Al interior del déficit habitacional porteño, el alquiler sigue siendo una frontera social poco estudiada, pero especialmente vidriosa debido a las imposiciones sin control de las inmobiliarias. Si fuera por la inflación que calcula el ente porteño, el padecimiento sería peor, pero esa diferencia se debe "al parate" del mercado inmobiliario, "que hizo que muchos propietarios, potencialmente vendedores, pusieran su unidad en alquiler esperando una futura estabilización del mercado".
El año pasado, el organismo demográfico lo había caracterizado como una "consecuencia directa que siguió a la instauración del cepo cambiario desde fines de 2011". El sostenido aumento del 25% anual sobre los alquileres porteños sería una habitual posición especulativa del mercado inmobiliario respecto de la paridad del dólar, cuyo cepo cambiario habría desacelerado la suba de los alquileres. El paper oficial no lo califica, pero destaca que la decisión de no vender que han adoptado muchos propietarios "contribuye a aumentar la oferta de departamentos en alquiler". El informe interpreta además que otra "fuerte incidencia" en la demanda fue la "retracción del salario real, con una suba interanual del 33 por ciento". Un incremento que tiene "6,5 puntos menos que la inflación" registrada por el organismo porteño en 39,5 por ciento.
Esa depreciación del ingreso achicaría las pocas chances para acceder a una vivienda. En 2010, otro documen estadístico porteño sobre "Mercado inmobiliario, situación habitacional y demanda potencial de créditos hipotecarios" advertía que "casi medio millón de hogares necesita una mejora habitacional en la ciudad, es decir el 40% de sus hogares", pero sólo el "1% del total estaría en condiciones de tomar un crédito hipotecario, con inferior probabilidad para los más necesitados dentro de este grupo".
En 2012 un extenso estudio del CEDEM sobre "la otra cara del boom de la construcción porteña" resaltó que, "si bien los salarios han crecido significativamente estos últimos años, los niveles salariales requeridos para el acceso al sistema crediticio superen la de la gran mayoría de los trabajadores en la Ciudad" y consideró "imprescindible resaltar la importancia de incentivar el desarrollo inmobiliario en otras zonas de la Ciudad, para lo cual el papel del Estado es significativo".
Los estudios de Segura y Epszteyn analizaron cómo fue la reclamada intervención estatal ante los desequilibrios habitacionales porteños y recordaron que el jefe de Gobierno Mauricio Mari "prometió la construcción de 10 mil viviendas por año y ya debería haber hecho 60 mil". Sin embargo, "durante el período 2008-2013 sólo se entregaron 2124 viviendas, de las cuales 1616 (el 74%) fueron financiadas por el gobierno nacional", en referencia al plan Pro.Cre.Ar. En el mismo período, "el presupuesto subejecutado de vivienda del gobierno porteño (sobre presupuesto sancionado) es de 934 millones de pesos, pero con esa cifra se podrían haber construido 6100 casas que servirían para dar vivienda digna a cerca de 25 mil personas".
En la misma línea, la Defensoría del Pueblo porteña advirtió, a fines del año pasado, con la resolución 3085/13, que los planes crediticios para cooperativas de la Ley 341 y el programa Primera Casa BA sólo entregaron 100 créditos por año hasta 2013, cuando sólo uno de los planes de préstamo estatal había recibido 200 mil solicitudes y aprobado 508.
