich y Joanna Rubio revisan la
historia del ex mandatario colombiano. "En los 90 Uribe y Pablo Escobar
eran amigos cercanos y socios comerciales. Pero mientras Escobar murió
en 1993, Uribe se convirtió en presidente", describen.
Por Norberto Emmerich (Prometeo – IAEN – Ecuador) y Joanna Rubio (Univ. de Guadalajara, Dep. de Estudios Políticos y Gobierno)
En los años 90 Alvaro Uribe Velez y Pablo Escobar Gaviria eran amigos
cercanos y socios comerciales. Pero mientras Escobar murió en un
enfrentamiento policíaco en 1993, Uribe se convirtió en presidente de
Colombia. ¿Quién fue el verdadero patrón del mal?
Hablar del ex presidente colombiano Álvaro Uribe es hablar de sus
logros sociales en Antioquía y de corrupción, es hablar del senador
estrella de 1990 y del escándalo de los “falsos positivos”, es hablar de
libertad económica y dependencia de Estados Unidos. Es claro que hablar
de Uribe es hablar de poder y de narcotráfico.
Uribe aplicó en Colombia lo que aprendió en un curso de Resolución de
Conflictos en una escuela afiliada a Harvard (aunque la página de
presidencia en Colombia dice que tiene una especialización en
administración y gerencia de la Universidad de Harvard) y llevó un paso
más allá los procesos de negociación con los grupos del narcotráfico.
En los Acuerdos de Santa Fe de Ralito, en el año 2003, Uribe puso
sobre la mesa las reglas para pactar con el crimen organizado
(paramilitares), en un proceso que significó un intento de cooptación de
estos grupos por parte del Estado. Entre líneas el gobierno de Uribe
aceptó su relación con el narcotráfico con el fin de encontrar un punto
de equilibro.
En los hechos, y a pesar de las expresiones, no hubo una guerra
contra el narco sino que se pactó con él para obtener un cambio del
régimen de acumulación. Y así lo dejó claro el líder las AUC, Salvatore
Mancuso, en su discurso del 28 de julio de 2004 al Congreso de la
Nación: “la razón por la que iniciamos esta negociación política no está
muy lejos del sentido común, y por eso genera solidaridad. Creemos que
hoy se está trabajando en la dirección adecuada para el fortalecimiento
del Estado y sus instituciones. Es la gran oportunidad de otorgar un
voto de confianza en el futuro de nuestro país, sumándonos a 44 millones
de personas empeñadas en la construcción de una democracia más legítima
y de un Estado más fuerte, más eficiente, más justo y más responsable”.
De narcos y paramilitares
Pero más honesta era la alianza entre el líder paramilitar Carlos
Castaño con el narcotraficante Orlando Henao, que estaba presente en
todo el nordeste del país hasta el litoral Pacífico, desde la frontera
de Panamá hasta la frontera con el Ecuador.
Carlos Castaño declaró sin miramientos que financiaba su movimiento
con las ganancias de los cocaleros, aunque se mostró más discreto sobre
los aportes de los actores económicos financieros del establishment.
En la zona de Catatumbo se desplazaba en un helicóptero que jamás fue
detectado por los aviones de la Fuerza aérea colombiana ni por los
radares norteamericanos. Por otro lado, contrariamente a lo que sucedía
con las FARC y el ELN, los paramilitares no figuran en la lista de
organizaciones terroristas elaborada por el gobierno de Estados Unidos.
Phil Chicola, jefe de la Oficina de Asuntos Andinos del Departamento de
Estado, lo explicó: “de acuerdo con la ley estos grupos deberán cometer
acciones que amenacen los intereses nacionales de Estados Unidos para
poder ser incluidos formalmente en la lista”. La posterior inclusión de
los paramilitares entre las organizaciones terroristas del Departamento
de Estado, demorada hasta el límite de lo soportable, terminó por
generar una crisis en la organización de Carlos Castaño y desencadenó su
renuncia a la conducción militar.
Pero la alianza de narcos y paramilitares incluía también a las
Fuerzas Armadas: en 1997, 1998 y 1999 una investigación del gobierno
encontró evidencia de que los oficiales del ejército trabajaban
íntimamente con los paramilitares bajo el comando de Carlos Castaño.
