El periodista y escritor Tuomas Muraja, trabajando en su casa en Helsinki. En diciembre de 2016, Tuomas Mujara sintió que le había tocado la lotería. Este periodista freelance y escritor de 45 años resultó uno de los 2.000 afortunados que estaban a punto de enrolarse en un proyecto que, a primera vista, parecía un sueño: recibir dinero a cambio de nada
La Seguridad Social finlandesa quería comprobar si inyectando 560 euros al mes sin ningún tipo de condición a un grupo de desempleados a lo largo de 2017 y 2018 obtendría pistas sobre cómo debían ser las ayudas sociales en la era de la digitalización, cómo incentivar la búsqueda de empleo entre los beneficiarios de subsidios y cómo reducir la burocracia. Terminado el proyecto, las conclusiones son ambiguas.
Los resultados preliminares muestran que el dinero caído del cielo no tuvo ningún efecto en la empleabilidad de los participantes. Trabajaron prácticamente las mismas horas y ganaron lo mismo —exceptuando los ingresos de la renta básica— que otro colectivo de características similares. En cambio, la renta básica sí sirvió para impulsar la salud, la autoestima y el optimismo hacia el futuro de sus beneficiarios.
Ya antes de que el pasado viernes se presentaran las conclusiones de un experimento inédito en Europa, Mujara se mostraba seguro de cuáles iban a ser. Y su respuesta se parecía bastante a la que más tarde darían los responsables del estudio. “Por supuesto que los participantes hemos seguido buscando empleo. Primero, porque con 560 euros no puedes vivir en Finlandia. Y segundo, porque tener la seguridad de un ingreso mínimo no te hace más vago”, aseguraba el jueves a este periódico. Al preguntarle por lo mejor de su experiencia, Mujara no dudó un instante: “la libertad”. Libertad de no tener que rellenar largos formularios para solicitar ayudas, libertad de saber que, pase lo que pase, a final de mes iba a tener un cheque, aunque fuera por una cantidad pequeña.
Los defensores del proyecto insistían en que una renta básica sin condiciones de ningún tipo evitaría que los receptores de ayudas rechazaran empleos por temor a superar el nivel de ingresos mínimos para recibir subsidios. Y que al no tener que ocuparse de la burocracia con los servicios sociales podrían dedicar ese tiempo a buscar empleo de forma más eficaz. Algunos participantes en el programa —elegidos por sorteo entre 175.000 personas que en 2016 percibieron algún tipo de subsidio por desempleo— cobraban una cantidad muy parecida a la que recibían antes, pero el nivel de estrés por la preocupación de renovar la solicitud descendió considerablemente. “La libertad te hace más creativo. Y ser más creativo te hace más productivo”, resume Mujara.
La renta básica es una idea ya antigua. Y, frente a la imagen muy extendida de que se trata de una iniciativa izquierdista, en ocasiones ha sido defendida por ideólogos liberal-conservadores que la presentaban como la excusa perfecta para eliminar las otras ayudas sociales. El experimento finlandés nació, como admiten sus impulsores, con dos limitaciones: estar dirigida a un grupo concreto, el de los desempleados, y una duración predeterminada de dos años.
Olli Kangas, profesor de la Universidad de Turku que ha liderado la investigación, se muestra satisfecho con los resultados, pese a insistir en que son aún provisionales. El próximo año se conocerán las conclusiones finales. Pero por ahora destaca la importancia de que los participantes en el piloto se hayan sentido más seguros, al mando de sus vidas y con mejor salud mental y física. “Soy consciente de que los detractores de la renta básica no prestarán atención a estas mejoras, y se centrarán en que el proyecto no tuvo efectos en su situación laboral”, continúa Kangas.
Lo cierto es que la posibilidad de que Finlandia introduzca algún tipo de renta básica con carácter generalizado parece alejarse más y más. El proyecto nació con la idea de ser prorrogado y ampliado a otros grupos más allá de los desempleados, pero el Gobierno de centroderecha anunció en abril de 2018 que se quedaría en solo dos años. El ministro de Finanzas, Petteri Orpo, ha dejado claro su desdén por el programa. Y ninguno de los grandes partidos que aspiran a obtener una mayoría en las elecciones parlamentarias del próximo abril muestran muchas simpatías por ampliar el proyecto. “Ni los socialdemócratas ni los conservadores ni los sindicatos defienden la renta básica”, admite el investigador Kangas.
En el mundo académico, las posturas están muy enfrentadas. Miguel Ángel García, investigador de Fedea, no esconde su escepticismo ante una renta básica cuya puesta en práctica no solo sería “cara sino complicadísima”. “No creo que la sociedad fuera a recibir bien una renta generalizada para todos. Y que un jubilado que ha trabajado toda su vida cobrara lo mismo que alguien que se ha esforzado menos. Creo que es prioritario buscar soluciones para colectivos como los trabajadores pobres y los que no acceden al mercado laboral, más que impulsar medidas tan dudosas como la renta básica”, añade.
Enfrente se topa con activistas como Guy Standing, investigador en la Universidad de Londres y autor de La renta básica, Un derecho para todos y para siempre, que cree necesario replantear todo nuestro concepto de trabajo y de tiempo, y buscar recursos donde sea para garantizar unas condiciones de vida dignas a todos los ciudadanos. “La experiencia de Finlandia no es un buen ejemplo, porque los participantes fueron elegidos al azar en todo el país. Y no en una pequeña comunidad, donde los beneficios son más evidentes”, explica por teléfono.
