Las voces contra el incremento de combustibles lejos de acallarse se incrementan.
Empresarios, sindicatos y opositores rechazaron un plan para amortiguar el incremento de la gasolina a partir del primer día del año, de hasta el 24%, que se suma a aumentos en la electricidad y el gas, por ser un mero elemento de "imagen pública" y no estar basado en un "amplio consenso".
"Urge un acuerdo sí, pero es más importante que dicho acuerdo sea fruto de un verdadero y amplio consenso social, y no solo sirva como estrategia de comunicación o imagen pública", afirmó la influyente Confederación Patronal Mexicana (Coparmex).
La organización se rehusó a firmar el acuerdo promovido por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para fortalecer las finanzas y proteger la economía familiar, aunque sí lo hicieron otras agrupaciones empresariales.
Entre los motivos esgrimidos por la Coparmex para no apoyar este plan figura que "dicho consenso no se puede construir en tres días", y porque se requiere de un pacto "real" que incluya "compromisos concretos".
Para Coparmex, "cualquier acuerdo que se quiera suscribir deberá incluir metas claras, objetivos puntuales, métricas que sirvan para evaluar los avances (.) El momento exige que todos los actores, todos, asuman compromisos concretos en beneficio del país", declaró. Del lado de los sindicatos, la independiente Unión Nacional de Trabajadores (UNT) también decidió no firmar el acuerdo porque mantiene el aumento a los energéticos, cuando la medida que debería adoptarse es la "derogación" de la liberación y el aumento de las gasolinas.
Además, la coalición laboral criticó la forma en que el ministerio del Trabajo buscó el consenso al documento, pues "primero el gobierno tomó las medidas y después convocó", y criticó que el plan no esté acompañado "con propuestas concretas de cómo solucionar el problema del gasolinazo".
La UNT pidió cambiar la política energética e impulsar nuevas refinerías, así como reducir la dependencia de Estados Unidos, y anunció una marcha de protesta el 31 de enero próximo, donde se emitirá un manifiesto "único del sindicalismo mexicano para hacer una movilización unitaria y contundente".
Legisladores de oposición también cuestionaron el acuerdo y dijeron que se trata de un pacto "insulso, sin compromiso real y sin acciones claras ni de fondo", como señaló Fernando Herrera, jefe de la bancada del conservador Partido Acción Nacional (PAN), en la Cámara de Diputados.
"Regresamos al esquema de esos viejos acuerdos que hacía el presidente en tiempos en que no existía un pluralismo político tan vivo como el de hoy", declaró el diputado del izquierdista Partido de la Revolución Democrática Jesús Zambrano. El gobierno lanzó esta "mala protectora" para ayudar a las personas más pobres y a paliar el formidable golpe a su alicaída tras el aumento a partir del primer día del año de hasta un 24% en los carburantes.
El incremento se produce luego que la inflación alcanzó su nivel más alto en dos años al ubicarse en 3,36% en 2016 y que sólo en diciembre los precios casi crecieron medio punto (0,46%).
Los analistas predijeron que el aumento a los carburantes traerá consigo una cascada de incrementos que podría elevar de 3,36 al 5% la inflación, es decir, aumentarla en más de 1,5%.
Peña dijo que el gobierno a su cargo "no tuvo margen de maniobra" pues enfrentaba el riesgo de "cancelar programas" sociales.
Entre otras cosas, el gobierno prometió alentar la repatriación de capitales en el extranjero, crear empleos mediante obras de infraestructura (trenes, aeropuertos y puertos) y "estabilizar la deuda" pública, que creció del 30 al 50% del Producto Interno Bruto en los últimos cuatro años, así como combatir la corrupción.
La oleada de protestas y saqueos de 423 tiendas tras la suba del costo de la gasolina se extendió a prácticamente todo el país y los enfrentamientos causaron al menos cuatro muertos y unos 1.500 detenidos. Los saqueos y protestas han disminuido al mínimo pero aún persisten bloqueos de almacenes de distribución de la petrolera gubernamental PEMEX en la frontera norte del país, que amenazan con provocar escasez.
Una gran parte de la población mexicana vive una situación insoportable gracias a la alianza entre los poderes políticos y económicos que han mantenido a los trabajadores en condiciones salariales deplorables.
El “gasolinazo” ha derramado el vaso, ninguna triquiñuela política recuperará al PRI de esta medida y, de hecho, el “gasolinazo” derrama el vaso del sistema político mexicano. El tema es sumamente complejo y no puede ser entendido sin el contexto actual y los precedentes de abandono y corrupción de la industria petrolera, del castigo al salario de los trabajadores manteniéndolo en un nivel de miseria y de la corrupción generalizada en las instituciones públicas. Las protestas por el “gasolinazo” son protestas contra la profunda corrupción del gobierno, contra la ineptitud para enfrentar la violencia, la desigualdad y el deterioro de los servicios públicos, como la salud y la educación.
