La acusan de adjudicarse un sueldo de 59 mil pesos, además del de diputada. Carrió la defendió.
La diputada e interventora del SOMU, Gladys González.
La intervención del sindicato de marineros continúa embarrándose. Luego que la diputada macrista e interventora Gladys González, denunciara que el dirigente gremial Nicolás Fuentes la amenazó; ahora es ella la que enfrenta una querella en tribunales.
En un juzgado de Corrientes –tierra del desplazado líder del SOMU, Omar “Caballo” Suárez-, se presentó una denuncia acusándola por incompatibilidad de funciones y manejo irregular de los fondos de la obra social.
La acusan de cobrar dos sueldos, uno del Congreso como diputada y otro del SOMU de 59 mil pesos. Además, la denuncia la atacó por destinar 90 mil pesos mensuales de la organización a sus asesores de comunicación.
Gradys, que ya venía enfrentando serias diferencias con los otros dos interventores, recibió por su parte el respaldo de Lilita Carrió, que en un comunicado del Instituto Hannah Arendt, afirmó que “no tiene incompatibilidad entre su representación popular y su designación como interventora del SOMU” y agregó que las denuncias “son obra de aquellos que no quieren ver amenazado ni su poder ni sus negociados”.
La denuncia fue presentada por José Luis González, que integra la filial de Corrientes del Somu, en el Juzgado Federal Nº 6 de esa provincia. “Hemos tomado conocimiento que existen irregularidades en la Sede Central del Sindicato, más precisamente sobre la persona de la Diputada Nacional Gladys González quien cobra como interventora Judicial del SOMU conforme planilla la suma de cincuenta y nueve mil pesos en forma mensual y además la misma percibe un sueldo como Diputada Nacional”, señala el escrito presentado este martes.
El ex líder del Somu, Omar "Caballo" Suárez.
La diputada salió en el programa Lanata Sin Filtro y explicó que no percibía 59.000 pesos de sueldo sino que con los descuentos llegaba a 35.000 pesos y agregó que los recibía para poder solventar los gastos que implicaba su trabajo dentro del gremio.
El cruce de acusaciones por esta situación, incluso golpeó al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de las causas contra “El Caballo” Suárez y garante último de la intrevención.
Dirigentes del SOMU cuestionaron al juez por designar al frente de la obra social del gremio a Ramiro Tejada, quien es su cuñado y según las fuentes consultadas, estaría percibiendo un sueldo de 150.000 pesos.
Suárez enfrenta una delicada situación por las denuncias de malversación de fondos del sindicato y extorsión empresas del sector; pero sobre todo porque el presidente Mauricio Macri quiere que lo metan preso, como un gesto disciplinador para el resto del sindicalismo peronista.
