Le recriminan al Gobierno no haber evaluado las pérdidas y hacerlos participar para perder.
Desde hace un mes en los despachos de los diputados del Bloque Justicialista hay un documento con un número mágico: 30 mil millones de pesos, el dinero que las provincias resignaron por todas las concesiones impositivas de Mauricio Macri.
La primera fue la reducción de las retenciones a las exportaciones a la soja (el 30% se coparticipaba), pero le siguieron rebajas de IVA y las dos al impuesto a las Ganancias, la última recién sancionada esta tarde.
La merma no llega a ser compensada por la devolución de coparticipación en cómodas cuotas (3% anual), sobre todo porque la recesión golpea como pocas cosas en las arcas provinciales.
Cansado, el gobernador Alberto Rodríguez Saá anunció que reclamará a la Corte Suprema que el Gobierno nacional asuma los costos de cada reforma impositiva.
“La coparticipación sólo se puede cambiar con una ley convenio. El Gobierno maneja números teóricos sobre el retorno del dinero vía consumo, que en realidad no es tal. Y dice que lo compensa que los ATN, que en realidad es plata de las provincias. Sólo cambia la forma de distribuirla”, se quejó el diputado Luis Lusquiños, vocero del rechazo puntano en el debate de esta tarde.
Los Rodríguez Saá no son los únicos enojados. No hubo ni un mandatario que no protestara cuando el Gobierno mandó la reforma de Ganancias después del presupuesto y no hizo más que abrir la puerta un bache fiscal más grande del previsto.
La decisión del Gobierno de no negociar con la oposición empeoró las cosas, porque unió la oposición en un proyecto más generoso del que nadie alejado al oficialismo pudo quedarse afuera, pese a los llamados de Marcos Peña.
“Los gobernadores llamaban a la madrugada pero le dejábamos claro que si votábamos con el Gobierno tal vez perdíamos y era todo peor”, explicó a LPO uno de los diputados que hace quince días desobedeció a su jefe y votó con la oposición.
Macri pasó el fin de semana largo sin comprender esa decisión de los mandatarios provinciales y dio por descontado que contaría con ellos en el Senado para frenar la reforma.
Así fue: la mayoría puso el freno, pero ese tiempo fue aprovechado por la CGT para presionar por mayores beneficios para los gremios más grandes y la ley, sancionada esta tarde, terminó siendo en muchos aspectos concesiva que la de la oposición.
Además, al descarar algunos impuestos, el esfuerzo fiscal es mayor al previsto para la Nación y la Provincias. “Nos usaron para sacar la ley y ahora nos hacen pagar la cuenta. Son unos cagadores”, se escuchó al gobernador cordobés Juan Schiaretti, en una reunión con Emilio Monzó y sus pares Juan Manzur (Tucumán) y Juan Manuel Urtubey (Salta).
Schiaretti había hecho las cuentas, que en estos días a todos le dieron resultados diferentes. El Gobierno calculaba un costo bruto de 50 mil millones y la oposición más de 60 mil.
Como hay impuestos creados para subsanarlos temporarios (dólar futuro), otros de resultado incierto (el juego buscará frenar el impuestazo en la justicia) los gobernadores entendieron que la extensa película no había tenido el mejor final.
El cordobés también advirtió que las provincias más grandes son las más perjudicadas de un reparto de ATN por coparticipación, un índice favorable a las provincias chicas. Como consuelo, también esa medida durará un año.
Urtubey tenía más motivos para enojarse: su hermano Rodolfo, senador nacional, escribió un proyecto alternativo a Ganancias junto a Rogelio Frigerio, que era mucho menos concesivo y el Gobierno lo rechazó ni bien encontró resistencias. La principal fue de la CGT, que anunció un paro de transporte y logró beneficios históricos, como exenciones a viáticos y horas extras.
Por si fuera poco para el salteño, terminó definiendo el proyecto finalmente sancionado con medio Gabinete en la casa de Sergio Massa, su rival político en la carrera, aún en boxes, para la sucesión presidencial.
Con la quita de las retenciones mineras, finalmente desechadas, Macri abrió otro frente de batalla inesperado: los gobernadores que operaron para bajar el retorno de ese impuesto le recordaron a Frigerio que este año casi no hubo inversiones en el sector.
Las cicatrices de esta negociación, que nadie imaginaba conflictiva, se verán en 2017. La mayoría de los gobernadores ya no quiere perder un peso por decisiones de Mauricio Macri.
