La Corte Suprema de Estados Unidos dará a conocer hoy su decisión sobre
el pedido de la Argentina para que revise los fallos adversos de primera
y segunda instancia que obligan al país a pagarle 1330 millones de
dólares en efectivo a un grupo de fondos buitre, poniendo en jaque la
restructuración de la deuda.
Las opciones son tres:
1) que los supremos
rechacen revisar el caso y la sentencia del juez de primera instancia
quede firme;
2) que accedan al pedido argentino y analicen la causa; o
3) que soliciten la opinión escrita de la administración Obama antes de
tomar una decisión. Las dos últimas opciones serían consideradas de modo
favorable por el gobierno ya que, si bien no le dan la razón
definitiva, involucran a más actores que respaldan la visión oficial y
postergan la resolución del caso, como mínimo, hasta el último trimestre
del año.
Si el fallo queda firme, sentará un precedente capaz de afectar todas
las renegociaciones de deudas soberanas futuras, porque bastará que un
solo acreedor no acepte una propuesta de reestructuración para dejar el
conflicto abierto. Esto es así porque no hay una ley de quiebras
internacional que regule la situación de un Estado soberano entrando en
default. En las reestructuraciones privadas basta con que un porcentaje
mayoritario de los acreedores acepte una oferta para que el resto
también deba hacerlo. Lo mismo ocurre con la ley de quiebras para
municipios vigente en Estados Unidos. Esa ley exige sólo un 66 por
ciento de adhesión de los acreedores para cerrar la negociación. La
Argentina hubiese superado holgadamente ese porcentaje, pues el 92,4 por
ciento de los acreedores aceptó en su momento la oferta que realizó el
Gobierno.
