"Si hay alguna cuestión técnica que generó dudas en el decreto vigente será revisada", advirtió Vidal, tras lo cual optó por derogar los artículos de la polémica.
Finalmente, el gobierno bonaerense decidió derogar los artículos que penalizaban con prisión a quienes difundieran el contenido de datos sensibles de las declaraciones juradas de funcionarios y reconoció un "error de redacción" en la normativa.
A través de un comunicado, explicó que "a raíz de las dudas generadas por el decreto 647/16 publicado hoy en el boletín oficial, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires reconoce un error en la redacción del mismo.
Por lo tanto, la Gobernadora resolvió derogar los artículos 1, 2 y 7, "para despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas, así como a cualquier otro asunto de interés público".
Antes, la propia Vidal había dado cuenta de la voluntad de "revisar" el decreto en el caso de que existiera "alguna cuestión técnica" que generara dudas. “En marzo de este año decidí que todos los funcionarios de la pba y los cargos jerárquicos de las fuerzas de seguridad presentarán sus declaraciones juradas públicamente. Esto no pasaba antes”, dijo María Eugenia Vidal.
“La decisión sigue siendo la misma. Yo ya presenté mi declaración jurada y la mayoría de mi gabinete también lo hizo. El acceso a esta información es público y para todos, en el marco de las leyes vigentes”, dijo la Gobernadora.
Tal como informó este portal, el Gobierno publicó hoy en el boletín oficial un decreto (el 647) donde establece que las declaraciones juradas integrales –la versión extendida y detallada de las Declaraciones Juradas Sintéticas- tendrán “carácter reservado” y que “los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal”.
