En La Matanza ya lo frenaron y en San Martín la Justicia falló a favor de los clubes barriales.
El intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo.
Los municipios de Ituzaingó y Berazategui presentaron amparos en la Justicia para frenar los tarifazos en los servicios públicos, y ya quedan pocos distritos del conurbano en el que no se haya judicializado el tarifazo del Gobierno.
El intendente Patricio Mussi hizo una presentación en el Juzgado Federal de Quilmes, para frenar el incremento de luz a cargo de la empresa Edesur. En tanto, el presidente del Concejo Deliberante de Ituzaingó, Pablo Descalzo, hizo lo propio en los tribunales de San Martín, aunque en su caso pidió la suspensión de todos los servicios.
"Estamos solicitando que se declaren nulos los incrementos porque son arbitrarios, ilegales y desmedidos”, dijo Descalzo, hijo del intendente local, y contó que desde el Concejo Deliberante “hace un mes estamos trabajando con esta problemática, e hicimos presentaciones ante el Ejecutivo Nacional para que se exima del aumento a entidades de bien público y que se revea la situación de las pequeñas y medianas empresas".
Por su parte, Mussi dijo que "el principal fundamento de este amparo es el resguardo de la salud de los berazateguenses, ya que la imposibilidad de pago y el consecuente corte del suministro significaría también la interrupción del servicio de agua potable, la atención en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), el alumbrado público y el correcto funcionamiento del resto de las dependencias municipales que son fundamentales en el día a día de todos nuestros vecinos".
Las presentaciones de estos dos municipios se suman a lo ya realizado en Almirante Brown, San Martín y Merlo, y cuentan con el antecedente de La Matanza, el mayor distrito de la provincia, donde la Justicia ya frenó los aumentos en todos los servicios públicos.
Se trata de una iniciativa conjunta de los intendentes peronistas, que durante estos días están realizando presentaciones judiciales para exigir que se declaren inconstitucionales las normas instrumentadas por Juan José Aranguren.
La estrategia oficial es apelar todos los amparos y conseguir que en segunda instancia la Justicia deje sin efecto las medidas cautelares, a la vez que mientras tanto desde el Gobierno salieron a pedir que, ante la duda por la judicialización, los usuarios paguen las facturas y después, en caso de que se modifiquen los cuadros tarifarios, reclamen una nota de crédito por el saldo a favor.
