El presidente francés, Emmanuel Macron, junto al presidente senegalés, este sábado en Saint-Louis (Senegal). Los referéndums, en Francia, están asociados a una mitología particular, a momentos críticos de la República. Un referéndum precipitó la dimisión de un presidente, el general De Gaulle en 1969, y otros llevaron a Francia al borde de la salida del proyecto europeo, como el de 1992 sobre el Tratado de Maastricht, o el de 2005 sobre la Constitución de la UE. Otros toparon con un desinterés de la ciudadanía, como el de 2000, que redujo el mandato presidencial de siete a cinco años. El presidente Emmanuel Macron contempla un referéndum ante la posibilidad de que la oposición torpedee su proyecto de revisión constitucional, prioridad para el primer semestre de 2018.
Ni revisar la Constitución ni organizar un referéndum es inusual en la Francia contemporánea. Desde que De Gaulle fundó la V República en 1958 y se adoptó la actual Constitución, esta se ha enmendado 24 veces y se han organizado nueve referéndums. La última revisión constitucional data de 2008, cuando el presidente era Nicolas Sarkozy. Esta revisión reforzó los poderes del Parlamento, limitó a dos los mandatos consecutivos del presidente y creó la institución del defensor del pueblo. El último referéndum fue el de 2005, en el que la victoria del no al tratado constitucional europeo dejó tocado de muerte el texto y evidenció el profundo arraigo del euroescepticismo en Francia.
La revisión que propone Macron, esbozada en julio en su discurso ante la Asamblea nacional y el Senado reunidos en sesión conjunta en Versalles, prevé reducir el número de diputados y senadores y limitar sus mandatos, posiblemente a tres seguidos. Otro punto central es la introducción de “dosis de proporcionalidad” en el sistema electoral. Ahora se rige por un sistema mayoritario a dos vueltas que sobredimensiona la representación parlamentaria de los vencedores y anula la de los derrotados. El ejemplo más claro es el del Frente Nacional, el segundo partido más votado en las presidenciales de mayo pero residual en la Asamblea Nacional.
La reforma constitucional también eliminaría el Tribunal de Justicia de la República, una jurisdicción especial para juzgar a miembros del gobierno por crímenes y delitos cometidos durante sus funciones, y compuesta en parte de parlamentarios. No son los únicos cambios. La ventaja del procedimiento es que puede aprovecharse para incluir otras reformas que exigen tocar la Constitución, como es el caso del estatus de Córcega.
El principal foco de resistencia es el Senado, donde Los Republicanos —el partido de la derecha tradicional en Francia— son mayoría. Una reforma constitucional requiere su aprobación, como la de la Asamblea Nacional, donde La República en Marcha —el partido de Macron— es mayoritario. En un informe presentado el 24 de enero, un grupo de trabajo del Senado presentó las “líneas rojas” de esta institución en las negociaciones.
“Las líneas rojas tocan puntos que pueden afectar a libertades fundamentales ligadas a principios de la democracia”, dice el senador François Pillet, autor del informe. La no acumulación de mandatos de los parlamentarios, por ejemplo, contradice, en su opinión, el derecho a presentarse a unas elecciones consagrado por la Declaración de los derechos humanos y el ciudadano. Pillet también cuestiona que pueda mejorarse la democracia reduciendo el número de cargos electos. Y teme que con la reforma algunos territorios queden infrarrepresentados, o sin representación.
“Es un retroceso respecto a los avances de la reforma constitucional de 2008 que amplió los poderes del Parlamento”, dice Pillet. “Es una reforma que llevaría a un refuerzo del Ejecutivo y del poder presidencial, que en nuestro país ya es muy importante”.
La negociación no ha empezado y todo puede ocurrir. Pero Macron ya ha enseñado su carta en el caso de que el Senado bloquee la reforma. Se trata del referéndum. En Versalles, Macron dijo que las reformas institucionales se someterían al voto de los parlamentarios. “Pero si es necesario”, añadió, “recurriré al voto de nuestros conciudadanos por la vía de referéndum”.
Macron podría apoyarse en el artículo 89 de la Constitución, que regula su revisión y estipula que, una vez que la Asamblea nacional y el Senado han adoptado la reforma constitucional, la pueden ratificar los franceses por referéndum, o el Congreso —la Asamblea y el Senado en sesión conjunta— con tres quintas partes de los votos. En la V República sólo una vez, en la revisión de 2000, se ha optado por el referéndum para ratificar un cambio constitucional. Fue el de 2000, sobre la abreviación a cinco años del mandato presidencial.
