Imaginemos que estamos en marzo de 2019, y los que están colocados en Leliqs, plazos fijos y demás posiciones más o menos tradicionales del ecosistema financiero ( una masa impresionante de fondos) tienen que pensar en lo que se viene. Imaginemos un personaje para pensar cuales son las opciones que manejará. Nuestro personaje no sabe quien va a ganar las elecciones, ya que nadie le puede asegurar hoy eso. Nuestro personaje no sabe si sigue Macri y sigue todo igual (?) si vuelve Cristina, y con que onda vuelve, si Massa o los peronistas "razonables" podrán meterse en un balotaje y ganar.
En ese escenario, digamos marzo 2019, que imaginan que haría nuestro personaje con sus fondos en leliqs y parecidos o plazos fijos? a) los deja donde están b) se pasa a dólares.
La respuesta parece obvia. Las consecuencias de ese escenario también.
El FMI siempre apuesta por el soft landing. No es que el FMI puede evitar las explosiones, pero puede hacer que sean menos abruptas para que 1) los inversores puedan salir a tiempo 2) evitar el contagio regional 3) que la política esté preparada para "atajar" a crisis y armar un esquema de contingencia y transición.
Recordemos que hace un año, en fin de año de 2017, el dólar estaba a 17 pesos, hoy está a 40.
Los empresarios requieren siempre adhesión y eficacia, y no obtuvieron ninguna de las dos.
Involucrados de manera bizarra en la causa de los cuadernos, su tranquilidad se vio alterada como nunca antes. Para colmo la situcación de sus empresas es quizás la peor en muchos años. No se vende, no se compra, no hay crédito, no hay perspectiva, el humor y la moral están por el piso.
Todo esto hace que el valor de las empresas caiga día a día, y muchos temen que las mismas sean compradas por "dos pesos" en ofertas públicas de adquisición, simplemente por vendidas por "así no se puede seguir".
Nadie sabe aún quién pagará la campaña para esas elecciones que pueden marcar el rumbo del país por mucho más que un cuatrienio, el empresariado asiste perplejo a las idas y vueltas de las causas judiciales que, como nunca antes, involucran a algunos de sus pesos pesado.
En la calle Della Paolera, por ejemplo, se festejó el fallo de ayer de la Cámara Federal porteña como un gol: Luis Betnaza, el lobista en jefe de Techint, ya no está procesado por asociación ilícita sino por cohecho activo, un delito que por su rango de penas rara vez termina en prisión efectiva. Lo mismo ocurrió con el resto de los ejecutivos procesados excepto Gerardo Ferreyra, que no aceptó declarar como "arrepentido". Una Navidad sin presos del establishment. El jefe de Betnaza, Paolo Rocca, ni siquiera llegó a ser procesado tras su indagatoria.
Pero lo que miran los dueños de la Argentina no es solo esa causa. Horas antes cayó como una bomba en el universo contratista la ratificación de los procesamientos de Aldo Roggio (Roggio S.A.), Tito Biagini (Cartellone S.A.) y Carlos Wagner (ESUCO) que había dispuesto el juez Sebastián Casanello en la investigación sobre presuntas coimas en las obras de AySA donde participó el pulpo brasileño Odebrecht. Ni el equipo de Casanello esperaba semejante espaldarazo.
La misma sorpresa causaron los allanamientos simultáneos de anteanoche en el domicilio y las oficinas del zar aeroportuario Eduardo Eurnekian. No porque el arrepentido Claudio Uberti pueda probar fácilmente que le cobró coimas a cambio de mantenerle la concesión de dos corredores viales, sino por el riesgo de que la Justicia hurgue después en la prórroga de las concesiones de los 33 aeropuertos que administra. Si alguien en la policía o en Comodoro Py fue capaz de avisar a los canales de TV de los allanamientos y hasta de facilitarles la dirección de su mansión en Martínez ¿qué vendrá después?