Kangas, el responsable del estudio finlandés, admite algunas deficiencias en su experimento y que quizás la perspectiva de una renta básica en su país es hoy aún menos realista que ayer. Pero, se pregunta, ¿quién sabe qué ocurrirá a medio plazo? “¿Acaso un estadounidense de hace 200 años podría imaginarse que la esclavitud iba a ser abolida?”, lanza al aire.
El experimento de la renta ciudadana de Barcelona
Mil familias de los barrios más pobres reciben una ayuda durante dos años para medir su eficacia
Dos beneficiarias de la renta básica del Ayuntamiento de Barcelona en mayo de 2018 No es lo mismo ser pobre y estar pendiente de recibir ayudas esporádicas de los servicios sociales para subsistir que tener una renta de ciudadanía estable que asegure lo básico. A partir de ahí, se puede pensar en sacar la cabeza del pozo, en algo más a largo plazo que en subsistir un día más. Es lo que están experimentando 1.000 familias de diez de los barrios más pobres de Barcelona, que forman parte de la prueba piloto que el Ayuntamiento inició a principios de 2018: un ensayo de renta mínima financiado en un 80% con fondos europeos.
La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, lo resume así: “Pasar del asistencialismo al empoderamiento, a decir: ‘confiamos en vosotros y os damos recursos y herramientas”. Habla de “encontrar nuevos instrumentos de redistribución en un momento en el que crecen las desigualdades”. “Tal y como está el mercado laboral, las rentas tienen que ser un instrumento para salir de la pobreza”, defiende. Explica que, a raíz de recibir la ayuda, “muchas personas, y especialmente mujeres, comienzan a relacionarse con su entorno o los servicios públicos de su barrio; tiene una dimensión comunitaria”. Las mujeres son el referente en el 84% de las familias perceptoras.
El proyecto se llama B-Mincome y se centra en los barrios donde se la pobreza se ha cronificado, ubicados en la parte baja de una brecha social que en los dos últimos años se ha frenado pero que no se reduce. La ciudad ha recuperado clase media, pero las rentas muy bajas no remontan y se descuelgan del resto. Son barrios ubicados a orillas del río Besòs, en el noroeste de la ciudad, donde en el mejor de los casos la renta familiar es de 60 puntos en un índice donde la media de la ciudad se sitúa en 100. Las 1.000 familias, que suman 3.760 personas (la mitad son menores), recibirán una ayuda media de 568 euros al mes.
Los trabajadores de los servicios sociales que acompañan a las familias del ensayo subrayan que la existencia de la renta mensual cambia completamente, y a mejor, su relación con los perceptores. Las ayudas económicas dejan de monopolizar la relación con ellos, explican. “Desaparece el estrés de las familias por llegar a final de mes y se pueden trabajar con calma otros aspectos, como la formación laboral, la salud, la educación o la organización familiar. Y además permite a los perceptores pensar en el futuro con más calma”, apunta una profesional que lleva décadas bregando con las familias más castigadas de la ciudad.
En la memoria del proyecto que el Ayuntamiento presentó en 2016 para formar parte de un proyecto de innovación social se señalaba que “el supuesto de partida es que la Renta Mínima dotará a las familias de seguridad, libertad y mayor responsabilidad, palancas para superar la pobreza”. Que asegurar un mínimo de ingresos “mejora la capacidad de tomar decisiones”.
El test será evaluado por cuatro institutos de investigación de varios países que medirán su eficacia. Técnicamente, la ayuda consiste en combinar un subsidio con políticas complementarias (de formación y empleo, fomento de la economía social y cooperativa, y vivienda). Así, hay perceptores cuya ayuda estará condicionada a seguir planes de empleo, y otros que no. Se les pide que se impliquen en el barrio y su tejido asociativo, o no. Algunos reciben la ayuda y si consiguen trabajo y aumentan los ingresos se les rebajará; y a otros no. Se trata de chequear todas las fórmulas.
De media las familias reciben 568 euros al mes, pero las cantidades oscilan entre 100 y 1.600 euros, en función de la composición de cada unidad familiar o lo que paguen de vivienda. El cálculo básico de partida es que, sin el gasto de la vivienda, un adulto necesita 402 euros mensuales para cubrir sus necesidades y cada miembro de más de la unidad familiar, otros 148.
El B-Mincome también ha servido de plataforma para poner en marcha la moneda local, el REC, una promesa electoral de la alcaldesa Ada Colau para fomentar el comercio de proximidad. Y es que el proyecto contempla que los perceptores de la renta ciudadana gasten el 25% de la ayuda que reciban en REC (equivale a un euro y que funciona con una aplicación) en los comercios de su barrio.
Distintas pruebas con distintos modelos
Existen casi tantas rentas básicas como defensores tiene estas. En su forma más pura, se trata de un pago estatal de carácter universal (para todos los miembros de una comunidad), incondicional (al margen de ingresos y riqueza) e ilimitado en el tiempo.
Lo que puede parecer una iniciativa utópica cuenta con un congreso anual donde se presentan estudios científicos. Y países tan dispares como Canadá, India, Kenia, EE UU, Holanda, Alemania o España han llevado a cabo o planean experimentos con distintos tipos de rentas básicas. La muy comentada renta ciudadana del M5S italiano ha quedado finalmente reducida a una forma de completar el subsidio por desempleo hasta un máximo de 780 euros.
Guy Standing, uno de los mayores conocedores —y defensores— de la renta básica, destaca la experiencia de Kenia, donde 21.000 adultos recibirán una renta hasta 12 años, por su larga duración e impacto en una comunidad, en lugar de un colectivo disperso, como en Finlandia.