Compartían inteligencia, planificación y llevaban adelante
operaciones conjuntas, proveían armas y municiones, apoyo con
helicópteros y ayuda médica, coordinados sobre una base diaria. Algunos
de los oficiales involucrados permanecían en servicio activo y al
comando de tropas.
En los Acuerdos de Santa Fe de Ralito el gobierno estuvo representado
por Luis Carlos Restrepo, especialista en Psiquiatría, nombrado por
Uribe como Alto Comisionado para la Paz en el año 2002. Estos Acuerdos
expresan con una claridad que no se ha logrado en otro país, excepto en
Estados Unidos, la lógica de acumulación económica capitalista en
relación al crimen en general y al narcotráfico en particular. En este
sentido, la “solución” al problema del narcotráfico no implica su
disolución sino un salto hacia adelante, una incorporación dentro del
sistema, mediante el mecanismo de cooptación de oligarquías
competitivas. Se creó el escenario para que un proceso de acumulación
capitalista primitivo, como es típicamente el narcotráfico, se convierta
en una acumulación capitalista normal. En la realidad este acuerdo
impulsa un marco de impunidad en torno a los crímenes de lesa humanidad o
al
narcotráfico.
La reparación de las víctimas no resultó eficiente y algunas de las
personas que la reclamaron han sido perseguidas o asesinadas. Esto
significa que los acuerdos de cooptación no incorporan a todos los
sectores “convocados”, sino solo a quienes sobreviven a la competencia
inducida por la cooptación. Porque esta cooptación se da a “destiempo”,
cuando el Estado nacional ya está medianamente conformado. E implica (o
debería implicar) el uso abrumador de la violencia estatal. Los sectores
más aburguesados del crimen organizado se convirtieron en
terratenientes del oriente colombiano, la droga siguió circulando sin
interdicciones y el narcotráfico dejó de ser un actor político. Pero los
sectores más “populares”, la mano de obra armada, quedaron relegados
bajo la persecución jurídica y militar. Engrosaron luego las actuales
Bacrim.
El 7 marzo de 2006 siendo Restrepo aún comisionado por la paz, montó
una falsa desmovilización de 62 guerrilleros del frente “Cacica Gaitana”
de las FARC. Según varios testimonios recopilados por el periódico el
País
[1],
varios indigentes y desempleados (que incluían algunos pocos
guerrilleros) recibieron un pago de 250 dólares para disfrazarse como
miembros de las FARC y participar del montaje. Como consecuencia del
escándalo la
Fiscalía General de la Nación
abrió una investigación contra Restrepo. Sin embargo el ex comisionado
para la Paz abandonó el país y fue declarado “preso ausente”.
Cooptación sí, guerra no
México tomó nota de la política de Uribe. El presidente mexicano
Enrique Peña Nieto y su gabinete decidieron no seguir la estrategia
calderonista de guerra contra el narcotráfico. México, con grandes
dificultades, está buscando llegar a acuerdos con estos grupos
delictivos no solo para coaptarlos sino también para integrarlos al
régimen político.
Álvaro Uribe fue un presidente que decidió pactar con el narcotráfico
como una forma racional de ingresar al PIB una rama productiva que
estaba operando en forma ilegal. Bajo una racionalidad netamente
capitalista utilizó el ejercicio del poder para implementar un cambio
radical en la economía política de Colombia.
La cooptación violenta significó un 46% de pobreza, 29 millones de
personas; un 17,8% de indigencia, 9 millones de personas; un índice de
desempleo del 12,8%; 32 pueblos aborígenes, sobre un total de 102, en
riesgo de extinción; un índice de 59,2 en la escala de desigualdad
social de Gini, el país más desigual del continente; la reducción de la
participación de los trabajadores en el PBI nacional al 32%; 78.000
presos, 80% de ellos entre 18 y 29 años; en el año 2009 Colombia tenía
29.000 menores detenidos en virtud del Código de la Infancia; un gasto
de defensa equivalente al 14.2% del PBI en el año 2010; 38.255
desaparecidos en el período 2007-2009; desplazamiento forzado de 2.4
millones de personas; utilización de la población civil en el conflicto
armado bajo las modalidades de red de informantes, soldados por un día,
estudiantes informantes, taxistas informantes, etc.; un alto grado de
impunidad, con 35.353 paramilitares desmovilizados pero solo 698 de
ellos siendo procesados; 1.200 casos de ejecuciones extrajudiciales
investigadas por la Fiscalía General de la Nación; 7500 presos
políticos, la mayoría por montajes judiciales.