Los otros ocho referéndums se hicieron sobre la base del artículo 11 de la Constitución. Este artículo permite al presidente convocar un referéndum sobre un proyecto de ley que afecte la organización de los poderes públicos. El presidente De Gaulle lo usó para esquivar al Parlamento en la reforma constitucional de 1962, que estableció el sufragio universal para la elección del presidente, y en la de 1969, que le llevó a dimitir tras perder el referéndum. La legalidad de esta vía es dudosa.
“No es posible hacer un referéndum por el artículo 11 en materia constitucional”, dice en una entrevista telefónica el constitucionalista y profesor en la Universidad de Lille 2 Jean-Philippe Derosier. “Ya existe una manera de revisar la Constitución con un referéndum, pero es por una vía especial, la del artículo 89, que obliga a pasar antes por el Parlamento”. Es decir, el artículo 11 no se aplica a la revisión constitucional, y no puede usarse para este fin.
Si hoy Macron imitase a De Gaulle y convocase directamente un referéndum para cambiar la Constitución, el Consejo Constitucional podría, según Derosier, anular el decreto de convocatoria de referéndum por violar el artículo 11, que no cubre la posibilidad de una reforma constitucional. Otra opción consistiría en hacer una parte las reformas mediante leyes, sin cambiar la Constitución, lo que sí permitiría usar el artículo 11 y convocar un referéndum eludiendo el bloqueo del Senado.
El debate es técnico sólo en apariencia. Revela una pugna entre el ejecutivo y el legislativo en un sistema que, como apunta el senador Pillet, ya otorga amplias prerrogativas al presidente. La revisión constitucional de 2018 decidirá también, entre otras cosas, si Macron —un presidente que no ha escondido su voluntad de reafirmar la autoridad de la institución y su carácter semimonárquico— reafirma sus poderes o los ve limitados.
El Gobierno anuncia una reforma del funcionariado “sin tótem ni tabú”
“Reflexionar, sin tótem ni tabú, sobre la transformación de la acción pública”. Así anunció la semana pasada el primer ministro francés, Édouard Philippe, una nueva reforma que toca, esta vez, a una de las señas de identidad de la República: la llamada función pública. Es decir, los funcionarios.
La reforma, a la espera de los meses de diálogo con los sindicatos, se encuentra en una fase preliminar. Prevé medidas —algunas ensayadas durante la presidencia de Nicolas Sarkozy, entre 2007 y 2012— como la remuneración según el mérito, un mayor recursos a personal externo con contratados temporales y un plan de bajas incentivadas. Responde a la idea del presidente Emmanuel Macron según la cual, para preservar su modelo social, Francia debe liberalizarse e introducir una mayor flexibilidad en su sistema.
La primera reacción de los sindicatos ha sido hostil. En un comunicado, el sindicato CGT echó en cara a Philippe los “elementos inspirados en leyes liberales del mercado y contrarias a la misión pública y al interés general. “Nos sentimos un poco desconcertados”, dijo Mylène Jacquot, del sindicato CFDT, al diario Ouest-France. “Se habla de la función pública como de algo completamente sin rostro, cuando se trata de cinco millones de personas”.
Durante la campaña que le llevó a la victoria en mayo, Macron ya prometió reducir en 120.000 el número de funcionarios de ahora a 2022, cuando termine el primer mandato de cinco años. Su rival conservador, François Fillon, proponía una reducción de 500.000. En Francia hay hoy 5,65 millones de funcionarios, entre funcionarios del estado, funcionarios territoriales y empleados hospitalarios: los trabajadores de empresas públicas como correos, los ferrocarriles o EDF (Electricidad de Francia) no están incluidos. La cifra de 5,65 millones sitúa a este país entre los que tiene una tasa mayor de empleados públicos, aunque en dimensiones no está excesivamente alejado de otros países desarrollados como Reino Unido o Canadá. Francia tiene 88,5 funcionarios por mil habitantes; Reino Unidos, 79,4; Canadá, 100,4. El gasto público en Francia se eleva a cerca del 56% del PIB. El objetivo de Macron es reducirlo en un 3%.
