Mariano Boettner
La provincia de Mendoza enfrenta en Nueva York una demanda de un tenedor de bonos que cayeron en default en 2004 y que podría significar, si el juzgado le da la razón al holdout, la interrupción del pago normal de servicios de deuda. El demandante utiliza en el juicio el mismo argumento legal por el los fondos buitre consiguieron que en 2012 el juez Thomas Griesa determine que el Gobierno nacional debía pagar a los holdouts antes de continuar con sus pagos habituales de deuda. Mendoza, por su parte, ya contrató al estudio de abogados que defendió a la Casa Rosada para afrontar este litigio en Estados Unidos y alegó que el reclamo es “extemporáneo” ya que consideran que los plazos para habilitar una puja judicial sobre pagos de estos títulos ya terminó.
Mendoza hizo cuatro canjes de deuda entre
2004 y 2007, unos u$s10 M quedaron afuera
El último escrito del demandante fue presentado a comienzos de marzo. La acción judicial, iniciada por un holdout individual de nombre Moshe Marcel Ajdler, exige que el Gobierno mendocino pague capital e intereses por un bono Aconcagua (emitido en 1997) y que defaulteó en 2004. Mendoza abrió canjes de deuda cuatro veces entre ese año y 2007, tras lo cual quedaron en condición de holdout poco más de 10 millones de dólares de una emisión original de 250 millones. El juicio comenzado por Ajdler implica, según denuncia, unos 7 millones de dólares.
El caso implica algunos puntos de contacto con el juicio que enfrentó durante año al Estado nacional con NML de Paul Singer, junto con otros fondos buitre. El demandante reclama que a través de la cláusula “pari passu” (tratamiento igualitario) en el prospecto de los bonos en cuestión, el Gobierno mendocino se comprometió a mantener en un mismo rango de prioridad de pagos a estos bonos (que vencieron en 2007) respecto a cualquier otra deuda de la provincia. La interpretación que realice el juez Víctor Marrero de la cláusula (que está presente en todos los contratos de bonos de este tipo) marcará el alcance de la demanda de Ajdler. En 2012, Griesa determinó tras el reclamo de Singer que la cláusula en cuestión implica efectivamente igualdad en la prioridad de pago y decidió que el Gobierno nacional había quebrado ese compromiso por lo que más adelante habilitó una medida cautelar para embargar cualquier pago futuro que hiciera la Nación de cualquier otro de sus bonos. Tras el caso argentino, los abogados expertos en el diseño de contratos de deuda soberana comenzaron a recomendar una reformulación de la “pari passu” para aminorar las posibilidades de interpretaciones como las que permitió Griesa.
Para este caso, además del reclamo por la violación de la cláusula, el demandante pide el bloqueo de cualquier pago que la provincia quiera realizar a bonos performing o bonos que emita en el futuro. Según el analista de Research for Traders, Sebastián Maril, actualmente Mendoza “tiene en el mercado secundario unos 700 millones de dólares en dos bonos”. Si la demanda prospera, además, podría representar un riesgo para la emisión internacional de unos 300 millones de dólares en bonos atados al peso, explicó Maril, que aclaró que si bien no hay una fecha específica para que el juez Marrero, podría tener lugar en las próximas semanas.
Desde el Gobierno de Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo ya afirmó que la provincia considera que el reclamo es “extemporáneo” y que, respecto a próximas emisiones, “siempre es un riesgo” y “puede que alguien cuestione por no haber cerrado eso”. A fines de abril la provincia contrató de forma directa al estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que representó al Estado nacional durante años hasta que el ministro Alfonso Prat Gay reemplazó a ese buffet por Cravath, Swaine & Moore.