La política neoliberal sin adjetivos que nos ha gobernado tenía la premisa de que no hay que producir lo que nos sale más barato comprar en el exterior. La política neoliberal sin adjetivos, bien aprendida en instituciones académicas privadas del país y profundizada en las escuelas estadounidenses, ha llevado a sus pupilos, convertidos en funcionarios y gobernantes en México, a diseñar un país maquilador y exportador de recursos naturales al país del Norte, un país profundamente dependiente que se topa ahora de frente con un giro en la política estadounidense que nos deja a la deriva.
Para qué producir gasolinas si sale más barato comprarla en el exterior, para que producir maíz si nos sale más barato comprárselo a Estados Unidos. Así nuestro abasto de alimentos y de energía paso a depender del suministro de los Estados Unidos. Ya veníamos viviendo la explotación masiva y desbordada de petróleo para abastecer a los Estados Unidos durante la crisis en Medio Oriente, que llevó a López Portillo a la frase de que teníamos que “administrar la abundancia”, mientras se producía el mayor accidente y derrame de petróleo en el mundo, con el Ixtoc. Simplemente, no administramos la abundancia y ahora vivimos las consecuencias.
El “gasolinazo” tiene solamente una causa: la profunda ineficacia del gobierno mexicano, su corrupción y la de Pemex y su sindicato. Un sindicato y una empresa que ha suministrado recursos para las campañas políticas, que ha servido de botín para los funcionarios públicos y sus empresas aliadas. No sólo el petróleo ha dejado de proveer recursos a la Nación, desde hace años, son nuestros impuestos los que subvencionan a Pemex, especialmente, a Pemex Refinación. La corrupción ha estado ahí por decenios, el abandono y las complicidades han estado ahí por decenios. Las consecuencias ya no pueden ocultarse y el Estado está quebrado.
Una gran parte de la población mexicana vive una situación insoportable gracias a la alianza entre los poderes políticos y económicos que han mantenido a los trabajadores en condiciones salariales deplorables, con uno de los menores ingresos en el mundo, dentro de naciones de la misma escala. El país está quebrado, se cae a pedazos.
La profundidad del problema es tanta que la solución no puede ser superficial, requiere un cambio de régimen. Organizaciones sociales apoyadas y soportadas por el sector empresarial critican acertadamente al gobierno por no lanzar una política anticorrupción y de recorte en el gasto para acompañar el “gasolinazo”, sin embargo, callan sobre el impacto del “gasolinazo” entre la población pobre del país, el aumento de precios que esto traerá en el transporte público y en el precio de los alimentos, callan sobre la profunda desigualdad que no encaja en las fórmulas simples neoliberales. Y callan, principalmente, en la situación del salario mínimo y la necesidad de aumentarlo. El problema es mucho más complejo.
El transporte público ya había anunciado la necesidad de incrementar precios ante el aumento en los costos de los insumos y la necesidad de mejorar el deteriorado servicio que domina a este sector. El aumento del precio de los combustibles impactará aún más en el costo del pasaje y pospondrá la mejoría en el servicio, en una población de usuarios que ha visto el deterioro paulatino y constante de su salario. En consecuencia, aumentará el precio del transporte público y continuará el deterioro del transporte público para los más necesitados
Por su parte, el aumento de precios en alimentos se dará tanto por el aumento en el costo del combustible para el sector agrícola, como para el transporte y procesamiento de los productos. Lo anterior se suma a un aumento considerable en el costo de los insumos por la paridad con el dólar. Los estaremos viendo en una gran diversidad de productos, como la tortilla. El costo de la canasta básica se incrementará significativamente.
El sector empresarial se ha comprometido, en el acuerdo anunciado con el gobierno, únicamente a no realizar un “incremento indiscriminado” en los precios. Es a lo único que se ha comprometido. Incrementaremos precios, pero de manera justificada, nos dicen. El sector empresarial quiere mantener sus enormes márgenes de ganancia sustentadas en salarios de miseria a sus trabajadores. Como siempre, en ese sector los que dominan el discurso son los peores actores, reconociendo que hay, entre ellos, algunas empresas que mantienen políticas salariales justas.
