2018 clave para gobierno y oposición: con los legisladores y sin los gobernadores?
Por CLAUDIO M. CHIARUTTINI
2018 es un año muy importante para el futuro político del Gobierno, pero también para la oposición. Todos van a intentar construir las alternativas que ofrecerán en las elecciones de 2019. Unos, para quedarse cuatro años más en el poder. Otros, para intentar volver al poder. Todo esto en medio de un esfuerzo del Gobierno por cerrar las cuentas públicas, volcando gran parte del peso del ahorro fiscal sobre el bolsillo de las familias o intentando seducir inversiones que ven pasmados esta dicotomía aberrante entre la clase dirigente y los dirigidos.
Varias encuestas que se publicaron en los últimos días confirmaron que la imagen positiva de Mauricio Macri cayó entre 7 y 10 puntos porcentuales y está en los niveles más bajos de su gestión; el Gobierno perdió todo lo ganado en percepción favorable en las urnas en Octubre. Se ganó en las urnas, se perdió en el Congreso. Pero la oposición tampoco sumó aprecio social por los bochornosos hechos que vimos en las calles y en el Parlamento. No es que vuelva el “que se vayan todos”, pero no hay interés de la clase política en crear la más mínima empatía con la sociedad.
Después del inmenso desgaste que implicaron las últimas tres semanas de batalla política y legislativa, los protagonistas políticos principales “escaparon” de la escena pública. No explicaron sus acciones, todos entendemos sus intenciones, pero dejaron a la opinión pública en ascuas sobre el 2018 que le espera… salvo que habrá más aumentos de todo.
El Gobierno quiere llamar a Sesiones Extraordinarias en Febrero. Nadie en la oposición parece interesarlo en acompañar esas intenciones. La Casa Rosada dice que ya no va a negociar con los Gobernadores, que ahora va a concentrarse en acordar directamente con los Legisladores. ¿No encontraron en el Gobierno otra forma más adecuada de ayudar al peronismo a reorganizarse? Si los pactos van a “puentear” a los Gobernadores, éstos tendrán una excusa para formar un bloque y obturar los proyectos de Ley que espera presentar el oficialismo en un mes.
El argumento de la Casa Rosada es sencillo: “Nos salió muy caro obtener la aprobación del Consenso Fiscal, el Presupuesto 2018, las Reformas Fiscal y Previsional”. Y no les falta razón: Las provincias acordaron recibir $ 45.000 millones entre refinanciaciones y fondos frescos y no menos de $ 50.000 millones de obras públicas. Es decir, casi el mismo monto que se supone iba a ahorrar con la Reforma Fiscal.
De esta forma, mientras el peronismo y el kirchnerismo argumentaron que el ahorro de la Reforma Fiscal era para darle $ 100.000 millones para la campaña electoral a María Eugenia Vidal, la verdad es que el dinero que se les sacará a los jubilados, pensionados y beneficiados de planes sociales van a terminar financiando las campañas de los Gobernadores peronistas que cedieron los votos para aprobar los proyectos oficiales.
¿Valió la pena perder 10 puntos de imagen positiva, enojarse con jubilados, pensionados y beneficiarios de obras sociales; vivir dos batallas campales frente al Congreso, tener tensas sesiones en Diputados y Senadores que acabaron con denuncias judiciales cruzadas y poniendo en duda la gobernabilidad por $ 100.000 millones que pasaron de los grupos sociales más pobres a las arcas de los Gobernadores, ya sea María Eugenia Vidal o los peronistas? Todo es una gran irracionalidad…
Aún falta hacer un hilado muy fino sobre lo que se vivió en el último mes y medio en la Argentina. No está claro cuánto de las reformas originales fueron aprobadas al final. No se sabe si habrá ahorro fiscal, como se esperaba, o si terminó todo generando más Gasto Público. Tampoco se tiene seguridad sobre cuánto será el impacto real en las cuentas públicas el Consenso Fiscal y la Reforma Fiscal. La primera, depende de Gobernadores que no son afectos a realizar ajustes a la baja en sus gastos. La segunda, de un mercado que no logra terminar de digerir los cambios impositivos y cuánto afectará a cada sector productivo o de servicios.
Tampoco los efectos de la intervención del Banco Central están claros. Es cierto, la baja de tasas que está llevando adelante la entidad, a través del mercado secundario, es cada vez mayor. El resultado, por ahora, es suba del dólar, tanto por razones estacionales y como por el gran flujo de turistas que viajan al exterior. Nada anormal. Lo grave es que comenzaron a circular rumores de renuncias en el BCRA, tal como adelantamos la semana pasada.
Por ahora, la Casa Rosada niega la salida de Federico Sturzenegger, aunque circulan nombres de potenciales reemplazantes: por un lado, el autor intelectual de la intervención del Banco Central, Vladimir Werninger, subsecretario de Coordinación y Análisis Económico de la Jefatura de Gabinete, hombre del nuevo Ministro de Economía en las sombras, Mario Quintana; y, por otro, el exviceministro de Hacienda y Finanzas, Pedro Lacoste, otro hombre antes de Alfonso Prat-Gay, hoy del ViceJefe de Gabinete.
No son pocos los que apuestan por Martín Redrado, Alfonso Prat Gay o Carlos Melconián. Sin embargo, esos nombres van en contra de la nueva realidad que tiene el Banco Central: Un organismo sin independencia, que debe cumplir las metas que le fije Mario Quintana. Los 3 mencionados han demostrado ser reactivos a cumplir con las órdenes que les llegaban de la Casa Rosada. Eso no va a cambiar ahora, más cuando ninguno de los 3 se identificaron con el golpe de Estado que se produjo en el BCRA.
El crecimiento de 2017 tuvo dos protagonistas principales: La obra pública y la construcción. Las promesas de inversión impresionan (US$ 102.000 millones en dos años), pero no dejan de ser promesas, su impacto en la economía real es mínima y, en la mayoría de los casos, son compras o aumentos de capacidades ya existentes, cuando se necesitan dólares “frescos” que creen fuentes de trabajo reales. Sin ese aparte, ganar las elecciones del 2019 para el Gobierno será una tarea titánica.
El Gobierno de Mauricio Macri necesita relanzarse. Tiene en su haber una elección ganada ampliamente, un paquete de reformas aprobado (con fórceps, pero aprobadas al fin) y un nuevo esquema monetario que desplazó del centro de la escena el “inflation targetin”; supuestamente, todos pedidos que llegaban desde Wall Street para volver a creer en la Argentina.
¿Cuáles son hoy los aliados del Gobierno para impulsar la Reforma Laboral? ¿Gobernadores que serán desplazados de la negociación? ¿Legisladores que cobran oro sentarse en sus bancas (más si deben aprobar algo que les causa asco)? ¿Empresarios que reclaman baja de impuestos o una devaluación? ¿Un puñado de medios, poderoso, pero que no alcanzan para convencer a la opinión pública de los cambios por venir?
