Si es aceptada habrá de reavivarse el “Juicio del Siglo” por el default de la deuda que el gobierno de Mauricio Macri había dado apresuradamente por cerrado tras el arreglo extrajudicial que había piloteado en Manhattan el actual subsecretario de Asuntos Legales y Regulatorios de Finanzas, Eugenio Bruno con los fondos buitres Elliot, de Paul Singer; Kenneth Dart. Olifant, Aurelius y otros, que reclamaban el 80% de las acreencias no honradas por el país.
Desde que le pasaron las causas que tenía su extinto colega Tomás Griesa, a la magistrada se le juntó una ronda de expedientes entre las sentencias y los fallos de pari passu incumplidos por Argentina y las causas sin y con pari passu nuevas, con lo cual de hecho se recicla el conflicto judicial por la deuda iniciado hace 15 años. A instancias del ex ministro Alfonso Prat Gay y su ex asesor y funcionario de confianza Bruno, el Congreso avaló lo actuado con los fondos buitres, abolió la ley cerrojo que impedía plasmar el arreglo y convalidó la consecuente transferencia de US$9.300 millones, aunque no quedara a cubierto el total en conflicto. Dos años después, inclusive, se agregan más reclamos a los entonces irresueltos e incumplidos y el default está cada vez más lejos de ser judicialmente levantado.
El abogado Jonathan Sacks presentó una acción de clase contra Argentina por US$ 650 millones en demanda porque no se pagaron los intereses de bonos entregados en los canjes de deuda de 2005 y 2010. A casi dos años de que el gobierno de Mauricio Macri transfiriera US$ 9.300 millones a algunos de los fondos buitres y pretendiera así dar por concluido el litigio de la deuda externa que se prolongó durante 15 años, la magistrada de Nueva York, Loretta Preska, cuyo tribunal heredó la megacausa que durante casi una década manejó su recientemente fallecido colega del distrito sur, Tomás Griesa, se encuentra ahora con que continúan sin resolverse conflictos con un 20% de la masa de pasivos, compuesto por otros fondos y varios holdouts menores que no aceptaron la oferta que en enero de 2016 llevó a Nueva York el entonces secretario de Finanzas, Luis Caputo.
El ex rabino Jonathan Sacks presentó como letrado una acción de clase reclamando el pago de intereses de bonos de la deuda soberana entregados en canje en 2005/10 que nunca habían sido efectivizados.
En consecuencia, Preska, quien antes instruía la demanda por la expropiación de YPF y luego hasta tuvo que involucrarse en la disputa por liquidación de honorarios a los abogados de diferentes tenedores de bonos, ahora también debe pronunciarse sobre si da lugar o no a la acción de clase requerida en nombre de Draw Capital Partners LLC y otros damnificados menores.
Muchas de las controversias aún no cuentan con definición judicial terminante, como las que se sucedieron en torno del Pari Passu, una de las medidas más trascendente que adoptó el extinto magistrado en diciembre de 2011, en la que consideró que la Argentina había violado la cláusula de trato igualitario al pagar los servicios de deuda emitidos en los canjes 2005 y 2010 y no hacerlo con los anteriores.
También, en otro resistido fallo, había obligado al gobierno de Cristina Kirchner a que en cada pago de servicios también lo hiciera con NML, perteneciente al fondo Elliott de Paul Singer, y a otros fondos buitre, como Aureluis, lo cual contó luego con la confirmación de la Cámara. Y como finalmente la Corte de Estados Unidos evitó tomar el caso, la sentencia quedó firme en 2014 y la Argentina entró en default.
O sea que, en la práctica, el acuerdo marco extrajudicial en torno de reconocer 1,5 por cada dólar en default, que fue lo que efectivamente cobraron los fondos buitres, a cuyos abogados el Estado argentino les pagó millonarias sumas que superaban el 0,2% del total en cuestión, lejos está de haber servido para levantar el default, como se anunció.
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La demanda contra la República Argentina
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Sucedió que, al haber participado activamente el mediador puesto por el juez Griesa, Daniel Pollack, en la negociación de partes en litigio y ser homologada por el tribunal, adquirió valor vinculante ante la comunidad financiera internacional, con lo cual se reanudaran los créditos hacia la Argentina, que habían estado suspendidos durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Cola de candidatos a pleitear
E inclusive si alguno de los fondos rebeldes (entre otros el HWB Victoria Strategies Portfolio, Drawrah Limited, NW Global Strategy, Schmidt y el U.V.A. Vaduz) eventualmente llegasen a apelar ante la 2da instancia la regulación de honorarios, seria como reanudar el "Juicio del Siglo en la zaga de las apelaciones antes la Cámara de Nueva York.
De modo que la judicialización de los incumplimientos de Argentina vuelven al punto de partida el default de la deuda, después de canjes, recanjes, pagos de parte de sentencias y ahora de los US$ 9.300 millones entregados a los fondos buitres en abril de 2016, luego de recibir el aval parlamentario.
En aquel momento, justificaron la propuesta oficial ante la Comisión plenaria en el Congreso el ministro Alfonso Prat Gay Caputo, junto con el subsecretario de Asuntos Legales y Regulatorios de la cartera y socio del estudio Garrido, Eugenio Bruno, quien había sido el arquitecto del acuerdo con los fondos buitres.
Convencieron a los legisladores de que era preferible arreglar con esos grandes acreedores y arrastrar al resto, que enfocarse primero en las sentencias para después negociar con quienes no las tenían, como era la posición del presidente del Banco Central Federico Sturzenegger. El diputado kirchnerista Carlos Heller reconoció que era la solución más práctica y barata.
El equipo económico recibió así un cheque en blanco para endeudarse aun a tasas de interés que superan a las que se les aplican al financiamiento de países que no tienen esta clase de problemas. Dos años después, con este menú de juicios abiertos y sentencias sin cumplir, ni siquiera ese arreglo sirvió para sacar la deuda del default y sí deja de nuevo al país a merced de las cortes extranjeras.
Un manotón de ahogado fue, en ese sentido, la presentación que hizo el gobierno ante la SEC de Wall Street para blanquear que hay una parte de la deuda (US$ 5.100 millones) que no ha sido normalizada, pero ratificar que existe una actitud de cumplimiento.
Desde que asumió el nuevo gobierno, Bruno replanteó en Nueva York la estrategia legal que había estado a cargo del bufete de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que designó a Lee Buchheit defensor de los intereses argentinos en la nueva etapa de negociaciones con los holdouts.
Tampoco está claro qué se hará con los cupones de los bonos que ajustan por PBI pendientes desde 2014, por sumas que llegarían hasta US$ 4200 millones, los que también técnicamente están en default aunque no haya habido nuevas presentaciones judiciales hasta ahora, debido a que se espera el resultado oficial de 2017 para ver si el pago pasa a 2018.