Los sacrificados en este proceso son los sectores pobres del país que suman más de la mitad de la población, unos 55 millones de personas. El salario, de acuerdo a la UNAM, tiene una caída en su poder adquisitivo de 79.11 por ciento de 1982 a la fecha. Mientras, los rapaces se han hinchado de dinero con la complicidad de poderes económicos formales e informales. Algunos de estos poderes se revelan ahora contra el Estado, pero ellos tienen una gran responsabilidad sobre esta situación, se enaltecieron cuando los acuerdos con el poder político les beneficiaban, han tenido sus puertas giratorias para entrar al poder político y volver hasta confundirse con él, se han beneficiado de legislación y normatividad a modo, ahora denuncian la corrupción. La manifestación más cruel de esta alianza ha sido el mantenimiento del salario mínimo a niveles de miseria.
En las condiciones que se viven en el país, de la profunda corrupción e ineficacia del gobierno, no hay manera de aceptar un incremento al precio de las gasolinas como el que se presentó, y la repercusión que esto tendrá en aumento del costo del transporte público, de los alimentos y en inflación generalizada. Y no se podrá distinguir el impacto en inflación por el aumento de las gasolinas de la inflación generada por la caída del peso frente al dólar.
El problema no es sencillo, los subsidios a la gasolina han llegado a cerca de mil millones de pesos al día. Es cierto que el consumo de gasolina es mayor en las clases altas y mucho menor en las bajas y que este subsidio beneficia más a los ricos, se calcula que mientras una persona de bajos recursos recibía un peso de subsidio, un rico recibía 32 pesos. Los susidios a las gasolinas han sido de tal magnitud que en 2012 llegaron a ser tres veces más que lo asignado al Seguro Popular. Los números siguen siendo opacos, ahora se calcula que los impuestos a las gasolinas son de alrededor del 30por ciento de su costo. De una economía petrolizada se ha querido pasar a una economía gasolinizada a través de impuestos y a costa de los consumidores.
Aunque los pobres reciban un menor subsidio, el retiro de ese subsidio tendrá un fuerte daño en su economía, en su poder de compra. Para un rico, con el retiro del subsidio a las gasolinas, el efecto en su economía será insignificante. La razón de esto es la gran desigualdad social que existe en nuestro país. Retirar el subsidio a los ricos sería la solución, mantener el impuesto de 30por ciento a ellos sería la solución, pero ¿cómo hacerlo?.
Por otro lado: ¿no deberían destinarse los recursos del subsidio o los ingresos por impuestos a las gasolinas al deteriorado sistema de salud pública, al abandono de la educación, al transporte público, a los servicios públicos en general? Esto sería lo más lógico, para eso deben ser los recursos públicos, para compensar las desigualdades. Eso podría ocurrir siempre y cuando los recursos fueran utilizados de manera transparente, cuando los recursos generados por impuestos especiales pudieran ser etiquetados claramente a objetivos precisos, cuando los salarios fueran más justos. Ha existido una oposición histórica de Hacienda para etiquetar recursos bajo el argumento que se sentaría un mal precedente y se terminaría por etiquetar gran parte de los recursos obtenidos por los impuestos, “como ocurre en California”, sin dar margen al gobierno de destinar recursos a asuntos prioritarios o emergentes. El argumento de Hacienda parece ser más para mantener la opacidad. En este momento político, la sobrevivencia del sistema debe pasar por la transparencia y etiquetado de estos recursos.
Los salarios miserables, la ignorancia e ineficacia de los funcionarios y la corrupción profunda del gobierno están en el centro del tema del “gasolinazo”, no será posible desvincularlos en la opinión pública. Se sabe que la magnitud de los recursos robados por la clase política en contubernio con poderes económicos es tal que podría ayudar a resolver parte importante de estos problemas. Se conoce, en parte, la magnitud de los impuestos condonados a las grandes empresas. Se sabe que el problema está generado por una incapacidad histórica administrativa de Pemex y el uso de esta empresa como botín de funcionarios y lideres sindicales.
Una gran cantidad de funcionarios públicos y líderes políticos han escalado sus posiciones por sus habilidades para transar y no por su eficiencia como servidores públicos. De hecho, todos conocemos historias cercanas de funcionarios que han querido enfrentar la corrupción e ineficacia en ciertas instituciones y que lo único que han logrado es el despido o que los mantengan o muevan a cargos menores, es decir, el castigo.
El “gasolinazo” derramó el vaso, el sistema ya muestra los estertores de un moribundo, el “gasolinazo” está embarrado por un sistema político y económico que ha producido una sociedad profundamente desigual, de una corrupción injertada en el alma de ese sistema político y de una incapacidad extrema de los funcionarios públicos. Nada puede hacerse mientras no se ataque de fondo la pudrición del sistema político mexicano y comience a enfrentarse la profunda desigualdad social. A veces las situaciones se tornan tan graves que dejan de ser problemas, porque los problemas tienen soluciones. Enfrentar esta situación requiere medidas muy de fondo, que van mucho más allá del precio de la gasolina.