Tal vez sea, como le dijo el prestigioso jurista Alberto Binder a la revista Crisis, "una operación pensada en algún lugar", porque "los empresarios son el único sector que quedaba por disciplinar en este país". Binder cree que "no hay que ser simplistas y pensar que Macri se reúne con cinco tipos y diseña todo", pero advierte que "hay problemas de competencias extranjeras que, sin ser muy conspirativos, son reales". Y subraya: "Odebrecht había generado un monopolio en la obra pública de la región que resultaba inadmisible para los actuales parámetros de orden comercial".
Paolo Rocca se mostró convencidísimo de que el Tío Sam no está detrás de sus desventuras. Pero una vez más, quizás no sea tan simple. Un fondo de créditos que depende del gobierno estadounidense, la Overseas Private Investment Corporation (OPIC), advirtió por escrito ante una consulta de la agencia de información financiera REDD Intelligence que podría denegar préstamos blandos por más de US$ 800 millones que preveía otorgar a compañías argentinas a raíz de las causas de corrupción que se siguen contra sus ejecutivos. "Antes de que cualquier financiación se apruebe o se desembolse, los proyectos que buscan apoyo y sponsors deben pasar por varios niveles de aprobación que incluyen chequeos rigurosos", avisó la OPIC.
Además de Tecpetrol, de Rocca, el quite de créditos podría afectar a Transportadora Gas del Sur (del grupo Pampa, investigado por la compra de acciones de Petrobras a la ANSES) y a Genneia, una empresa de energía eólica donde la familia Brito posee un 25% de las acciones. Jorge Horacio Brito fue procesado a principios de mes en el caso Ciccone.
"Si fuera presidente indultaría inmediatamente a todos los empresarios de los cuadernos", dijo esta semana Eduardo Duhalde, el máximo impulsor de la candidatura presidencial de Roberto Lavagna, que entusiasma a más de un empresario pese a los 76 años del exministro. Con slogans así, si no fuera por la hiperpolarización entre Macri y Cristina que cantan todos los focus groups, la campaña mejor financiada sería seguramente la suya.
La Argentina iba a romper en 2018 la maldición de los años impares. Dos años consecutivos de crecimiento. No pasaba desde 2011. La inflación iba a cerrar debajo de 20 por ciento. La más baja desde 2009. El dólar no iba a ser una preocupación. Se iba a mantener estable en niveles cercanos a los 21 pesos. El panorama resume los pronósticos de los economistas del establishment para este año. Especialistas que se presentan como portadores del saber económico y quienes saben qué se debe hacer en materia económica. En general, son integrantes de la secta de la ortodoxia y de la heterodoxia conservadora. La tarea de revisar las cifras de las principales variables macroeconómicas los deja en ridículo. Una vez más. El PIB termina 2018 con una caída de más del 2 por ciento. El dólar rozando los 40 pesos. La inflación en 46 por ciento. Los denominados gurúes de la city volvieron a confundir deseos con realidad.
El 2018 termina siendo el peor año económico desde el 2002. En este período de diecisiete años hubo recesiones, como la del 2009 precipitada por la crisis internacional y las del 2014 y 2016 provocadas por fuertes devaluaciones. Pero ninguna de esas tres crisis tuvo resultados tan desastrosos en todos los frentes como ésta. No fueron sólo variables macroeconómicas con registros malísimos (inflación, crecimiento, producción industrial, reservas, tasa de interés, desempleo, pobreza), sino que la gestión de la cuestión económica ha sido mala, con tres presidentes del Banco Central en un mismo año (el tercero tecleando por razones ajenas al manejo de la entidad) y un ministro de Hacienda que tuvo que entregar la política económica a manos del FMI ante las varias muestras de deficiencias en su administración.
La dinámica del deterioro económico acelera cada vez a mayor velocidad el malhumor de unos y otros votantes, los que celebran el fracaso de Cambiemos -hoy ya solo PRO- y los que se decepcionaron por una gestión definitivamente muy mala.
