Organismos de derechos humanos denunciaron al salteño por avanzar con arrestos sin juicio previo ni posibilidad de defensa.
Organismos de derechos humanos denunciaron que el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, impuso un decreto que le permite avanzar con arrestos y condenas sin intervención del Poder Judicial contra aquellos que incumplen la cuarentena.Organismos salteños presentaron un amparo ante la Corte de Justicia local para que deje sin efecto el decreto de Sáenz por considerar que habilita a la policía a actuar "sin la intervención del Poder Judicial". El DNU en cuestión crea un "régimen excepcional sancionatorio para conductas flagrantes que transgredan" la cuarentena.
El decreto creó un mecanismo que pone en "manos del jefe de la policía provincial la facultad de detener, juzgar, sentenciar y aplicar la pena de arresto a los presuntos infractores, sin la intervención del Poder Judicial para controlar la legalidad de la detención, ni la figura del defensor o defensora"
El amparo sostiene que "la imposición de una pena privativa de libertad como la que establece el DNU 255/2020, constituye, en primer lugar, una violación al derecho a la libertad ambulatoria". "Pero, además, se trata de una medida que, por su extensión y por la inmediatez en su aplicación, genera riesgos graves y concretos sobre la seguridad personal, la integridad física y la salud de las personas", advirtieron los organismos.
Según señalaron los denunciantes, el decreto creó un mecanismo que pone en "manos del jefe de la policía provincial la facultad de detener, juzgar, sentenciar y aplicar la pena de arresto a los presuntos infractores, sin la intervención del Poder Judicial para controlar la legalidad de la detención, ni la figura del defensor o defensora".
Es decir, una persona -puntualizaron- puede ser condenada a una pena de arresto "sin haberse podido defender, ofrecer prueba ni controlar la que se presente en su contra; sólo tendría derecho a un recurso judicial una vez condenada, y en ese caso deberá esperar la resolución estando detenida".
Se trata de un antecedente muy serio y que los organismos de derechos humanos toman como leading case para evitar que este tipo de medidas se extiendan a otras provincias en el marco de la emergencia por la cuarentena, que ya ha tenido varios episodios de gobernadores e intendentes actuando al filo de la ley o por sobre ella.
El caso más repetido es la prohibición de circulación, una medida que desde Nación reiteraron que es ilegal pero que se mantiene en provincias y municipios. En muchas ciudades, además, no se permite salir a la calle en determinados horarios. Otro caso polémico es el de los permisos, como el de la Ciudad de Buenos Aires para adultos mayores o la app que lanzó el fueguino Gustavo Melella.
Otro caso muy resonante fue el de Gerardo Morales con su idea de "marcar" las casas de las personas contagiadas con coronavirus, lo que fue comparado con lo que los nazis hacían para estigmatizar a los judíos. El gobernador de Jujuy tuvo que dar marcha atrás cuando organismos como Amnistía Internacional le advirtieron de la gravedad de la medida.
Gerardo Morales
En el caso de Salta, los organismos de derechos humanos sostienen en su amparo que "la concentración de poder en cabeza de la policía provincial prevista en el artículo 3 del DNU viola la garantía del juez natural y el debido proceso legal, específicamente en lo que hace al ejercicio pleno del derecho de defensa". Por ello, dicen que "es contrario a las garantías constitucionales del debido proceso legal y la defensa en juicio" y pidieron a la Corte que lo declare nulo por inconstitucional.
