Fallos de la justicia causan irritación y salpican al Gobierno
Malestar creciente y marchas en Argentina por el traslado de torturadores condenados de prisiones a sus viviendas en arrestos domiciliarios.
Por Alejandro Di Giacomo (ANSA) - BUENOS AIRES, 6 ENE -
Una seguidilla de fallos de la Justicia que habilita a represores y torturadores de la última dictadura militar argentina (1976-1983) a cumplir las condenas en sus domicilios desata protestas y ensombrece al gobierno de Mauricio Macri.
El fallo del Tribunal Oral Federal número 6 que concedió el beneficio de prisión en su vivienda al represor Miguel Etchecolatz, quien tiene seis condenas por delitos de lesa humanidad, generó un fuerte repudio por parte de la opinión pública. Dirigentes de derechos humanos, políticos y gremiales cuestionaron a través de la red social Twitter la decisión judicial que calificaron de "vergonzosa", mientras numerosas marchas de protestas se están sucediendo en la balnearia Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.
En medio de veraneantes, bajo el sol del estío y en contraste con el festivo ambiente de la ciudad atlántica, Mar del Plata se ha transformado en los últimos días en la ciudad de la bronca.
"A 2,3 kilómetros genocida", dice el cartel con la foto de Etchecolatz que desde ayer cuelga en el portal de acceso a la Reserva Forestal Bosque Peralta Ramos. El represor, responsable de llamada "Noche de los Lápices" (feroces secuestros y posteriores asesinatos de estudiantes en 1976), tiene 88 años y fue trasladado del presidio a una cómoda vivienda en Mar del Plata, un beneficio por su deteriorado estado de salud.
El exmilitar también está sospechado de la desaparición de Julio López, ocurrida tan sólo hace 11 años y en plena democracia. Un caso nunca esclarecido.
"Con un genocida en el barrio, todos/as estamos en peligro.
El único lugar para un genocida es la cárcel común, perpetua y efectiva", sostuvo la agrupación Hijos-Capital en su cuenta oficial en Twitter.
María del Carmen Verdú, una emblemática defensora de los derechos humanos, escribió en su cuenta de Twitter que Cambiemos, la alianza que llevó al gobierno a Macri, "lleva a la práctica la reivindicación del terrorismo del estado y de sus protagonistas".
Pero Etchecolatz no es el únido. Un grupo de personas con pañuelos blancos dibujó ayer en la playa de Mar de Ajó -también en la costa Atlántica argentina- una leyenda de rechazo a la presencia en el balneario del médico Norberto Bianco, obstetra de la maternidad clandestina de Campo de Mayo, donde nacieron más de 30 bebés de madres desaparecidas.
Bianco, que fue cómplice de la venta de esos bebés nacidos en cautiverio, muchos de los cuales aún no recuperaron su identidad, también recibió el beneficio de prisión domiciliaria de parte del Tribunal Oral Federal 6, que lo autorizó a pasar dos meses de vacaciones en la playa. Las Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos se unieron a vecinos de la zona para repudiar la medida, que indigna a un amplio sector de la población.
Otros militares de menor rango, también condenados por delitos de lesa humanidad y apropiación indebida de bienes de personas secuestradas y asesinadas por la dictadura, están recibiendo beneficios merced a fallos de la Justicia.
"A muchos los sacan de prisiones comunes y los envían a residencias de lujo con trato amable y enormes beneficios en prisiones de cuarteles militares", contó a ANSA un abogado que trabaja para organizaciones defensoras de derechos humanos. "El Gobierno dio el visto bueno para que genocidas como Etchecolatz puedan descansar en sus casas. Es un insulto a la historia y al pueblo argentino", dijo el diputado opositor Hugo Yasky, ex secretario general de la CTERA (Central de Trabajadores de la Educación).
Taty Almeida, de las Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, advirtió que "desde que Macri es presidente todos los días se violan derechos humanos". El último informe estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad, publicado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, arroja que de los 1.038 imputados detenidos en 2017, 549 se encuentran con arresto domiciliario, mientras 435 cumplen la pena en el Servicio Penitenciario.
Con la llegada de Mauricio Macri al poder, el número de prisiones domiciliarias aumentó sustancialmente. Antes, la relación entre detenidos en cárceles y los arrestos domiciliarios era inversa. En 2014, 430 estaban en domicilios, mientras 617 estaban tras las rejas, revela el informe.
"La prisión domiciliaria de represores no es impunidad, es cambio de lugar de detención", afirmó el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, en línea con lo que alienta la administración Macri.
Otra referente del actual gobierno, la diputada Elisa Carrió había pedido en un resonante programa de televisión "justicia para esos militares que con 80 años se están muriendo en la cárcel".