No es casual que tengamos un diciembre tranquilo y sin saqueos. Nadie quiere ser tildado de golpista cuando, en realidad, ésta gestión es tan débil que va al fondo del mar por sus propios errores. Lo que el PRO vino a proponer, fracasó, si algunos trasnochados quisieran darle un empujoncito: se cae en cuestión de horas. Pero, por suerte, prima la cordura y el respeto por los tiempos democráticos.
En este punto trabajaron fuerte tanto María Eugenia Vidal como Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social. Según fuentes oficiales se destinaron más de $ 180 millones para repartir 1,2 millones de cajas navideñas y más de 400 mil juguetes por todo el país. Se trata de módulos alimentarios de cinco productos, que llegaron a los 24 ministerios de Desarrollo Social provinciales.
Solo en la provincia de Buenos Aires Vidal puso $ 66,1 millones para 300 mil cajas navideñas con ocho productos (pan dulce, turrón, garrapiñadas y cóctel de frutas, entre otros) más 50 mil juguetes. El conurbano bonaerense, Mar del Plata y Bahía Blanca fueron los beneficiados en ONG, instituciones sociales, evangélicas, parroquiales y comedores comunitarios. También entre las dependencias municipales de acción social. La entrega terminó ayer y supuso, desde que comenzó en diciembre, el desembolso de $ 12,4 millones por día entre Provincia y Nación.
Fue clave para ello el trabajo de dos discípulos, de origen peronista, de Vidal: Carlos Pedrini (viceministro de Desarrollo Social) y Santiago López Medrano (su par bonaerense), la dupla anticonflictos que creció cuando la gobernadora bonaerense era ministra porteña de Desarrollo Social y ellos eran apenas dos muy jóvenes asesores.
Apenas terminado el G20, el gobierno de Mauricio Macri tenía un solo desafío en mente: garantizar la paz social de diciembre. Es ese miedo recurrente en la política argentina por el cual se cree que la gente se organiza y sale a delinquir y saquear supermercados ante la inminencia de las fiestas. Pasó más de una vez, pero el temor es que cada previa navideña se repita. Estos días, en la Casa Rosada, respiraban aliviados con lo que ya anticipaban como un diciembre tranquilo. “Toco madera”, expresó un funcionario de primera línea luego de decir “está todo bajo control”. Se agarró de una puerta dejando en claro la desesperación oficial para que ese desafío se cumpla.
En Desarrollo Social, en cambio, se mostraban más tranquilos. “Venimos trabajando desde hace varios meses para evitar un diciembre convulsionado”, explican. Ese trabajo implicó mantener negociaciones con los principales movimientos sociales, garantizando alimentos y dos bonos (uno en septiembre y otro en diciembre) para beneficiarios de planes sociales y AUH, además de un bono de fin de año que se pagó esta última semana.
Desde los movimientos sociales, por su parte, venían anticipando que no veían prudente agitar protestas en un contexto de crisis tan marcado. “Nadie quiere quedar pegado a situaciones de ese estilo”, comentaba hace ya un mes uno de los principales referentes. Agitar la calle, en ese sentido, podía ser visto como un caldo de cultivo para otro tipo de situaciones. La negociación viene dando resultados, pero nadie quiere cantar victoria. Por lasdudas, siguen tocando madera.
No queremos aburrirlos con el desagregado del balance del BCRA, la base monetaria existente, las Leliqs, los intereses a pagar de éstas y por la deuda asumida pre FMI. Pero una vez evaluadas, no queda ninguna duda acerca que la recuperación económica en 2019 es una utopía, aunque dupliquemos la cosecha agrícola. No hay chances de un salida en V, tampoco una salida en U, sino que nos depara es una larga L cuya parte inferior no será menor a los tres años.
La recesión llegó para quedarse por mucho tiempo, pero ese sería el menor de los males sino tuviéramos por delante la Estanflación primero y la HiperInflación después, para culminar con una reestructuración de deuda y un nuevo waiver por no menos de cinco años con el FMI.
