La Corte Suprema de EE UU da un duro golpe a los sindicatos del sector público


El tribunal considera inconstitucional que los no afiliados paguen cuotas obligatorias
La Corte Suprema de EE UU.


La Corte Suprema de Estados Unidos ha dado un duro golpe a los sindicatos del sector público, al considerar que las cuotas gremiales obligatorias para los no afiliados son inconstitucionales. La decisión ha sido adoptada este miércoles por cinco votos a favor y cuatro en contra, y representa una estocada letal para la capacidad de los sindicatos del sector público de obtener recursos.

La decisión de la máxima instancia estadounidense ha sido saludada de inmediato en Twitter por el presidente de EE UU, Donald Trump, quien no escondió el impacto político de la determinación judicial. "¡Es una enorme pérdida para la caja de los demócratas!", ha celebrado el mandatario.

La sentencia implica que unos cinco millones de trabajadores del sector público no sindicalizados que están pagando estas cuotas ya no tendrán que hacerlo. El tribunal ha dictaminado que obligar a los no afiliados a pagar a sindicatos cuyos puntos de vista pueden oponerse viola sus derechos a la libertad de expresión y asociación libre, según la Primera Enmienda de la Constitución de EE UU.

Con la decisión, la corte estadounidense ha reconfirmado su clara inclinación conservadora, después de estar al borde de un cambio tras la súbita muerte del juez Antonin Scalia en febrero de 2016. El entonces presidente del país, Barack Obama, había llegado a indicar al moderado magistrado Merrick Garland para ocupar esa plaza, pero los republicanos en el Senado se negaron a analizar o votar ese nombramiento alegando que era año electoral. Después de ganar las elecciones presidenciales en noviembre de ese año, Trump desechó a Garland y nombró a Neil Gorsuch, de apenas 50 años, en un gesto que mantuvo la mayoría conservadora en el tribunal.

El martes, la Corte Suprema ya había validado un decreto de Trump que veta el ingreso a territorio estadounidense a ciudadanos de Corea del Norte y otros cinco países de mayoría musulmana, así como a funcionarios específicos de Venezuela.