El gobierno de Mauricio Macri aprobó 370 pedidos de autorización de endeudamientos de provincias y municipios entre 2016 y 2019, de acuerdo con el informe de gestión presentado por Félix Piacentini, ex director nacional de Asuntos Provinciales del Palacio de Hacienda.
En los últimos cuatro años "se tramitaron alrededor de 220 autorizaciones de endeudamiento para provincias y 150 para municipios", precisó el economista, que en los últimos días retornó a su actividad en la consultora NOAnomics, consignó agencia Telam.
Las autorizaciones estuvieron a cargo de las gestiones de los ex ministros de Hacienda Alfonso Prat Gay, Nicolás Dujovne y Hernán Lacunza.
El informe, el decreto 1731/04 (reglamentario de la Ley N° 25.917) prevé que el Ministerio de Hacienda analice y autorice a los gobiernos provinciales, de la CABA y municipales las operaciones de endeudamiento del sector público, con carácter previo a la generación de obligaciones.
Pero la cantidad de autorizaciones no constituye un inconveniente en sí, sino que hay otra circunstancia que pone en aprieto a los gobernadores. La agencia calificadora de riesgo Moody's advirtió días atrás el problema que enfrentan las administraciones subsoberanas.
"Muchas de las provincias argentinas tienen gran exposición a deuda en moneda extranjera, lo que constituye una importante vulnerabilidad crediticia en un contexto de volatilidad de las condiciones financieras", puntualizó.
Fuente: Moody's.
Moodys señaló que con excepción de las provincias productoras de petróleo como Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro y Mendoza, que se benefician de ingresos por regalías ajustados al dólar estadounidense, las provincias no tienen cobertura contra la deuda en moneda extranjera.
Fuente: Moody's.
El informe de Piacentini precisó que, en el caso de las provincias, los años más activos en la luz verde nacional para tomar deudas a través de préstamos y emisión de títulos fueron 2016 (con 64 autorizaciones) y 2017 (con 67 casos).
Luego, en 2018 y 2019 (hasta noviembre) se contabilizaron 46 y 35 autorizaciones de endeudamiento provincial, respectivamente.
La Dirección nacional recordó que a diciembre de 2015 se contabilizaban sólo 8 autorizaciones (y apenas 2 en el caso de los municipios).
De acuerdo con el informe de gestión, las municipalidades incurrieron en un creciente endeudamiento año a año, desde el comienzo de la gestión Cambiemos.
Los ministros de Hacienda de la Nación autorizaron 27 operaciones financieras en respaldo a municipios en 2016; al año siguiente fueron 33; durante 2018 hubo 41 autorizaciones; y este año sumaron 50 en once meses.
El procedimiento llevado a cabo incluyó los análisis legales, la elaboración del proyecto de resolución de endeudamiento, así como también la previa realización de una evaluación de sustentabilidad del repago de la deuda que las jurisdicciones contraerían y del cumplimiento del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
Adicionalmente, se remitieron para consideración del Banco Central aquellas operaciones que, por sus características, implicaban financiamiento por parte de las entidades financieras a los gobiernos provinciales o municipales.
Las administraciones subsoberanas quedaron expuestas al endeudamiento en moneda extranjera, y la más afectada fue la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con la consultora Elypsis, la provincia gobernada por Axel Kicillof deberá renegociar su deuda. En 2020 deberá pagar US$ 2.705 millones de los cuales US$ 725 millones vencen en enero.
Perfil de vencimientos de Títulos Públicos PBA 2020
En US$ millones
Fuente Elypsis
Elpysis consignó que con una deuda que alcanzó los US$11.907 millones al segundo trimestre de este año, Buenos Aires es la provincia más endeudada del país.
-Su deuda equivale al 84% de sus ingresos anuales, cuando en el promedio de las provincias es 52%.
-El 77% está en moneda extranjera y en lo que resta de 2019 tiene que pagar US$ 329 millones.
Ratio deuda pública sobre ingresos totales
Por provincia, en %
Fuente Elypsis
"¿Cuenta la provincia de Buenos Aires con capacidad para afrontar estos pagos? ¿Cómo debería encarar una renegociación de su deuda que logre sustentabilidad suficiente en el largo plazo?", se preguntó la consultora.
Para equilibrar su ratio de deuda sobre ingresos la PBA requeriría sostener un superávit primario de al menos 4,7% de sus ingresos, año a año, desde 2020. Si sostuviese ese resultado primario, la deuda rondaría el 59% de sus ingresos a partir de 2024. Pero lograr ese resultado sería inédito, porque esas cifras no han sido alcanzadas en años recientes. Los últimos fueron del 3,7% en 2014 y 3,3% en 2018; y antes de eso, del 2% en 2013 y 1% en 2005.
Resultado fiscal primario de la PBA
Como % de los ingresos totales (netos de transferencias a municipios)
Fuente Elypsis
Se suma que la percepción de tributos por parte de la PBA sigue cayendo en términos reales: acumula 20 meses en baja hasta octubre de 2019. En nuestro escenario base de proyecciones económico-financieras, no se vislumbran en el corto plazo condiciones para una recuperación real en la recaudación de la Provincia.
Teniendo en cuenta el ajustado cronograma de pagos al que se enfrentará la Provincia en los próximos meses, la dificultad para refinanciarse en el actual contexto y la magnitud del ajuste fiscal que se requiere para estabilizar la deuda, la renegociación de la deuda de PBA será difícil de eludir, indicó la consultora.
Pero en este caso la solución no puede ser un reperfilamiento como el que decidió unilateralmente el Estado nacional en agosto, dado que la gran mayoría de la deuda de la PBA es con acreedores privados bajo ley extranjera y por tanto requiere un acuerdo voluntario. La Provincia no puede pagar la deuda y deberá renegociarla, finalizó Elypsis.
Moody's hizo hincapié además en los precios Dijo que la inflación seguirá siendo muy alta, del 40% en 2020, tras alcanzar un 55% en 2019, impulsada por la fuerte transferencia de las presiones en moneda extranjera a los precios locales.
"Las provincias tendrán dificultades para controlar el gasto frente a una inflación constante", mencionó.
Completó que las provincias, con una disminución más pronunciada de los indicadores sociales, además de una mayor proporción de empleados públicos, estarán más expuestas a presiones sociales. El gasto corriente de los gobiernos provinciales es muy sensible a los ajustes salariales.