Este Gobierno no les va a imponer de forma compulsiva un bono a los bancos para reemplazar la Leliqs, sino que va a emitir y tratará de absorber los pesos vía tasa, intentando mantener el tipo de cambio artificial y desquiciadamente bajo, como para que la inmensa masa de plazo fijo que no están destinados para capital de trabajo no fuguen al dólar previo a las PASO. Y de esta estrategia se desprenden una vez más varios errores de diagnóstico.
No están contemplando la coyuntura mundial sumamente adversa para los mercados emergentes los próximos años.
Subestiman la memoria inmunológica del inversor de plazo fijo: a mayor tasa, más rápido irán en búsqueda de un dólar barato.
Y si decidieran finalmente reeditar un Plan Bonex para los bancos y permitirles usarlos como encaje, la tasa al público caería de manera drástica y generaría la corrida cambiaria con mayor velocidad.
La idea generalizada de la inevitabilidad de turbulencias cambiarias que predomina entre jugadores y consultores de la city está sostenida en una serie de indicadores financieros: riesgo país superando los 800 puntos (nivel récord en tres años de gobierno de Macri), una muy débil demanda de dinero, tasas de interés reales elevadas que el Banco Central no puede seguir bajando, aumento de la fuga de capitales y dolarización de carteras en años electorales. Sólo los fanáticos del macrismo mencionan la competitividad electoral de CFK como explicación determinante de un riesgo país tan alto.
La caída del consumo producto a la crisis económica le puso un freno al alza de precios minoristas y, en menor medida, mayoristas. Esto evidencia una modificación de la estructura de precios relativos en el corto plazo en detrimento del comercio minorista.
Esta semana el gobierno anunció la suspensión del programa de participación público-privada (PPP) que, según nos habían explicado el Jefe de Gabinete Marcos Peña y el todavía ministro de Finanzas Luis Caputo al anunciar su lanzamiento el año pasado, sería “el plan más ambicioso de infraestructura” de la historia argentina y permitiría aumentar un 60% la inversión en obra pública en 2018 sin generar déficit fiscal porque “hay muchas ansias de financiamiento de los fondos internacionales en activos argentinos de largo plazo”.
La primicia la tuvo el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo cuando aterrizó en Buenos Aires para acordar la construcción de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento mediante el sistema de PPP y, en cambio, se volvió a su provincia con la promesa del ministro del Interior Rogelio Frigerio de que el gobierno nacional solventaría la obra como resarcimiento de una deuda judicial que mantenía con la provincia.
El motivo de la decisión no es misterioso: la suba inexorable del riesgo país, que el viernes llegó a los 821 puntos básicos (un nuevo récord para la gestión de Macri), convierte en una quimera la pretensión de que las empresas privadas obtengan crédito internacional en dólares a largo plazo para fondear las obras, una de las obligaciones que les corresponden bajo el sistema de PPP. Y con esa imposibilidad se esfuma la principal ventaja aducida por el gobierno para justificar el descarte del método tradicional para construir obra pública.
El anuncio afecta proyectos de obras por unos US$ 21.000 milones en redes eléctricas, vías ferroviarias, energías renovables, sistemas de saneamiento, hospitales, viviendas y cárceles, que el gobierno prometía completar entre 2019 y 2023.
María Eugenia Vidal lo negaría en público si alguien se atreviera a preguntárselo, pero en la intimidad asegura que preferiría evacuar su despacho de La Plata (y también el que acaba de estrenar en el Museo Ferroviario) antes que ser reelecta si Cristina Kirchner le arrebata la banda presidencial a Mauricio Macri. Tras haber hecho trascender dos meses atrás su malestar por el ajuste que descargó el Presupuesto sobre su provincia, la gobernadora archivó la idea de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales y empezó a pedirles a los suyos que se preparen para los comicios más polarizados de la historia. Ahora vela sus armas para librar junto a su jefe el combate a todo o nada que Cambiemos prefigura para todo 2019.
