El Gobierno de Brasil profundizó ayer su plan de ajuste con nuevos recortes del gasto y un aumento de impuestos, un paquete cifrado en más de 17.000 millones de dólares. Busca así recuperar la confianza de los agentes económicos tras la pérdida del grado de inversión decidida por Standard & Poor´s, pero se arriesga a deteriorar más su imagen ante una población irritada por la caída de la economía.
Sumergida en una recesión que no deja de profundizarse, la séptima economía del mundo "cortará la carne" del gasto público, como dijo ayer el ministro de Hacienda, Joaquim Levy, para evitar que las otras grandes agencias calificadoras de riesgo (Fitch y Moody's) sigan el camino de S&P y rebajen la nota de la deuda soberana a la categoría de "especulativa".
El plan consiste en podar inversiones públicas en infraestructura, eliminar 10 de los 39 ministerios actuales, postergar ajustes salariales y contrataciones del sector público, así como reducir un millar de empleos en el Estado.
También contempla recortes en el sensible terreno de los programas sociales en vivienda y salud, la marca registrada de los gobiernos del Partido de los Trabajadores desde 2003 y uno de los pilares del modelo que sacó a 40 millones de personas de la pobreza.
Entre las medidas se destaca también la iniciativa de recrear la Contribución Provisoria a los Movimientos Financieros (CPMF), conocida como "impuesto al cheque", eliminada en 2008 y muy resistida por el empresariado.
La meta es pasar del actual déficit fiscal primario -antes del pago de deuda- del 0,5% del PBI previsto para el año que viene -el desencadenante de la pérdida de sello de buen pagador- a un superávit del 0,7%.
"Un valor total de 64.900 millones (17.030 millones de dólares): ese es el valor total de las iniciativas" de corte de gasto y de aumento de recaudación, dijo el ministro de Planificación, Nelson Barbosa, al anunciar las medidas en una rueda de prensa.
"Son reducciones importantes, que involucran a los funcionarios públicos de manera significativa, el funcionamiento de la máquina del Estado", precisó por su lado Levy.
El mercado financiero reaccionó positivamente a la nueva vuelta de tuerca sobre la austeridad. El real cerró ayer con su mayor alza diaria en más de un mes, un 1,63%, a 3,813 por dólar. En tanto, la Bolsa de San Pablo ganó un 1,9%, hasta los 47.281 puntos.
Por el contrario, la respuesta de la base sindical adicta al PT fue muy negativa. La Central Única de los Trabajadores (CUT) señaló, en boca de Sergio Nobre, su secretario general, que "no estamos contentos con el Gobierno y queremos dejar eso muy claro. Consideramos que esta política económica es errática y recesiva".
Pese a que la presidenta Dilma Rousseff ya había ordenado cortar 21.600 millones de dólares del presupuesto de este año, el panorama es oscuro.
El propio Gobierno espera una contracción del PBI del 1,8% este año, pero el mercado es más pesimista: según la encuesta semanal del Banco Central entre analistas del sector privado, la contracción de la economía llegaría al 2,55% este año y al 0,6% el que viene.
La crisis golpea en todos los frentes y, sumada al escándalo de corrupción en Petrobras, derrumbó a un magro 7% la popularidad de la sucesora de Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumió su segundo mandato el 1 de enero último.
Acusada por sus críticos de haber perdido el rumbo, la mandataria tiene una espada de Damocles sobre su cabeza: la amenaza de un juicio político que pueda urdirse en el Congreso, donde sus socios la van abandonando progresivamente.
Joaquim Levy y Nelson Barbosa, ministros de Hacienda y Planificación, ayer al anunciar el nuevo paquete de austeridad en Brasilia. El Gobierno de Dilma Rousseff aspira a evitar nuevas reducciones de la calificación de la deuda soberana.
