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Los acreedores del exterior recibirán casi 30.000 millones de dólares menos con el canje de bonos. El FMI jugó a favor de la Argentina. El alivio en los pagos despeja el horizonte financiero. El ministro Guzmán impuso las condiciones conceptuales de la negociación. Triunfo político de Alberto Fernández.
“Ya no hay diferencias, sólo algunos pataleos de unos pocos”. El testimonio de una fuente con acceso privilegiado a la negociación durante la tarde del lunes fue un presagio de lo que vendría horas después.
Según la comunicación enviada a los inversores, el país y los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores "llegaron a un acuerdo que les permitirá a los miembros de los tres grupos de acreedores apoyar la propuesta de reestructuración de deuda de Argentina y otorgarle a la República un alivio de deuda significativo".
Los tres protagonistas (el gobierno de Alberto Fernández, el FMI y los grandes fondos de inversión) tenían motivaciones diversas para cerrar el capítulo del desastre financiero que dejó el gobierno de Mauricio Macri.
Conforme al acuerdo, Argentina ajustará algunas de las fechas de pago contempladas para los nuevos bonos establecidas en su Invitación del 6 de julio, sin aumentar el monto total de los pagos de capital o los pagos de interés que Argentina se compromete a realizar y mejorando al mismo tiempo el valor de la propuesta para la comunidad acreedora.
Específicamente:
1 - Las fechas de pago sobre los Nuevos Bonos serán el 9 de enero y el 9 de julio en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre,
2 - Los nuevos bonos a ser emitidos como compensación por intereses devengados y compensación por consentimiento adicional comenzarán a amortizar en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029,
3 - Los nuevos bonos 2030 en dólares y en Euros comenzarán a amortizar en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, donde la primera cuota tendrá un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante, y
4 - Los nuevos bonos 2038 en dolares y en Euros a ser emitidos como contraprestación por los bonos de descuento existentes comenzarán a amortizar en Julio de 2027 y vencerán en enero de 2038.
En ese contexto y por razones diferentes, los tres jugadores clave para la reestructuración de la deuda necesitaban concretar el trato:
* El gobierno de Alberto Fernández: claramente el actor más débil de la negociación por la fragilidad financiera heredada, los antecedentes de un default cercano con posterior renegociación y la extensa recesión económica, a la que se sumó desde marzo el impacto fulminante del coronavirus. El default virtual de Macri es una restricción potente de política económica, no solamente por la presión del mundo financiero, sino también porque es una herramienta de persistente erosión de la base política del gobierno por parte del poder económico.
* El Fondo Monetario Internacional: la directora gerente, Kristalina Georgieva , también tiene una herencia pesada con el crédito entregado a la Argentina de 57 mil millones de dólares, de los cuales se liberaron 44 mil millones, en la gestión Christine Lagarde. La tecnoburocracia de Washington está ansiosa para que Argentina cierre un acuerdo con los acreedores privados, para comenzar la refinanciación de su propio paquete financiero. Y de ese modo dejar atrás la (ir)responsabilidad de financiar, con el préstamo más grande de la historia del organismo, el fiasco político y económico de Macri.
* Los fondos acreedores: liderados por BlackRock, cuyo dueño Larry Fink tiene mucha influencia en la administración Trump, también necesitan dar vuelta la página del pésimo negocio de financiar el más fabuloso ciclo de endeudamiento externo argentino. Están apurados para concretar una redefinición de las condiciones de emisión de la deuda argentina para evitar pérdidas aún más abultadas a las padecidas con el macrismo, y poder entonces comenzar un nuevo ciclo de negocios. Esos fondos no tienen vocación de litigar como los buitres.
Aunque la cifra final puede generar desconcierto en algunos, porque pensarán que la "última oferta" finalmente no fue y que hubo un ajuste de algunos centavos en el cierre, el ministro de Economía, Martín Guzmán, impuso el principal concepto de la negociación: la sustentabilidad de la deuda. Y logró un acuerdo que está en el límite máximo de ese principio.
Si bien la negociación la llevaron adelante Alberto Fernández y Guzmán, las comunicaciones entre los diferentes actores del Frente de Todos fueron permanentes. El Presidente habló con Cristina Fernández de Kirchner en varias ocasiones; ella a su vez lo hizo al menos un par de veces con el ministro de Economía. Guzmán se comunicó con Máximo Kirchner y Sergio Massa. Incluso la vicepresidenta llamó al presidente de la Cámara de Diputados cerca del mediodía. A última hora de la tarde, Cristina hizo lo propio con el jefe del bloque oficialista de la Cámara Baja. El interés de la VP había quedado de manifiesto con el tuit en el que destacó las palabras de Guzmán en TN sobre la imposibilidad argentina de mejorar la oferta.
No era solo el gobierno argentino el que tenía interés en la negociación. Larry Fink mantiene un anhelo de hace muchos años: ser secretario del Tesoro de los Estados Unidos. El CEO de Blackrock persigue ese sueño a través de una fluída relación con los demócratas pro establishment. Los rumores incluso llegaron a decir que iba a cumplir su sueño en caso de que Hillary Rodham Clinton fuera elegida, pero ese plan lo frustró Trump. Lo cierto es que Fink no pierde las esperanzas y apunta a noviembre/enero.
El proceso de renegociación es el fin del principio, un primer paso. Es importante, pero es más importante resolver los problemas de fondo. Argentina está volviendo a los mercados locales, y ahora eso se va a facilitar. Para los externos se va a demorar un tiempo más, las empresas y las provincias podrían ir a los mercados de capitales internacionales. Hay que esperar que bajen las tasas de interés aplicables a la Argentina. Argentina tiene por delante, qué duda cabe, un desafío enorme. Unificar un criterio económico en un gabinete que toma las decisiones compartimentadas, enfrentar las consecuencias sociales de una pandemia sobre la cual no vemos el horizonte de salida y mientras tanto intentar reactivar una economía lesionada en inversión y consumo.
