Es por la condena a 12 años de prisión por presunta corrupción.
Lula sigue de gira proselitista por Brasil, mientras aguarda el fallo
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil dirá mañana si acepta un recurso (habeas corpus) presentado por la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), para evitar que empiece a purgar una condena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero hasta tanto no haya agotado todas las instancias judiciales.
Si deniega el recurso, nada se interpondrá a un arresto de Lula. En caso contrario, el camino de los tribunales podría extenderse y sobre todo dejarlo libre durante la campaña para las elecciones de octubre, que se anuncian como las más inciertas desde el retorno de la democracia en 1985.
El caso Lula enfrenta a jueces garantistas y a los defensores de la Operación Lava Jato, una investigación que usó la prisión preventiva, las delaciones premiadas y el cumplimiento de penas después de una condena en segunda instancia para desvendar una multimillonaria red de sobornos entre empresarios y políticos.
Lula, de 72 años, fue sentenciado por recibir un apartamento de lujo de la constructora OAS, involucrada en la trama de desvíos de la estatal Petrobras. El exmandatario es favorito para las elecciones, aunque la justicia electoral debería bloquear su candidatura en agosto por tener una condena ratificada en segunda instancia.
Las investigaciones por corrupción volvieron a cruzar a la justicia con la política la semana pasada, cuando la fiscalía general ordenó detener a allegados del presidente conservador Temer en un caso que indaga si corrieron sobornos en un decreto de concesiones portuarias de 2017. Tras ser interrogados, todos fueron liberados, pero para muchos analistas el daño a una eventual candidatura del mandatario de 77 años ya está hecho.
A medida que se aproxima el 4 de abril, la presión sobre el STF aumenta. El ex Fiscal General Rodrigo Janot y el procurador de Lava Jato en Curitiba (sur), Deltan Dallagnol, se sumaron a una solicitud de al menos 5,000 integrantes de la justicia para que la corte suprema mantenga la jurisprudencia que permite encarcelar a condenados en segunda instancia, como Lula.