El precio que pagará Uribe por hacer el trabajo sucio de la
cooptación del narcotráfico, traducido luego en una apertura al capital
internacional, todavía es impredecible. Fue el presidente que, con la
política de los “falsos positivos” de su ministro de Defensa Juan Manuel
Santos, disfrazó a por lo menos 3.500 muertos civiles como
guerrilleros. Y el que “comunicó” la guerra contra las FARC como una
guerra contra el narcotráfico a pesar de que mientras combatía a unos,
negociaba con los otros.
Para Estados Unidos se estaba convirtiendo en un peligroso cabo
suelto. La oligarquía financiera necesitaba un período de transición
democrática y las transnacionales necesitaban convertir las grandes
áreas despejadas por Uribe en zonas de producción de agrocombustibles y
de recursos naturales. Necesitaban eliminar impuestos, una reforma
laboral, optimizar la inversión extranjera, mayor seguridad jurídica y
estabilidad fiscal. Por lo tanto se requería remover a la mafia del
poder estatal. Todos los candidatos presidenciales del post uribismo
eran manejables para estas tareas. Solo Gustavo Petro, como fue evidente
años después, se salía del libreto, sobre todo cuando planteaba
democratizar la tierra adquirida ilegalmente por los narcos.
Tras los acuerdos con los paramilitares/narcotráfico el campo
colombiano recuperó lentamente la actividad productiva de plátano, yuca,
arroz, hortalizas y frutas. Las negociaciones promovieron el ingreso de
los líderes paramilitares al escenario político. Un estudio realizado
por la Misión de Apoyo Electoral (MOE) reveló que de los últimos trece
presidentes del Senado, sólo Claudia Blum de Barbieri no tenía
conexiones con los paramilitares
[2].
Finalmente varios miembros del Senado fueron sentenciados por la
Corte de Justicia: Mario Uribe, que el 21 de febrero del 2011 fue
condenado a siete años y seis meses de prisión por alianzas con el
exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Miguel Pinedo, condenado a nueve
años de prisión al comprobarse que se alió con Hernán Giraldo Serna,
alias el 'Patrón' o el 'Viejo', para llegar al Congreso. Luis Humberto
Gómez Gallo, condenado el 25 de mayo de 2011 a nueve años de cárcel por
sus nexos con el bloque Tolima de las AUC, a través de su comandante
'Elías'. Javier Cárceres, exsenador del Bolívar que fue condenado el 11
de abril del 2012 a nueve años de cárcel por sus reuniones con el jefe
paramilitar 'Juancho Dique' en el año 2003.
En la Cámara de Diputados la situación era aún peor, 133
parlamentarios fueron investigador por sus nexos con los paramilitares.
Los diálogos de paz concluyeron sin mayor éxito en 2007, apenas en su
fase inicial. No se pudo estabilizar y consolidar la mesa formal de
negociación de paz, incluso tras las 7 rondas de diálogo realizadas.
Para su éxito era necesario un reconocimiento político del adversario,
lo que no era políticamente viable.
El verdadero patrón del mal hizo su trabajo, y aunque puede caer en
desgracia en cualquier momento, todavía es considerado “el gran
colombiano”.
[1]Diario
El País,15 de febrero de 2012. “La ‘Cacica Gaitana’ no es la única
desmovilización falsa": ex guerrillero de Farc,
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/del-cacica-gaitana-unica-desmovilizacion-falsa-ex-guerrillero
(13/04/2014).
[2]Diario
El Tiempo, 24 de Julio del 2012, De 13 expresidentes del Senado, 12
investigados por 'parapolítica'. El Tiempo.
http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12061682.html
(14/04/2014).
Fotos de la página oficial de Facebook de Mariotto
Posse hizo hincapié en que son insuficientes la cantidad de
policías que hay en la Provincia: “En las calles y comisarías hay
solamente alrededor de 20.000 policías de seguridad para cuidar a 16
millones de habitantes en 400 mil metros cuadrados.
